INTERNACIONAL
   Publican en Argentina Manifiesto No al Silencio
Macri debe pronunciarse contra agresiones a periodistas de México
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/05/2017 Periodistas, medios y organizaciones de prensa, así como escritoras y escritores, editores, firmaron en Argentina un manifiesto de  solidaridad con México, que repudia los crímenes contra periodistas, exige a Enrique Peña Nieto investigarlos, reclama garantías para el ejercicio de la profesión y solicita al Estado argentino que rompa el silencio y “haga explícita la solidaridad del pueblo argentino para con las víctimas de la narco violencia estatal mexicana”.
 
El Manifiesto, al que se suman la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), Pikara Magazine, el sitio Economía Feminista, Revista Mu, Revista Anfibia, Cosecha Roja, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa, entre otros, así como cientos de periodistas en lo personal, señala que México padece una tragedia sin precedentes que volvió a quedar en evidencia el pasado 15 de mayo, con el asesinato de periodista Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa.
 
Hay más de 100 periodistas asesinados, recuerda el Manifiesto y “ninguno de esos crímenes ha sido investigado. Reina la impunidad. También hay por lo menos 23 periodistas desaparecidos y decenas más amenazados y desplazados de su ciudad de origen”.
 
Por eso México es hoy el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y uno de los más peligrosos para los trabajadores de prensa en todo el mundo, señala, y recuerda que este 2017 han sido asesinados Cecilio Pineda Brito, de 38 años,  ejecutado  el 2 de marzo por sicarios que le dispararon desde una motocicleta mientras él descansaba en una hamaca.
 
El 19 de marzo, en Veracruz, el periodista Ricardo Monlui, de 57 años, fue asesinado a balazos cuando salía de un restaurante. El 23 de marzo, en Chihuahua, mataron de 8 balazos a la periodista Miroslava Breach, de 54 años, en la puerta de su casa y frente a su hijo.

El 14 de abril, en Baja California, mataron de 15 balazos al periodista Maximino Rodríguez, de 73 años, en el estacionamiento de un centro comercial. Estaba con su esposa. El 2 de mayo, en Morelos mataron el periodista Filiberto Álvarez, de 71 años. Fue acribillado cuando volvía a su casa en su auto. El 15 de mayo, en Sinaloa mataron al periodista Javier Valdez, de 50 años. Lo sacaron de su coche y lo masacraron a tiros.
 
Todas y todos, los periodistas asesinados “habían denunciado violaciones a los derechos humanos, vínculos entre políticos y narcotraficantes, el recrudecimiento de la violencia provocado por la guerra narco y la inacción o complicidad del Estado”.
 
El asesinato de periodistas en México entraña una gravedad particular, dice el texto, ya que afecta a la libertad de expresión y el acceso a la información, derechos fundamentales en una democracia, y recuerda cómo a partir de 2006, “Felipe Calderón sumió al país en una irresponsable guerra contra el narcotráfico que ha continuado… Enrique Peña Nieto”.
 
 Desde entonces ha habido más de 100 mil asesinatos y más de 30 mil desapariciones. Las masacres masivas y manipuladas por las fuerzas de Seguridad se multiplican. A diario se cometen delitos de lesa humanidad. Cada vez son más numerosos los casos que prueban la vinculación de gobernadores y alcaldes con el crimen organizado.
 
“México se ha convertido en un cementerio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que a lo largo del país se han encontrado 855 fosas comunes con miles de cuerpos amontonados. Fosas descubiertas en su mayoría no por el Estado, sino por familiares de desaparecidos que se auto organizan para excavar la tierra.
 
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) reveló que México es el país más letal después de Siria. En 2016 fueron asesinadas 23 mil personas. 63 cada día. Más que en Afganistán y que en Irak.
 
En medio de esta guerra que no resolvió nada y sólo incrementó la violencia, los defensores de derechos humanos, padres y madres que buscan a sus hijos desaparecidos y los periodistas se convirtieron en un blanco de ataque.
 
Frente a esta tragedia, dice el Manifiesto, las y los abajo firmantes repudian los crímenes y exigen que Peña Nieto “haga efectivos los mecanismos de protección para periodistas y al Estado en su conjunto que investigue, aclare y sancione asesinatos que siguen marcados por la plena impunidad”.
 
Y al presidente Mauricio Macri, “que ponga fin a su silencio sobre la tragedia humanitaria que vive México y que se solidarice con los desaparecidos, asesinados, desplazados, amenazados y con el resto de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico”.
 
17/RED
 







INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   En 15 días, 40 mil descargas
App Angela, para prevenir situaciones de violencia de género
Imagen retomada del portal Prensa Latina
Por: la Redacción
Cimacnoticias/PL | Buenos Aires, Arg .- 10/05/2017 Una aplicación móvil que ayuda a prevenir situaciones de violencia de género cobra hoy cada día más popularidad en esta nación austral.
 
La ingeniosa app, llamada Angela te protege y creada por jóvenes en la provincia de Salta, en tan solo 15 días fue descargada por más de 40 mil personas.
 
Esta herramienta, similar a otras en el mundo, destaca por dos cosas principalmente, un acceso nombrado Vuelta a casa segura, que conduce a quienes se predetermine, la geolocalización del usuario, saber en qué se está trasladando y el recorrido, y un botón antipánico.
 
Este último al pulsarlo seis veces se activa y emite un llamado de auxilio que llegará a los contactos de seguridad preestablecidos por la persona con la ubicación exacta donde se encuentra.
 
Según relató a la agencia Télam Fernando Zerega, su creador, la aplicación ha tenido el resultado esperado y el botón antipánico se activó 840 veces en los dos fines de semana últimos.
 
En el proyecto trabajaron también Giancarlo Bianchi, Enzo Notario, Gisela Rottigni de la empresa Hawk.

Zerega explicó a ese medio informativo que están procesando los datos para mapear lugares y situaciones. 

Hacemos esto como un servicio ciudadano, dijo, y lo ponemos a disposición para que, con los datos, las autoridades apliquen las políticas públicas que consideren.
 
En Argentina cada 30 horas se reporta un femicidio/feminicidio en un país donde este flagelo golpea fuerte sin contar las denuncias por acoso, violencia y abuso sexual.
 
De acuerdo con un reciente informe del Instituto de Políticas de Género Wanda Taddei, en los primeros 43 días de 2017 se reportaron más de 60 asesinatos de este tipo.
 
17/RED/GG







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Campaña #MenstruAcción en Argentina
Estado debe otorgar “elementos de gestión menstrual” y quitarles IVA
Imagen retomada del portal economiafeminita.com
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/05/2017 Durante un promedio de 40 años una vez por mes las mujeres sangramos entre 3 y 6 días. Cancelamos planes, cambiamos de hábitos, estamos cansada y tal vez doloridas. Estamos obligadas a gastar entre 700 y mil 200 pesos por año. Eso es lo que cuesta menstruar en la Argentina. Gracias a la campaña #MenstruAcción y las leyes presentadas ante el Congreso de la Nación eso podría cambiar.
 
