ESTADOS
Participación Política de las Mujeres
   Ley de Acceso no coincide con Código electoral local
Reconocen violencia política de género en ley capitalina
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/07/2017 A partir de hoy en la Ciudad de México se reconoce la “violencia política en razón de género” como toda acción u omisión en contra de una mujer que afecte sus derechos político electorales o el ejercicio de sus actividades como funcionaria pública.
 
Este 17 de julio se publicó en la Gaceta Oficial de la capital el decreto por el que se reforma el Artículo 7 de la Ley local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se enuncian 19 supuestos para acreditar la violencia política contra las mujeres.
 
La reforma, aprobada el 23 de mayo por el pleno de la Asamblea Legislativa, tiene el objetivo de proteger y promover los derechos políticos de las mujeres durante las pre-campañas, el desarrollo de los procesos electorales y hasta el desempeño de sus encargos públicos.
 
La ley capitalina establece que esta violencia es toda acción u omisión que “tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público”.

Entre los 19 supuestos para acreditar la violencia contra las mujeres políticas se enumeran acciones como obligar, instruir o coaccionar a realizar u omitir actos diferentes a las funciones y obligaciones de su cargo, establecidas en los ordenamientos jurídicos, incluyendo aquellos motivados por los roles o estereotipos de género.
 
Asimismo, proporcionarle información falsa, errónea o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones político públicas; o impedirle participar o en su caso excluirla de la toma de decisiones o del derecho a voz y voto.
 
También se considera violencia política publicar o revelar información personal, privada o falsa de una candidata o funcionaria; desprestigiar o menoscabar su credibilidad, capacidad y dignidad humana; acosar u hostigar a la persona para restringir sus derechos así como amenazarla o discriminarla, entre otras conductas.
 
Sin embargo la definición y los supuestos de violencia política en razón de género que se describen en la Ley de Acceso, recién reformada, no son los mismos que aparecen en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 
 
El Código, publicado el 7 de junio de 2017, describía en un primer momento el término “violencia política en razón de género” pero un grupo de diputados de la Comisión de Asuntos Político Electorales de la Asamblea Legislativa pidieron que se suprimiera porque ese texto no fue aprobado por el pleno.  
 
Así, el 21 de junio de 2017 en la Gaceta Oficial se publicó una nota aclaratoria donde se precisa que en la ley electoral debe decir “violencia política” y enumerar sólo 12 supuestos para acreditarla, lo que para algunas legisladoras es un retroceso para los derechos político electorales de las capitalinas.
 
Cabe mencionar que la norma electoral enfrenta 10 acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República y partidos como Movimiento Regeneración Nacional, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y del Trabajo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
Entre estos recursos se impugnó la modificación al Código Electoral que, a través de una nota aclaratoria, suprimió el término de violencia política en razón de género. Se espera que en próximas semanas el alto tribunal se pronuncie al respecto.
 
17/AGM/







ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Se castiga con pérdida de patria potestad, terapia psicológica o cárcel
Síndrome de Alienación Parental, en legislación de 17 estados
Imagen retomada de Zaqi
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/07/2017 Aunque el Síndrome de Alienación Parental (SAP) es un término controvertido por estigmatizar a las mujeres como manipuladoras y a las niñas y niños como mentirosos, actualmente es reconocido en las leyes civiles de 17 estados de la República mexicana.
 
De acuerdo con datos de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado, hasta febrero de este 2017 Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México, legislaron la Alienación Parental. 
 
Recientemente a esta lista se sumó Baja California. El pasado 6 de junio el Congreso del estado aprobó modificar el Artículo 21 de Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local y los Artículos 279, 281, 296 y 441 del Código de Procedimientos Civiles para incorporar esta figura jurídica.
 
CONCEPTO SIN SUSTENTO
 
El 16 de febrero de este año el Senado exhortó a las entidades federativas a legislar en materia de Alienación Parental con el objetivo de velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes al considerar que el SAP es un fenómeno que va en incremento en casos de separaciones y divorcios.
 
Según el dictamen elaborado por la Comisión de la Familia –organismo parlamentario creado en 2014 para evitar el avance de normas a favor de los matrimonios igualitarios y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo– la Alienación debe ser considerada un tipo de violencia familiar.
 
Sin embargo, agrupaciones como Adivac, Save the Children y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social han alertado de la falta de sustento científico de este concepto, de su carácter discriminatorio y estereotipado y del riesgo de que se use para defender a padres acusados de abuso y violación sexual de menores de edad.
 
El término fue creado en 1985 por el médico estadounidense Richard A. Gardner. Esta teoría califica de falsas o injustificadas todas las denuncias o quejas de maltrato o abuso sexual que hacen las hijas o hijos en contra uno de sus progenitores, aludiendo a que las presuntas víctimas mienten porque son manipuladas por sus madres.
 
DIVERSIDAD NORMATIVA
 
Los 17 estados que reconocen el SAP en su legislación imponen castigos a las madres o a los padres que incurran en esta conducta, las penas van desde la pérdida de la patria potestad de sus hijas e hijos y terapia psicológica hasta cárcel.
 
Por ejemplo, el Código Civil de Baja California dice que cuando se presenta el SAP el Juez de lo Familiar, de oficio, debe ordenar “las medidas terapéuticas” necesarias para los menores de edad y sus progenitores a fin de reestablecer la sana convivencia; o bien, podrá determinar la pérdida de la patria potestad.
 
El Código Penal de Michoacán (reformado en noviembre de 2016) considera la Alienación Parental como violencia familiar y por tanto lo sanciona con una pena que va de uno a cinco años de prisión, suspensión de los derechos de madres y padres respecto de la custodia de sus hijas e hijos y prohibición de residir con ellos.
 
El Código Civil de la Ciudad de México (reformado en mayo de 2014) dice que en caso de que el SAP sea “moderado” se suspenderá la patria potestad de quien cometa esta conducta pero si es “severo” se suspenderá todo contacto con el progenitor y su respectiva familia y además las niñas y niños serán sometidos a un “tratamiento”. 
 
