Suprema Corte de Justicia de la Nación

ESTADOS
VIOLENCIA
   A 5 años de su feminicidio familiares esperan fallo favorable
En manos de la SCJN acceso a la justicia para Karla Pontigo
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/10/2017

A cinco años de la muerte de Karla Pontigo Lucciotto en la discoteca “Play” donde trabajaba en San Luis Potosí, el acceso a la justicia para ella y su familia depende del fallo que den las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes en noviembre podrían dar un revés al caso y dictar que se investigue como feminicidio en vez de “homicidio culposo”, como ha sucedido hasta ahora.

Durante estos cinco años la familia Karla ha luchado por comprobar que en la madrugada del 28 de octubre de 2012, la estudiante de Nutrición de 22 años de edad, no murió a causa de una lesión en su pierna por “chocar con una puerta de cristal” de la discoteca, sino que fue asesinada por su empleador y dueño del lugar, Jorge Vasilakos Reyes.

El viacrucis de instancias que ha recorrido la madre de Karla, María Esperanza Lucciotto López, para demostrar que su hija fue víctima de feminicidio, la llevó a presentar el caso, en compañía de su defensa legal, la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derechos (FJEDD) ante el máximo tribunal de justicias mexicano el 2 de julio de 2014.

En él, argumentan que al indagar el caso, la Procuraduría General de Justicia local (PGJSLP) omitió los antecedentes de violencia hacia Karla por parte de su empleador; las diversas lesiones que presentaba su cuerpo incluido el “corte perfecto” en su pierna, y los signos de violencia sexual.

El caso fue atraído por la Primera Sala de la SCJN el 1 de julio de 2015 (amparo en revisión 188/2014) por las violaciones en dos temas fundamentales: uno relacionado con la igualdad de los derechos de las víctimas y el imputado desde la etapa de la investigación penal, y el otro, por el estándar de la investigación con perspectiva de género.

NO FUE UN ACCIDENTE, FUE FEMINICIDIO

La versión oficial del Ministerio Público (MP) adscrito en SLP describe que al terminar de trabajar a las 3 de la madrugada, Karla subió por su mochila y que “al encontrase oscuro el lugar chocó con una puerta de cristal” que ocasionó su muerte por la herida que le hizo un vidrio en su pierna derecha.

Por esta razón, en septiembre de 2013 el Juez Segundo del Ramo Penal de SLP, acusó al dueño del bar, Jorge Vasilakos por “homicidio culposo”, por la negligencia de no colocar un letrero  que advirtiera de las puertas de cristal.

Pero las evidencias y peritajes apuntaron que Karla no se “accidentó”. La necropsia realizada por la Procuraduría comprobó 40 lesiones graves en el rostro, en uno de sus ojos, en su labio, genitales, cráneo, y muestras que intentó defenderse. Asimismo no se encontró en su pierna ningún vidrio, por el contrario, la lesión era tan profunda que pudo ser hecha con un arma, precisaron los médicos del Hospital General en donde fue atendida y después falleció.

Las autoridades de la PGJSLP también “extraviaron” la muestra de espermatozoides que se encontraron en el cuerpo de Karla, y daban cuenta de un posible ataque sexual.

Otras de las irregularidades, es que el MP se presentó a la discoteca “Play” 38 horas después del suceso, no custodió el área,  ni se reguardó la ropa y pertenencias de la víctima. Al integrar la investigación descartó los testimonios de su familia y compañeros laborales quienes dijeron que en reiteradas ocasiones Jorge Vasilakos hostigó a Karla sexualmente, y la buscaba en su otro trabajo como masajista, para “pagarle su sueldo y aprovechar que lo atendiera”.

Debido a las negligencias en la investigación, un año después del suceso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 55/2015 al gobierno de SLP y presentó una denuncia contra ocho funcionarios de la Procuraduría por obstaculizar la investigación. A cinco años del hecho, ningún servidor público ha sido suspendido.

Ante este contexto la Primera Sala integrada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández y los ministros José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, analizarán este mes si la Procuraduría de SLP consideró todas estas evidencias para descartar que fue un homicidio culposo y se trató de un feminicidio.

En múltiples ocasiones a la familia de Karla también se le negó su derecho de tener acceso a la averiguación previa, conocer las pruebas y peritajes con las que se contaba, incluso aportar evidencias y participar en el proceso. Por ello las y los ministros acordaron discutir los derechos de las víctimas durante la investigación penal.

JUSTICIA PARA KARLA EN MANOS DE LA SCJN

Este es el segundo caso de feminicidio que atrae la SCJN. El primero fue el feminicidio de Mariana Lima, la joven asesinada por su esposo en 2010 en el Estado de México. En un fallo histórico, la Suprema Corte determinó en 2015 que el caso se reabriera y volviera a investigar con perspectiva de género, además, que todo asesinato violento de una mujer tenía que investigarse como feminicidio.

Este estándar de la Primera Sala implicó un avance en el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio y sus familias en el país.

Nuevamente, como sucedió en el caso de Mariana Lima, el proyecto sobre el caso de Karla está en manos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz, por lo que para la familia de la joven significaría que su asesinato no quede impune a cinco años de que fue cometido, pues obligaría a las autoridades de la Procuraduría a volver a realizar la investigación y reclasificarlo como feminicidio.

Del mismo modo les permitiría a los y las ministros discutir si las autoridades están cumpliendo con las diligencias y protocolos de actuación en los crímenes cometidos contra mujeres como lo dictaron.

