INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Valentía, coraje e integridad moral contra la corrupción
OSC de Joyabaj reconocen la labor de la Fiscal Thelma Aldana
Imagen retomada del portal mp.gob.gt
Por: Por la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Guate.- 06/04/2017 representantes de la sociedad civil del municipio de Joyabaj, Quiché (100 kilómetros al occidente de la Ciudad de Guatemala), manifestaron su reconocimiento a la labor de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, en el combate a la corrupción.
 
Comités de mujeres, comités de Auxiliares Comunitarios, representantes de las iglesias; autoridades Mayas; asociaciones de Desarrollo; asociaciones para la Conservación del Medio Ambiente; Coordinadora de Mujeres Joyabatecas, entre otras, participaron en un acto público que se llevó a cabo en la Plaza Central del municipio.
 
La sociedad civil Joyabateca reconoce la valentía, el coraje, pero sobre todo la integridad moral y los principios que han caracterizado al personal, en especial a la Fiscal General, cuya importante labor ha sido clave en los sucesos de los últimos años en la lucha contra la corrupción en el país.
 
Aldana agradeció las muestras de apoyo e incluso reconocimientos recibidos, entre los cuales se encontraba una réplica del palo volador, un diploma de reconocimiento y un obsequio del traje de la región.
 
La Fiscal General manifestó que el papel que juega la sociedad civil en el país es fundamental para mantener la observancia del desempeño de las autoridades locales, municipales y a nivel nacional para exigir un buen trabajo por parte de los funcionarios públicos.
 
“No debemos ser tolerantes a la corrupción, a la criminalidad, si somos un país pasivo, los corruptos se aprovechan y se llevan el dinero que es para la población; no podemos permitir que haya  niñas y niños desnutridos, que no haya medicinas, ni acceso a la educación. Guatemala tiene muchos recursos, pero nunca dejaremos de ser un país pobre si permitimos que los corruptos se lleven el dinero del pueblo”, puntualizó.
 
Desde el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se hacen grandes esfuerzos para investigar casos penales con objetividad y transparencia; “No vamos a descansar hasta el último día en nuestras funciones, tanto el Comisionado, como los fiscales en esa lucha contra la corrupción y la criminalidad”, refirió la Jefa del Ministerio Público.
 
La Fiscal General manifestó que reconoce el trabajo de las autoridades indígenas, ya que a través de la conciliación y respeto logran resolver los distintos conflictos que puedan generarse en la población y con ello fomentan la paz social.
 
El Ministerio Público siempre trabajará con las autoridades indígenas; ese reconocimiento de los derechos indígenas esperábamos que estuviera en la Constitución de la República, pero si no se puede la labor entre ambos seguirá de la mano, finalizó Aldana.
 
La sociedad civil también hizo extensivo el apoyo hacia el jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez. Expresaron que tanto la Fiscal General como el Comisionado efectúan su trabajo con valor y esfuerzo en el combate contra la corrupción.
 
17/RED/GG 







REPORTAJE
VIOLENCIA
   Estereotipos y omisión
Casos Daphne, Emma Gabriela… ¿dónde está la ley?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2017 Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
17/AGM/MAE/GG 







ZONA DE REFLEXIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   ZONA DE REFLEXIÓN
Sus voces nos hacen falta
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/03/2017 El asesinato en Chihuahua de la periodista Miroslava Breach Velduceo nos trae, de golpe, el regreso de un horror: el asesinato de periodistas críticos. Tres en menos de un mes. El crimen de la reportera Breach nos lleva a repreguntarnos por qué es tan ineficaz la autoridad para investigar y sancionar a los responsables de los atentados a la libertad de expresión.
 
En el año 2000, con un gobierno panista, los atentados contra periodistas iniciaron su escalada; para 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República, la violencia desatada por su guerra contra el narco llevó a México a ser conocido como el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo.
 
Producto de esta violencia, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que lleva once años operando sin que hasta hoy dé resultados efectivos que terminen con la impunidad que rodea cada asesinato y agresión contra periodistas.
 
En 2010 tuvimos la visita del entonces relator de Naciones Unidas para la protección a la libertad de expresión, Frank la Rue. Una de las recomendaciones hechas al Gobierno federal fue sancionar los atentados contra periodistas,  pues la impunidad es la puerta abierta a la repetición, aseguró en su informe.
 
