CEAV

ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Funcionarios que la separaron del cargo no fueron sancionados
Reinstalan a Adriana después de despedirla por padecer CaMa
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 08/01/2018

Adriana Rodríguez Hernández regresó a laborar a la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) el mismo día que hace año fue despedida por tener Cáncer de Mama (Cama). Este 19 de diciembre de 2017 retomó su cargo como subdirectora de Información Delictiva y Coyuntural.

Después de demostrar que su despido no estuvo relacionado con su desempeño laboral, sino con una serie de agresiones que recibió por parte de funcionarios públicos por padecer (CaMa), en abril de 2017 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito de la entidad, le dio la razón y concluyó que la CES Edomex debía reinstalarla en su puesto y garantizarle el derecho a seguridad social.

La CES Edomex hizo caso omiso a la resolución por lo fue sancionada económicamente por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales. En este proceso la instancia presentó un amparo para no cumplir con la reinstalación. Sin embargo, el mismo Tribunal Colegiado volvió a corroborar el fallo el 24 de noviembre de 2017.

En la sentencia del año pasado los magistrados declararon que Adriana debía regresar a su trabajo porque no había elementos para sustentar su despido, además, destacaron que retirarle la seguridad social e interrumpir su tratamiento contra el cáncer colocaba su vida en riesgo.

La Comisión de Seguridad mexiquense se vio orillada a cumplir con el fallo por lo que informó al Juez Quinto de Distrito –encargado de dar seguimiento a la orden del Tribunal– que a partir del 16 de diciembre comenzarían las labores para la restitución. Tres días más tarde, Adriana Rodríguez confirmó los hechos presentándose a las oficinas de la institución.

LA REINSTALACIÓN

Desconfiada de volver a recibir tratos discriminatorios, por ejemplo, sus compañeros de trabajo se burlaban de ella porque a causa de la enfermedad le extirparon el seno izquierdo y demeritaron de su trabajo por su condición de género, o de vivir represalias por la búsqueda de justicia que emprendió, Adriana relató a Cimacnoticias que ya tuvo el primer encuentro con el personal de Recursos Humanos.

La entrada en septiembre de 2017 del gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, implicó el cambio de personal de la CES. Hubo múltiples despidos, entre ellos, quienes discriminaron a Adriana y la corrieron de la institución: el jefe de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño Cubas y el jefe de Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez.

En Recursos Humanos le dijeron a Adriana que apenas conocían su caso porque recibieron un oficio del Juez Quinto. Adriana también habló con el nuevo titular del área a la que pertenece, lo mismo le comentó, ignoraba el proceso jurídico que enfrentaba con la CES Edomex y su reinstalación laboral exigida desde abril de 2017. La demanda se había mantenido en total discreción por parte del departamento Jurídico.

Adriana Rodríguez describió en entrevista que por primera vez se hizo escuchar dentro de la institución. Narró su historia y fue comprendida por parte de sus compañeros, finalmente retomó sus labores como subdirectora de Información Delictiva.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Para Adriana volver a su trabajo significó solo una parte de la demanda por justicia, comentó que su propósito es que su caso, de despido injustificado por tener Cáncer de Mama no se repita dentro de la CES Edomex o en algún otro espacio laboral.

La subdirectora no piensa claudicar en obtener una sentencia ejemplar que incluya la sanción a los servidores públicos responsables y la reparación del daño integral.

Hoy, la única institución que accedió a acompañarla legalmente para demandar a los funcionarios de la CES Edomex es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sin embargo, hasta ahora no han emprendido acciones concretas para interponer la demanda.

A Rodríguez Hernández le fue rechazada su denuncia en múltiples organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

A pesar de las pruebas, como mensajes de hostigamiento, ofensas y testimonios que daban cuenta de los malos tratos, el Inmujeres, la Comisión mexiquense de DH y la CNDH, concluyeron que no existía ningún tipo de violencia de género o discriminación por padecer una enfermedad predominantemente femenina.

Por su parte, en una entrevista que realizó Cimacnoticias al Área de Admisibilidad, Orientación e Información de Conapred, el organismo reconoció la discriminación en contra Adriana y la violación de sus derechos laborales, a la salud y una vida libre de violencia, pero no aceptó el caso, pues al tratarse de servidores públicos mexiquenses no tiene la facultad de intervenir, argumentó.

Pero señaló que la Comisión de DH del Edomex era la responsable de dar respuesta a la denuncia de Adriana junto  con el Inspector General de las Instituciones de Seguridad Pública del Edomex (Igispem), instituciones a las que Adriana ya había acudido.

