INTERNACIONAL
   Publican en Argentina Manifiesto No al Silencio
Macri debe pronunciarse contra agresiones a periodistas de México
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/05/2017 Periodistas, medios y organizaciones de prensa, así como escritoras y escritores, editores, firmaron en Argentina un manifiesto de  solidaridad con México, que repudia los crímenes contra periodistas, exige a Enrique Peña Nieto investigarlos, reclama garantías para el ejercicio de la profesión y solicita al Estado argentino que rompa el silencio y “haga explícita la solidaridad del pueblo argentino para con las víctimas de la narco violencia estatal mexicana”.
 
El Manifiesto, al que se suman la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), Pikara Magazine, el sitio Economía Feminista, Revista Mu, Revista Anfibia, Cosecha Roja, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa, entre otros, así como cientos de periodistas en lo personal, señala que México padece una tragedia sin precedentes que volvió a quedar en evidencia el pasado 15 de mayo, con el asesinato de periodista Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa.
 
Hay más de 100 periodistas asesinados, recuerda el Manifiesto y “ninguno de esos crímenes ha sido investigado. Reina la impunidad. También hay por lo menos 23 periodistas desaparecidos y decenas más amenazados y desplazados de su ciudad de origen”.
 
Por eso México es hoy el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y uno de los más peligrosos para los trabajadores de prensa en todo el mundo, señala, y recuerda que este 2017 han sido asesinados Cecilio Pineda Brito, de 38 años,  ejecutado  el 2 de marzo por sicarios que le dispararon desde una motocicleta mientras él descansaba en una hamaca.
 
El 19 de marzo, en Veracruz, el periodista Ricardo Monlui, de 57 años, fue asesinado a balazos cuando salía de un restaurante. El 23 de marzo, en Chihuahua, mataron de 8 balazos a la periodista Miroslava Breach, de 54 años, en la puerta de su casa y frente a su hijo.

El 14 de abril, en Baja California, mataron de 15 balazos al periodista Maximino Rodríguez, de 73 años, en el estacionamiento de un centro comercial. Estaba con su esposa. El 2 de mayo, en Morelos mataron el periodista Filiberto Álvarez, de 71 años. Fue acribillado cuando volvía a su casa en su auto. El 15 de mayo, en Sinaloa mataron al periodista Javier Valdez, de 50 años. Lo sacaron de su coche y lo masacraron a tiros.
 
Todas y todos, los periodistas asesinados “habían denunciado violaciones a los derechos humanos, vínculos entre políticos y narcotraficantes, el recrudecimiento de la violencia provocado por la guerra narco y la inacción o complicidad del Estado”.
 
El asesinato de periodistas en México entraña una gravedad particular, dice el texto, ya que afecta a la libertad de expresión y el acceso a la información, derechos fundamentales en una democracia, y recuerda cómo a partir de 2006, “Felipe Calderón sumió al país en una irresponsable guerra contra el narcotráfico que ha continuado… Enrique Peña Nieto”.
 
 Desde entonces ha habido más de 100 mil asesinatos y más de 30 mil desapariciones. Las masacres masivas y manipuladas por las fuerzas de Seguridad se multiplican. A diario se cometen delitos de lesa humanidad. Cada vez son más numerosos los casos que prueban la vinculación de gobernadores y alcaldes con el crimen organizado.
 
“México se ha convertido en un cementerio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que a lo largo del país se han encontrado 855 fosas comunes con miles de cuerpos amontonados. Fosas descubiertas en su mayoría no por el Estado, sino por familiares de desaparecidos que se auto organizan para excavar la tierra.
 
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) reveló que México es el país más letal después de Siria. En 2016 fueron asesinadas 23 mil personas. 63 cada día. Más que en Afganistán y que en Irak.
 
En medio de esta guerra que no resolvió nada y sólo incrementó la violencia, los defensores de derechos humanos, padres y madres que buscan a sus hijos desaparecidos y los periodistas se convirtieron en un blanco de ataque.
 
Frente a esta tragedia, dice el Manifiesto, las y los abajo firmantes repudian los crímenes y exigen que Peña Nieto “haga efectivos los mecanismos de protección para periodistas y al Estado en su conjunto que investigue, aclare y sancione asesinatos que siguen marcados por la plena impunidad”.
 
Y al presidente Mauricio Macri, “que ponga fin a su silencio sobre la tragedia humanitaria que vive México y que se solidarice con los desaparecidos, asesinados, desplazados, amenazados y con el resto de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico”.
 
17/RED
 







NACIONAL
   ¡Justicia!, interrumpieron periodistas el minuto de silencio
Cumplir, ahora sí, objetivos de FEADLE y Mecanismo, respuesta de EPN a emergencia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/05/2017 Tras los asesinatos de los periodistas Javier Valdez Cárdenas y Miroslava Breach Velducea, Enrique Peña Nieto hoy anunció que se fortalecerá la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y se dotará de recursos financieros al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero no detalló cómo se combatirá la impunidad.
 
En compañía de integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, Peña Nieto anunció tres acciones para proteger a periodistas y defensores de Derechos Humanos y dar respuesta a los recientes crímenes.
 
Las  “estrategias” anunciadas, el listado de acciones, no constituyen novedad, ya que están incluidas  entre los objetivos tanto del Mecanismo como de la FEADLE, desde su creación. Por ejemplo, la creación del Mecanismo de Protección data de hace cinco años, sin que a la fecha esté consolidado. En tanto, la  FEADLE, que existe desde 2010 sin que haya resuelto un solo caso, reiteró hace unos días, con el nombramiento del nuevo fiscal Ricardo Sánchez, su objetivo de fortalecer las capacidades de investigación, de revisión de casos y de contacto con organizaciones civiles y de periodistas. 
 
