Las organizaciones sociales que trabajan en la defensa de los derechos humanos en la entidad tenemos la certeza de que el gobierno que encabeza Ulises Ruiz Ortiz está pisoteando las garantías de los oaxaqueños, sostuvo la activista Aline Castellanos.
La integrante de la organización no gubernamental Mujer Libre explicó que por segunda ocasión, en poco más de dos años, personas no identificadas entraron a su casa para robar documentos y, esta vez, el cpu de su computadora, como un acto de intimidación a su trabajo como defensora de los derechos humanos en Oaxaca.
Dijo que luego de poco más de dos semanas no ha tenido ninguna respuesta por parte de las autoridades, pese a que existe una denuncia por robo, como tampoco la tuvo en la primera ocasión en que fue allanada su vivienda, hace poco más de dos años.
Castellanos, quien fuera responsable de la oficina local de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, expuso que las autoridades gubernamentales tratan de intimidar a las organizaciones que «hemos denunciado la permanente violación a los derechos humanos de las y los oaxaqueños que está a la vista de todos».
«Pensamos -añadió refiriéndose a las distintas organizaciones sociales que hay en Oaxaca- que un gobierno que reprime y hostiga está temeroso de las demandas y cuestionamientos de la ciudadanía; por ello vivimos tiempos muy parecidos a los de los años 70».
La feminista, que fuera colaboradora de Cimacnoticias, señaló que hay encono entre la población por la forma en que el gobierno estatal procede.
Dijo que el robo se realizó justo cuando ella y otros defensores de los derechos humanos se encontraban en la ciudad de México, donde expusieron a un grupo de Senadores la situación de los derechos humanos en la entidad.
EN OAXACA SE CASTIGA LA POBREZA
En la entidad, agregó, se castiga por partida doble la pobreza, y triple si la pobreza está representada en el cuerpo de las mujeres, a pesar del trabajo que durante años han realizado las diferentes organizaciones sociales en favor de sus derechos.
La integrante de la organización Mujer Libre consideró bueno que la Procuraduría General de la República (PGR) retome la determinación de buscar mecanismos legales para liberar a las indígenas presas por delitos contra la salud.
Recordó que, desde el año pasado, la organización que preside la doctora Concepción Núñez Miranda propuso la creación de una amnistía federal que «aunque pareciera complicada, es apenas un paso pequeño para resarcir la vida de estas mujeres, castigadas por ser pobres, indígenas y analfabetas».
Aline Castellanos indicó que también habría que hacer hincapié en que ésta no es la solución de fondo para estas mujeres, porque persiste la pobreza en sus comunidades; de ahí la necesidad de crear no sólo medidas que apuntalen el acceso a la justicia, sino también la atención inmediata a sus derechos de educación, salud, participación social, política y derechos agrarios.
Dijo que tanto los poderes Legislativo como Ejecutivo cuentan con una serie de propuestas presentadas por las organizaciones sociales que no han sido escuchadas en la realidad por las autoridades, las cuales sólo tienen un manejo propagandístico del discurso de género.
05/SJ/YT