La ineficacia de la Fiscalía está documentada en cada asesinado y agresión contra periodistas: 17 mujeres periodistas han sido asesinadas por hacer su trabajo y 331 han sido agredidas o intimidadas por las investigaciones que realizan desde 2002. Ninguna periodista debió de haber sido asesinada, ninguna de ellas debe vivir con temor por las amenazas recibidas.
 
¿Por qué la Fiscalía no llega hasta los culpables de los asesinatos y las agresiones contra periodistas? Es la pregunta que desde hace más de una década se insiste y a la cual ningún fiscal ha dado respuesta.
 
¿A quién le conviene que el miedo por investigar corrupción, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a derechos humanos, desapariciones o feminicidio crezca entre las y los periodistas? ¿A quién le conviene que la sociedad no sea informada sobre estos temas?
 
Cuando los agresores de periodistas son funcionarios públicos, la respuesta es lógica: sembrar el miedo por investigar temas que incomoden a los que tienen el poder le va bien, le favorece a los poderosos, pero no a la sociedad.
 
Anoche, la periodista Laura Castellanos, quien se ha dedicado a investigar ejecuciones extrajudiciales, escribía en el tweet “Si la sociedad nos deja solas/os en nuestro ejercicio periodístico, crece nuestra vulnerabilidad”.
 
Es urgente que la sociedad se dé cuenta de la importancia del trabajo periodístico independiente y crítico, pues sacar a la luz las desigualdades y los abusos de poder permite a la sociedad ser más crítica y construir mejores democracias.
 
Por ello es tan grave que asesinen o intimiden a las y los periodistas, y que las instancias creadas para investigar estos crímenes sean tan ineficaces para hacer justicia. Grave, porque cuando silencian o limitan la posibilidad de investigación periodística, la sociedad está menos informada y más vulnerable de vivir en la mentira creada desde las esferas del poder y divulgada por medios que privilegian los convenios publicitarios, antes que su obligación de informar.
 
El horror no puede seguir imperando en nuestro país, es necesario que la sociedad haga suya la causa de la protección de periodistas, demande la investigación ante cualquier atentado, fortalezca a las y los periodistas independientes para que crezca la democracia que tanta falta hace en México, y para que ni una periodista más sea asesinada, porque todas esas voces hoy nos hacen falta.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GG







OPINIÓN
   Lydia Cacho Plan b*
Contra la frustración
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/02/2017 Si me viera forzada a utilizar una sola palabra para definir el ambiente cuando hablamos de política, corrupción en impunidad, sin duda el vocablo elegido sería frustración. En redes sociales, medios y redes, manifestaciones, reuniones de activistas, artistas, colectivos ciudadanos, reuniones familiares y cantinas, indefectiblemente alguien dice que vamos en camino a la irremediable perdición.
 
Sabemos que las estructuras de poder, tal como las conocemos, no funcionan. Que los políticos y sus empresas denominadas partidos, representan los intereses de una forma de liderazgo vertical desgastado, inoperante, destructivo, egoísta y violento: ese liderazgo patriarcal, conservador narcisista, al que juegan y perpetúan hombres y mujeres por igual, no importa si de izquierda, demócratas, conservadores, liberales, progres o anarquistas.
 
Cuántas veces escuchamos la frase “ya no quiero leer ni escuchar las noticias, me enferman”. Lo que nos enferma no es conocer la verdad, sino documentar y procesar intelectual y emocionalmente las historias de impunidad anunciada. No importa el grado educativo y cultural de quien lo dice: si ya sabíamos que_______ (aquí ponga el nombre del mafio-político de su propio estado o comunidad), había cometido todos estos ilícitos y violaciones a los derechos humanos. Ya conocíamos con datos duros y evidencia obtenida a pulso la demostración formal, tanto jurídica como periodística (que ha costado la vida, la integridad o la libertad de activistas y periodistas), que esta persona pudo haber sido cesada y juzgada mientras cometía dichos crímenes contra la sociedad. La frustración es un síntoma del entrampamiento ideológico en que nos encontramos.
 
