Un grupo de víctimas de agresión sexual en el operativo de Salvador Atenco, representadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Pro Juárez (Prodh) interpuso su denuncia formal ante la Fiscalía Especial para la atención de delitos violentos cometidos contra la Mujer.
Con ello, la instancia dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), se abre paso para brindar atención médica y psicológica de forma adecuada a las víctimas, tal como ellas lo solicitaron.
Asimismo, la fiscalía especial puede «representar los intereses de las afectadas con apego a los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica, con respeto a los derechos humanos, ejerciendo su facultad de atracción», indica un comunicado del Prodh.
Demandaron que las víctimas de agresión «no sean doblemente violentadas al tener que enfrentar un proceso de denegación de justicia, ya que esto significaría la prolongación de su sufrimiento como víctimas» al advertir que no aceptarán la táctica de desgaste y olvido que han mostrado las autoridades en casos similares.
En el documento, las y los defensores de derechos humanos, exigen a México cumplir con la legislación internacional, particularmente con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Con su ratificación, el estado mexicano «se comprometió a abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instrucciones, se comporten de conformidad con esta obligación», así como a investigar a fondo cualquier denuncia.
Asimismo, subrayan que el relator especial contra la Tortura de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideran que la violación sexual y otras formas de abuso sexual contra las mujeres bajo custodia constituyen una forma de tortura, particularmente brutal e ignominiosa de la dignidad humana.
06/MR/LR