El Parlamento de Portugal se pronunció en contra de un referendo a favor de la despenalización del aborto, por lo que asociaciones políticas de izquierda consideraron que las leyes del país europeo son discriminatorias y violentas para las mujeres.
La legislación sobre el aborto en esa nación predominantemente católica es una de las más estrictas del continente europeo, ya que sólo es legal cuando el embarazo ponen en peligro la vida o la salud de la mujer o si es producto de una violación.
Desde enero pasado defensores del aborto entregaron al Parlamento una petición con 121 mil firmas solicitando al Legislativo considerar un referendo de despenalización que, de ser apoyado por la mayoría de los votantes, legalizaría esta práctica antes de las primeras 10 semanas de gestación.
Pese a que el gobierno portugués exige al menos 75 mil firmas para que un asunto sea votado mediante referendo, esta iniciativa no fue aprobada el 3 de marzo. Las acciones de organizaciones conservadoras y de la iglesia católica ejercieron presión durante el proceso.
Una coalición de más de 100 grupos antiaborto presentó hace una petición con más de 190 mil firmas solicitando al gobierno asegurar que las actuales leyes se mantengan intactas.
A principios de año, los grupos conformaron una organización paraguas llamada Más Vida, Más Familias, a fin de recolectar firmas para solicitar al gobierno que brinde más beneficios a las mujeres embarazadas y mantenga vigentes las restricciones al aborto.
Asimismo, los obispos católicos portugueses reiteraron su oposición a cualquier intento de legalizar el aborto.
Sin embargo, defensores del derecho al aborto advierten que las leyes del país obligan a las mujeres a tener abortos peligrosos en clínicas clandestinas.
Organizaciones de planificación familiar estiman que en 2003 se realizaron en Portugal alrededor de 40 mil abortos ilegales, con cinco muertes relacionadas con estos casos y más de 11 mil secuelas que requirieron hospitalización.
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