Visas para trabajo no calificado, opción para las migrantes de Topolobampo

La mayoría de mujeres de Topolobampo, Sinaloa, que migran a Estados Unidos, a la industria del marisco o al sector servicios, utiliza visas para trabajo “no calificado” y temporal (H2-A y H2-B) que emite, regula y controla únicamente el país del norte. Hoy, en la “era Trump”, el gobierno prefiere esa forma de contratación porque implica casi nulas obligaciones para empleadores, aunque significa violación a los derechos de las trabajadoras.
 
Migran, porque hay pobreza y violencia contra las mujeres y porque, según los indicadores de bienestar del Instituto Nacional de Estadística y Geografía  (Inegi) Sinaloa tiene una tasa de informalidad laboral de 50.27 por ciento, es decir, menos de la mitad de habitantes tiene un empleo fijo.
 
La mitad de los 6 mil habitantes de Topolobampo son mujeres y cada año migran alrededor de 2 mil personas, pero no se sabe cuántas de estas personas migrantes son mujeres porque el Gobierno mexicano no tiene cifras actualizadas y desagregadas por sexo y, por tanto, no se sabe cuántas mujeres reciben  visas para trabajo no calificado.
 
Las mujeres de Topolobampo cuentan a Cimacnoticias que tienen dos opciones: emplearse desde muy jóvenes en ocupaciones precarias de sus localidades, como la pesca o el trabajo del hogar, o migrar temporalmente a EU para trabajar en la industria del marisco y en el sector servicios, con los salarios mínimos de ese país.
 
Sin embargo, dicen que lo que se anuncia como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida puede convertirse también en  abusos y violaciones a sus derechos humanos laborales, con fraudes durante la contratación, abusos en los centros de trabajo, violencia sexual, acceso diferenciado al empleo, condiciones de alojamiento injustas, discriminación, represalias y hostigamiento.
 
Este sistema de visas tiene su antecedente en el “Programa Bracero” que inició en 1942 para que trabajadores mexicanos fueran a la industria agrícola en EU. El sistema de visas que impera actualmente tiene algunos cambios en las regulaciones laborales, pero sigue sin tener injerencia del Gobierno mexicano, subsiste bajo el argumento de que es una forma de controlar la migración irregular y garantiza la flexibilidad laboral y bajos costos de producción para los empleadores de ese país.
 
La directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC A.C.), que desde 2007 acompaña a migrantes temporales en Sinaloa, Alejandra Ancheita Pagaza, explicó en entrevista que cada vez más mujeres están siendo incorporadas a este sistema de visas porque su condición de pobreza las lleva a aceptar con mayor facilidad más trabajo por menos paga, lo que conviene a las empresas estadounidenses.
 
Agregó que en Topolobampo difícilmente pueden conseguir una vida digna, derecho al salario digno y un empleo estable; por el contrario, aunque aún hay industrias en Sinaloa éstas ya no están contratando con todos los derechos, lo que mantiene a las mujeres en una “eterna subcontratación que no les permite ampliar el derecho a la salud o la vivienda para ellas y su familia”.
 
La también galardonada en 2014 con el premio Martin Ennals por su labor a favor de los DH dijo que “por ser un trabajo temporal y ser una visa de trabajo no dentro de un programa bilateral que establezca estándares mínimos de protección, estas visas de trabajo dan la posibilidad de empleo pero ninguna certeza ni en EU ni en México, lo que implica que las trabajadoras sean vistas como desechables.”
 
Estas visas, señaló, son socorridas por las industrias porque es trabajo barato y que en realidad sí es calificado, pero no proporciona a la trabajadora el mismo pago que daría si se tratara de un trabajo estable y con trabajadores de su propio país, lo que “ayuda en la lógica de la flexibilidad laboral, y ayudan a obtener mayores recursos”.
 
Estas condiciones impiden muchas veces que las personas denuncien ante su empleador o las autoridades estadounidenses. “Trabajadoras y trabajadores que son reclutados y contratadas en condiciones de respeto de sus DH, son trabajadores que llegarán a trabajar a EU en condiciones de certeza y seguridad para negociar sus condiciones laborales”, observó.
 
Frente a este panorama, en 2013 se conformó –con el acompañamiento de ProDESC- la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales Sinaloenses,  actualmente integrad por 28 mujeres, de un total de 51 personas, cuyo objetivo es buscar que las y los trabajadores conozcan sus derechos. Es ahí donde las mujeres de Topolobampo han encontrado salidas ante contrataciones de este tipo.
 
MIGRAR, COMO ECHAR UNA MONEDA AL AIRE
 
Al respecto, las trabajadoras migrantes temporales entrevistadas por Cimacnoticias coincidieron en que cada temporada es como echar una moneda al aire, ya que no tienen ninguna certeza de cómo les irá una vez que inicie el reclutamiento, ni siquiera si tienen garantizado el trabajo.
 
Por ejemplo, los reclutadores -muchos que son de la misma comunidad- ofrecen trabajo a cambio de cobros ilegales que llevan a las familias a adquirir grandes deudas. Las listas de trabajo de los reclutadores están encabezadas por familiares y amigos. A veces estos reclutadores cometen fraudes y engaños. En algunos casos, incluso, piden favores sexuales a las mujeres.
 
Durante muchos años, el Gobierno mexicano se negó a reconocer su responsabilidad de erradicar estos abusos bajo el argumento de que los derechos de estas trabajadoras y trabajadores sólo eran justiciables en EU.
 