El colectivo Economía Femini(s)ta comenzó a concientizar sobre la importancia de proveer esos productos a las instituciones públicas o de asistencia social: los datos indican que muchas mujeres y adolescentes en edad fértil faltan al trabajo y a la escuela por no acceder a toallitas o tampones. Durante el Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo, además, recolectaron elementos de gestión menstrual para donar.
 
La diputada de Libres del Sur Victoria Donda presentó dos proyectos de ley en conjunto con la campaña #MenstruAcción. El primero, Ley de Provisión Gratuita de Elementos para la Gestión Menstrual, propone la entrega gratuita de los elementos de gestión menstrual “en ámbitos educativos de gestión pública, de salud pública, de reclusión de personas y redes de alojamiento diurno y/o nocturno para gente en situación de calle”.
 
Según la propuesta, el Ministerio de Salud de la Nación deberá ser la autoridad encargada de aplicar la ley. En los 9 artículos que la componen también se invita a las provincias a adherirse. “La menstruación es un tema tabú en la mayor parte de las culturas, lo que implica silencio, ocultamiento y desnaturalización de este hecho lo cual lleva a la desinformación”, afirma la fundamentación del proyecto. En la Ley 26.485 de Protección Integral de las Mujeres se plantea la “eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida” y generar “un ambiente sin violencia ni discriminaciones donde se garantice la salud, la educación y la seguridad personal, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial”.
 
En la fundamentación aseguran que los derechos que se establecen en la Ley 26.485 “se encuentran vulnerados si se hace pesar sobre la mujeres la carga de afrontar el costo de los elementos necesarios para su gestión menstrual”.
 
SIN IVA
 
El segundo proyecto de Donda plantea la eliminación del IVA sobre esos productos.
 
Ya son seis los proyectos de ley presentados ante diferentes legislaturas del país. En la bonaerense la senadora Micaela Ferraro y la diputada Lucía Portos fueron las primeras. Todos buscan eliminar los impuestos sobre las toallas femeninas, tampones, copas menstruales, paños absorbentes y otros productos utilizados durante el período de menstruación. Una idea similar se presentó en el Concejo Municipal de Rosario y otra la propuso Magdalena Tiesso en la Legislatura porteña.
 
La gestión de la menstruación está relacionada con la paridad: las mujeres estamos en desigualdad económica frente a los hombres. Los sueldos son un 27 por ciento menores a los de los varones mientras que las tasas de precarización laboral son mayores (un tercio está en negro). La misma suerte corren los índices de desempleo. Al tener que enfrentar un gasto similar a una Asignación Universal por Hijo por el simple hecho de ser mujer, esas desigualdades no hacen más que aumentar. De aprobarse el proyecto de ley, alguna de esas variables se puede minimizar.
 
*Este artículo fue retomado del portal Cosecha Roja.
 
17/RED/GG







INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Violencia institucional en detenciones, dice ProcuVIn
#8M en Argentina: sigue cacería de mujeres con 15 procesos judiciales
Imagen de Estefanía Galará.
Por: María Florencia Alcaraz*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 26/04/2017 Las mujeres detenidas por la policía durante las acciones el Primer Paro Internacional de Mujeres, el #8M,  recibieron balas de goma, gas pimienta en los ojos, gases lacrimógeno, revisiones vejatorias, manoseos, insultos y maltratos, actos de violencia institucional; sin embargo 15 están siendo procesadas por “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”. Ningún policía detenido.
 
Mientras, los organismos de derechos humanos y la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) juntan pruebas para demostrar que las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares y analizan el accionar de la Policía de la Ciudad; cómo se desató la cacería desde el día 7 hasta el 8 a la madrugada y por qué el gobierno salió a cazar mujeres.
 
La madrugada anterior al Paro,  que reunió a más de 50 países en simultáneo, un grupo de seis jóvenes -en su mayoría lesbianas- fueron perseguidas por tres hombres que las corrieron invocando a la “justicia de Dios”. Un operativo policial desmedido se desplegó alrededor de ellas en las calles de Almagro. Las acusaron de hacer pintadas y les abrieron una causa por “daño” que las tuvo privadas de sus libertades por más de doce horas.
 
El multitudinario #8M terminó en Buenos Aires y recrudeció esta imagen: veinte personas-15 mujeres y 5 varones- fueron detenidas, reprimidas, vejadas y torturadas tras la marcha por la nueva fuerza de seguridad de la Ciudad. Tanto en la Comisaría Novena, como en la Primera, la 30 y la Comuna Cuarta donde estuvieron las personas presas en estas dos jornadas hubo vigilias hasta que las liberaran.
 
Las del #8M se fueron golpeadas y con expedientes judiciales abiertos por diferentes motivos: “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”. A dos meses de esas detenciones, caracterizadas por los organismos de derechos humanos como arbitrarias e ilegales, las 26 personas detenidas el 7 y 8 de marzo tienen aún causas abiertas en su contra.
 
La misoginia y lesbofobia punitiva parece actuar con celeridad cuando se trata de perseguir y criminalizar a las mujeres manifestantes, una velocidad que el aparato judicial no demuestra cuando se trata de investigar agresiones y amenazas de varones o activar mecanismos de protección para víctimas de violencia machista.
 
LAS PAREDES ESTÁN BIEN
 
En el caso de las jóvenes del 7 de marzo, la causa recayó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 20 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Juan Rozas. Hay  tres denunciantes –los defensores de las paredes-, quienes persiguieron a las jóvenes mientras iban caminando por calle Corrientes, dieron aviso a la policía y luego actuaron al servicio de las fuerzas de seguridad recogiendo, por ejemplo, unos aerosoles de las calles.
 
Ninguno de ellos las vio pintando ni la Iglesia, ni el banco ni las sendas peatonales, ya que solo había pintadas convocando al paro,  que figuran como imágenes en el expediente. Pero ellos actuaron casi como un grupo parapolicial, por lo que la abogada de las jóvenes, Gabriela Carpinetti, pidió por escrito la nulidad de la causa.
 
A partir de la declaración de una de las detenidas, el fiscal Rozas resolvió ampliar en sede fiscal sus declaraciones testimoniales, que habían sido en la comisaría, y extraer más testimonios para investigar la eventual comisión de delitos de acción pública, es decir, si hubo violencia institucional al momento de la detención y durante las horas que duró el encierro.
 