PROPUESTAS DE REFORMA
 
El 22 de septiembre de 2016 el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Enrique Mayans, presentó una propuesta para incorporar una definición de SAP en la legislación federal con el argumento de que los divorcios y las uniones libres son una problemática social y un obstáculo para el interés superior de la infancia.
 
El legislador propuso reformar los Artículos 283, 411, 417 y 444 bis del Código Civil Federal y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prevenir, atender y erradicar las conductas que constituyen Alienación Parental, crear la figura de asistente del menor y la de mediación asociativa familiar.
 
Con este proyecto el Artículo 411 del Código Civil diría que “se entiende por alienación parental toda conducta que tienda a manipular y a transformar la conciencia de los hijos menores de edad, para impedir o destruir la convivencia, las relaciones personales y trato directo con el progenitor no custodiado”.

La iniciativa se turnó a las Comisiones unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de la Familia y Desarrollo humano; y de Estudios Legislativos pero a la fecha no ha sido discutida.
 
Mientras en los estados avanza la incorporación del SAP en la legislación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resolverán dos Acciones de Inconstitucionalidad: una por el caso de la Ciudad de México, presentada por la Comisión local de Derechos Humanos; y otra por la reforma en Michoacán, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
 
17/AGM







NACIONAL
   ¿Qué ministro será el valiente que quite derechos a capitalinas?
Impugnan Constitución CDMX con dolo y conservadurismo: Encinas
Imagen retomada de twitter
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/05/2017 El senador y presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que el litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver las impugnaciones contra la Constitución Política de la Ciudad de México –publicada el pasado 5 de febrero– es de naturaleza política y no jurídica.
 
El político dijo que los recursos presentados particularmente por la Procuraduría General de la República (PGR), la Presidencia de la República, el Senado y el Tribunal Superior de Justicia de la capital son de carácter ideológico porque la redacción de la Carta Magna local se apegó escrupulosamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
En conferencia de prensa con ex constituyentes y delegados designados por la Consejería Jurídica de la Ciudad de México para defender el texto constitucional, el senador dijo que en el recurso presentado por PGR hay “dolo, mala fe y una carga conservadora” de la visión de país que se quiere.
 
RECURSOS EN CONTRA
 
La Constitución capitalina que entraría en vigor en 2018 reconoce los derechos sexuales, los reproductivos, la diversidad sexual, matrimonios entre personas del mismo sexo, abre la puerta a la legalización de la eutanasia, el uso médico de la mariguana y permite mantener la política de despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
 
Sin embargo, en la Suprema Corte hay cuatro acciones de inconstitucionalidad sustentadas por la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido Nueva Alianza (Panal) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y tres controversias constitucionales presentadas por la Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia y el Senado.
 
Luego de que Encinas Rodríguez presentó un recurso de reclamación para que la Asamblea Constituyente fuera la autoridad encargada de la defensa de la Carta Magna, el 19 de mayo el senador fue notificado por el alto tribunal del carácter responsable del organismo e informó que en un plazo de 30 días debe entregar un documento con sus alegatos.
 
El senador dijo que en próximos días se citará a la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente que estaba integrada por Clara Brugada Molina, Irma Cué Sarquis, Mauricio Tabe Echartea, Margarita Saldaña Hernández, Bertha Elena Luján Uranga y Aida Arregui Guerrero, para integrar los argumentos en defensa de la Constitución capitalina.
 
CARTA DE DERECHOS
 
La acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR impugna, entre otros elementos, los Artículos que reconocen la dignidad humana, la libertad e igualdad de derechos, la protección más amplia de las personas, la protección de todas las formas de familia, la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos.
 
Entre los argumentos de la dependencia encabezada por el ex senador Raúl Cervantes, se solicita declarar inconstitucional el Artículo 6, apartado E y F, sobre derechos sexuales y reproductivos, porque invade las atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general, específicamente, sobre planificación familiar.
 
Asimismo, se impugna el Artículo 6, apartado D, numeral 2, que reconoce “todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar”, porque de acuerdo con la Procuraduría este precepto “admite la poligamia y viola preceptos constitucionales y convencionales en perjuicio de los derechos de las mujeres”.
 
En opinión de Encinas, los argumentos de la PGR son ideológicos porque la Ciudad de México tiene competencia para establecer más derechos y así lo hizo en su momento sin tener autonomía política y con una forma de gobierno limitada al despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo y promover programas sociales como la pensión universal para personas adultas mayores.
 
“Yo quiero ver qué ministro de la Corte va a ser el valiente que vote por quitarle derechos a los habitantes de la Ciudad de México. Va a ser un debate muy importante que tiene que involucrar a la sociedad mexicana”, expuso el legislador.
 
MANIFESTACIONES DE DELEGADOS
 
Los delegados designados por la Consejería Jurídica de la capital tienen la facultad de enviar “manifestaciones”, es decir argumentos jurídicos a la Suprema Corte para que sean considerados a la hora de resolver las impugnaciones presentadas.  
 
Al respecto el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y delegado designado, Miguel Concha Malo, señaló que hoy presentó un documento con cuatro argumentos a favor de la Constitución local, uno de ellas para argumentar que la Constituyente no se extralimitó con las leyes de reconocimiento de Derechos Humanos, como lo afirma la PGR.
 
Concha Malo aseguró que establecer un catálogo de Derechos Humanos en la Constitución local fue para reforzar las obligaciones internacionales de las resoluciones y sentencias emitidas por los órganos y tribunales internacionales; pero además consideró que las entidades federativas tienen competencia para legislar en la materia.
 
“Los Derechos Humanos no son exclusivos de un régimen, no son exclusivos de un gobierno, los Derechos Humanos son propios del Estado mexicano, y por eso están en la Constitución”, dijo.
 
17/AGM/GG
 







MUJERES CAUTIVAS
DERECHOS HUMANOS
   MUJERES CAUTIVAS
La Historia de Rosita y la impunidad
Imagen: Sandra Dueñas
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/04/2017 Doña Gaby es una mujer menudita con un inmenso corazón que no le cabe en el pecho, pero es una guerrera. No conforme con sacar adelante a sus hijos, también se hizo cargo de Rosita y uno de sus hermanitos, quien ya es hoy un hombre de bien.
 
