ALDF

ESTADOS
VIOLENCIA
   ALDF aprueba iniciativa con sanción de 1 a 3 años de prisión
Será delito tomar fotos y video a mujeres sin su consentimiento
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/05/2018

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó adicionar un nuevo tipo penal que castiga, con uno hasta tres años de prisión, a quienes tomen fotografías o grabaciones con índole sexual a mujeres sin su consentimiento.

Esta reforma que adiciona los Artículos 177 Bis y 179 al Código Penal de la Ciudad de México surgió de una iniciativa propuesta por el diputado del Partido de la  Revolución Democrática (PRD), Iván Texta Solís, quien argumentó que en promedio tres mujeres al día acuden a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad (PGJDF) para denunciar que les tomaron fotos o videos sin su consentimiento.

Con esta reforma, aprobada el 7 de mayo de 2018 a partir del dictamen que elaboró la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se establece que “a quien realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión”.

Este tipo de acoso sexual ocurre principalmente en el transporte público, por lo que la iniciativa contempla elevar a una tercera parte la sanción cuando ocurra en dicho espacio, o bien, alguna otra instalación pública. De la misma forma se elevará la pena cuando exista una relación jerárquica por relación laboral, docente, doméstica o de cualquier clase, entre el agresor y la víctima.

Por “conductas de naturaleza sexual indeseables”, la norma describe que se consideran solicitar favores sexuales para sí o una tercera persona, además de la difusión de imágenes por cualquier medio con implicaciones sexuales, ello, sin el consentimiento de las víctimas y que atente contra su dignidad. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del 2017 (Endireh) 61 por ciento de las mujeres en la Ciudad de México reportó haber sido a lo largo de su vida víctima de violencia comunitaria, en específico violencia sexual, que ocurre en la calle, transporte público, parques y otros lugares públicos.  

Con ello la Endireh ubica a la Ciudad de México en el primer lugar de violencia comunitaria contra las mujeres del país, en tanto, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2016 (Envipe) se reportó que 79 por ciento de las capitalinas reveló sentirse insegura en la calle.

Esto sucede a pesar de que las autoridades de la Ciudad de México pusieron particular atención en campañas y programas para atender la violencia y el acoso sexual callejero y en el transporte público, por ejemplo, en 2008 inició el “Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas” de la mano de ONU Mujeres.

La aprobación de esta iniciativa al Código Penal entra en una serie de reformas legislativas que está realizando el gobierno capitalino en cumplimiento con el proceso de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG), pedida por organizaciones civiles el 7 de septiembre de 2017.

Estas acciones gubernamentales incluyen hasta ahora el aumento de la sanción a quién cometa un feminicidio (hasta 60 años de cárcel) y la implementación del llamado “Protocolo Alba” un instrumento especializado en la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.

Asimismo, con el fin de garantizar la vida y seguridad de las capitalinas se planteó la puesta en marcha de un sistema de información que identifique a mujeres en riesgo de violencia feminicida y un programa en atención a la niñez y adolescencia que queda en orfandad por el feminicidio de sus madres.

18/HZM








NACIONAL
POLÍTICA
   Define también violencia simbólica y mediática
ALDF incluye “violencia política de género” en Ley de Acceso de CDMX
Diputada del PRI, Dunia Ludlow Deloya. Imagen retomada de twitter de la asambleadf
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/05/2017

De cara al proceso electoral local de 2018 y con una Ley Electoral en debate, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó definir el concepto de “violencia política en razón de género” en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
 
En la sesión de ayer las y los diputados aprobaron por unanimidad agregar al Artículo 7 la Ley de Acceso local esta nueva modalidad de violencia política, una propuesta impulsada por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
 
Esta reforma establece que la violencia “es toda acción u omisión ejercida en contra de las mujeres en el ámbito político o público que tenga por objeto resultados de sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso o goce a ejercicio de los derechos políticos electorales de una mujer”.
 
De acuerdo con esta definición, que incluye y detalla19 actos de violencia, es obligar a una mujer con un cargo público a realizar actos diferentes a sus funciones, condicionar su participación política, proporcionarle información falsa, errónea o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones, entre otras acciones.
 
Al presentar el dictamen, la diputada por Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Nury Delia Ruíz Ovando, dijo que el dictamen fue producto de las propuestas de asambleístas del PRD, Morena y del PRI, este último además propuso incorporar el término a legislación penal y electoral.
 
La iniciativa priista se turnó a Comisiones Unidas a la de Asuntos Político Electorales y Administración y Procuración de Justicia y para la Igualdad de Género, misma que continúa en revisión debido que la Asamblea Legislativa está analizando las nuevas leyes  electorales que deben aprobarse el 2 de junio.
 
