Como una farsa y un acto de desesperación, calificó la periodista Lydia Cacho Ribeiro el anuncio del gobernador de Puebla, Mario Marín de crear una Fiscalía contra la Pederastia y el Abuso de Menores, cuando de entrada no cuenta con indicadores reales de la magnitud del flagelo en la entidad.
Y al recordar que no es con la creación de la Fiscalía sino con la separación del cargo del mandatario como se solucionará este problema, dijo que la realidad ha demostrado que la creación de las fiscalías no funcionan «cuando son creadas, insertadas en Procuradurías corruptas».
«Se supone que las fiscalías se crean cuando los indicadores de delitos son elevados y cuando los intentos de la procuraduría por solucionar el problema han sido rebasados. En este caso se trata de una vil farsa, ya que su objetivo no es, por supuesto, reparar el daño de las víctimas y castigar a los responsables», anotó la activista.
Presidenta del Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) de la ciudad de Cancún, Quintana Roo, Cacho Ribeiro quien aún está en libertad bajo caución, lamentó que lejos de evitar que continúen los actos de impunidad cometidos por el Gobernador y el empresario libanés, Kamel Nacif Borge, «se geste un pacto patriarcal entre diferentes hombres del poder en país».
Entrevistada durante el Foro Paridad de Género, organizado por la Universidad del Claustro de Sor Juana y el Consejo Consultivo para un Proyecto Alternativo de Nación, Lydia Cacho lamentó que en México «decir la verdad en la boca de una mujer sea un delito» y adelantó que el próximo lunes 13 acudirá ante la Fiscal Alicia Pérez Duarte para presentar pruebas a su favor.
La demanda se hará en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín; la procuradora, Blanca Laura Villeda; la jueza Rosa Celia Pérez González, el empresario Kamel Nacif y quienes resulten responsables por los delitos de cohecho, tortura e intento de violación y tortura en el penal de Puebla.
Cuestionada sobre si las llamadas telefónicas entre el mandatario poblano y el empresario textilero podrían ser utilizadas como prueba, destacó:
«Por supuesto, hay elementos jurídicos que nos dicen que aunque estas sea una prueba del fruto prohibido, puede ser utilizada porque el delito que se cometió es mucho mayor que el delito de espionaje telefónico que, por su puesto, también se debe investigar».
06/GV/LR
