Enrique Peña Nieto

NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Consejo Consultivo de Protección para Defensoras y Periodistas
   
Reprueba espionaje y pide a OEA y ONU sigan de cerca al país
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/06/2017

El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reprobó categóricamente las declaraciones del titular del Ejecutivo Federal, “que criminalizan a las personas, medios y organizaciones que denunciaron públicamente” intentos de hackeo en sus teléfonos móviles por el programa de espionaje Pegasus, adquirido y de uso exclusivo del Gobierno mexicano.
 
La exigencia se basa en las declaraciones que hizo ayer Enrique Peña Nieto en un evento público en Jalisco, donde dijo que “aplicará la ley a quienes han acusado a su administración”, como respuesta al reportaje publicado el 19 de junio por The New York Times, que describe la intervención a equipos de comunicación de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) a través del software de la empresa NSO Group.
 
Los ataques, indica la investigación, fueron dirigidos al director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, y a su esposa; a la periodista Carmen Aristegui y su hijo entonces menor de edad; al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, y los abogados de esta organización, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer.
 
Además, al director de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Salvador Camarena, y a los periodistas: Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Alexandra Zapata. Ellos y ellas pidieron explicaciones a Peña Nieto y presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) y solicitud de medidas de protección a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
 
Ante esto, las y los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), denunciaron en un comunicado que rechazan estas políticas de espionaje, situación que se agrava cuando incluye adolescentes y dos de las instituciones que formar parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo: la PGR y Segob.
 
“Resulta de gran relevancia para el Consejo Consultivo del Mecanismo que la PGR y Segob hayan adquirido el malware para espionaje, atentando contra derechos que deben proteger y respetar, como la privacidad, a la libertad de expresión, a la defensa de DH, a la legalidad y la obligación de adoptar medidas especiales de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes”, expusieron.
 
En este sentido, el Consejo Consultivo del Mecanismo hizo las siguientes exigencias:
 
1) La Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de presentar al Consejo, un plan de acción para dar respuesta a las agresiones digitales que enfrentan periodistas y personas defensoras de DH.
 
2) Que la Junta de Gobierno del Mecanismo cumpla las medidas cautelares dictadas por la CNDH en relación a este caso.
 
3) Que a la brevedad la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República realice una audiencia pública sobre este caso y cite a compadecer ante el Senado a los funcionaros públicos que no evitaron este tipo de agresiones en contra de ciudadanos mexicanos.
 
A TRES MESES DEL ASESINATO DE MIROSLAVA
 
Señala también el Consejo Consultivo que este tema del espionaje contra personas defensoras de DH y periodistas se suma a los casos de agresiones, múltiples desapariciones, acoso judicial, amenazas y seguimiento a que se enfrentan. 
 
Entre estos casos de agresiones está el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, cometido un día como hoy de hace tres meses, así como el homicidio del periodista Javier Valdez.
 
En memoria de Miroslava, y para reiterar la exigencia de justicia en su caso, hoy en Chihuahua el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza,  dijo que ese organismo “va a seguir vigilando y exigiendo justicia en todos los casos vinculados contra agresiones a periodistas”.
 
Y exigió “a la Procuraduría de Justicia de México que cumpla investigando, siguiendo la línea lógica” de que el asesinato de Miroslava “fue parte del ejercicio del periodismo”.
 
Al llamodo se unió el representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos, Jan Jarab, quién pidió justicia para Miroslava y otros periodistas asesinados durante el año, “porque la mayoría de estos crímenes ha quedado impunes, y se debe superar esta tortura en México”, concluyó.
 
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS
 
Por otra parte, el Consejo Consultivo reconoció que el Mecanismo de Protección no ha logrado articular una política de Estado capaz de dar solución a estas agresiones, y dar garantías que no se vuelvan a repetir, por lo que quedan “como un esfuerzo aislado que a la fecha, sigue sin ser suficiente”.
 
Además, observan serias deficiencias en la protección a personas en riesgo que acuden al Mecanismo, reflejo, aseguraron, de la “cuestionable participación de algunos representantes de las instituciones que conformar la Junta de Gobierno, como es el caso de la PGR”.
 
“Nos hemos mantenido dentro del Mecanismo por la convicción de brindar adecuada y urgente protección a las personas beneficiarias, especialmente quienes están en condiciones de mayor riesgo por ser mujeres, indígenas o por desarrollar su vida profesional en entidades federativas o municipios con escasa o nula presencia del Estado”, señalaron.
 
Con ello, el Consejo reiteró la necesidad de desarrollar una política integral de prevención y protección de personas defensoras y periodistas, que vaya más allá del funcionamiento del Mecanismo, que incluya: investigaciones adecuadas y efectivas, dirigidas a identificar y sancionar a los agresores; campañas de reconocimiento de la labor de periodistas y defensores; adopción de marcos legislativos que no criminalicen o restrinjan defender DH o ejercer el periodismo.
 
Por ello instaron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Naciones Unidas “a que sigan muy de cerca lo que ocurre en nuestro país”.
 
Los integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo que firmaron son; Alberto Xicotencatl Carrasco, Alejandro Anaya Muñoz, Araceli Domínguez Medina, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Lucía Lagunes Huerta, Alejandra Nuño Ruiz-Velasco, Pilar Tavera Gómez, Stefan Zimmer y Víctor Ruiz Arrazola.
 
17/HZM/GG








OPINIÓN
   Lydia Cacho Plan b*
   
Los 32 estados con ciberataques a periodistas
Especial
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/06/2017

En febrero de 2005 nos reunimos un equipo de 22 defensoras de los Derechos Humanos, todas dirigíamos refugios para mujeres, niñas y niños víctimas de violencia extrema. Cuando saqué mi radio satelital y hablé de seguridad de las comunicaciones, de encriptar los datos de las víctimas, casi todas me miraron con aburrimiento.
 
En aquel entonces las medidas de seguridad que el periodismo me había enseñado a tomar por mi propia cuenta, después de tantas amenazas de muerte, parecían absurdas para la mayoría de colegas, hombres y mujeres.
 
No importaba de qué forma les explicara (por más simplificada que fuera), que las búsquedas de internet dejaban rastro, que todos nuestros correos electrónicos estaban intervenidos y los virus servían para robar carpetas de investigación enteras con nombres de víctimas, testigos y abogadas.
 
Gobernaba ya el PAN con Vicente Fox. Las viejas técnicas de espionaje del PRI se habían renovado gracias al acceso y uso cada vez más generalizado, de correos electrónicos y teléfonos celulares.
 
No una, sino varias veces, mis fuentes militares del área de investigación de la Fiscalía antidrogas perteneciente a la Procuraduría General de la República (PGR) me lo habían explicado: las y los periodistas y activistas por los derechos humanos estábamos, de forma natural, en las “listas negras” del centro de espionaje para la protección de la seguridad nacional, CISEN.
 
Las viejas prácticas con nuevas herramientas tecnológicas y mayor facilidad para acceder a nuestras llamadas eran facilitadas por el monopolio telefónico de Carlos Slim: Telmex y Telcel estaban al servicio del gobierno en turno.
 
No hacía falta una orden judicial para pedir la “sábana” de llamadas telefónicas de una o un reportero incómodo para un gobierno estatal o federal, bastaba que la PGR o el propio fiscal, luego Subprocurador, José Luis Santiago Vasconcelos lo pidiera: él mismo me lo confesó en una entrevista mientras yo escribía en 2004 el libro Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía infantil.
 