17/HZM/LGL

 








ESTADOS
INFANCIA
   No es razón suficiente para perder patria potestad, argumenta
   
SCJN avala incluir en Código Penal oaxaqueño Alienación Parental
CIMACFoto: César Martínez López
Por:
Cimacnoticias | la Redacción .- 25/10/2017

La Alienación Parental no es un concepto reconocido científicamente pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló su inclusión en el Código Civil de Oaxaca y determinó que no es razón suficiente para causar la pérdida de la patria potestad de las hijas o hijos.

Este 23 y 24 de octubre la SCJN analizó una acción de inconstitucionalidad (11/2016) promovida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que demandó la invalidez de las reformas aprobadas por el Congreso local en 2015 en materia de Alienación Parental.

El organismo defensor alegó que este concepto no es científico y que se usa para acusar a las niñas y niños que denuncian violencia de uno de sus padres como mentirosos y al otro progenitor, en general las madres, como manipuladoras, lo que reproduce estereotipos de género.

Sin embargo, al estudiar la acción de inconstitucionalidad las y los ministros determinaron la validez de la definición de esta conducta como: “manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo, mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor”.

TRANSFORMAR CONCIENCIA 

Las reformas al Código Penal de Oaxaca aprobadas en 2015 establecieron que comete violencia familiar el integrante de la familia que “transforme la conciencia de un menor” con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores (Artículo 336 Bis B).

Desde entonces esta conducta se castigaba con la pérdida de la patria potestad.

Además el Artículo 429 Bis A de la misma norma decía que quien tenga el cuidado y custodia de los hijos “debe procurar” el respeto y el acercamiento constante de los menores de edad con el otro progenitor y evitar cualquier acto de Alienación Parental.

En este apartado del Código Penal se dejó la definición de Alienación como “manipulación o inducción que un progenitor realiza hacia su hijo, mediante la desaprobación o crítica tendiente a producir en el menor rechazo, rencor, odio, miedo o desprecio hacia el otro progenitor”.

El proyecto de resolución presentado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández destacó que a pesar de que no existe un consenso científico en torno a la existencia de esta conducta, las normas no eran discriminatorias ni reproducían estereotipos de género contra las mujeres.

“Si bien no existe un consenso científico en relación con el fenómeno, lo cierto es que los expertos reconocen la existencia de conductas de rechazo injustificado de los hijos hacia sus padres, siempre en el contexto de los conflictos familiares de separación y de disputa sobre la patria potestad, a la guarda y custodia y a la convivencia”, destacó la ministra.

En opinión de la juzgadora, ante la incertidumbre científica en torno a este fenómeno, el Legislativo de Oaxaca actúo para evitar cualquier vulneración a Derechos Humanos, por lo que propuso declarar constitucionales las reformas, salvo la sanción de la pérdida de la patria potestad.

En contraste en julio pasado organizaciones como la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Save the Children y Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social denunciaron el caso de Mireya Agraz Cortés, mujer que por siete años denunció que dos de sus tres hijos fueron abusados sexualmente por su expareja.

La denuncia de Mireya no prosperó e incluso una jueza determinó que la mujer mentía y que los niños eran víctimas de Alienación Parental para no querer a su padre. Como resultado de este diagnóstico y ante la pérdida de la patria potestad en favor del presunto agresor, el 7 de junio Mireya se quitó la vida junto con los tres menores de edad.

INTERÉS SUPERIOR DE INFANCIA

La discusión de los ministros, este 23 y 24 de octubre, analizó la constitucionalidad de los Artículos 336 Bis A, 429 Bis A y 459, fracción IV, del Código Civil del estado, relacionados con violencia familiar, patria potestad y “transformación de la conciencia” de los menores de edad.

A favor de declarar la invalidez de todas las reformas estuvo el ministro José Ramón Cossío, quien destacó que tomando en cuenta un concepto que no está científicamente comprobado y a pesar de querer proteger el interés superior de niñas y niños se podía caer en el otro extremo y dejarlos en indefensión.

Con una opinión similar, Arturo Zaldívar expuso que el tema se debió abordar desde el interés superior de la niñez y consideró que hubo una mala regulación que generaba riesgo de que niñas y niños perdieran el vínculo con sus padres. Además criticó que en la ley se diga “transformar la conciencia”.

“¿Qué es transformar la conciencia? ¿Qué es conciencia? ¿De aquí se va a seguir la pérdida de la patria potestad? me parece peligrosísimo, porque esto se puede alegar, prácticamente, en cualquier asunto de divorcio o donde se ponga en conflicto la custodia o la patria potestad de los menores”, dijo.

El concepto de Alienación ha generado debate entre legisladores. En agosto pasado, por ejemplo, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México derogó este concepto del Código Civil capitalino, luego de que agrupaciones civiles que siguieron el caso de Mireya señalaran que esta figura jurídica estaba basada en una teoría psicológica de difícil acuerdo.

No obstante, la ministra Margarita Luna Ramos señaló que era digno reconocer que algunas legislaciones estatales ya están regulando este fenómeno porque a pesar de no ser aceptado como un síndrome sí es una conducta que no se debe soslayar y que ocasiona un mal psicológico.

“Para mí es muy importante que ya las legislaciones vayan tomando conciencia de que este tipo de conductas existe y que es necesario regularlas”, dijo. En el caso de Oaxaca, expresó, había dos definiciones distintas en el Código Penal y se optó por dejar sólo una.

La Suprema Corte aún debe analizar otra acción de inconstitucionalidad presentada en diciembre de 2016 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Artículo 178 del Código Penal de Michoacán que dice que “se considerará como violencia familiar la alienación parental demostrada, respecto de sus hijos o adoptados”.