Para septiembre de 2017 que Conapred dio esta respuesta, nueve meses antes la Comisión Estatal de DH había concluido que “no había elementos que respaldaran las acusaciones de discriminación”. En tanto, el Igispem mantiene abierta una carpeta de investigación (número, IGISPEM/QP/IP/2816/2016) pero no muestra ningún avance o da respuesta a Adriana.

El cáncer que padece Adriana Rodríguez es llamado “Her 2 positivo”, un tipo poco investigado en el país y que tiene la particularidad de desarrollarse de forma rápida. Actualmente es atendida en un programa especial alemán que investiga este cáncer en el Centro Oncológico Estatal de Toluca. El tratamiento tiene una duración de cinco años para descartar que vuelva a aparecer.

“Estoy trabajando, haciendo que conozcan mi trabajo. Me siento orgullosa porque sigo luchando”, concluyó a Adriana, quien por ahora espera la respuesta de la CEAV.

17/RED








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   A casi un año de su despido, analiza denuncia penal
CEAV acompañará caso de trabajadora despedida por padecer CaMa
Imagen retomada del portal Fatosdesconhecidos.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/11/2017

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) acompañará legalmente el caso de Adriana Rodríguez Hernández, quien está enferma de Cáncer de mama y fue despedida injustificadamente de su cargo como subdirectora de Información Delictiva en la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) en diciembre de 2016.

En entrevista con Cimacnoticias, Rodríguez Hernández informó que le notificaron lo anterior el pasado 8 de noviembre, a través de una llamada telefónica, a 4 meses de que ella se acercara a la instancia a pedir ayuda, después de que el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) no pudiera cumplir con la petición que le hizo la Comisión de Víctimas para dar seguimiento al caso.

Con ello, a casi un año del despido de Adriana Rodríguez, la CEAV es la primera instancia que decide acompañar de manera legal a la víctima y dará seguimiento al caso hasta que se cumpla la sanción de los servidores públicos, el ex jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez; y el ex director de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño Cubas, quienes violentaron sus derechos laborales, de salud y el derecho a una vida libre de violencia; y se cumpla también con su restitución en el puesto laboral que ocupaba en la CES Edomex. 

La CEAV aún analiza en qué instituciones interpondrá la denuncia penal en contra de los funcionarios, informó Adriana a esta agencia, pues ella ya agotó todas instituciones que podrían resolver su caso:

El Conapred, por ejemplo, señaló que su reglamento no le permite intervenir en denuncias por discriminación cuando los involucrados son servidores públicos estatales, pero la responsabilidad de investigar las violaciones que estos cometieron, era por Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Edomex, precisó.

Sin embargo, para ese momento la Comisión de Derechos Humanos mexiquense había resuelto que no había pruebas de que David Izquierdo y Luis Mauriño discriminaron y se burlaron del aspecto físico de Adriana, tras la mastectomía de seno izquierdo que le fue practicada por el avanzado estado del cáncer.

En pie y aún sin respuesta, sigue una denuncia que interpuso Adriana en la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Edomex (IGISPEM) (con el numeral IGISPEM/QP/IP/2816/2016) encargada de “erradicar las conductas irregulares” de personal de seguridad pública del Edomex.

La ayuda de CEAV resulta necesaria, pues Adriana solo cuenta con dos abogados de oficio de la Procuraduría General de Justicia mexiquense, quienes únicamente la acompañan en su denuncia laboral, la cual cabe resaltar que sigue sin resolverse a pesar de que en abril de este año el Tercer Tribunal Colegiado de Materia Administrativa ordenó a la CES Edomex restituir en Adriana en su puesto laboral porque estaba en riesgo su vida de no contar con la prestación de seguro social.

Cabe mencionar que desde septiembre con el cambio de gobierno en el Edomex, y la entrada del nuevo gabinete del gobernador Alfredo del Mazo; ambos funcionarios acusados, Luis Mauriño y David Izquierdo, ya no laboran dentro de la Comisión, pues ahora está bajo la dirección de Maribel Cervantes Guerrero.

17/RED/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Asesoraba a familia de Emma Gabriela Molina y ahora defiende a inculpados
De abogado de víctima a defensor de feminicidas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/10/2017

La defensora Ligia Canto Lugo, interpuso ante la Fiscalía General de Justicia estatal, una denuncia por la “comisión de hechos posiblemente delictuosos” en la que solicitó a la Policía Ministerial investigar a "quienes resulten responsables" por el nombramiento de David Araba Dorantes Cabrera, como abogado de los feminicidas de su hija, Emma Gabriela Molina, víctima de feminicidio en Yucatán.

