GIRE

NACIONAL
   Gritos, regaños e imposición de métodos anticonceptivos la constante
   
En cinco años, 2.9 millones de mexicanas vivieron violencia obstétrica
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/08/2017

En los últimos cinco años en México 2.9 millones de mujeres entre los 15 y 49 años de edad que tuvieron un parto fueron víctimas de algún tipo de maltrato físico o psicológico por parte del personal médico que las atendió, reportó la Encuesta Nacional sobre Dinámicas en las Relaciones sobre los Hogares 2016 (Endireh).
 
Por primera vez, la encuesta quinquenal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) incluyó la violencia obstétrica (abusos de los médicos de servicios sanitarios durante el embarazo, parto y puerperio) como parte de los indicadores de las formas de violencia contra de las mujeres donde destacan el Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro, con más incidencia de casos.
 
El Edomex fue el que registró más número de nacimientos y denuncias de maltrato en la atención obstétrica. De los más de un millón de mujeres que tuvieron un parto de 2011 a 2016; 39.5 por ciento denunció algún agravio por parte del personal de los servicios de salud.
 
En el país las embarazadas en labor de parto fueron víctimas de gritos, regaños y falta de atención inmediata durante el parto: 21.5 por ciento del total, indica la Endireh.
 
La violencia obstétrica también contempla como abuso a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, aplicar anticonceptivos o esterilización sin el consentimiento de las pacientes. De acuerdo con Inegi, 4 de cada 100 mujeres dijo que les fue colocado por personal médico un método anticonceptivo sin preguntarles y 9 de cada 100 señaló que la presionaron a aceptar la operación para ya no tener más hijos o hijas.
 
De los abusos reportados por las 2.9 millones de mujeres, 40.8 por ciento indicó que se cometieron en hospitales o clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 38.7 por ciento en clínicas públicas locales y un 29.8 por ciento en unidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
 
Esto, a pesar de que desde 2016 se reformó la Norma Oficial Mexicana (NOM-007-SSA2-2016) “Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida”, y obliga al personal médico a atenderlas con un sentido ético, de calidad y respeto a sus DH, así como tener el consentimiento informado de las mujeres.
 
Sin embargo a lo largo de la República sólo 11 de las 32 entidades federativas cuenta en sus leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la definición de la violencia obstétrica como delito (Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México).
 
CÉSAREAS INNECESARIAS Y FORZADAS
 
La Endireh 2016 destaca que en cinco años, a 43 de cada 100 mujeres les fue practicada una cesárea, situación que triplica las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (la tasa ideal de cesáreas debe oscilar entre 10 y 15 por ciento) porque en comparación con un parto vaginal, aumenta tres veces el riesgo de que las mujeres mueran, se enfermen o que el producto tenga problemas respiratorios al nacer.
 
La preocupación radica también, que al 10 por ciento de las 3.7 millones mujeres que tuvieron un parto por cesáreas no les fue informada la razón médica por las que fue practicada, y a 9 de cada 100 mujeres ni siquiera les pudieron su autorización para realizarla.
 
17/HZM








NACIONAL
Aborto
   Reforma solo afinaría NOM 046
ILE por violación está vigente y no se discute su existencia: GIRE
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/03/2017

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) afirmó que el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, que pretende reformar tres artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no modifica en ninguna entidad del país el acceso al aborto en casos de violación.
 
A propósito de la eventual reforma a la Ley General, GIRE aclaró en un comunicado que, independientemente del resultado de la discusión del dictamen en la Cámara baja, el aborto por violación es y permanecerá legal en todo el país.
 
Desde el 9 de marzo, se discutiría este dictamen, pero se aplazó por falta de consenso sobre la redacción que reforzaría la implementación de la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 (NOM 046), la cual responsabiliza a los servicios de salud para garantizar la interrupción del embarazo a las víctimas de violación sexual.
 
La reforma modificaría tres artículos de la ley: el 46, para decir que corresponde al Sistema Nacional de Salud la capacitación del personal de salud sobe la NOM 046; el 49 para señalar que las entidades y la Ciudad de México deben capacitar en esta materia; y el 50 que señalaría que corresponde a los municipios promover y difundir la aplicación de la misma.
 