Recientemente, durante un evento organizado para expresar el país que queremos e imaginamos, vi la muestra patente de ese ejercicio de poder de máscaras, que es mensajero y reproductor del patriarcado. El político Porfirio Muñoz Ledo, desesperado por arrebatar el micrófono mientras hablaba un joven activista, no miró ni escuchó a los y las jóvenes que dialogaban desde el público, cuyo llamado a reinventar el liderazgo político fue lo más sano, honesto y útil del evento. Él quería subir al podio, aleccionarnos como el patriarca tradicional; se robó el tiempo de los otros y las otras (como suelen hacer siempre los que deliran omnipotencia).
 
No fue a escuchar, ni a aprender, fue a buscar los resquicios de un poder añejo de una izquierda que hace años está muerta, o al menos en coma inducido por la hipocresía y el falso monopolio de la alternativa. Como él, en todo el país, los demagogos de la crisis hablan sinsentidos, porque su modelo de liderazgo está también a punto de perecer. No creo que ya las nuevas generaciones tengan la respuesta, aunque hay excepciones como Pedro Kumamoto, tenemos evidencia con Velazco en Chiapas y Remberto Estrada en Quintana Roo, que miles de jóvenes se suman a las filas de las empresas partidistas para proteger y reproducir el modelo de liderazgo convencional que favorece la cultura de la corrupción e impunidad del “o conmigo o abandonados a su suerte”.
 
Desde hace décadas, las filósofas feministas demostraron que, si no entendemos el origen y método del liderazgo, es imposible transformar las estructuras de poder. De allí la insistencia de mujeres y hombres feministas por deconstruir las formas tradicionales de liderazgo para crear un ejercicio de gobierno ético que actúe mientras las y los funcionarios violan la ley, y no una vez que han logrado destruir economías, vidas y ecosistemas.
 
Observante me encuentro en reuniones a hombres y mujeres que salivan frente al hueso potencial, que se enmascaran en el teatro del absurdo interminable. Queremos líderes que transformen colectivamente, no que destruyan al adversario. La educación para el liderazgo no es un arma, sino una herramienta. Nuestra frustración tiene razón de ser; sólo nos queda el largo camino de inventar liderazgos nuevos, ajenos a la estructura y a los chapulines, que se hacen llamar independientes, pero aman el poder tradicional. Habrá que tener paciencia y persistir, aunque no vivamos para atestiguar el cambio.
  
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
17/LCR/GG







NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Previo a que se consumara su destitución recibió varias amenazas
Preocupa a Yareli Cariño integridad por violencia política
Yareli Cariño López, sindica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, en conferencia de prensa este martes. CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/01/2017 Hace un año, el 1 de enero de 2016, Yareli Cariño López, mujer mixteca de 32 años de edad y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidió participar por primera vez en un proceso electoral y contender por una sindicatura en el municipio de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, cargo que ganó en las urnas el pasado 5 de junio.
 
Sin embargo no ejerce el puesto porque el 2 de enero, a 24 horas de tomar posesión, durante la primera sesión de Cabildo fue destituida por decisión de Guillermo García Cajero, alcalde municipal electo y quien el año pasado, la invitó a ser candidata y compañera de la planilla abanderada por el PRD.
 
Ante esta arbitrariedad que considera violencia política la abogada y ex trabajadora del Tribunal Electoral de Oaxaca dijo en entrevista con Cimacnoticias que le consternó que García Cajero la invitara a contender por un cargo y después de la campaña y de ganar la elección, la destituyera sin ninguna explicación.
 
En diciembre, acompañada por el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Yareli Cariño, denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) las amenazas de muerte de las que fue víctima por lo que el organismo pidió a la Secretaría de Gobierno estatal que le brindara protección. 
 
Como resultado el 1 de enero fue acompañada por cuatro policías estatales para no ser agredida a la hora de ser investida con el cargo. Aun así la ceremonia fue ríspida: “hubo una serie de agresiones por parte de las compañeras de Cabildo que no permitían que me sentara al lado del presidente municipal. Resulta absurdo”, dijo. 
 
Previo a que se consumara su destitución, cuenta, recibió amenazas por teléfono, intimidación y asilamiento por parte de los concejales electos que no la invitaron a participar en las reuniones previas a la toma de posesión.
 