De las pintadas por las que se las acusaba hoy solo quedan algunos rastros en sendas peatonales. Las paredes de la Iglesia Sagrado Jesús Sacramentado están blancas otra vez. Las chicas, con causas penales abiertas.
 
LAS DETENIDAS EL 8
 
La cacería policial post 8M de detenciones sin órdenes judiciales se bifurcó en dos caminos. El primero, tiene como imputadas a las víctimas detenidas,  mujeres y 5 varones, imputados por “daño agravado”, “atentado a la autoridad” y “lesiones”.
 
El expediente está en el juzgado de Instrucción 35 e interviene la Fiscalía en lo Penal Número 8, a cargo de Fernando Fiszer. Actúan distintos abogados en defensa de las víctimas: la Defensoría General de la Nación, la Defensoría General de la Ciudad -dos de las detenidas son trabajadoras de este organismo- y también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otros particulares.
 
El segundo es un conjunto de expedientes que se tramitan en el Juzgado de Instrucción 59, a cargo de Laura Belloqui. Ahí, gracias a un habeas corpus presentado la madrugada de la represión la abogada Luciana Sánchez, todas las detenidas en las comisarías y estas fueron liberadas, 
 
La jueza de turno, Laura Graciela Bruniard, sorteó la denuncia y fue recayó al Juzgado de Instrucción 59. Ahí se tramita una denuncia penal hecha por la abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta contra funcionarios porteños, entre ellos, el jefe de la Policía de la Ciudad, José Pedro Potocar; el Ministro de Justicia y Seguridad, Martín Ocampo, y el Secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.
 
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
 
La jueza Belloqui ya cuenta con un informe de la PROCUVIN, basado en 20 declaraciones con acompañamiento de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC), a partir del cual se elaboró un dictamen en el que concluyen que se trató de hechos de violencia institucional que deberán ser investigados para determinar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad que intervinieron.
 
Balas de goma, gas pimienta en los ojos, gases lacrimógenos, requisas vejatorias, manoseos, insultos y maltratos de todo tipo relataron por las propias víctimas y testigos de la represión ocurrida pasadas las 20 horas, en plena desconcentración.
 
Entre ellas está el relato de una de las jóvenes que tuvo que ir al hospital Argerich después de recibir cuatro balazos de goma: dos impactaron en su estómago, otro en la mano y el cuarto en la ingle. Uno de los detenidos contó que perdió el conocimiento en la calle por los golpes y la paliza que recibió de los agentes armados.
 
Las mujeres fueron obligadas a desnudarse más de una vez durante la detención, a algunas les revisaron nalgas y vaginas. Además, las detenidas recibieron amenazas y agresiones atravesadas por el machismo y la lesbofobia. Las trataron de “pibe” y “negra de mierda”, entre otros insultos.
 
Todas las detenidas en la Comisaría 30, por ejemplo, eran mujeres lesbianas y de tez morocha (morena), por lo que la PROCUVIN concluyó que “la presente investigación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la particularidad del caso, pues más allá de que los hechos puedan ser subsumidos en  los tipos penales vinculados a la violencia institucional, debe sumarse que, dicha violencia fue motivada por razones de género y odio hacia la orientación sexual de las víctimas”.
 
Según el dictamen de PROCUVIN, las detenciones fueron arbitrarias, violentas e irregulares. La mayoría no sabía por qué estaba detenida. Los policías no se lo informaron y tampoco se identificaron. En los testimonios se repite un accionar: un grupo de varones de civil las intercepta y “entrega” a los policías de uniforme.
 
Dice el dictamen, firmado por el titular de PROCUVIN, Félix Crous, y por el fiscal Maximiliano Medina: “Los elementos hasta ahora incorporados permitieron inferir la ausencia de recaudos especiales por parte aquellos funcionarios encargados de diagramar y coordinar el operativo policial, a fin de resguardar la integridad física y garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de aquellas personas que se encontraban manifestándose en forma pacífica”.
 
Por su parte, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, quien abrió una investigación administrativa, pero no separó de su cargo a ningún elemento, dijo a los medios que “actuó en función de la escalada de violencia brutal” de la movilización. Habló de “grupos violentos” que arrojaron “bombas molotov”. Nada de esto se observa en los vídeos y fotos.
 
*Artículo retomado del sitio argentino lavaca.org

17/MFA/RED







INTERNACIONAL
Aborto
   Acusada en Tucumán, CDD la acompaña
Médico viola secreto profesional y procesan a mujer por aborto espontáneo
Imagen retomada del portal Kaos en la Red
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 17/04/2017
A pesar del contundente fallo dictado por la Corte Suprema provincial en Tucumán, un nuevo caso revela cómo la salud pública no cumple con las obligaciones que dicta la ley. Esta vez, la víctima de esa violencia institucional es una joven de 19 años, denunciada por un médico y criminalizada por el Ministerio Público Fiscal por presumir un aborto inducido. 
 
La autopsia reveló que se trató de un aborto espontáneo, por lo cual el juez ordenó el cese de la medida privativa de su libertad, pero la causa sigue abierta. Hoy, la abogada integrante de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y defensora del caso Belén, Soledad Deza, hará dos presentaciones para exigir que en esa provincia se cumpla la ley.
 
El martes pasado una tucumana de 19 años llegó con un aborto en curso al Hospital del Este Eva Perón, en la ciudad de Banda del Río Salí. De acuerdo a lo reconstruido por agencia tucumana APA!, se le colocó goteo para que expulse el feto sin vida de “aproximadamente 22 semanas de gestación y al mismo le faltaban sus dos extremidades superiores”, según detalla el acta policial. La chica explicó que durante la mañana sintió un bulto en su vagina y al tirar de él se dio cuenta que eran los brazos de un feto, por lo que se dirigió al hospital. 
 
Según fuentes hospitalarias el médico que la atendió, Lucas Carbonell, la denunció y la ayudante Fiscal de turno, Fernanda Antoni, dio intervención al médico policial, quien solicitó que la policía se constituya en el domicilio de la joven, que quedó detenida y con custodia.
 
CAUSA ABIERTA
 
Días después le retiraron la custodia policial, pero la causa no se cerró. El abogado de la familia, Roberto Vicic, explicó: “Con la autopsia que se realizó en la morgue, en la justicia se dieron cuenta de que fue todo de forma natural. Con este informe de los forenses, el juez Alejandro Tomas ordenó el cese de la medida privativa de la libertad”.
 
Y agregó: “Hubo un gran revuelo en el hospital y mucha gente le aconsejó a la chica que denunciara a uno de los médicos, que decía que había sido un aborto inducido. Según el argumento de este profesional, la joven no podía no saber que estaba embarazada, pero lo cierto es que no es así. Es una muchacha que vive en el campo, que no tiene el acceso a la información que sí poseen otras chicas y la verdad es que estaba muy flaquita”.
 