En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de Derechos Humanos precisó que lo anterior obedece a que durante más de tres meses, Dorantes Cabrera la asesoró y tuvo acceso al expediente de su hija, por lo que conoce la estrategia legal que seguirá contra los inculpados.

El 23 de octubre, en una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM), Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, acusados como homicidas de Emma Gabriela, presentaron oficialmente a Dorantes Cabrera como su abogado, quien durante la audiencia negó conocer el caso, explicó Ligia Canto.

Con esta demanda, cuya copia tiene esta agencia, buscan que las autoridades investiguen si el ex esposo de Emma Gabriela, quien está acusado de planear su feminicidio, Alberto Medina Sonda, tiene algo que ver con esta decisión.

“David Dorantes conoce las líneas de acción que vamos a seguir en contra de los culpables, eso nos pone en desventaja”, aseguró Ligia Canto quien insiste en que se investigue a Medina Sonda pues desde 2012, cuando Emma Gabriela tramitó su divorcio y buscó la custodia de sus dos hijas e hijo, ella y su familia fueron violentadas por el empresario con intimidaciones y campañas de desprestigio.

Otro factor que abonó a las sospechas de la familia de Emma Gabriela fue que Jonathan Mézquita y Óscar López desistieron del acuerdo al que habían llegado con la Fiscalía de Yucatán y la defensa legal de Ligia Canto: reducir su condena de 40 a menos de 20 años si aportaban las pruebas que tienen y las cuales, afirmaron, relacionan a Medina Sonda y a su familia en el feminicidio. 

Aunque la familia de Emma Gabriela contactó y fue asesorada por Dorantes Cabrera no lo nombraron como abogado del caso porque “él siempre buscó pretextos para no presentarse a las audiencias”, recordó Ligia Canto, por lo que ahora esperan que la Fiscalía de Yucatán realice las investigaciones necesarias.

Actualmente se acusa a Medina Sonda de planear el feminicidio desde un penal el Tabasco -donde está recluido por usar recursos de procedencia ilícita; a César Rogelio Reyes Barrueta como coautor del feminicidio; a Jonathan Mézquita y Óscar López se les culpa de homicidio y este mes se detuvo a un quinto hombre involucrado.

Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos corroboró desde 2014, que Emma Gabriela vivía en una situación de riesgo – a través de la Recomendación 54/2014 dirigida a las autoridades de la Ciudad de México, Yucatán y Tabasco por la violencia institucional en  su contra - ella no recibió medidas de protección y el 27 de marzo de este año fue asesinada frente a su casa.

CEAV, OMISA

A la par de la búsqueda de justicia, desde abril, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que asesoraría jurídicamente a la familia de Emma Gabriela, además de brindarles atención médica y apoyo económico con el fin de reparar los daños que el crimen les causó, un derecho que estipula la Ley General de Víctimas. Sin embargo, la instancia “ha sido omisa” y “condiciona su apoyo”.

Esto lo denunció en entrevista con esta agencia la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, quien señaló que la CEAV se comprometió a compensar el dinero que Ligia Canto y su hija gastaron en viajes, abogados y comidas desde 2014, año en el que se acercaron a la dependencia para solicitar su acompañamiento.

Sin embargo, “piden comprobantes de todos esos gastos. Para la familia de Emma es casi imposible comprobar todo eso”, mencionó Salas Salazar.

A ello se suma que el costo del peritaje psicológico y antropológico que la CEAV elaborará para mostrar el estado emocional de la familia de Emma Gabriela como víctimas indirectas, se descontará del apoyo económico que la instancia otorga para el cuidado de las hijas e hijo de la defensora, del que se encarga Ligia Canto.

También se han enfrentado a la “omisión” de la instancia en el acompañamiento jurídico, dijo Adelaida Salas. La semana pasada los abogados de CEAV que acompañaban a Ligia Canto se retiraron oficialmente del caso y aunque, de acuerdo a su reglamento, la CEAV puede cesar el apoyo jurídico cuando las víctimas ya cuentan con abogados, desde abril no brindaron asesorías constantes a la familia de Emma Gabriela.

“Venían de entrada por salida a Yucatán los días que teníamos audiencia, no estudiaban la carpeta de investigación ni conversaban con la familia Molina Canto sobre el proceso legal, fue como si no hubieran estado”, denunció Adelaida Salas.

Mientras tanto la investigación por el feminicidio de Emma Gabriela sigue abierta y su familia está en espera de las fechas de audiencia para sentenciar a los cinco involucrados.