A los medios locales Cariño López explicó que el diputado local de la alianza PRD-Partido Acción Nacional (PAN), Tomás Basaldú Gutiérrez advirtió que si no cedía a sus pretensiones sexuales no permitiría que desempeñara el puesto como síndica por lo que él pudo ordenar su destitución pero prefiere no dar más detalles por seguridad.
 
De esta afirmación la síndica electa dijo “lo peor es que no hay argumento, no hay razón alguna” y lo único que explicó es que una ocasión el alcalde García Cajero le expuso que ella no podía ser síndica porque “no representa a la clase social alta de Pinotepa y esos lugares sólo los ocupan los ricos”, aludiendo a sus raíces indígenas.
 
Tras la denuncia a Yareli Cariño le preocupa su integridad y la de su familia. “Ahora, en mi casa siempre hay vehículos con vidrios polarizados, sin placas. A partir de la denuncia pública empieza a haber este tipo de intimidaciones, gente extraña que ronda la casa a altas horas de la noche. Me causa temor todo esto”, advierte. 

Yareli Cariño López, sindica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, en conferencia de prensa este martes. CIMACFoto: César Martínez López


A esto se suma que nadie la informa sobre lo que sucede en la alcaldía; además este 9 de enero las y los funcionarios acudieron al Palacio de Gobierno de Oaxaca a acreditarse en sus cargos. Ella acudió pero después de esperar casi ocho horas la secretaria no quiso darle su acreditación como síndica porque la tenía registrada como regidora, cargo que previamente le ofreció el alcalde y el cual no aceptó.
 
El 6 de enero Yareli Cariño presentó un juicio por violencia política por razones de género ante el Tribunal Electoral del estado donde argumenta que fue electa como sindica y recibió su constancia de mayoría por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca por lo que se le debe permitir ejercer el cargo.
 
También tiene una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República; y el PRD anunció que la Comisión Jurisdiccional del partido abrirá una indagatoria para determinar responsabilidades, por lo que espera los resultados de las investigaciones.
 
“No solamente es por mí, también es por las otras mujeres que vienen atrás y quieren ejercer un cargo político. También tenemos derecho de ejercer cargos importantes, tenemos capacidad, tenemos que seguir luchando para que se hagan validos nuestros derechos”, señala.
 
17/AGM/KVR







QUINTO PODER
   QUINTO PODER
Feminismo y protesta
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Camp.- 10/01/2017 Es el feminismo por sí mismo una forma de protesta, es la lucha de las mujeres contra la falsa percepción de condición de inferioridad de las mujeres, que es de las ideas más antiguas que más cabida tienen en el imaginario colectivo.
 
En cambio lo que permanece ayer como  hoy es esa misma conciencia de deseos de libertad y de justicia que mueve a las feministas a empatizar con las causas sociales, con la de obreros y obreras, con las de las clases más afectadas por las crisis económicas, y por supuesto en entender desde una óptica de “marginada social” a todas las poblaciones que habitan las periferias y los sótanos de la sociedad.
 
Históricamente las feministas han participado en los movimientos sociales más importantes para la búsqueda del voto, contra las guerras, en demanda de respeto, contra gobiernos capitalistas y neoliberales, por la protección al medio ambiente y muchas otras causas, y es mediante la protesta como se expresa la inconformidad.
 
No hay otra forma de hacer y de ser feminista si no es con la protesta, saliendo a las calles, manifestándonos y sumándonos a las realidades del país. No hay forma de decirnos o enunciarnos feministas si no va de por medio el cuerpo en la protesta y el activismo para expresar nuestras ideas, siempre lo fue así y así lo recuerdan las ancestras que lucharon por el voto, pero también las obreras que demandaban horarios y salarios más justos.
 
Fue el feminismo blanco de Inglaterra y Estados Unidos, el que protestó tomando los espacios públicos para exigir el voto femenino, conquista que no se lograría si no fuera por medio de la lucha organizada, las alianzas, las resistencias y memorables aliados. Ha sido el feminismo de Europa del Este el que luchó contra las guerras, el feminismo latinoamericano el que se opone al colonialismo y el neoliberalismo.
 
Es la invisibilización de los asesinatos de las mujeres en todo el mundo los que hemos tenido que salir a denunciar marchando, tomando calles a lo ancho y largo, exigiendo justicia y exigiendo que legisladores y gobernantes de todo el mundo y el país cumplan con su trabajo. No hay otra forma de decirlo, hemos denunciado al Estado feminicida y sabemos que es el Estado omiso el responsable y causante de los asesinatos de las mujeres.
 