Periodistas como Blanche Petrich y Lucía Lagunes, reporteando por todo el país, o defensoras de mujeres como Lucha Castro en Chihuahua y las mujeres migrantólogas de Sin Fronteras I.A.P, todas eran espiadas sistemáticamente. Sus correos electrónicos eran desviados directamente al centro de inteligencia, que entonces tenía algoritmos mucho menos sofisticados para diferenciar la vida personal de la profesional.
 
Las llamadas telefónicas tanto de líneas que ahora llamamos “de tierra”, como de celulares, eran intervenidas a cualquiera que documentara con seriedad el movimiento zapatista, los femincidios en Ciudad Juárez, o el narcotráfico en Quintana Roo. El filósofo Luis Villoro era uno de esos tan espiados que los expertos se aburrían con sus llamadas poco interesantes. Él pertenecía a la generación de los que todo lo hablaban en persona.
 
Desde 2005, las y los más vulnerables a ataques personales basados en el espionaje de su vida privada han sido, sin duda, quienes viven en los 32 estados de la República, las y los activistas y reporteros de los medios regionales de provincia, considerados como enemigos de gobernantes de diferentes calañas, periodistas que han ido desgajando, poco a poco, los despojos de país que dejó el PRI y que los demás partidos han esquilmado hasta la saciedad.
 
En 2009 conocí a un famoso hacker que me invitó a participar en un grupo cerrado de especialistas de todo el mundo que tenía como meta detectar el alcance de la pornografía infantil, directamente vinculada a la trata de personas para detectar de dónde eran los niños y niñas y forzar a los gobiernos a actuar en consecuencia.
 
Internet era ya el medio idóneo para la transmisión de archivos que los pederastas compartían con diferentes programas, muy elementales comparados con los nuevos. Ya convivían de forma opaca en el ciberespacio lo ilegal con la legalidad.
 
Todavía para esas fechas la mayoría de colegas periodistas, famosas y desconocidos, incluido mi expareja, eventualmente director de un diario nacional, me respondían risueños ante la petición de usar mejores instrumentos tecnológicos para comunicarnos. Decían que no tenían nada que ocultar, sin entender el fondo del asunto.
 
Si bien es cierto que nuestro derecho a la privacidad se distingue claramente de aquél de los políticos que investigamos, porque aquellos cometen ilícitos contra la sociedad, pocas personas entienden la importancia del derecho a la privacidad y la dificultad de regularnos sin censurarnos o dejar que los dueños de la economía controlen las redes.
 
La discusión cayó siempre en oídos sordos, mientras los gobernadores comenzaron a comprar programas de espionaje cibernético y telefónico más sofisticado, no para asuntos de seguridad nacional, sino para saber quién investigaba sus cada vez más comunes vínculos con la delincuencia organizada.
 
Usaban esa información para exigir a los dueños de los medios que despidieran a reporteros, columnistas y conductoras de noticieros en los estados de todo el país; pruebas e historias sobran; las cosas se hicieron más evidentes cuando estas prácticas llegaron a los medios radicados en la Capital del país.
 
El espionaje se convirtió en un accesible instrumento de venganza directa y expedita, pero como antes los ataques les sucedían a periodistas y activistas de la sierra de Guerrero, Oaxaca o Chiapas, o a reporteras de Campeche, Tabasco, Yucatán, Durango o Coahuila, los medios nacionales casi nunca miraron dos veces. Los hackers eran, para la mayoría de colegas periodistas, personajes de película, geeks aislados, chicos que querían llamar la atención o héroes espías como Ed Snowden.
 
LOS ATAQUES
Para quienes advertíamos lo que venía en términos de seguridad personal, derecho a la privacidad e información, pero sobre todo por seguridad de las víctimas y de nuestras fuentes periodísticas, fueron años frustrantes.
 
El primer gran ataque que atestiguamos fue documentado científicamente y reconocido por expertos como John-Graham Cummings, Mathew Prince y Mathew J. Schwartz; sucedió en 2009, pero no fue sino hasta el 2013 en que el ataque más grande hasta entonces pasaría a la historia: se dieron embestidas DDoS (denegación de servicio) con picos de 300 giga bites por segundo, algo nunca antes visto.
 
En 2014 vimos los primeros de 400Gbps. Justo en esa época floreció la industria de la ciber-seguridad. Bancos y grandes empresas comenzaron a contratar a los pocos expertos en seguridad y protección de data. El cliente de una empresa que pagaba once mil pesos por proteger sus equipos, un año después comenzó a pagar 200 mil. Los expertos del NSA de Washington y los del HaMosad de Israel, se convirtieron en entrenadores de espionaje gubernamental al mejor postor. 
 
En 2014 Mathew J. Schwartz se refirió a los nuevos niveles de ciberataques con fines de espionaje virulento como un nuevo récord. Los ataques llamados WannaCry/WannaCrypt (quieres llorar/quieres encriptar) dejaron a los especialistas boquiabiertos.
 
Quienes empezamos a entender que el periodismo independiente daría su mayor batalla frente al viejo periodismo corrupto en las plataformas digitales en aquél entonces, buscamos formas de asegurar que nuestros medios estuvieran alojados en los servidores más seguros.
 
Los atacantes de medios con periodistas que de verdad hacemos un trabajo ético, no eran los hackers aburridos, ni los cibernautas defensores de la transparencia, estaba claro que desde que los ciber-espías del gobierno británico y los del Israelita habían perseguido a los Anonymous usando programas especializados, varios expertos miraron con ambición a una creciente industria para vender herramientas de espionaje y de protección; es decir crearon el virus y la medicina para curarlo temporalmente.
 
Anonymous ganó fama luego de que lograra su primer Tango Down (cuando tiras un servidor) como acción política. Aunque ya en junio de 2013, el ex agente de la CIA, Robert Snowden había hecho pública la existencia y uso gubernamental de los programas PRISM y XKeyscore que el gobierno usaba desde la agencia de seguridad nacional (NSA) para espiar a políticos, periodistas y activistas, las y los colegas mexicanos siguieron su camino mientras pequeños grupos especializados dialogaban sobre el derecho a la privacidad, acceso a la información y el ciber-espionaje gubernamental.
 
EN MÉXICO
 
En los últimos tres años, en México, documentamos periodísticamente una decena de reportajes de los ataques DDoS NTP a medios electrónicos justo cuando salieron, o estaban por salir, reportajes sobre gobernadores de diferentes estados o contra los aliados presidenciales y el mismo Peña Nieto.
 
Ya desde el 2007 (es decir, hace 10 años) la PGR tiene denuncias de periodistas, entre ellos dos mías, con evidencia científica que demuestra que usaban los teléfonos de nuestros familiares para desviar llamadas, amedrentarnos y hostigarnos, así como el uso ilegal de nuestros correos electrónicos para manipular información personal a fin de desacreditar nuestras investigaciones.
 
Los refugios para víctimas están hackeados para bajar información, una y otra vez expertos amigos han ayudado a rescatar los servidores de Organizaciones de la Sociedad Civil hackeadas, casi siempre, por los servicios de espionaje de los gobiernos locales o del federal en casos de quienes ayudan a víctimas migrantes.
 
La aparición de los teléfonos inteligentes, de la mano de la popularidad de las redes sociales, han terminado con la privacidad que conocimos antes de los años noventa. Ellos crean la tecnología, los virus y la cura para la enfermedad; el negocio perfecto creció frente a la mirada de millones que daban por sentado que no había nada que perder perdiendo la privacidad.
 
Ya sabemos, por la notoriedad y credibilidad de Carmen Aristegui y un par de activistas más, que el gobierno federal compró Pegasus y en lugar de utilizarlo para investigar y encontrar a los líderes de la delincuencia organizada, espía a periodistas, activistas y sus familiares con recursos de nuestros impuestos.
 