La reforma aprobada consideró los planteamientos del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres creado por instituciones electorales en 2016; y la reforma en la materia aprobada el pasado 9 de mayo en el Senado. 
 
Sobre esta iniciativa, la diputada del PRI, Dunia Ludlow Deloya, dijo que esta reforma era un mensaje para todas las ciudadanas, “con ello protegemos y promovemos los derechos políticos de las mujeres desde las precampañas, durante los procesos electorales y, lo que es fundamental, en el desempeño de sus encargos”, dijo.
 
A la sesión asistió la senadora y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara alta, la senadora Diva Gastélum Bajo, y diputadas de la Comisión de Igual de Género de la Cámara de Diputados, órgano donde se mantiene congelada la discusión para aprobar la reforma de violencia política de género a nivel federal.
 
VIOLENCIA SIMBÓLICA Y MEDIÁTICA
 
En la sesión de este martes también se aprobó reformar el Artículo 6 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para agregar la definición de violencia simbólica y la violencia mediática a fin de identificarlas.
 
Con estas modificaciones quedará establecido que la violencia simbólica “es la que a través de patrones, estereotipos, mensajes, valores, íconos o signos trasmiten el proceso de denominación desigualdad y discriminación en las relaciones sociales naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.
 
La definición de violencia mediática contra las mujeres dirá que es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación que “promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres”.
 
En esta violencia también se incluye la utilización de mujeres adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas.
 
Sobre esta reforma, la diputada del PRI y promotora de la iniciativa, Mariana Moguel Robles, aseguró que la violencia de género también está presente en los medios pero dijo que en los espacios de comunicación impresos, audiovisuales y digitales, están los aliados para erradicar este problema.
 
“Al legislar sobre la violencia simbólica y la violencia mediática contra las mujeres, estamos dando nombre a este fenómeno creciente que pueden sufrir las mujeres y ayudaremos a definir sus límites en términos y acciones que constituyente casos de violencia”, señaló.
 
Las reformas a la Ley de Acceso local entrarán en vigor una vez que sean publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
POLÍTICA
   Para adecuar leyes a la nueva Constitución
ALDF realizará en marzo Parlamento de Mujeres
Imagen retomada del portal constitucionpoliticacd.mx
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/02/2017

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se alista para identificar problemáticas y necesidades de las capitalinas, con el fin de proponer iniciativas y reformas para adecuar las leyes locales con la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada el pasado 5 de febrero. 
 
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del órgano legislativo, Nury Delia Ruiz Ovando, informó en un boletín que en marzo se realizará el Parlamento de Mujeres para promover la participación ciudadana y servirá para que las legisladoras tengan insumos sobre las problemáticas de las capitalinas.  
 
En el parlamento participarán mujeres organizadas de la sociedad civil, del sector privado, instituciones gubernamentales locales y federales, académicas y profesionistas independientes, que trabajan en la defensa de sus Derechos Humanos, violencia contra las mujeres y procuración e impartición de justicia desde un enfoque de igualdad de género.
 
La legisladora de Movimiento Ciudadano adelantó que en el Parlamento se identificarán problemáticas y necesidades que requieran ser abordadas a través del desarrollo de iniciativas de ley y el diseño de políticas públicas, así como los factores que impiden un desarrollo integral de las capitalinas.
 
Las inscripciones al Parlamento están abiertas del 20 de febrero al 3 de marzo de 2017. Las sesiones se realizarán del 9 al 13 de marzo.
 
Por su parte, este fin de semana, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) informó que en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, que inicia a mediados de marzo y concluye a finales de abril, las y los diputados locales presentarán iniciativas para reformas en las leyes y que se armonicen con el texto constitucional local.   
 
Además a finales de este mes iniciará una campaña de difusión de los derechos fundamentales ganados por los capitalinos en la Carta Magna local, como la revocación de mandato, derechos de la comunidad LGBTTTI, derechos de los animales, política económica, protesta social, salud, vivienda, muerte digna, uso medicinal de la mariguana, educación, libre sexualidad, política social y trabajo.
 
El PRD adelantó que la ALDF comenzará a trabajar en las leyes orgánicas de Alcaldías, de Administración Pública, del Poder Judicial y la Ley de Procedimientos Electorales (cuyo plazo es el 30 de junio), además de la armonización de 150 normas más, para llegar a un nuevo modelo de Gobierno.
 
17/AGM/GG
 








MUJERES CAUTIVAS
VIOLENCIA
   MUJERES CAUTIVAS
Es un engaño, es una simulación: ¿Cuál “trabajo sexual”?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/10/2016

El miércoles pasado asistí a las supuestas mesas de diálogo convocadas desde la presidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), de la que forma parte el diputado perredista Víctor Hugo Romo, también integrante de la corriente Nuevo Sol que encabeza Amalia García.
 
