Conapred

ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   A casi un año de su despido, analiza denuncia penal
CEAV acompañará caso de trabajadora despedida por padecer CaMa
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Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/11/2017

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) acompañará legalmente el caso de Adriana Rodríguez Hernández, quien está enferma de Cáncer de mama y fue despedida injustificadamente de su cargo como subdirectora de Información Delictiva en la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) en diciembre de 2016.

En entrevista con Cimacnoticias, Rodríguez Hernández informó que le notificaron lo anterior el pasado 8 de noviembre, a través de una llamada telefónica, a 4 meses de que ella se acercara a la instancia a pedir ayuda, después de que el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) no pudiera cumplir con la petición que le hizo la Comisión de Víctimas para dar seguimiento al caso.

Con ello, a casi un año del despido de Adriana Rodríguez, la CEAV es la primera instancia que decide acompañar de manera legal a la víctima y dará seguimiento al caso hasta que se cumpla la sanción de los servidores públicos, el ex jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez; y el ex director de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño Cubas, quienes violentaron sus derechos laborales, de salud y el derecho a una vida libre de violencia; y se cumpla también con su restitución en el puesto laboral que ocupaba en la CES Edomex. 

La CEAV aún analiza en qué instituciones interpondrá la denuncia penal en contra de los funcionarios, informó Adriana a esta agencia, pues ella ya agotó todas instituciones que podrían resolver su caso:

El Conapred, por ejemplo, señaló que su reglamento no le permite intervenir en denuncias por discriminación cuando los involucrados son servidores públicos estatales, pero la responsabilidad de investigar las violaciones que estos cometieron, era por Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Edomex, precisó.

Sin embargo, para ese momento la Comisión de Derechos Humanos mexiquense había resuelto que no había pruebas de que David Izquierdo y Luis Mauriño discriminaron y se burlaron del aspecto físico de Adriana, tras la mastectomía de seno izquierdo que le fue practicada por el avanzado estado del cáncer.

En pie y aún sin respuesta, sigue una denuncia que interpuso Adriana en la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Edomex (IGISPEM) (con el numeral IGISPEM/QP/IP/2816/2016) encargada de “erradicar las conductas irregulares” de personal de seguridad pública del Edomex.

La ayuda de CEAV resulta necesaria, pues Adriana solo cuenta con dos abogados de oficio de la Procuraduría General de Justicia mexiquense, quienes únicamente la acompañan en su denuncia laboral, la cual cabe resaltar que sigue sin resolverse a pesar de que en abril de este año el Tercer Tribunal Colegiado de Materia Administrativa ordenó a la CES Edomex restituir en Adriana en su puesto laboral porque estaba en riesgo su vida de no contar con la prestación de seguro social.

Cabe mencionar que desde septiembre con el cambio de gobierno en el Edomex, y la entrada del nuevo gabinete del gobernador Alfredo del Mazo; ambos funcionarios acusados, Luis Mauriño y David Izquierdo, ya no laboran dentro de la Comisión, pues ahora está bajo la dirección de Maribel Cervantes Guerrero.

17/RED/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Conapred: fue discriminada por cáncer de mama y razón de género
Comisión de DH del Edomex obligada a resolver el caso de Adriana Rodríguez
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Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/09/2017

Pese a que el    Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) reconoce que hubo discriminación en contra de Adriana Rodríguez Hernández por padecer Cáncer de Mama (CaMa), no tiene la facultad de intervenir en el caso porque los involucrados son servidores públicos del Estado de México, no obstante, dejó en claro que sí hay una instancia que debe intervenir en el caso: la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

 

Adriana fue sometida a una mastectomía radical del seno izquierdo en 2015 por el CaMa que le fue diagnosticado. Desde ese momento, fue víctima de burlas y hostigamientos por su aspecto físico en su trabajo en la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) donde se desempeñaba como subdirectora de Información Delictiva hasta que fue despedida sin justificación en diciembre de 2016 por el jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez y el director de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño Cubas.

 

Desde entonces, Adriana ha tocado todas las puertas de instituciones de Derechos Humanos (DH) para que se le garantice el acceso a la justicia y se sancione a dichos servidores públicos. El caso llegó en julio de 2017 al Conapred, a petición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero éste argumentó que no estaba facultado para intervenir en el caso, por lo que Cimacnoticias buscó a la institución para conocer las razones.