Lo que no sabemos es en manos de quién queda esa información, pues los vínculos de la delincuencia organizada y los servicios de espionaje (Inteligencia es un insulto) son cada vez más evidentes y sólidos. Peña Nieto y Osorio Chong hacen exactamente lo mismo que hizo con más de un centenar de periodistas, intelectuales y activistas Felipe Calderón, con Genaro García Luna y el programa FinFisher/FinSpy.
 
LO QUE SIGUE
 
Lo que sigue ahora es lo verdaderamente trascendental: poner sobre la mesa la auténtica discusión de cómo las universidades que enseñan a jóvenes el desarrollo y uso de TICs dejaron fuera la ética; por qué centenares de millennials privilegiados están dispuestos a trabajar para destruir la libertad de información, entrometerse en la vida de las y los periodistas y activistas que se juegan la seguridad y la vida por el país y la democracia.
 
Debemos entender que en la medida en que la sociedad logró avances legales en pro de la transparencia, la necesidad de ocultamiento que tienen los gobiernos es directamente proporcional a nuestra capacidad para exigir legalidad e imponer una cultura de justicia y acceso a la información. El espionaje es una oleada desventajosa contra los avances efectivos que han provocado periodistas y activistas.
 
Debemos preguntar por qué los congresos de los estados aprueban los recursos para el manejo de Community Managers de los gobiernos que en realidad operan como espías, saboteadores de medios, creadores de FakeNews, bots y trolls que operan para desactivar los procesos democráticos y el acceso a las verdades periodísticas, tal como hemos demostrado con pruebas plenas al menos en Quintana Roo.
 
Quienes sonreían frente al tema de ciber-seguridad deben tomarse muy en serio lo que ya vimos y lo que viene; estamos en la era de la pérdida de privacidad, en un mundo que se divide entre quienes se informan en el ciberespacio y quienes no se interesan por esa vía de comunicación o carecen de acceso a ella.
 
La verdad es la verdad, no existen la pre-verdad ni la post-verdad. Estamos frente a una sociedad dividida, en que los derechos se pulverizan en la medida en que más gente joven decide habitar en el lado de la corrupción y el enriquecimiento ilícito devastador de la democracia, en el que la violencia concreta se ha volcado en un mundo aparentemente virtual al que hemos entregado nuestras vidas privadas, a través de herramientas cuyo uso desconocemos.
 
APRENDER
 
La gran batalla radica en evitar quedarnos en el enojo que provoca el espionaje, para movernos hacia la tarea de aprender a utilizar las herramientas con las que nos atacan, a nosotras y a nuestros hijos e hijas; tomar en serio el uso de las tecnologías para las labores socialmente útiles como el periodismo, la defensa de los derechos humanos y la educación.
 
En la era de la superficialidad de la estética tecnológica debemos ir a contracorriente tras la ética del conocimiento, porque nuestro instrumento fundamental es el cerebro, lo demás es, por ahora, sólo herramientas que dependen de nuestras decisiones. Conspiremos pues; para los que no tienen a la mano Google, viene del latín spirare-conversari: respirar juntas el mismo aire de libertad, para evitar la autocensura.
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
17/LC/GG








REPORTAJE
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Medidas y leyes al vapor no acabarán crisis
Violencia contra periodistas, botín de gobiernos y legislaturas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Ma. Guadalupe Gómez Quintana
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/05/2017

El mensaje de  Enrique Peña Nieto, tras el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, y de Javier Valdez, fundador de Río Doce, en Sinaloa, desató un alud de anuncios en los Gobiernos estatales para “proteger” a periodistas, para hacer leyes que sí garanticen la libertad de expresión, así como foros y reuniones con el gremio, en un afán por acallar las protestas y los llamados que surgen de todo el mundo.  
 
Los anuncios, al igual que la respuesta de Peña Nieto, del 17 de mayo, ante la crisis desatada por el asesinato de los dos periodistas en menos de un mes, insisten en recrear o “mejorar” los mismos mecanismos que ya demostraron su ineficacia, inoperancia u omisión ante la violencia contra las y los periodistas.  
 
El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), creada hace 5 años, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de 2010, no han resuelto la crisis de Derechos Humanos en el gremio.
 
Durante el sexenio de Peña Nieto, 46 periodistas han sido asesinados. Del año 2000 a la fecha suman 127: en Veracruz 20, 15 en Oaxaca, 14 Tamaulipas, igual cifra en Guerrero y Chihuahua, y 7 en Sinaloa. Hay 645 quejas por agresiones ante la CNDH, de enero de 2010 al 30 de abril de 2017. Y de 2005 a la fecha CIMAC registró 19 comunicadoras asesinadas; una agredida cada 4 días, de 2014 a 2015.
 
Triste ejemplo de su ineficacia es el asesinato de Miroslava, el 23 de marzo pasado, pese a la “Alerta Temprana” decretada por el Mecanismo en agosto de 2016 para Chihuahua, segunda entidad con más periodistas ultimados.
La FEADLE tiene integradas 798 averiguaciones previas, sin un solo caso resuelto.
Sin embargo, Peña Nieto ordenó en Los Pinos “fortalecer” el Mecanismo y la FEADLE, y dar recursos a esta, porque en 2017 no se le asignaron presupuesto.
 
Igual sentido tienen las acciones anunciadas por gobiernos estatales, en vísperas de los comicios presidenciales de 2018, de inmediato cuestionadas por periodistas, quienes las califican de inadecuadas y oportunistas.
 
Oportunistas, porque antes, esas mismas administraciones se mostraron indolentes y omisas ante las reiteradas advertencias, peticiones de apoyo y  denuncias por actos de violencia contra periodistas.
 
También porque hay desconfianza en la justicia local, lo que provoca que 36 por ciento de las peticiones de apoyo ante el Mecanismo federal provengan de periodistas locales. Y porque los llamados a diálogos y foros se dan sólo en situaciones coyunturales o convenientes para las administraciones, o bien sólo con periodistas afines.
 
Periodistas de varios estados, consultados por esta agencia, reportan la inédita y coordinada acción gubernamental y su previsible fracaso, que puede redundar, desafortunadamente, en más agresiones.
 
PROBLEMA ESTRUCTURAL, ANUNCIOS AL VAPOR
  
En Tamaulipas, donde no existe fiscalía especializada ni mecanismo de atención, el 9 de mayo presentó el PRI un proyecto de ley para proteger al gremio. Una “iniciativa copy-paste de la ley federal pero mutilada”, dicen, que excluye a organizaciones y periodistas.
 
En Sonora, sin fiscalía especial, la gobernadora Claudia Pavlovich anunció, tras una reunión de emergencia, que activará los mecanismos de seguridad. El 24 de mayo se presentó una iniciativa ante el Congreso local.
 
En Quintana Roo, más de cien periodistas mantienen su oposición a que sea revivida la Ley de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de agosto de 2015, conocida como Ley Borge, cuyo fin era “entorpecer el ejercicio periodístico” y fue impugnada por la CNDH ante la SCJN. Anuncian que convocarán a foros para hacer otra propuesta.   
 
Periodistas de Querétaro acusan que el gobierno pretende crear una ley, “para censurarnos”. 
 
En Morelos, el 22 de mayo, el Foro de Periodistas solicitó una reunión urgente con el gobernador Graco Ramírez y respuesta oficial “ante la actuación de un servidor público señalado como agresor de reporteros”.
 