17/MMAE/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   El 40 por ciento de las víctimas son niñas, niños y adolescentes
   
CEAV elabora Protocolo para atender a menores de edad víctimas de violencia sexual
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/08/2017

El 40 por ciento de las víctimas de violación y otros delitos sexuales son menores de edad, lo que obligó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a desarrollar un Protocolo de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Sin embargo hasta ahora persiste la falta de un registro oficial sobre el número víctimas de estos delitos en México y al no reconocer la magnitud de la problemática no se proporciona la atención especializada necesaria que por derecho tienen, señaló en entrevista la titular del Comité de Violencia Sexual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Ana María Suárez Valencia.

En noviembre de 2016 la CEAV realizó el primer diagnóstico a nivel nacional sobre la atención de la violencia sexual, las cifras que arrojó el reporte expusieron por primera vez la magnitud de la problemática: cada año se comenten 600 mil delitos sexuales, principalmente violaciones y abusos sexuales y el 90 por ciento de las víctimas son mujeres.

Suárez Valencia explicó que el objetivo de la institución era tener una definición clara de “quiénes son las víctimas, dónde están, en qué terminó su proceso judicial, cuáles eran sus edades, dónde está sucediendo la violencia sexual, quiénes son los agresores”.

Sin embargo constataron “lo que todos ya sabían”, dijo, el desinterés del Estado por atender este problema se veía reflejado en el nulo registro de la problemática. Únicamente 16 Procuradurías de Justicia y 22 instancias de Salud de las 32 entidades federativas respondieron a las solicitudes de información de la CEAV sobre datos de violencia sexual.

La titular del Comité relata que en la mayoría de los estados que respondieron a la solicitud ni siquiera contaban con datos desagregados por sexo y edades, y en las instituciones médicas tampoco llevan un registro de cuántas víctimas de violencia sexual atendieron porque, argumentaron, el tema no es de su competencia; sin embargo, desde 2009 la Norma Oficial Mexicana sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM-046) obliga al personal médico a reportar los que atiende.

Después de este diagnóstico la CEAV realizó un sencillo formato de registro dirigido a las Procuradurías de Justicia y a los servicios de salud, dijo Suárez Valencia.

“Los formatos pedían datos mínimos: división por sexo, edades, tipo de violencia. La verdad en México es que nadie registra, por ejemplo los casos de violación donde hay riesgo de embarazo e infecciones de transmisión sexual, el registro que llevan en las instituciones de salud son unos y si se pregunta si se denunció el delito es otro. A veces llegan únicamente a los servicios médicos”, declaró.

Para Suárez esta situación persiste porque las víctimas no confían en las autoridades de impartición de justicia, y eso explica que en los delitos sexuales existe una “cifra negra” de 94 por ciento. Además, al año, sólo se consignan a 10 agresores por cada mil Averiguaciones Previas iniciadas por delitos sexuales, que van desde tocamientos y hostigamiento sexual, hasta violaciones, según indica el reporte diagnóstico.

Ante ello la CEAV, indica Suárez Valencia, está realizando un Protocolo con base en lo establecido en la Ley General de Víctimas y la NOM-046 para dar instrucciones específicas los Ministerios Públicos sobre cómo atender a una persona menor de edad víctima de violencia sexual a fin de que las autoridades actúen responsablemente en estos casos.

17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Atienden 66 niñas y niños en esta situación por año
   
Jalisco: apoyo a niñez en orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/07/2017

En septiembre de 2015 en Tlajomulco, Jalisco, los cinco hijos de Betsabé García, presenciaron cómo su padre asesinó a su madre. Hoy tienen 4, 7, 9 y 11 años de edad y sus abuelos se ocupan de su crianza. Son parte de las víctimas indirectas del feminicidio de las cuales no se tiene registro en México.
 
Desde entonces la madre y el padre de Betsabé, María Amparo y Mario García, ambos adultos mayores dedicados al campo, tuvieron que buscar algún apoyo social para mantener a los menores de edad y su hija con síndrome de down, asimismo fue ardua la lucha para mantener la custodia.
 
Tras las exigencias de las organizaciones civiles que acompañaron el caso, el DIF Guadalajara aceptó verlos como víctimas secundarias del feminicidio, los incorporó al programa “Acompañar la ausencia”, creado en septiembre de 2016 para dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas, pero des, después del caso de Betsabé, incluyó a las familias víctimas de feminicidio.
 
La necesidad de crear un programa especializado para resarcir los daños a la infancia en orfandad por feminicidio, hizo que en marzo de 2017 el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) lanzara el “Programa de apoyo económico para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, en coordinación con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), como es su responsabilidad.
 