 

En entrevista con el director de Admisibilidad, Orientación e Información de Conapred, Enrique Ventura Marcial, explicó que el Artículo 61 del Estatuto Orgánico de Conapred estipula que sólo puede intervenir en violaciones cometidas por particulares, personas físicas o morales, y cuando se trate de servidores públicos, únicamente de carácter federal.

 

Si Conapred tiene conocimiento de algún caso donde los presuntos responsables son servidores públicos estatales, indicó el director, se envía a los Consejos de Prevención y Erradicación de Discriminación locales. En este caso, el Edomex no cuenta con una entidad especializada en la discriminación, por lo cual se canalizan a la Comisión de Derechos Humanos local (CDHEM).  

 

DISCRIMINACIÓN POR CÁNCER DE MAMA

 

Ventura Marcial tuvo en sus manos el caso de Adriana del cual reflexionó: "-en estos casos nosotros tenemos que estar alerta y decir ojo, es una situación relacionada a esta enfermedad, pero justo aquí, hacemos ver que hay una discriminación múltiple; en este caso específico, podemos ver que se le está discriminando por género y por una condición de salud”.

 

El cáncer que padece Adriana, llamado “Her 2 positivo”, es muy particular, no se cuenta con investigaciones en México sobre su rápido desarrollo y el precio del tratamiento está por encima de los 10 millones de pesos, ha logrado evitar esta cantidad imposible solventar gracias a la atención médica que recibe en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

 

Ventura precisó que a Adriana Hernández se le obstaculizó su derecho laboral, el derecho a la salud y el derecho a una vida libre de violencia.

 

CDHEM, OBLIGADA A INTERVENIR

 

Si bien Conapred reconoció la discriminación, su reglamento le impide actuar sobre el caso, pero la competencia es de la Comisión de Derechos Humanos del Edomex, pues así lo refiere en su capítulo IV la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación local.

 

En esta normativa se estipula que es responsabilidad de la CDHEM “conocer y resolver las quejas de violación a Derechos Humanos, con motivo de actos discriminatorios cometidos por autoridades estatales o municipales”.

 

Desde un principio Adriana lo hizo así, interpuso una denuncia ante la Comisión de DH del Edomex (con el número de expediente CDHEM/TLAL/786/2015) pero en enero de 2017 el órgano resolvió que tras una “exhaustiva investigación” no había elementos que respaldaran las acusaciones de discriminación en contra de los servidores públicos, David Izquierdo y Luis Mauriño.

 

Adriana informó de esta omisión a Conapred, por lo que acordó con esta institución en enviar un oficio al Inspector General de las Instituciones de Seguridad Pública del Edomex (IGISPEM), Isael Teodomiro Montoya Arce, para que atendiera el caso. El IGISPEM es la instancia que se encarga de “erradicar conductas irregulares de funcionarios de seguridad pública del Estado”.

 

Cabe mencionar que también desde diciembre de 2016 el IGISPEM abrió una investigación por la denuncia de Adriana (con el numeral IGISPEM/QP/IP/2816/2016) sin que se tenga respuesta por el momento.

 

Es decir, Adriana pidió ayuda a todas las instituciones que por Ley estaban obligadas a investigar su caso, también acudió al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero hasta ahora ninguna instancia garante de los DH ha podido asegurarle la reparación de daños y la sanción de los servidores públicos del Edomex.

 

En tanto, las autoridades de la CES Edomex se mantienen negligentes al fallo que dio el pasado abril el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa; quien determinó que por tratarse de una situación que “pone en riesgo su vida” fuera reinstalada en el mismo puesto que desempeñaba en la Comisión y se le asegurara el acceso a la salud médica.

 

17/RED/LGL








ESTADOS
LABORAL
   Despedida por tener CaMa enfrenta discriminación y acoso
   
A petición de CEAV, Conapred intervendrá en caso de Adriana Rodríguez
Imagen retomada del portal fatosdesconhecidos.com.br
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/08/2017

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) pidió mediante un oficio a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) intervenir en el caso de Adriana Rodríguez Hernández, discriminada y despedida en diciembre de 2016 por padecer cáncer de mama (CaMa) por parte de funcionarios públicos de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex).
 