SECRETO PROFESIONAL
 
El caso involucra una vez más a un hospital público de  Tucumán, provincia en la cual recientemente la Corte Suprema Provincial absolvió, por unanimidad y en un fallo histórico, a Belén, joven que estuvo presa casi 900 días por un aborto espontáneo.  En ese fallo se determina que la violación del secreto profesional es una obligación de todo el personal dedicado a cuidados médicos. Todos, incluido el médico que denunció a esta joven.
 
Dice este fallo: “El deber de guardar el secreto profesional tiene sólidos fundamentos éticos y jurídicos” y detalla que su violación implica incurrir en un delito tipificado por el artículo 156 del Código Penal y, en esa provincia, es violatorio además de la Ley N° 6.952 que dispone los derechos de las y los pacientes “a que se respete la intimidad y la confidencialidad”.
 
Nada de esto ocurrió en este caso.
 
Soledad Deza, abogada de Belén, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y de la Mesa por la Libertad de Belén, dijo a lavaca: “Tenemos que pensar por qué frente a un evento obstétrico adverso interviene la policía, interviene el Ministerio Fiscal, solo porque hay un quiebre del secreto profesional. Por un lado, los profesionales de la salud que no pueden revelar los datos que conocen en el marco de la atención sanitaria;  por otra parte, el Ministerio Público no debe abrir una causa que es producto de la violación del secreto. Y si está abierta, debiera archivarla”.
 
Hoy lunes las organizaciones que conforman la Mesa por la Libertad de Belén van a realizar dos presentaciones: una ante el Sistema Provincial de Salud, “alertando sobre esta violación del secreto profesional que entendemos que en esta provincia es sistemática”, y otra presentación la harán ante el Ministerio Público Fiscal “porque consideramos que sin la actuación del Ministerio Público una paciente no tiene una causa judicial”.
 
 *Texto publicado por el sitio argentino lavaca.org
 
17/GG
 







INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Hagamos posible el país que ella quería, dijo su padre
Feminicida de Micaela había sido liberado tras cometer dos violaciones
Imagen retomada del portal lavaca.org
Por: Por la Redacción*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 10/04/2017 Tras siete días de acampe (plantón), rastrillaje y búsquedas acompañadas de amigos y compañeros de militancia, el sábado 8 de abril llegó la peor noticia: encontraron el cuerpo de Micaela sin vida en las cercanías de la Ruta 12, Gualeguay; había desaparecido el primero de abril. También detuvieron al principal sospechoso, condenado por otras dos violaciones y liberado por el juez Carlos Alfredo Rossi.
 
Ese mismo día en que la localizaron, hubo una movilización en todas las plazas del país a las ocho de la noche, para exigir #JusticiaPorMicaela y por todas, en la calle, como lo hubiese hecho ella. “Esa era Micaela y por ella tenemos que lograr que la realidad que quería cambiar se logre”, dijo su padre.
 
Micaela tenía 21 años, estudiaba educación física, era gimnasta y como militante del Movimiento Evita ayudaba en un merendero, también participaba en la campaña #Ni Una Menos. Sus amigas viajaron el viernes 7 hasta Plaza de Mayo, porque todavía la esperaban encontrar con vida: tenían zapatillas blancas colgando del cuello con su nombre, y una pregunta: “Mica, ¿Dónde estás?”
 
Un símbolo de lo primero que encontraron de ella: un zapato. Una de sus amigas, también llamada Micaela, dijo en la Plaza: “La última vez que se había conectado era a las 5:45 y lo único que encontramos por la zona fue un zapato. Por eso, no nos pueden decir que se fue sola o se suicidó ¿Quién deja un zapato en el borde de una calle si se va a escapar sola? Se la llevaron.”
 
En la tarde del viernes los vecinos encontraron la otra sandalia y un short animal print que fueron identificados como de Micaela, y luego un juego de llave que también pertenecían a ella.
 
La madrugada del sábado, la policía finalmente encontró también a Sebastián Wagner, principal sospechoso del femicidio/feminicidio y, horas más tarde, el cuerpo en la zona donde vive la familia del acusado.
 
LA FAMILIA

Yuyo García, su padre, actual decano de la Universidad Tecnológica de Concepción del Uruguay y militante del Partido Intransigente (PI), dio las palabras más sensatas y sensibles al respecto: “Hagamos posible el sueño de Micaela, de la sociedad, del país que ella quería, con Andrea (su esposa) trabajaremos el doble para continuar con su sueño, que yo sé cuál es el país que Micaela quería. Hay que esperar que la Justicia actúe como corresponde, y no que se haga justicia por mano propia como quieren un grupo selecto de personas, de ese tipo de justicia que Micaela aborrecía. Pese a todo tengo una tranquilidad rara: la voy a recordar con alegría”.
 
Y agregó Yuyo con la voz quebrada y entre aplausos de los vecinos que lo apoyan el mensaje que nos deja Micaela: “Micaela tenía un corazón de oro. Vivía para las otras personas. Nos visitaba poco porque quería estar en el barrio, haciendo un torneo para los que no tienen nada. Haciendo tortas fritas para repartir. Esa era Micaela y por ella tenemos que lograr que la realidad que quería cambiar se logre. Tenemos que darle una sociedad mejor a Micaela. Nosotros tenemos la Universidad, hay otros que tienen un Municipio. Que alrededor de cada uno de nosotros hagamos posible el país que Micaela quería, la sociedad que Micaela quería”.
 
VIOLADOR SUELTO
 
Estos son los datos de una causa intragable: En julio de 2010 el principal sospechoso de haberla asesinado, Sebastián Wagner, atacó y violó a una estudiante que iba de la terminal de ómnibus a donde vivía en Concepción del Uruguay.
 
En noviembre del mismo año, Wagner secuestró por la calle a otra estudiante; la subió a su auto, la llevó a un descampado y también la violó.
 
En 2012 en un juicio abreviado, Wagner fue condenado a 9 años de prisión efectiva por las dos violaciones.
 
En 2013 lo denunciaron por una violación cometida en mayo de 2010. Wagner acusó a su hermano gemelo Maximiliano y como el ADN costaba 130 mil euros, el gobierno de Entre Ríos decidió no pagarlo. Fue absuelto por beneficio de la duda.
 
En 2016 el Servicio Penitenciario desaconsejó dar libertad condicional a Wagner y, sin embargo, el juez Carlos Alfredo Rossi se la concedió. En change.org ya existe una solicitada exigiendo su enjuiciamiento.
 
RASTROS

Desde Gualeguay se extendió el enojo y la decepción al resto del país: un violador absuelto por la justicia, que vuelve a cometer un femicidio/feminicidio. Una vez más, el Estado cómplice de la máquina de matar mujeres.
 
