REPORTAJE
DERECHOS HUMANOS
   Les asustan derechos de las mujeres
Andanada conservadora contra la Constitución CDMX
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/03/2017 La Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero y considerada el ordenamiento más progresista en el país en materia de Derechos Humanos (DH), corre el peligro de no entrar en vigor en septiembre de 2018, debido a que enfrenta siete recursos de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): cuatro acciones de inconstitucionalidad, tres controversias constitucionales y alrededor de 50 amparos en juzgados federales presentados por integrantes de organizaciones de derecha. 
 
Las impugnaciones, afirman diputadas y diputados constituyentes que participaron en el debate, tratan de evitar que los avances alcanzados en la capital se concreten y propaguen por todo el país. Son parte de una andanada conservadora que no soporta una Constitución libertaria y, para evitar que los derechos contenidos irradien su luz en otras entidades, buscan echar abajo la autonomía de la capital y los derechos de la ciudadanía.   
 
La Carta Magna capitalina asusta –dicen las y los ex constituyentes– porque además de robustecer la participación ciudadana, incluyó los derechos sexuales, los reproductivos, reconoce la diversidad sexual, matrimonios entre personas del mismo sexo y abre la puerta a la legalización de la eutanasia, el uso médico de la mariguana y el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
 
Asimismo, reconoce la igualdad de salario entre mujeres y hombres, la paridad (50-50) en candidaturas; dispone la creación de un Sistema de Cuidados para aligerar las tareas domésticas de las mujeres e incluye el derecho la autodeterminación personal, que implica la maternidad libre y voluntaria.
 
ALEGATOS
 
Ante estos derechos de avanzada, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido Nueva Alianza (Panal) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron acciones de inconstitucionalidad, alegando contradicciones de esta norma con la Constitución federal.
 
La Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia capitalino y el Senado presentaron controversias constitucionales, es decir, por invasión de competencias.
 
En opinión del Comisionado para la Reforma Política de la capital, Porfirio Muñoz Ledo, estas impugnaciones son parte de un plan autoritario porque se quiere parar la evolución democrática de la Ciudad y del país. “No quieren que tengamos ningún derecho adicional”, asegura.
 
Muñoz Ledo sostiene que los opositores al texto dicen que la Asamblea Constituyente debió constreñirse a los aspectos, orgánicos, administrativos y presupuestales. “Es la Constitución que querían, una ley reglamentaria”.
 
Explica que la “impugnación madre” es la de la PGR con 194 artículos impugnados en materias que, según constituyentes, no le corresponden, porque en general se cuestiona el capítulo Carta de Derechos y temas como derechos de las personas con discapacidad y comunidades indígenas.
 
La constituyente por Morena, Patricia Ruiz Anchondo, asegura que la controversia presentada por PGR, encabezada por Raúl Cervantes Andrade (quien también fue constituyente) está fuera de lugar y es una falta de respeto a los ciudadanos.
 
La ex procuradora Social y ex delegada de Gustavo A. Madero dice las impugnaciones se hicieron porque “el contenido de la Constitución es progresista, una visión garantista de Derechos y libertades que la ciudadanía ha conquistado”. El fondo, dice, es que no la quieren porque “se afectan intereses que han estado arraigados en esta ciudadana,  económicos, sociales, políticos”.   
 
La también constituyente por Morena, Clara Brugada, asegura que atrás está  el conservadurismo, “la andana derechista que no soporta que una ciudad pueda tener una Constitución libertaria, de avanzada, en el país… Tienen pavor a la multiplicación que pueda haber en otros estados”.
 
La ex jefa delegacional de Iztapalapa agrega que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre representado en la Asamblea Constituyente, hizo que muchos temas se matizaron en el texto y ahora no quiere que la capital vaya más allá de la Constitución federal ni exprese lo más avanzado del país. 
 
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y Morena llaman a la ciudadanía a la defensa de la Constitución, cuando en realidad las controversias no son públicas y el proceso de redacción del texto fue opaco.
 
COLECTIVOS FEMINISTAS, A LA DEFENSA
 
La feminista, activista, militante de izquierda e integrante de Las Constituyentes, Yndira Sandoval Sánchez, dice que no legitiman toda la Constitución pero la reconocen como un instrumento que desafía las leyes federales y amenaza a la ultraderecha, ahora reagrupada y fortalecida. 
 
Recuerda que siempre que hay debates políticos los derechos de las mujeres son moneda de cambio y por ello criticó que la PGR y la CNDH politicen los temas, como en 2007 cuando presentaron recursos ante la SCJN en contra de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la capital.
 
La activista llamó a los actores involucrados a ser responsables políticamente para salvaguardar los derechos recogidos en este ordenamiento y que son un precedente para todo el país. Adelantó que en como colectivos ciudadanos también planean enviar un amicus curiae (documento con argumentos jurídico) a la SCJN. 
 