El abogado del instituto y coordinador del programa, Jaime Javier Torres, explicó en entrevista con Cimacnoticias que su creación nació también en cumplimiento con la Alerta de Violencia de Género (AVG) que tiene la entidad desde febrero de 2016.
 
Con un presupuesto de 1.2 millones de pesos, el programa únicamente tiene la capacidad de atender durante este año a 66 menores de edad, indicó el abogado; hasta el momento 33 ya cuentan con el apoyo del programa y están en trámite 14 solicitudes. Algunos son enviados de la Fiscalía General de Justicia local o la CEAV Jalisco, o bien, acuden las familias por cuenta propia.
 
“Estamos limitados por cuestiones de presupuesto, tenemos un número total de menores de edad que podemos cubrir, en ese sentido no podemos dar más apoyos”, declaró el coordinador y agregó que desconocen el total de niños y niñas que quedaron en orfandad en Jalisco, a causa del asesinato de sus madres.
 
Cifras del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), indican que sólo de 2012 a 2013, tres mil 892 mujeres fueron asesinadas en dicha entidad.
 
EL PROGRAMA
 
El programa para estas víctimas indirectas cubre tres ejes, continúa Javier Torres: el apoyo económico, que consta de 3 mil pesos bimestrales y sólo será emitido por el periodo de un año; la atención jurídica, que busca garantizar y facilitar los trámites de custodia de los familiares, ya que “muchas veces es el padre el asesino o se desconoce su paradero, los menores quedan en una incertidumbre jurídica ¿quién es el responsable del menor?” indicó.  
 
El último punto es la terapia psicológica, que también pueden pedir los tutores de los menores de edad, se da cada 15 días en alguna de las siguientes instancias: la CEAV, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Ciudad Niñez, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), o algún Centro de Justicia para las Mujeres, dependiendo de la cercanía al domicilio de la víctima.
 
“La terapia psicológica también dura un año, se pretende que esto puede continuar pero no se tiene certeza por el presupuesto; la intención es que los menores de edad pueden mejorar hasta ser dados de alta, pero tenemos que ver si podemos cubrir económicamente todo el proceso”, dijo Javier Torres.
 
Para los familiares de las víctimas que busquen este apoyo económico, necesitan demostrar que la averiguación previa fue consignada como feminicidio, lo cual podría ser un obstáculo ya que datos de Cladem aseguran que de los asesinatos violentos de mujeres ocurridos entre 2012 a 2013, únicamente un 16 por ciento se investigó como feminicidio (613 en total).
 
17/HZM








NACIONAL
VIOLENCIA
   
Huérfanos del feminicidio tienen derecho a apoyos sociales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/07/2017

Como muchas niñas y niños, los tres hijos de Emma Gabriela Molina Canto –asesinada el 27 de marzo en Mérida, Yucatán– quedaron en orfandad tras el feminicidio de su madre pero también porque su padre, Martín Alberto Medina Sonda, está en prisión y porque a pesar de que su abuela trata de cuidarlos tiene que darse tiempo para exigir seguridad y justicia para su familia.
 
A partir de 2010, cuando comenzó el proceso de divorcio entre Emma Gabriela y Martín Alberto –y durante siete años– los tres niños quedaron en la indefensión: el 25 de mayo de 2012 fueron raptados por su padre; en octubre de 2014 fueron entregados por su progenitor al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del DIF de Yucatán, finalmente su madre fue asesinada y ahora viven con su abuela.
 
Estos niños, que actualmente tienen 13, 11 y 9 años de edad, son parte de un número desconocido de niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa del feminicidio pero también son parte de los pocos casos en los que las instituciones del Estado los reconocen como víctimas indirectas y con ello les dan la oportunidad de recibir apoyos para menguar su situación de vulnerabilidad.  
 
En México, en promedio, al día son asesinadas 7 mujeres, algunas ultimadas por sus parejas y otras tantas dejando hijas e hijos que deben ser atendidos por familiares cercanos y por instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organismos encargados de proteger a víctimas de violaciones a Derechos Humanos y a la niñez, respectivamente.
 
Hasta 2017 la CEAV atendía 11 casos de feminicidio, de los cuales en cuatro había menores de edad considerados víctimas indirectas tras el asesinato de sus madres. Así lo dijo la abogada y directora General de Atención Inmediata y Primer Contacto de la CEAV, Adriana Carmona López, quien comentó en entrevista con Cimacnoticias las acciones que se realizan para atender a esta población.
 