Al comenzar su discurso el titular del Ejecutivo pidió un minuto de silencio por los asesinatos de los periodistas, pero este  fue interrumpido por gritos de ¡Justicia!, por parte de reporteros presentes. Peña Nieto continuó su discurso dirigiéndose a  los “amigos” para “reafirmar un firme compromiso para combatir la impunidad y para que se encuentre a los responsables y dar esperanza y tranquilidad”, porque se dará con los responsables de los hechos, dijo. 
 
Ante los gritos de algunos reporteros, el autonombrado “amigo” de la prensa dijo que este mensaje no se trataba de un discurso más. Mientras Peña Nieto se erigía como "defensor de la libertad de expresión" los datos muestran lo contrario. 

De acuerdo con la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, durante el sexenio de Felipe Calderón un periodista fue agredido cada 48.1 horas pero con Peña Nieto el nivel de violencia ascendió a una agresión cada 26.7 horas. 

Sin mencionar los nombres de ninguno de los reporteros ejecutados, Peña Nieto condenó los “sucesos” y expresó sus condolencias a las familias de las “víctimas” y declaró que una democracia plena requiere que nadie calle su voz, por eso retomó la frase “no se mata la verdad matando periodistas”, reclamo repetido por el gremio cada de que se conoce un asesinato, el de Javier, Miroslava, Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Filiberto Álvarez y Maximino Rodríguez, etcétera. 
 
Sexenio Enrique Peña Nieto (1 diciembre de 2012 a abril de 2017) # de casos
Total de casos registrados y documentados 304
Casos de feminicidio 6
Desapariciones 0
Sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (1 diciembre 2006 – 30 noviembre de 2012) # de casos
Total de casos registrados y documentados 126
Casos de feminicidio 12
Desapariciones 2










La sociedad demanda la detención de los culpables y por ello Peña Nieto anunció que se fortalecerá y dotará de recursos financieros al Mecanismo de Protección, dependiente de la Segob y el cual protege a 538 personas, de las cuales 342 defensoras de Derechos Humanos y 196 periodistas. Mecanismo que de acuerdo con sociedad civil no tiene capacidad para atender los casos, ya que la Secretaría de Hacienda no le asignó recursos para este año, lo que le valió un reclamo reiterado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
El priista también declaró que se creará un Protocolo de Atención, instrumentado por el Mecanismo de Protección; y como tercera medida se fortalecerá la FEADLE, dependiente de la PGR, a través de capacitación, contratación de más personal, dialogo con sociedad civil y el gremio, seguimiento de las investigaciones y coordinación con autoridades federales y estatales para atender estos delitos.
 
Previamente, el procurador Raúl Cervantes dijo que tienen que llegar al fondo de las investigaciones para dar con los responsables materiales e intelectuales, agotar la línea de investigación relacionada con la libertad de expresión y no descartar esta hipótesis hasta no aclarar el móvil del crimen, algo que, cabe decir, deben realizar en todos los casos que conozcan y sin excepción alguna.
 
A su vez, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México –lugar donde en 2015 fueron asesinados el foto periodista Rubén Espinoza y la activista Nadia Vera – Miguel Ángel Mancera, repitió algo que ya han dicho los comunicadores: que se debe investigar los homicidios perpetrados en contra de periodistas, colaboradores de periodismo y homologar las áreas especializadas en las Procuradurías estatales.
 
También dijo que se deben conformar mapas estatales de riesgo y agresión; dar cumplimiento a la recomendación 24/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); trabajar con un protocolo de prevención, atención de víctimas de estos delitos; y establecer en cada entidad un Mecanismo de Protección local.
 
De acuerdo con la CNDH, desde el año 2000 al 31 de enero de 2016 se registró el homicidio de 109 periodistas por ello en ese entonces el organismo llamó a la PGR a realizar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de estos delitos, agotando todas las líneas de investigación, incluyendo las relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Así, a siete años de creada la FEADLE, primera instancia para atender delitos contra la libertad de expresión, el anuncio ante la emergencia reconocida por el propio Peña Nieto ante el asesinato y agresiones contra periodista, no fue más allá de las medidas a que están obligadas las instituciones del Estado.
 
Y sobre cómo se logrará abatir la impunidad en estos casos, que según la CNDH alcanza 99.97 por ciento, en los más de 120 asesinatos de periodistas cometidos de 2000 a 2017, sólo se dijo que se hagan las “diligencias necesarias”, agotando todas las líneas de investigación”. 
 
17/AGM/GG
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   EPN y Osorio Chong, “dejen de simular”, actúen o renuncien
Gobierno no protegió a Miriam Rodríguez: OSC y CNDH
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/05/2017 El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México afirmó en un comunicado, emitido poco después del asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, integrante del Colectivo de Personas Desaparecidas de San Fernando, cometido el 10 de mayo enfrente de su casa, que “aunque no se sabe aún quienes fueron los perpetradores directos, constatamos que es la responsabilidad del Gobierno Mexicano, por la negligencia de no brindar las medidas de protección que solicitó la víctima, ante el riesgo que corría su vida, por la fuga del responsable de la muerte de su hija”.
 
En ese coincide también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde afirma que “hubo incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a los derechos fundamentales de quienes se desempeñan como defensoras y defensores están en situación de riesgo”.
 
Recuerda el Movimiento que Miriam Rodríguez inició su activismo a partir de la desaparición de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, en 2012 y a quien encontró en una fosa clandestina en 2014, gracias a sus propias investigaciones.
 
Dice el Movimiento que “ya no queremos gobiernos indolentes, cooptados y corruptos que sacrifican a los ciudadanos por sus perversos intereses”  y exige a Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, “que dejen de simular y actúen   para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país, y si no pueden que renuncien”.
 
EXIGEN MEDIDAS CAUTELARES
 
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pide, por tanto, al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, al Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos y al Relator de Ejecuciones Sumarias y Arbitrarias que soliciten al Estado mexicano Medidas Cautelares para proteger a la familia de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.   
 