En este caso, la CNDH no impugnó la existencia de la Alienación, sino que el derecho penal debe ser la última consecuencia en los casos de protección de la familia. Es decir las y los ministros podrían tener una discusión similar y analizar y validar la definición de este concepto así como eliminar la sanción de la perdida de patria potestad.

17/AGM/LGL








ESTADOS
POLÍTICA
   Pendiente revisar ley electoral de Nuevo León
Suprema Corte avala paridad en pluris en Chiapas
Imagen retomada del Twitter del TEPJF
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/09/2017

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad del Artículo 19 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana que obliga a los partidos políticos, coaliciones y candidaturas comunes a postular a 50 por ciento de mujeres y hombres como candidatos a diputaciones locales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.

Al analizar dos acciones de inconstitucionalidad (78/2017 y 79/2017) presentadas por Partido Encuentro Social y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contra la ley electoral de Chiapas, el pleno de ministros determinó la validez de la paridad horizontal en la listas de candidaturas de representación proporcional, es decir, que las mujeres encabecen los registros de postulaciones.

Una de las impugnaciones de Morena fue contra el Artículo 19, numeral 2, inciso g) del Código electoral, porque en su consideración esta norma rompe con los principios de proporcionalidad e igualdad en materia pues ante la eventualidad de que un partido político sólo alcance una diputación de representación proporcional todas las legisladoras elegibles por esa vía serán mujeres, por lo que el otro sexo quedaría subrepresentado.

Lo anterior porque la ley señala en el Artículo 19 que para las diputaciones de representación proporcional o plurinominales cada partido político deberá registrar una lista de cuatro fórmulas de candidatos. En dichas listas los números nones serán integrados por mujeres y los números pares por hombres, con esta disposición las candidatas deben encabezar las listas, lo que les asegura más probabilidad de tener una curul.

Sin embargo el proyecto presentado por la ministra Norma Lucía Pina, señaló que a pesar de que la ley prevé una diferenciación entre las y los candidatos lo cierto es que la finalidad de esta acción afirmativa fue cumplir con el principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia política.

PENDIENTE EN NUEVO LEÓN

La Suprema Corte aún debe revisar seis acciones de inconstitucionalidad (83/2017 y sus acumuladas) promovidas por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.

Este jueves se presentó el proyecto de resolución elaborado por el ministro José Ramón Cossío, que pretendía declarar fundadas las quejas e invalidar diversas modificaciones a la Ley Electoral de Nuevo León publicada el 10 de julio de 2017; sin embargo, por una mayoría de seis votos contra dos, el proyecto se desechó por lo que se presentará una nueva propuesta de sentencia.

Actualmente el Artículo 143 de la Ley Electoral impugnada dice que “no podrá haber más del 50 por ciento de candidatos de un mismo género” en las postulaciones a diputaciones; el Artículo 145 establece la paridad para las candidaturas por vía plurinominal y el 146 indica que las candidaturas para sindicaturas y regidurías no podrá rebasar el 50 por ciento de personas de un mismo sexo.

Si bien la norma establece la obligación de los partidos políticos de reservar la mitad de sus postulaciones para las mujeres, no alude a la paridad de género al frente de las presidencias municipales, esto generó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos interpusiera una de las seis Acciones de Inconstitucionalidad (la 96/2017) señalando que la ley afecta el derecho a la igualdad porque no consideraba la paridad horizontal (en alcaldías).

El proyecto del ministro Cossío proponía declarar inconstitucional la Ley Electoral de Nuevo León toda vez que se aprobó y entró en vigor durante los 90 días previos al proceso electoral, algo que está prohibido en el Artículo 105 de la Constitución federal; por tanto las impugnaciones se analizarán nuevamente.

17/AGM/LGL








ESTADOS
Participación Política de las Mujeres
   Ley de Acceso no coincide con Código electoral local
   
Reconocen violencia política de género en ley capitalina
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/07/2017

A partir de hoy en la Ciudad de México se reconoce la “violencia política en razón de género” como toda acción u omisión en contra de una mujer que afecte sus derechos político electorales o el ejercicio de sus actividades como funcionaria pública.
 
Este 17 de julio se publicó en la Gaceta Oficial de la capital el decreto por el que se reforma el Artículo 7 de la Ley local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y se enuncian 19 supuestos para acreditar la violencia política contra las mujeres.
 
La reforma, aprobada el 23 de mayo por el pleno de la Asamblea Legislativa, tiene el objetivo de proteger y promover los derechos políticos de las mujeres durante las pre-campañas, el desarrollo de los procesos electorales y hasta el desempeño de sus encargos públicos.
 
La ley capitalina establece que esta violencia es toda acción u omisión que “tenga por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una mujer, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o función en el poder público”.

Entre los 19 supuestos para acreditar la violencia contra las mujeres políticas se enumeran acciones como obligar, instruir o coaccionar a realizar u omitir actos diferentes a las funciones y obligaciones de su cargo, establecidas en los ordenamientos jurídicos, incluyendo aquellos motivados por los roles o estereotipos de género.
 
Asimismo, proporcionarle información falsa, errónea o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones político públicas; o impedirle participar o en su caso excluirla de la toma de decisiones o del derecho a voz y voto.
 
También se considera violencia política publicar o revelar información personal, privada o falsa de una candidata o funcionaria; desprestigiar o menoscabar su credibilidad, capacidad y dignidad humana; acosar u hostigar a la persona para restringir sus derechos así como amenazarla o discriminarla, entre otras conductas.
 