El pasado 28 de julio la CEAV pidió a la Conapred resolver la denuncia de Adriana, víctima de burlas y hostigamiento por parte del jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo y el director de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño, quienes en reiteradas ocasiones se han burlado del aspecto físico de Adriana Rodríguez, tras la mastectomía del seno izquierdo a la que fue sometida.
 
El documento –del cual tiene copia Cimacnoticias- exhorta a Conapred a ejecutar las acciones que sean necesarias y dar seguimiento al caso por ser asunto de su competencia. En tanto, Rodríguez Hernández espera que la Comisión la reinstale como subdirectora de Información Delictiva, tal como lo dictó en abril el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa “por estar en riesgo su vida”, dijo entrevista.
 
Hasta ahora, Conapred no ha informado si aceptó o no el caso pues deberá revisarlo y notificar posteriormente a Adriana Hernández si procederá con la investigación, informó en entrevista con Cimac, personal de la dirección de quejas de esta instancia.
 
Los llamados del Juez Quinto de Distrito, encargado de hacer efectivo el fallo, también continúan, este primero de agosto pidió a la CES Edomex por última ocasión, entregar en tres días un informe de cumplimiento de la resolución, de lo contrario la institución pública será nuevamente sancionada económicamente y los responsables podrían perder su cargo e incluso enfrentar la prisión.
 
Cabe recordar que después del despido injustificado, la CES Edomex demandó a Adriana, argumentando que había robado un vehículo perteneciente a la institución, cuando la víctima ha demostrado que fue el mismo personal de la CES Edomex, quienes se negaron a recibirlo y dejarla a ingresar a las instalaciones.
 
El próximo lunes 7 de agosto, se llevará acabo la primera audiencia para saber si Adriana Hernández será vinculada a proceso, mismo día en que la institución de seguridad debe cumplir con sus instalación por lo que la denuncia podría anularse recordó la víctima. 
 
Cabe recordar que hasta ahora, ninguna organización ha acompañado a Adriana Hernández, y su caso lo siguen dos abogados de oficio de la Procuraduría mexiquense.
 
17/RED








NACIONAL
VIOLENCIA
   Personal recibirá capacitación sobre DH y Género
En lugar de Perelló, Radio UNAM tendrá programa con temas de Género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/06/2017

Luego  de la cancelación del programa de Radio UNAM “Sentido Contrario” por los comentarios misóginos del ex locutor Marcelino Perelló Valls en la emisión del pasado 28 de marzo, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM realizará una serie radiofónica donde se abordarán temas de género.
 
La emisión será coproducida por Radio UNAM y saldrá al aire el segundo semestre del año. A la par, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) y el CIEG impartirán entre el personal de la radiodifusora conferencias, cursos y talleres  sobre Derechos Humanos y Género.
 
Así lo informó el director general de Radio UNAM, Benito Taibo, al coordinador de Asesores de la Oficina de la Abogada General de la institución, Armando J. Meneses Larios, a través del oficio DGRU/132/2017 en manos de esta agencia.
 
El documento forma parte de la respuesta que el Conapred dio a la queja que interpusieron el 7 de abril las profesoras-investigadoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Aleyda Gaspar González, Adriana González Mateos y Graciela González Phillips, contra el ex locutor por haber emitido "una serie de dichos misóginos que promueven la discriminación, el odio y la violencia contra las mujeres”.
 
En la emisión del 28 de marzo, Perelló Valls desestimó la violación sexual cometida por cuatro jóvenes veracruzanos contra la menor de edad Daphne Fernández e hizo comentarios misóginos contra las víctimas de este delito, lo que generó el repudio de cientos de personas en redes sociales, tras lo cual el 7 de abril Radio UNAM anunció a través de un comunicado la cancelación del programa.
 
RESPUESTA DE LA UNAM
 
Ese mismo día 7 de abril, la subdirectora de Producción de la Dirección General de Radio UNAM, María de la Paz Guadalupe Gener Rivera, envió la grabación del programa al director del Museo Universitario del Chopo, José Luis Paredes Pacho, ya que Perelló era secretario auxiliar de la dependencia. El audio fue enviado “para los efectos y acciones que estime convenientes y que conforme a derecho procedan”, se lee en el oficio firmado por Gener Rivera.
 