Estas mesas de diálogo se dieron bajo el esquema de parlamento abierto para promover políticas públicas sobre “trabajo sexual”, pero me di cuenta que no hay intención de debatir, que todo está bien preparado y fue poco lo que nos permitieron aportar a la discusión.
 
Además de Marta Lamas, tuvieron a una investigadora que habló por videoconferencia desde la Universidad de Harvard, hasta donde entendí tiene alguna vinculación con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), para hablar sobre los derechos laborales y el “trabajo sexual”.
 
¿De qué derechos hablan? Si el propósito de las mesas es generar políticas públicas, deberían partir de no mentir, de no engañar. La Organización Internacional del Trabajo define como “trabajo digno o decente”, aquél que conlleva la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres. 
 
Y yo me pregunto ¿cuál de estas características tiene la prostitución para adquirir la categoría de trabajo? ¿quién en situación de prostitución cuenta con un ingreso justo, o tiene seguridad en el lugar de trabajo? ¿Quién paga la protección social para las familias, prestaciones sociales, vacaciones pagadas, fondo de retiro, vivienda o salud? ¿Quién? ¿los clientes? No, porque se encarece el servicio. ¿El gobierno en quiebra o quién? en todo caso, estamos hablando de un modo marginal de sobrevivencia.
 
La próxima mesa es el miércoles 26 de octubre en Gante número 15, en el Centro Histórico, y esta vez será sobre trata y “trabajo sexual”. ¿Y si exigimos participación paritaria de las posturas que se debaten? porque existe una gran confusión entre las personas que participan en estos conversatorios, sobre trata y prostitución y si tienen vínculos o no.
 
Lo más triste fue ver que no escucharon a las sobrevivientes o a las personas en situación de prostitución; todas hablaron de que no tuvieron otra oportunidad o medio de sobrevivencia más que estar en la prostitución, que están buscando opciones de salida, que el Gobierno de la Ciudad de México no ha sido capaz, ni se ha interesado en ofrecerles otras oportunidades y que hay días que no tienen ni para comer.
 
Fue muy triste escucharlas hablar sobre las víctimas de delitos de transfobia y lo poco que una credencial que las reconoce como “trabajadoras no asalariadas” les puede garantizar; o de cómo son extorsionadas por la policía o los inspectores, por decir lo menos. Finalmente, detrás de la puerta, están solas frente al riesgo y la violencia.
 
Preocupantes las posturas de un colectivo de homosexuales que sostienen que “el género vino a complicar todo el negocio”, un discurso muy similar al de derecha. O el de un funcionario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que trabaja en el Programa contra el VIH, que se atrevió a asegurarme que la CNDH es reglamentarista -cosa difícil de creer- y que hace una clara distinción entre trata y prostitución.
 
Ninguno toma en cuenta que el “trabajo sexual” enmascara la trata y la explotación sexual infantil que se encuentran unidos por la demanda en el sistema prostitucional; que reglamentar no controla la industria del sexo, por el contrario, la expande y convierte a los tratantes y a los proxenetas o lenones en “hombres de negocios o empresarios”.
 
Reconocerlas como “trabajadoras no asalariadas”, como se pretende hacer en la Constitución de la Ciudad de México, tampoco las libra del estigma y la discriminación.  Una credencial no es garantía de nada, ni las defiende o ayuda frente a su familia, a su comunidad o a la sociedad entera, que sigue siendo profundamente patriarcal y discriminatoria.
 
Al mismo tiempo, en la ALDF una diputada del Partido Revolucionario Institucional, integrante del Movimiento Territorial, el que dirige Tonatiuh González y Gutiérrez de la Torre, presentó una iniciativa para reglamentar la prostitución en la Ciudad de México, en la que propone establecer zonas de tolerancia y multas a quienes se salgan de las zonas determinadas, que pueden ir de 20 a 50 días de unidad (salario mínimo). Sabemos que ya existen zonas donde se les cobra derecho de piso, y seguramente la siguiente medida será cobrarles impuestos como en Holanda y Alemania, “trabajen” o no.
 
Qué ventaja puede darles la reglamentación, cuando el Artículo 6 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por México en 1951, establece que:
 
…Artículo 6
Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación.
 
