Democracia paritaria

NACIONAL
POLÍTICA
   Ejercer el poder en igualdad de condiciones el reto
Machismo impide igualdad sustantiva al interior de la Cámara de Diputados
Imagen retomada del Twitter del TEPJF
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/09/2017

La 63 Legislatura de la Cámara de Diputados es el parlamento con el mayor número de mujeres en México (212 legisladoras) y aunque su presencia es significativa no ejercen el poder político en igualdad de condiciones que sus pares varones toda vez que no ocupan la dirección de comisiones ni aprueban leyes y reformas.

 

Ese fue el resultado de una investigación realizada por la profesora-investigadora del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato, Aidé Hernández García, quien analizó la preparación académica de legisladoras y legisladoras federales, su experiencia partidaria y su trabajo parlamentario en el primer año de la Legislatura.

 

La investigación titulada “Mujeres en la política” menciona que la paridad de género hizo que en 2015 más mujeres llegaran a la Cámara de Diputados, mujeres preparadas académicamente, con experiencia partidista y legislativa; por tanto, el argumento de que con la cuota de género llegan mujeres sin experiencia y que no son competitivas frente a los hombres es falso.

 

Como antecedente, la Cámara de Diputados comenzó funciones en 2015, integrada por 42.6 por ciento de mujeres legisladoras, quienes concluirán sus trabajos en 2018. La integración de la Cámara baja fue el resultado de la reforma constitucional en materia política-electoral promulgada en 2014 que legisló la paridad de género (50-50) en candidaturas.

 

Uno de los argumentos más recurrentes para cuestionar la incursión de las mujeres en política es que las mujeres electas, en este caso para ser diputadas federales, no están preparadas o no tienen experiencia en sus partidos políticos; sin embargo, el estudio muestra que la cultura machista no permite una igualdad sustantiva al interior de la Cámara de Diputados, a pesar de la cuota 50-50.

 

El trabajo de Hernández García señala que en general quienes fueron electas y electos para ser legisladores en San Lázaro durante el periodo 2015-2018 tienen un nivel académico similar. Sólo 11.7 por ciento de mujeres y 12.8 por ciento de varones no tienen grado académico.

 

Las diferencias de nivel educativo son mínimas; por ejemplo, 58.2 por ciento de mujeres y 61.6 por ciento de hombres tienen licenciatura; 26.2 por ciento de mujeres y 20.9 por ciento de hombres tienen maestría; y 3.7 por ciento de mujeres y 4.5 por ciento de hombres tienen doctorado.

 

En un trabajo previo la investigadora analizó el caso de las diputadas de Guanajuato y encontró que quienes participaban en política eran jóvenes o mujeres de mayor edad porque durante la crianza de hijas e hijos y en cierta edad no podían ser legisladoras o participar en política porque estaban encargadas del cuidado y las tareas domésticas.

 

Esto ayuda a entender, explica la investigadora, por qué las diputadas federales de la 63 Legislatura federal son, en comparación con los hombres, más jóvenes. Actualmente un 26 por ciento de diputadas federales tiene entre 31 y 40 años de edad; 15 por ciento tiene entre 51 y 60; y 9 por ciento entre 61 y años de edad, etapa donde ya cumplieron con su rol de género asignado socialmente.

 

Respecto a la experiencia política, Hernández García acotó que a las mujeres se les exige tener más experiencia en sus partidos y de acuerdo con la revisión de las trayectorias de los parlamentarios, la mayoría de las diputadas han ocupado cargos en el partido, mientras que los hombres no.

 

En el caso de la Cámara de Diputados los varones tienen menos experiencia partidaria que ellas pero los hombres tienen más experiencia en el legislativo, lo cual en opinión de la académica es lógico ya que los hombres son los que, principalmente, llegaban a estos órganos de representación política.

 

“Se confirma que mientras las mujeres tienen que demostrar trabajo en sus partidos, a los varones no se les exige tanta experiencia para ser candidatos, lo anterior deja ver la desconfianza que aún existe en las mujeres para ocupar estos cargos, lo cual es parte de la cultura patriarcal”, destaca Aidé Hernández.

 

Aunque solo 90 mujeres de 212 que fueron electas en 2015 tenían experiencia legislativa, las mujeres que se incorporaron al Congreso debido a la cuota 50-50, demostraron mayor trabajo en la creación de iniciativas que los hombres. En el primer año, 79 por ciento de varones y 84.5 por ciento de las mujeres presentaron iniciativas.

 

Sin embargo, la investigadora señaló que uno de los problemas es que las mujeres aún tienen más de desconocimiento, en general, de los procesos legislativos y sigue presente una cultura patriarcal de tipo machista que favorece a los varones en las redes y en el cabildeo, tanto para lograr la presidencia de la mayoría de las comisiones como en la aprobación de sus iniciativas.

 

La académica encontró que en el primer año de la Legislatura, los hombres acumularon mil 14 iniciativas, de estas sólo 8.5 por ciento fueron aprobadas, por el otro lado las mujeres lograron presentar 891 iniciativas pero de estas sólo se aprobaron 5.7 por ciento.

 

Es por ello que Hernández García destacó que la paridad llevó a que, contrario a lo que se cree,  al legislativo llegarán mujeres con experiencia y preparación académica, el reto, sostuvo, es que estén presentes en todas las comisiones y se siga combatiendo la cultura patriarcal para que mujeres y hombres tengan resultados parlamentarios similares.