Sin embargo la definición y los supuestos de violencia política en razón de género que se describen en la Ley de Acceso, recién reformada, no son los mismos que aparecen en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 
 
El Código, publicado el 7 de junio de 2017, describía en un primer momento el término “violencia política en razón de género” pero un grupo de diputados de la Comisión de Asuntos Político Electorales de la Asamblea Legislativa pidieron que se suprimiera porque ese texto no fue aprobado por el pleno.  
 
Así, el 21 de junio de 2017 en la Gaceta Oficial se publicó una nota aclaratoria donde se precisa que en la ley electoral debe decir “violencia política” y enumerar sólo 12 supuestos para acreditarla, lo que para algunas legisladoras es un retroceso para los derechos político electorales de las capitalinas.
 
Cabe mencionar que la norma electoral enfrenta 10 acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Procuraduría General de la República y partidos como Movimiento Regeneración Nacional, Nueva Alianza, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y del Trabajo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
Entre estos recursos se impugnó la modificación al Código Electoral que, a través de una nota aclaratoria, suprimió el término de violencia política en razón de género. Se espera que en próximas semanas el alto tribunal se pronuncie al respecto.
 
17/AGM/








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Se castiga con pérdida de patria potestad, terapia psicológica o cárcel
   
Síndrome de Alienación Parental, en legislación de 17 estados
Imagen retomada de Zaqi
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/07/2017

Aunque el Síndrome de Alienación Parental (SAP) es un término controvertido por estigmatizar a las mujeres como manipuladoras y a las niñas y niños como mentirosos, actualmente es reconocido en las leyes civiles de 17 estados de la República mexicana.
 
De acuerdo con datos de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano del Senado, hasta febrero de este 2017 Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México, legislaron la Alienación Parental. 
 
Recientemente a esta lista se sumó Baja California. El pasado 6 de junio el Congreso del estado aprobó modificar el Artículo 21 de Ley para la Protección y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local y los Artículos 279, 281, 296 y 441 del Código de Procedimientos Civiles para incorporar esta figura jurídica.
 
CONCEPTO SIN SUSTENTO
 
El 16 de febrero de este año el Senado exhortó a las entidades federativas a legislar en materia de Alienación Parental con el objetivo de velar por el interés superior de niñas, niños y adolescentes al considerar que el SAP es un fenómeno que va en incremento en casos de separaciones y divorcios.
 
Según el dictamen elaborado por la Comisión de la Familia –organismo parlamentario creado en 2014 para evitar el avance de normas a favor de los matrimonios igualitarios y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo– la Alienación debe ser considerada un tipo de violencia familiar.
 
Sin embargo, agrupaciones como Adivac, Save the Children y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social han alertado de la falta de sustento científico de este concepto, de su carácter discriminatorio y estereotipado y del riesgo de que se use para defender a padres acusados de abuso y violación sexual de menores de edad.
 
El término fue creado en 1985 por el médico estadounidense Richard A. Gardner. Esta teoría califica de falsas o injustificadas todas las denuncias o quejas de maltrato o abuso sexual que hacen las hijas o hijos en contra uno de sus progenitores, aludiendo a que las presuntas víctimas mienten porque son manipuladas por sus madres.
 
DIVERSIDAD NORMATIVA
 
Los 17 estados que reconocen el SAP en su legislación imponen castigos a las madres o a los padres que incurran en esta conducta, las penas van desde la pérdida de la patria potestad de sus hijas e hijos y terapia psicológica hasta cárcel.
 
Por ejemplo, el Código Civil de Baja California dice que cuando se presenta el SAP el Juez de lo Familiar, de oficio, debe ordenar “las medidas terapéuticas” necesarias para los menores de edad y sus progenitores a fin de reestablecer la sana convivencia; o bien, podrá determinar la pérdida de la patria potestad.
 
El Código Penal de Michoacán (reformado en noviembre de 2016) considera la Alienación Parental como violencia familiar y por tanto lo sanciona con una pena que va de uno a cinco años de prisión, suspensión de los derechos de madres y padres respecto de la custodia de sus hijas e hijos y prohibición de residir con ellos.
 
El Código Civil de la Ciudad de México (reformado en mayo de 2014) dice que en caso de que el SAP sea “moderado” se suspenderá la patria potestad de quien cometa esta conducta pero si es “severo” se suspenderá todo contacto con el progenitor y su respectiva familia y además las niñas y niños serán sometidos a un “tratamiento”. 
 
PROPUESTAS DE REFORMA
 
El 22 de septiembre de 2016 el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Enrique Mayans, presentó una propuesta para incorporar una definición de SAP en la legislación federal con el argumento de que los divorcios y las uniones libres son una problemática social y un obstáculo para el interés superior de la infancia.
 
El legislador propuso reformar los Artículos 283, 411, 417 y 444 bis del Código Civil Federal y 103 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para prevenir, atender y erradicar las conductas que constituyen Alienación Parental, crear la figura de asistente del menor y la de mediación asociativa familiar.
 
Con este proyecto el Artículo 411 del Código Civil diría que “se entiende por alienación parental toda conducta que tienda a manipular y a transformar la conciencia de los hijos menores de edad, para impedir o destruir la convivencia, las relaciones personales y trato directo con el progenitor no custodiado”.

La iniciativa se turnó a las Comisiones unidas de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; de la Familia y Desarrollo humano; y de Estudios Legislativos pero a la fecha no ha sido discutida.
 