El reto, ahora es saber quién defenderá jurídicamente la Constitución, porque la Asamblea Constituyente, redactora del texto, fue disuelta una vez publicado el texto. Por tanto, podría ser la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la que se presente como interesada, aunque no haya elaborado la norma. 
 
Porfirio Muñoz Ledo y el senador y ex presidente de Mesa Directiva de la Constituyente, Alejandro Encinas, entre otros, afirman que quienes hicieron la Carta Magna deben presentar su defensa ante la Suprema Corte.   
 
El ministro Javier Laynez Potisek es el encargado de elaborar los proyectos para que la SCJN debata y decida sobre los recursos presentados en contra de la Constitución de la capital del país.
 
17/AGM/GG







OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   Los imaginarios de la libertad
10 años de Sociedades de Convivencia
Imagen de Antonio Medina
Por: Antonio Medina Trejo*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/03/2017 La primera década de este siglo será recordada como la época en que la lucha de los colectivos homosexuales por su visibilización trascendió el clóset y se instaló en la ruta de los derechos civiles. La discusión, la exhibición de los prejuicios y de la homofobia asesina y los cambios legales que se han sucedido en cascada marcan un parteaguas simbólico. El imaginario en torno a la homosexualidad se ha transformado en todo el mundo occidental.
 
Esta ola civilizatoria ha tenido una participación mexicana notable. Con orgullo podemos decir que la Ciudad de México ha sido vanguardia latinoamericana en este movimiento de liberación que ha transformado mentalidades y ha logrado, por fin, una aceptación sin precedentes de la libertad personalísima de amar, sin distingos de sexo o de género. 
 
En esa lucha por un derecho humano básico, la ley de Sociedades de Convivencia aportó un pequeño gran paso. Los marginales estuvieron al centro, como diría Carlos Monsiváis, protagonizando la ardua batalla por ser iguales ante la ley. Sin la discusión pública que acompañó el proyecto a lo largo del primer lustro del siglo no serían imaginables los cauces de libertad —siempre imperfecta, siempre perfectible— de los que ahora gozamos en la Ciudad de México, que ha inspirado a otros estados del país a homologar leyes, códigos y políticas públicas que integran la perspectiva de diversidad sexual, como las de la capital del país.
 
El 16 de marzo de 2007, hace una década, se conjuraron los fantasmas del oscurantismo y la homofobia, y se selló con un beso entre personas del mismo sexo el inicio de una nueva era. Llegar a ese día no fue sencillo, hubo que vencer resistencias de curas y sacristanes, de derechas y también de izquierdas, entre conveniencias políticas y manipulaciones mediáticas.
 
El sexo fue política y, rubores aparte, se exhibió bajo la lupa y a plena luz del día, normalizándolo como nunca antes en nuestra maltrecha república. El camino no estuvo exento de derrotas, como los traspiés que tuvo que pasar la ley en 2001 y 2003, por el miedo legislativo a la condena de la Iglesia Católica y también por la franca oposición del entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Eran tiempos difíciles, según la encuesta de Parametría 76 por ciento de la población se oponía a la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo.
 
En un nuevo entorno político, la aprobación se logró, finalmente, en 2006, arropada por el PRD y respaldada por años de activismo ciudadano y de cabildeo de los desaparecidos partidos Democracia Social y Alternativa Socialdemócrata y Campesina. La ley de Sociedades de Convivencia fue un esfuerzo desde la izquierda, un triunfo colectivo y un símbolo de trabajo común alrededor de un principio básico. La marejada tras la promulgación de la ley jugó a favor de la percepción ciudadana: para 2009, en vísperas de la aprobación del matrimonio civil igualitario entre personas del mismo sexo, la oposición se había derrumbado a 55 por ciento, también de acuerdo con Parametría.
 
De ninguna manera se ha vencido al oscurantismo, agazapado detrás de la derecha e, incluso, de ciertos sectores de izquierda. El matrimonio entre personas del mismo sexo es todavía un anhelo en más de veinte estados del país, ilegalidad condenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero solapada por la Cámara de Diputados, cuya mayoría priista y panista ha optado por bloquear la propuesta presidencial que garantiza el matrimonio civil igualitario en toda la nación. Gracias a los años de lucha, esa cerrazón es cada vez más evidente, hipócrita y ridícula.
 
De ese 16 de marzo de hace diez años recuerdo, en medio de mi nerviosismo por el significativo evento que estaba protagonizando en la explanada de la delegación Iztapalapa, las palabras de Sabina Berman: “cinco días antes del inicio oficial de la primavera, ustedes dos se darán un beso. Y 30 siglos de intolerancia se desplomarán a sus pies.” Y Jorge y yo nos besamos.
 