 

17/AGM/








NACIONAL
POLÍTICA
   Ciudadanas pueden y deben ser mandatarias
Mujeres presidentas son un símbolo para las mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/09/2017

En América Latina siete mujeres han sido presidentas y si bien es importante la presencia femenina en cargos ejecutivos de alto nivel para transmitir la idea de que ellas pueden gobernar, también hay que tomar en cuenta que no reflejan a la mayoría de las mujeres que hacen política en un país.

 

En opinión de la profesora-investigadora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina, Mariana Caminotti, tener presidentas es un fenómeno interesante porque se trata de personas con trayectorias excepcionales que trasmiten un mensaje: que las ciudadanas pueden y deben ser mandatarias.

 

En América Latina, Nicaragua (1990), Panamá (1999), Guyana (1997), Chile (2006 y 2014), Argentina (2007), Costa Rica (2010) y Brasil (2010) han sido gobernados por mujeres; y en el Caribe  Haití, Guyana, Bahamas, Dominica, Antillas Neerlandesas, Jamaica y Trinidad y Tobago, han tenido presidentas o primeras ministras.

 

Sin embargo, la también autora de investigaciones como “Las legisladoras. Cupos de género y política en Argentina y Brasil” destacó en entrevista que las presidentas no son representativas de la situación general, es decir, se convierten en símbolos pero advierte que hay que mirar más allá porque el país que gobiernan no necesariamente tiene igualdad de género.

 

En la región, Michelle Bachelet de Chile (actualmente presidenta de su país por segunda ocasión); Cristina Fernández de Argentina; Dilma Rousseff de Brasil (destituida antes de terminar su mandato); y Laura Chinchilla de Costa Rica, son mandatarias cuestionadas por su desempeño, incluso odiadas por parte de la población.

 

A decir de Caminotti hay que tomar en cuenta que la presencia femenina en este cargo de alto nivel se enfrenta con contextos particulares y aunque tienen una trayectoria excepcional “no reflejan la trayectoria de las mujeres que hacen política en el país”, expuso.

 

Por ejemplo, Bachelet gobierna Chile, un país con un Congreso masculinizado, con dificultades para avalar normas relacionadas con los derechos de las mujeres, tanto que apenas hace dos años, en 2015, se aprobó una ley de cuotas que impone que las agrupaciones políticas tengan 40 por ciento de mujeres candidatas mientras otros países ya transitaron a la paridad (50-50). 

 

En México cinco mujeres han competido por la Presidencia de la República: Rosario Ibarra de Piedra, Cecilia Soto González,  Marcela Lombardo, Patricia Mercado y Josefina Vázquez Mota, sin embargo ninguna ha sido electa.

 

MUJERES NO PARTICIPAN

 

Uno de los argumentos de las agrupaciones políticas para tratar de evadir su obligación de reservar lugares para que las mujeres sean candidatas a cargos de elección es que ellas no quieren participar. Al respecto, la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, dice que hay una parte de verdad en esta afirmación.

 

“Mi primer trabajo de investigación fuera de Argentina fue en Brasil. Los actores políticos decían: no hay mujeres, de dónde las sacamos, no quieren ser candidatas. Y entendí que es cierto, que no querían ser candidatas y que era muy racional que no quisieran”.

 

Una de las causas, explicó Caminotti, es que en Brasil las listas son abiertas. Es decir, el partido presenta una nómina de candidatos pero el votante elige sólo uno. No elige a las personas anotadas en toda la papeleta. “Entonces, el éxito electoral depende de cómo hagas tu campaña, del dinero que puedas invertir en tu campaña y del tiempo que le puedas dedicar”.

 

En este caso, las mujeres deben tener tiempo y recursos económicos para aventurarse a incursionar en un proceso político intenso pero además deben conocer el escenario de la competencia;  pero otra causa para no participar es tener un entorno partidario muy hostil donde sean marginadas a partir de prácticas explicitas o implícitas.

 

A pesar de ello cada vez hay más mujeres en cargos de gobierno y legislativos. Bolivia es el segundo país del mundo con más presencia de mujeres en su Cámara de Diputados con 53 por ciento de mujeres y en México la Cámara baja está conformada por 42.4 por ciento.

 

Aunque hay excepciones como Costa Rica donde la legislación incluyente de la paridad no fue tan exitosa porque el sistema de partidos se fragmentó y se crearon muchos partidos políticos que podían conseguir pocos lugares en el parlamento, además en estos casos las primeras posiciones, con probabilidades de triunfo, fueron encabezadas por hombres.

 

17/AGM








NACIONAL
   Falta de dinero y tiempo evitan participación de mujeres
El reto es pensar la paridad más allá de lo electoral
Imagen retomada de americo.usal.es
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/09/2017

En una década las mujeres han conseguido ir plasmando la paridad de género en las leyes electorales de América Latina a fin de acceder a la mitad las candidaturas a cargos de elección pero aún enfrentan obstáculos como la falta de tiempo y dinero para acceder al poder político.

México junto con Ecuador, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua han consagrado la paridad en su legislación; sin embargo, la investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, Mariana Caminotti, afirma que este principio debe acompañarse de cambios estructurales.