Mientras en los estados avanza la incorporación del SAP en la legislación, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se resolverán dos Acciones de Inconstitucionalidad: una por el caso de la Ciudad de México, presentada por la Comisión local de Derechos Humanos; y otra por la reforma en Michoacán, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
 
17/AGM








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Experta señala falta de análisis jurídico
   
Alienación Parental no se declaró inconstitucional
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Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/08/2017

La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México derogó el concepto Alienación Parental del Código Civil capitalino y con ello se perdió la oportunidad de tener un análisis jurídico que declarara su inconstitucionalidad y su carácter violatorio de los Derechos Humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.  

La abogada del Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, Karla Micheel Salas, explicó en entrevista con Cimacnoticias, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estaba a unos días de discutir la pertinencia o no de esta figura pero con la derogación de la norma las y los ministros se quedaron sin materia de análisis.
 
Este 1 de agosto la Asamblea Legislativa derogó el Artículo 323 séptimus del Código Civil capitalino pero si bien aún no se publica en la Gaceta Oficial, cuando la modificación se formalice la Suprema Corte se quedará sin materia para resolver la Acción de Inconstitucionalidad (19/2014) al respecto.
 
En junio de 2014 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) interpuso el recurso pero fue tres años después, este 1 de agosto –horas antes de la derogación– cuando el alto tribunal informó que entre los temas que resolvería en próximos días estaba el de Alienación Parental.
 
En esa ocasión el ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, dijo que revisarían las consecuencias jurídicas del denominado Síndrome de Alienación Parental (SAP) a la luz del derecho de autonomía de los menores de edad y del interés superior de la infancia.
 
A decir de la abogada Karla Micheel Salas, resulta preocupante que el tema no se revisara desde la perspectiva jurídica, en particular cuando la CDHDF se allegó de observaciones de organizaciones de la sociedad civil para exponer argumentos muy sólidos sobre la inconstitucionalidad de esta norma.
 
Con la Acción de Inconstitucionalidad, dijo la abogada, se pretendía que las y los ministros establecieran que la Alienación es violatoria de los Derechos Humanos y por tanto debía derogarse pero también se buscaba que fijaran un precedente para el resto de las entidades que contemplan este concepto en su legislación civil.
 
“Considerábamos que la discusión que se diera podría ser un debate a nivel nacional que permitiera, eventualmente, ir eliminando de las Legislaturas una figura dañina para niñas, niños, adolescentes y para las mujeres”, expuso Salas.
 
Hasta ahora el SAP no tiene sustento en la comunidad científica y ha sido señalado por ser un concepto sin bases médicas y sustentado en estereotipos de género ya que en denuncias de abuso o violencia sexual infantil considera a las mujeres como manipuladoras y a las niñas y niños como mentirosos.
 
Agrupaciones defensoras de los derechos de las mujeres y de la infancia han cuestionado esta figura que ganó notoriedad con el caso de Mireya Agraz Cortés, la mujer que el 7 de junio se quitó la vida junto con sus tres hijos luego de que una jueza acredito SAP y obligó a dos de los menores de edad a convivir con su padre, quien al parecer los violaba sexualmente.
 
Con la derogación de Alienación Parental, un supuesto síndrome creado en 1985 para defender a hombres acusados de violencia o violación sexual, se eliminó la posibilidad de sentar un precedente jurídico a nivel nacional.
 
No obstante, las y los ministros tienen otra Acción de Inconstitucionalidad relacionada con el SAP. En diciembre de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó un recurso en contra del Artículo 178 del Código Penal de Michoacán, que dice que “se considerara como violencia familiar la alienación parental demostrada, respecto de sus hijos o adoptados”.
 
En este caso, señala la abogada, la CNDH no cuestiona la existencia de la Alienación, sólo señala que el derecho penal debe ser la última consecuencia en los casos de protección de la familia, por lo que prevé que esta discusión no tenga los efectos que se buscaban con el recurso presentado por la legislación de la Ciudad de México.
 
17/AGM/








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Suprema Corte debe analizar legislación de los estados
CDHDF pide que se derogue Alienación Parental en todo el país
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/08/2017

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) afirmó que a pesar de que la Asamblea Legislativa derogó el concepto de la Alienación Parental del Código Civil es importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice las normas de los estados de la República que aún contemplan esta figura jurídica.
 
Ayer la Asamblea aprobó por unanimidad derogar el Artículo 323 séptimus del Código Civil capitalino al argumentar que es violatorio de los Derechos Humanos ya que en casos de violencia o abuso sexual infantil considera a las mujeres como manipuladoras que “alienan” a las niñas y niños para hacer denuncias falsas.  
 
Sin embargo en junio de 2014 la Comisión de Derechos Humanos interpuso una Acción de Inconstitucionalidad (19/2014) ante la Suprema Corte para pedir que se analizara el término publicado por decreto del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el 9 de mayo de 2014.
 
Luego de que este martes las y los asambleístas aprobaron derogar la norma por una iniciativa presentada por Mancera, el organismo defensor de los Derechos Humanos capitalino expresó a través de un comunicado, que esta modificación legislativa es un avance importante y muestra la necesaria revisión de todas las legislaciones del país que aún consideran esta figura.
 
A decir de la Comisión de Derechos Humanos, la Alienación Parental o Síndrome de Alienación Parental (SAP), legislado en 17 entidades, formaliza una discriminación indirecta y reproduce estereotipos de género. Este concepto causa y genera violencia institucional  contra las mujeres y no reconoce la autonomía progresiva de las niñas y niños.
 