*Activista, académico, periodista independiente y actual secretario nacional de Diversidad Sexual del PRD. @antoniomedina41
 
17/AMT/GG 







NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Senado y Ejecutivo los impugnaron
Lineamientos del IFT suspendidos promueven igualdad de género: Estavillo
Comisionada del Instituto Federal de Telecomunicación (IFT), María Elena Estavillo Flores. Imagen retomada del Twitter del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/03/2017 La comisionada del Instituto Federal de Telecomunicación (IFT), María Elena Estavillo Flores afirmó que los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias –impugnados por el Senado y el Ejecutivo federal– detallan la responsabilidad de los concesionarios de radio y televisión en materia de contendidos con perspectiva de género.
 
El 21 de diciembre del año pasado el IFT publicó Lineamientos Generales, una serie de criterios básicos para asegurar el cumplimiento de los derechos de información de expresión y de recepción de contenidos como lo marca la Constitución mexicana; sin embargo el 31 de enero el Ejecutivo federal y el Senado, por separado, los impugnaron.
 
Ambos actores interpusieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando que el órgano regulador de las telecomunicaciones no tenía facultades en materia de derechos de las audiencias. Ante ello, en febrero pasado el pleno del IFT decidió en votación dividida suspender la entrada en vigor de esta serie de criterios hasta que haya una resolución al respecto.
 
Sobre este proceso, la comisionada Estavillo Flores –quien votó en contra de suspender los Lineamientos que se aplicarían a partir del 16 de febrero– dijo en entrevista que esta regulación tiene el propósito de generar esquemas a favor de las audiencias, por ejemplo, señalar que los concesionarios, en sus Códigos de Ética, tiene que informar cómo van a dar cumplimiento a la perspectiva de género.
 
Estos Lineamientos detallan temas que se enuncian en la Constitución federal y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, como la responsabilidad de los concesionarios de crear la figura del Defensor de sus audiencias y tener un Código de Ética así como la obligación del IFT de realizar acciones de alfabetización mediática.
 
ALCANCE DE LINEAMIENTOS
 
Al respecto la comisionada explicó que uno de los derechos de las audacias es recibir contenidos con igualdad de género y para ello se propuso un mecanismo que no es intrusivo en la independencia editorial sino que genera la participación e interacción de los medios y las audiencias a través del Defensor o Defensoría.
 
La idea es, dice Estavillo Flores, que en caso de que una persona perciba un mensaje o una imagen que considera discriminatoria desde el punto de vista de género, pueda seguir el camino marcado en las normas y acuda al Defensor para que éste a su vez analice la queja y emita una recomendación al medio de comunicación.  
 
Por ejemplo, en el tema de los derechos de la infancia y adolescencia, los Lineamientos establecen en su Artículo 8 la prohibición de que los contenidos muestren conductas que promuevan la desigualdad entre hombres y mujeres o cualquier otra forma de discriminación; o que se presenten, promuevan o inciten conductas de acoso e intimidación escolar que puedan generar abuso sexual o de cualquier tipo, lesiones o robo, entre otras.
 
Sin embargo, en el marco de la libertad de expresión, estos criterios generales que están suspendidos promueven el respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez y la igualdad de género en la programación, por lo que la comisionada dijo que se está a la espera de que la Suprema Corte señale si el IFT invadió la competencia del Ejecutivo federal y del Senado.
 
Las controversias están en manos del ministro Alberto Pérez Dayán, quien elabora un proyecto de resolución.
 
Cabe decir que el documento elaborado por el órgano regulador precisa que no se invade la esfera de competencias de las demás autoridades competentes y no perjudica las facultades de la Secretaría de Gobernación, dependencia que por ley debería vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia de género y se fortalezca la igualdad.
 
17/AGM/GG







NACIONAL
VIOLENCIA
   PGJEM lo había absuelto
Apelación logró condenar a Gabriel Reyes, quien violó e intentó matar a Xochitl
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/03/2017 Tras el juicio de apelación presentado por la defensoría de Xochitl, se logró revocar la sentencia de libertad que había otorgado la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) a Gabriel Gamaliel Reyes Balderas, quien violó e intentó asesinar a la joven.
 
La Sala Colegiada Penal de Toluca reconoció que no se hizo una adecuada investigación ni se valoraron las evidencias a través de la perspectiva de género, como lo ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los casos de violencia hacia las mujeres.
 
Por tanto, la Sala ordenó al Ministerio Público de Ixtlahuaca girar una orden de aprehensión en contra del potencial feminicida y violador, y lo condenó a 15 años de prisión, con lo cual dejó sin efecto la decisión de la jueza, María Ledit Becerril García, de absolver al delincuente, explicó a Cimacnoticias la abogada del Gadh, Yesmerai Betanzos.   