La también profesora en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín en el país sudamericana y quien se ha dedicado a realizar estudios políticos desde una mirada feminista, advierte en entrevista con Cimacnoticias que hay que pensar la paridad más allá de lo estrictamente electoral.

En 1991 Argentina fue el primer país de la región en aprobar una ley de cuotas de género (30 por ciento) aunque no ha legislado la paridad (50-50) a nivel nacional como lo hicieron otros países. En la actualidad siete estados argentinos contemplan este principio en sus normas locales.

TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA

A partir de los años 80, expone Caminotti, los países de América Latina vivieron procesos de transición democrática. En muchos casos destacó la participación social y política de las mujeres desde la sociedad civil organizada o desde los movimientos sociales y de Derechos Humanos.

En Argentina, por ejemplo, están las madres y abuelas de la Plaza de Mayo, mujeres con familiares desaparecidos por la dictadura militar que se agruparon y salieron al espacio público para reclamar el retorno de la democracia. En varios países los movimientos que lucharon contra las dictaduras fueron movimientos con muchas mujeres.

Cuando los países latinoamericanos salieron de la dictadura, expone la politóloga, las mujeres ya estaban en las bases de los partidos políticos pero no en las instituciones, no eran parte de la oferta electoral de los partidos, es decir, no eran candidatas y tampoco eran electas.

En este contexto, a partir de 1991 surgieron las leyes de cuota de género en postulaciones como una acción afirmativa para generar condiciones de participación para las mujeres que ya estaban en procesos políticos y para hacer que otras se interesaran en incursionar en este ámbito.

“La idea que hay detrás (de la paridad) es que se necesita la participación del conjunto social y las mujeres no pueden estar excluidas de esos espacios de participación”, señala Caminotti.

HITO HISTÓRICO

De 2007 en adelante hubo un hito importante en American Latina a partir del Consenso de Quito que se firmó en 2007 durante la Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina. En este documento por primera vez se planteó la paridad como una nueva meta para alcanzar la igualdad real en las estructuras de poder.

Después de experimentar las leyes de cuota se comprobó que las mujeres ampliaron su acceso a los puestos decisión, sobre todo en cargos legislativos, pero también se vio que los partidos políticos hicieron todo lo posible para explotar los huecos de las legislaciones y evitar que los hombres con más poder en las estructuras internas perdieran sus privilegios.

“En México han tenido un montón de experiencias en ese sentido. Por ejemplo, Las Juanitas, el caso de la renuncia de las mujeres que lograron acceder al cargo. Es un ejemplo emblemático para la región”, destaca la analista al referirse al caso de las legisladoras electas en 2009 que fueron obligadas a renunciar para ceder su lugar a sus suplentes varones.

“En ningún lugar los partidos voluntariamente aceptaron esto (postular a las mujeres) sin resistencias. Esas resistencias llevaron a que todas estas leyes de cuotas tuvieran que ser reformadas”, destaca. Las normas fueron modificadas para asegurar que se cumpliera el propósito incluyente de la ley.

Ante los límites de las cuotas a partir de 2007 se planteó abiertamente la posibilidad de implementar la paridad. “La paridad lo que hace es sacar ese porcentaje arbitrario y decir a la ciudadanía, el electorado: somos 50 por ciento, queremos 50 por ciento de representación”.

OBSTÁCULOS PRESENTES

Para Caminotti, en la región aún existen obstáculos para acceder al poder político porque a pesar de los cambios en la legislación electoral, hay condiciones estructurales que hacen difícil que las ciudadanas ejerzan el poder y que no las ponen en una situación de completa igualdad con los hombres.

En el Consenso de Quito, argumenta, la paridad no está restringida al ámbito electoral, está planteada como un objetivo transversal para las políticas públicas. Sin embargo, dice, persiste una división sexual del trabajo y políticas públicas que no permiten que las mujeres manejen el tiempo de la misma manera que los hombres.

“Siguen existiendo dificultades concretas para las mujeres políticas que tienen que ver con el tiempo. Mujeres y varones tenemos diferente tiempo porque hay toda una responsabilidad doméstica y la política es una actividad que demanda mucho tiempo. No es lo mismo estar hasta la madrugada en una reunión política”.

Otro tema de importancia es la autonomía económica. A decir de la investigadora, las militantes tienen menos dinero para hacer política y menos acceso a las redes que financian la política y aunque en México los partidos están obligados a destinar recursos económicos para la capacitación de liderazgos femeninos, en la región el financiamiento aún es un reto.

“La paridad y las acciones afirmativas han ayudado pero las condiciones estructurales han cambiado relativamente poco. No es lo mismo el poder que uno puede logar al interior de una estructura partidaria con limitaciones de tiempo y de dinero. Hay mucho por hacer y tenemos el gran desafío de pensar a la paridad más allá del terreno estrictamente electoral”.

MÉXICO: CAMBIO SOCIAL

En México, el 10 de febrero de 2014 se aprobó una reforma constitucional en materia político-electoral que incluyó la paridad. La norma se puso a prueba en 2015 en la elección de 17 entidades y después en 2015 en la elección de 13 entidades más. En 2018 se volverá a implementar en los comicios de 30 elecciones locales.

En primer logro se observó en los resultados de la elección de 2015 cuando se alcanzó 42.4 por ciento de mujeres y 57.6 por ciento hombres en la Cámara de Diputados, cifra histórica que se aproxima a la igualdad de género.