Posteriormente, Paredes Pacho concluyó que las expresiones del ex locutor atentaron contra los valores y fines de la UNAM y afectaron también “la reputación y el prestigio” de la Casa de Estudios al dar a conocer opiniones “con un lenguaje carente de perspectiva de género y sensibilidad que promueven la violencia de género”.
 
Eso consta en el documento OFICIO/MUCH/DIOR/158/2017, con fecha del 5 de mayo, el cual fue enviado por el Director del Museo del Chopo al coordinador de asesores de la Oficina de la Abogada General, Armando J. Meneses Larios.
 
En el oficio, Paredes Pacho explica que pidió verbalmente al jefe de la Unidad Jurídica de la Coordinación de Difusión Cultural, José Luis Coraza Pérez, “se iniciara un procedimiento conforme a derecho”. Y Coraza Pérez solicitó el 20 de abril, a través del oficio CODC/UJ/485/2017, al director general de Asuntos Jurídicos, Raúl Arcenio Aguilar Tamayo, que dictaminara las sanciones laborales correspondientes a Perelló Vals.
 
Días después, en el oficio DGAJ/DALC/DIA/2091/2017 con fecha del 26 de abril, el director general de Asuntos Jurídicos dictaminó que sí había elementos suficientes para rescindir el contrato individual de Perelló Vals con la UNAM y, recalcó, que la relación laboral del también ex profesor en la Facultad de Ciencias era única, por lo que era imposible que el académico continuara “con cualquier tipo de relación laboral en esta Universidad”.
 
Pese a lo anterior, la UNAM sancionó a Perelló porque el mismo 26 de abril el ex académico se dio de baja ante la Dirección General de Personal de la Universidad.
 
De acuerdo con el director general de Asuntos Jurídicos, el contrato de Perelló podía rescindirse porque cometió actos de discriminación y violencia de género y atentó contra uno de los principios contemplado en el Artículo 2 del Estatuto General de la UNAM, el estar “íntegramente al servicio del país y de la humanidad, de acuerdo con un sentido ético y de servicio social, superando constantemente cualquier interés individual”.
 
Además, precisó Aguilar Tamayo, el ex locutor usó inapropiadamente el espacio radiofónico que se le proporcionó “para un objeto distinto a los fines de la Universidad” e  “incurrió en un motivo razonable de pérdida de confianza”.
 
Actualmente hay una denuncia penal en contra de Marcelino Perelló ante la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) por “hechos que pueden ser constitutivos de delito”. Esta fue interpuesta por 32 académicas y trabajadoras administrativas de la UNAM el 24 de abril para exigir se sancione al ex locutor por las expresiones ofensivas y misóginas contra víctimas de violencia sexual.
 
17/MMAE/GG








NACIONAL
Migración
   
Jornaleras en EU: menos acceso a visas y más riesgo de deportación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/02/2017

La mayoría de las mujeres migrantes que se emplean en el sector agrícola de Estados Unidos (EU) podrían ser deportadas, ya que se encuentran en situación migratoria irregular debido, sobre todo, a que al intentar obtener sus papeles sufren una clara discriminación en el acceso a visas temporales de trabajo en el campo, la H2A. Sólo 4 por ciento de estas visas fueron asignadas a mujeres, de acuerdo con las estimaciones del Departamento de Trabajo de EU.
 
Al respecto, la directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), Fabienne Venet, declaró en entrevista con Cimacnoticias que existe una severa discriminación de género en la adjudicación de las visas H2A, por lo que no existe rastro o estadísticas exactas de la cantidad de mujeres migrantes que están sin documentación y trabajan en el campo del país vecino.
 
Lo que estamos viendo, aseveró Venet, “es una violación a la legislación en la no discriminación del empleo, las mujeres están sistemáticamente excluidas de las visas H2A”. Por ejemplo, en 2010 “datos oficiales estiman que en general 20 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola son mujeres”, sin embargo consideró que aún resta un gran esfuerzo por visibilizarlas.  
 
