Secretaria de Salud

REPORTAJE
INFANCIA
   Necesario registrar relación entre violencia y embarazo: OSC
Violencia y matrimonio infantil sinónimo de MM en niñas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/11/2017

Cimacnoticias consultó los registros de muertes maternas (MM) de la Ss, los cuales revelan que en promedio anual ocurren 7 defunciones de niñas por complicaciones durante o después de un embarazo, situación que lejos de reducirse en estos 14 años se ha mantenido. En 2002 ocurrieron 10 casos, para 2015 apenas se redujeron a 6 defunciones.

Más de la mitad de estas 97 niñas (52 por ciento) no contaba con derechohabiencia para acceder a atenciones médicas especializadas y 26 por ciento tenía Seguro Popular; 7 niñas estaban aseguradas en el IMSS, 2 en el ISSSTE y una en la Secretaría de la Defensa Nacional.

La principal causa de estos decesos fueron crisis convulsivas asociadas a la presión alta (preeclampsia) en 22 por ciento de los casos. En segundo lugar, las hemorragias previas o después del parto cobraron la vida de 15 niñas; y los casos de hipertensión por el embarazo fueron la causa de muerte de 8 niñas.

Aún cuando la ley permite la interrupción legal del embarazo por violación, las mujeres, y en particular las niñas, continúan enfrentando obstáculos para interrumpirlo, como consecuencia 2 niñas fallecieron por una hemorragia derivada de un aborto inseguro.

Otras de las causas de muerte materna en menores de edad, de acuerdo con los indicadores de la Ss fueron complicaciones respiratorias, intoxicaciones por microbios en la sangre después del parto (sepsis puerperal); el desprendimiento prematuro de la placenta y la ruptura del útero durante el parto.

En tanto, 9 niñas no tuvieron ningún tipo de atención médica al momento de fallecer.

Las cifras alertan que las defunciones de niñas por un embarazo están asociadas a otro problema: el matrimonio infantil. A su corta edad 40 de ellas estaban casadas, 46 en vivían en unión libre y una era divorciada.

El foco rojo se ubicó en Chiapas con 12 defunciones en total. A esta entidad le sigue Chihuahua y la Ciudad de México, cada una contó 8 casos; cabe destacar que dos de los registrados en la Ciudad fueron niñas provenientes del Estado de México, entidad que contó 5 muertes maternas.

Los decesos de niñas no son menores en Veracruz, ahí 6 niñas fallecieron, en Morelos 5 y Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, registraron 3 casos respectivamente.

SER NIÑA Y TERMINAR UN EMBARAZO

Para las niñas concluir un embarazo también significa riesgos a su salud física y mental. La ginecóloga y asesora de sistema de salud en Ipas México, Claudia Martínez López, describió en entrevista que después del parto las niñas terminan en situaciones de desnutrición, descalcificación y anemia, porque sus cuerpos no están suficientemente desarrollados para este proceso.

El riesgo también es para los productos. Cimacnoticias consultó los registros del Sistema de Información de Nacimientos (Sinac) de la Ss y encontró que de los 47 mil 211 nacimientos de menores de 14 años, de 2010 a 2014, en 8.4 por ciento de los casos el producto tuvo un peso bajo o muy bajo y 8.1 por ciento nació de forma prematura.

En suma, son niñas propensas a desarrollar depresión, ansiedad, se aíslan de sus entornos sociales o desisten de estudiar, añadió Martínez Lopéz, y el Estado mexicano es incapaz de atenderlas y visibilizar que “hay una violencia sexual explícita hacía ellas”, afirmó en entrevista la doctora, defensora y experta en salud sexual y reproductiva, Raffaela Schiavon Ermani.

ESTADO PASIVO

A nivel nacional, calificó Shiavon Ermani, las acciones gubernamentales, como la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), enfocadas a erradicar las gestaciones de niñas “quedan muy cortas” pues “no sólo es necesaria la educación sexual o el acceso a métodos anticonceptivos para adolescentes sino de mecanismos específicos para prevenir, detectar  y atender la violencia hacia las niñas”, aseguró.

Al invisibilizar que estas niñas fueron víctimas de violencia la probabilidad de que vuelvan al entorno de violencia y presenten otro embarazo continúa. Muestra de ello es que en 2016 de los nacimientos registrados en el Sinac en menores de 14 años de edad (11 mil 785) al menos tres por ciento (353) ya habían cursado hasta tres gestaciones.