NIÑEZ TAMBIÉN ES VÍCTIMA
 
La CEAV atiende muy pocos asuntos relacionados con el feminicidio si se considera que hay 11 expedientes y que durante el segundo trimestre de 2017 el organismo atendió 3 mil 87 víctimas de delito o violaciones a Derechos Humanos y 2 mil 99 víctimas indirectas. La razón, explica Carmona López, es que se atienden asuntos de orden federal y generalmente los asesinatos de mujeres son materia del fuero local.
 
Sin embargo, el organismo comenzó a atraer estos casos desde la modificación a la Ley General de Víctimas, aprobada el pasado 9 de enero, que le otorgó esta facultad. El primer caso que atrajo fue el asesinato de Emma Gabriela, asesinada el 27 de marzo, al considerar que ella, su madre, Ligia Canto Lugo y sus hijas e hijo fueron víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, lo que a su vez derivó en el feminicidio.
 
En este caso como en todos, aclara la funcionaria, la ley reconoce a estas hijas e hijos como víctimas indirectas y por tanto se toman medidas para protegerlos o resarcir el daño como pagar los gastos funerarios, darles medidas de apoyo alimentario, vivienda, apoyo económico y garantizarles el derecho a recibir apoyo psicológico, social y jurídico.
 
En particular cuando el crimen es cometido por el padre y cuando hay antecedentes de violencia familiar, una demanda de divorcio o de custodia de los menores, el primer reto es que las familias de las mujeres a quienes se les arrebató la vida puedan tramitar y conseguir la custodia de las niñas y niños que quedan sin sus madres y padres. “La muerte viene a culminar un proceso terrible de amenaza permanente y la incertidumbre de lo que iba a pasar”, dice la funcionaria.
 
Lo primero que hay que enfrentar, explica Carmona López, es la incertidumbre jurídica de saber quiénes se quedan a cargo de los menores de edad porque lo que debería ser un proceso automático se convierte en una primera batalla. En el caso de la CEAV, dice, la asesoría jurídica federal se ha concentrado en atender casos penales o de violaciones a Derechos Humanos y muy pocos en materia familiar.
 
Con un número reducido de asesores jurídicos, que ronda 70 personas, la funcionaria reconoce que es primordial tramitar la custodia de las y los niños porque puede suceder que terminen con las familias de los agresores, quienes no necesariamente busquen su bienestar sino tenerlos como testigos para poder ofrecer mejores pruebas para que no vinculen a proceso al presunto culpable o para que disminuya su sentencia.
 
“Imagínate que lo primero que tendrían que tener después de un evento de esta naturaleza es el resguardo de su seguridad. Su seguridad en todos los sentidos: jurídica, psicológica, social; quiénes van a ser sus redes de apoyo, quiénes van a cobijarlos en medio de todo ese conflicto, por todo lo que tienen que acomodar después”, expone.
 
Tras sortear los retos administrativos, Carmona López identifica que el siguiente paso es otorgar apoyo psicológico para que los menores de edad involucrados puedan sobrellevar el feminicidio y al mismo tiempo dar apoyo económico para que tengan becas para continuar y concluir su educación, estudios que en ocasiones ya no puede ser sustentados por sus familias cercanas.
 
VIVIR CON EL FEMINICIDIO
 
Co el reciente cambio de personal de la CEAV se ha propuesto un acompañamiento integral a las víctimas, que tenga un enfoque psicosocial y que les permita reformular sus proyectos de vida, para que niñas y niños puedan vivir con la ausencia de sus madres o sabiendo que las abuelas se dividen en darles atención y en buscar la verdad de lo ocurrido a estas mujeres. 
 
Anteriormente, dice Carmona López, estas terapias psicológicas eran breves y de emergencia pero casos de esta índole requieren acompañar un proceso completo con la familia, algo que debe hacer un profesional. Para facilitar la atención las víctimas pueden escoger a su terapeuta y la CEAV tiene la obligación de pagar los costos económicos.
 
“En uno de los casos que estamos acompañando, uno de los varios casos, me decía la abuela: Es que tengo a mis nietos, no sólo perdieron a su mamá, están perdiendo a su abuela que tiene que estar pidiendo justicia y al final no puedo ni acompañarlos ni arroparlos como yo quisiera porque tengo que estar pendiente de que haya justicia”, recuerda la también abogada especializada en perspectiva de género. 
 
Si dimensionamos que estas niñas y niños, expone, han sido víctimas de esa violencia familiar por la que finalmente muere su madre, indudablemente el proceso terapéutico no puede ser dado por cualquier persona y tienen que ser expertos, que tenga una perspectiva de género y que conozcan el tema de violencia.
 
