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   Miedo a perder seguridad social detienen denuncias
Veracruz: servicios de salud desoyen leyes contra violencia obstétrica
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Brisa Gómez
Cimacnoticias | Veracruz, Ver.- 09/06/2017
Margarita y María viven en Veracruz, viven con VIH y fueron víctimas de violencia obstétrica, agresión verbal, discriminación y maltrato psicológico en el Hospital Regional de Poza Rica y en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, a donde acudieron para atender sus embarazos y partos.
 
La violencia ejercida contra ellas en estas instituciones del Sector Salud, que tuvo también como consecuencia la muerte de la hija recién nacida de Margarita, sucedió en la entidad que fue, paradójicamente, la primera en incluir el delito de “violencia obstétrica” en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en febrero de 2008.
  
Esta se define, en el Capítulo Primero, Artículo Séptimo de la norma, como la “apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad”.
 
Sin embargo, hasta hoy no existe registro de que se haya sancionado un caso de violencia obstétrica cometido contra pacientes con VIH en la entidad.
 
Veracruz es también el estado donde, desde 2010, está tipificada esa conducta como delito, en el Artículo 363 de su Código Penal.
 
Ahí también se aprobó, por primera y única vez en el país, una Ley para Enfrentar la Epidemia del VIH/Sida, la cual establece mecanismos de educación, prevención y atención a hombres y mujeres de todas las edades. A nueve años de decretada, sigue sin cumplirse.
 
DE LA NORMA A LA REALIDAD 
 
Pese a la existencia de un marco jurídico para que las mujeres embarazadas que viven con VIH reciban una adecuada atención médica, Veracruz es la segunda entidad del país donde más niñas y niños viven con VIH: 380, entre dos y 18 años, en 2016, principalmente por transmisión vertical, de madre a hijo, y en tratamiento antiretroviral, indican cifras de Censida (Censida 2016).
 
Es, asimismo, el estado en donde, por corrupción, el sector salud compró pruebas rápidas de VIH defectuosas y sin registro sanitario, que fueron distribuidas, sin que se sepa hasta hoy a quiénes se aplicaron y si estas personas viven hoy con la infección sin saberlo. 
 
Y es la cuarta entidad con más quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por mal trato, desabasto, discriminación y violación a derechos de pacientes con VIH, como reconoció Ricardo Hernández Forcada, director de su programa de VIH. Dos casos documentan estas cifras:
 
  
MARGARITA  
 
En diciembre pasado, Margarita, de 27 años de edad pasó 28 horas en una camilla del Hospital Regional de Poza Rica, en espera de que la llevaran a un quirófano para que le practicaran una cesárea, como se indica cuando hay un diagnóstico de VIH, para evitar la transmisión vertical.  
 
“Las enfermeras ni se querían asomar”, cuenta Margarita, y terminé dando a luz a mi hija por vía natural sola. El personal médico y de enfermería le negó desde la atención más básica, hasta la cesárea.  
 
Sola, en la camilla, aguantó las contracciones lo más que pudo, pidiendo a las enfermeras que por favor la pasaran a quirófano, pero solo le respondían “aguántate, de todas formas no hay quien te atienda”. Cuando se le rompió la fuente, una enfermera “apenas medio se asomó”, pero no fue a verla, dice.
 
Eran casi las 11 de la noche del 16 de diciembre de 2016, cuando sentí, recuerda Margarita, “como que algo se me reventaba” y de inmediato salió la cabeza de la niña, por vía vaginal. Me tuve que incorporar para poder sostenerla con mis manos, explica, pero “la niña ni lloró, ni se movió”. Todo el tiempo estuvo sola porque las enfermeras no la asistieron, no la querían tocar y apenas se asomaban.
 
Afuera del área de hospitalización, su esposo también pidió a las trabajadoras sociales, a las enfermeras, al personal médico y al propio director, Salatiel Cruz Vidal, registrado como obstetra, que atendieran a su esposa y la pasaran a quirófano para la cesárea, sin que obtuviera respuesta. 
 
A las 11 de la noche, un pediatra informó al esposo de Margarita que la niña había nacido por vía natural y le enseñó una fotografía, tomada con su celular. Le explicó que la bebé no había nacido por cesárea, como se recomienda en el caso de mujeres embarazadas que viven con VIH. 
 
La niña tuvo un diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, pues por la espera y la falta de atención, “se le pasó el parto”. Murió una semana después en ese hospital. 
 
Margarita desarrolló una infección, porque tras dar a luz no le hicieron adecuadamente las curaciones, con la debida asepsia, ni le dieron antibióticos, ni analgésicos. Dos días después de la muerte de su hija, tuvo que ser hospitalizada por la infección y la fiebre que padecía. Horas después tramitó su alta voluntaria para ir a velar y enterrar a su bebé.  
 
La discriminación de que fue objeto Margarita y la violencia obstétrica que se cometió contra ella hicieron que la familia denunciara ante la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, el secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, niega que existan casos de este tipo en los nosocomios a cargo de la dependencia que encabeza.
 