Las estadísticas también alertan que en los últimos cinco años hubo un incremento de embarazos infantiles en los estados de las fronteras norte y sur del país.

Raffaela Schiavon señaló que estos indicadores son un llamado para dejar de considerar que los embarazos en niñas están asociados únicamente  al nivel de desarrollo de los estados, pues la prevalencia de estos casos también está determinada por el contexto de violencia que caracteriza a estas entidades y alcanza a las niñas.

Tabasco, por ejemplo, en 2011 contaba con una tasa de 37.3 nacimientos en menores de edad por cada 10 mil mujeres de 10 a 14 años de edad, para 2015 la tasa se elevó a 45.4 nacimientos, la más alta del país.

En Coahuila, se registró en 2011 una tasa de 20 nacimientos y para 2015 aumentó a 34.7. En tanto, Durango registró una tasa de 16, cuatro años después incrementó a 24. También sobresale Aguascalientes, donde en 2011 se registraron seis nacimientos por cada 10 mil niñas y para 2015 fueron 21.

Para hacer frente a este problema, explica la especialista en derechos sexuales Shiavon Ermani, urge que el Estado registre la relación entre embarazos tempranos y violencia sexual pues a lo largo de la investigación que esta agencia realizó encontró que no hay registro oficial que permita conocer cuántos de estos embarazos fueron producto de violencia.

El personal de los servicios de salud, de las escuelas, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia deberían estar obligados  a “reaccionar de forma proactiva” ante la sospecha de violencia sexual hacia las niñas y del embarazo como causa de ellas, con el fin  de que se les garantice su derecho al aborto como lo establece la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046).

Además de garantizar a las niñas medidas de protección para que no tengan que convivir con sus agresores y accedan a la justicia.

El problema no es menor, en los últimos ocho años (de 2008 a 2016) más de 100 mil niñas llevaron a término un embarazo. Es decir, diariamente 32 niñas se convirtieron en madres en el país.

17/HZM/MMAE

 








REPORTAJE
VIOLENCIA
   En 6 años recibe a más víctimas que la Procuraduría
Clínica Condesa, refugio para víctimas de violencia sexual
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/10/2017

De acuerdo con una solicitud de información hecha por esta agencia a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para conocer cuántas mujeres fueron atendidas en la Clínica Especializada Condesa (CEC) y en la Procuraduría por este delito en ese periodo, se informó que mientras a la Clínica Condesa, donde se encuentra actualmente el Programa de Atención a Violencia Sexual, llegaron 5 mil 243 víctimas de violación, a la Procuraduría llegaron únicamente 2 mil 974 mujeres.

La revictimización, la falta de personal, los malos tratos y las pésimas condiciones en las que se encuentran los inmuebles de las seis Agencias Especializadas en Delitos Sexuales de la PGJDF, orilla a las víctimas de violación a desistir de emprender un proceso legal y con ello a acceder a la justicia.

La información proporcionada por la CEC señala que 58 capitalinas presentaron un embarazo producto de una violación en el periodo referido y fueron canalizadas a los servicios de interrupción legal (ILE), un derecho garantizado en la Norma Oficial Mexicana 046 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres” (NOM 046).

De estas víctimas que ejercieron su derecho a una ILE por violación, 43 por ciento fueron adolescentes y niñas cuyas edades oscilan entre los 8 y 18 años de edad (25 casos).

Las que recibieron Anticoncepción de Emergencia (AE) fueron 2 mil 58, mientras que el resto que no accedió a ninguno de los dos servicios (anticoncepción o ILE) se desconoce si fueron forzadas a continuar un embarazo.

Además del embarazo, las víctimas quedan expuestas a contraer infecciones de transmisión sexual como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Sida, sífilis, entre otras.

De las 5 mil 243 mujeres atendidas en la Clínica, sólo 33 por ciento (mil 746) accedió al tratamiento de profilaxis, lo que no garantiza que no queden expuestas a riesgos en su salud pues 60 por ciento desiste a acudir a su segunda cita para continuar con el tratamiento que dura nueves meses, informó la Clínica.

SERVICIOS REBASADOS

Los tres servicios (justicia-médico-psicológico) están rebasados ante las violaciones sexuales contra mujeres. De acuerdo con la información que entregó la PGJ, las seis agencias sólo cuentan con 12 oficiales secretarios, seis policías de investigación, seis peritos en materia de psicología y tres peritos en medicina, responsables de atender anualmente a las 700 víctimas de violación que denuncian en la urbe.