Escuché a Marta Lamas decir que la prostitución o “trabajo sexual” -como dice ella- es una actividad precarizada y un comercio nocivo. Me di a la tarea de tratar de entender qué es un mercado o comercio nocivo y encontré que Satz dice que … “el mercado puede considerarse "nocivo" por su origen: limitamos la libertad de disponer y contratar cuando los que contratan y disponen de los bienes no lo hacen por cuenta propia y hay razones para pensar que los titulares del interés objeto de disposición sufren elevados costes de agencia o son, en general, vulnerables. La segunda, cuando el mercado produce resultados "extremadamente perjudiciales" para determinados individuos o para la sociedad en su conjunto…”
 
Aquí tendríamos que preguntarnos por qué se prohíbe a una persona disponer libremente de sus derechos (contratos usurarios, contratos de esclavitud, compromisos de no contraer matrimonio) o por qué determinadas transacciones no pueden implicar contraprestación (donación de sangre o de órganos) o por qué uno no puede obligarse por un tiempo demasiado largo (contratos "para toda la vida") es un tema muy atractivo porque nos coloca en el centro de discusiones que se suponen socialmente importantes. 
 
Este es el caso de la prostitución, el tráfico de órganos, los matrimonios forzados, las adopciones ilegales, entre otros, y la respuesta es muy sencilla, la dignidad, la integridad, la seguridad y la vida no son bienes jurídicos que estén disponibles, y por lo tanto nadie puede consentir su propia explotación.
 
Además y, en suma, la libertad individual está limitada por la libertad de las demás personas, porque produce efectos "extremadamente perjudiciales" para determinados individuos o para la sociedad en su conjunto…”
 
Estamos promoviendo una iniciativa que hemos presentado a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y esperamos que todas y todos los lectores de “Mujeres Cautivas”, nos puedan apoyar con su firma. La iniciativa está en el siguiente link:  https://www.change.org/p/a-las-diputadas-y-diputados-de-la-asamblea-constitutuyente-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico-la-prostituci%C3%B3n-no-es-un-trabajo-es-un-sistema-de-explotaci%C3%B3n-patriarcal-y-violencia?recruiter=1909746&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=fb_send_dialog.
 
Habla, opina, no te quedes callada.
 
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).
 
16/TUZ/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Inician audiencias públicas sobre regulación del comercio sexual
Guarderías y servicios de salud, piden mujeres en situación de prostitución
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/10/2016

El colectivo Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, pidió a la Asamblea Legislativa y a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo capitalino, que garantice derechos laborales como guarderías y servicios de salud, para las personas que se dedican al “trabajo sexual”.
 
Integrantes de esta agrupación expresaron sus demandas durante la primera audiencia pública sobre “trabajo sexual” realizada en la Ciudad de México y que organizó el asambleísta del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Víctor Hugo Romo, quien promueve reconocer esta actividad como un oficio, pero quien no se presentó a la audiencia.
 
La coordinadora del Área Jurídica de Brigada Callejera, Arlen Palestina, dijo a esta agencia que la sentencia de 2014 que amparó a un grupo de "trabajadores sexuales" logró que el gobierno capitalino les otorgara credenciales de trabajadoras no asalariadas pero advirtió que es necesario ir más allá.
 
La solicitud es que la Secretaría del Trabajo local, a cargo de Amalia García Medina, garantice prestaciones como seguro de salud y guarderías a las trabajadoras no asalariadas, es decir, que ponga a disposición de estas mujeres los mecanismos de Estado que garantizan sus derechos laborales.
 
“Hay un gremio de compañeras que desean hacer el trabajo y que aunque no lo desearan están en el derecho de que sea reconocido. Es un tema que tiene que ver con la doble moral, con la hipocresía del Estado y se tiene que reconocer para disminuir la trata y explotación de las mujeres”, dijo.
 
La activista agregó que las mujeres que exigen derechos laborales no están a favor de la trata de personas pero aseguran que es necesario reconocer el "comercio sexual" como una forma de disminuir este delito.
 
Al respecto el funcionario de la Secretaría de Trabajo capitalina José León, explicó que la dependencia respondió a la sentencia de amparo (2014) al expedir las credenciales de trabajadoras no asalariadas, incluso reconoció que “varias personas se han acercado para pedir cursos de capacitación”.
 
El funcionario explicó que esta Secretaría ofrece cursos de belleza, computación, moda, vestido y destacó que hay interés en el tema, por lo que ya colaboraron en la redacción del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce los derechos de quienes ejercen el "trabajo sexual".
 
En el foro también participó la feminista e investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Marta Lamas, quien mencionó que es necesario reconocer nuevas formas de organización del trabajo porque hasta ahora las mujeres que se dedican a esta actividad son consideradas victimas de lenocinio.
 
La feminista recordó que con la resolución del amparo se reconoció que a esta población se le ha violado el derecho a la salud sexual y reproductiva, a la educación, a la integridad humana y por ello se debe proteger a quienes se “dedican a este oficio” que muchas veces iniciaron a edad temprana, con engaños y bajo explotación.
 
16/AGM/LGL








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