Como una burla calificaron activistas de Ciudad Juárez y de derechos humanos, las declaraciones de la Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres, María López Urbina, quien negó ayer el feminicidio y las desapariciones de mujeres en la entidad, al señalar que sólo falta por encontrar a 35.
Ester Chávez, directora de la organización Casa Amiga y la abogada Adriana Carmona, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), cuestionaron a la fiscal:
¿Por qué lo niega? ¿De qué se trata? ¿A quién trata de encubrir? Y, si no existe evidencia de feminicidio ¿Qué puede decir de las 90 mujeres que responden al patrón de asesinatos seriales? preguntó Chávez, mientras Carmona consideró que las afirmaciones de la fiscal son sólo su opinión personal sobre el asunto.
En tanto, el ombudsman nacional, José Luis Soberanes dijo en una reunión de trabajo con las y los legisladores integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, que es indignante que continúen los asesinatos de mujeres en esa entidad.
En conferencia de prensa vía satélite, López Urbina calificó de «exitoso» el trabajo desarrollado por la esa Fiscalía de la Procuraduría General de la República (PGR), mediante el cual se ha dado con el paradero de cuatro mil 413 mujeres, de un total de cuatro mil 454 reportadas como desaparecidas, con lo cual, dijo «resta por ubicar a 42 mujeres y si a ello se le descuenta las siete localizadas en su gestión, faltan 35».
López Urbina Negó que exista feminicidio en la entidad y dijo que de acuerdo a los códigos vigentes lo único que ha encontrado la PGR son homicidios, infanticidios y parricidios e informó de la captura de José Abraham Ortiz, presunto asesino de Miriam Soledad Sáenz Rivera, primer caso que la fiscalía consigna desde que fue creada en marzo pasado.
PLUMAZO SOBRE EL FEMINICIDIO
Ester Chávez, directora de la organización Casa Amiga dijo la mañana de hoy a Cimacnoticias que aunque aplaude que hayan encontrado a siete mujeres durante la gestión de la fiscal, lo que las ONG quieren saber es «dónde están los asesinos», por lo que calificó de indignante y como una burla la negación del feminicidio en aquella entidad.
Para la abogada Adriana Carmona, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la fiscal sólo emite su «opinión e impresión personal sobre el asunto», pero no informa sobre lo que verdaderamente está en su competencia.
«A ella no le toca buscar, eso es competencia de la policía en la entidad. Su mandato está colaborar con elementos técnicos (periciales) en las indagatorias sobre las investigaciones; le toca intervenir y actuar», no andar buscando mujeres ¿Qué es lo que en realidad está haciendo? Se preguntó.
La abogada hizo un llamado al titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha, para que vigile el trabajo de López Urbina porque dijo, «no hace lo que corresponde y además es sospechoso que presente el caso de una mujer que no existe en los registros y no tiene familiares», por lo que demandó responda a las familias de las mujeres con las que se cuenta un registro.
EXPLOTA SOBERANES EN EL SENADO
Mientras que en el Senado de la República el ombudsman nacional, José Luis Soberanes dijo que «mientras haya una mujer asesinada en Juárez, hay que hacer todo: si es necesario colgarnos de la lámpara, nos colgamos de la lámpara; si tengo que vociferar, seguiré vociferando, y si tengo que politizar el asunto, politizaré el asunto, pero en Juárez, ni una muerta más».
Dejó claro que sin la auténtica coordinación de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal–, continuarán la impunidad y los homicidios.
Solicitó que el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tenga eco entre las y los senadores en los casos de desapariciones forzadas, las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las y los migrantes, los centros de reclusión, el combate a la corrupción entre el personal del Instituto Nacional de Migración (INM), la falta de seguridad pública y la atención a las víctimas del delito.
2004/BJ/GV