Al respecto, GIRE destacó que el ambiente generado en la Cámara de Diputados a raíz del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género ha confundido a la opinión pública respecto al acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) en caso de violación sexual.
 
CORRECTA AFINACIÓN
 
Es por ello que la organización aclaró que el objetivo del dictamen es impulsar una serie de medidas para que la Secretaría de Salud garantice que la NOM, que se refiere a la atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, se aplique correctamente, y que las entidades brinden la adecuada atención a las víctimas de violencia sexual, incluyendo el acceso a aborto legal.
 
La Comisión de Igualdad de Género, destaca la agrupación, busca que las entidades federativas tengan programas de capacitación y evaluación al personal, así como que los municipios puedan promover y difundir la aplicación de la NOM 046, por lo que la votación de este dictamen no cambia en nada la legalidad del aborto en casos de violación sexual.
 
El aborto por violación es legal en todas las entidades federativas y es obligación garantizar que las niñas y mujeres que han sufrido violencia sexual tengan acceso sin que éste se condicione a la presentar una denuncia en el Ministerio Público o autorización de cualquier autoridad.
 
“Insistimos: el aborto por violación es legal en todo el país. Así está establecido en la NOM 046, en los códigos penales de todas las entidades federativas, en la Ley General de Víctimas y en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica”, informó GIRE.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
INFANCIA
   En la mayoría de los casos las menores de edad son producto de abuso y violencia sexual
Embarazo infantil, un grave problema para el país
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/01/2017

El embarazo infantil en el país es un grave problema ya que sólo entre 2006 y 2014 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) registró 100 mil nacimientos en menores de 15 años de edad.
 
Para organizaciones como Ipas México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Save the Children ser madre a tan corta edad no es decisión de las niñas ya que existe la posibilidad de que muchos de estos embarazos sean producto de abuso y violencia sexual por hombres adultos cercanos, familiares, amistades o vecinos.
 
Los hombres, las familias y las comunidades ven los cuerpos de niñas y mujeres como su propiedad, resaltan las agrupaciones civiles; como ejemplo, GIRE reportó en su informe “Violencia sin Interrupción: aborto por violación en México” que en los últimos ocho años en todo el país hubo más de 28 mil denuncias por violación sexual a niñas menores de 15 años.
 
Sin embargo el problema es aún más grave, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estima que menos del 10 por ciento de los casos de violencia sexual son denunciados, por ello la violencia sexual y el embarazo forzado en niñas es una silenciosa tragedia en México.
 
La organización internacional Save the Children asegura que no existen datos oficiales sobre los embarazos producto de una violación y como consecuencia es complicado conocer la situación que atraviesan las niñas embarazadas, que a su vez podrían ser víctimas de violencia y marginación.
 
Datos de la Secretaria de Salud indican que en 2009, 30 de cada 100 niñas de 10 a 14 años fueron hospitalizadas por presentar un embarazo pero no hay información sobre si fueron producto de una relación consensada.
 
En su informe “Embarazo y maternidad en la adolescencia: estado de las madres en México” la organización destacó que es necesario visibilizar el embarazo infantil, pues en el periodo de 2013 a 2014 contabilizó a nivel nacional 394 nacimientos de niñas de 10 años.
 
Las estadísticas no arrojan datos certeros sobre la relación de violencia ni sobre la edad de las parejas de las niñas que se embarazan pero la organización Ipas México hizo un estudio para tener un acercamiento a la edad de estos hombres.
 
La institución recogió información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 y encontró que el 92 por ciento de las parejas de las mujeres que comenzaron su vida sexual a los 12 años de edad eran jóvenes de 15 a 19 años de edad y en otro 3 por ciento ellos tenían más de 30 años.
 
Para la organización es clara la posibilidad de que estas relaciones entre niñas y adultos no son consensuadas, advierte que entre menos edad tienen las niñas mayor es el riesgo de sufrir violencia y abuso sexual.
 