Las especialista en temas migratorios destacó que sería responsabilidad de los reclutadores, empleadores, pero también del gobierno de EU y México, regular esta situación, ya que “deben garantizar el acceso de igualdades para los hombres y las mujeres”, pues que la mayoría de las visas son entregadas a las personas migrantes mexicanas. Hasta 2012, el Departamento de Trabajo de EU informó que otorgaron  60 mil 365 visas H2A, el 90 por ciento fueron adjudicadas a personas migrantes de México.
 
 
DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN
 
La directora del Inedim, expuso algunos casos de la discriminación y exclusión que viven las migrantes mexicanas para acceder a la visa H2A.
 
En 2012, “una migrante proveniente San Luis Potosí trabajaba en la industria del cangrejo en EU, por sus habilidades calificaba para obtener una visa H2A” (que brinda mayores prestaciones y protección laboral). Sin embargo, “la agencia que la reclutó no abrió ninguna oferta de trabajo con visa H2A para mujeres, por lo cual se le negó su cambio”, comentó Venet.
 
FEMINIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN
 
La participación de las mujeres en los procesos migratorios ha aumentado en las últimas décadas. La directora del Inedim explicó que a partir de los años 90, estudios etnográficos demuestran una fuerte feminización de la migración mexicana, perteneciente sobre todo a comunidades rurales. Asimismo la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) acentuó la pobreza en el campo y contribuyó a este  fenómeno migratorio.
 
Las jornaleras de la globalización -como llaman a las migrantes en el sector agrícola- “son parte del proceso de feminización de la pobreza y la necesidad de las mujeres en insertarse en diferentes sectores ocupacionales”, por el momento, 44 por ciento de la población mexicana migrante en EU son mujeres, agregó Venet.
 
CON RIESGO DE SER DEPORTADAS
 
Al no contar con documentación, las migrantes empleadas en el sector agrícola de EU corren mayores riesgos de ser deportadas con la nueva administración del presidente de EU, Donald Trump, consideró Fabienne Venete.
 
Aunque no se ha hablado de la revocación de las visas H2A, dijo la especialista, “la orden ejecutiva para proteger trabajadores estadounidenses que dio Trump nos dice un poco por dónde va la situación”.
 
Durante la primera semana de febrero se registraron diversas redadas, que concluyeron con la deportación de 90 personas mexicanas, según cifras oficiales.
 
Sin embargo, Venet recordó lo ocurrido en la pasada administración de Barack Obama, quien al reforzar la política de control y deportación de personas migrantes se enfrentó con las empresas del sector agrícola: “los dueños del campo dijeron que no podía ser, porque no podrían levantar las cosechas, también ahí hay sectores que van a negociar con la organización pública”.
 
“Las trabajadoras son esenciales en los sectores de producción de la economía de EU”, destacó la directora del Inedim, y comentó que confía que eventualmente se entreguen mayores visas de trabajo temporal en los próximos años.
 
Fabienne Venet señaló que las medidas de inserción por parte del Gobierno mexicano hacia la población mexicana deportada son poco claras.
 
Respecto a la atención jurídica que el Gobierno mexicano aseguró que brindaría a través de los consulados, Fabienne Venet comentó que  “deberán informar y proteger con enfoque de género a las trabajadoras migrantes temporales”, así como estrechar un mayor diálogo bilateral para evidenciar situaciones de abusos y posible deportación.
 
INICIATIVAS PARA SU PROTECCIÓN  
 
También han existido avances en la lucha por parte de las organizaciones sociales para erradicar la discriminación de género en la obtención de visas, trabajos, atención a casos de abusos y garantías de los Derechos Humanos (DH) y laborales de las personas migrantes en EU, dijo Venet.
 
“Hay una situación de vulnerabilidad muy clara y una falta de protección” aseguró la especialista, “me parece que en términos de reclutamiento, en México la Secretaría de Trabajo necesita ampliar en sus actividades de inspección y supervisión de las agencias reclutadoras con perspectiva de género”, agregó que se requiere tener un registro de denuncias de discriminación por género en él.
 
La directora Inedim informó que, el año pasado, la institución y el Centro de los Derechos del Migrante (CDM) presentaron una queja ante el Consejo Nacional de Prevenir la Discriminación (Conapred) por discriminación de género en la contratación de trabajadoras migrantes temporales en EU. Pero hasta el momento no han obtenido respuestas.
 