No obstante, fue gracias al empuje y la organización de las y los trabajadores migrantes de Sinaloa que se consiguió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevara a cabo, por primera, vez una inspección laboral a las agencias de reclutamiento. Actualmente, las y los trabajadores buscan que las empresas también se hagan responsables sobre los abusos que cometen sus reclutadores.
 
JOSEFA, JOVA…
 
Las historias de las trabajadoras demuestran en hechos cómo funciona en realidad este sistema de visas que las aleja por largas temporadas de sus familias. Por ejemplo,  “Josefa”, quien viaja a EU desde que tenía 28 años, aseguró que la migración es la única vía para no condenar a la pobreza a sus hijas e hijos, a quienes sólo podía garantizar una educación si viajaba a la industria del marisco.
 
En su experiencia como trabajadora migrante puede constatar muchos abusos, por ejemplo, que tiene que pagar 40 dólares de renta para el alojamiento (que generalmente es en “trailas” donde duermen hasta 12 mujeres, a veces sin gas ni aire acondicionado) y comprar el material de trabajo.
 
“Jova”, otra trabajadora migrante, explicó que ellas ganan por destajo y no por hora (como los hombres), lo que las orilla a evitar lavarse las manos y quitarse el ácido de los mariscos con tal de no perder tiempo de trabajo.
 
Muchas de ellas relatan que una vez que llegan a EU no saben exactamente en qué se van a emplear, no reciben capacitación, y a veces ni siquiera tienen garantizado el trabajo que se les promete, por lo que pasan varios días en otro país y sin poder laborar.
 
Una vez allá, algunas mujeres son acosadas por los reclutadores que se convierten en sus compañeros o mayordomos, quienes las someten a nuevas agresiones sexuales bajo la amenaza de ponerlas en listas negras o impedir que sigan trabajando. Se ven obligadas a trabajar horas extras para ganar más y poder pagar los gastos del transporte y de la visa.
 
Un diagnóstico del ProDESC A.C. recoge algunos testimonios de mujeres de Topolobampo, la Ciudad de los Mochis y El Colorado, del municipio Ahome y Gabriel Leyva de Solano, todas en Sinaloa, quienes aseguran que “trabajan como hombres pero ganan como mujeres”; “las mujeres trabajamos más fuerte que lo hombres, y nos cuesta más trabajo conseguir la chamba” o “es más difícil que se emplee a una mujer”.
 
DERECHOS INCUMPLIDOS
 
De acuerdo con las leyes laborales de ambos países, las y los trabajadores migrantes deben tener asegurado los siguientes derechos: vivienda, salario hasta terminar la temporada independientemente de si se puede asegurar el trabajo, pago de horas extras, jornadas de ocho horas, descansos, y ambiente libre de acoso y discriminación.
 
Sin embargo, la mayoría de las trabajadoras no denuncian ni expresan que viven malos tratos en los centros de trabajo por temor a vivir represalias o por ser incluidas en listas negras, y es que las visas de trabajo están vinculadas directamente con el empleador que las contratan, por lo que si éste las despide, ellas ya no tienen oportunidad de emplearse en otra empresa y se les cancela el permiso.
 
ProDESC destaca que “desde hace varios años diversos actores se han beneficiado de este sistema, tales como: las empresas que demandan mano de obra barata, autoridades estadounidenses y mexicanas que relegan su responsabilidad en el cuidado y protección de los derechos de sus  trabajadores, y los reclutadores de ambas naciones (de origen y destino), que abusan de la necesidad de las personas migrantes y actúan, en ocasiones, en la informalidad e ilegalidad dejando una serie de acciones en total impunidad”
 
COALICIÓN, MÁS QUE NUNCA NECESARIA
  
La directora de ProDESC, Alejandra Ancheita Pagaza, explica que la única vía por la que las y los trabajadores han podido hacer frente a estos abusos es a través de la organización, sin embargo la posibilidad de ejercer su derecho a la libertad de asociación es muy pequeña en México y en EU ya que hay una tendencia de reducir los espacios de organización colectiva, a pesar de que éste es un derecho humano, y los Estados tienen que garantizar ese derecho en condiciones de libertad y sin coerción.
 
Frente a este panorama, en 2013 se conformó –con el acompañamiento de ProDESC- la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales Sinaloenses, que es un esfuerzo colectivo único en todo el país y que busca que cada vez más personas conozcan sus derechos humano. Actualmente, la Coalición está integrada por 51 personas, 28 de ellas mujeres, quienes además participan en la Coordinadora Nacional de Defensoras de DH Laborales.
 
Al respeto, la activista observó que “las posibilidades de que las y los trabajadores se organicen colectivamente se ven difíciles pero no imposibles, y eso es lo que ha demostrado la Coalición. Esta posibilidad hace que se reconozcan en un ejercicio real y concreto de avanzar frente a las violaciones a sus DH y de tener una voz sólida y con impacto concreto frente a las instancias de gobierno”
 
Y frente a la nueva administración del mandatario Donald Trump, Alejandra Ancheita agregó que una de las pocas certezas que se logran vislumbrar es que frente a la amenaza de deportación masiva de personas en situación irregular, los empleadores y la parte del Congreso más conservadora en EU ven como una alternativa ampliar el número de visas con trabajo temporal, ya que consideran que estos sistemas de trabajo son un control y son una fuente de trabajo barato y sin obligaciones para los empleadores.
 
Por eso, la organización de las trabajadoras migrantes temporales sigue siendo una prioridad, ya que –dijo la defensora- “lo que demuestra la lucha de las y los trabajadores organizados es que los sindicatos son figuras con poder de negociación y poder de representación y en ese posible contexto el trabajo de la Coalición es más que nunca necesario, vigente y visionario”.
 
17/AJSE/GGR/GG