Dichas medidas cautelares, señala el comunicado del Movimiento –firmado por decenas de organizaciones que integran el Movimiento, organizaciones civiles, instituciones universitarias y personas solidarias- deben aplicarse también a las y los integrantes de la Comunidad Ciudadana de Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, porque corre también riesgo su vida, integridad y seguridad.
  
En la solicitud de medidas cautelares para familiares y activistas coincidieron también en sendos comunicados: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH),  CNDH  y Amnistía Internacional (AI), mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que ejerció la facultad de atracción del caso para dar acompañamiento y atención a las víctimas indirectas y potenciales. 
 
ONU-DH recuerda “que el deber de protección implica que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber”.
 
Por tanto, realiza “un enérgico llamado a las autoridades para que brinden las adecuadas medidas de protección a la familia de  Rodríguez y  a las otras familias de personas desaparecidas en Tamaulipas, particularmente considerando que dicho Estado encabeza las cifras, según fuentes oficiales, de personas desaparecidas en México.
 
Asegura la CEAV en un boletín que su personal está en contacto permanente con los familiares de la víctima, y que las víctimas indirectas se incorporarán ante el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), mientras la Asesoría Jurídica Federal las asistirá durante el proceso penal.
 
INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
Sobre la investigación del crimen, el  Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exige también al Gobierno mexicano “la investigación inmediata e imparcial de este cobarde asesinato, a través de un órgano que garantice imparcialidad e independencia”.
 
ONU-DH, por su parte, solicita también que el asesinato “sea debidamente investigado con perspectiva de género y no quede en la impunidad”, además de que “resulta impostergable atender los factores estructurales que han colocado a las familias de personas desaparecidas en una grave situación de vulnerabilidad”.
 
SIMBOLISMO ESCALOFRIANTE
 
ONU-DH destaca que el asesinato “fue cometido el día de las madres, fecha que en últimos años se ha convertido en un emblema del reclamo de justicia y visibilización de la lucha que llevan a cabo las familias de personas desaparecidas, lo cual le provee de un simbolismo aún más escalofriante”.
 
La CNDH coincide en el significado del crimen cometido ese día y afirma que ocurre precisamente el día en que se festeja a las madres en México, por lo que la Comisión enfatiza que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atender el sensible problema que representan las agresiones contra  defensores de derechos humanos.
 
LLAMADO A MEDIOS Y SERVIDORES
 
ONU-DH exhorta a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los colectivos de familias del resto de México a que con su solidaridad y cobertura constantes se logre que quienes luchan en Tamaulipas por encontrar a sus familiares tengan la atención y visibilidad que la gravedad de su situación amerita.
 
La CNDH desataca también la importancia de sensibilizar y profesional a los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia  y recordó que el gobierno ha incumplido para realizar campañas  a favor de los defensoras y defensores de  Derechos Humanos, para destacar la importancia de su trabajo y evitar su criminalización
 
Amnistía Internacional se sumó asimismo  a la condena del asesinato de la activista y señala que el crimen “expone el peligro al que se enfrentan a diario quienes buscan a las más de 30 mil personas desaparecidas en el país”. Y afirma que “México se ha convertido en una zona muy peligrosa para quienes tienen la valentía de dedicar su vida a la búsqueda de las personas desaparecidas”.  

17/RED







NACIONAL
VIOLENCIA
   OSC lanzan S.O.S a ONU y CIDH
Asesinan a Miriam Rodríguez, del Colectivo Desaparecidos de San Fernando
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/05/2017 Carente de la  protección que había solicitado a las autoridades para preservar su vida, anoche fue asesinada en San Fernando, Tamaulipas, enfrente de su casa, la activista Miriam Rodríguez Martínez, representante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, baleada por un comando. 
 
Miriam, quien murió en  el trayecto al hospital, se integró al activismo, luego de que su hija Karen Alejandra fue desaparecida en 2012 y, sin apoyo gubernamental, con sus propios medios, investigó y en 2014 la encontró en una fosa clandestina de San Fernando, localidad en donde fueron masacrados 72 migrantes y en donde fueron localizados 392 cuerpos en las fosas de El Arenal. 
 
En conferencia de prensa, el integrante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Guillermo Gutiérrez Riestra, explicó esta mañana que entre las 10:00 y 10:30 horas de ayer miércoles, al parecer llamaron a la puerta de la casa de Miriam  -quien era empleada del Centro de Salud de San Fernando- y que al salir fue abatida a balazos. Y aunque paramédicos de la Cruz Roja la trasladaban al hospital, murió antes de llegar.
 
Gutiérrez Riestra recordó que mediante su trabajo de investigación Miriam logró la detención de más de 15 implicados en el asesinato de su hija, entre ellos Enrique Yoel Rubio Flores, quien estaba preso en el penal de Ciudad Victoria y que se fugó por un túnel, junto con 29 reos más, en marzo pasado.
 
Es por eso, afirmó el Colectivo, que Miriam “había solicitado al procurador de la entidad, Irving Barrios Mojica; al director de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe López; y al secretario de Gobierno, Víctor Zamora, que le dieran seguridad”, porque la amenazaban y ella tenía derecho a ella, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, y porque la fuga de los delincuentes la había obligado a cerrar sus negocios en San Fernando, “para no estar localizable”, aunque finalmente la esperaron en su casa. 
 
Reveló también el Colectivo en su rueda de prensa que Miriam “no es la primera compañera que ha denunciado y solicitado la atención (de protección a las autoridades) y no se la han dado. Son “5 compañeras” que han solicitado protección y no se las dieron.
 
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca expresó en sus redes sociales “su más enérgica condena por el asesinato” y aseguró que  no permitirá que el crimen “sea una estadística más”.
 