Con todo y los avances que significa una norma como la paridad, la doctora en Ciencia Política señala que es necesario generar condiciones para  que la sociedad se transforme y tener estructuras más igualitarias que no dependen de un Estado que disciplina a los partidos políticos que intentan resistirse al cambio.

17/AGM

 








NACIONAL
POLÍTICA
   Necesario modificar Ley General en Materia de Delitos Electorales
Violencia política de género impide igualdad en elecciones
Imagen retomada de Twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/09/2017

Es necesario modificar la Ley General en Materia de Delitos Electorales para que la violencia política contra las mujeres se tipifique como un delito electoral, dijo la maestra en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Lorena Vázquez Correa.

 

En una investigación publicada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la especialista señaló que es necesario legislar la violencia política de género para que las mujeres se desarrollen en igualdad de condiciones con los varones en el ámbito político-electoral.

 

De acuerdo con el estudio, la ley en materia de delitos electorales no tipifica la violencia política de género, por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades perseguir y sancionar estas conductas, esto llevo a que los organismos crearan el Protocolo para Atender la Violencia Política contra la Mujer en 2016.

 

Al presentar el documento en el congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somee) que se realizó en agosto en la Ciudad de México, Vázquez Correa destacó que en el Senado se han presentado 6 iniciativas en la materia y el pasado 9 de marzo se aprobó una minuta que no ha sido ratificada por la Cámara de Diputados.

 

Para atender los casos de violencia contra candidatas o mujeres electas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), ha catalogado como violencia política contra las mujeres aquellos delitos electorales en los cuales la víctima del hecho sea una mujer o cuando ellas sean afectadas de forma desproporcionada.

 

La FEPADE detectó entre 2013 y 2016, 416 expedientes (averiguaciones previas y carpetas de investigación) que podrían constituir violencia política de género. De éstos, más de la mitad (53.1 por ciento) ocurrió en 2016; y entre 2012 y 2016 se han detectado 156 casos de violencia, señala la investigación.

 

Entre los casos detectados por la autoridad destacan tres en contra de los derechos político-electorales de la comunidad lésbico gay; 45 casos de violencia contra mujeres electas que estaban en funciones; y 10 casos de hechos que afectaban los derechos políticos de indígenas. 

 

17/AGM/








NACIONAL
   Preocupa cumplimiento de paridad de género en candidaturas
Consejeras electorales analizan estrategia rumbo a comicios 2018
Imagen cortesía de Guadalupe Cabañas
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/08/2017

El proceso electoral de 2018 será la segunda gran elección federal en México donde se aplicará el principio de paridad de género (50-50) en candidaturas por lo que una de las preocupaciones de las autoridades electorales es que los partidos cumplan con esta obligación. 
 
Así lo consideró la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Gabriela Williams Salazar, tras participar en la asamblea ordinaria de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) que se realizó la semana pasada durante el congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somee).
 
El próximo año habrá elección federal para renovar la Presidencia de la República, 500 diputaciones federales y 28 senadurías y además se realizarán 30 elecciones locales por lo que las integrantes de AMCEE expusieron los retos de los organismos locales electorales de cara a los próximos comicios.
 
La consejera Williams Salazar destacó que uno de los retos será la violencia política de género que no está legislada a nivel federal y por tanto no es un delito electoral así como el cumplimiento de la paridad de género, en particular en los estados donde exista una confrontación con el mecanismo de reelección.
 
Ante estos retos, la consejera electoral señaló la necesidad de diseñar una estrategia entre los institutos electorales para observar las acciones que cada institución está haciendo para dar seguimiento a las obligaciones de los partidos políticos, en particular la de reservar la mitad de sus postulaciones para las mujeres.
 
Uno de los temas que llama la atención de las consejeras es que en otros comicios las candidatas que resultan triunfadoras no siempre ejercen el cargo. “Nos dimos cuenta que existen candidaturas de personas que han accedido al cargo pero quienes toman las decisiones son otras personas, hombres. Ese tipo de seguimiento no se está dando por autoridades locales ni nacionales”, dijo. 
 
Aun no hay una estrategia definida por la AMCEE en el proceso electoral, que comienza el 8 de septiembre, pero la mayoría de las integrantes considera que tendrán que vigilar el cumplimiento de la paridad y los partidos políticos deberán plantear sus reglas internas para que este principio no se contraponga con la reelección para diputaciones o ayuntamientos.
 
Asimismo, expuso la consejera Williams Salazar, preocupa que todavía haya casos en donde los partidos no postulan a militantes por lo que esperan que para 2018 haya liderazgos femeninos quienes ocupen las postulaciones y los escaños ya que en la Ciudad de México los partidos deben destinar 5 por ciento de su financiamiento para capacitar y fortalecer a las mujeres políticas.
 
VIOLENCIA POLÍTICA
 
El pasado 17 de agosto el pleno de La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó invalidar el Artículo 27, apartado D, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México que establecía las causales de nulidad de una elección, entre ellas la violencia política de género.
 
Al respecto la consejera Gabriela Williams dijo que el Instituto Electoral local planteó a los partidos políticos de la capital la necesidad de que normen de manera interna la violencia política como una forma de prevención y porque este fenómeno se da principalmente al interior de las agrupaciones políticas.
 