Abrigó a Rosita, a quien abandonaron con tercer grado de desnutrición y marcas visibles del maltrato que había sufrido. Era una niña muy dulce, indefensa y necesitada; es débil visual y tiene parálisis cerebral. Vivían en el Estado de México, donde doña Gaby tenía un trabajo, una camioneta, una casa, la vida resuelta y sus redes de apoyo familiares en Guadalajara, Jalisco.
 
Siempre preocupada por acercarle a Rosita todas las oportunidades, buscaba escuelas, maestros especializados en enseñanza en Braille y en apoyo a la educación de niñas especiales.  En ese afán, se mudó a Guadalajara, Jalisco, porque ahí había una escuela para niñas débiles visuales, en donde sólo recibía clases los lunes.
 
Preocupada por la educación de Rosita, conoció al doctor Alejandro Ricardo Meneses Cervantes, y lo contrató de manera particular para darle clases a Rosita. Las clases se le impartían en su casa, dos o tres veces por semana y doña Gaby se percató que, en cada clase de Rosita, ella se sentía muy mal y perdía la percepción de lo que pasaba a su alrededor, se desmayaba, sensación que le dejaba fuertes dolores de cabeza, a los que ella no encontraba explicación, a no ser que fueran los medicamentos que el propio doctor Meneses Cervantes le había recetado para la epilepsia.
 
Rosita, mientras tanto, empezó a tener pesadillas, a despertar gritando en las noches “quítamelo mamá, quítamelo”. Si, el profesor, dormía con unos polvos y unas gotas a doña Gaby y, mientras tanto, aprovechaba para violar a Rosita, morderle los senos y no sé cuántos abusos más. Hasta que un día Rosita le dijo a su mamá  Gaby que no quería seguir recibiendo clases de ese señor y le contó lo que le hacía, bañada en llanto. Doña Gaby no lo dudó, por supuesto, inmediatamente emprendió el largo y frustrante camino de la justicia.
 
Presentó la denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y, aunque los peritajes realizados en esa institución a Rosita sólo sirvieron para acreditar la violación, no le quisieron recibir a doña Gaby el frasco con las gotas y los polvos que le recetaba Meneses Cervantes y mucho menos mandarlos a analizar.
 
Tampoco prestaron atención a una lesión que presentaba Rosita en uno de sus senos, producto de la mordida que había recibido. Por supuesto Rosita fue revictimizada innumerables veces por Yolanda Italia Flores Medina, Ministerio Público a cargo de la Averiguación Previa de Rosita. Desde el momento en que interpuso la denuncia, doña Gaby fue objeto de toda clase de ataques, en los medios y de diversas autoridades. Perdió su trabajo porque tenía que estar atendiendo el caso de Rosita y no sólo perdió su trabajo, sino también perdió todo su patrimonio.
 
Fue hasta que la llevó al Hospital Civil de Guadalajara donde confirmaron la desfloración y desgarro, así como un hematoma generado por la lesión que le provocó Meneses Cervantes en un seno, dictamen que no fue agregado a la indagatoria.
 
En dos ocasiones golpearon a la señora Gaby, la primera vez Evaristo Chamorro Escobar intentó secuestrarla; lo encarcelaron por privación ilegal de la libertad y lesiones, pero logró libertad bajo fianza y una sentencia de tres meses.
 
En la segunda, la golpeó un muchacho que le decía que “lo dejara en estupro”. Debido al hostigamiento, agresiones y las constantes amenazas que sufrió en Guadalajara, doña Gaby decidió regresarse al Estado de México, donde se sumó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
 
En dos ocasiones, Meneses Cervantes fue sentenciado por estupro, alegando que Rosita había consentido la relación sexual.  De tanto luchar, doña Gaby logró que se reclasificara el delito a violación equiparada, sentencia que está firme, pero hasta la fecha Meneses Cervantes no ha pisado la cárcel.
 
Doña Gaby llegó hasta la Suprema Corte de Justicia defendiendo a Rosita, e interpuso un recurso de reclamación, porque en la sentencia de reparación del daño sólo se sentencia a Meneses Cervantes al pago de siete mil pesos. Eso vale la inocencia y la integridad de una niña con discapacidad para la justicia machista a patriarcal del Estado de Jalisco. Lamentablemente, a pesar de que hasta la fecha Rosita despierta por las noches gritando y sufre mucho cuando recuerda lo que le hicieron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el monto de la reparación del daño.
 
A su llegada a México, doña Gaby emprendió un proyecto social para ayudar a madres con niños y niñas con discapacidad, y les abrió las puertas de su casa a mujeres maltratadas como refugio temporal.
 
En dos ocasiones posteriores, doña Gaby sufrió nuevos ataques, la primera fue balaceada y la segunda la apuñalaron. Las autoridades hasta la fecha no han podido esclarecer si fue por el caso de Jalisco o por abrigar a mujeres maltratadas.
 
Y esto es un breve resumen de todo lo que Rosita y doña Gaby han sufrido en la búsqueda de Justicia. Todas las veces que ha sido abusada por infinidad de personas que la han engañado en su afán por buscar ayuda para Rosita.
 
Hoy doña Gaby tiene una escuela para niñas y niños con discapacidad y Rosita tomó un curso de masoterapia del que ya se graduó, ya que tiene enormes cualidades con sus manos para curar dolores, tendones y nervios.
 
Sin embargo Gaby sigue buscando terapia psicológica especializada para niñas como Rosita y oportunidades para que aprenda a valerse por sí misma, porque le preocupa qué será de ella cuando falte.
 
La pesadilla jurídica no ha concluido, pero las dos son unas guerreras que, no dudo, podrán más tarde que temprano alcanzar la justicia, a pesar de un Tribunal de Justicia de Jalisco, profundamente patriarcal y machista, a pesar de que la justicia piense que para eso existimos las mujeres, y sé que lograrán sobreponerse a la discriminación y todas las vicisitudes que les ha tocado vivir.
 