Por otra parte en 2014 en Canadá la agrupación United Food and Commercial Workers (UFCW) presentó una denuncia ante el Conapred (CONAPRED/DGAQR/405/14/DQ/I/DF/Q303) por las mismas razones.
 
En este caso la denuncia fue aceptada y tramitada, y propició que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se comprometiera a: solicitar al empleador que defina perfiles detallados excluyendo el criterio de género; tras un periodo de cinco años, rechazar solicitudes de mano de obra de empleadores que continúen integrando criterio de género en sus pedidos; impulsar con autoridades y empleadores canadienses ajustes a previsiones de vivienda que respondan a contrataciones mixtas; e informar a las autoridades canadienses de este proceso.
 
Asimismo, añadió que desde 2013 en el Senado estadounidense se encuentra detenida una iniciativa de ley, la cual  busca dar a los y las trabajadores agrícolas temporales la permanencia en EU tras cinco años de trabajo.
 
Además, se tendría la obligación de entregar, el primer año de su aprobación, cerca de 12 mil visas H2A para personas migrantes, y obligaría a los empleadores registrar, pagar los sueldos y costes de transporte y alojamiento de las personas migrantes. Esta iniciativa podría estar en riesgo por el nuevo mandatario, concluyó Venet.
 
17/HZM/GGQ
 








NACIONAL
LABORAL
   Tendrá cuatro categorías laborales
Presentan Contrato Colectivo las trabajadoras del hogar
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/12/2016
El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO) presentó este viernes el Contrato Colectivo que beneficiará a sus agremiadas al incluir un tabulador salarial, días de descanso y seguridad social, prestación que ha sido una de las principales carencias de las empleadas del hogar.
 
Este viernes la directora del Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar (CACEH), Marcelina Bautista Bautista, presentó el Contrato Colectivo de Trabajo del SINACTRAHO durante una conferencia de prensa efectuada en las instalaciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 
 
Allí explicaron que el Contrato Colectivo se elaboró con base en los instrumentos internacionales y nacionales en materia de ley laboral para las trabajadoras del hogar, como el Convenio 189 “Convenio sobre el trabajo decente para las Trabajadoras y Trabajadores domésticos” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que busca un trabajo digno para las empleadas del hogar. 
 
El Contrato Colectivo contempla 4 categorías de empleadas del hogar, que se divide por funciones y responsabilidades asignadas, pero también de acuerdo a su experiencia. Por ejemplo, la Categoría 1, que es para trabajadoras del hogar que hacen limpieza general o compras de la casa; mientras que la Categoría 4 son aquellas que tienen alguna carrera técnica o profesional, como chef o cuidadoras de menores y enfermos con reconocimiento oficial.
 
También contempla dos modalidades que se refieren al tipo de contrato de las empleadas que laboran de planta, aquellas que viven en la casa en la que trabajan o laboran 6 días de la semana. La otra modalidad es “de entrada por salida”, que son las empleadas del hogar que cumplen con un horario y trabajan dos o tres días a la semana, incluso que laboran en otros hogares. 
 
El salario mínimo por día para las empleadas del hogar de Categoría 1 es de 250 pesos; el salario para la Categoría 2 es de 350 pesos, que son las empleadas que cuidan a personas autosuficientes, cocinan alimentos básicos, cuidan mascotas y realizan actividades como planchado y lavado de ropa; el salario por día para la Categoría 3 es de 450 pesos, que se refiere a las que desempeñan puestos como “ama de llaves”, mayordomas, cuidadoras de enfermos de baja complejidad, de adultos mayores y de menores, y por último el tabulador salarial de la Categoría 4 es de 550 pesos diarios.
 
Sobre los días de descanso señala que deben establecer horarios nocturnos para las trabajadoras de planta, así como asignar por lo menos un día para que descansen. La jornada laboral propuesta en el contrato es de 8 horas. 
 
En cuanto a la seguridad social como afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o cualquier otra institución pública de salud, Marcelina Bautista Bautista dijo que sería a través de la negociación con los empleadores y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ya que las trabajadoras del hogar por lo general se afilian a través del Régimen de Incorporación Voluntaria, que es para trabajadores no asalariados del ámbito urbano, porque es común que los empleadores no las den de alta.
 
