La subdirectora médica del Hospital de la Mujer (federal), Azucena Gómez Mendieta, violenta los derechos de las mujeres al anteponer sus creencias personales a las obligaciones de su cargo y viola la normatividad de la Secretaría de Salud, (Ssa), acusó Claudia Moreno, coordinadora de programas de Ipas.
. En respuesta a recientes declaraciones de Gómez Mendieta, quien admitió que en el Hospital de la Mujer no se practican abortos aunque haya una orden judicial, Moreno sostuvo que la subdirectora médica miente.
Moreno encabeza en México las oficinas de Ipas, organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, especializada en salud reproductiva que trabaja en varios países.
La activista se mostró indignada por las declaraciones de Gómez Mendieta en el sentido de que el personal médico del nosocomio es «objetor de conciencia», por lo que no está dispuesto a intervenir a las mujeres que tienen derecho al aborto legal.
Desde hace dos años, Ipas ha trabajado con personal del nosocomio para la atención integral de las mujeres en caso de violencia, incluyendo el aborto legal, precisó Moreno.
Como resultado de este trabajo en el Hospital de la Mujer, dependiente de la Ssa, trabajan al menos 25 médicos y enfermeras que a través de encuestas –aplicadas en 2001–, se declararon no objetores de conciencia, por lo que estarían dispuestos a la interrupción del embarazo en los casos en que la ley lo permite, aseguró la experta.
Si en el citado hospital no se está cumpliendo con la ley es por oposición de las autoridades del nosocomio, lo que claramente violenta la normatividad.
Más aún, recordó el Hospital de la Mujer fue pionero en la ejecución del aborto legal tras la firma de un convenio entre la Procuraduría General de la República (durante la gestión del entonces procurador Ignacio Morales Lechuga) y la Ssa.
Claudia Moreno destacó que todavía en la administración anterior se realizaron abortos legales en el hospital por lo que es a partir del gobierno de Vicente Fox que se niega el derecho al aborto legal en la institución.
Moreno demandó a las autoridades del Hospital de la Mujer cumplir con la ley como parte de su responsabilidad pública.
Externó su preocupación por el desvío de siete millones de pesos, que originalmente estarían destinados a la creación de un centro de atención especializado dentro del hospital, a otras necesidades.
La representante de Ipas –organización internacional con 15 años de trabajo en México– lamentó el recorte presupuestal aplicado al Hospital de la Mujer, que lo obligará a funcionar este año con nueve millones de pesos menos respecto al año anterior, según informó a esta agencia de noticias el administrador de la institución, Carlos Bonilla.
SMO/MEL
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