La falta de peritas en medicina especializadas en violencia sexual en las 6 agencias resulta preocupante, únicamente se encuentran en las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa y Doctores. Ellas son las encargadas de recabar las pruebas para acreditar la violación. Si las víctimas no acuden con ellas, se pierde la evidencia física que compruebe la agresión.

En las agencias cada perita atiende anualmente en promedio a más de 230 víctimas de violación, principalmente a jóvenes y niñas, ya que los registros de la Procuraduría refieren que en estos seis años un 39 por ciento de las violaciones fueron cometidas contra menores de 18 años de edad, un total de mil 152 casos.

Lo mismo sucede con la atención psicológica que brinda el Centro de Terapia y Apoyo para Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), por ejemplo, el último informe de labores de la PGJDF señala que de 2015 a 2016, impartió solamente 28 sesiones de terapia individuales y 885 grupales, impartidas por 12 psicólogas, detalló.

Obtener una cita en el CTA toma un mes y recibir un tratamiento psicológico certero tres meses, pues las primeras tres consultas son únicamente de evaluación.

LAS VIOLACIONES EN LA URBE

Actualmente las seis agencias se ubican en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc, ya que en estas zonas se comete el mayor número de delitos sexuales.

En Iztapalapa, en el mismo lapso, ocurrieron 20 de cada 100 violaciones (596 casos), sin embargo, la sede del CEC ubicada en esa delegación solo opera con un médico.

El contexto violento no es menor en otros sectores, a esta delegación le siguen Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, ambas reportaron un total de 727 violaciones (381 y 346 casos respectivamente).

Mientras que en Tlalpan se suscitaron 211 violaciones, en Coyoacán 202 -sin existir agencia cercana- y en Álvaro Obregón 200. En 52 casos la PGJDF dijo desconocer dónde se cometió el delito y señaló que no tiene datos desagregados por edad lo que impide dimensionar las violaciones perpetradas en niñas y adultas.

Respecto a los recursos destinados para la atención de esta violencia,  la PGJDF informó a través de su Dirección General de Programas, Organización y Presupuesto, que no cuenta con información desagregada sobre el presupuesto que se otorga a cada fiscalía, por lo que no transparentó la cantidad de fondos con los que opera desde 2012 la Fiscalía de Delitos Sexuales, liderada por Alicia Rosas Rubí y de la que dependen las seis agencias especializadas.

Poco queda del proyecto integral de atención a las mujeres víctimas de violación que idealizó el movimiento feminista en los años 90; las mujeres no confían en el sistema de justicia, la instancia encargada de brindarles atención psicológica no cumple con sus fines, situación que mantiene a los servicios médicos saturados.

17/HZM/MMAE








LA VOZ DE LA COALICIÓN
DERECHOS HUMANOS
   LA VOZ DE LA COALICIÓN
El modelo de partería y la contratación de personal
CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Daniela Francisca Díaz Echeverría*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/06/2017

El compromiso del Estado mexicano de proteger la dignidad de las mujeres en la atención de la salud materna se vuelve real cuando los gobiernos asignan presupuesto público para la contratación de parteras técnicas y se les permite que desarrollen su trabajo de manera cabal.
 
Las parteras técnicas están preparadas bajo el modelo de partería, el cual entiende que el embarazo, el parto y el posparto, son procesos fisiológicos naturales, que mientras no haya complicaciones se debe acompañar a la mujer, respetar sus decisiones y no intervenir en estos tres momentos, como si fueran enfermedades a curar.
 
En muchas ocasiones, al tratarlos como padecimientos, se generan riesgos para la salud de la mujer y se ejerce violencia en momentos profundamente relevantes e íntimos. Una de las situaciones que con mayor claridad ejemplifica esto es la alta tasa de cesáreas en el país.
 
La Encuesta Nacional Demográfica del año 2014, reporta que: en el periodo de 2009 a septiembre de 2014, de cada 100 partos ocurridos, 49 son por cesáreas y 54 son partos normales. El problema es que, para la gran mayoría de esas cesáreas, no está claro si eran necesarias, pese a ser una cirugía que como tal, conlleva riesgos, y pasa por mucho el criterio de la Organización Mundial de la Salud de un 10 por ciento de cesáreas por país, es decir, de 10 de 100 partos.
 
