A diez años del Tratado de Libre Comercio y dos y medio del gobierno de Vicente Fox, los derechos humanos de las mujeres continúan en un hilo, según el nuevo informe de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).
Las deficiencias en el sistema de procuración de justicia son un pendiente en el gobierno foxista en el tema de derechos humanos, particularmente en el feminicidio que ocurre en Ciudad Juárez, indicó hoy Sylvia Aguilera, directora de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, parte de la FIDH, en conferencia de prensa.
Allí mismo, Javier Mújica, uno de los expertos que elaboró el informe sobre México para esta federación, que reúne a 116 organizaciones nacionales afiliadas de todo el mundo, se pronunció contra la justicia militar por ser un componente de la impunidad.
Si hablamos de transición a la democracia «no pueden quedar islas en ella» por lo que no pueden tener fueros especiales los ejércitos entrenados en América Latina con un enfoque de seguridad nacional que propició violaciones al derecho a la vida y a la libertad, aseveró.
Mújica criticó también los impactos negativos en el empleo, la salud y la esfera social que se han evidenciado a 10 años de la firma del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, cuyos beneficios han sido únicamente económicos, por lo que rechazó la firma del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Otro de los pendientes en México sobre derechos humanos denunciado desde el año 2001 por la FIDH son las esterilizaciones forzadas particularmente en las mujeres indígenas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde se exacerban todo tipo de violaciones a las garantías individuales y colectivas.
Sobre las esterilizaciones»la intensidad, que sean muchas o pocas es lo de menos, lo importante es que sigue siendo un elemento a la orden del día que se tiene que encarar. Las ONG deben documentarlas y seguir los casos, mientras que el estado debe revisar sus políticas desde lo más práctico.»
Esto, abundó, porque el Estado a veces reprueba que existan prácticas coercitivas para regular la natalidad pero en otros niveles sí se generan.
Del lado positivo, Javier Mújica expresó que en sus reuniones con autoridades de distinto nivel lejos de rechazar el diagnóstico, fue reconocido.
2003/MR/MEL
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