Siete meses después de la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, se evidencia la desconfianza entre las ONG participantes en el caso y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
La fisura se inició el 12 de marzo pasado cuando el procurador Bernardo Batiz anunció el suicidio como posible causa de la muerte de la defensora.
«Doble discurso por parte de la PGJDF», denunciaron hoy en conferencia de prensa Edgar Cortés Morales y Carmen Herrera, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; organización que junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) interviene en la resolución de un suceso que al principio todos coincidieron en calificar como crimen político.
Herrera señaló que la PGJDF muestra apertura a todas las líneas de investigación mientras establece un diálogo personal con los representantes, pero sus declaraciones públicas se perfilan por la línea única del suicidio.
Por su lado, la PGJDF acusa al Pro de aletargar la investigación por no proponer todavía a los peritos que verificarán o descartarán suicidio u otras líneas, según la prueba técnica.
En respuesta, tras explicar que los peritos internacionales deben tener características que lleva tiempo encontrar, los voceros del Pro adelantaron que será en los próximos días «ojalá antes de un mes», cuando esta prueba técnica pudíera estar resuelta.
Cuestionados sobre la posibilidad de el suicidio, sugerido cada vez por más reconocidos periodistas mexicanos, los abogados del Pro aseguraron que no descartan esa posibilidad mientras no sean verificados de manera amplia con elementos sólidos que lo sostengan.
Una vez que se anunció el suicidio como línea de investigación en medio de una intensa polémica, tanto la PGJDF como el Prodh coincidieron en la demanda de expertos independientes e internacionales para verificar el trabajo.
Como se recordará el caso de Digna Ochoa fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En febrero del 2002 llegó a México el colombiano Pedro Díaz, experto enviado de la CIDH a quien la PGJDF le entregó las 12 mil fojas del expediente de la abogada veracruzana.
En marzo pasado el especialista colombiano solicitó mediante su informe se abundará en todas las líneas de investigación y se recabarán más datos de la vida personal y profesional de Ochoa, sin descartar ninguna de las líneas propuestas por la PGJDF, de acuerdo con un boletín de la procuraduría capitalina.
Por su parte Amnistía Internacional sostuvo desde octubre hasta la semana pasada, cuando presentaron su más reciente informe mundial, que la muerte de la defensora fue un crimen de Estado, basándose en las amenazas que rodearon a Digna Ochoa y a colegas.
En su momento, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limmedh) descartó en entrevista la posibilidad de un suicidio, dado que la «limpieza en actos de guerra sucia» es una de las características de lo que hallamos el 19 de octubre del 2001 en el despacho de la abogada, en la colonia Roma de esta ciudad.
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