El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Alvarez Icaza, reprochó hoy a las autoridades del gobierno capitalino que a 19 meses de la muerte de la abogada defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, la investigación aún no ha concluido.
Al presentar su Informe Anual, que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2002, el ombusdman capitalino dijo que «esta comisión espera pronto resultados de la indagatoria, que sean objetivos, contundentes e inobjetables como se ha ofrecido».
Ante integrantes de organizaciones civiles, funcionarios del gobierno del Distrito Federal y representantes de los poderes legislativo y judicial, reunidos en el museo de la Ciudad de México, Alvarez Icaza habló sobre el concepto de derechos humanos.
Un Estado de corte democrático es aquél capaz de admitir la posibilidad de que sus agentes pueden cometer actos violatorios de lesa humanidad, y en tal circunstancia debe sancionar, pues negar que existen violaciones a los derechos humanos es negarse a respetarlos y a hacerlos cumplir, aseguró Alvarez Icaza.
Al hablar de la salud como derecho humano, ante las 250 personas reunidas, explicó que el derecho a la salud no debe entenderse solamente como el derecho a estar «sano» y a la atención médica oportuna y apropiada, sino que implica también otros factores, como el acceso al agua potable y a condiciones sanitarias adecuadas.
Hizo un reconocimiento público a los esfuerzos y gestiones del gobierno del Distrito Federal en esta materia, pues reconoce la salud como un derecho.
Afirmó que el programa de VHI/SIDA, que proporciona medicamentos, consulta, asistencia médica y legal, consultoría, atención a mujeres embarazadas y sus bebés, «es probablemente uno de los programas más completos de su tipo en nuestro país».
Pero, no todo es miel, pues el titular de la CDHDF, manifestó que las quejas relativas al tema de la salud ocupan un lugar preponderante dentro del total recibido durante el 2002. Así, la negativa de proporcionar atención médica ocupó el séptimo lugar.
Con ello, la falta de atención adecuada tanto en los hospitales de la ciudad, como en los reclusorios constituyó el reclamo más frecuente, que se manifestó en la dotación insuficiente de medicamentos, así como la capacidad rebasada del personal, entre otras.
Pidió a los distintos actores de la sociedad civil, reunidos ahí, propuestas iniciativas y acciones que vengan a enriquecer y orientar, desde su ámbito, las tareas que nos apremian. «Reiteramos nuestra voluntad de trabajo conjunto, partiendo del respeto e independencia mutua».
En el contexto electoral actual, Alvarez Icaza, exhortó a partidos políticos y candidatos a comprometerse con una agenda mínima sobre justicia y derechos humanos, que incluya la erradicación de la tortura y de las detenciones arbitrarias y combatir eficazmente la discriminación.
Por su parte, el recién nombrado subsecretario de Gobierno del Distrito Federal, Martí Batres, quien asistió en representación de Andrés Manuel López Obrador, dijo que ningún derecho humano puede ejercerse sin la existencia de garantías sociales que pueden significar la subsistencia o no de muchas personas.
Aseguró que uno de los ejes fundamentales del gobierno de López Obrador es la política social, los adultos mayores, las mujeres, los jóvenes, menores y discapacitados son un punto de atención especial.
Los programas, afirmó Batres, para dichos sectores son condición para evitar desigualdad, inequidad, marginación o discriminación.
Aludiendo al conflicto de trabajadores del gobierno de la ciudad, dijo que se respeta la estabilidad del empleo de la planta laboral, así como los aumentos salariales que año con año son dos puntos porcentuales arriba de la inflación.
De paso criticó a la administración de Vicente Fox, al decir que esa meta salarial no ha sido alcanzada por ningún otro gobierno estatal de la República, e incluso el federal.
2003/RGL/MEL
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