Además alertan sobre los riesgos a la salud de un embarazo temprano. En este grupo de edad, la Muerte Materna (MM) es más elevada; en 2014, el 14 por ciento de las defunciones maternas en México ocurrieron en mujeres menores de 20 años de edad, según datos del Inegi.
 
La principal causa de estos fallecimientos es la preeclampsia (presión arterial alta), pues sus cuerpos al no estar completamente desarrollados son incapaces de llevar a terminó el embarazo.
 
Ipas México y GIRE coincide al afirmar que sin el acceso a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva, sin la atención que las niñas víctimas de violencia necesitan y con las legislaciones que restringe el aborto legal y la falta de seguro en México, las niñas y mujeres se ven obligadas a recurrir a un aborto en la clandestinidad, arriesgándose a ser sujetas de un proceso penal, además de poner en riesgo su salud y su vida.
 
ABORTO INSEGURO
 
El aborto inseguro fue la quinta causa de MM en el país en 2015, al registrarse 659 decesos de mujeres por esta causa, de las cuales, 10 por ciento eran menores de 15 años, de acuerdo con Ipas México. 
 
A partir de estas consideraciones el 24 de marzo de 2016 se modificó la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) para que las víctimas de violencia sexual de 12 años de edad o más pueden acceder a un aborto sin que sea requisito presentar una denuncia penal.
 
Las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual podrán recurrir a la interrupción del embarazo sin necesidad de presentar una denuncia judicial, o consentimiento de sus padres o tutores. 
 
Esta modificación legislativa permite que las niñas y mujeres puedan tomar decisiones libres, informadas y seguras sobre su salud reproductiva. 
 
Sin embargo, GIRE observó en su informe sobre violencia y aborto que aun cuando la ley así lo indica, el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud y el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud de las niñas, hacen que todavía existan obstáculos para que ellas accedan a los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia y de un embarazo que nunca debieron tener.
 
SER MADRE Y NIÑA
 
Si bien el acto mismo de una violación es devastador para las niñas, tanto en su salud física como mental se deben considerar los peligros y secuelas que enfrentan al tener un embarazo.
 
Las organizaciones especializadas en derechos sexuales y reproductivos advierten que las consecuencias que atraviesan las niñas cuando presentan un embarazo son devastadoras; no cuentan con servicios de atención prenatal, tienen riesgos de sufrir partos prematuros o complicaciones en el proceso, inclusive su vida corre riesgo ante el embarazo.
 
Una vez que se convierten en madres las niñas tiene mayor probabilidad de truncar sus proyectos de vida, pueden tener empleos precarios y en general perpetuar los ciclos de pobreza en su descendencia.
 
Cuando una niña presenta un embarazo pueden abandonar la escuela al sentir vergüenza, miedo al rechazo, discriminan en el ámbito escolar y por si fuera poco se enfrenta a la escases de recursos económicos. De acuerdo con Save The Children las cifras de 2011 indican que el 31 por ciento de las menores de 15 años embarazadas abandonan la escuela.
 
Ser niñas y ser madres también las obliga a acceder a los trabajos mal remunerados, precarios y con riesgo de sufrir explotación laboral, de acuerdo con la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea); por ejemplo, el 7 por ciento de las niñas embarazas de 10 a 14 años tuvieron una actividad mal remunerada en 2015.
 
El futuro que enfrentan las niñas que son madres es duro, tanto para ellas como para sus hijos e hijas, por lo cual, en 2015 se creó la Enapea que tiene como objetivo reducir un 50 por ciento la tasa de fecundidad en las adolescentes entre 15 a 19 años de edad, además de erradicar embarazos en niñas menores de 14 años para 2030.
 
16/HZM/KVR








NACIONAL
VIOLENCIA
   ONG presentan informe, sólo hay 61 denuncias
Mandan a conciliación a víctimas de acoso en Estrategia 30-100
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/11/2016

A siete meses del lanzamiento de la “Estrategia 30-100”, que buscó combatir el acoso y violencia sexual contra mujeres en el transporte público de la Ciudad de México, sólo se presentaron 61 denuncias, de las cuales 6.6 por ciento terminaron en investigación judicial
(10 casos), pues la mitad se mandó a conciliación, informó el Observatorio de Seguimiento de la Estrategia 30-100.
 
