Participación Política de las Mujeres
    Teresita de Barbieri e Irene Ramos Gil*
Una mirada desde el género a las comisiones legislativas
Por: Irene Ramos Gil
cimac | México, DF.- 29/09/2003 El martes 30 de septiembre vence el plazo para que la H. Cámara de Diputados (HCD) resuelva la integración de las comisiones y comités legislativos. Este no es un asunto de trámite menor. La normatividad vigente obliga a que en el primer mes de sesiones de cada nueva legislatura se instalen y comiencen a funcionar estas instancias colectivas fundamentales del hacer parlamentario.

Pese a que sus tareas y resoluciones no se publicitan, como sucede en cambio con las sesiones plenarias. Pero es el lugar del trabajo técnico-político: a ellas van las iniciativas y propuestas presentadas en el pleno y ahí se estudian y elaboran los dictámenes, informes, opiniones y resoluciones que serán trasladados al pleno para su resolución definitiva. Mucho más pequeñas, acotadas en los temas y problemas que tratan, son los espacios del enfrentamiento entre las distintas posiciones y perspectivas y en los que se concretan los acuerdos y consensos sobre cada asunto particular. Se puede decir que son la cocina de la Cámara, en México y en todos los países en que el Poder Legislativo existe y funciona como tal.

El artículo 39 de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados establece tres categorías de comisiones: las ordinarias, las especiales y los comités. Las ordinarias tienen como tarea fundamental elaborar los dictámenes de las iniciativas de ley. Los campos de competencia de cada una están establecidos en la ley citada y se refieren a la generación e interpretación de la normatividad propia de la HCD (Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, CRYPP), las áreas de cada secretaría del Poder Ejecutivo, la que ejerce el control del gasto público (Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación) y la Comisión Jurisdiccional, que ve las denuncias sobre funcionarios públicos. Salvo la primera y la última, que se integran con 18 y 16 legisladores, las restantes se conforman con 30 diputados y diputadas.

Las comisiones especiales se forman para tratar un problema particular y cesan una vez que se llega a la resolución del mismo. Los comités tienen ejercen el control sobre los servicios que dan apoyo al trabajo parlamentario. Tanto unas como los otros se integran con un número menor que las comisiones ordinarias y por regla general, no tienen la importancia política de las comisiones ordinarias. Por esa razón nos referiremos a estas últimas.

Cada comisión y comité tiene una junta directiva conformada por un presidente y entre tres y cinco secretarías. El o la presidente tiene la facultad de convocar las sesiones, dirigirlas y con las y los secretarios elaborar la orden del día respectiva. Los y las secretarias asisten al presidente en la conducción de las sesiones, elaboran las actas y dan seguimiento a las resoluciones.

LAS LÓGICAS DE LA INTEGRACIÓN

Para formar las comisiones y comités e integrar sus juntas directivas se sigue el principio de representatividad, de manera que a cada grupo parlamentario le corresponde un número de legisladores proporcional al de las curules ocupadas. En la LIX legislatura el PRI tendrá 13 lugares, el PAN nueve, el PRD seis y los otros partidos un lugar. La CRYPP estará integrada respectivamente por ocho, seis, tres y uno, en tanto que la Jurisdiccional por siete, cinco, tres y uno. Cada fracción parlamentaria tiene sus normas para la adjudicación de las comisiones, que parten del principio de selección voluntaria de cada diputado y diputada, listados a los que las directivas respectivas hacen adecuaciones que consideran convenientes.

Las presidencias también siguen criterios de representación proporcional según el número de curules de grupo parlamentario. De modo que al PRI le corresponderían 18, al PAN 12, al PRD siete y a los otros partidos dos. Pero a esta lógica se le superpone la jerarquía de las comisiones, que emana de la competencia específica de cada comisión. Salvo la CRYPP, cuya posición está dada por la propia ley, cuando dice que la integrarán de los diputados con mayor experiencia en la actividad parlamentaria, la ubicación de las comisiones es una cuestión de hecho, vinculada a la centralidad de la competencia respectiva en relación con el funcionamiento del Estado. En la cúspide se encuentran las vinculadas a las finanzas públicas --Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación-- y al gobierno --Puntos Constitucionales, Gobernación y Seguridad Pública--. La comisión de Justicia también goza de alto prestigio. En lugares intermedios se ubican las dedicadas a aspectos sectoriales, como por ejemplo, Ganadería y Agricultura, Desarrollo Rural, Transportes, Vivienda, Turismo, Reforma Agraria, Comercio, Turismo, Trabajo y Previsión Social, Educación, entre otras. Finalmente se encuentran las llamadas del área social, tales como Salud, Cultura, Juventud y Deportes, Atención a Grupos Vulnerables.

Puesto que los presidentes tienen la exclusividad de la convocatoria a las sesiones de las comisiones, el funcionamiento de éstas depende en gran medida de la voluntad política y personal de quien ejerza el cargo. Ellos (y subisidiariamente ellas) pueden hacerlas dinámicas y ágiles, o enlentecer el ritmo del trabajo hasta hacerlas, de hecho, desaparecer. Además del acceso a información difícil de conseguir y de la interacción con secretarios, subsecretarios y funcionarios altos de los otros poderes del Estado, personajes destacados del empresariado, organizaciones sociales y partidos políticos. De modo que la adjudicación de las presidencias de comisiones se vuelve un juego político muy relevante para los partidos y sus coordinaciones parlamentarias. De ahí que en esta legislatura se haya demorado la negociación y el plazo se venga encima.