No es solo la muerte a manos del agresor, del esposo, del atacante desconocido, es la forma pasiva con la que el Estado permite y alienta la violencia contra las mujeres y las niñas contra la que hemos protestado y es también ese empobrecimiento que se agudiza contra las mujeres la que tenemos obligación de denunciar.
 
La lucha feminista nos lleva a tomar conciencia de que el Estado empobrece a la población por la corrupción y la impunidad, que es el Estado con sus brazos opresores de Policía que salen a combatir ciudadanía armada con piedras pero que es incapaz de perseguir y poner un freno a los casos de feminicidio y a la narcopolítica que violenta a las mujeres.
 
Nos lleva a expresar conscientes que el Estado debería preocuparse por agudizar la pobreza de su población, en la que son las mujeres y las niñas las pobres entre las pobres, las que más padecerán de empleos mal remunerados, de no contar con seguros médicos y de que el dinero de un trabajo no alcance para la leche de sus hijas e hijos.
 
Que ese territorio llamado “nación” es la que recorren a diario las mujeres en calles oscuras sin vigilancia policial, donde no hay un peso invertido en cámaras y hay lotes baldíos en donde son asesinadas y sus cuerpos arrojados.
 
No, no se puede ser feminista sin tomar conciencia que salir a la calle a exigir justicia para las mujeres asesinadas es también un reclamo permanente al Estado feminicida que hoy asesta un nuevo golpe contra las mujeres y las niñas al encarecer su vida aún más con el alza a los combustibles y los alimentos.
 
Decir que los incrementos no afectarán a los pobres, tiene la malsana intención de generar ambientes de separación, separar a los pobres y las pobres, de quienes aún les queda algo de poder adquisitivo y pagan impuestos, equiparándolos a estos últimos como poderosos cuando en realidad los que se han enriquecido impunemente a costa del erario público son quienes tendrían que devolver el dinero que han robado a la sociedad.
 
Sí, es el feminismo y no se puede ser feminista de otra forma, sin el reclamo de que el empobrecimiento de las mujeres es también resultado de la corrupción de servidores públicos que se quedan con dinero que debía destinarse a la prevención de la violencia, y que son tan culpables estos como aquellas y aquellos que desconocen sus responsabilidades y las asumen por el pago que recibirán y para mantener posiciones políticas a costa de la vida de las mujeres y las niñas.
 
Las calles se quedan vacías para reclamar las injusticias contra las mujeres, somos pocas y lo sabemos, apenas el 24 de abril y el 25 de noviembre del año pasado en algunas ciudades se lograron reunir centenares, pero en general las protestas feministas son cada vez menos. Porque en teoría hay más feministas pero en las calles luchando y exigiendo justicia somos las mismas de siempre y cada vez menos.
 
Estamos solas no solo de los compañeros de izquierda o de otros grupos que no asumen que la nuestra, la lucha en contra de la violencia, es también una lucha contra el Estado opresor. Estamos solas porque incluso hay compañeras que no ven en las calles la lucha sino en un escritorio, como si ello cortara los pies para salir y hacer nuestras las protestas.
 
Necesitamos sí volver a ser como las feministas de antes, las ancestras que salían a las calles y ponían el cuerpo en la lucha de nuestro derecho a la educación, al trabajo, al voto, a la vida.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/KVR
 







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Fue acusada por lanzar huevos en contra de un exsenador en el 2009
Milagro Sala fue condenada a tres años de cárcel
Imagen retomada del portal de Prensa Latina
Por: Maylín Vidal
Cimacnoticias/PL | Buenos Aires, Arg.- 29/12/2016 La líder argentina, Milagro Sala fue condenada a tres años de cárcel; esta es la primera sentencia pero se espera que sea enjuiciada por otros cargos.
 
Hasta el último momento, la abogada defensora, Elizabeth Gómez Alcorta tuvo la esperanza de que saliera libre porque era acusada de ser instigadora –lanzar huevos– en contra del entonces senador, Gerardo Morales, durante un acto público en el 2009. En la actualidad Morales, es gobernador de Jujuy, lugar donde se llevó a cabo el juicio.
 