El observatorio que está integrado por EQUIS Justicia para las Mujeres, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Ala Izquierda y el Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del Programa de Derechos a la Salud del Centro de Investigación y Docencia Económicas (ADSyR) presentó en conferencia de prensa el “Informe de Seguimiento a la Estrategia 30-100”, que concluyó que esta política pública fue ineficiente y carente de una perspectiva de género.
 
La estrategia fue implementada el 25 de abril de 2016 por el Gobierno de la Ciudad en colaboración con ONU Mujeres y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres DF), a partir de la protesta nacional contras las violencias machistas que culminó en la megamarcha conocida como #24A.
 
De acuerdo con los datos presentados por las organizaciones, durante los 100 días de la estrategia la cual pretendía brindar viajes más seguros en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro a las capitalinas, de los 61 casos presentados, 30 culminaron en conciliación y en 2 no se pudo señalar al agresor.
 
Por su parte, los datos presentados en la página oficial de InmujeresDF, señalan que fueron detenidas 178 personas por casos de abuso y acoso sexual, es decir, casi 2 agresores diariamente y que se iniciaron 188 carpetas de investigación por abuso sexual como parte de la Estrategia.
 
No obstante, las integrantes del observatorio registraron que los principales motivos por los que las mujeres no acuden a las instancias de justicia es la desconfianza en las autoridades, además de que consideran la denuncia como una “pérdida de tiempo”.
 
La consultora independiente, Ana Echeverri, señaló también que el proceso de denuncia está plagado de obstáculos para las mujeres, el cual implica una inversión de tiempo que no pueden costear por el número de actividades que realizan y los trabajos que tienen.
 
Las investigadoras coincidieron en que la denuncia por algún delito sexual en la Ciudad es complicada debido a la mala atención en las agencias del Ministerio Público, y agregaron que en este sentido 77 por ciento de las mujeres que deciden denunciar algún delito sexual, calificaron como muy mala la atención recibida en dichas agencias.
 
Pese a que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), prohíbe la conciliación en casos de violencia contra las mujeres, el informe destaca que 49 por ciento de las denuncias terminaron en conciliación, por lo cual las investigadoras exigieron una respuesta a las autoridades capitalinas.
 
La representante de Ala Izquierda, Tania Hernández, recalcó la falta de transparencia y rendición de cuentas de las autoridades responsables de la Estrategia 30-100, como son el Inmujeres DF, la Procuraduría capitalina, la Secretaría de Gobierno capitalina, la Secretaría de Seguridad Pública, el STC metro, entre otras.
 
La investigadora dijo que 16 de las 18 dependencias gubernamentales involucradas en la Estrategia no contaban con información de ésta, y a excepción del Metrobús, ningún transporte público les ofreció información para la elaboración del informe.
 
Señalaron que la mayoría de las instituciones las remitieron al Inmujeres DF, quien a su vez solicitó una prórroga para responder a la información.
 
La directora del Inmujeres DF, Teresa Incháustegui Romero, quien se presentó a la conferencia a la cual dijo “que no la invitaron” defendió la Estrategia y enfatizó sus buenos resultados, aunque no dio cifras del impacto.
 
Insistió en que el Instituto a su cargo, incrementará el número de silbatos “Vive Segura” en el metro y dijo que podían revisar las cifras en la página oficial del InmujeresDF.
 
Como parte del informe, el Observatorio hizo una serie de recomendaciones a las instituciones encargadas de la Estrategia para generar políticas públicas más eficientes.
 
Entre ellas se incluye la integración tanto de hombres, niñas, niños y adolescentes en el programa. Añadir estrategias de prevención (intervenciones antes de que la violencia ocurra), así como la atención de las consecuencias a largo plazo.
 
Generar un nuevo enfoque de masculinidades y trabajo con hombres, ir más allá de la sanción, la reeducación de los agresores, la participación activa de los hombres para detener actos de violencia, y la promoción de las relaciones igualitarias entre hombres y mujeres, fueron otras de las propuestas.
 
16/HZM/LGL
 








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