Para el organismo, encabezado por Perla Gómez Gallardo, la Alienación no es un síndrome ya que carece de sustento y reconocimiento científico pero destacó que aun cuando esta norma local dejó de tener efectos en la Ciudad de México es importante que la SCJN continúe el análisis sobre las normas de los estados que lo contemplan.
 
“Para esta Comisión es importante señalar que se reconoce la existencia de las situaciones de niñas o niños en conflicto entre padres y madres, y señala que dicha situación debe ser atendida de conformidad con los estándares más altos de protección de los Derechos Humanos de la infancia”, destacó el organismo.
 
Para derogar el Artículo 323 séptimus la Asamblea consideró que los indicadores del SAP son los mismos que usan para detectar abuso y violencia sexual; es una norma que viola el Principio de Precaución, toda vez que carece de consenso en la comunidad psiquiátrica; afecta la patria potestad por lo que se vulneran los derechos de las partes involucradas.
 
Cabe recordar que la SCJN podría pronunciarse al respecto toda vez que en 2016 la Comisión de Derechos Humanos presentó una Acción de Inconstitucionalidad por el Artículo 178 del Código Penal de Michoacán, que dice que “se considerará como violencia familiar la alienación parental demostrada, respecto de sus hijos o adoptados”.
 
Un claro ejemplo de los daños que genera el SAP fue el caso de Mireya Agraz Cortés, mujer que por siete años denunció que dos de sus tres hijos fueron abusados sexualmente por su expareja. El 7 de junio Mireya se quitó la vida junto con los tres menores de edad después de que una jueza dijo que mentían y eran víctimas de Alienación Parental.
 
17/AGM/








NACIONAL
   ¿Qué ministro será el valiente que quite derechos a capitalinas?
Impugnan Constitución CDMX con dolo y conservadurismo: Encinas
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Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/05/2017

El senador y presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que el litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver las impugnaciones contra la Constitución Política de la Ciudad de México –publicada el pasado 5 de febrero– es de naturaleza política y no jurídica.
 
El político dijo que los recursos presentados particularmente por la Procuraduría General de la República (PGR), la Presidencia de la República, el Senado y el Tribunal Superior de Justicia de la capital son de carácter ideológico porque la redacción de la Carta Magna local se apegó escrupulosamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
En conferencia de prensa con ex constituyentes y delegados designados por la Consejería Jurídica de la Ciudad de México para defender el texto constitucional, el senador dijo que en el recurso presentado por PGR hay “dolo, mala fe y una carga conservadora” de la visión de país que se quiere.
 
RECURSOS EN CONTRA
 
La Constitución capitalina que entraría en vigor en 2018 reconoce los derechos sexuales, los reproductivos, la diversidad sexual, matrimonios entre personas del mismo sexo, abre la puerta a la legalización de la eutanasia, el uso médico de la mariguana y permite mantener la política de despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
 
Sin embargo, en la Suprema Corte hay cuatro acciones de inconstitucionalidad sustentadas por la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido Nueva Alianza (Panal) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y tres controversias constitucionales presentadas por la Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia y el Senado.
 
Luego de que Encinas Rodríguez presentó un recurso de reclamación para que la Asamblea Constituyente fuera la autoridad encargada de la defensa de la Carta Magna, el 19 de mayo el senador fue notificado por el alto tribunal del carácter responsable del organismo e informó que en un plazo de 30 días debe entregar un documento con sus alegatos.
 
El senador dijo que en próximos días se citará a la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente que estaba integrada por Clara Brugada Molina, Irma Cué Sarquis, Mauricio Tabe Echartea, Margarita Saldaña Hernández, Bertha Elena Luján Uranga y Aida Arregui Guerrero, para integrar los argumentos en defensa de la Constitución capitalina.
 
CARTA DE DERECHOS
 
La acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR impugna, entre otros elementos, los Artículos que reconocen la dignidad humana, la libertad e igualdad de derechos, la protección más amplia de las personas, la protección de todas las formas de familia, la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos.
 
Entre los argumentos de la dependencia encabezada por el ex senador Raúl Cervantes, se solicita declarar inconstitucional el Artículo 6, apartado E y F, sobre derechos sexuales y reproductivos, porque invade las atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general, específicamente, sobre planificación familiar.
 
Asimismo, se impugna el Artículo 6, apartado D, numeral 2, que reconoce “todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar”, porque de acuerdo con la Procuraduría este precepto “admite la poligamia y viola preceptos constitucionales y convencionales en perjuicio de los derechos de las mujeres”.
 
En opinión de Encinas, los argumentos de la PGR son ideológicos porque la Ciudad de México tiene competencia para establecer más derechos y así lo hizo en su momento sin tener autonomía política y con una forma de gobierno limitada al despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo y promover programas sociales como la pensión universal para personas adultas mayores.
 
“Yo quiero ver qué ministro de la Corte va a ser el valiente que vote por quitarle derechos a los habitantes de la Ciudad de México. Va a ser un debate muy importante que tiene que involucrar a la sociedad mexicana”, expuso el legislador.
 
MANIFESTACIONES DE DELEGADOS
 
Los delegados designados por la Consejería Jurídica de la capital tienen la facultad de enviar “manifestaciones”, es decir argumentos jurídicos a la Suprema Corte para que sean considerados a la hora de resolver las impugnaciones presentadas.  
 
Al respecto el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y delegado designado, Miguel Concha Malo, señaló que hoy presentó un documento con cuatro argumentos a favor de la Constitución local, uno de ellas para argumentar que la Constituyente no se extralimitó con las leyes de reconocimiento de Derechos Humanos, como lo afirma la PGR.
 