No podía dejar de contar la historia de Rosita y doña Gaby, porque me ahoga la impotencia ante autoridades ciegas e insensibles, rancias y violadoras de los derechos humanos, ante el abuso de poder de que fue víctima Rosita.
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
17/TCUZ/GG







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Descalificación “poco seria”
Feministas participarán en defensa de la Constitución CDMX
Imagen retomada del twitter de Reforma Politíca DF
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/04/2017 La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un documento con los argumentos legales para defender la Constitución Política de la Ciudad de México.
 
Después de entregar el documento en la oficina de la Suprema Corte, el titular de la Consejería Jurídica, Manuel Granados Covarrubias informó esta mañana que un grupo de ciudadanas y ciudadanos acreditados para defender la Carta Magna capitalina va a solicitar audiencias con las y los ministros para hacer valer los derechos consagrados en el documento. 
 
Además informó que junto con él, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la secretaría del Trabajo, Amalia García Medina; el secretario de Cultura, Eduardo Vázquez; las ex diputadas constituyentes Ana Laura Magaloni, Clara Jusidman, Lol Kin Castañeda e Ifigenia Martínez se acreditaron como “delegados” en este proceso jurídico para defender los derechos de la ciudad.
 
También están acreditadas feministas como Regina Tamés y Daphne Cuevas, la ex senadora Martha Tagle; líderes sociales Arturo Alcalde, Brenda Gómez, Carlos Cruz y Carlos Galindo, académicos como Ariel Rodríguez Kuri; y el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, entre otros.
 
Granados Covarrubias destacó que esta respuesta obedece a los juicios presentados. Cabe recordar que la Constitución local, publicada el pasado 5 de febrero, enfrenta siete recursos de impugnación: cuatro acciones de inconstitucionalidad y tres controversias constitucionales.
 
Las impugnaciones, han señalado diputadas y diputados constituyentes que participaron en el proceso de redacción del documento, tratan de evitar que los derechos alcanzados en la capital se concreten y propaguen por todo el país.
 
La Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido Nueva Alianza (Panal) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron acciones de inconstitucionalidad; Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia capitalino y el Senado presentaron controversias constitucionales.
 
PARTIDOS, SÓLO MATERIA ELECTORAL
 
Al respecto el consejero jurídico dijo que los partidos políticos solo pueden impugnar temas en materia electoral, así explicó que en el recurso de Morena, que reclamó la integración del Congreso de la Ciudad y que la Carta Magna de la Ciudad no se sometió a referéndum, el Tribunal Electoral ya dijo que el plebiscito esto no estaba previsto en la Constitución federal.
 
El Panal impugnó  el fundamento del cabildo en la capital, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México considera que esta argumentación debe desecharse, ya que no trata de materia electoral.
 
Sobre la impugnación presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre percepciones de los servidores públicos, Granados Covarrubias dijo que el organismo sólo puede presentar recursos en materias de Derechos Humanos por lo que destacó que tampoco es materia de debate.
 
PGR, SÓLO EN MATERIA PENAL
 
En el caso de la PGR, el consejero jurídico destacó que el documento está lleno de irregularidades, primero porque dice que impugna 22 artículos pero luego dice que impugna toda la Constitución; hace referencia a numerales y párrafos del texto constitucional que no existen y además la dependencia sólo puede intervenir en temas en materia penal.
 
Por otra parte, el funcionario destacó que no se puede impugnar la totalidad de la Carta de Derechos porque los derechos deben ser progresivos, ir en aumentos y nunca ser disminuidos y cuando PGR fundamenta sus impugnaciones en  la Constitución federal los argumentos en realidad sirven para validar el contenido de la norma local.
 
Esto “nos habla de que (la argumentación) ha sido construida de manera poco seria”, dijo, por lo que darán la batalla para demostrar que la Constitución es legal.
 
Al acto en el recinto del alto tribunal asistieron secretarios del Gobierno de la Ciudad de México, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el comisionado para la Reforma Política de la capital, Porfirio Muñoz Ledo, entre otros.
 
17/AGM/GG







MUJERES CAUTIVAS
DERECHOS HUMANOS
   MUJERES CAUTIVAS
¿Qué les pasa a los jueces de Distrito?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz *
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/04/2017 Vimos con gran asombro cómo un Juez de Distrito Federal concedió el amparo a uno de los “Porkys” de Veracruz, lo que provocó que interviniera el Consejo de la Judicatura Federal para aplicarle una medida disciplinaria, gracias a que el padre de la víctima acudió a los medios y logró que nos enteráramos de la aberrante resolución.
 
Algo parecido está sucediendo en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, con el Juicio de Amparo 956/2015 contra el No Ejercicio de la Acción Penal decretado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en el Juzgado 14 de Distrito en Materia Penal, hoy a cargo del Juez Erik Zabalgoitia Novales.
 
A pesar de la Resolución dictada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, bajo el rubro R.P.157/2016, del pasado 21 de febrero del presente año, en el Recurso de Revisión interpuesto por la representante de las víctimas con identidad protegida “VALENTINA”, “BEATRIZ” y “RENATA” y que en resumen dice:
 
1.1. Que la protección de la identidad de las víctima y sus datos personales es la razón por la cual las víctimas solicitaron promover el juicio de amparo materia de revisión a través de un representante legal…”.
 
2. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado diversos criterios en torno a la acreditación de la personalidad de la representante legal en la promoción del juicio de amparo.
 