Por su lado la presidenta del Conapred, Alexandra Haas Paciuc, hizo el exhorto a los empleadores a firmar este contrato colectivo ya que con esto contribuirían a la eliminación de la discriminación a las trabajadoras del hogar, al garantizar un trabajo digno. 
 
De acuerdo a estadísticas del Conapred, en el 2014 uno de cada 10 empleadores de trabajadoras del hogar no garantizaba su fondo de ahorro para el retiro, lo que es considerado una práctica discriminatoria en contra de las empleadas del hogar. 
 
Aunque no hay cifras absolutas por la falta de afiliación al IMSS, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que hay 2.3 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar en América Latina y un 95 por ciento son mujeres, la mayoría migrantes de países del Centro y Sur de América; o mujeres y niñas indígenas de bajos recursos que por lo regular son víctimas de discriminación y otros abusos a sus derechos humanos. 
 
16/GVV/AMS







NACIONAL
VIOLENCIA
   Instancias con trabajo en discriminación se pronuncian por regularización
“Prostitución” sí es un trabajo: Conapred y Copred
Jacqueline L'Hoist, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México | Foto: Twitter @COPRED_CDMX
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/11/2016

La presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), Jacqueline L'Hoist, se pronunció a favor de regularizar el “trabajo sexual” pues en su opinión, ello disminuiría la discriminación contra las personas que se encuentran en esta situación.
 
Durante la tercera mesa que organiza la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para analizar el tema del “trabajo sexual”, la funcionaria dijo que de acuerdo con las quejas que llegan al Copred las personas que realizan esta labor son maltratadas por la autoridad, se les insulta, no pueden “trabajar” con seguridad y son discriminadas.
 
En el tercer encuentro convocado por el diputado Víctor Hugo Romo para escuchar las posturas sobre el tema –y al que no asistieron asambleístas–, L'Hoist dijo que de acuerdo con la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2013, 86 por ciento de la población encuestada dijo que las “trabajadoras sexuales” son discriminadas.
 
El estudio arrojó también que 73 por ciento de la ciudadanía consideró que las personas pueden hacer mucho para eliminar la discriminación hacia estas “trabajadoras” pero para ello es necesario más educación sobre qué es el “trabajo sexual”.
 
La funcionaria quien coincidió en  reformar la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica, dijo que de acuerdo con una división de la población capitalina en 40 grupos, las personas indígenas son las más discriminadas, le siguen las de piel morena, luego las que viven con VIH y en el lugar 18 están las “trabajadoras sexuales”.
 
A propósito de las iniciativas en la ALDF para regularizar y “reglamentar la prostitución” L'Hoist señaló que cualquiera de las posturas debe tener en el centro a las personas que ejercen esta actividad y sus particularidades y explicó que faltan políticas que eliminen las causas estructurales que llevan a las mujeres a “ejercer este trabajo”.
 
En la Asamblea Legislativa hay dos propuestas. El pasado 18 de octubre la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jany Robles Ortiz propuso crear la “Ley que Regula el Trabajo Sexual en el Distrito Federal”; y el legislador del Partido Verde, Fernando Zárate Salgado, propuso reformar la Ley de Cultura Cívica para que la “prostitución” ya no sea una falta.
 
En paralelo la Asamblea Constituyente analiza el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, un borrador que en su artículo 15, apartado F, numeral 3, inciso b, dice que las autoridades de la ciudad “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
 
En esta audiencia el subdirector de Procesos Institucionales de Inclusión y No Discriminación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Jean Philibert Mobwa, afirmó que es necesario regular el “trabajo sexual” para evitar las agresiones y violaciones contra las mujeres que están en este contexto.
 
El funcionario explicó que “legalizar este oficio organizaría de mejor manera esta actividad, los burdeles serían legales, se podrían exigir revisiones médicas a las trabajadoras sexuales, el uso del condón sería obligatorio y eso llevaría a la reducción de las infecciones de transmisión sexual”.
 
A decir de Mobwa un prejuicio es decir “prostitución” cuando se trata de “trabajo” porque así se hace referencia a una persona adulta que en pleno ejercicio de sus facultades y sin coacción gana dinero “a partir del trabajo que ejerce”; en este contexto hay una “industria del sexo”, es decir, empresas que pagan un sueldo a las personas “trabajadoras sexuales” por sus “servicios”.
 
16/AGM/LGL








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