¿Qué políticas de atención lleva el Estado al interior de los servicios penitenciarios para que las personas detenidas no reincidan? ¿Qué políticas post-penitenciarias existen para la violencia machista? La respuesta: ninguna.
 
Y eso es lo que Micaela y el caso de Gualeguay dejan al desnudo. Micaela apareció sin vida, y el Estado es responsable.
 
*Este artículo fue retomado del sitio argentino lavaca.org
 
17/RED







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Sin efecto, la condena por aborto
Belén, absuelta gracias al imparable movimiento de mujeres
Imagen retomada del portal Cosecha Roja.
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 28/03/2017 La Corte Suprema de Justicia Tucumán resolvió ayer por unanimidad dejar sin efecto la condena que pesaba sobre la joven Belén**, quien sufrió un aborto espontáneo en el hospital Avellaneda el 21 de abril de 2014. La abogada Soledad Deza cuenta cómo fue el camino desde ese día hasta su liberación, qué representa el caso y qué absolvió a Belén: “Tenemos un movimiento de mujeres imparable”, dice.

El 13 de abril de 2016 Soledad Deza recibió una llamada. Una mujer a la que nunca conoció, le contaba que una chica estaba acusada de aborto y homicidio. Tres días después fue a la cárcel intentando dar con ella. No le permitieron entrar, necesitaba autorización de Belén y ella no la conocía. Le dio una tarjeta a la oficial que estaba de guardia y le pidió que se la entregue. Esa misma tarde la madre de Belén la llamó.

En el libro “Libertad para Belén. Grito Nacional”, Soledad Deza, su abogada, e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, relata su primer encuentro. Fue la mañana lluviosa y fría del 17 de abril y duró tres horas que parecieron fugaces. Soledad escribe: “Me cuenta que está presa desde hace más de dos años y que los médicos dijeron cosas horribles de ella el jueves pasado en el “juicio”. Que la acusaban de cosas que ella no había hecho. Vuelve a llorar: ‘¿Cómo van a pensar que yo hice algo así?’. Yo le agarro la mano y lloramos las dos. Le pregunto qué pruebas hay. Me mira sorprendida y me contesta que nunca vio su causa. Que nunca leyó un escrito de su expediente. Solo vio una vez a su abogada defensora de oficio y que la recuerda mal, le pedía que se haga cargo de lo que había hecho. Me cuenta que le pidió que se fuera”.

Antes que Deza, Belén había tenido tres abogados: Walter Frías Barrera, Abraham Musi -quien dejó su defensa unos días antes del juicio dado que la familia había juntado 7 mil 500 de los 20 mil pesos argentinos de sus honorarios, poco más de 24 mil pesos mexicanos- y la defensora oficial Norma Bulacios. Cuando Soledad se fue del penal tras ese primer encuentro se llevó en el cuerpo dos preguntas “¿Qué pasa con la relación abogado-cliente? ¿En qué momento asumimos que los operadores del derecho pueden deshumanizarse y eso no está mal?

EN PRIMERA PERSONA

La madrugada del 21 de marzo de 2014 Belén llegó junto a su madre al Hospital de Clínicas Presidente Dr. Nicolás Avellaneda, en Tucumán con dolor de panza. En una entrevista relató detalladamente esa noche: “Me atendió la doctora de la guardia, me inyectó un calmante. No me revisó. De ahí me fui al baño. No tardé media hora como dicen. Fui y volví en 5 minutos. Me pusieron suero. Me acosté en una camilla. Tenía frío. Me dan una frazadita. A eso de las 6:30 me levanto. Creo que me hice pis, le dije a mi mamá. Estaba con sangre. Me llevan a la sala de parto. Me dice el doctor Martín que me quede tranquila, que estaba teniendo un aborto espontáneo”.

En su libro, Soledad propone otra forma de contar el caso de Belén, en números. Algunos de ellos, reveladores: “Fue al baño unos minutos, 5 minutos dice una enfermera. Le llevó otros 5 minutos que sus médicos la acusen de haberse provocado un aborto. Solo 6 minutos después de que le hicieran el legrado ya estaba “aprehendida” en la cama del hospital. Despertó con 5 policías que la custodiaban. Dos fueron las psicólogas que pidieron que esa custodia fuera –por lo menos- femenina. En solo unas 5 horas más estaba detenida por “aborto seguido de presunto homicidio”. Cuatro días después le dieron el alta y salió directamente presa al Penal Santa Ester. Llevando 5 días presa el fiscal le imputó un “homicidio agravado por el vínculo”, un día antes de que haya una autopsia. Un mes es el tiempo que demoró la fiscalía en pedir un ADN. Cero es el número de estudios genéticos que se hicieron para probar la acusación”.

CONDENA MORAL, NO JURÍDICA

El 19 de abril del 2016 fue condenada a ocho años de prisión por “homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación” por los jueces Dante Julio José Ibáñez, Néstor Rafael Macoritto y Fabián Adolfo Fradejas de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán. Belén pasó dos años, cuatro meses y veintitrés días encerrada por un aborto espontáneo. Fueron en total ochocientos ochenta y un días hasta que recuperó su libertad, tras orden de la Corte Suprema de la provincia. Su abogada analiza: “Las pruebas de la inocencia de Belén estuvieron desde aquel 21 de marzo que a ella se le inicia la causa, yo no aporté ninguna prueba, lo único que hice es leer el expediente”.

Si las pruebas que la liberaron ya estaban, ¿qué la condenó? Deza es contundente: “La condena de Belén fue moral antes que jurídica” y sigue: “La cosmovisión moral de los anti derechos, la que asocia en el imaginario el aborto con un crimen en cualquier caso y lo digiere como un asesinato, como un homicidio, y por eso la mujer que aborta es una homicida, esa cosmovisión moral es la que llevó al fiscal a acusar sin pruebas, la que llevó a la defensa oficial a no defender a su cliente y la que finalmente llevó a la Cámara a condenar. Los anti derechos hablaron a través de los operadores de la salud, de la policía metida en un hospital público recabando pruebas y del poder judicial armando una causa que fue más producto de una condena moral que de la recolección legal de pruebas para justificar una condena”.

LAS QUE MENOS TIENEN

Belén tenía 25 años cuando llegó al hospital, vivía con sus padres y era la única de sus hermanos que había terminado el secundario. Su caso grafica a qué mujeres la justicia criminaliza. “Es un punto de partida de mucha desigualdad en el que se para ella frente a los operadores de la salud que la maltratan, frente a la policía que la criminaliza y frente al poder judicial que abusa de su poder. Es un punto de partida sumamente desaventajado el de Belén y eso creo que es uno de los sesgos más violentos de la justicia patriarcal, que se ensaña en estos casos con los sectores más vulnerables”.

