Todo el sector Salud de México viola la Norma Oficial Mexicana 190 para la atención de la violencia familiar, a pesar de su carácter obligatorio, aseveró hoy el Jefe de Enseñanza de post grado del Hospital General de México, Carlos García.
Al intervenir en el foro Abriendo la Puerta a Una Vida sin Violencia, Primer Encuentro Nacional de Refugios y Albergues para Mujeres que Viven Violencia Familiar, el galeno se refirió a las principales causas por las que se incumple la normatividad relativa a la violencia familiar.
La violación sucede por la sobrecarga de trabajo en las instituciones de salud, dado el enorme número de pacientes que atienden de problemas agudos y crónicos sin que aumente el número de clínicas y hospitales, mucho menos el personal para una atención adecuada.
En general todas las instituciones están abrumadas por la demanda de atención médica con la limitante de contar con recursos financieros insuficientes, precisó.
Mencionó que mientras nuestro país gasta en salud menos del promedio utilizado por el resto de los países de Latinoamérica , es decir el seis por ciento del Producto Interno Bruto, por ejemplo Estados Unidos, gasta el 14 por ciento.
Si los recursos no alcanzan para resolver problemas de todos los días, menos aún los derivados de la violencia familiar.
Admitió que los médicos no están preparados para aplicar la norma debido a su desconocimiento y por falta de capacidad para atender problemas derivados de la violencia, como los aspectos psicológicos y sexuales.
Los médicos no se comprometen con el sufrimiento, la angustia, el dolor y el desamaparo de las víctimas de la violencia familiar por lo que muchos profesionales prefieren no involucrarse en un tema tan difícil.
MIEDO A LA JUSTICIA
También rechazan aplicar la norma por temor y por las implicaciones legales que derivan de la normatividad toda vez que existe obligatoriedad de dar aviso al Ministerio Público (MP), sobre las lesiones provocadas por la violencia familiar.
El sólo hecho de avisar al MP implica para los médicos temor, dada la posibilidad de tener que acudir a una agencia investigadora, que además les significaría perdida de tiempo y lo más grave, verse involucrados en un proceso judicial.
Sin embargo, hizo notar que el miedo a informar al MP deriva en buena parte de la falta de información de la norma oficial por parte de los profesionales de los servicios de salud a pesar de que ya hace tres años fue publicada en el Diario Oficial de la Federación lo que la hace obligatoria.
SM/MEL
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