La Comisión Tripartita de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Uruguay integrada por representantes de gobierno, empleadores y trabajadores, presentó en días pasados ante los legisladores un documento base para la discusión de un Plan Nacional de Igualdad en el Empleo, sin que el Ministro del ramo, ni los representantes de los diversos partidos políticos acudieran a la cita.
Si las ausencias son reveladoras de falta de interés, ésas lo fueron y muy elocuentes, ya que el proyecto presentado en el Palacio Legislativo data de hace tres años y pretende equilibrar las oportunidades y condiciones en que mujeres y hombres acceden y permanecen en ámbito laboral.
Tampoco es casual que el consenso se haya alcanzado en momentos previos a definiciones electorales. Si bien no se trata de un plan en sí mismo, aporta los elementos básicos para su posterior elaboración con el concurso de todos los actores sociales que se sientan comprometidos con la propuesta.
En el marco de los derechos humanos, la construcción de la justicia social y la necesaria profundización de la democracia, las estadísticas oficiales del 2003 respecto a empleo y género hablan por sí mismas de la necesidad de un Plan Nacional de Igualdad en el Empleo.
En Uruguay, el 45 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) es femenina pero, aunque la tendencia es creciente, la tasa de actividad de las mujeres alcanza el 48.9 por ciento y la de los hombres el 70 por ciento.
En materia de empleo, la tasa de desempleo de las mujeres asciende a 20 por ciento, contra el 13.5 por ciento para los hombres, y ellas constituyen el 56 por ciento del total de desempleados. La cobertura del seguro de desempleo beneficia en un 68 por ciento a unos y apenas en un 32 por ciento a otras.
Si bien la brecha salarial viene disminuyendo, en promedio las mujeres ganan un 70 por ciento de lo que perciben los varones, lo que pasa a un 50 por ciento en los puestos de mayor jerarquía.
Subsiste la segmentación tanto horizontal como vertical del mercado de trabajo, y las mujeres, pese a contar con mayor formación, se concentran en los sectores menos calificados y más desprotegidos, caracterizados por la informalidad y precariedad.
En el servicio doméstico, único sector que no tiene derecho a seguro de desempleo, y que para aspirar a indemnización por despido tiene que haber trabajado durante un año completo, el 99 por ciento son mujeres.
En una propuesta de máxima, el documento consensuado en la Tripartita identifica 16 objetivos. La aspiración es que el Primer Plan de Igualdad en el Empleo prevea por lo menos cinco de ellos, según explica Ana Santesteban, representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Los objetivos consideran acceso y promoción en condiciones de igualdad a todos los empleos, incluyendo cargos de decisión; formación profesional equitativa; condiciones adecuadas de seguridad, higiene y salud laboral, disminución de la brecha salarial, promoción de la presencia femenina en la representación gremial y participación de mujeres en la negociación colectiva y el diálogo social; acceso a recursos productivos y desarrollo de capacidad empresarial; incremento de los niveles de protección social; disminución de la pobreza a través del empleo; integración regional con enfoque de género.
Destacan la efectiva protección de la maternidad, la distribución equitativa de las responsabilidades familiares –uno de los escollos más difíciles de superar en todos los países– y la construcción de una cultura de igualdad aplicada al mundo del trabajo.
Representadas por Tatiana Ferreira, las cámaras empresariales que integran la Tripartita se comprometieron a la implementación del plan, advirtiendo que su éxito depende de que sea debatido y consensuado entre empleadores y trabajadores.
Desde la central sindical uruguaya PIT-CNT, Ofelia Ogara anunció que el documento base será debidamente discutido entre hombres y mujeres de las diferentes estructuras de esa instancia, para identificar los objetivos que se compromete a llevar adelante.
2004/IIV/LR
