Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» promueven una acción urgente por la integridad y seguridad personal de Pascuala Gutiérrez Álvarez, una joven indígena tzeltal, retenida en una casa de seguridad de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas.
De acuerdo con AI, Gutiérrez Álvarez fue detenida el pasado 8 de abril en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, sin orden judicial en relación con un presunto secuestro y permanece en una casa de arraigo (o casa de seguridad) de la Fiscalía General del estado, sin una acusación formal.
Expresó su preocupación por la seguridad de la joven y el riesgo de que sea sometida a tortura o malos tratos, ya que seis horas después de su comparecencia, la Fiscalía General de esa entidad, pidió que Pascuala Gutiérrez fuera recluida en una de sus casas de arraigo, mientras investigaban su posible implicación en delitos de secuestro y extorsión.
El juez concedió la petición y, recientemente, amplió este período de detención preventiva otros 30 días más. La familia de Pascuala Gutiérrez ha podido visitarla y su abogado ha tenido un acceso limitado a ella, pero ha dicho a Amnistía Internacional que no ha sido informado de los cargos que pesan sobre su cliente o de la base de la investigación.
La legislación secundaria de Chiapas, destaca el organismo, permite a un juez ordenar este tipo de detención informal (conocida como «arraigo») si los fiscales no tienen pruebas suficientes para presentar cargos contra un sospechoso después de detenerlo, y alegan que existe peligro de que huya durante la investigación subsiguiente.
En Chiapas, la legislación alienta a los jueces a conceder sistemáticamente estas peticiones, que pueden ampliarse hasta 90 días, lo que ha llevado a la Fiscalía General a crear una serie de casas de arraigo en las que puede recluir a sospechosos sin presentar cargos contra ellos, mientras realiza las investigaciones.
AI destaca que en estos centros se niega o se obstaculiza con frecuencia el acceso a familiares, abogados y médicos, y se crea una forma de custodia preventiva sin cargos, y agrega que ha recibido frecuentes denuncias de tortura, malos tratos y presiones indebidas a sospechosos en este tipo de detención.
Esas prácticas, advierte, han llevado a la obtención de testimonios que pueden utilizarse para formular cargos y conseguir condenas.
«Las casas de arraigo socavan los derechos fundamentales de las personas detenidas, animan a usar la coacción y violan las garantías sobre juicios justos. Las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han pedido que se les ponga fin», afirma.
Por ello, en una acción a la que se sumó el Centro Pro DH, AI demanda a las autoridades estatales y federales salvaguardar la seguridad e integridad personal de la joven detenida, que no se abuse de la figura jurídica del arraigo para privarla arbitrariamente de la libertad. También piden se respeten las garantías de debido proceso y las normas internacionales respecto de juicios justos en su caso.
Solicitaron se permita el pleno acceso del abogado y familiares de la joven al lugar de detención, se brinde atención médica que pudiera necesitar, que sea puesta en libertad si no se han robado las acusaciones en su contra, con base en el principio de presunción de inocencia, y se investigue la legalidad de su detención y reclusión preventiva sin cargos.
La acción urgente incluye, además, una petición de que se reforme la legislación, para asegurar que se cumplen las garantías constitucionales que limitan el período que un sospechoso puede permanecer recluido sin cargos. Las organizaciones piden a la sociedad civil sumarse a la acción urgente enviando cartas a las autoridades responsables.
Las cartas están son dirigidas al gobernador de Chiapas, Pablo Salazar; al procurador de Justicia, Mariano Herrán Salvati, al titular del área de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Sepúlveda, y la directora general de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez.
2005/LG/SJ