El juicio de amparo fue presentado el miércoles pasado por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh), con el fin de revocar la liberación de Reyes Balderas.
 
LAS IRREGULARIDADES  
 
El 27 de mayo de 2015, Gabriel Gamaliel Reyes Balderas amenazó con una pistola a Xochitl, quien salía de su escuela en el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México (Edomex), la obligó a subir a una camioneta donde la violó, le dejó dos costillas rotas, lesiones en el cuello por intento de ahorcamiento, múltiples golpes en la cara y amenazó con asesinarla.
 
En un descuido del agresor, ella logró escapar, lo denunció y lo encarcelaron en junio del año pasado, pero el 5 de enero fue absuelto de la acusación al considerar que no existían “pruebas suficientes y pertinentes” para su sentencia.
 
El proceso estuvo lleno de irregularidades y negligencias: Xochitl nunca fue informada del debido proceso por parte de sus abogadas de oficio, nunca recibió los citatorios para acudir al Ministerio Público (MP) de Ixtlahuaca y continuar la demanda, además fueron desechadas como evidencias la camioneta y el semen del agresor, y dudaron de la declaración de la víctima, a pesar de que ella lo reconoció físicamente.
 
REPARACIÓN DE DAÑOS Y SEGURIDAD
 
La Sala Colegiada Penal de Toluca también ordenó la reparación de daños a la víctima, por lo que el delincuente deberá pagar indemnización por daño moral y material a Xóchitl “para que pueda tener una debida atención psicológica”. De la misma forma, está condenado a una multa para la administración de la justicia, informó Betanzos.
 
Por el momento se ordenó a la policía ministerial de Ixtlahuaca que se dediquen a localizar a Gabriel Reyes, quien se encuentra prófugo, por lo que Xochitl mantendrá las medidas de seguridad otorgadas por la PGJEM por el peligro inminente que enfrenta.
 
Asimismo el agresor podría ser investigado por otros ataques contra mujeres del Edomex, pues durante la agresión a Xochitl hizo hincapié en que no era su primera víctima. “No es un hecho aislado, esta persona probablemente ya haya perpetrado otro tipo de ataques a mujeres”, agregó la abogada.
 
Entre las resoluciones pendientes que considerará la defensoría, en conjunto con la víctima, está levantar cargos en contra de la jueza, María Ledit Becerril y de las autoridades del MP de Ixtlahuaca, quienes omitieron juzgar con debida diligencia.
 
La abogada Yesmerai Betanzos considera que la resolución es un avance importante y significativo para la justicia de las mujeres en el Edomex, una de las entidades más violentas para ellas. “Que se haya reconocido un error por parte de una jueza y que se dicte una sentencia condenatoria es dar un paso para que las víctimas puedan estar tranquilas y saber que se puede hacer un buen trabajo con el poder judicial”, afirma.
 
17/RED/RED







NACIONAL
VIOLENCIA
   Determinó la SCJN
Declaración de víctimas de hostigamiento sexual sí tiene valor probatorio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/03/2017 La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció cinco criterios para que los jueces valoren los testimonios de víctimas de hostigamiento sexual, delito que no necesariamente incluye  contacto físico entre la víctima y que pocas veces deja pruebas para acreditarlo.
 
En estos casos, el testimonio de la víctima tiene valor probatorio y el derecho de protección judicial tiene implicaciones especiales, concluyeron la ministra Norma Lucía Piña Hernández y los ministros José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
 
Los ministros llegaron a esta conclusión al resolver este miércoles el amparo directo en revisión 3186/2016 donde confirmaron la sentencia de un quejoso que fue declarado penalmente responsable de hostigamiento sexual, delito previsto y sancionado en el Artículo 259 bis, primer párrafo del Código Penal Federal.
 
Este caso es el de una servidora pública víctima del constante acoso sexual de su superior jerárquico, quien hizo constantes insinuaciones y comentarios sobre su apariencia e invitaciones. La mujer denunció y el agresor fue destituido de su cargo, se le suspendieron sus derechos políticos, recibió una amonestación y se le condenó a la reparación del daño.
 
La Primera Sala determinó que este tipo de actos de hostigamiento atentan de manera especial contra la libertad, dignidad e integridad física y psicológica de las mujeres y constituyen una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre las mujeres, al denigrarlas y concebirlas como objetos.
 
Con base en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Primera Sala determinó que las mujeres víctimas de violencia, en especial de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan acceder a la justicia, incluyendo algunas relacionadas con la acreditación del delito y la responsabilidad penal del imputado.
 
Es por ello que la y los ministros decidieron establecer reglas para que los jueces valoren, con perspectiva de género, los testimonios de las víctimas de delitos que involucren actos de violencia sexual contra las mujeres.
 