El gobierno de Tabasco, en donde un funcionario de la Fiscalía estatal considera que ahí no hay riesgo para periodistas porque no hay periodismo crítico ni de investigación, la administración promete “sensibilizar” a autoridades municipales, varias señaladas como agresoras de periodistas. Impulsarán también una ley.
 
Campeche no tiene Fiscalía ni “mecanismo alguno para su protección”. Lo mismos sucede en Puebla, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha rechazado solicitudes de apoyo.
 
En Veracruz, estado letal para periodistas y para la libertad de expresión, existe la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, ineficaz y sin dientes. Incluso el Congreso habla de desaparecerla.   
 
En Guerrero, sin la presencia de periodistas ni víctimas, el gobernador Héctor Astudillo anunció 6 medidas, tras el asesinato de  Francisco Pacheco y Cecilio Pineda, y de la agresión a 6 reporteros en Acapetlahuaya.
 
En Tlaxcala el jueves anunciaron una instancia judicial para atender a periodistas. Y en Guanajuato, PRI y PAN intentaron aprobar una ley de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos, congelada hace tres años. Fue rechazada en el Congreso. Más que ayudar, dicen periodistas, vulneraría más nuestro ejercicio. 
 
En Nuevo León, el Gobierno instaló un comité para evaluar y determinar las medidas de seguridad de 33 periodistas y activistas.
 
A las medidas gubernamentales se suman empresarios de medios, quienes en una acción inusual, emitieron condenas y parabienes, para que sus empleados no sean asesinados mientras les producen riqueza.  
 
EL FUTURO
Al anuncio de Peña le siguió, al día siguiente, la noticia de un periodista muerto en Jalisco y otro “levantado” en Michoacán, lo que reafirma la insuficiencia de los mecanismos actuales.
 
No son eficaces, dice el Consejo Consultivo del Mecanismo, en un comunicado del 26 de mayo, al igual que muchos periodistas, porque estamos ante un problema estructural. De ahí que un grupo de periodistas y organizaciones civiles llamen a foros para lograr un cambio, para que ser periodista en México no entrañe peligro de agresiones y muerte.
  
17/GG
 








INTERNACIONAL
   Publican en Argentina Manifiesto No al Silencio
Macri debe pronunciarse contra agresiones a periodistas de México
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/05/2017

Periodistas, medios y organizaciones de prensa, así como escritoras y escritores, editores, firmaron en Argentina un manifiesto de  solidaridad con México, que repudia los crímenes contra periodistas, exige a Enrique Peña Nieto investigarlos, reclama garantías para el ejercicio de la profesión y solicita al Estado argentino que rompa el silencio y “haga explícita la solidaridad del pueblo argentino para con las víctimas de la narco violencia estatal mexicana”.
 
El Manifiesto, al que se suman la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), Pikara Magazine, el sitio Economía Feminista, Revista Mu, Revista Anfibia, Cosecha Roja, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa, entre otros, así como cientos de periodistas en lo personal, señala que México padece una tragedia sin precedentes que volvió a quedar en evidencia el pasado 15 de mayo, con el asesinato de periodista Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa.
 
Hay más de 100 periodistas asesinados, recuerda el Manifiesto y “ninguno de esos crímenes ha sido investigado. Reina la impunidad. También hay por lo menos 23 periodistas desaparecidos y decenas más amenazados y desplazados de su ciudad de origen”.
 
Por eso México es hoy el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y uno de los más peligrosos para los trabajadores de prensa en todo el mundo, señala, y recuerda que este 2017 han sido asesinados Cecilio Pineda Brito, de 38 años,  ejecutado  el 2 de marzo por sicarios que le dispararon desde una motocicleta mientras él descansaba en una hamaca.
 
El 19 de marzo, en Veracruz, el periodista Ricardo Monlui, de 57 años, fue asesinado a balazos cuando salía de un restaurante. El 23 de marzo, en Chihuahua, mataron de 8 balazos a la periodista Miroslava Breach, de 54 años, en la puerta de su casa y frente a su hijo.

El 14 de abril, en Baja California, mataron de 15 balazos al periodista Maximino Rodríguez, de 73 años, en el estacionamiento de un centro comercial. Estaba con su esposa. El 2 de mayo, en Morelos mataron el periodista Filiberto Álvarez, de 71 años. Fue acribillado cuando volvía a su casa en su auto. El 15 de mayo, en Sinaloa mataron al periodista Javier Valdez, de 50 años. Lo sacaron de su coche y lo masacraron a tiros.
 
Todas y todos, los periodistas asesinados “habían denunciado violaciones a los derechos humanos, vínculos entre políticos y narcotraficantes, el recrudecimiento de la violencia provocado por la guerra narco y la inacción o complicidad del Estado”.
 
El asesinato de periodistas en México entraña una gravedad particular, dice el texto, ya que afecta a la libertad de expresión y el acceso a la información, derechos fundamentales en una democracia, y recuerda cómo a partir de 2006, “Felipe Calderón sumió al país en una irresponsable guerra contra el narcotráfico que ha continuado… Enrique Peña Nieto”.
 
 Desde entonces ha habido más de 100 mil asesinatos y más de 30 mil desapariciones. Las masacres masivas y manipuladas por las fuerzas de Seguridad se multiplican. A diario se cometen delitos de lesa humanidad. Cada vez son más numerosos los casos que prueban la vinculación de gobernadores y alcaldes con el crimen organizado.
 
“México se ha convertido en un cementerio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que a lo largo del país se han encontrado 855 fosas comunes con miles de cuerpos amontonados. Fosas descubiertas en su mayoría no por el Estado, sino por familiares de desaparecidos que se auto organizan para excavar la tierra.
 
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) reveló que México es el país más letal después de Siria. En 2016 fueron asesinadas 23 mil personas. 63 cada día. Más que en Afganistán y que en Irak.
 
En medio de esta guerra que no resolvió nada y sólo incrementó la violencia, los defensores de derechos humanos, padres y madres que buscan a sus hijos desaparecidos y los periodistas se convirtieron en un blanco de ataque.
 
Frente a esta tragedia, dice el Manifiesto, las y los abajo firmantes repudian los crímenes y exigen que Peña Nieto “haga efectivos los mecanismos de protección para periodistas y al Estado en su conjunto que investigue, aclare y sancione asesinatos que siguen marcados por la plena impunidad”.
 
Y al presidente Mauricio Macri, “que ponga fin a su silencio sobre la tragedia humanitaria que vive México y que se solidarice con los desaparecidos, asesinados, desplazados, amenazados y con el resto de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico”.
 
17/RED
 








NACIONAL
   ¡Justicia!, interrumpieron periodistas el minuto de silencio
Cumplir, ahora sí, objetivos de FEADLE y Mecanismo, respuesta de EPN a emergencia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/05/2017

Tras los asesinatos de los periodistas Javier Valdez Cárdenas y Miroslava Breach Velducea, Enrique Peña Nieto hoy anunció que se fortalecerá la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) y se dotará de recursos financieros al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero no detalló cómo se combatirá la impunidad.
 
En compañía de integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, Peña Nieto anunció tres acciones para proteger a periodistas y defensores de Derechos Humanos y dar respuesta a los recientes crímenes.
 
Las  “estrategias” anunciadas, el listado de acciones, no constituyen novedad, ya que están incluidas  entre los objetivos tanto del Mecanismo como de la FEADLE, desde su creación. Por ejemplo, la creación del Mecanismo de Protección data de hace cinco años, sin que a la fecha esté consolidado. En tanto, la  FEADLE, que existe desde 2010 sin que haya resuelto un solo caso, reiteró hace unos días, con el nombramiento del nuevo fiscal Ricardo Sánchez, su objetivo de fortalecer las capacidades de investigación, de revisión de casos y de contacto con organizaciones civiles y de periodistas. 
 
