El Gobierno de México incumple reiterada y sistemáticamente con la protección de los derechos humanos de las y los emigrantes, durante su detención, deportación y recepción, pues existe la errónea idea de que son «criminales», reconoció la organización no gubernamental Sin Fronteras (SF).
Dijo que el criminalizar a las y los emigrantes indocumentado, tiene que ver con el hecho de que la Ley General de Población considera como delito el internarse sin documentos al país, lo que aumenta su vulnerabilidad, los hace susceptibles de una arbitraria actuación de las y los servidores públicos federales, estatales y municipales para su exacción, maltrato y, en ocasiones, hasta abuso sexual.
Con ello, se olvida de que corresponde al Estado la atribución de regular el flujo migratorio, en todo lo concerniente a las entradas y salidas de las y los extranjeros al país y que en caso de ser aseguradas y asegurados, deberá hacerlo velando en todo momento por el respeto a sus derechos humanos, tanto durante la verificación migratoria como en su permanencia en alguna de las 52 estaciones migratorias o 68 lugares habilitados para albergarlos ubicados en todo el país.
Karina Arias, coordinadora de capacitación de SF, destacó que dentro de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las y los nacionales de otros países, las mujeres, la infancia y población adulta son las más afectadas. «No hay división entre mujeres y varones y esta situación se complica aún más, porque tampoco hay áreas de salud, personal femenino que las asista y dormitorios para ellas y sus hijas e hijos, entre otros».
Al dictar el taller Lineamientos Regionales para la Protección de los Derechos Humanos de las y los Migrantes en Situaciones de Verificación del Estatus Migratorio, Detención, Deportación y Recepción, destacó que el Gobierno mexicano ratificó en julio de 2003 la Convención Internacional de 1990 sobre la Protección de los Derechos de Todos los trabajadores Migratorios y sus Familias, así como diversos Pactos y Declaraciones internacionales, no obstante su política migratoria deja mucho que desear.
«Con escasas excepciones en las estaciones migratoria, en general sigue habiendo mucha vulnerabilidad de las emigrantes bajo al concepción de que las mujeres no tienen derecho. Normalmente es la población menos atendida, lo que genera una espiral de violación de sus derechos humanos».
A su vez, Melisa Vértiz, asistente de Capacitación de SF, ejemplificó que las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal Preventiva (PFE), son las únicas autorizadas para realizar una revisión y, en su caso, detención o aseguramiento, sin embargo en el país las diferentes corporaciones policiales hacen un uso discrecional de la fuerza.
«Casi a diario se violentan las garantías individuales de los emigrantes, pese a que entre los lineamientos para su protección se encuentra el principio de la dignidad humana e inalienabilidad de los derechos humanos, su derecho a la no discriminación, a la integridad de su persona y a la presunción de buena fe, entre otros».
05/GV/SJE