“Lo ideal es que los partidos también empiecen a ejercer conciencia de incorporar a las mujeres en puestos decisión clave porque si no es complicado que las mujeres estén empoderadas”, concluyó.
 
17/AGM/








NACIONAL
   Sólo 9 de 32 entidades incluyen concepto en su Ley Electoral
Violencia política contra mujeres, mal previsible sin ley federal
Imagen de Guadalupe Cabañas
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017

Descalificaciones, amenazas, intromisión en la vida privada y agresiones físicas serán los principales obstáculos que enfrentarán aquellas mujeres que en los comicios de 2018 se postulen, por un partido político o por la vía independiente, para competir por uno de los 3 mil 326 cargos legislativos y de gobierno que se elegirán en todo el país.
 
En la carrera por ganar el voto ciudadano y ser electas se prevé que las candidatas se topen con acciones que hoy se conocen como violencia política de género, un concepto cada vez más reconocido en las leyes estatales aunque todavía ausente en las leyes que a nivel federal regulan las elecciones y previenen la violencia de género.          
 
Hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral.  
 
Además, de acuerdo con información obtenida a través de la revisión parlamentaria de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia, lo que indica que en 2018 las mujeres que compitan en estos estados podrían hacer uso de estas leyes en caso de ser víctimas de violencia en contextos político-electorales.
 
RUMBO A 2018
 
El próximo año en México habrá elecciones para elegir Presidente de la República y 3 mil 326 cargos: 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gubernaturas (incluyendo Jefatura de Gobierno en la capital), 984 diputaciones locales, mil 598 ayuntamientos, 16 alcaldías en la Ciudad de México (antes Jefaturas delegacionales), 24 juntas municipales en Campeche y 67 sindicaturas en Chihuahua.
 
En las próximas elecciones habrá una gran cantidad de mujeres haciendo campaña para obtener el triunfo en las urnas, gracias a la reforma aprobada en 2014 que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, es decir, la responsabilidad de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a los cargos electivos.
 
La paridad cumple el objetivo de llevar más mujeres a la competencia electoral y que más de ellas tengan posibilidad de llegar al poder, como se comprobó en los comicios de 2015 cuando fueron electas 212 mujeres, lo que representa 42.6 por ciento de los 500 legisladoras en la Cámara de Diputados.
 
Sin embargo, agrupaciones ciudadanas como la Red Mujeres en Plural, la Asamblea Política Nacional de Mujeres Indígenas y la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas llamaron la atención sobre la violencia y explicaron que un mayor número de ciudadanas compitiendo por obtener cargos implicaba más violencia hacia ellas en razón de su género.
 
HERRAMIENTAS A FAVOR
 
Con 38 casos de violencia contra mujeres políticas y dos asesinatos durante las elecciones de 2015, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) crearon un protocolo de atención para estos casos.
 
En marzo de 2016 las autoridades electorales presentaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres que, ante la falta de una legislación, establece la coordinación entre las dependencias y una ruta para atender las denuncias que surgen durante todo el proceso, desde las precampañas, las campañas, la jornada electoral y hasta que las mujeres ejercen las funciones para las que fueron electas.
 
Como el fenómeno no es exclusivo de México, en octubre de 2016 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) crearon la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres.
 
Este documento se creó como una guía para que los Estados legislen, protejan y garanticen el ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas, al considerar que las acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito privado no cubren la violencia de género que se produce en el “ámbito público”.
 
SIN LEGISLACIÓN FEDERAL
 
En marzo, el Senado aprobó y envió a la Cámara de Diputados una reforma para definir y sancionar la violencia política en las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
En la Cámara baja la reforma fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, para su análisis y votación. Además, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género estaba encargada de dar una opinión en la materia. Sin embargo sólo la Comisión de Gobernación aprobó la minuta, el pasado 25 de abril.
 
Por esta razón la legislación en la materia sigue pendiente a nivel federal, a pesar de que en marzo los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación.
 
ESTADOS QUE YA LEGISLARON
 
Aun con la ausencia de las reformas en las leyes generales, los estados han legislado en la materia. Es el caso del Congreso de Morelos que el 7 de marzo reformó su Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Penal y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado.
 
La ley electoral de esta entidad señala que los partidos políticos, dirigentes y militantes incurren en una infracción si realizan cualquier acción u omisión que “basadas en elementos de género, tengan por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Recientemente, el 6 de junio, el Congreso de Campeche aprobó incluir el término en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal; además este concepto ya estaba en su Ley de Acceso local que en el Artículo 5 dice que violencia política es “cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos”.
 
En Aguascalientes, el 29 de mayo de este año se publicó en el Periódico Oficial estatal la reforma al Código Electoral para definir este concepto en el Artículo 2, fracción XVII y modificar los Artículos 58 y 68 para que los partidos políticos establezcan mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar esta violencia.
 
Meses después, el pasado 8 de junio el Congreso local aprobó reformar diversos Artículos, entre ellos el 16, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Aguascalientes, con el objeto de definir la violencia política de género y especificar esquemas de protección de los derechos electorales de las mujeres.
 
En algunas entidades se discutieron y aprobaron reformas en la materia pero no han sido publicadas o no están disponibles en el catálogo de Legislación estatal de la Secretaría de Gobernación (Segob) ni en el listado de reformas electorales del TEPJF.
 