Maria Galindo, feminista boliviana y una de las fundadoras de Mujeres Creando, en su libro “¡A despatriarcar!” define: “Cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando de la base donde se sustentan todas las opresiones, es un conjunto complejo de jerarquías sociales expresadas en relaciones económicas, culturales, religiosas, militares, simbólicas cotidianas e históricas” El entramado completo de esas relaciones cayó con violencia sobre el cuerpo de Belén.

Soledad enumera: “Hablando solo del poder judicial: hay un fiscal que debería haber archivado la denuncia hecha por los médicos porque esa denuncia era nula, no solo no archivó sino que lleva adelante una investigación y finalmente fue quien pide su detención, pide su prisión preventiva y eleva el juicio por homicidio agravado por el vínculo. Después tenemos una jueza mujer que es la que hace lugar a la prisión preventiva sin que el encarcelamiento preventivo de Belén reúna los estándares internacionales. Luego tenemos una defensa oficial que es funcional a la acusación. Finalmente tenemos una Cámara que la condena sin fundamentos y en base a prejuicios según los reconoce, también, el dictamen del ministro fiscal”.

Edmundo Jesús Jiménez, Ministro Fiscal de Tucumán, mediante dictamen consideró que el fallo que condenó a Belén a ocho años por “homicidio agravado por el vínculo” es “arbitrario y, por ende, nulo”.

Soledad sigue: “Tienes cuatro áreas distintas del Poder Judicial que, cada una desde sus lugares, revictimizaron a una mujer que venía torturada del sector de la salud. Belén sufrió violencia obstétrica pero además sufrió tortura. Se la sometió a interrogatorios incriminatorios, se le hizo entrar policía a la sala de parto, estuvo detenida cuando estuvo internada con custodia policial en una sala de partos comunitarias. Una mujer víctima de violencia en la salud es revictimizada desde el Poder Judicial, desde todos sus espacios de poder”.

DAR VUELTA LA HISTORIA

Para revertir la condena de Belén, Soledad presentó el 13 de mayo un Recurso de Casación, herramienta por la cual se pide a la Corte que revise la sentencia. En la segunda parte de su libro Deza presenta extractos de los argumentos para que sirvan como herramienta en el futuro.

El jueves 18 de agosto de 2016 tras orden de la Corte Suprema de Tucumán Belén recuperó su libertad. Soledad explica: “lo que hizo la Corte al reconocerle la libertad fue decir: discúlpenme, señoras y señores judiciales, pero nunca estuvieron dadas las condiciones para que Belén este encarcelada preventivamente, denle inmediatamente la libertad. Lo que hizo es adecuar la situación de Belén a los estándares nacionales e internacionales de privación de la libertad”.

Continúa: “Hasta acá analizó de forma ajustada con los derechos humanos el proceso en el cual a Belén se la privó preventivamente de su libertad y dijo: no fue ajustado a derecho porque no estaban dados los requisitos de peligro de fuga ni de peligro de entorpecer la investigación”. Desde ese día, la Corte Suprema de Tucumán tenía 90 días hábiles para librar, o no, de culpa y cargo a Belén. Esos 90 días vencieron el viernes 2 de diciembre de 2016. La absolución finalmente llegó hoy 27 de marzo de 2017.

Deza analiza: “La demora en el Poder Judicial es un problema en todos los procesos, no solamente en el de Belén, lo que ocurre es que me parece que no advirtieron que ese era un caso fuera de lo común. Es un caso en el que han puesto la mirada organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, todo un movimiento de mujeres a lo largo y a lo ancho, incluso la opinión pública internacional y nacional. En ese sentido perdieron de vista que el derecho a obtener un pronunciamiento rápido forma parte, cuando una está procesada como está Belén, del derecho a la defensa constitucional. En este caso la demora profundiza aún más las violencias que ella sufrió de parte del poder judicial”.

UNIDO MOVIMIENTO DE MUJERES

“Belén, afirma Deza, sacó masivamente a mujeres a las calles en el año en que el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo busca, una vez más, ser ley. ¿Qué nos enseña su caso? “Una de las cosas: tenemos un movimiento de mujeres sumamente unido, muy potente y sobre todo veo mucho crecimiento. En parte la libertad de Belén fue tan masiva porque logramos que sectores que exceden al movimiento de mujeres se identifiquen con su problemática.

“Es hora de que construyamos alianzas que legitimen la demanda por la legalización del aborto por fuera exclusivamente del feminismo, afirma. Hay que ponernos creativas, quizás un poquito más atrevidas en nuestras demandas, dejar de resistir y empezar a conquistar porque son muchos los avances que uno ve en esta época de parte de los anti derechos. Tenemos un movimiento de mujeres imparable, la forma de capitalizar eso es sincerarlo y animarnos a dar debates que usualmente no nos animamos a dar.

Necesitamos, lamentablemente, aceptar que tenemos que convencer a otros sectores, considera Deza. Las alianzas que hemos construido hasta acá son fuertes, pero no alcanzan. Hay que mostrar cómo la prohibición del aborto es la violación de un derecho, como la criminalización del aborto es una violación de derechos humanos. Me parece que le da una fortaleza que va más allá de reclamar: mi cuerpo es mi decisión, no porque mi cuerpo es mi decisión sea insuficiente, sino porque necesitamos construir otras alianzas y tenemos que ser estratégicas”.

*Este artículo fue retomado del sitio argentino lavaca.org

17/RED







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Denunciantes invocaron a “Cristo”
En Argentina, detienen a 6 feministas por hacer pintas del 8M
Imagen retomada del Twiter de la vaca tuitera
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 07/03/2017 Bajo el delito de “daños”, seis militantes feministas, entre ellas integrantes del colectivo Ni Una Menos, fueron detenidas esta madrugada por 10 policías, 3 patrulleros y una moto policial, en el barrio de Almagro, tras haber anunciado en “pintadas” el Paro de Mujeres del 8 de marzo. Se las llevaron a la Comisaría novena, de la Ciudad de Buenos Aires, donde permanecen encarceladas. 
 
“A la 01:30 nos llaman unas compañeras para decirnos que las estaba demorando la policía en Guardia Vieja y Gascón. Cuando llegamos había al menos 10 policías, una sola era mujer, tres patrulleros y una moto”, indicó a Télam María Florencia Alcaraz, periodista e integrante de Ni Una Menos.
 
Alcaraz relató que pudo hablar con las feministas detenidas antes de ser llevadas a la comisaría y le dijeron que estaban caminando cuando la policía les dio la voz de alto, las rodearon y que tres hombres las habían denunciado por hacer “pintadas”.  Los tres varones, según Página12, habrían gritado ¡Viva Cristo, Cristo Vive!, al retirarse de la comisaría.
 