Entre diferentes sectores de la sociedad nacional, y en la comunidad internacional, existe el reconocimiento de la necesidad de que el personal de salud, formado con ese modelo, sea parte importante de las diferentes instituciones públicas de salud del país (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Marina), y que los especialistas en obstetricia actúen en situaciones de emergencia o en la atención de padecimientos obstétricos.
 
Además de las parteras técnicas, otras profesiones en salud se forman apegadas al modelo de partería, tal es el caso de las enfermeras obstetras y perinatales. Por tanto, su contratación real a los servicios de salud del país es una manera concreta de incorporar el buen trato, el respeto y dignidad en la atención materna.
 
Sin embargo, a la fecha, es sumamente bajo el número de personal que estaría ejerciendo bajo el modelo de partería. Un equipo de especialistas, mediante visitas en terreno, registró la cifra de 187: 14 enfermeras generales, 81 licenciadas en enfermería y obstetricia, 49 enfermeras perinatales, 18 estudiantes de enfermería y obstetricia, 19 parteras técnicas, 6 estudiantes de partería técnica.
 
Por su parte, la Secretaría de Salud, informó en un foro público (26 de junio 2017) que, según un diagnóstico de su autoría, en los servicios de salud de los 32 estados habría 278 profesionales en partería, en el año 2017: 71 enfermeras perinatales, 11 licenciadas en enfermería y obstetricia, 40 licenciadas en enfermería, 6 enfermeras neonatales, 25 pasantes, 23 parteras técnicas y 1 parteras asistencial
 
INTERROGANTES SOBRE LA CONTRATACIÓN
 
No obstante, tales cifras (ya sea 187 ó 278) no significan que todo ese personal esté contratado en condiciones estables, ni con toda la formalidad o prestaciones de ley.
 
Una muestra clara de ellos es la información obtenida por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sobre las contrataciones por la Secretaría de Salud para el año 2016: en total, fueron 9 enfermeras (3 perinatales en Quintana Roo y otras 3 en San Luis Potosí, 2 enfermeras obstetras en Guerrero y 1 en Quintana Roo) y 43 parteras técnicas. Todas contratadas mediante presupuesto público etiquetado exclusivamente para eso.
 
Esta información fue entregada a final del mes de mayo del 2017, e indicaba que las entidades federativas todavía no comprobaban que efectivamente se había gastado ese recurso.
 
Ante este comportamiento de las cifras, a todas luces saltan una serie de interrogantes,  si para el año 2016 se contrataron 43 parteras, y el 2017 se bajó a 23 ¿Cuáles fueron las razones para dejar de contratar a 20 parteras? ¿En cuáles entidades federativas? ¿Se consideraron, se evaluaron las afectaciones en las mujeres que no accederán a atención con parteras?
 
Por otro lado, los datos dan cuenta de un eventual aumento en la contratación de enfermeras perinatales y obstetras ¿bajo cuáles condiciones de contratación? ¿Con los salarios que les corresponden y con prestaciones sociales?
 
Por qué, si existen cinco escuelas de parteras técnicas en el país, no se mantiene o aumenta la contratación de este personal.
Por qué, tanto para parteras como para enfermeras, las dinámicas de contratación cambian radicalmente de un año a otro.
 
Asimismo, las cifras reflejan de manera contundente que la contratación todavía está en una condición de mucha fragilidad, como si pendiera de un hilo. La paradoja es que en la administración pública de México se cuenta con la plataforma administrativa y de gestión suficiente para que se lleve a cabo.
 
Esto quiere decir que existe un código de contratación –denominado Catálogo Sectorial de Puesto, por ejemplo el de las parteras técnicas es M02117– y un tabulador salarial (el salario para las parteras técnicas es de alrededor de 12 mil pesos mensuales).
 
CONTRATACIÓN EFECTIVA
 
Básicamente, una contratación efectiva en los servicios estatales de salud dirigidos a población sin seguridad social se basa en la asignación de presupuesto específico desde la Secretaría de Salud federal. También que desde los gobiernos y congresos federales y locales haya vigilancia del uso adecuado de los recursos destinados con dicho fin.
 
Que el Gobierno federal no aplique recortes durante el año, que ambos niveles de gobierno transparenten cómo se va ejerciendo el presupuesto para corregir cualquier gestión indebida.
 