Este modelo se basó principalmente en las dos sentencias que en 2010 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por su responsabilidad en los casos de violación sexual de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas en 2002 por militares en el estado de Guerrero.
 
Las reglas propuestas incluyen los siguientes elementos:
 
a) Considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que en general se produce en ausencia de otras personas, por lo que se requieren medios de prueba distintos a los tradicionales  --como pruebas gráficas y documentales- por lo que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Y tomar en cuenta que usualmente, por la naturaleza de esos delitos, la víctima no suele denunciarlos por el estigma que implica.
 
b) Dada la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual, puede ser usual que el recuento de los hechos presente algunas inconsistencias o variaciones cuando se hace, lo que no debe restar valor probatorio a la declaración de la víctima.
 
c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros.
 
d) Se debe analizar la declaración de la víctima, que es la prueba fundamental, en conjunto con otros medios de convicción como dictámenes médicos, testimonios, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones.
 
e) Las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones se utilizarán siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes con los hechos.
 
Este modelo probatorio permitiría el respeto al derecho de todas las mujeres a una vida libre de violencia.
 
 
17/AGM/GG
 







QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Las víctimas y la conciliación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 28/02/2017 Aunque no lo enuncia, es claro que cuando la Ley General de Víctimas habla del derecho de las víctimas a optar por la solución de conflictos mediante la justicia alternativa, no está incluida la violencia familiar y mucho menos de tipo sexual.

Sin embargo, hará falta que esto y las medidas de atención a víctimas de violencia sexual, señaladas en la NOM 046, queden   explícitas en el Reglamento de la LGV.
 
En la Ley General de Víctimas, el Artículo 17 refiere esta situación en particular, concretamente en un par de párrafos que define los mecanismos y procedimientos que habrán de seguirse para garantizar que no se utilicen argumentos, desde la retórica de violencia contra las mujeres, para justificar que se envíe a las víctimas a mediación y conciliación.
 
El Artículo 17 señala:

“Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la reconciliación de las partes y las medidas de no repetición.
 
“No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos, que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión. El Ministerio Público y las procuradurías de las entidades federativas llevarán un registro y una auditoría sobre los casos en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las instancias de protección a la mujer, a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha decisión. Se sancionará a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva”.
 
El Artículo 17 establece 3 líneas importantes en las que se tendrá que hacer incidencia, pero también establecer claramente quién o cómo se responderá para garantizar el cumplimiento y que efectivamente se acredite las condiciones de que una víctima de algún delito (que no sea familiar, ni sexual en el ámbito familiar) sea sometida a la conciliación. Aunque, personalmente, considero que ninguna víctima de violencia sexual, ni comunitaria, de acoso u hostigamiento sexual tendría que ser sometida a esta vía de solución que solo la revictimiza.
 
¿QUÉ SON MEDIOS IDÓNEOS?
 
Aquí lo importante para todas las organizaciones y defensoras será definir qué y cómo se establece qué son los “medios idóneos”, y cómo se determinará y quién decidirá que la víctima está en condiciones de tomar esa decisión (insisto en aquellos casos en los que la ley sí lo permite, excluyendo violencia familiar).
 
Por otro lado, se establece una responsabilidad que las Fiscalías tendrán que aclarar: quién llevará el proceso y quién verificará su transparencia en el sentido del registro y la auditoría, sobre los casos en los que la víctima optó por este mecanismo. Sobre todo porque en muchos estados son los propios Centros de Justicia y las propias Fiscalías de Delitos Sexuales las que están enviando a las víctimas a mecanismos de solución de conflictos, sin considerar si están en condiciones o si esto las puede revictimizar. 
 
También establece la responsabilidad de las instancias de protección a las mujeres. Y aquí habrá que especificar concretamente (para que nadie evada), a quiénes se refiere y el alcance de sus compromisos para comprobar que efectivamente la víctima tuvo la asesoría requerida para tomar la decisión adecuada; que no lo hizo bajo un estado de presión o de asimetría emocional y que esto no  la condujo a dar “el perdón del ofendido”, sustentada en  construcciones sociales que discriminan a la mujer.
 
Al hablar de sanción, la propia Ley General de Víctimas retoma el principio que se ha promovido en México desde la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el caso de feminicidio de Mariana Lima, al recomendar sanciones a servidores que obstaculicen el acceso a la justicia. Y retoma las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi), en su informe Hemisférico, de sancionar a los funcionarios públicos que violen los derechos humanos de las mujeres.
 
La Ley General de Víctimas habla de sancionar a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén conscientes de las consecuencias que conlleva.  Esto habla justamente de lo que está  ocurriendo en algunas instancias, en donde sin tomar en cuenta la opinión, situación y condición de la víctima, literalmente son obligadas a enfrentarse a su victimario, sin tener a su lado a ningún abogado victimal o acompañante.
 