De acuerdo con el Artículo 105 de la Constitucional federal, las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso el proceso federal inicia en el mes de septiembre de 2017 por lo que las reformas en materia de violencia política en los estados restantes no se aprobaron en el tiempo establecido para su aplicación.
 
17/AGM/GG
 








ESTADOS
POLÍTICA
   PRI y PAN arguyen que municipios ejercen libres su gobierno
Se resiste Congreso de Nuevo León a aceptar paridad horizontal
Imagen retomada del portal hcnl.gob.mx
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/06/2017

La Comisión Ciudadana de Inteligencia Electoral llamó al Congreso de Nuevo León a incluir la paridad horizontal en la Ley Electoral del estado, es decir, la obligación de los partidos de dar a las mujeres la mitad de las postulaciones a presidencias municipales para que compitan en las elecciones de 2018.
 
El pasado 18 de mayo, el Congreso local votó en primera vuelta reformas a la Ley Electoral del Estado, pero los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) estuvieron en contra de aprobar este principio, por lo que no se incluyó. 
 
Al respecto María Elena Chapa Hernández, quien integra la Comisión Ciudadana de Inteligencia Electoral  --organismo ciudadano que promueve los derechos político-electorales de las ciudadanas— llamó a los líderes de las bancadas a analizar este tema e incluirlo en las reformas.
 
Con el propósito de exponer sus argumentos, el 29 de mayo las y los integrantes de esta Comisión se reunieron con integrantes de las Comisiones unidas de Legislación y Puntos Constitucionales, que analizaron el dictamen, para exponer diversos principios internacionales y a nivel federal sobre derechos de las mujeres.
 
Los partidos políticos se oponen a la paridad horizontal porque argumentan que se contrapone con la reelección y porque cada municipio ejerce de forma libre su gobierno y porque las elecciones de cada ayuntamiento están desvinculadas entre sí, según reportaron medios locales.
 
En la sesión donde se aprobaron las modificaciones a la ley electoral, la diputada independiente Karina Barrón Perales, consideró lamentable que en el dictamen hubiera una simulación de la paridad y que se pretendiera engañar a la ciudadanía, toda vez que sí se incluyó la paridad en diputaciones pero no en alcaldías.
 
“No, señores, aquí no hay nada, nada que celebrar, hemos perdido y matado las aspiraciones válidas de mujeres capaces, que luchan por tomar parte en las decisiones de su entidad”, señaló en aquel momento.
 
Al respecto, la ex titular del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, María Elena Chapa, dijo en entrevista que los hombres no quieren aprobar que la mitad de las candidaturas a las presidencias municipales sean para las mujeres porque eso les resta poder y por ello se excusan en que no hay ciudadanas capaces de ser postuladas.
 
La reforma aprobada por el Congreso señala en el Artículo 143 de la Ley Electoral que “para garantizar la paridad entre géneros en el caso de la postulación de candidatos a los cargos de elección popular para la integración del Congreso del Estado, no podrá haber más del 50 por ciento de candidatos de un mismo género”.
 
Por su parte, Chapa Hernández considera que además se debieron agregar modificaciones a los Artículos 76, 143, 144, 145 y 146, entre otros, para garantizar el derecho de las mujeres a contender por la mitad de las 51 presidencias municipales del estado y no obligar a las militantes a recurrir a los tribunales electorales.   
 
Es por ello que la Comisión de Inteligencia, que se activa durante los procesos electorales en el estado, circuló una petición en la plataforma change.org donde se destaca que la igualdad, la no discriminación y la paridad son Derechos Humanos para las mujeres y los hombres.
 
“Si consideras que las mujeres tenemos las mismas oportunidades para el ejercicio político en las alcaldías en la toma de decisiones, registra tu respuesta, firmando esta petición”, dice el documento suscrito por colectivos como Nosotras por la Igualdad, la Red Mujeres en Plural y el Comité Ciudadano del Barrio Antiguo, entre otros.
 
La idea es entregar las firmas al Congreso para que diputadas y diputados hagan las reformas pertinentes a más tardar en julio, 90 días antes de que comience el proceso electoral local.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
POLÍTICA
   Cabildean para incluirlo en periodo extraordinario
Urge ley contra violencia política de género antes de 2018: senadoras
Imagen retomada de twitter
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/05/2017
Para conseguir que en México más mujeres compitan en los comicios, sean electas y gobiernen, es necesario definir la violencia política de género en la ley, tema pendiente en la Cámara de Diputados que podría aprobarse en un periodo extraordinario del Congreso de la Unión, en junio próximo.    
 
Después de cinco años de propuestas y análisis y luego de que en 2013 el Senado aprobó una primera propuesta para definir este término –misma que no fue ratificada en la Cámara de Diputados–, el pasado 9 de mayo de 2017 el Senado aprobó un dictamen para incluir la violencia política por razones de género en cinco Leyes Generales.    
 
Como en la primera ocasión, el reciente dictamen aprobado en la Cámara alta fue enviado a la Cámara baja para su aval. Las reformas fueron analizadas en la Comisión de Igualdad de Género y en la Comisión de Gobernación pero sólo fue ratificado por las y los diputados de la segunda por lo que no pasó al pleno para su votación.  
 