En el caso de la educación la servidora pública señala que la Secretaría de Educación Pública es la autoridad responsable de otorgar las becas a los huérfanos de la violencia feminicidio, sin embargo, si hay alguna razón para que no lo haga la CEAV puede otorgar el apoyo económico.
 
Carmona López destaca que el organismo de protección a víctimas no tiene más casos porque las Comisiones de Atención Víctimas de los estados son quienes probablemente estén atendiéndolos ya que están facultadas para conocer los casos del fuero local; sin embargo considera que todavía quienes acompañan y litigan los casos de feminicidio no ven a la CEAV como una autoridad a la cual acudir.
 
17/AGM








ESTADOS
LABORAL
   Despedida por tener CaMa enfrenta discriminación y acoso
   
A petición de CEAV, Conapred intervendrá en caso de Adriana Rodríguez
Imagen retomada del portal fatosdesconhecidos.com.br
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/08/2017

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) pidió mediante un oficio a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) intervenir en el caso de Adriana Rodríguez Hernández, discriminada y despedida en diciembre de 2016 por padecer cáncer de mama (CaMa) por parte de funcionarios públicos de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex).
 
El pasado 28 de julio la CEAV pidió a la Conapred resolver la denuncia de Adriana, víctima de burlas y hostigamiento por parte del jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo y el director de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño, quienes en reiteradas ocasiones se han burlado del aspecto físico de Adriana Rodríguez, tras la mastectomía del seno izquierdo a la que fue sometida.
 
El documento –del cual tiene copia Cimacnoticias- exhorta a Conapred a ejecutar las acciones que sean necesarias y dar seguimiento al caso por ser asunto de su competencia. En tanto, Rodríguez Hernández espera que la Comisión la reinstale como subdirectora de Información Delictiva, tal como lo dictó en abril el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa “por estar en riesgo su vida”, dijo entrevista.
 
Hasta ahora, Conapred no ha informado si aceptó o no el caso pues deberá revisarlo y notificar posteriormente a Adriana Hernández si procederá con la investigación, informó en entrevista con Cimac, personal de la dirección de quejas de esta instancia.
 
Los llamados del Juez Quinto de Distrito, encargado de hacer efectivo el fallo, también continúan, este primero de agosto pidió a la CES Edomex por última ocasión, entregar en tres días un informe de cumplimiento de la resolución, de lo contrario la institución pública será nuevamente sancionada económicamente y los responsables podrían perder su cargo e incluso enfrentar la prisión.
 
Cabe recordar que después del despido injustificado, la CES Edomex demandó a Adriana, argumentando que había robado un vehículo perteneciente a la institución, cuando la víctima ha demostrado que fue el mismo personal de la CES Edomex, quienes se negaron a recibirlo y dejarla a ingresar a las instalaciones.
 
El próximo lunes 7 de agosto, se llevará acabo la primera audiencia para saber si Adriana Hernández será vinculada a proceso, mismo día en que la institución de seguridad debe cumplir con sus instalación por lo que la denuncia podría anularse recordó la víctima. 
 
Cabe recordar que hasta ahora, ninguna organización ha acompañado a Adriana Hernández, y su caso lo siguen dos abogados de oficio de la Procuraduría mexiquense.
 
17/RED








ESTADOS
   Hoy se realiza audiencia contra acusado Medina Sonda
CEAV acompañará a familiares de Emma Molina, víctima de feminicidio
Archivo CIMACFoto
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/04/2017
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se comprometió a acompañar y atender a los familiares de la defensora de Derechos Humanos, Emma Molina Canto Lugo, asesinada el pasado 27 de marzo en Mérida, Yucatán. 
 
A través de un comunicado emitido hoy, la CEAV explicó que los familiares de Emma Gabriela serán atendidos por ser víctimas indirectas del asesinato efectuado Yucatán, presenciado por sus dos hijas e hijo, y por el que se inculpa como autor intelectual al ex funcionario de Tabasco durante el gobierno priista de Andrés Granier, Alberto Medina Sonda.
 
Las víctimas recibirán Asesoría Jurídica Federal, en la que será prioridad la exigencia de investigar el caso con perspectiva de género y defender los derechos de los menores, informó la CEAV.
 
Además, el comisionado de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, señaló que otorgarán la compensación económica correspondiente, tal como lo afirma la Ley General de Víctimas en el Artículo 26.
 
La representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, dijo en entrevista con Cimacnoticias que la Comisión otorgará también medidas de seguridad y atención médica para las hijas e hijo de Emma Gabriela, quienes desde 2014 reciben apoyo psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán.
 
La madre de Emma Gabriela y defensora de Derechos Humanos, Ligia Canto Lugo, denunció anteriormente en entrevista que, desde 2014, ella y su hija se acercaron a la Comisión Ejecutiva Estatal para solicitar su acompañamiento, luego del hostigamiento judicial que enfrentaron en la búsqueda por la custodia de las y el menor de edad. Sin embargo, la instancia no les brindó la atención necesaria, por lo que ella y Emma Gabriela tuvieron que recurrir a la CEAV nacional, con sede en la Ciudad de México.
 
Como resultado, actualmente la defensora de Derechos Humanos Canto Lugo cuenta con apoyo jurídico por parte de la instancia. Además, desde 2014 los datos de Emma Gabriela y sus hijas e hijo se incorporaron al Registro Nacional de Víctimas (Renavi), mismo que la CEAV se comprometió a actualizar.
 
Hasta el momento tres personas están detenidas en Yucatán por el delito de homicidio, dos como ejecutores y uno como coautor, mientras que hoy se realiza la audiencia de imputación de Medina Sonda en el centro de Justicia del Sistema Penal de Tabasco, ya que está preso en esa entidad por el delito de operar con recursos de procedencia ilícita y cumple una condena de 12 años y 6 meses de cárcel. 
 
17/MMAE/GG
 

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   En 9 de cada 10 casos la investigación no prospera: CEAV
Impunidad en delito de violación en Puebla
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Samantha Páez*
Cimacnoticias | Puebla, Pue.- 24/10/2016

En Puebla, de enero de 2010 a junio de 2015 se registraron 12 mil 910 violaciones sexuales de las cuales 8 por ciento ocurrió a mujeres de entre 16 y 30 años de edad, no obstante, en 9 de cada 10 casos la investigación no prosperó, según un diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
 
Los delitos que se denuncian con más frecuencia ante la Fiscalía General de Justicia de la entidad son atentado al pudor, con 4 mil 46 casos; violación, con 3 mil 368; estupro, con mil 295; trata de personas, con mil 142, y acoso sexual, con 614.
 
En cuanto a los casos que llegan al tribunal, sólo 13 por ciento de las denuncias por violencia sexual en el estado prospera, esto significa que nueve de cada diez no está ni cerca de acceder a la justicia y aún cuando las investigaciones lleguen a los tribunales, eso no significa que exista una sanción, pues falta que se dicte sentencia y ésta puede ser condenatoria o absolutoria.
 
Hay tres delitos sexuales en los que ningún caso llegó al Tribunal: según datos del CEAV de los 505 casos de violación equiparada –que se refiere a violación de personas que por enfermedades o alguna otra causa no puedan defenderse, así como a menores de 12 años y cuando se introduce algún objeto vía anal o vaginal con violencia- ninguno se judicializó, lo mismo ocurrió con las 70 investigaciones por violación tumultuaria y las 20 por provocación de un delito o apología de este o de algún vicio.
 
Por otro lado sí llegaron a judicializarse 103 casos de otros delitos sexuales y 14 de otros delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, que no reportó la Fiscalía a la Comisión de Atención a Víctimas.
 
HAY OBSTÁCULOS EN FISCALÍA
 
Para la directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla (IDHIE-UIA) Galilea Cariño Cepeda, el hecho de que pocos casos de violencia sexual lleguen a los tribunales puede deberse a varios factores: que no hay mecanismos de protección para que las víctimas sigan su denuncia, las pruebas forenses son limitadas y falta personal, no se siguen los protocolos de investigación y se busca la conciliación con los victimarios, sobre todo destaca la revictimización y la dilación en los procesos, lo que cansa a las víctimas.
 
“Sí es preocupante porque en efecto hay un mensaje muy claro de impunidad en los casos de violencia sexual (…) aún cuando en la Fiscalía ya hay protocolos de actuación con perspectiva de género, me parece que no se aplican del todo”, refirió la especialista.
 
La situación, agregó Cariño Cepeda, sería más grave si se toma en cuenta que la cifra negra, referente a la cifra de delitos que no se denuncian, ronda el 94 por ciento; es decir, del total de delitos sólo 6 por ciento se denuncia y si se toma en cuenta la cifra de la CEAV, de ellos sólo 0.078 por ciento llega a los tribunales.
 
*Este artículo fue retomado del portal de noticias ladobe.com.mx.

16/SP/LGL








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