Concha Malo aseguró que establecer un catálogo de Derechos Humanos en la Constitución local fue para reforzar las obligaciones internacionales de las resoluciones y sentencias emitidas por los órganos y tribunales internacionales; pero además consideró que las entidades federativas tienen competencia para legislar en la materia.
 
“Los Derechos Humanos no son exclusivos de un régimen, no son exclusivos de un gobierno, los Derechos Humanos son propios del Estado mexicano, y por eso están en la Constitución”, dijo.
 
17/AGM/GG
 








MUJERES CAUTIVAS
DERECHOS HUMANOS
   MUJERES CAUTIVAS
La Historia de Rosita y la impunidad
Imagen: Sandra Dueñas
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/04/2017

Doña Gaby es una mujer menudita con un inmenso corazón que no le cabe en el pecho, pero es una guerrera. No conforme con sacar adelante a sus hijos, también se hizo cargo de Rosita y uno de sus hermanitos, quien ya es hoy un hombre de bien.
 
Abrigó a Rosita, a quien abandonaron con tercer grado de desnutrición y marcas visibles del maltrato que había sufrido. Era una niña muy dulce, indefensa y necesitada; es débil visual y tiene parálisis cerebral. Vivían en el Estado de México, donde doña Gaby tenía un trabajo, una camioneta, una casa, la vida resuelta y sus redes de apoyo familiares en Guadalajara, Jalisco.
 
Siempre preocupada por acercarle a Rosita todas las oportunidades, buscaba escuelas, maestros especializados en enseñanza en Braille y en apoyo a la educación de niñas especiales.  En ese afán, se mudó a Guadalajara, Jalisco, porque ahí había una escuela para niñas débiles visuales, en donde sólo recibía clases los lunes.
 
Preocupada por la educación de Rosita, conoció al doctor Alejandro Ricardo Meneses Cervantes, y lo contrató de manera particular para darle clases a Rosita. Las clases se le impartían en su casa, dos o tres veces por semana y doña Gaby se percató que, en cada clase de Rosita, ella se sentía muy mal y perdía la percepción de lo que pasaba a su alrededor, se desmayaba, sensación que le dejaba fuertes dolores de cabeza, a los que ella no encontraba explicación, a no ser que fueran los medicamentos que el propio doctor Meneses Cervantes le había recetado para la epilepsia.
 
Rosita, mientras tanto, empezó a tener pesadillas, a despertar gritando en las noches “quítamelo mamá, quítamelo”. Si, el profesor, dormía con unos polvos y unas gotas a doña Gaby y, mientras tanto, aprovechaba para violar a Rosita, morderle los senos y no sé cuántos abusos más. Hasta que un día Rosita le dijo a su mamá  Gaby que no quería seguir recibiendo clases de ese señor y le contó lo que le hacía, bañada en llanto. Doña Gaby no lo dudó, por supuesto, inmediatamente emprendió el largo y frustrante camino de la justicia.
 
Presentó la denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco y, aunque los peritajes realizados en esa institución a Rosita sólo sirvieron para acreditar la violación, no le quisieron recibir a doña Gaby el frasco con las gotas y los polvos que le recetaba Meneses Cervantes y mucho menos mandarlos a analizar.
 
Tampoco prestaron atención a una lesión que presentaba Rosita en uno de sus senos, producto de la mordida que había recibido. Por supuesto Rosita fue revictimizada innumerables veces por Yolanda Italia Flores Medina, Ministerio Público a cargo de la Averiguación Previa de Rosita. Desde el momento en que interpuso la denuncia, doña Gaby fue objeto de toda clase de ataques, en los medios y de diversas autoridades. Perdió su trabajo porque tenía que estar atendiendo el caso de Rosita y no sólo perdió su trabajo, sino también perdió todo su patrimonio.
 
Fue hasta que la llevó al Hospital Civil de Guadalajara donde confirmaron la desfloración y desgarro, así como un hematoma generado por la lesión que le provocó Meneses Cervantes en un seno, dictamen que no fue agregado a la indagatoria.
 
En dos ocasiones golpearon a la señora Gaby, la primera vez Evaristo Chamorro Escobar intentó secuestrarla; lo encarcelaron por privación ilegal de la libertad y lesiones, pero logró libertad bajo fianza y una sentencia de tres meses.
 
En la segunda, la golpeó un muchacho que le decía que “lo dejara en estupro”. Debido al hostigamiento, agresiones y las constantes amenazas que sufrió en Guadalajara, doña Gaby decidió regresarse al Estado de México, donde se sumó al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
 
En dos ocasiones, Meneses Cervantes fue sentenciado por estupro, alegando que Rosita había consentido la relación sexual.  De tanto luchar, doña Gaby logró que se reclasificara el delito a violación equiparada, sentencia que está firme, pero hasta la fecha Meneses Cervantes no ha pisado la cárcel.
 
Doña Gaby llegó hasta la Suprema Corte de Justicia defendiendo a Rosita, e interpuso un recurso de reclamación, porque en la sentencia de reparación del daño sólo se sentencia a Meneses Cervantes al pago de siete mil pesos. Eso vale la inocencia y la integridad de una niña con discapacidad para la justicia machista a patriarcal del Estado de Jalisco. Lamentablemente, a pesar de que hasta la fecha Rosita despierta por las noches gritando y sufre mucho cuando recuerda lo que le hicieron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el monto de la reparación del daño.
 
