FEPADE y PGR consideran en riesgo la integridad física de las mujeres
Protegen a víctimas de violencia política de género
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/01/2017 La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que está dando seguimiento y protección a 52 casos mujeres  víctimas de violencia política de género.
 
La información difundida por esta instancia indica que en 16 casos se consideró que la integridad física de la mujer corría riesgo, por lo que se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
 
De estos casos, destaca el de una regidora del municipio de Tecamachalco, Puebla, a quien la FEPADE y elementos de la Policía Federal Ministerial brindaron acompañamiento, así como el de una presidenta municipal de Tlapa, Guerrero, cuya protección se solicitó que fuera ampliada.
 
De acuerdo con la información de la Fiscalía se otorgó la calidad de víctimas a 26 mujeres y se solicitó su ingreso al Registro Nacional de Victimas donde 13 ya son atendidas.
 
La dependencia informó que se detectaron 21 casos de violencia política contra mujeres que se cometieron en el ejercicio de sus funciones públicas. Son 10 casos de candidatas agredidas en procesos electorales, 8 de funcionarias electorales y 6 de funcionarias partidistas.
 
La Fiscalía también informó que notó una preocupante cifra de casos de violencia contra mujeres indígenas que ostentan a cargos públicos y que se ven obstaculizadas en el desarrollo de sus funciones.
 
De los casos más relevantes la FEPADE citó el de la vocal ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 07 del Instituto Nacional Electoral (INE), en el estado de Oaxaca, Lorena Nava, quien en julio de 2015 fue atacada por un grupo de manifestantes en un evento público; caso en el que se liberaron y se cumplieron con órdenes de aprehensión contra las personas agresoras.
 
También se encuentra el de la presidenta municipal de Chenalhó, en Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien fue obligada a renunciar a su cargo el 25 de mayo de 2016 y aunque fue restituida por una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), no tiene condiciones para gobernar.
 
En el recuento de casos también está la magistrada electoral local del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes, quien en marzo de 2016 denunció que fue víctima de violencia política en el desempeño de sus funciones por parte del presidente del organismo jurisdiccional, quien impidió el correcto desempeño de las funciones de su compañera.
 
Otro caso es el de la precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Aguascalientes,  Hilda Medina, quien recibió amenazas en su domicilio cuando en febrero del año pasado recibió una corona fúnebre de flores. 
 
La FEPADE también informó que la psicóloga, Erika Escobar, integrante de la Oficina de Atención a Víctimas y Derechos Humanos, realizó 70 acompañamientos psicológicos a las víctimas de algún delito electoral o por violencia política contra las mujeres. De las 21 personas beneficiadas, 18 fueron mujeres y 3 hombres.
 
17/AGM/KVR
 







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