2.1. Si existe duda sobre la personalidad del representante, “…la autoridad jurisdiccional deberá requerirlo para que exhiba las constancias necesarias a fin de acreditar su personalidad o representación…”
 
…2.3. Que es deber del juzgador de amparo “…prevenir a los interesados en caso de haber dudas respecto de la justificación de la personalidad de los quejosos. Además, señala el deber de dar prioridad a la prevención sobre el desechamiento de la demanda de amparo…”
 
2.4. Por tales motivos, el juez de garantías tuvo que haber requerido a la peticionaria de amparo para que acreditara “…su calidad de representante legal de las víctimas. No obstante, dado que no se requirió dicha acreditación se presume que no hubo duda alguna respecto de la calidad de la personalidad de la quejosa como representante de las víctimas…”
 
…2.6. Que el treinta de julio de dos mil catorce, la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada reconoció a “la Mta. Teresa C. Ulloa* como representante de las víctimas ‘BEATRIZ’ y ‘RENATA’, a través del oficio en el cual se notifica la remisión del expediente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal frente a la determinación de incompetencia de la Subprocuraduría…”
 
2.7. Que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, también “…ha reconocido a la Maestra Teresa Ulloa el carácter de representante de las víctimas, mediante el acuerdo ministerial y oficio de fecha 27 de abril de 2015:
‘Es pertinente hacer mención que en estas mismas actuaciones, la peticionaria Mta. Ulloa, ha realizado solicitudes, ostentándose como representante victimal de las personas con identidad reservada asignándoles los nombres de ‘VALENTINA’, ‘BEATRIZ’ y ‘RENATA’ […], calidad que se le otorgó con fundamento en el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales, y que fuese aceptado por la peticionaria, protestando conducirse con verdad en dicha diligencia’…”
 
2.8. Que mediante oficio de catorce de julio de dos mil quince, la representante legal de las víctimas solicitó se le notificara el cumplimiento a la ejecutoria de amparo indirecto y solicitó la expedición de copia simple del acuerdo de acumulación de las averiguaciones previas, así como de la determinación del ejercicio de la acción penal, por lo que “…frente a tal solicitud, la autoridad dirigió la respuesta a la Mtra. Ulloa y por consiguiente, reconoció de nueva cuenta su personalidad como representante de las víctimas…”
 
2.9. Que mediante oficio de cuatro de agosto de dos mil quince, el agente del Ministerio Público ordenó notificar personalmente a la “…promovente la C. ‘VALENTINA’, por conducto de la Mtra. Ulloa en el domicilio señalado para tal efecto, la determinación de fecha 27 de julio de 2015, correspondiente a la determinación de no ejercicio de la acción penal’…”
 
2.10. Que dentro del expediente de la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, “…las víctimas señalaron como su apoderada para pleitos y cobranzas a la persona moral Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, a través de su representante legal, la Mtra. Ulloa, el cual se otorgó con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial de conformidad con la ley, es decir, sin limitación alguna hasta la conclusión total del procedimiento penal y recursos necesarios a fin de garantizar su derecho de acceso a la justicia y los que les corresponden como víctimas de delito…”
 
2.11. Que mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil quince, “…las víctimas con identidad protegida reiteraron lo señalado en cada una de sus denuncias al designar a la Mtra. Ulloa como su representante victimal, en armonía a la medida de protección de reserva de identidad aplicada por la autoridad ministerial federal…”
 
2.12. La designación de representante legal fue reiterada por las víctimas cuando “…interponen el recurso de inconformidad contra el no ejercicio de la acción penal, en el que así nombraron a sus representantes ante el Subprocurador General de Justicia del Distrito Federal…”
 
2.13. Razones las anteriores que demuestran que la peticionaria de amparo “…acreditó su personalidad como representante legal de las víctimas ante la autoridad responsable, contó con la legitimación necesaria para promover el juicio de amparo objeto de revisión…”
 
Y después de ese análisis resolvió que:
…”SEXTO. Este Quinto Tribunal Colegiado advierte una violación a las normas esenciales que regulan el procedimiento del juicio de garantías, que obliga a revocar la sentencia sujeta a revisión y, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, ordenar la reposición del procedimiento.
 
Ahora, el Artículo 6 de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo puede promoverse por sí, por el representante legal o su apoderado, o por cualquier persona en nombre del quejoso en los casos previstos en la ley.
 
El Artículo 11 ibídem estatuye que, como regla general, cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas.

Sin embargo, dicha norma tiene una excepción, pues en materia penal, basta con que el promovente afirme tener acreditada su personalidad ante la autoridad responsable, sin demostrarlo con alguna constancia, para que el juez de amparo, en principio, admita su demanda…”
 
En torno a este tema, la Ley de Amparo, en materia penal no contiene normas restrictivas para acceder al control constitucional que por antonomasia compete a todo abogado.
 
Esto, porque para actuar basta que una persona física, desde luego cuente con capacidad de ejercicio o, incluso, que carezca de ella, para que sea nombrado por las víctimas para afirmar que actúa con capacidad procesal para promover el juicio de garantías, en su representación.
 
Ahora bien, señaló el Tribunal Colegiado, del análisis de las constancias que integran el juicio de garantías, se advierte que no se cumplió con el principio de exhaustividad que debe imperar en todas las actuaciones jurisdiccionales a fin de dilucidar la controversia en torno a la legitimación procesal de la peticionaria de amparo y, en su caso, el fondo del asunto.
 
También señaló que para dilucidar la controversia planteada y, en su caso, analizar el fondo del asunto, era necesario que el juez de control constitucional solicitara al Ministerio Público responsable todas las constancias que conforman la averiguación previa de la que emana el acto reclamado, dado que resultan necesarias para resolver sobre los temas en discusión.
 
Por lo que el Tribunal Colegiado estimó procedente revocar la resolución recurrida, para que el juez de Distrito reponga el procedimiento del juicio de amparo indirecto, a fin de que recabe la totalidad de las constancias que conforman la averiguación previa y, una vez obtenidas, dé vista a las partes con su contenido, fundamentalmente a la peticionaria de amparo, lo que por supuesto no hizo.
 
Y pese a lo anterior, el Juez 14 de Distrito en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, el pasado 28 de marzo nos notificó que nuevamente se sobreseía el Amparo, alegando que la representante legal carece de legitimación procesal para haber interpuesto el amparo, lo que nos obliga a acudir de nueva cuenta a otro recurso de revisión y al Consejo de la Judicatura Federal lo que, obviamente, significa un grave retroceso al derecho de acceso a la justicia de la víctimas. Y yo me pregunto ¿hasta cuándo habrá justicia para las mujeres? 