UNA LECTURA DESDE EL GÉNERO

¿Cómo se distribuyen las mujeres y los varones en las comisiones? Aunque no existe disposición normativa que obligue a seguir el principio de representación proporcional, al extender dicho criterio a la composición por sexo de la LIX legislatura se concluye que cada comisión de dictamen debería estar integrada por siete diputadas. En la CRYPP y la Jurisdiccional corresponden cuatro mujeres en cada una.

El cálculo por partido, considerando el número de diputadas en cada grupo parlamentario, ante la pequeñez de las cifras, obliga al uso de decimales y la expresión en términos de promedios teóricos. De manera que al PRI le corresponden 2.3 diputadas por comisión, al PAN 2.7, al PRD 1.6 y a los otros partidos 0.3. Redondeando, se puede hablar de dos priístas, entre dos y tres panistas, entre una y dos perredistas y una diputada cada tres comisiones de los partidos del Trabajo, Convergencia por la Democracia y PVEM.

La información de las dos legislaturas anteriores muestra una distribución alejada del criterio de representatividad proporcional. Tanto en la LVII como en la LVIII el promedio teórico fue de cinco diputadas por comisión de dictamen. Pero en la realidad, los rangos van de cero a 29, con algunas comisiones en equilibrio, otras con subrepresentación femenina y otras con sobrerepresentación. En la LVII Legislatura, la situación de equilibrio la presentaron las comisiones agrupadas en el rubro de estructura sectorial, con subrepresentación en gobierno (1.3) y finanzas (2.3), y sobrerepresentación en justicia (6.0), política social (6.3) y cultura (6.3). En la LVIII Legislatura, mientras que en estructura sectorial se mantuvo el equilibrio (5.5), el área de las finanzas públicas acusó un mayor déficit (2.0), se cerró la brecha en gobierno (4.2) y se amplió la sobrerepresentación en Justicia (8.5), política social (7.3) y cultura (6.7).

En la LVII legislatura las comisiones de dictamen sin presencia femenina fueron Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Puntos constitucionales y Fomento Cooperativo y entre una y dos mujeres en Bosques y Selvas, Hacienda y Crédito Público, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Seguridad Social y la CRYPP. En la LVIII legislatura sólo la comisión Jurisdiccional no registró diputadas en su seno y entre uno y dos fueron nuevamente Presupuesto y Cuenta Pública, Hacienda, la CRYPP, a las que se agregaron Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos y Transporte. Las que registraron mayor número de mujeres en el periodo 1997-2000 fueron Población y Desarrollo (14), Artesanías (12), Turismo (11) y Comunicación (10). En 2000-2003, Equidad y Género (29), Atención a Grupos Vulnerables (12), Desarrollo Social (11) y Juventud y Deportes y Participación Ciudadana con 10 diputadas cada una.

Cabe señalar que en la reforma a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados de 1999 se cambiaron nombres y contenidos de algunas comisiones ordinarias; otras pasaron de especiales a ordinarias y finalmente algunas más desaparecieron. Por ejemplo, Gobernación y Puntos Constitucionales se dividió en dos, Gobernación y Seguridad Pública, por un lado y Puntos Constitucionales por el otro; Población y Desarrollo se transformó en Población, Fronteras y Asuntos Migratorios; las comisiones especiales de Equidad y Género y Desarrollo Social cambiaron de status, pasando a la categoría de ordinarias. La comisión de Artesanías fue eliminada.

En relación con las presidencias de comisiones ordinarias, se mantuvo el criterio de proporcionalidad en ambas legislaturas, siete en la primera y ocho en la siguiente, de acuerdo con el porcentaje de diputadas en el total de la HCD.

Sin embargo, la información muestra sesgos evidentes en la integración por sexo de las comisiones ordinarias. Salvo en el área de justicia, y el repunte en las concernientes a gobierno en la LVIII legislatura, las mujeres están predominantemente en comisiones de poca jerarquía. ¿Ellas las eligen? ¿O en la adjudicación definitiva se dejan de lado sus preferencias, vocaciones y experticias mientras se respetan las de los varones? ¿A qué se debe la presencia de sólo un diputado en la comisión de Equidad y Género? ¿No han existido en los grupos parlamentarios de los partidos mujeres con formación en economía y finanzas públicas que desearan integrarse a algunas de las tres comisiones de tan importante área de trabajo?

Es de esperar que el mayor número de diputadas en la LIX legislatura pueda cambiar la correlación de fuerzas en relación al género y afianzar la construcción de la minoría activa que tanto necesita la sociedad mexicana.

* Teresita de Barbieri e Irene Ramos Gil son investigadoras del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

2003/RGR








Todos los materiales realizados por Cimacnoticias (Texto, audio, video y fotografía) son realizados sin fines de lucro, se permite su uso y reproducción siempre y cuando se cite la fuente. No se permiten modificaciones o cambios en los materiales.

Para mayor información escríbenos a: agencia.cimacnoticias@gmail.com