Los policías que las detuvieron llamaron a la fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas (PCyF) N°20, desde les indicaron que las llevaran a la comisaría, en donde se realiza una audiencia y se les toma declaración hoy. Se las acusa de realizar pintadas en el frente de una sucursal bancaria, con consignas para el 8M.
 
Alcaraz denuncia que para el traslado “No había personal femenino” y se pregunta “qué pasa con la policía y la justicia que actúa inmediatamente cuando se trata de perseguirlas, mientras que cuando  nos acercamos para denunciar violencia no tenemos respuesta”. 
 
Las mujeres ya  tienen asignada una defensora pública y un grupo de aproximadamente 200 feministas y otras organizaciones civiles y estudiantiles, que se mantuvo en vigilia desde esta madrugada frente a la Fiscalía Penal, tomó esta tarde el lugar, en demanda de que se libere a las seis mujeres, reportó LaVaca en Twitter.   
 
*Con información de los portales de noticias Télam, Página12 y LaVaca en Twitter.
 
17/RED/GG

8M   Argentina   Ni una Menos   






INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Se une PIM
El 8M en Argentina: contra la violencia, por la vida y nuestros derechos
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Milva Benitez y Josefina López Mac Kenzie, corresponsales
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 03/03/2017 Dentro de una semana, el Paro Internacional de Mujeres (PIM) recorrerá casi 30 países, como informó Cimacnoticias, y uno de los focos será  Argentina, cuna del movimiento “#NiUnaMenos”, gestado desde 2015 para repudiar los incesantes casos de feminicidio. 
 
El 8M argentino será el segundo paro de mujeres convocado por fuera de los sindicatos en poco tiempo. Ya el 19 de octubre de 2016, tras conocerse el crimen contra una joven de 16 años en Mar del Plata, del que dio cuenta Cimacnoticias, se realizó en muchas ciudades argentinas una huelga de trabajadoras.
 
Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), dijo en diálogo con Cimacnoticias que ya en ese momento la preocupación por la erradicación de las violencias se planteó dando cuenta de un contexto de desigualdad de género. Aquella protesta se extendió por una hora y continuó con una movilización en torno a los lemas #NiUnaMenos #VivasNosQueremos pero, en rigor, contra todas las violencias históricas y poco visibles que preceden y sostienen los femicidios.
 
Cinco meses después, las argentinas preparan su segunda huelga. A lo largo y a lo ancho de este país, colectivos feministas, movimientos sociales, artísticos y sindicales, centros de estudiantes secundarios y universitarios, así como partidos políticos y organismos de derechos humanos, se están preparando contra reloj para desembocar en un Día de la Mujer diferente: con las mujeres masiva e internacionalmente unidas y en las calles, defendiendo con distintas modalidades de participación su vida y sus derechos.
 
“Paramos para detener nuestras tareas y también para darnos el tiempo de una toma de conciencia: le decimos basta a la violencia machista y la reconocemos también en las tramas económicas y sociales que nos agobian, nos empobrecen y coartan nuestras decisiones”, sostuvo en un comunicado de prensa el colectivo Ni Una Menos.
 
Un “ruidazo” al mediodía en el centro porteño será la señal de inicio de la jornada que terminará con una movilización central a las 17, desde el Congreso nacional hasta la Casa de Gobierno, frente a la Plaza de Mayo. La dinámica será replicada en el mismo horario en el resto de las ciudades del país. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se prevé un marcado de edificios públicos con banderas color violeta que llevarán el mensaje de las trabajadoras en este día de lucha.
 
La organización PIM (parodemujeres.com), creada por mujeres de diferentes partes del mundo en 2016, resume que esta huelga “construye puentes para definir, refinar y concentrar una presión más efectiva sobre nuestros gobiernos” y enumera cuáles son las principales urgencias (reclamos al Estado) para cada país que adhiere. En la Argentina, menciona las siguientes:
 
– Basta de femicidio y travesticidio
– Basta de precarización laboral
– Aborto legal, seguro y gratuito
– Implementación de la Ley de Educación Sexual Integral
– Separación Iglesia-Estado
– No a la trata
– Basta de persecución a migrantes
– Libertad  a Milagro Sala y compañeras presas políticas
– Desprocesamiento a todas las luchadoras populares
– Dignidad y fin de tratos inhumanos a las compañeras presas
– Socialización de tareas domésticas y de cuidado
– Jubilación para amas de casa
– A igual trabajo, igual salario
– Financiamiento para los programas de prevención de la violencia contra las mujeres y protección de las víctimas
– Mayores licencias laborales por maternidad y paternidad, y por violencia de género.
 
OTRAS ACCIONES
 
Del paro de mujeres de 2016 a esta parte se pueden reseñar dos novedades en la agenda del movimiento contra la violencia de género en la Argentina. Por un lado, se ha publicado el primer Índice de la Violencia Machista. La herramienta, creada por la organización Ni Una Menos y disponible en contalaviolenciamachista.com, contiene el resultado de una encuesta anónima y en línea que busca medir el impacto de la violencia sobre la vida de las mujeres -nutrir de datos el Ni Una Menos, en un país flojo de estadísticas oficiales.
 
Pero sobre todo, logra avanzar en una vital tipificación de las violencias. Es decir, en instalar como violencia unos 15 tipos de prácticas muchas veces naturalizadas, que configuran la trama cultural de la violencia de género y la antesala del femicidio/feminicidio.
 
Por otro lado, se realizó recientemente en la Capital Federal y en algunas otras ciudades argentinas una manifestación de mujeres con el torso desnudo para protestar puntualmente contra un gran operativo policial desplegado en la ciudad balnearia de Necochea (provincia de Buenos Aires), porque tres mujeres estaban haciendo “topless” en una playa pública.
 
El caso terminó con el fallo de un juez que fue favorable a estas mujeres acusadas por “actos obscenos”, y con el “tetazo”, que tuvo repercusión internacional. Durante esa acción callejera se vieron consignas como “Mi cuerpo es mi decisión”, “¿Quién decide lo permitido?” y “La única teta que molesta es la que no vende”, pero también otras, de la amplia trama de denuncia contra la violencia de género, como “Vivas nos queremos”.
 
En este clima llega la Argentina a su 8M, el último acontecimiento apuntado en la línea de tiempo de “Hitos y conquistas del movimiento hacia la igualdad” en la Argentina que elaboró la organización Economía Femini(s)ta.
 
LA CONTRACARA
 
En tanto, distintas organizaciones denunciaron judicialmente la reducción del presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres de 96.5 millones de pesos a 116.5 millones, y la eliminación de los 47 millones destinados al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género. Con esta reducción, cada mujer tiene destinado solo 0.31 centavos de dólar para implementar la ley nacional de Prevención, sanción y erradicación de la violencia contra ellas, durante 2017.
 