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
 
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
17/TCUZ/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   Decisión grave en un estado bajo AVG
Orden de liberar a pederasta de Veracruz revela corrupción e impunidad
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/03/2017 La decisión del juez Anuar González Hemadi de ordenar la liberación de Diego Gabriel Cruz, acusado de pederastia tumultuaria en contra de la menor de edad Daphne, en Veracruz, fue calificado como un “absurdo jurídico”, que muestra el nivel de corrupción e impunidad en contra de las adolescentes en México, así como la complicidad del Estado con los agresores, a quienes se premia y ampara.      
 
En eso coincidieron la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), la Red de Mujeres Feministas del Estado de Veracruz (Remufever), la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, el Colectivo Akelarre AC, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que emitieron sendos comunicados en rechazo a la decisión del juez, dada a conocer el martes pasado. 
 
El Inmujeres solicitó al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal la revisión inmediata del fallo del Juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz y, en coincidencia, en la sección Trascendió del diario Milenio se asegura hoy que la decisión del juez “encendió los focos rojos del Poder Judicial de la Federación,” por lo que ese órgano judicial “sesionará hoy mismo para revisar el fallo”. 
 
Redim explicó en su comunicado que los argumentos presentados por el Juez son “insostenibles” por lo que es urgente realizar un análisis exhaustivo con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género que garantice el acceso a la justicia, reparación del daño y sanción a todos los responsables: Diego Cruz, Jorge Cotaita, Enrique Capitaine y Gerardo Rodríguez.
 
¿Y LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO?
 
Remufever y la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, consideraron que ordenar la liberación de Diego Cruz es de suma gravedad, ya que en el estado está vigente la Alerta de Violencia de Género, lo que envía un mensaje de impunidad y vulneración de los derechos y la vida de las mujeres: “Se puede violar, matar y agredir a las mujeres con el apoyo y respaldo de la autoridad competente”. Aquellas que aún son menores de edad han perdido absoluta garantía de sus derechos, señalan.
 
En el mismo sentido, una petición en change org, dirigida al Ejecutivo federal, al gobernador Miguel Ángel Yunes y al ministro Luis María Aguilar, señala que una decisión así revela que el estado de Veracruz es cómplice de pederastia.
  
TIPO PENAL
 
Redim consideró que el juez desvirtuó el tipo penal de abuso sexual por un “frotamiento incidental” donde no se observa intención “lasciva” ni la intención de “copular”, lo que representa “un grave retroceso en el reconocimiento y acceso a la justicia de las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual y sienta un precedente que da lugar a la impunidad”.
 
Sobre el tipo penal, Remufever y la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, detallaron que este debe valorarse dentro de un contexto, no solo sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sino a la luz de la perspectiva de género, tal y como lo establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis del  15 de abril de 2016. 
 
Critican que el juez dio prevalencia a la presunción de inocencia por encima del principio de igualdad, enfoque previsto en el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas y los Derechos Humanos de las víctimas a nivel internacional.
 
LEGISLACIÓN INTERNACIONAL
 
Recordó Redim que el Estado está obligado a proteger los derechos de niñas y niños víctimas, y que esta justicia no solo se basa en las Leyes nacionales, sino que debe ser ejercida a partir de los instrumentos internacionales ratificados por el Estado como la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
 
Las organizaciones veracruzanas señalaron también que en la decisión del liberar al agresor de Daphne no se consideraron criterios internacionales y nacionales respecto a la violencia sexual. La decisión, dicen, se justificó en una tesis jurisprudencial del año 2006, antes de que se diera “reconocimiento de la violencia hacia las mujeres a partir de Tratados Internacionales vinculantes para México”.
 
EXIGENCIAS
 
Redim, Remufever, la Red Veracruzana por el Derecho a Decidir, el Colectivo Akelarre AC, y el  Inmujeres, exigieron a la Fiscalía veracruzana interponer un recurso de revisión de la decisión del juez Anuar González Hemadi, investigar su capacidad jurídica e independencia, que quedan en duda ante este tipo de sentencias.
 
También, que el Tribunal Colegiado haga un análisis exhaustivo con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva de género del expediente de la adolescente víctima de violencia sexual tumultuaria, que garantice el acceso a la justicia, reparación del daño y sanción a todos los responsables.
 
Y al gobierno de Veracruz que desarrolle inmediatamente acciones concretas de prevención y detección de casos de abuso sexual que han recibido la protección de autoridades y jueces corruptos, así como dar acceso inmediato ​a la justicia, apoyo psicológico y protección a víctima y sus familiares, tomando medidas cautelares que eviten su revictimización o afectaciones a su integridad.
 
Estamos, dice el comunicado de Inmujeres, “en un momento crucial en el que ya no hay marcha atrás para exigir una justicia ágil, imparcial y transparente. Las y los operadores de la procuración y administración de justicia cuentan hoy con normas,  herramientas y mecanismos suficientes, con estándares internacionales que deben aplicar en sus resoluciones, y que en este amparo fueron omitidos flagrantemente”.
 
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REPORTAJE
DERECHOS HUMANOS
   Les asustan derechos de las mujeres
Andanada conservadora contra la Constitución CDMX
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/03/2017 La Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero y considerada el ordenamiento más progresista en el país en materia de Derechos Humanos (DH), corre el peligro de no entrar en vigor en septiembre de 2018, debido a que enfrenta siete recursos de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): cuatro acciones de inconstitucionalidad, tres controversias constitucionales y alrededor de 50 amparos en juzgados federales presentados por integrantes de organizaciones de derecha. 
 
Las impugnaciones, afirman diputadas y diputados constituyentes que participaron en el debate, tratan de evitar que los avances alcanzados en la capital se concreten y propaguen por todo el país. Son parte de una andanada conservadora que no soporta una Constitución libertaria y, para evitar que los derechos contenidos irradien su luz en otras entidades, buscan echar abajo la autonomía de la capital y los derechos de la ciudadanía.   
 