Al comenzar su discurso el titular del Ejecutivo pidió un minuto de silencio por los asesinatos de los periodistas, pero este  fue interrumpido por gritos de ¡Justicia!, por parte de reporteros presentes. Peña Nieto continuó su discurso dirigiéndose a  los “amigos” para “reafirmar un firme compromiso para combatir la impunidad y para que se encuentre a los responsables y dar esperanza y tranquilidad”, porque se dará con los responsables de los hechos, dijo. 
 
Ante los gritos de algunos reporteros, el autonombrado “amigo” de la prensa dijo que este mensaje no se trataba de un discurso más. Mientras Peña Nieto se erigía como "defensor de la libertad de expresión" los datos muestran lo contrario. 

De acuerdo con la organización defensora de la libertad de expresión, Artículo 19, durante el sexenio de Felipe Calderón un periodista fue agredido cada 48.1 horas pero con Peña Nieto el nivel de violencia ascendió a una agresión cada 26.7 horas. 

Sin mencionar los nombres de ninguno de los reporteros ejecutados, Peña Nieto condenó los “sucesos” y expresó sus condolencias a las familias de las “víctimas” y declaró que una democracia plena requiere que nadie calle su voz, por eso retomó la frase “no se mata la verdad matando periodistas”, reclamo repetido por el gremio cada de que se conoce un asesinato, el de Javier, Miroslava, Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Filiberto Álvarez y Maximino Rodríguez, etcétera. 
 

Sexenio Enrique Peña Nieto (1 diciembre de 2012 a abril de 2017) # de casos
Total de casos registrados y documentados 304
Casos de feminicidio 6
Desapariciones 0
Sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (1 diciembre 2006 – 30 noviembre de 2012) # de casos
Total de casos registrados y documentados 126
Casos de feminicidio 12
Desapariciones 2

La sociedad demanda la detención de los culpables y por ello Peña Nieto anunció que se fortalecerá y dotará de recursos financieros al Mecanismo de Protección, dependiente de la Segob y el cual protege a 538 personas, de las cuales 342 defensoras de Derechos Humanos y 196 periodistas. Mecanismo que de acuerdo con sociedad civil no tiene capacidad para atender los casos, ya que la Secretaría de Hacienda no le asignó recursos para este año, lo que le valió un reclamo reiterado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
El priista también declaró que se creará un Protocolo de Atención, instrumentado por el Mecanismo de Protección; y como tercera medida se fortalecerá la FEADLE, dependiente de la PGR, a través de capacitación, contratación de más personal, dialogo con sociedad civil y el gremio, seguimiento de las investigaciones y coordinación con autoridades federales y estatales para atender estos delitos.
 
Previamente, el procurador Raúl Cervantes dijo que tienen que llegar al fondo de las investigaciones para dar con los responsables materiales e intelectuales, agotar la línea de investigación relacionada con la libertad de expresión y no descartar esta hipótesis hasta no aclarar el móvil del crimen, algo que, cabe decir, deben realizar en todos los casos que conozcan y sin excepción alguna.
 
A su vez, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México –lugar donde en 2015 fueron asesinados el foto periodista Rubén Espinoza y la activista Nadia Vera – Miguel Ángel Mancera, repitió algo que ya han dicho los comunicadores: que se debe investigar los homicidios perpetrados en contra de periodistas, colaboradores de periodismo y homologar las áreas especializadas en las Procuradurías estatales.
 
También dijo que se deben conformar mapas estatales de riesgo y agresión; dar cumplimiento a la recomendación 24/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); trabajar con un protocolo de prevención, atención de víctimas de estos delitos; y establecer en cada entidad un Mecanismo de Protección local.
 
De acuerdo con la CNDH, desde el año 2000 al 31 de enero de 2016 se registró el homicidio de 109 periodistas por ello en ese entonces el organismo llamó a la PGR a realizar todas las diligencias necesarias para el esclarecimiento de estos delitos, agotando todas las líneas de investigación, incluyendo las relacionadas con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

Así, a siete años de creada la FEADLE, primera instancia para atender delitos contra la libertad de expresión, el anuncio ante la emergencia reconocida por el propio Peña Nieto ante el asesinato y agresiones contra periodista, no fue más allá de las medidas a que están obligadas las instituciones del Estado.
 
Y sobre cómo se logrará abatir la impunidad en estos casos, que según la CNDH alcanza 99.97 por ciento, en los más de 120 asesinatos de periodistas cometidos de 2000 a 2017, sólo se dijo que se hagan las “diligencias necesarias”, agotando todas las líneas de investigación”. 
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
VIOLENCIA
   EPN y Osorio Chong, “dejen de simular”, actúen o renuncien
Gobierno no protegió a Miriam Rodríguez: OSC y CNDH
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/05/2017

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México afirmó en un comunicado, emitido poco después del asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, integrante del Colectivo de Personas Desaparecidas de San Fernando, cometido el 10 de mayo enfrente de su casa, que “aunque no se sabe aún quienes fueron los perpetradores directos, constatamos que es la responsabilidad del Gobierno Mexicano, por la negligencia de no brindar las medidas de protección que solicitó la víctima, ante el riesgo que corría su vida, por la fuga del responsable de la muerte de su hija”.
 
En ese coincide también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde afirma que “hubo incumplimiento de las autoridades de los tres niveles de gobierno en cuanto a su obligación de proveer seguridad pública para prevenir las posibles violaciones a los derechos fundamentales de quienes se desempeñan como defensoras y defensores están en situación de riesgo”.
 
Recuerda el Movimiento que Miriam Rodríguez inició su activismo a partir de la desaparición de su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, en 2012 y a quien encontró en una fosa clandestina en 2014, gracias a sus propias investigaciones.
 
Dice el Movimiento que “ya no queremos gobiernos indolentes, cooptados y corruptos que sacrifican a los ciudadanos por sus perversos intereses”  y exige a Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, “que dejen de simular y actúen   para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país, y si no pueden que renuncien”.
 
EXIGEN MEDIDAS CAUTELARES
 
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pide, por tanto, al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, al Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos y al Relator de Ejecuciones Sumarias y Arbitrarias que soliciten al Estado mexicano Medidas Cautelares para proteger a la familia de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez.   
 
Dichas medidas cautelares, señala el comunicado del Movimiento –firmado por decenas de organizaciones que integran el Movimiento, organizaciones civiles, instituciones universitarias y personas solidarias- deben aplicarse también a las y los integrantes de la Comunidad Ciudadana de Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, porque corre también riesgo su vida, integridad y seguridad.
  
En la solicitud de medidas cautelares para familiares y activistas coincidieron también en sendos comunicados: la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH),  CNDH  y Amnistía Internacional (AI), mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que ejerció la facultad de atracción del caso para dar acompañamiento y atención a las víctimas indirectas y potenciales. 
 
ONU-DH recuerda “que el deber de protección implica que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber”.
 
Por tanto, realiza “un enérgico llamado a las autoridades para que brinden las adecuadas medidas de protección a la familia de  Rodríguez y  a las otras familias de personas desaparecidas en Tamaulipas, particularmente considerando que dicho Estado encabeza las cifras, según fuentes oficiales, de personas desaparecidas en México.
 
Asegura la CEAV en un boletín que su personal está en contacto permanente con los familiares de la víctima, y que las víctimas indirectas se incorporarán ante el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), mientras la Asesoría Jurídica Federal las asistirá durante el proceso penal.
 
INVESTIGACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
Sobre la investigación del crimen, el  Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exige también al Gobierno mexicano “la investigación inmediata e imparcial de este cobarde asesinato, a través de un órgano que garantice imparcialidad e independencia”.
 
ONU-DH, por su parte, solicita también que el asesinato “sea debidamente investigado con perspectiva de género y no quede en la impunidad”, además de que “resulta impostergable atender los factores estructurales que han colocado a las familias de personas desaparecidas en una grave situación de vulnerabilidad”.
 
SIMBOLISMO ESCALOFRIANTE
 
ONU-DH destaca que el asesinato “fue cometido el día de las madres, fecha que en últimos años se ha convertido en un emblema del reclamo de justicia y visibilización de la lucha que llevan a cabo las familias de personas desaparecidas, lo cual le provee de un simbolismo aún más escalofriante”.
 
La CNDH coincide en el significado del crimen cometido ese día y afirma que ocurre precisamente el día en que se festeja a las madres en México, por lo que la Comisión enfatiza que toda intimidación, agresión y afectación del tipo que fuere contra el derecho a defender lesiona gravemente al tejido social y, por ende, las autoridades de todos los niveles deben atender el sensible problema que representan las agresiones contra  defensores de derechos humanos.
 
LLAMADO A MEDIOS Y SERVIDORES
 
ONU-DH exhorta a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los colectivos de familias del resto de México a que con su solidaridad y cobertura constantes se logre que quienes luchan en Tamaulipas por encontrar a sus familiares tengan la atención y visibilidad que la gravedad de su situación amerita.
 
La CNDH desataca también la importancia de sensibilizar y profesional a los servidores públicos involucrados en la investigación y procuración de justicia  y recordó que el gobierno ha incumplido para realizar campañas  a favor de los defensoras y defensores de  Derechos Humanos, para destacar la importancia de su trabajo y evitar su criminalización
 
Amnistía Internacional se sumó asimismo  a la condena del asesinato de la activista y señala que el crimen “expone el peligro al que se enfrentan a diario quienes buscan a las más de 30 mil personas desaparecidas en el país”. Y afirma que “México se ha convertido en una zona muy peligrosa para quienes tienen la valentía de dedicar su vida a la búsqueda de las personas desaparecidas”.  

17/RED








NACIONAL
VIOLENCIA
   OSC lanzan S.O.S a ONU y CIDH
Asesinan a Miriam Rodríguez, del Colectivo Desaparecidos de San Fernando
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/05/2017

Carente de la  protección que había solicitado a las autoridades para preservar su vida, anoche fue asesinada en San Fernando, Tamaulipas, enfrente de su casa, la activista Miriam Rodríguez Martínez, representante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, baleada por un comando. 
 
Miriam, quien murió en  el trayecto al hospital, se integró al activismo, luego de que su hija Karen Alejandra fue desaparecida en 2012 y, sin apoyo gubernamental, con sus propios medios, investigó y en 2014 la encontró en una fosa clandestina de San Fernando, localidad en donde fueron masacrados 72 migrantes y en donde fueron localizados 392 cuerpos en las fosas de El Arenal. 
 
En conferencia de prensa, el integrante del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando, Guillermo Gutiérrez Riestra, explicó esta mañana que entre las 10:00 y 10:30 horas de ayer miércoles, al parecer llamaron a la puerta de la casa de Miriam  -quien era empleada del Centro de Salud de San Fernando- y que al salir fue abatida a balazos. Y aunque paramédicos de la Cruz Roja la trasladaban al hospital, murió antes de llegar.
 
Gutiérrez Riestra recordó que mediante su trabajo de investigación Miriam logró la detención de más de 15 implicados en el asesinato de su hija, entre ellos Enrique Yoel Rubio Flores, quien estaba preso en el penal de Ciudad Victoria y que se fugó por un túnel, junto con 29 reos más, en marzo pasado.
 
Es por eso, afirmó el Colectivo, que Miriam “había solicitado al procurador de la entidad, Irving Barrios Mojica; al director de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe López; y al secretario de Gobierno, Víctor Zamora, que le dieran seguridad”, porque la amenazaban y ella tenía derecho a ella, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, y porque la fuga de los delincuentes la había obligado a cerrar sus negocios en San Fernando, “para no estar localizable”, aunque finalmente la esperaron en su casa. 
 
Reveló también el Colectivo en su rueda de prensa que Miriam “no es la primera compañera que ha denunciado y solicitado la atención (de protección a las autoridades) y no se la han dado. Son “5 compañeras” que han solicitado protección y no se las dieron.
 
El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca expresó en sus redes sociales “su más enérgica condena por el asesinato” y aseguró que  no permitirá que el crimen “sea una estadística más”.
 
En respuesta, el Colectivo consideró que “es bueno que el Gobernador condene, pero no es suficiente, debe hacer una revisión de sus funcionarios, sobre todo los que recibieron la denuncia de la compañera, es decir, el Procurador, el Director de la Secretaría de Seguridad Pública y el Secretario General de Gobierno”, porque “ellos estaban enterados de lo que pudiera pasarle”.
 
S.O.S A ONU Y  CIDH
 
 
La Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas “Familias-Colectivos-Organizaciones Civiles unidos por una causa”, señalan en un comunicado que “ante la poca capacidad” de Enrique Peña Nieto y del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por atender a las víctimas y pacificar la entidad, “lanzamos un llamado de auxilio a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  para que acudan al rescate de las tamaulipecas y tamaulipecos activistas y defensores de los Derechos Humanos”.
 
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) en Tamaulipas hay 5 mil 682 personas desaparecidas; 124 casos corresponden al fuero federal y 5 mil 558 denuncias se hicieron ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado. Miriam tenía una lista de 800 desaparecidos, dijo según el activista Gutiérrez Riestra.    
 
Expresó también que aunque hay temor en los colectivos, han estado en comunicación, están “muy molestos”, se solidarizan y van a denunciar, no se van a quedar callados. Exigen una respuesta a las autoridades y que se revise a los funcionarios que pusieron en riesgo a Miriam. 
 
Afirmó que muchas personas desconocen lo Mecanismo de Protección para personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que “Miriam fue a las instancias inmediatas, normales: Procuraduría, Seguridad pública… y hacia ellos fue la petición”. 
 
Recordó que Mirian Rodríguez le “exigió a Gloria Garza Jiménez, subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales del gobierno estatal, que el gobernador cumpliera las reuniones con familiares de las víctimas, lo que fue atestiguado por Yolanda”, integrante también del Colectivo y que hoy, se señaló en la conferencia de prensa, “también la señora está en riesgo”.
 
ACOSO DE LA POLICÍA
 
El Colectivo denunció también que, lejos de darles protección, la policía estatal los acosa, “nos observa, nos fotografía, en vez de protegernos, apunta nombre de los dirigentes”, como sucedió ayer en la movilización que realizaron en el marco de la Sexta Marcha de Madres en Búsqueda de Personas Desparecidas, y a la cual Miriam no asistió por un problema médico. 
 
Dijo que nadie puede garantizar la seguridad de las y los activistas y si siguen así las cosas con este gobierno, se darán protección ellos mismos, incluso desplazándose a otros lugares. Esperan también que ahora sí las autoridades cumplan con la protección y reconozcan la omisión. 
 
17/ RED 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Víctimas esperan justicia en la CoIDH
A 11 años de Atenco, impunes autores materiales e intelectuales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2017

Si algo han conseguido las 11 sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, es hacer evidente que el Estado usa la violencia sexual como un arma contra las mujeres.
 