En respuesta, el Colectivo consideró que “es bueno que el Gobernador condene, pero no es suficiente, debe hacer una revisión de sus funcionarios, sobre todo los que recibieron la denuncia de la compañera, es decir, el Procurador, el Director de la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretario General de Gobierno”, porque “ellos estaban enterados de lo que pudiera pasarle”.
 
S.O.S A ONU Y  CIDH
 
 
La Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas “Familias-Colectivos-Organizaciones Civiles unidos por una causa”, señalan en un comunicado que “ante la poca capacidad” de Enrique Peña Nieto y del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por atender a las víctimas y pacificar la entidad, “lanzamos un llamado de auxilio a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  para que acudan al rescate de las tamaulipecas y tamaulipecos activistas y defensores de los Derechos Humanos”.
 
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en Tamaulipas hay 5 mil 682 personas desaparecidas; 124 casos corresponden al fuero federal y 5 mil 558 denuncias se hicieron ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado. Miriam tenía una lista de 800 desaparecidos, dijo según el activista Gutiérrez Riestra.    
 
Expresó también que aunque hay temor en los colectivos, han estado en comunicación, están “muy molestos”, se solidarizan y van a denunciar, no se van a quedar callados. Exigen una respuesta a las autoridades y que se revise a los funcionarios que pusieron en riesgo a Miriam. 
 
Afirmó que muchas personas desconocen lo Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que “Miriam fue a las instancias inmediatas, normales: Procuraduría, Seguridad pública… y hacia ellos fue la petición”. 
 
Recordó que Mirian Rodríguez le “exigió a Gloria Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales del gobierno estatal, que el gobernador cumpliera las reuniones con familiares de las víctimas, lo que fue atestiguado por Yolanda”, integrante también del Colectivo y que hoy, se señaló en la conferencia de prensa, “también la señora está en riesgo”.
 
ACOSO DE LA POLICÍA
 
El Colectivo denunció también que, lejos de darles protección, la policía estatal los acosa, “nos observa, nos fotografía, en vez de protegernos, apunta nombre de los dirigentes”, como sucedió ayer en la movilización que realizaron en el marco de la Sexta Marcha de Madres en Búsqueda de Personas Desparecidas, y a la cual Miriam no asistió por un problema médico. 
 
Dijo que nadie puede garantizar la seguridad de las y los activistas y si siguen así las cosas con este gobierno, se darán protección ellos mismos, incluso desplazándose a otros lugares. Esperan también que ahora sí las autoridades cumplan con la protección y reconozcan la omisión. 
 
17/ RED 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Víctimas esperan justicia en la CoIDH
A 11 años de Atenco, impunes autores materiales e intelectuales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2017 Si algo han conseguido las 11 sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, es hacer evidente que el Estado usa la violencia sexual como un arma contra las mujeres.
 
En reiteradas ocasiones el Estado mexicano ha negado que la tortura sea una práctica sistemática de las corporaciones policiacas y de las fuerzas militares, pero la denuncia de las sobrevientas de Atenco muestra que esta violencia existe y se mantiene impune.
 
“Lo que podemos aportar desde nuestra trinchera es colocar el tema de la tortura sexual como una forma, una herramienta de Estado, de tortura, de forma diferenciada que se usa en contra de las mujeres”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de Atenco.
 
A 11 años de mantenerse de pie, firmes en su denuncia y convencidas de ver en prisión a los policías y los mandos que ordenaron violentarlas, Italia asegura que lograron mostrar que este caso fue algo más que un daño colateral o una violación sexual, se trató –sostiene– de tortura.
 
En un aniversario más de los hechos del 3 y 4 de mayo que colocaron al Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, en la mira de organismo de Derechos Humanos, las sobrevivientes sostienen que ya no se puede decir que se trató de policías que no controlaron sus instintos.
 
Es por ello que Italia, Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas, continúan con la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
Aunque en 2006 al menos 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual sólo once decidieron continuar con la denuncia hasta conseguir justicia, por ello en abril de 2008 presentaron su denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En noviembre de 2011 el organismo aceptó conocer la demanda y tras diversos alegatos y análisis la CIDH determinó que las mujeres fueron detenidas de manera ilegal y  arbitraria y consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia y tortura sexual.
 
Con estas consideraciones, en noviembre del año pasado, después de una década de los hechos,  la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que analice la responsabilidad del Estado en su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y reparar el daño a las víctimas.
 
Actualmente el proceso a nivel internacional está en una etapa de comunicaciones escritas para que las partes, el Estado y las víctimas –a través de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– presenten alegatos por escrito.
 
Italia también espera que este año haya una audiencia oral ante el alto tribunal donde puedan exponer su testimonio ante los jueces.
 
Por lo pronto la primera ganancia, dice, es que develó las consecuencias de esta práctica. “Se volvió un caso relevante, no solamente por nuestra experiencia sino porque después de que nos ocurrió a nosotras hemos visto, por desgracia, un aumento. No sabemos si de la practica o de la denuncia”.
 
MIENTRAS, EN MÉXICO
 
El caso continúa en investigación en la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México pero de acuerdo con la información disponible sólo 21 policías estatales fueron consignados por “abuso de autoridad”, un delito contra la administración pública; sin embargo, todos fueron absueltos.
 
Un policía estatal fue condenado el mayo de 2008 por el delito de “actos libidinosos” hacia una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, el agresor también fue absuelto con posterioridad.
 
La apuesta y la esperanza están en la decisión de la Corte Interamericana que podría emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, lo que significaría la obligación internacional de hacer una investigación que esclarezca los hechos.
 
“Hay cosas muy puntuales que nos permitirían acceder a la justicia y a un proceso de verdad sobre lo que concurrió en Atenco hace once años”, dice Italia. La insistencia es que se investigue a los autores materiales e intelectuales, a los funcionarios que ordenaron y diseñaron el operativo.
 
Entre estos funcionarios están Genaro García Luna, entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI); Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública del Estado de México.
 