La Carta Magna capitalina asusta –dicen las y los ex constituyentes– porque además de robustecer la participación ciudadana, incluyó los derechos sexuales, los reproductivos, reconoce la diversidad sexual, matrimonios entre personas del mismo sexo y abre la puerta a la legalización de la eutanasia, el uso médico de la mariguana y el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
 
Asimismo, reconoce la igualdad de salario entre mujeres y hombres, la paridad (50-50) en candidaturas; dispone la creación de un Sistema de Cuidados para aligerar las tareas domésticas de las mujeres e incluye el derecho la autodeterminación personal, que implica la maternidad libre y voluntaria.
 
ALEGATOS
 
Ante estos derechos de avanzada, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido Nueva Alianza (Panal) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron acciones de inconstitucionalidad, alegando contradicciones de esta norma con la Constitución federal.
 
La Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia capitalino y el Senado presentaron controversias constitucionales, es decir, por invasión de competencias.
 
En opinión del Comisionado para la Reforma Política de la capital, Porfirio Muñoz Ledo, estas impugnaciones son parte de un plan autoritario porque se quiere parar la evolución democrática de la Ciudad y del país. “No quieren que tengamos ningún derecho adicional”, asegura.
 
Muñoz Ledo sostiene que los opositores al texto dicen que la Asamblea Constituyente debió constreñirse a los aspectos, orgánicos, administrativos y presupuestales. “Es la Constitución que querían, una ley reglamentaria”.
 
Explica que la “impugnación madre” es la de la PGR con 194 artículos impugnados en materias que, según constituyentes, no le corresponden, porque en general se cuestiona el capítulo Carta de Derechos y temas como derechos de las personas con discapacidad y comunidades indígenas.
 
La constituyente por Morena, Patricia Ruiz Anchondo, asegura que la controversia presentada por PGR, encabezada por Raúl Cervantes Andrade (quien también fue constituyente) está fuera de lugar y es una falta de respeto a los ciudadanos.
 
La ex procuradora Social y ex delegada de Gustavo A. Madero dice las impugnaciones se hicieron porque “el contenido de la Constitución es progresista, una visión garantista de Derechos y libertades que la ciudadanía ha conquistado”. El fondo, dice, es que no la quieren porque “se afectan intereses que han estado arraigados en esta ciudadana,  económicos, sociales, políticos”.   
 
La también constituyente por Morena, Clara Brugada, asegura que atrás está  el conservadurismo, “la andana derechista que no soporta que una ciudad pueda tener una Constitución libertaria, de avanzada, en el país… Tienen pavor a la multiplicación que pueda haber en otros estados”.
 
La ex jefa delegacional de Iztapalapa agrega que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre representado en la Asamblea Constituyente, hizo que muchos temas se matizaron en el texto y ahora no quiere que la capital vaya más allá de la Constitución federal ni exprese lo más avanzado del país. 
 
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y Morena llaman a la ciudadanía a la defensa de la Constitución, cuando en realidad las controversias no son públicas y el proceso de redacción del texto fue opaco.
 
COLECTIVOS FEMINISTAS, A LA DEFENSA
 
La feminista, activista, militante de izquierda e integrante de Las Constituyentes, Yndira Sandoval Sánchez, dice que no legitiman toda la Constitución pero la reconocen como un instrumento que desafía las leyes federales y amenaza a la ultraderecha, ahora reagrupada y fortalecida. 
 
Recuerda que siempre que hay debates políticos los derechos de las mujeres son moneda de cambio y por ello criticó que la PGR y la CNDH politicen los temas, como en 2007 cuando presentaron recursos ante la SCJN en contra de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la capital.
 
La activista llamó a los actores involucrados a ser responsables políticamente para salvaguardar los derechos recogidos en este ordenamiento y que son un precedente para todo el país. Adelantó que en como colectivos ciudadanos también planean enviar un amicus curiae (documento con argumentos jurídico) a la SCJN. 
 
El reto, ahora es saber quién defenderá jurídicamente la Constitución, porque la Asamblea Constituyente, redactora del texto, fue disuelta una vez publicado el texto. Por tanto, podría ser la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la que se presente como interesada, aunque no haya elaborado la norma. 
 
Porfirio Muñoz Ledo y el senador y ex presidente de Mesa Directiva de la Constituyente, Alejandro Encinas, entre otros, afirman que quienes hicieron la Carta Magna deben presentar su defensa ante la Suprema Corte.   
 
El ministro Javier Laynez Potisek es el encargado de elaborar los proyectos para que la SCJN debata y decida sobre los recursos presentados en contra de la Constitución de la capital del país.
 
17/AGM/GG







OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   Los imaginarios de la libertad
10 años de Sociedades de Convivencia
Imagen de Antonio Medina
Por: Antonio Medina Trejo*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/03/2017 La primera década de este siglo será recordada como la época en que la lucha de los colectivos homosexuales por su visibilización trascendió el clóset y se instaló en la ruta de los derechos civiles. La discusión, la exhibición de los prejuicios y de la homofobia asesina y los cambios legales que se han sucedido en cascada marcan un parteaguas simbólico. El imaginario en torno a la homosexualidad se ha transformado en todo el mundo occidental.
 
Esta ola civilizatoria ha tenido una participación mexicana notable. Con orgullo podemos decir que la Ciudad de México ha sido vanguardia latinoamericana en este movimiento de liberación que ha transformado mentalidades y ha logrado, por fin, una aceptación sin precedentes de la libertad personalísima de amar, sin distingos de sexo o de género. 
 
En esa lucha por un derecho humano básico, la ley de Sociedades de Convivencia aportó un pequeño gran paso. Los marginales estuvieron al centro, como diría Carlos Monsiváis, protagonizando la ardua batalla por ser iguales ante la ley. Sin la discusión pública que acompañó el proyecto a lo largo del primer lustro del siglo no serían imaginables los cauces de libertad —siempre imperfecta, siempre perfectible— de los que ahora gozamos en la Ciudad de México, que ha inspirado a otros estados del país a homologar leyes, códigos y políticas públicas que integran la perspectiva de diversidad sexual, como las de la capital del país.
 