En reiteradas ocasiones el Estado mexicano ha negado que la tortura sea una práctica sistemática de las corporaciones policiacas y de las fuerzas militares, pero la denuncia de las sobrevientas de Atenco muestra que esta violencia existe y se mantiene impune.
 
“Lo que podemos aportar desde nuestra trinchera es colocar el tema de la tortura sexual como una forma, una herramienta de Estado, de tortura, de forma diferenciada que se usa en contra de las mujeres”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de Atenco.
 
A 11 años de mantenerse de pie, firmes en su denuncia y convencidas de ver en prisión a los policías y los mandos que ordenaron violentarlas, Italia asegura que lograron mostrar que este caso fue algo más que un daño colateral o una violación sexual, se trató –sostiene– de tortura.
 
En un aniversario más de los hechos del 3 y 4 de mayo que colocaron al Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, en la mira de organismo de Derechos Humanos, las sobrevivientes sostienen que ya no se puede decir que se trató de policías que no controlaron sus instintos.
 
Es por ello que Italia, Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas, continúan con la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
Aunque en 2006 al menos 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual sólo once decidieron continuar con la denuncia hasta conseguir justicia, por ello en abril de 2008 presentaron su denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En noviembre de 2011 el organismo aceptó conocer la demanda y tras diversos alegatos y análisis la CIDH determinó que las mujeres fueron detenidas de manera ilegal y  arbitraria y consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia y tortura sexual.
 
Con estas consideraciones, en noviembre del año pasado, después de una década de los hechos,  la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que analice la responsabilidad del Estado en su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y reparar el daño a las víctimas.
 
Actualmente el proceso a nivel internacional está en una etapa de comunicaciones escritas para que las partes, el Estado y las víctimas –a través de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– presenten alegatos por escrito.
 
Italia también espera que este año haya una audiencia oral ante el alto tribunal donde puedan exponer su testimonio ante los jueces.
 
Por lo pronto la primera ganancia, dice, es que develó las consecuencias de esta práctica. “Se volvió un caso relevante, no solamente por nuestra experiencia sino porque después de que nos ocurrió a nosotras hemos visto, por desgracia, un aumento. No sabemos si de la practica o de la denuncia”.
 
MIENTRAS, EN MÉXICO
 
El caso continúa en investigación en la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México pero de acuerdo con la información disponible sólo 21 policías estatales fueron consignados por “abuso de autoridad”, un delito contra la administración pública; sin embargo, todos fueron absueltos.
 
Un policía estatal fue condenado el mayo de 2008 por el delito de “actos libidinosos” hacia una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, el agresor también fue absuelto con posterioridad.
 
La apuesta y la esperanza están en la decisión de la Corte Interamericana que podría emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, lo que significaría la obligación internacional de hacer una investigación que esclarezca los hechos.
 
“Hay cosas muy puntuales que nos permitirían acceder a la justicia y a un proceso de verdad sobre lo que concurrió en Atenco hace once años”, dice Italia. La insistencia es que se investigue a los autores materiales e intelectuales, a los funcionarios que ordenaron y diseñaron el operativo.
 
Entre estos funcionarios están Genaro García Luna, entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI); Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública del Estado de México.
 
17/AGM/GG
 








ZONA DE REFLEXIÓN
VIOLENCIA
   ZONA DE REFLEXIÓN
Campañas mentirosas en Edomex
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/04/2017

Cada vez más la ciudadanía y en especial las mujeres nos cansamos de los discursos que lucran con el dolor. Hoy en el Estado de México el feminicidio se volvió el tema político más lucrativo de las campañas.
 
En el año 2007, a Felipe Calderón Hinojosa, por ser el Ejecutivo Federal, le tocó promulgar la ley más innovadora para construir una vida libre de violencia para las mujeres. Lejos está de hacer honor a la Ley que publicó el 1 de febrero de 2007, al ejercer violencia política contra una candidata.
 
Lo escrito por el ex mandatario el pasado martes en su cuenta de Twitter, en donde se burla de la candidata a la gubernatura del Estado de México por el partido de Morena, Delfina Gómez, al poner en duda la capacidad de esta política para tomar sus propias decisiones, retrata la violencia política que sigue imperando en la era de la paridad, razón por la cual se creó el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres.
 
De acuerdo con el protocolo, se entiende por violencia política “todas aquellas acciones y omisiones basadas en género, que se presentan en el marco del ejercicio de sus derechos político-electorales y que tienen por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Negarle a cualquier candidata el albedrío y reducirla a una marioneta, como aseguraban de la ex candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota, es menoscabar su derecho político a participar en la vida pública; es poner en tela de juicio la capacidad de las mujeres para estar en la política.
 
En 2007, cuando anunció la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia (LGAMVLV)   Calderón aseguró  que “eliminar la violencia contra la mujer (sic) es una condición indispensable para su participación en la vida pública”, ¿será que una vez que dejó Los Pinos dejó de creer en lo que dijo?
 
MÁGICAS PROMESAS
 
De esos discursos “políticamente correctos” están llenas las campañas electorales en el Estado de México. El feminicidio se volvió el tema electoral, sin importarles el dolor de cientos de familias. No hay candidatura en Edomex que no asegure que, de ganar, terminarán con el feminicidio, así de mágico.
 
Por ejemplo el candidato priista, Alfredo del Mazo, dice que erradicará el feminicidio ¡cuando su partido ha gobernado el Estado de México durante 84 años! y durante los dos últimos sexenios se recrudeció la violencia contra las mujeres, se niega el acceso a la justicia a las víctimas de feminicidio y, en su momento, en el gobierno de Enrique Peña Nieto se defendieron con uñas y dientes para no decretar la Alerta de Violencia de Género.
 
La misma entidad en donde las madres de víctimas de feminicidio, ante la falta de justicia, se han visto orilladas a ser defensoras del derecho a la vida de las mujeres, cuando una de las madres emblemática, doña Irinea Buendía, tiene que vivir protegida por las amenazas recibidas por su exigencia de justicia para su hija y todas las víctimas del odio misógino.
 
¿Cómo creerle  a la candidata panista, Josefina Vázquez Mota, cuando su compañero de partido y ex mandatario violenta a otra mujer y ella guarda silencio? ¿cómo creerle si cuando su partido tuvo el poder de la Presidencia no se avanzó en la erradicación de la Violencia Feminicida que hoy, dice ella, sí desterrará del Edomex?
 
Es difícil creer que toman en serio la desigualdad que viven las mujeres de Estado de México cuando escuchamos propuestas como "salarios Rosa". ¿Por qué no simplemente se comprometen a cumplir con la ley que prohíbe la desigualdad? y señala que a trabajo igual salario igual.
 
¿Cómo creerles, cuando durante 18 años ningún partido ha garantizado los recursos necesarios  para aplicar a cabalidad la Norma 046 para la atención y prevención de la violencia en el entorno familiar y de violencia sexual?
 
Creerán que las mujeres votantes, las ciudadanas, son tontas y que  frases y colores las convencerán...
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GG








NACIONAL
LABORAL
   Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar
¿Hasta cuándo respeto a DH y garantías laborales para trabajadoras del hogar?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/03/2017

En este Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, organismos civiles y públicos, instancias de las Naciones Unidas y sindicatos, exigieron al Gobierno mexicano –como cada año- que no se violen más los derechos humanos de 2.4 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar, y que se les otorguen las mínimas garantías laborales de que gozan otros empleados en el país.
 
