Las denuncias que desde 2003 hicieron diputadas de oposición y activistas por el desvío de 30 millones de pesos al grupo Provida orquestado por Luis Pazos, con el tiempo dejaron al descubierto, además de las corruptelas de la organización, la complicidad de legisladores y funcionarios para atentar contra la salud y los derechos reproductivos de las mujeres.
Cuando estalló el escándalo por el recorte ilegal al programa para atender el VIH/Sida de la Secretaría de Salud (SS) en beneficio de las clínicas antiaborto de Provida, la situación pasó a ser incontrolable para la dependencia que dirige Julio Frenk, a la que se acusó de servir desde el poder a intereses ultraconservadores y por ende, contravenir los principios de la política pública de salud en detrimento de los derechos femeninos.
A partir de mayo pasado, los resultados de la auditoría ciudadana hechos al ejercicio de los 30 millones de pesos entregados a Provida, evidenciaron al tajante opositor del uso del condón Jorge Serrano Limón, al secretario Frenk y subalternos así como al actual director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Luis Pazos de la Torre.
La auditoría ciudadana fue elaborada por las organizaciones Equidad de Género, Fundar, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Letra S, Salud Integral para la Mujer, y el Grupo en Información y Reproducción Elegida.
Se desató entonces una guerra de declaraciones y contradicciones de parte de los personajes involucrados en el llamado "Providagate", mientras que diputadas y senadoras de oposición arremetieron con diversas iniciativas legales para exigir el esclarecimiento del caso y el castigo para los responsables.
ECHÁNDOSE LA BOLITA
Curiosamente, a principios de enero de 2003 el subsecretario de Prevención y Protección de la Salud de la SS, Roberto Tapia Conyer, advirtió del riesgo de que desde la Cámara de Diputados se recortaran los montos aprobados para combatir el VIH/Sida.
En una de sus primeras declaraciones luego de que en la prensa comenzó a ventilarse el desvío ilegal del presupuesto 2003 realizado por Pazos de la Torre, Julio Frenk aseguró en marzo de ese año que la Cámara de Diputados hizo uso de sus facultades al asignar recursos a Provida.
Rechazó, como lo hace hasta ahora, que los montos para prevenir el VIH/Sida y atender la salud de las mujeres se hayan reducido, y por el contrario sostuvo que tuvieron un incremento importante.
Por su parte, el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, el panista Luis Pazos, dijo ese mismo mes de marzo a Cimacnoticias -antes de sus primeras cartas aclaratorias a diversos diarios-, que el descontento de las diputadas de oposición por la asignación de recursos a Provida se debía a "malas interpretaciones por distribuciones preliminares" del presupuesto.
Pazos negó que él, a título personal, haya negociado con el dirigente de Provida, Jorge Serrano Limón, el presupuesto para los Centros de Ayuda para la Mujer (CAM) y puntualizó que a esas clínicas antiabortistas "se les ayudó" en 2002 con cinco millones de pesos del erario federal.
¿Y DONDE QUEDO EL DINERO?
En los meses siguientes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la SS callaron sobre el destino final de los 30 millones de pesos asignados a Provida, mientras que legisladoras de oposición y activistas de la sociedad civil estuvieron en la incertidumbre al no saber si el desvío de recursos se había consumado.
Fue hasta el 13 de agosto de 2003 cuando en una reunión con diputadas de la Comisión de Equidad, funcionarias de la SHCP informaron que la dependencia tenía etiquetados los 30 millones para Provida pero que aún no eran entregados.
La directora de Programación y Presupuesto de la SHCP, Cecilia Barra, enfatizó que la dependencia respetaba la designación de recursos que les envió el diputado Pazos y en la que aparece el presupuesto para las clínicas antiaborto.
A finales de agosto de 2003, días antes de que concluyera la LVIII Legislatura, Pazos de la Torre fue designado director de Comunicación Social de la SHCP.
El nombramiento desencadenó protestas de diputadas salientes y grupos de la sociedad civil, quienes consideraron que el panista fue "premiado" por el Ejecutivo por su incondicional apoyo desde el Poder Legislativo a grupos de ultraderecha.
Por si el cargo de vocero de Hacienda hubiera sido poca cosa, no pasó ni una semana cuando el presidente Vicente Fox otorgó a Pazos de la Torre la dirección de Banobras, dependencia que tiene como misión nada menos que "financiar proyectos de infraestructura y servicios públicos con rentabilidad socioeconómica y financiera, para promover el desarrollo del país".