Tras la presentación del reclamo judicial, el gobierno nacional aseguró que se trató de un “error”, sobre el que se daría marcha atrás. Pero una semana antes del 8M, citada por Cimacnoticias, Gherardi asegura que aún no se revirtió la medida. “No tenemos más que declaraciones, y todavía no se publicó nada al respecto en el Boletín Oficial”, detalló.
 
En la presentación judicial, las organizaciones le exigen al gobierno encabezado por Mauricio Macri que restituya esos fondos, atento que “resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios destinados a estas políticas”.
 
17/JLMK/MB/GG
 







INTERNACIONAL
Aborto
   Reclaman estudiantes en Argentina
   Primera de dos partes
En el aula, el tema de aborto debe incluir la vida cotidiana de mujeres
CIMACFoto: Archivo
Por: Florencia Alcaraz*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 01/03/2017 En un aula de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en una clase de Bioética, una joven estudiante quiere acortar el abismo que existe entre la academia y la vida cotidiana de las mujeres. El profesor dice: “El aborto es ilegal y solo se autoriza en determinados casos de violación”.

La estudiante Corina Bertone, con el emblemático fallo FAL de la Corte Suprema en la mano (que autoriza el aborto en casos de violación), responde: “La interrupción del embarazo es legal en todos los casos de violación y cuando corre riesgo la salud de la mujer embarazada”. Y replica el docente de Bioética: “Es un fallo que no se aplica siempre, lo que importa es la ley”.  

Y el abismo vuelve a ensancharse. Aborto, misoprostol, Aspiración Manual Endouterina (AMEU): palabras que parecen proscritas en la fábrica de médicos y médicas más importante del país.

Cada año, 60 mil mujeres son internadas en Argentina por complicaciones que son consecuencias de abortos inseguros. Las cifras: En 2015, según una nota de Luciana Peker publicada en Las 12 (suplemento del diario Página12), hubo 500 interrupciones legales dentro del sistema de salud público. Otras 2 mil 894 más fueron acompañadas en sus abortos seguros, libres y de calidad por las Socorristas en Red. Alrededor del 30 por ciento de los embarazos terminan en aborto espontáneo.

MANTO DE SILENCIO

El aborto, inducido o espontáneo, es una posibilidad real para mujeres gestantes en edad reproductiva y para el sistema de salud. La interrupción legal es un derecho desde 1921. Sin embargo, en la UBA la práctica está cercada por un manto de silencio. Un silencio que robustece el modelo médico hegemónico y sufre de anacronismo: mientras la formación académica está encapsulada, la realidad social demanda cada vez con más fuerza que el aborto sea legal, seguro y gratuito.

Además del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que este año llegó por sexta vez al Congreso; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Nuevo Encuentro y Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto presentaron en septiembre un pedido para que la administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología Médica (ANMAT) reconozca al misoprostol como medicamento obstétrico.

En noviembre, Católicas por el Derecho a Decidir presentó un “pronto despacho” ante el Ministerio de Salud de la Nación para que el Estado produzca y distribuya misoprostol y mifepristona, los dos medicamentos identificados por la Organización Mundial de la Salud como la forma de acceder a un aborto seguro.

El reclamo no es solo nacional: en su último informe el comité que monitorea el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) exigió al gobierno acelerar la adopción del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo.

ENSEÑANZA VS. REALIDAD

“La carrera de Medicina de la UBA se encuentra desfasada respecto a la regulación vigente en Argentina, especialmente la emitida por el Ministerio de Salud de la Nación, el marco general de derechos humanos y los estándares de salud que promueve la Organización Mundial de la Salud y Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) en lo que refiere al aborto”, señala la socióloga y becaria del CONICET, Ana Mines Cuenya, en un artículo académico.

Mines Cuenya investigó la percepción de las y los estudiantes de esta carrera sobre el tratamiento del tema en su formación. Entrevistó a 24 futuros médicos y médicas entre 2013 y 2014 de las distintas etapas de la carrera, que está planificada en dos ciclos de tres años cada uno.

Las conclusiones dan cuenta del desfasaje y de estudiantes autodidactas: Más de la mitad nunca escuchó hablar del misoprostol durante el curso. Un grupo más pequeño afirmó sí haber escuchado, pero, en su mayoría, en el marco de un listado de ejemplos de medicamentos que pueden producir abortos como efecto secundario. Solo tres estudiantes dijeron manejar más información sobre misoprostol. En esos tres casos lo habían estudiado por su propia cuenta.

Primero, fueron las propias mujeres quienes aprendieron a usar el misoprostol, comercializado para el tratamiento de úlcera, para interrumpir embarazos no deseados. Pero a esta altura ya es un medicamento recomendado internacionalmente y por el propio Ministerio de Salud de la Nación en distintas guías de atención destinadas a los profesionales de equipos de salud.

En 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo reconoce en el catálogo Aborto Sin Riesgos. Guía Técnica de Políticas para los Sistemas de Salud. Lo define como un medicamento abortivo, seguro y eficaz. Se trata del único método abortivo reconocido que permite la autoinducción de abortos de manera segura antes de la semana doce de gestación incluida.

El misoprostol contribuye a evitar muertes y complicaciones por aborto inseguro en distintas partes del mundo. “No se habla de aborto y cuando aparece se niega la práctica, los profesores dicen que en el país no se hacen abortos porque es ilegal”, cuenta a MU Corina Bertone, estudiante de quinto año de la carrera.

Eso, dice Corina, “es mentirles a los estudiantes y es enfrentarlos a una realidad que no van a saber manejar. En Farmacología, por ejemplo, se nombra el misoprostol y se dice que es una contraindicación de aborto. Que no se puede dar a una mujer embarazada. Hay mucha hipocresía porque desde el Ministerio de Salud se hacen cuadernillos en donde se explica la práctica. El propio Estado te manda un manual donde dice que tienes que usar misoprostol.

Entonces, ¿por qué en el pregrado no lo vemos?”

Corina, la alumna que se plantó en la clase de Bioética con el fallo FAL en la mano, está sentada en un bar cerca de la Facultad donde pasa gran parte del día. Cuando terminó la secundaria, vino desde La Pampa persiguiendo el sueño cinematográfico de estudiar medicina para “salvar vidas”. Con el paso de los años, encontró en la militancia, en el Bajo Flores, más herramientas para trabajar en salud que en las aulas de la UBA. Junto con otras y otros doce estudiantes están armando la Red de Estudiantes de la Salud por el Derecho a Decidir, que se lanzará el año que viene.

*Artículo tomado de la Revista Mu, de la cooperativa argentina La Vaca.

17/FA/GG
 

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