El 95 por ciento de las 2.4 millones de personas que trabajan por una remuneración en hogares ajenos, son mujeres, que representan 5 por ciento de la población ocupada y aportan 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Son, sin embargo, pobres, una de cada cuatro no cuenta con estudios de primaria, solo 5 por ciento fue a la secundaria, muchas son migrantes e indígenas. Nueve de cada 10 no tienen contrato laboral, ganan la mayoría menos de dos salarios mínimos diarios, sin prestaciones ni retiro digno. 
 
De las trabajadoras del hogar, 85.8 por ciento realizan tareas de limpieza en hogares particulares, 8.2 por ciento son cuidadoras de personas y 5 por ciento son lavanderas y/o planchadoras en casas particulares, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Hay, también, trabajadoras del hogar que son niñas y adolescentes, sujetas a las mismas condiciones que las adultas.
 
En suma, sus empleos –limpiar hogares, cuidar, personas, lavar y planchar- son altamente precarios y mal remunerados y en ellos están expuestas cada día, tanto a la discriminación y al maltrato, como al acoso y a la violencia sexual, lo que lesiona su integridad personal, su salud, y afecta a sus familias.
 
Esta desfavorable situación es reversible, señalan los organismos que se manifiestan hoy mediante comunicados: hay mecanismos legales y acciones concretas –a las que están obligadas las autoridades- para dar a las trabajadoras del hogar al menos el mismo estatus que a otros empleados. Concretamente, dicen, está pendiente la aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México hace más de cinco años, así como políticas públicas y aplicar la ley vigente.
 
Es por eso que hoy la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) hace un “enérgico llamado” a Enrique Peña Nieto, para que instruya a las autoridades a cumplir con su obligación de promover, y garantizar los derechos humanos de las trabajadoras del hogar y para que instrumenten de inmediato políticas públicas que garanticen la igualdad de trato de las trabajadoras del hogar con el resto de las personas trabajadoras, particularmente en lo relativo a los derechos laborales, a la seguridad social, a la salud y a la vivienda.
 
Llaman también al Congreso de la Unión a reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, a fin de derogar el régimen de excepción laboral al que están sometidas las trabajadoras del hogar, al ser incompatible con los principios constitucionales de derechos humanos y no discriminación.
 
CONVENIO 189, CRUCIAL
 
La ratificación del Convenio 189 de la OIT es crucial, señalan este 30 de marzo, en un comunicado conjunto la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
 
También es urgente la ratificación de los Convenios sobre trabajo decente 156 y 183, que promueven la no discriminación y la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres.
 
El Convenio 189 de la OIT, explican las instancias de la ONU,  promueve la equiparación de los derechos de las trabajadoras domésticas con los que se establecen en la legislación para los demás grupos de trabajadores, en temas como fijación de la jornada laboral, días libres a la semana y acceso a la licencia remunerada de maternidad.
 
La cobertura de la seguridad social que implica el Convenio también puede contribuir a superar los obstáculos de acceso que surgen de las particulares condiciones de trabajo y contratación; las dificultades de fiscalización en los hogares privados; la ausencia de un contrato de trabajo; la falta de conocimiento de los derechos laborales, y la variabilidad en el número de empleadores y los horarios.
 
El Convenio también incluye prevención de abuso, acoso y violencia contra las trabajadoras del hogar, mayor acceso a los procedimientos de resolución de conflictos y la creación de medidas para bajar la informalidad.
 
Recuerda Naciones Unidas que el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en sus observaciones a México en 2012, recomendó al Estado Mexicano la ratificación del Convenio.
 
Y en 2014 las recomendaciones a México del Examen Periódico Universal reiteraron este punto. Las conclusiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) reconocen la importancia de los estándares de derechos humanos relativos al trabajo para avanzar en el empoderamiento económico de las mujeres. Además, no puede haber discriminación por sexo en las relaciones laborales, anotan.
 
NINGUNA RAZÓN PARA DETENERLO
 
El Conapred señala en su comunicado de hoy que el Convenio, firmado por México, no ha sido ratificado por el Senado de la República para que entre en vigencia en el marco legal nacional, por lo que exhortan al Ejecutivo federal a no demorar más su presentación en el legislativo para que inicie su ratificación.
 
Pero, señala Conapred, con o sin Convenio 1896, los poderes de la Unión están obligados por la Constitución a dar un trato no discriminatorio y derechos iguales para todas las personas, y de terminar con el régimen de excepción laboral, sanitario y de bienestar social que sufren las trabajadoras del hogar. 
 
Conapred no ve razón alguna para mantener suspendida la igualdad de derechos de las trabajadoras del hogar. Además, los cálculos presupuestales y las previsiones de acción gubernamental no pueden, en ningún momento, priorizarse sobre los derechos constitucionales. La negativa a garantizar estos derechos, obedece a “una inercia discriminatoria” entre quienes no sólo tienen la decisión, sino también la obligación de terminar con esta situación de injusticia e inconstitucionalidad.
 
De igual manera, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le preocupa la demora para que entre en vigor el Convenio 189. En su comunicado con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el organismo señala como contrario a los derechos humanos el trabajo mal remunerado, la falta de prestaciones, la exposición a accidentes, violencia verbal y física, incluso sexual, así como la incertidumbre por la permanencia en el trabajo.
 
Ratificar el convenio, dice la CNDH, significaría sumarse al compromiso de promover el trabajo decente como una medida de justicia social y para reforzar los derechos fundamentales de trabajadoras del hogar. Y por ello el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dirigió un escrito al titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray para que se ratifique por el gobierno dicho convenio.
 
A la fecha, son 23 países que han ratificado y aplicado el Convenio 189 de la OIT, 13 naciones de América Latina, con condiciones en muchos sentidos similares a las nuestras.   
 
NIÑAS Y ADOLESCENTES
 
La CNDH llama la atención en su comunicado sobre el trabajo del hogar que realizan de manera remunerada niñas y adolescentes, quienes “más bien tendrían que estar en las escuelas”, y que enfrentan las mismas condiciones desfavorables que las adultas, lo que contribuye a la exclusión y vulneración de los derechos humanos. 
 
Según la "Encuesta Intercensal 2015", el total de adolescentes de 12 a 17 años que realizan trabajo doméstico es de 28 mil 103, 26 mil 084 son mujeres, es decir 92.82 por ciento.
 
Recuerda el Ombudsman que, según la OIT, en su informe “Erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico 2013”, el trabajo infantil doméstico afecta a unos 10.5 millones de niñas y niños en el mundo, la mayoría menores de edad, en condiciones peligrosas y, en algunos casos, análogas a la esclavitud.
 
Las tareas que hacen, dice el informe, son limpiar, planchar, cocinar, jardinería, recolectar agua, cuidar de otros niños o de los ancianos, y al realizarlo se exponen a la violencia física, psicológica y sexual, a condiciones de trabajo abusivas, con frecuencia aisladas de sus familias, ocultas a la mirada pública, y llegan a ser muy dependientes de sus empleadores. 
 
TIBIOS AVANCES
 
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México reconoce, en su comunicado de hoy, que la recién aprobada Constitución local reconoce el trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social.
 
Del mismo modo, establece el fomento a la formalización de los empleos y la protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre éstas y sus empleadores y el acceso a la seguridad social.
 
Y afirma que, en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), el Inmujeres CDMX   brindan atención y asesorías sobre autonomía económica y promoción de los derechos laborales a las mujeres que se emplean en este tipo de actividades.
 
Sin embargo, estos incipientes avances han sido cuestionados mediante las impugnaciones que han hecho organismos federales y partidos a la Carta Magna de la capital del país.
 
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