17/AGM/GG
 







ZONA DE REFLEXIÓN
VIOLENCIA
   ZONA DE REFLEXIÓN
Campañas mentirosas en Edomex
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/04/2017 Cada vez más la ciudadanía y en especial las mujeres nos cansamos de los discursos que lucran con el dolor. Hoy en el Estado de México el feminicidio se volvió el tema político más lucrativo de las campañas.
 
En el año 2007, a Felipe Calderón Hinojosa, por ser el Ejecutivo Federal, le tocó promulgar la ley más innovadora para construir una vida libre de violencia para las mujeres. Lejos está de hacer honor a la Ley que publicó el 1 de febrero de 2007, al ejercer violencia política contra una candidata.
 
Lo escrito por el ex mandatario el pasado martes en su cuenta de Twitter, en donde se burla de la candidata a la gubernatura del Estado de México por el partido de Morena, Delfina Gómez, al poner en duda la capacidad de esta política para tomar sus propias decisiones, retrata la violencia política que sigue imperando en la era de la paridad, razón por la cual se creó el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.
 
De acuerdo con el protocolo, se entiende por violencia política “todas aquellas acciones y omisiones basadas en género, que se presentan en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales y que tienen por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Negarle a cualquier candidata el albedrío y reducirla a una marioneta, como aseguraban de la ex candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, es menoscabar su derecho político a participar en la vida pública; es poner en tela de juicio la capacidad de las mujeres para estar en la política.
 
En 2007, cuando anunció la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia (LGAMVLV)   Calderón aseguró  que “eliminar la violencia contra la mujer (sic) es una condición indispensable para su participación en la vida pública”, ¿será que una vez que dejó Los Pinos dejó de creer en lo que dijo?
 
MÁGICAS PROMESAS
 
De esos discursos “políticamente correctos” están llenas las campañas electorales en el Estado de México. El feminicidio se volvió el tema electoral, sin importarles el dolor de cientos de familias. No hay candidatura en Edomex que no asegure que, de ganar, terminarán con el feminicidio, así de mágico.
 
Por ejemplo el candidato priista, Alfredo del Mazo, dice que erradicará el feminicidio ¡cuando su partido ha gobernado el Estado de México durante 84 años! y durante los dos últimos sexenios se recrudeció la violencia contra las mujeres, se niega el acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio y, en su momento, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se defendieron con uñas y dientes para no decretar la Alerta de Violencia de Género.
 
La misma entidad en donde las madres de víctimas de feminicidio, ante la falta de justicia, se han visto orilladas a ser defensoras del derecho a la vida de las mujeres, cuando una de las madres emblemática, doña Irinea Buendía, tiene que vivir protegida por las amenazas recibidas por su exigencia de justicia para su hija y todas las víctimas del odio misógino.
 
¿Cómo creerle  a la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, cuando su compañero de partido y ex mandatario violenta a otra mujer y ella guarda silencio? ¿cómo creerle si cuando su partido tuvo el poder de la Presidencia no se avanzó en la erradicación de la Violencia Feminicida que hoy, dice ella, sí desterrará del Edomex?
 
Es difícil creer que toman en serio la desigualdad que viven las mujeres de Estado de México cuando escuchamos propuestas como "salarios Rosa". ¿Por qué no simplemente se comprometen a cumplir con la ley que prohíbe la desigualdad? y señala que a trabajo igual salario igual.
 
¿Cómo creerles, cuando durante 18 años ningún partido ha garantizado los recursos necesarios  para aplicar a cabalidad la Norma 046 para la atención y prevención de la violencia en el entorno familiar y de violencia sexual?
 
Creerán que las mujeres votantes, las ciudadanas, son tontas y que  frases y colores las convencerán...
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GG







NACIONAL
LABORAL
   Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar
¿Hasta cuándo respeto a DH y garantías laborales para trabajadoras del hogar?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/03/2017 En este Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, organismos civiles y públicos, instancias de las Naciones Unidas y sindicatos, exigieron al Gobierno mexicano –como cada año- que no se violen más los derechos humanos de 2.4 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar, y que se les otorguen las mínimas garantías laborales de que gozan otros empleados en el país.
 
El 95 por ciento de las 2.4 millones de personas que trabajan por una remuneración en hogares ajenos, son mujeres, que representan 5 por ciento de la población ocupada y aportan 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Son, sin embargo, pobres, una de cada cuatro no cuenta con estudios de primaria, solo 5 por ciento fue a la secundaria, muchas son migrantes e indígenas. Nueve de cada 10 no tienen contrato laboral, ganan la mayoría menos de dos salarios mínimos diarios, sin prestaciones ni retiro digno. 
 
De las trabajadoras del hogar, 85.8 por ciento realizan tareas de limpieza en hogares particulares, 8.2 por ciento son cuidadoras de personas y 5 por ciento son lavanderas y/o planchadoras en casas particulares, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Hay, también, trabajadoras del hogar que son niñas y adolescentes, sujetas a las mismas condiciones que las adultas.
 
En suma, sus empleos –limpiar hogares, cuidar, personas, lavar y planchar- son altamente precarios y mal remunerados y en ellos están expuestas cada día, tanto a la discriminación y al maltrato, como al acoso y a la violencia sexual, lo que lesiona su integridad personal, su salud, y afecta a sus familias.
 
Esta desfavorable situación es reversible, señalan los organismos que se manifiestan hoy mediante comunicados: hay mecanismos legales y acciones concretas –a las que están obligadas las autoridades- para dar a las trabajadoras del hogar al menos el mismo estatus que a otros empleados. Concretamente, dicen, está pendiente la aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México hace más de cinco años, así como políticas públicas y aplicar la ley vigente.
 