A su llegada a México, doña Gaby emprendió un proyecto social para ayudar a madres con niños y niñas con discapacidad, y les abrió las puertas de su casa a mujeres maltratadas como refugio temporal.
 
En dos ocasiones posteriores, doña Gaby sufrió nuevos ataques, la primera fue balaceada y la segunda la apuñalaron. Las autoridades hasta la fecha no han podido esclarecer si fue por el caso de Jalisco o por abrigar a mujeres maltratadas.
 
Y esto es un breve resumen de todo lo que Rosita y doña Gaby han sufrido en la búsqueda de Justicia. Todas las veces que ha sido abusada por infinidad de personas que la han engañado en su afán por buscar ayuda para Rosita.
 
Hoy doña Gaby tiene una escuela para niñas y niños con discapacidad y Rosita tomó un curso de masoterapia del que ya se graduó, ya que tiene enormes cualidades con sus manos para curar dolores, tendones y nervios.
 
Sin embargo Gaby sigue buscando terapia psicológica especializada para niñas como Rosita y oportunidades para que aprenda a valerse por sí misma, porque le preocupa qué será de ella cuando falte.
 
La pesadilla jurídica no ha concluido, pero las dos son unas guerreras que, no dudo, podrán más tarde que temprano alcanzar la justicia, a pesar de un Tribunal de Justicia de Jalisco, profundamente patriarcal y machista, a pesar de que la justicia piense que para eso existimos las mujeres, y sé que lograrán sobreponerse a la discriminación y todas las vicisitudes que les ha tocado vivir.
 
No podía dejar de contar la historia de Rosita y doña Gaby, porque me ahoga la impotencia ante autoridades ciegas e insensibles, rancias y violadoras de los derechos humanos, ante el abuso de poder de que fue víctima Rosita.
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
17/TCUZ/GG








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Descalificación “poco seria”
Feministas participarán en defensa de la Constitución CDMX
Imagen retomada del twitter de Reforma Politíca DF
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/04/2017

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un documento con los argumentos legales para defender la Constitución Política de la Ciudad de México.
 
Después de entregar el documento en la oficina de la Suprema Corte, el titular de la Consejería Jurídica, Manuel Granados Covarrubias informó esta mañana que un grupo de ciudadanas y ciudadanos acreditados para defender la Carta Magna capitalina va a solicitar audiencias con las y los ministros para hacer valer los derechos consagrados en el documento. 
 
Además informó que junto con él, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, la secretaría del Trabajo, Amalia García Medina; el secretario de Cultura, Eduardo Vázquez; las ex diputadas constituyentes Ana Laura Magaloni, Clara Jusidman, Lol Kin Castañeda e Ifigenia Martínez se acreditaron como “delegados” en este proceso jurídico para defender los derechos de la ciudad.
 
También están acreditadas feministas como Regina Tamés y Daphne Cuevas, la ex senadora Martha Tagle; líderes sociales Arturo Alcalde, Brenda Gómez, Carlos Cruz y Carlos Galindo, académicos como Ariel Rodríguez Kuri; y el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, entre otros.
 
Granados Covarrubias destacó que esta respuesta obedece a los juicios presentados. Cabe recordar que la Constitución local, publicada el pasado 5 de febrero, enfrenta siete recursos de impugnación: cuatro acciones de inconstitucionalidad y tres controversias constitucionales.
 
Las impugnaciones, han señalado diputadas y diputados constituyentes que participaron en el proceso de redacción del documento, tratan de evitar que los derechos alcanzados en la capital se concreten y propaguen por todo el país.
 
La Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido Nueva Alianza (Panal) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron acciones de inconstitucionalidad; Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia capitalino y el Senado presentaron controversias constitucionales.
 
PARTIDOS, SÓLO MATERIA ELECTORAL
 
Al respecto el consejero jurídico dijo que los partidos políticos solo pueden impugnar temas en materia electoral, así explicó que en el recurso de Morena, que reclamó la integración del Congreso de la Ciudad y que la Carta Magna de la Ciudad no se sometió a referéndum, el Tribunal Electoral ya dijo que el plebiscito esto no estaba previsto en la Constitución federal.
 
El Panal impugnó  el fundamento del cabildo en la capital, por lo que el Gobierno de la Ciudad de México considera que esta argumentación debe desecharse, ya que no trata de materia electoral.
 
Sobre la impugnación presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre percepciones de los servidores públicos, Granados Covarrubias dijo que el organismo sólo puede presentar recursos en materias de Derechos Humanos por lo que destacó que tampoco es materia de debate.
 
PGR, SÓLO EN MATERIA PENAL
 
En el caso de la PGR, el consejero jurídico destacó que el documento está lleno de irregularidades, primero porque dice que impugna 22 artículos pero luego dice que impugna toda la Constitución; hace referencia a numerales y párrafos del texto constitucional que no existen y además la dependencia sólo puede intervenir en temas en materia penal.
 
Por otra parte, el funcionario destacó que no se puede impugnar la totalidad de la Carta de Derechos porque los derechos deben ser progresivos, ir en aumentos y nunca ser disminuidos y cuando PGR fundamenta sus impugnaciones en  la Constitución federal los argumentos en realidad sirven para validar el contenido de la norma local.
 
Esto “nos habla de que (la argumentación) ha sido construida de manera poco seria”, dijo, por lo que darán la batalla para demostrar que la Constitución es legal.
 
Al acto en el recinto del alto tribunal asistieron secretarios del Gobierno de la Ciudad de México, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el comisionado para la Reforma Política de la capital, Porfirio Muñoz Ledo, entre otros.
 
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