Habrá que establecer un mecanismo que garantice y establezca punto por punto cómo se sancionará y ante qué instancias, cómo y dónde podrán empezar a promover las quejas por estos hechos que ocurren cotidianamente y especialmente en los contextos de violencia familiar, como lo he reiterado, ya que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales señala que no se admite la conciliación en el Artículo 187, fracción III.
 
Algo tan importante se enuncia en la LGV, pero debe dotársele de manos y pies para que camine a favor de las víctimas.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG
 







NACIONAL
INFANCIA
   Exhorto aberrante, dice Martha Tagle
Legislar sobre alienación parental, pide Senado a congresos
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/02/2017 El Senado exhortó a los Congresos estatales a legislar en materia de “Alienación Parental”,  pese a que es una figura jurídica controversial, criticada por organismos civiles en defensa de la infancia e incluso por legisladoras y legisladores, ya que fomenta la idea de que en los casos de violencia familiar o divorcio las mujeres manipulan y las niñas y niños mienten.
 
A propuesta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano, este jueves el Senado llamó a las Legislaturas locales a incorporar este concepto en sus Códigos Civiles o Familiares a fin de proteger el interés superior de la infancia.
 
En el dictamen se señala que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) –que tiene sus orígenes en una teoría psiquiátrica– surge casi exclusivamente en batallas por la custodia de las y los niños, quienes exhiben conductas desafiantes ante uno de los padres, actitudes que son apoyadas por el otro progenitor.
 
“Los padres que recurren a alienar a sus hijos del otro, exacerban las actitudes de triangulación y los conflictos de lealtad que ya existen en el niño o niña, violentando de esta manera su desarrollo psicológico y su proceso de duelo, así como violentando al progenitor alienado”, dice el documento.
                                    
En la argumentación del Senado también se indica que el SAP perpetúa la desigualdad de género porque resta importancia de ambos padres en la formación.
 
De acuerdo con la Comisión de Familia y Desarrollo Humano actualmente 16 entidades federativas ya cuentan con la figura legal de la Alienación Parental por lo que el resto de los estados debe integrarla a su legislación.
 
Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Ciudad de México reconocen este término.
 
EXHORTO ABERRANTE: TAGLE
 
Al respecto la senadora independiente, Martha Tagle Martínez, argumentó en contra de este exhorto al señalar que no tenía fundamento legal y era una aberración porque se utiliza para complicar los divorcios y señalar que las niñas y niños no pueden definir con cuál de sus padres quieren estar.
 
En el caso de la capital del país, el 15 de diciembre de 2013 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó reformar el Artículo 323 séptimus del Código Civil capitalino para legalizar el término “alienación parental”, reforma promulgada el 9 de mayo de 2014.
 
Sin embargo, la sociedad civil alertó del significado estereotipado que promueve la idea de que en los casos de violencia familiar y divorcio las mujeres manipulan a sus hijas e hijos para que estén en contra de sus padres y los acusen de ejercer violencia.
 
En su momento agrupaciones como Ririki señalaron que esta figura también se podría usar para desvalorizar los testimonios de niñas y niños que son víctimas de abuso sexual o violencia familiar por parte de uno de sus padres.
 
Sobre este tema la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) también criticó que se pretendiera solucionar el problema de violencia familiar con esta reforma que no fue redactado atendiendo al principio del interés superior de la infancia.
 
Ante ello el 9 de junio de 2014 la CDHDF presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad (19/2014) al considerar que el artículo es violatorio de los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, resolución que aún está pendiente.
 
17/AGM/GGQ







ESTADOS
   En guarda y custodia, y violencia familiar
Piden a Fiscalía y Tribunal de Aguascalientes aplicar la ley con perspectiva de género
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/02/2017 La Fiscalía y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes recibieron un exhorto para aplicar la ley con perspectiva de género y respeto a los Derechos Humanos, en casos guarda y custodia de menores de edad y violencia familiar equiparada, con el fin de transformar y mejorar la calidad de vida de las mujeres.
 
En un comunicado, el Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado de Aguascalientes y la Clínica Jurídica Especializada en Derechos Humanos y Perspectiva de Género señalan la urgencia de que las dos instancias judiciales pongan atención para aplicación de la ley, con base en los tratados internacionales firmados por México y a la legislación nacional, entre ellos la Convención de Belém do Pará.   
 
A menos de 30 días de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y en su primer comunicado del año, llaman también a la sociedad civil del estado y a sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial a realizar un compromiso urgente para atender el rezago que viene arrastrando la entidad en la erradicación de todo tipo de violencia hacia las mujeres. 
 