Es por eso que hoy la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) hace un “enérgico llamado” a Enrique Peña Nieto, para que instruya a las autoridades a cumplir con su obligación de promover, y garantizar los derechos humanos de las trabajadoras del hogar y para que instrumenten de inmediato políticas públicas que garanticen la igualdad de trato de las trabajadoras del hogar con el resto de las personas trabajadoras, particularmente en lo relativo a los derechos laborales, a la seguridad social, a la salud y a la vivienda.
 
Llaman también al Congreso de la Unión a reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, a fin de derogar el régimen de excepción laboral al que están sometidas las trabajadoras del hogar, al ser incompatible con los principios constitucionales de derechos humanos y no discriminación.
 
CONVENIO 189, CRUCIAL
 
La ratificación del Convenio 189 de la OIT es crucial, señalan este 30 de marzo, en un comunicado conjunto la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
 
También es urgente la ratificación de los Convenios sobre trabajo decente 156 y 183, que promueven la no discriminación y la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres.
 
El Convenio 189 de la OIT, explican las instancias de la ONU,  promueve la equiparación de los derechos de las trabajadoras domésticas con los que se establecen en la legislación para los demás grupos de trabajadores, en temas como fijación de la jornada laboral, días libres a la semana y acceso a la licencia remunerada de maternidad.
 
La cobertura de la seguridad social que implica el Convenio también puede contribuir a superar los obstáculos de acceso que surgen de las particulares condiciones de trabajo y contratación; las dificultades de fiscalización en los hogares privados; la ausencia de un contrato de trabajo; la falta de conocimiento de los derechos laborales, y la variabilidad en el número de empleadores y los horarios.
 
El Convenio también incluye prevención de abuso, acoso y violencia contra las trabajadoras del hogar, mayor acceso a los procedimientos de resolución de conflictos y la creación de medidas para bajar la informalidad.
 
Recuerda Naciones Unidas que el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en sus observaciones a México en 2012, recomendó al Estado Mexicano la ratificación del Convenio.
 
Y en 2014 las recomendaciones a México del Examen Periódico Universal reiteraron este punto. Las conclusiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) reconocen la importancia de los estándares de derechos humanos relativos al trabajo para avanzar en el empoderamiento económico de las mujeres. Además, no puede haber discriminación por sexo en las relaciones laborales, anotan.
 
NINGUNA RAZÓN PARA DETENERLO
 
El Conapred señala en su comunicado de hoy que el Convenio, firmado por México, no ha sido ratificado por el Senado de la República para que entre en vigencia en el marco legal nacional, por lo que exhortan al Ejecutivo federal a no demorar más su presentación en el legislativo para que inicie su ratificación.
 
Pero, señala Conapred, con o sin Convenio 1896, los poderes de la Unión están obligados por la Constitución a dar un trato no discriminatorio y derechos iguales para todas las personas, y de terminar con el régimen de excepción laboral, sanitario y de bienestar social que sufren las trabajadoras del hogar. 
 
Conapred no ve razón alguna para mantener suspendida la igualdad de derechos de las trabajadoras del hogar. Además, los cálculos presupuestales y las previsiones de acción gubernamental no pueden, en ningún momento, priorizarse sobre los derechos constitucionales. La negativa a garantizar estos derechos, obedece a “una inercia discriminatoria” entre quienes no sólo tienen la decisión, sino también la obligación de terminar con esta situación de injusticia e inconstitucionalidad.
 
De igual manera, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le preocupa la demora para que entre en vigor el Convenio 189. En su comunicado con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el organismo señala como contrario a los derechos humanos el trabajo mal remunerado, la falta de prestaciones, la exposición a accidentes, violencia verbal y física, incluso sexual, así como la incertidumbre por la permanencia en el trabajo.
 
Ratificar el convenio, dice la CNDH, significaría sumarse al compromiso de promover el trabajo decente como una medida de justicia social y para reforzar los derechos fundamentales de trabajadoras del hogar. Y por ello el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dirigió un escrito al titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray para que se ratifique por el gobierno dicho convenio.
 
A la fecha, son 23 países que han ratificado y aplicado el Convenio 189 de la OIT, 13 naciones de América Latina, con condiciones en muchos sentidos similares a las nuestras.   
 
NIÑAS Y ADOLESCENTES
 
La CNDH llama la atención en su comunicado sobre el trabajo del hogar que realizan de manera remunerada niñas y adolescentes, quienes “más bien tendrían que estar en las escuelas”, y que enfrentan las mismas condiciones desfavorables que las adultas, lo que contribuye a la exclusión y vulneración de los derechos humanos. 
 
Según la "Encuesta Intercensal 2015", el total de adolescentes de 12 a 17 años que realizan trabajo doméstico es de 28 mil 103, 26 mil 084 son mujeres, es decir 92.82 por ciento.
 
Recuerda el Ombudsman que, según la OIT, en su informe “Erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico 2013”, el trabajo infantil doméstico afecta a unos 10.5 millones de niñas y niños en el mundo, la mayoría menores de edad, en condiciones peligrosas y, en algunos casos, análogas a la esclavitud.
 
Las tareas que hacen, dice el informe, son limpiar, planchar, cocinar, jardinería, recolectar agua, cuidar de otros niños o de los ancianos, y al realizarlo se exponen a la violencia física, psicológica y sexual, a condiciones de trabajo abusivas, con frecuencia aisladas de sus familias, ocultas a la mirada pública, y llegan a ser muy dependientes de sus empleadores. 
 
TIBIOS AVANCES
 
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México reconoce, en su comunicado de hoy, que la recién aprobada Constitución local reconoce el trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social.
 
Del mismo modo, establece el fomento a la formalización de los empleos y la protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre éstas y sus empleadores y el acceso a la seguridad social.
 
Y afirma que, en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), el Inmujeres CDMX   brindan atención y asesorías sobre autonomía económica y promoción de los derechos laborales a las mujeres que se emplean en este tipo de actividades.
 