La abogada Gómez Alcorta declaró ante la prensa: “todos fuimos testigos de cómo el Tribunal impidió de modo sistemático y arbitrariamente de ejercer el derecho de defensa una y otra vez”.
 
Junto a Sala también fueron condenados sus otros dos compañeros Graciela López, con una pena de tres años y Ramón Salvatierra, a dos años de cárcel.
 
El tribunal no otorgó los fundamentos de las penas y fijó una audiencia para el 3 de febrero. Diez días después la defensa, según adelantó, apelará el fallo.
 
Las únicas pruebas sobre la intervención de Sala en aquella manifestación fueron los testimonios de Rene, mejor conocido como el “Cochinillo” Arellano y su esposa Cristina Chauque, quienes dijeron que estuvieron en una reunión en la que la detenida les ordenó participar de la protesta.
 
Durante su declaración en este juicio, se probó documentalmente que el “Cochinillo” mintió. Dijo que no tenía trabajo, pero está contratado desde el 1 de julio como coordinador de Cooperativas por el gobierno de Morales”.
 
Lo cierto es que a Sala se le condena por un delito, que ella misma niega, pues ha declarado que no estuvo en el lugar de los hechos.
 
La líder sindical fue detenida el 6 de enero, desde entonces la han acusado de otros delitos más complejos como la supuesta irregularidad de administración de fondos destinados a construcción de viviendas.
 
Se le imputa además de la autoría de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.
 
Con su rostro visiblemente desencajado en estos meses de prisión, Sala tomó el micrófono para pedir justicia, ante la mirada de los presentes y de cientos de cámaras de canales que transmitieron en directo el veredicto.
 
“Siento mucho dolor interno por la injusticia que estamos viviendo porque no hemos robado nada, hemos trabajado, hemos dignificado a miles de compañeros, ese fue nuestro pecado”, dijo la líder de la organización barrial Tupac Amauru.
 
Luego agregó: “Queríamos igualdad en este país tan rico, donde hoy volvieron a llevarse lo que siempre se llevaron las grandes empresas, las grandes corporaciones”.
 
“Es un fallo político, no es un fallo de la justicia”, apuntó el esposo de Sala, Raul Noro, quien ofreció algunas declaraciones al canal C5N, al término de la audiencia.
 
La querella acusó a Sala de “instigación, daños agravados y coacción”, y reclamaban la máxima pena prevista en el Código Penal, ocho años.
 
Finalmente el Tribunal resolvió por unanimidad declarar “extinguida la acción penal por prescripción” y en consecuencia culpó a los tres (Salas, Graciela López y Ramón Salvatierra) del delito de “daños agravados”.
 
La condena bajo condición le permite al juez no hacer efectiva la detención del acusado cuando se trata de un primer fallo por un plazo no mayor a tres años, pero Sala seguirá en prisión por las otras acusaciones abiertas en su contra.
 
Las reacciones por esta condena no se hicieron esperar. En Twitter muchas voces se manifestaron, incluyendo el presidente boliviano, Evo Morales.
 
“Expresamos nuestra solidaridad con Milagro Sala y condenamos la criminalización de la protesta social que solo busca justicia, igualdad y la dignidad de los más pobres. No se puede silenciar la voz de los humildes. Milagro Sala representa la lucha de todos los movimientos sociales”, escribió el mandatario.
 
Otra usuaria de la red, identificada como Natalia Morales, publicó: “en Jujuy te condenan por daño agravado por un delito donde Milagro Sala no estuvo y pusieron un testigo falso. Gravísimo antecedente para los que luchamos”.
 
Por su parte el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, apuntó que esta condena “es un acto de persecución política. Se enmarca en la ofensiva de Morales para tenerla ilegalmente en prisión.
 
Miles de voces dentro y fuera del país se han levantado en apoyo a Sala, considerada para muchos una presa política.
 
Cinco organizaciones internacionales, entre ellas el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, han pedido al Gobierno de Mauricio Macri su pronta liberación.
 
Mientras tanto, las semanas pasan y la líder sindical ya casi cumplirá 350 días la pelea por su encarcelación.
 