No queremos, dicen las organizaciones, que se dé otra conmemoración como ha sucedido en años anteriores y que “ha servido para que funcionarias y funcionarios se tomen la foto con algún tipo de actividad recreativa, cultural o informativa”, sin atender “uno de los más graves problemas que siguen aquejando la vida cotidiana de miles de mujeres: la violencia en todas sus dimensiones”.
 
GUARDA Y CUSTODIA
 
El Observatorio y la Clínica Jurídica señalan que en el Sistema de Justicia Estatal, pese a que está reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el divorcio incausado, hay aún omisiones cuando se emiten las medidas provisionales relacionadas con la guarda y custodia de menores de edad, la obligación de alimentos y la separación de los bienes.
 
Estas medidas, explican, deberían de dictarse desde la presentación de la demanda y resolverse de manera previa al dictado de la sentencia, porque, como sucede ahora, se afecta y revictimiza  a las niñas, niños y adolescentes, así como en algunos casos, a las mujeres.
 
Además, señalan, no hay mecanismos efectivos para dirimir controversias relacionadas principalmente con la guarda y custodia de los menores, pues aunque están contemplados en el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles del estado, suelen demorar meses. Y esto se agrava, explican, durante períodos vacacionales, ya que no existen guardias en los juzgados familiares que atiendan este tipo de situaciones con la celeridad requerida, lo que permite que niñas, niños y adolescentes se conviertan en botines de guerra, violentando también, en muchos casos, a las mujeres.
 
Solicitan, por ello, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, maestro Juan Manuel Ponce Sánchez, “unificar criterios en las clínicas procesales de los Juzgados Familiares para que sean aplicados éstos con perspectiva de género y acorde a prácticas procesales en materia de Derechos Humanos y que nuestro país ha signado”.
 
VIOLENCIA FAMILIAR EQUIPARADA
 
El Observatorio de Violencia Social y de Género del Estado de Aguascalientes y la Clínica Jurídica Especializada en Derechos Humanos y Perspectiva de Género recuerdan también que queda aún pendiente legislar en materia de violencia familiar equiparada, ya que diversos tipos de violencia -como amenazas, chantaje, ofensa, menosprecio público,  ridiculización y humillación- aún no han sido tipificados adecuadamente en el marco normativo estatal. 
 
Sostienen su exhorto en datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica de Relaciones en el Hogar, (ENDIREH) del INEGI, la cual señala  que la mayoría de los casos de violencia se presentan dentro del núcleo familiar y es perpetrada por un integrante del círculo nuclear, en donde Aguascalientes es uno de estados con tasa alta en nivel de violencia ejercido contra mujeres.  
 
Por tal motivo,  amplían su exhorto al titular de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, licenciado Óscar Fidel González Mendívil, para que, en concordancia con el nuevo sistema de Justicia Penal, el Ministerio Público perfeccione sus investigaciones, a través de peritajes psicológicos, psicosociales y psicológico-forenses. Debe cuidar también las pruebas y evidencias necesarias e imparciales que determinen los estados de las posibles víctimas o agresores.
 
Todo esto, recalcan, desde el enfoque de la Perspectiva Género y el respeto a los Derechos Humanos, como lo determina nuestra Constitución y como lo han reiterado las diversas sentencias internacionales contra el Estado Mexicano.
 
17/GG







NACIONAL
INFANCIA
   Segunda Sala de SCJN resuelve amparo
Constitucional proporcionar información sobre salud sexual y reproductiva a infancia
Foto: ZAQI
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/11/2016 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional cuatro artículos de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que protegen a esta población, prohíben la discriminación por “género y/o preferencia sexual” y garantizan acceso a anticoncepción e información sobre salud sexual y reproductiva.
 
Así lo resolvió este 9 de noviembre al analizar el amparo que presentó una mujer que consideró que los artículos 10; 39 y 57, fracción VII; y 116, fracción IV, de la Ley General –que entró en vigor en diciembre de 2014– violaban el interés superior de la niñez, discriminaban por razón de género, limitan indebidamente la patria potestad de los padres y generaban un ambiente nocivo en detrimento de niñas, niños y adolescentes.
 
La Segunda Sala declaró que los artículos de la Ley reclamada no son contrarios al interés superior del menor y al derecho de los padres de educar a sus hijos por el simple hecho de hacer referencia a la “preferencia sexual” de niñas, niños y adolescentes pues esos artículos no establecen, desarrollan o regulan la sexualidad.
 
En la sesión de ayer los ministros Margarita Luna Ramos, José Fernando Franco, Alberto Pérez Dayán, Eduardo Medina Mora y Javier Laynez Potisek, indicaron que la Ley General no atenta contra la creación de un entorno seguro y propicio para esta población, sino que reconoce y protege el Derecho Humano de igualdad ante la ley como lo establece la Constitución federal, esto es, prohíbe discriminar por género e identidad sexual.
 