Al hacer un recuento sobre este proceso legislativo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, la priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, quien participó en la dictaminarían de la iniciativa de 2013 y 2017, expone que de cara a las elecciones de 2018 las senadoras están solicitando que sea un tema a tratar en un eventual periodo extraordinario de sesiones.  
 
La senadora adelantó que ya habló con el presidente de la Mesa Directiva de Comisión Permanente del Congreso, el senador Pablo Escudero, a quien le propuso que el tema de legislar la violencia política se discuta y apruebe en el periodo extraordinario que podría citarse en junio próximo; sin embargo todavía se está cabildeando este compromiso.  
 
LEY SOBRE VIOLENCIA GARANTIZARÁ PARIDAD
 
De acuerdo con Gastélum Bajo, en 2014 se logró la paridad –es decir, la obligación de los partidos de dar a las mujeres el 50 por ciento de candidaturas a cargos de elección–, un avance valioso que no puede cumplir su objetivo a cabalidad si no se blinda y si no se para, contiene y sanciona la violencia política en razón de género.  
 
Sobre la reciente reforma aprobada en el Senado, la legisladora dijo que fue una minuta muy exitosa porque se reforman cinco Leyes Generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
En opinión de Gastélum Bajo, para la elección presidencial de 2018, cuando también se renovarán 500 diputaciones federales y 128 senadurías, existirá la obligación de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a todos los cargos, pero no debe faltar la garantía de que las mujeres puedan participar sin que sean violentadas.   
 
“Ya pasamos de la cantidad, de que un partido salga a decir 'somos 50-50', a la garantía de una participación real de las mujeres, que les permita ganar, estar en la toma de decisiones; de eso se trata y lo vamos a hacer”, aseguró.  
 
Desde 2012, cuando se presentó la primera propuesta en el Senado, las legisladoras señalaron que las mujeres que desean participar en política como candidatas para ser parlamentarias, gobernadoras o integrantes de los ayuntamientos, son difamadas, agredidas y amenazadas por opositores y compañeros de partido que no quieren que incursionen en este terreno.  
 
RESISTENCIAS PARTIDISTAS
 
Al respecto, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, quien en noviembre de 2012 presentó la primera propuesta para reconocer la violencia política de género, destaca en entrevista que el proceso ha sido largo debido a múltiples factores porque han tenido que explicar el concepto y hacer conciencia.  
 
La senadora señaló que siguió el proceso parlamentario en la Cámara de Diputados, por ello se comunicó con la también priista y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de este organismo, Laura Plascencia Pacheco, quien en su momento le dijo que se iba a tratar de aprobar en Comisiones para después pasarla al pleno.  
 
Sin embargo la propuesta no se discutió en la Comisión presidida por Plascencia Pacheco y tampoco se trabajó en Conferencia, es decir en coordinación entre senadoras y diputadas. “Me habían dicho que sí, pero ya no se pudieron reunir y algunos, de varios partidos, señalan que fue la fracción priista (la que detuvo la reforma), sin embargo, las mujeres, la mayoría, todas, querían el tema porque lo han vivido, lo han sentido”, dijo.  
 
La senadora acotó que no tiene idea de las razones o si sólo fue falta de tiempo para no avalar la propuesta en la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputadas, pero acotó que hay resistencias de todos los partidos porque incluso avanzó más rápido la propuesta del Senado de aprobar el 17 de agosto como el Día Nacional de la Abeja.  
 
Como la propuesta de reconocer la violencia política en la ley no se aprobó, no se podrá invocar como tal. Sin embargo, cabe mencionar que la candidata de Movimiento Regeneración Nacional a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, mantiene una denuncia ante el Instituto Electoral estatal con base en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres creado por instituciones electorales en 2016. 
 
17/AGM/GG
 
 







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POLÍTICA
   Dictamen pasaría hoy al Pleno
Violencia política de género se incluirá en 5 leyes generales
Décima Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para incluir en diversas leyes el concepto de violencia política de género | Imagen del twitter de Hortensia Aragón.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/04/2017

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó que se defina la violencia política por razones de género en las siguientes leyes generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
De cara a los procesos electorales en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz  y a las elecciones de 2018, que podrían generar actos de violencia hacia las candidatas, esta mañana las y los diputados aprobaron sin modificaciones la minuta enviada por el Senado, pero aún falta que la Comisión de Igualdad apruebe el dictamen para que las reformas suban al Pleno de San Lázaro para ser ratificadas.
 
Con esto se avanzaría en la definición de la violencia política por razones de género, que en el dictamen quedó como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al Pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
COYUNTURA OBLIGA
 
En la sesión de esta mañana en la Comisión de Gobernación, las diputadas Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Roció Nahle García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se pronunciaron a favor de aprobar las reformas sin hacer modificaciones, pero señalaron que aún falta tipificar este delito en el Código Penal Federal por lo que dejaron abierta la posibilidad de hacerlo en un futuro.
 
En su intervención, la diputada Aragón Castillo dijo que la coyuntura obliga a hacer estas reformas y hay ejemplos sobre la urgencia de legislar la violencia política. Por tanto, aseguró que para no demorar la aprobación de la minuta, sería avalada sin cambios y se dejarían fuera del debate otras iniciativas presentadas en la Cámara baja.
 
“En el PRD entendemos que sería un error meternos a la discusión y entrar a un proceso de dictaminación largo que implicaría varias consultas, que esta Comisión no estaría en condiciones de asegurar que estuviese este instrumento”, dijo la diputada perredista.
 