Sin embargo, estos incipientes avances han sido cuestionados mediante las impugnaciones que han hecho organismos federales y partidos a la Carta Magna de la capital del país.
 
17/RED/GG







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DERECHOS HUMANOS
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Que no vuelva a ocurrir
Antonia Márquez, madre de Nadia Alejandra Muciño Márquez. CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta**
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/02/2017 Rafael* tenía 4 años cuando fue testigo del asesinato de su madre a manos de su padre y su tío. Ahora tiene 17 años,  quiere ser abogado para defender a las víctimas de feminicidio y no permitir que 13 años de impunidad pesen en más familias, como en la suya.
 
No hay año en que no recuerden el 12 de febrero, no sólo como la fecha del feminicidio de Nadia Alejandra Muciño Márquez, sino del inicio de la búsqueda de justicia por parte de María Antonia Márquez Hernández, su abuela y madre de Nadia y de Viridiana Muciño Márquez, su tía.
 
Pero este año es distinto, tiene una esperanza, la puerta abierta para que el caso de Nadia ingrese a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y se convierta en el primero que ingrese a ese organismo en el contexto de feminicidio del Estado de México, el segundo a nivel nacional, después de Campo Algodonero, en Chihuahua.
 
Conocí a Rafael el viernes pasado, en medio de una rueda de prensa en la conmemoración de los 13 años de búsqueda de justicia al feminicidio de Nadia, una joven de 24 años que tenía el sueño de ser maestra de preescolar, pero fue asesinada un 12 de febrero de 2004 por su esposo Bernardo López Gutiérrez y su cuñado Isidro.
 
Trece años que se traducen en los gobiernos de Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, tres gobernadores que pudieron haber hecho la diferencia y cambiar la historia de impunidad por la de justicia, la de feminicidio por prevención. No lo hicieron.
 
María Antonia Muciño no ha dejado de tocar puertas desde que encontró a su hija Nadia sin vida, después de escuchar de sus nietos el relato del feminicidio, calificado por las autoridades en primera instancia de suicidio.
 
El primer trecho ganado por María Antonia y Viridiana fue  reconfigurar el delito a homicidio doloso.
 
Nada detiene a María Antonia Muciño: saca energías de la esperanza de encontrar justicia para Nadia y para que nunca más otra mujer sea asesinada en el Estado de México o en cualquier parte de nuestro país. Por eso sonríe este viernes, por la esperanza del resultado en la Corte Interamericana.
 
Rafael es un joven delgado y alto, me recuerda a mi hijo mayor quien tiene su misma edad. Como buen adolescente frente a una adulta extraña, Rafael dice las palabras contadas, pero aun así averiguo que va a la preparatoria pública y que su deseo es estudiar leyes.
 
¿Y por qué quieres ser abogado? le pregunto, es la primera vez que me  mira a los ojos y responde firme “porque no quiero que otras familias pasen lo que la mía” y se despide.
 
Que no vuelva a ocurrir, repiten las víctimas del feminicidio, las madres, las hermanas, las hijas e hijos, esta es la constante exigencia, y sigue repitiéndose porque la impunidad impera y con ella no sólo la violación de derechos humanos sino se fomenta la repetición.
 
Tres gobernadores han visto pasar la familia Muciño y ninguno ha tomado en serio la vida y la libertad de las mujeres que viven y transitan por el Estado de México y mientras esto no ocurra la vida de las mujeres seguirá en riesgo.
 
*Nombre ficticio
 
**Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GGQ







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DERECHOS HUMANOS
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Los guardianes del patriarcado
Imagen retomada de www.gob.mx
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/02/2017 En agosto del año pasado, Enrique Peña Nieto advirtió que para lograr una nación más democrática, de mayores libertades, de oportunidades y realización personal, era determinante la participación e involucramiento de las mujeres.
 
Cinco meses después de su dicho, excluye por completo a las mujeres en la conmemoración de nuestra Constitución.
 
Las palabras fueron dichas, y rescatadas por los medios de comunicación, al encabezar la primera sesión pública del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ¿dónde quedó la congruencia del mandatario?

Imagen retomada del portal www.cdmx.gob.mx


En 2014, Miguel Ángel Mancera, al conmemorar el aniversario 61 del sufragio femenino, refrendó su compromiso político de impulsar la paridad de las mujeres en las labores de gobierno y en todos los sectores de la CDMX, donde las capitalinas actúan, dijo, como un factor de cambio determinante para el desarrollo, ¿Por qué entonces al presentar la primera constitución de la CDMX, en la que la mitad de las constituyentes fueron mujeres, no respetó su compromiso?
 
Ha transcurrido un siglo de la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lapso en el cual se han realizado 699 reformas, muchas de ellas impulsadas por las mujeres para garantizar la igualdad y la no discriminación. 
 
Pese a los logros obtenidos, los guardianes del patriarcado siguen construyendo muros para impedir que la igualdad sustantiva sea una realidad y una lógica democrática. Cuándo las palabras no se honran con los hechos se cae en demagogia, la cual suelen rechazar los señores cuando vienen de otros, pero no cuando lo hacen con sus ciudadanas, las cuales están hartas de las palabrerías, de los discursos políticamente correctos, las ciudadanas exigen el respeto de sus derechos, de todos sus derechos y todo el tiempo.
 
El mayoriteo masculino excluyó al 52 por ciento de la población mexicana, a las 47 mujeres que construyeron la Constituyente de la CDMX; a las cuatro funcionarias capitalinas y a las tres funcionarias federales, a las 159 diputadas federales, a las 48 senadoras, a la presidenta en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a las 284 presidentas municipales, entre otras.
 
No hay argumento que valga en la exclusión de las mujeres, la incongruencia no puede seguir siendo la lógica masculina de gobernar. Existe un compromiso en nuestras leyes con la igualdad y la no discriminación que debe ser cumplido. Las mujeres estamos en todos los espacios y no queremos ser excluidas.
 
