QUINTO PODER
POLÍTICA
   QUINTO PODER
Rendición de cuentas y transparencia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 09/08/2016 Bajo el argumento de que algunos programas “tienen escasos resultados”, el gobierno federal prefiere recortarles fondos, cuando en realidad, requieren lo contrario: más recursos. Eso ocurre con el fondo de Transversalidad que en todo el país atraviesa por una crisis ante el inminente recorte que, se espera, se haga efectivo en 2017.
 
Lo que se necesita, en todo caso, son parámetros de transparencia, rendición de cuentas y por supuesto reglas de operación que permitan medir de manera eficaz el impacto de estos programas.
 
Pero para quienes no están familiarizadas con el nombre, el Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG), se constituyó en el año 2008 con el nombre de Fondo para la Transversalidad de la Perspectiva de Género y, a partir del 2010, adquirió el carácter de programa sujeto a Reglas de Operación. Dirigido a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) y a las Instancias Municipales de las Mujeres (IMM).
 
El Fondo se creó como parte de un ejercicio de “descentralización” de los recursos que hasta ese momento se ejercían plena y directamente por el Instituto Nacional de las Mujeres, autorizados por la Cámara de Diputados y que eran destinados a la reducción de la brecha de desigualdad de género y fundamentalmente para acciones de empoderamiento, difusión, igualdad, entre otras.
 
Tan solo este año, Transversalidad autorizó proyectos por alrededor de 4 millones de pesos, algunas entidades alcanzaron casi los 5 millones. Aunque no haya forma de comprobar qué hacen con ese recurso, salen bien libradas de las auditorías y revisiones porque no están orientadas a verificar y a constatar el costo-beneficio, sino a evaluar la comprobación del gasto.
 
El PPEF 2016 plantea 25 mil 648 millones, 525 mil 508 pesos para los programas integrados en el Anexo 13 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” (algunos cambian de nombre, desaparecen o se sectorizan) apenas mil 300 mdp más que en 2015, luego de que para este año la Cámara baja aprobara 24 mil 308 millones 185 mil 225 pesos.
  
¿Indicadores? No hay manera de corroborar cómo están midiendo los impactos ni de monitoreo y mucho menos de impacto y/o seguimiento.
 
Hay entidades en las que no están visibilizando un impacto a mediano plazo y el programa anualmente se constituye por acciones repetitivas que tampoco están siendo evaluadas ni en impacto, ni contribución.
 
En algunas entidades se ha entendido que los recursos para Transversalidad pueden y deben destinarse a la nueva prioridad: los hombres agresores, es decir canalizar recursos para nuevas masculinidades, prevención con agresores, atención jurídica a hombres víctimas de violencia “porque la violencia también afecta a los hombres”.
 
No se ha entendido que estos recursos deberían ser para atender aspectos prioritarios de desigualdad, brecha de género y no sabemos cómo es que se aprueba destinar fondos que no tienen ninguna viabilidad de impacto en la reducción de la brecha de desigualdad y que sí contribuyen a favorecer y mejorar las condiciones de los “hombres agresores”.
 
Pierden de vista que todo el presupuesto público tiene una visión androcéntrica y hay un enorme gasto destinado a la prevención de la violencia social y el crimen organizado en el que por supuesto no hay perspectiva de género; y la violencia contra las mujeres, el feminicidio, no constituye una prioridad.
 
Fundamentalmente el programa es una prioridad ya que no hay otros fondos que tengan como eje la atención a la desigualdad, así que no hay manera de justificar “recortes”. Mejor que recorten otros gastos de verdad superfluos que no tienen ningún impacto en la población y fundamentalmente en la reducción de la violencia contra las mujeres.
 
Urge que las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas incorporen mecanismos de Transparencia, Rendición de Cuentas y que todos los proyectos se sujeten cada año, a la revisión de las organizaciones de la sociedad civil que puedan aplicar los modelos de Evaluación a Políticas Públicas con Perspectiva de Género.
 
Falta que los recursos dejen de utilizarse como “caja chica” de la política para la promoción personal de las titulares que en algunos estados se “perfilan” con esos dineros a ser candidatas a diputadas locales, federales, entre otros cargos.

Sólo hay una salida y es que en los estados se incorpore la perspectiva feminista, se sujeten a evaluaciones puntuales sobre el impacto con indicadores diseñados objetivamente.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL







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