MARÍA
 
María, quien vive con VIH, fue al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz para que dieran seguimiento a su embarazo y atendieran su parto.
 
Ella denunció que durante las cuatro consultas que tuvo con el ginecobstetra Alejandro Crisóstomo Rivera, este ejerció violencia psicológica y verbal contra ella y su esposo.   
 
Dice que el médico la regañaba, le decía que su bebé nacería deforme, sin brazos, sin piernas y con diversos padecimientos,  debido al VIH y acusaba a la pareja de irresponsables por continuar con el embarazo.  
 
Ella argumentaba que seguía un tratamiento antirretroviral que le proporcionaban en el Capasit, que ahí y en el Grupo Multisectorial VIH le indicaron que si seguía estrictamente el tratamiento, el producto nacería libre de la infección, siempre y cuando le practicaran cesárea y no lo amamantara al nacer.
 
El médico Rivera le aseguraba que eso le decían para que no abortara y la presionaba con acusaciones y amenazas de que su bebé nacería con problemas. Esa violencia psicológica constante le produjo un estado depresivo severo ¿Para qué voy a traer a un bebé a sufrir al mundo? se cuestionaba.
 
Una persona la convenció de buscar una segunda opinión, en el servicio privado, en donde confirmaron que el producto no tenía problemas de salud. 
 
Decidió entonces presentar una denuncia en contra del médico, quien tienen otras demandas, como informa el Grupo Multisectorial VIH. Sin embargo, la integrante de dicho grupo, Patricia Ponce, afirma que no se han tomado medidas concretas para sancionarlo o evitar que continúe afectando la vida y los tratamientos de otras embarazadas en estas condiciones.
 
María pudo cambiar de obstetra, continuó con su embarazo hasta el término y su hijo, quien casi cumple un año, no presenta problemas de salud, gracias al tratamiento que llevó la madre durante todo el embarazo, a que nació por cesárea y a que se evitó la lactancia, como marcan las normas internacionales.
 
Ponce señala que el médico Alejandro Crisóstomo Rivera continúa en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y es además catedrático de la Universidad Veracruzana. Pese a las denuncias en su contra, sólo cuando crece la inconformidad en el hospital, la dirección sólo lo aleja del servicio por algunos meses y luego regresa, para cometer nuevos actos de violencia obstétrica y discriminación.  
 
Interrogada sobre la situación de este médico, la Secretaría de Salud no dio ninguna respuesta. 
 
 EL MIEDO OBSTACULIZA DENUNCIAS 
 
La directora del colectivo feminista Cihuatlactolli, María de Jesús Jaimes afirma que aunque en los servicios de salud las mujeres que viven con VIH sufren maltrato, ofensas, desatención, no las quieren tocar, incluso las obligan a amamantar a su bebé sin leer el expediente que indica que no lo hagan, no denuncian, por miedo.  
 
“Hemos denunciado, agrega, pero solo en los medios”. La gente no se atreve a hacer denuncias jurídicas en Fiscalía, porque temen que les quiten el Seguro Popular o el Programa Prospera y las amenazan con no darles antirretrovirales. “Vienen con nosotras, dice, pero a la mera hora de denunciar no lo hacen”. 
 
Desconocen, dice la activista, que no les pueden quitar el medicamento porque los proporciona la Federación y es obligación de las autoridades de salud darlos a las pacientes. 
 
Según la Ley de Acceso, la violencia obstétrica incluye “omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer”. 
 
También “alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer y practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer”.
 
También “cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o libertad de las mujeres”.
 
Jaimes explica que ha acompañado a muchas mujeres con VIH, algunas embarazadas, a exigir atención médica a los hospitales de la región de Río Blanco, en el centro del estado, donde se concentra gran parte de pacientes de esta enfermedad, pero la respuesta es poco cálida y la mayoría de las veces termina en maltrato y violencia obstétrica.
 
“La mayoría de la gente que trabaja en la Secretaría atendiendo a las y los pacientes tiene una cultura de maltrato”, asegura, “es una discriminación frecuente”. En los servicios de salud, han visto casos en que se las obliga a usar dispositivo. 
 
Y esto sucede, dice, pese a que hay talleres de capacitación y actualización para el personal de salud. Narra que ella misma ha sido víctima de maltrato, cuando una enfermera la acusó de ser “un peligro para el personal médico y de enfermería, por el simple hecho de tener tatuajes”. Eso demuestra el nivel de prejuicio que tienen quienes deberían saber que esto no debe ser así, dice.
 
Esta falta de capacitación no responde a lo que ordena la Ley para Enfrentar la Epidemia del VIH/Sida, cuyos objetivos son: Promover el conocimiento del VIH/Sida y la prevención de su contagio; Establecer las bases y procedimientos para prevenir la epidemia y promover la investigación científica para erradicar la infección por VIH; Asegurar los servicios de salud necesarios para el tratamiento de los enfermos de VIH/Sida; Reducir los daños motivados por el VIH/Sida; Prohibir todo tipo de discriminación hacia los enfermos y familiares”.
 
17/BG/GG
 







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