16/MV/KVR
 







OPINIÓN
VIOLENCIA
   Lydia Cacho Plan b*
Hartas pero inquebrantables
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/11/2016 Grupos de mujeres abren refugios y centros de atención para mujeres, niñas y niños en situación de violencia extrema; inician con sus propios recursos porque el senado, los gobernadores, los congresos de los 32 estados siguen sin entender y atender sus responsabilidades. Son las activistas que hasta la fecha han fundado 43 refugios para víctimas, junto con un puñado de personas éticas infiltradas en el servicio púbico, quienes lograron vínculos profesionales entre las instancias de Salud y Desarrollo Social con las organizaciones civiles para crear un registro adecuado de defensoras civiles y de víctimas.
 
Por si fuera poco, la idea de las feministas de que se necesitaba una ley general para abordar adecuadamente la violencia contra mujeres y niñas, desde la comprensión hasta la prevención, atención y estrategias para erradicarla, se hizo realidad cuando las activistas, filósofas y expertas en feminismo y jurisprudencia se infiltraron, como heroínas salvadoras del país, en el Congreso de la Unión.
 
Crearon la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; una regulación de tal factura que no deja nada fuera y exige, con procedimientos específicos y fechas límites, que todos los congresos locales la aprueben y apliquen. ¿Quién sabotea la ley? Los gobernadores, algunos legisladores y jueces estatales que se niegan a obedecer los nuevos paradigmas jurídicos. Todos ellos viven de nuestros impuestos.
 
Desde la Ciudad de México, pasando por Cancún, Morelos y Sinaloa, la gente sale a las calles para con recursos propios construir topes frente a las escuelas, tapar baches, sembrar árboles, poner botes de basura y mejorar parques. Sí, porque la autoridad local está ocupada robándose el dinero. ¿Quién los regaña? La policía que, en algunos lugares, ha exigido que destapen el bache de nuevo o les llevarán a la cárcel. Esa policía que vive de nuestros impuestos.
 
En Sinaloa, hartos de ser señalados siempre como la cuna del crimen organizado, sin reconocer la extraordinaria fuerza de la sociedad civil por promover la cultura de la legalidad y por educar a niñas y niños contra la corrupción, un grupo de jóvenes (activistas, empresarios y periodistas) aplicó metodologías de primera para documentar la violencia cotidiana. Su nombre es #VePorSinaloa y lograron demostrar con precisión los tipos de violencia y el serio incremento de asesinatos dolosos (de hombres y mujeres). El trabajo es impecable, no solamente cruzan información oficial, investigan y explican con claridad dónde y cómo incrementa la violencia, con propuestas concretas y factibles para que toda la sociedad se involucre en la prevención de la violencia y en la impartición de la justicia con reparación del daño.
 
El llamado al gobernador Mario López Valdez (Malova), sigue sin respuesta, veremos qué responde el gobernador electo Quirino Ordaz Coppel quien asume el cargo en diciembre y ya tiene este informe. Todos estos servidores públicos viven de nuestros impuestos. 
 
No existe un estado de la República Mexicana, de Veracruz a Nayarit, de Chiapas a Sonora, de Baja California a Guerrero y Yucatán, en que la sociedad civil no haya creado en la última década nuevos paradigmas de ciudadanía, desarrollado nuevos modelos de atención a víctimas, de protección a niñas y niños, de detección de delitos, de compilación de información, de localización de fosas clandestinas donde yacen miles de personas registradas como desaparecidas. Nunca antes la Suprema Corte de Justicia había recibido tanta atención y exigencia de la ciudadanía.
 
Aquellos institutos de las mujeres que en realidad funcionan son los dirigidos por mujeres apartidistas que están preparadas y tienen grandes convicciones cívicas y éticas. Nunca como ahora las y los periodistas no alineados al poder se han dedicado a capacitarse para comprender cómo documentar los Derechos Humanos, mientras aprenden a proteger su integridad a razón de amenazas de muerte y ataques gubernamentales para desprestigiarles.
 
Nunca en los últimos 40 años había visto a una sociedad tan unida al rescate de este país tan abandonado por sus gobernantes. Nunca en estas décadas había visto a tantos políticos tan unidos con la delincuencia organizada, encabezados por su presidente, promotor de la corrupción como un recurso cultural propio de los partidos políticos. Recorrer el país me ha recordado el verdadero poder de periodistas y sociedad civil, hartas, sí, pero inquebrantables.
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
16/LCR/LGL







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