El 16 de marzo de 2007, hace una década, se conjuraron los fantasmas del oscurantismo y la homofobia, y se selló con un beso entre personas del mismo sexo el inicio de una nueva era. Llegar a ese día no fue sencillo, hubo que vencer resistencias de curas y sacristanes, de derechas y también de izquierdas, entre conveniencias políticas y manipulaciones mediáticas.
 
El sexo fue política y, rubores aparte, se exhibió bajo la lupa y a plena luz del día, normalizándolo como nunca antes en nuestra maltrecha república. El camino no estuvo exento de derrotas, como los traspiés que tuvo que pasar la ley en 2001 y 2003, por el miedo legislativo a la condena de la Iglesia Católica y también por la franca oposición del entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Eran tiempos difíciles, según la encuesta de Parametría 76 por ciento de la población se oponía a la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo.
 
En un nuevo entorno político, la aprobación se logró, finalmente, en 2006, arropada por el PRD y respaldada por años de activismo ciudadano y de cabildeo de los desaparecidos partidos Democracia Social y Alternativa Socialdemócrata y Campesina. La ley de Sociedades de Convivencia fue un esfuerzo desde la izquierda, un triunfo colectivo y un símbolo de trabajo común alrededor de un principio básico. La marejada tras la promulgación de la ley jugó a favor de la percepción ciudadana: para 2009, en vísperas de la aprobación del matrimonio civil igualitario entre personas del mismo sexo, la oposición se había derrumbado a 55 por ciento, también de acuerdo con Parametría.
 
De ninguna manera se ha vencido al oscurantismo, agazapado detrás de la derecha e, incluso, de ciertos sectores de izquierda. El matrimonio entre personas del mismo sexo es todavía un anhelo en más de veinte estados del país, ilegalidad condenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero solapada por la Cámara de Diputados, cuya mayoría priista y panista ha optado por bloquear la propuesta presidencial que garantiza el matrimonio civil igualitario en toda la nación. Gracias a los años de lucha, esa cerrazón es cada vez más evidente, hipócrita y ridícula.
 
De ese 16 de marzo de hace diez años recuerdo, en medio de mi nerviosismo por el significativo evento que estaba protagonizando en la explanada de la delegación Iztapalapa, las palabras de Sabina Berman: “cinco días antes del inicio oficial de la primavera, ustedes dos se darán un beso. Y 30 siglos de intolerancia se desplomarán a sus pies.” Y Jorge y yo nos besamos.
 
*Activista, académico, periodista independiente y actual secretario nacional de Diversidad Sexual del PRD. @antoniomedina41
 
17/AMT/GG 







NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Senado y Ejecutivo los impugnaron
Lineamientos del IFT suspendidos promueven igualdad de género: Estavillo
Comisionada del Instituto Federal de Telecomunicación (IFT), María Elena Estavillo Flores. Imagen retomada del Twitter del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/03/2017 La comisionada del Instituto Federal de Telecomunicación (IFT), María Elena Estavillo Flores afirmó que los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias –impugnados por el Senado y el Ejecutivo federal– detallan la responsabilidad de los concesionarios de radio y televisión en materia de contendidos con perspectiva de género.
 
El 21 de diciembre del año pasado el IFT publicó Lineamientos Generales, una serie de criterios básicos para asegurar el cumplimiento de los derechos de información de expresión y de recepción de contenidos como lo marca la Constitución mexicana; sin embargo el 31 de enero el Ejecutivo federal y el Senado, por separado, los impugnaron.
 
Ambos actores interpusieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando que el órgano regulador de las telecomunicaciones no tenía facultades en materia de derechos de las audiencias. Ante ello, en febrero pasado el pleno del IFT decidió en votación dividida suspender la entrada en vigor de esta serie de criterios hasta que haya una resolución al respecto.
 
Sobre este proceso, la comisionada Estavillo Flores –quien votó en contra de suspender los Lineamientos que se aplicarían a partir del 16 de febrero– dijo en entrevista que esta regulación tiene el propósito de generar esquemas a favor de las audiencias, por ejemplo, señalar que los concesionarios, en sus Códigos de Ética, tiene que informar cómo van a dar cumplimiento a la perspectiva de género.
 
Estos Lineamientos detallan temas que se enuncian en la Constitución federal y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como la responsabilidad de los concesionarios de crear la figura del Defensor de sus audiencias y tener un Código de Ética así como la obligación del IFT de realizar acciones de alfabetización mediática.
 
ALCANCE DE LINEAMIENTOS
 
Al respecto la comisionada explicó que uno de los derechos de las audacias es recibir contenidos con igualdad de género y para ello se propuso un mecanismo que no es intrusivo en la independencia editorial sino que genera la participación e interacción de los medios y las audiencias a través del Defensor o Defensoría.
 
La idea es, dice Estavillo Flores, que en caso de que una persona perciba un mensaje o una imagen que considera discriminatoria desde el punto de vista de género, pueda seguir el camino marcado en las normas y acuda al Defensor para que éste a su vez analice la queja y emita una recomendación al medio de comunicación.  
 
Por ejemplo, en el tema de los derechos de la infancia y adolescencia, los Lineamientos establecen en su Artículo 8 la prohibición de que los contenidos muestren conductas que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma de discriminación; o que se presenten, promuevan o inciten conductas de acoso e intimidación escolar que puedan generar abuso sexual o de cualquier tipo, lesiones o robo, entre otras.
 
Sin embargo, en el marco de la libertad de expresión, estos criterios generales que están suspendidos promueven el respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la igualdad de género en la programación, por lo que la comisionada dijo que se está a la espera de que la Suprema Corte señale si el IFT invadió la competencia del Ejecutivo federal y del Senado.
 
Las controversias están en manos del ministro Alberto Pérez Dayán, quien elabora un proyecto de resolución.
 
Cabe decir que el documento elaborado por el órgano regulador precisa que no se invade la esfera de competencias de las demás autoridades competentes y no perjudica las facultades de la Secretaría de Gobernación, dependencia que por ley debería vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia de género y se fortalezca la igualdad.
 
17/AGM/GG







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