UN PASO MÁS
 
Con este paso, se da seguimiento a la propuesta presentada por la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, quien en noviembre de 2012, presentó la primera iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para incluir la violencia política de género.
 
La iniciativa de la senadora priista fue aprobada en el Senado, pero no fue ratificada en la Cámara de Diputados. Más tarde, con la reforma político electoral de 2014 y la derogación del Cofipe, varias senadoras y diputadas de todos los partidos políticos presentaron propuestas de reforma en el mismo sentido que la de 2012.
 
Entre los argumentos de las legisladoras para incluir este término en la ley están los casos de violencia en procesos electorales. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que depende de la Procuraduría General de la Republica, documentó 232 casos de violencia hacia las mujeres políticas en el proceso electoral del 2014-2015.
 
Algunos de estos casos fueron el de Chiapas, donde la candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía del municipio de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente, fue golpeada; en el Estado de México la candidata a la alcaldía de Ecatepec por el Partido del Trabajo, Jessica Salazar, denunció que tuvo un intento de secuestro.
 
En Guerrero, la precandidata por el PRD, Aída Nava, fue  asesinada y hallada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político; otro caso fue en Sonora, cuando en abril de 2015 aparecieron unas mantas con las frases “las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón”, en alusión a la participación de las mujeres en la política.
 
Estos casos hicieron que instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Fepade elaboraran el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, en marzo de 2016.
 
VIOLENCIA POLÍTICA
 
De acuerdo con el dictamen, constituyen acciones y omisiones que configuran violencia política en razón de género acciones como imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones inherentes a su cargo o función; restringir injustificadamente la realización de acciones o actividades inherentes a su cargo o función; y proporcionar información o documentación incompleta o errónea.
 
Asimismo la violencia política de género es ocultar información o documentación a una funcionaria o candidata; impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función para el cual ha sido nombrada o elegida; o impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos en razón de género, entre otros.
 
La Comisión de Igualdad de Género se declaró en sesión permanente, por lo que se prevé que este día voten el dictamen para que sea enviado al Pleno de la Cámara de Diputados.
 
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   30 mujeres fueron obligadas a renunciar
Violencia política da marcha atrás a la paridad: Favela Herrera
Imagen retomada del twitter del INE
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/03/2017

El nuevo fenómeno de la democracia mexicana es una operación hormiga para que las candidatas que ganan una sindicatura, regiduría o presidencia municipal asuman los cargos, ejercen sus funciones por un tiempo, pero luego son obligadas a renunciar, aseguró la consejera electoral Adriana Favela Herrera.
 
Datos recabados por el Instituto Nacional Electoral (INE) indican que hasta el 3 de febrero de 2017, 30 mujeres fueron obligadas a renunciar y de ellas 23 fueron sustituidas por hombres y siete por otras mujeres. “En estas sustituciones perdimos a 23 mujeres”, declaró la consejera. En ese mismo periodo, renunciaron 24 hombres y 20 fueron sustituidos por hombres y dos por dos mujeres y hay dos cargos que todavía no se designan.
 
En el foro “Igualdad de derechos y paridad de género en la agenda internacional. Avances y retos del sistema mexicano de justicia electoral”, la consejera electoral dijo que en la actualidad el mayor reto es la violencia política que siempre ha existido pero que se ha incrementado a la par que más mujeres son candidatas a cargos de elección popular. 
 
Favela Herrera llamó a las integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a dar seguimiento al número de mujeres que llegan a los cargos de elección popular, y vigilar que lo sigan desempeñando, porque en estados como Chiapas y Guerrero las  candidatas que ganan en los comicios, toman protesta, ejercen el cargo por unos meses y después son obligadas a renunciar.
 

Adriana Favela Herrera, consejera electoral | imagen retomada del twitter del INE.

La consejera electoral dijo que en 2014 se hizo un estudio a nivel nacional que arrojó que solamente el 7 por ciento de las presidencias municipales eran ocupadas por mujeres; después de la reforma en materia político-electoral de 2014 y la jurisprudencia de la Sala  Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2015 se alcanzó 13 por ciento y en 2016 cuando hubo elecciones en 11 entidades federativas, se alcanzó casi un 26 por ciento.
 
También señaló que, sumando las elecciones de 2015 y de 2016 que se realizaron en 27 entidades federativas que tuvieron elecciones de los ayuntamientos, hay un 18.09 por ciento de mujeres en cargos edilicios.
 
Por su parte el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, coincidió en que después de la reforma de 2014 surgieron otras modalidades de violencia política y “se manifestaron diversas pulsiones autoritarias que pretenden sostener, o bien, ocultar la discriminación”.
 
El consejero manifestó sus dudas en tipificar la violencia política de género porque, como lo ha explicado en otras ocasiones, una democracia tiene que construir cambios culturales. “Bienvenida la criminalización, pero cuidado con la criminalización, porque suelen pagar los más desfavorecidos, los más pobres, los más desprotegidos y aquí el problema que tenemos no es un problema de combatir y sancionar”.
 
En el acto participaron las magistradas Mónica Aralí Soto Fregoso, Janine M. Otálora Malassis; la ministra Margarita Luna Ramos; el fiscal de Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; y la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes García.
 
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