Asimismo, la Segunda Sala consideró que el hecho de que la Ley General prevea que las autoridades deben garantizar a los menores de edad el acceso a métodos anticonceptivos, así como proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva, no resulta inconstitucional.
 
Se trata de garantizar información pertinente, adecuada y oportuna –dijeron los integrantes de la Segunda Sala– que tenga en cuenta las diferencias de nivel de comprensión de la niñez y que se ajuste bien a su edad y capacidad, es una de las medidas más eficaces para proteger a los menores de edad contra las infecciones de transmisión sexual, en especial, el VIH y prevenir y hacer conciencia sobre embarazos prematuros.
 
Al respecto, la Segunda Sala precisó que el derecho y acceso a la información sobre sexualidad no se aplica de manera idéntica para cualquier periodo de la infancia, sino que se despliega a medida que aumenta la capacidad y la madurez de los menores de edad; de ahí que tanto el acceso a información e insumos de salud depende de la etapa de la niñez.
 
Por otra parte, la Sala de la Suprema Corte resolvió que los artículos reclamados no desplazan la función educadora de la familia como entorno inmediato de niñas, niños y adolescentes y donde deben discutir abiertamente las cuestiones relativas a la sexualidad, el comportamiento sexual y los estilos de vida peligrosos.
 
En ese sentido, se consideró que el Estado no sustituye la función protectora y orientativa de los padres de familia sobre la salud y desarrollo de los menores de edad, sino que tanto padres como autoridades tienen funciones distintas y complementarias necesarias para la protección de la niñez y la adolescencia.
 
La Segunda Sala concluyó que la protección jurídica de niñas niños y adolescentes no sólo implica que el Estado preste los servicios de salud, sino que también los padres instruyan y orienten a los menores de edad para evitar prácticas nocivas que puedan poner en peligro su integridad –mental psicológica, moral y espiritual–, y les proporcionen información que se dirija a salvaguardar su desarrollo sano y pleno.
 
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NACIONAL
   En 2014, 23 mil adolescentes entre 12 y 17 años sufrieron alguna agresión sexual: UNAM. Inmujeres inaugura exposición “Resignificando mi historia”. Emiten convocatoria para concurso “Género y Justicia” 2016
BREVES 13 DE OCTUBRE DE 2016
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/10/2016 En 2014, 23 mil adolescentes entre 12 y 17 años sufrieron alguna agresión sexual: UNAM
Ciudad de México.-
Durante 2014 en México, 23 mil adolescentes entre 12 y 17 años, sufrieron alguna agresión sexual, afirmó la investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Patricia Piñones.
 
En el contexto del Día Internacional de la Niña, conmemorado el 11 de octubre, la investigadora expuso que una de cada cinco mexicanas entre 12 y 18 años contrajo matrimonio en 2014, mientras que 745 mil niñas y adolescentes participan en alguna actividad económica, aunque esté prohibido.
 
Piñones señaló que aún existen grandes pendientes en materia de salud, educación, alimentación y una vida libre de violencia para las niñas del país, de los cuales el gobierno mexicano debe dar respuesta. (Con información de la UNAM)

Inmujeres inaugura exposición “Resignificando mi historia”
Ciudad de México.-
La responsable del Programa de Atención Integral de Cáncer de Mama (PAICMA), Carmen Canchola Sotelo, dijo que durante 2016 en la capital, se han realizado mil 125 estudios de mastografía en hospitales;  y 44 mil 241 en los Medibuses, de los cuales 68 resultaron positivos.
 
Durante la inauguración de la exposición artística, “Resignificando mi historia”, organizada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo (STC), Canchola agregó que en la Clínica de Reconstrucción Mamaria se han realizado 72 cirugías.
 
La exposición tiene como fin concientizar a las usuarias del metro sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama; y será exhibida en las vitrinas culturales de la estación del metro Pino Suárez hasta el 19 de octubre. (Con información de Inmujeres)

Emiten convocatoria para concurso “Género y Justicia”  2016
Ciudad de México.-
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y Periodistas de a Pie, convocaron a participar en el concurso “Género y Justicia”, edición 2016.
 
Se puede participar en tres categorías: ensayo, reportaje escrito y documental. Los trabajos deberán abordar temáticas de igualdad y no discriminación por género, ejercicio y goce de los derechos de las mujeres, infancia y adolescencia, así como los retos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia.
 
La fecha máxima para enviar los trabajos es el día lunes 14 de noviembre de 2016. Para consultar la convocatoria completa ir a: http://www.periodistasdeapie.org.mx/curso-42.php

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