Es probables que para los guardianes del patriarcado estos hechos no tengan mayor relevancia y que el próximo 8 de marzo volvamos a escuchar los discursos que ensalcen la presencia de las mujeres, reconozcan sus aportes y existan compromisos como los mencionados anteriormente, para ellos puede ser lo mismo, pero para nosotras no.
 
Las mujeres no podemos permitir que la demagogia masculina siga adelante, lo ganado nos ha costado mucho y tenemos que hacerlo valer.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GGQ







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Sin voluntad, Estado mexicano para hacer justicia a mujeres de Atenco
Uso de tortura sexual contra manifestantes podría ser analizado en CoIDH
Por los hechos derivados de los operativos policiacos de Atenco de hace una década, actualmente hay 18 policías estatales en un proceso penal, un agente del Ministerio Público y 17 médicos | En la imagen, Edith Rosales observa el collage fotográfico que inauguró el Centro Prodh en 2013 | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 05/10/2016 Abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) coincidieron en que el caso de las 11 sobrevivientes de tortura sexual de Atenco pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) porque el Estado mexicano no cumplió las recomendaciones de la Comisión Interamericana (CIDH), además de su falta de voluntad por hacer justicia.
 
Durante la conferencia de prensa para hablar sobre el proceso en la CoIDH, Araceli Olivos Portugal, Stephanie Erin Brewer y Santiago Aguirre Espinosa, del Centro Prodh; y Marcía Aguiluz,  directora del Cejil, refirieron que no se sancionó a los responsables por cadena de mando, a las fuerzas federales ni a los altos funcionarios que cometieron omisiones o contribuyeron a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos ocurridos durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México y Texcoco.
 
De acuerdo con información de las y el abogado, en diciembre de 2015 la CIDH adoptó el Informe de Fondo que contiene sus conclusiones en el caso y que le da la razón a las denunciantes al encontrar que fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria, que se acreditaron diversos actos de tortura física, psicológica y sexual, y que hubo una falta del debido proceso y denegación de la justicia.
 
Aunque el 17 de septiembre las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y la Procuraduría General dela República anunciaron que el caso pasó al alto tribunal del sistema regional de Derechos Humanos “a petición de las autoridades mexicanas”, tanto el Centro Prodh como Cejil dijeron que el caso pasó a la CoIDH por falta de cumplimiento de las recomendaciones.
 
Según la defensa de las mujeres el Estado reconoció parcialmente los hechos desde 2013, pero en los nueve meses siguientes a la notificación del Informe de Fondo –que próximamente se hará público– no hubo voluntad de hacer justicia, en particular no se sancionó a los responsables por cadena de mando, a las fuerzas federales ni a los altos funcionarios que cometieron omisiones o contribuyeron a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos.
 
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, explicó que al no cumplirse las recomendaciones del Informe de Fondo el caso fue remitido a la Corte Interamericana, lo que eventualmente podría significar la séptima condena contra el Estado mexicano desde que fue reconocida la competencia contenciosa del alto tribunal en 1999.
 
La CoIDH ha emitido tres sentencias por violaciones a los derechos de las mujeres. En noviembre de 2009 condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua; y en octubre de 2010 dictó dos sentencias más por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violentadas por elementos del Ejército mexicano en Guerrero, en 2001.
 
Además la primera sentencia fue en 2008 en materia de derechos políticos en el caso de Jorge Castañeda Gutman; en noviembre de 2009 el organismo emitió otra por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco; y en noviembre de 2010 un fallo más por la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
 
Ahora, la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de analizar el uso de la tortura sexual y dictar medidas de no repetición vinculantes para el Estado mexicano, contribuyendo al reconocimiento y erradicación de este fenómeno.
 
A decir del abogado Aguirre, este litigo a nivel internacional es una oportunidad para revisar el uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de las expresiones de protesta y de la tortura sexual, dos problemas estructurales que están detrás de las violaciones a Derechos Humanos cometidas en 2006 y que hoy siguen vigentes.
 
Sobre este tema la directora del Cejil Marcía Aguiluz, aseguró que hay esperanza en que el organismo internacional entienda la importancia de este caso y dicte medidas de prevención de la tortura sexual contra las mujeres.
 
La activista explicó que el Estado mexicano tuvo un plazo para cumplir las recomendaciones y no lo hizo pero destacó que hoy tiene la oportunidad de investigar lo que ocurrió a las mujeres porque si bien hay una indagación abierta en ésta no se ha señalado a ningún agente federal ni se ha imputado el delito de tortura sexual, lo que significa que no hay ninguna sanción efectiva.
 
Aguiluz dijo que la investigación es imprescindible para romper el círculo de impunidad y así lo demuestran las tres condenas internacionales por violencia contra las mujeres. En ese sentido consideró que Atenco será un caso relevante para el continente, para profundizar estándares y jurisprudencia que protejan a las mujeres víctimas de tortura sexual, así como investigar estos hechos.
 
La coordinadora del Centro Prodh, Stephanie Erin Brewer expuso que en esta nueva etapa del proceso internacional la CoIDH revisará la responsabilidad del Estado mexicano en la detención ilegal y arbitraria de las mujeres, el hecho de que no contaron con defensa técnica adecuada, vivieron procesos penales injustos y violaciones al debido proceso o falta de investigación adecuada.
 
Por eso las violaciones se analizarán a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos; de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención De Belém do Pará.
 
De acuerdo con la coordinadora del Área de Defensa del Centro Prodh, Araceli Olivos Portugal, por los hechos derivados de los operativos policiacos de Atenco de hace una década, actualmente hay 18 policías estatales en un proceso penal, un agente del Ministerio Público y 17 médicos, mientras que otros cinco profesionales de la salud fueron absueltos por falta de pruebas.
 
16/AGM/LGL







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