CONTRADICCIONES
Luego de 10 meses sin saber el destino final de los 30 millones de pesos etiquetados de manera ilegal para Provida, el subsecretario de Salud Roberto Tapia Conyer informó el 28 de octubre de 2003 a las nuevas diputadas de la Comisión de Equidad y Género que "efectivamente" la SS había entregado desde "principios de año" los recursos al grupo antiabortista.
Con ello, el funcionario desmintió a la SHCP en el sentido de que hasta agosto todavía no se asignaban los recursos a los CAM. En una declaración que a la luz de los acontecimientos más recientes deja muy mal parado a Tapia Conyer, quien aseguró en esa reunión que Provida "ha rendido cuentas" a la SS por el gasto de los 30 millones de pesos.
Titubeante, Tapia Conyer todavía negó que la entrega de fondos públicos a Provida significara un atentado a los derechos reproductivos de las mexicanas. Dijo que la obligación de la SS es dar información a las mujeres embarazadas y que son ellas finalmente las que deciden si abortan o no.
En el colmo, defendió a Provida al asegurar que el grupo de Serrano Limón "no impone" sus convicciones sino que "ofrece alternativas a las personas" y que la SS está "abierta a las diferentes posiciones e ideas".
El 3 de diciembre pasado, en un encuentro que no se ha vuelto a repetir, diputadas y diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se reunieron con Luis Pazos para cuestionarlo sobre el desvío de recursos a Provida.
La diputada Malú Micher informó en su momento que el director de Banobras no aportó ninguna documentación sobre el asunto, pero que manifestó su plena disposición para colaborar con la bancada del PRD y esclarecer el caso.
BALCONEADOS
Así, la investigación de las ONG dejó al descubierto, además de la corrupción de Provida, la incongruencia de la SS al apoyar a un grupo totalmente contrario a las propias acciones de la dependencia para prevenir el Sida y velar por la salud de las mujeres.
Según se ha documentado, la SS financia a una organización que, violentando toda legalidad y principios sanitarios, incluso estaría practicando abortos clandestinos.
Las organizaciones ciudadanas han criticado que la SS estaría vulnerando el Estado laico, al apoyar a agrupaciones como Provida que con base en principios religiosos y morales atenta contra políticas públicas dirigidas a toda la población.
Pilar Muriedas, presidenta de Salud Integral para la Mujer, arremetió hace unos días contra las justificaciones de la SS para financiar a los CAM de Provida.
En un documento enviado al Congreso para intentar aclarar por enésima vez el escándalo del "Providagate", el titular de la SS explicó que esa dependencia apoyó a los CAM por ser un proyecto de "alto impacto" en materia de salud cuya área de trabajo "no es susceptible" de ser atendida por la institución debido a que el aborto clandestino es un delito en México.
Muriedas acusó al secretario de Salud por su falta de capacidad e interés para resolver el grave problema del aborto en el país.
A su vez, la senadora Yolanda González del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue contundente durante la comparecencia del funcionario ante el Senado el pasado 4 de octubre, al afirmar que los proyectos de Provida en materia de aborto "son asumidos como política de la SS".
LEÑA AL FUEGO
Y mientras hubo quienes exigieron la cabeza de Julio Frenk por el escándalo -como el escritor Fernando del Paso-, Serrano Limón se aventó "la puntada" de asegurar en septiembre pasado que Provida "le ahorró" a la SS a través de los CAM cerca de 80 millones de pesos al "salvar la vida" de 7 mil 280 bebés que iban a ser abortados.
Cabe recordar que Cimacnoticias reveló que en los CAM se tortura sicológicamente a mujeres víctimas de embarazos no deseados que desean interrumpirlo y mediante la manipulación, se obliga a las mujeres pobres (que por lo general padecen violencia y violaciones) a dar a luz, negándoles su derecho legal a interrumpir un embarazo por ese motivo.
Por si el escándalo de malversaciones y complicidades "oscurantistas" no fuera suficiente, ahora Provida también tendrá que aclarar las sospechas que tienen diputadas como la priista Marcela Guerra, sobre sus posibles nexos con el narcotráfico y de "lavar dinero" al lucrar con recursos públicos en las bolsas de valores de México y Nueva York.
2004/RM/LR/SM
