La tortura continúa siendo la práctica más frecuente en México como método de investigación y obtener confesiones de parte de los elementos de seguridad y Atenco es la referencia más paradigmática de ello, consideró hoy el ombudsman capitalino Emilio Alvarez Icaza.
Durante la presentación de la «Compilación de observaciones finales del Comité contra la Tortura sobre países de América Latina y el Caribe, de 1988 a 2005» y en el marco del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, Alvarez Icaza constató, al igual que lo han hecho diferentes organismos de derechos humanos, que existen los elementos suficientes para considerar que en Atenco hubo tortura.
El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), dijo que en esta comunidad mexiquense se dieron una serie de violaciones sistemáticas de distintos tipos entre las que destacaron las agresiones sexuales a mujeres, los abusos físicos y psicológicos, por lo que se pronunció porque haya sanciones ejemplares hacia los responsables de la comisión de estos actos.
Cabe recordar que 43 mujeres fueron detenidas durante los operativos del 3 y 4 de mayo pasado en San Salvador Atenco, de las cuales de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 23 sufrieron agresiones sexuales por parte de policías.
El ombudsman del Distrito Federal, se refirió al caso Atenco como grave, toda vez que este tipo de prácticas y fenómenos se «creían superados». Al tiempo que dijo que la policía no debe contribuir a la violencia ya que los procesos de orden social no se pueden hacer sobre violaciones a los derechos humanos.
Por otra parte, Alvarez Icaza señaló que en el país existen dos pendientes: el reconocimiento de la tortura y el combate a la impunidad a través de mecanismos eficientes.
Pidió que en este día declarado de Apoyo a las Víctimas de Tortura, se alcen todas las voces contra esta práctica y se pase del «andamiaje» institucional a las sanciones ejemplares.
En tanto, Fabián Sánchez Matus, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, precisó que pese a que México ha firmado y ratificado 70 instrumentos contra la tortura, ésta persiste.
El pasado 22 de junio entró en vigor el protocolo facultativo dentro del marco de la convención internacional sobre la tortura, por lo que a partir de esa fecha se tiene un año para la conformación de los mecanismos nacionales en todos los países para hacer la verificación en los centros de detención, donde se dan los mayores casos de tortura.
Sánchez Matus expresó que esta práctica continúa vigente en México y las víctimas de ella sufren graves secuelas psicológicas por este tipo de violaciones de los derechos humanos, considerados como los más graves que se pueden cometer por parte del Estado.
En este sentido, la Compilación presentada hoy incluye entre sus recomendaciones para erradicar la tortura, facultar jurídicamente a las Comisiones de derechos humanos, para ejercer acción penal en caso de graves violaciones a los derechos humanos, incluidas las quejas sobre prácticas de tortura.
Trabajar en la intensificación de programas de formación y difusión a servidores públicos de los organismos responsables de la procuración de justicia de hacer cumplir la ley e incluir en estos programas la prohibición de la tortura.
Además, insiste en dar a conocer y difundir a las y los detenidos sus derechos al momento de su detención y pide, sean exhibidos en lugares visibles de las oficinas de los ministerios públicos.
Finalmente, se recomienda que para terminar con la práctica de la tortura, es necesario implementar un control del cumplimiento de los deberes y prohibiciones por parte de los servidores públicos, en especial de la Procuraduría General de la República y sus dependencias, así como del poder judicial, que aseguren la observancia cabal de la ley así como una sanción penal y administrativa a quienes la cometan.
La Compilación fue realizada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su representación para América Latina y el Caribe y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
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