Asimismo, que se asigne más presupuesto para aumentar el número de personal de partería y que haya una rendición de cuentas con participación de la sociedad civil.
 
Los requerimientos están, tanto es así, que algunos estados llevan varios años contratando parteras técnicas y enfermeras perinatales y de obstetricia, siendo una prueba fehaciente de que ello es posible.
 
Las mujeres y organizaciones, llevan una larga lucha por poner en el centro de la agenda pública que la dignidad en la atención durante el embarazo, el parto y el pos parto debe ser un principio básico en cómo se conforman los servicios de salud.
 
La Secretaría de Salud, como entidad rectora del Sector Salud, tiene la obligación de activar todos los recursos de los que dispone para que ello sea así. Más, como órgano gubernamental, debe proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, y así cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, y salvaguardar la salud materna de las mujeres, elemento toral de tales derechos.
 
Por ende, es un deber e imperativo ético del doctor José Narro, como secretario de Salud, evitar reducciones al presupuesto para contratación de personal en partería en el año en curso, asignar presupuesto para recursos humanos comunitarios como son las parteras tradicionales y asignar más recursos para la contratación de parteras técnicas y enfermeras obstetras y perinatales en el año 2018.
 
* Responsable del proyecto de Partería y Presupuesto en
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
daniela@fundar.org.mx
** **Fundar, Centro de Análisis e Investigación es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
17/DFDA/GG








ESTADOS
LABORAL
   Víctima acude a CEAV local
   
Multan a CES Edomex por no reinstalar a empleada con CaMa
Especial
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/07/2017

Un juez sancionó económicamente a la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) por no reinstalar como subdirectora de Información Delictiva y Coyuntural a Adriana Rodríguez Hernández, despedida y discriminada por funcionar de la instancia por padecer cáncer de mama (CaMa).
 
Son ya cuatro meses desde que la CES Edomex tiene la obligación de acatar la orden del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa: ubicar a Adriana Hernández en su mismo puesto con seguridad social por “estar en riesgo su vida”, pero la negativa por hacerlo llevó el pasado 12 de julio al Juez Quinto de Distrito -encargado de hacer cumplir el fallo- a sancionarlos.
 
De acuerdo con la información que brindó la subdirectora a Cimacnoticias (en el expediente 1919/2016) la Comisión tenía tres días para pagar el monto que haciende a más de 30 mil pesos, por lo que se venció nuevamente el plazo del cobro y la reinstalación laboral, como manda el juez.
 
Adriana Hernández también señaló en entrevista que inició una petición ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local (CEAVEM) para buscar acompañamiento jurídico y la reparación de los daños causados por los servidores públicos responsables de violentar sus derechos.
 
Se trata del jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez y el director de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño Cubas, los funcionarios que se burlaron del aspecto físico de Adriana y la despidieron en diciembre de 2015, luego de que le extirparan el seno izquierdo y permaneciera un año en incapacidad por los efectos del cáncer.
 
VITAL ATENCIÓN MÉDICA
 
El caso de Adriana no es aislado, datos de la Secretaria de Salud (SS) afirman que el CaMa cobra la vida de 12 mexicanas al día, por ello la Norma Oficial Mexicana 041 contempla como obligación del Estado garantizar el acceso a la mastografía y la cirugía de ser necesario. Sin embargo, en 2015 el Edomex solo logró la cobertura de 18 por ciento de las mujeres entre 40 a 59 años de edad.
 
Por la falta de cobertura, a mujeres como a Adriana se les detecta en las últimas fases (a ella fue en la penúltima), y se suman otros elementos; el tipo de cáncer que padece cada mujer; Rodríguez padece Her 2 Positivo, caracterizado por su rápido desarrollo, poco conocimiento y un tratamiento  que cuesta más de 12 millones de pesos, de ahí la importancia de que mantenga su trabajo y seguro médico.
 
Adriana expresó que espera que la CEAV local atraiga su caso, pues cumple con elementos como lo es una enfermedad que afecta a la población femenina, y dentro de la Ley de Acceso estatal, se contempla la discriminación laboral como una violación a los derechos de las mujeres.

17/RED








NACIONAL
SALUD
   Mayo 5, Día Internacional de la Partera
“Parteras de hoy”, campaña que difunde beneficios de esta práctica ancestral
CIMACFoto: Lourdes Godínez Leal
Por: Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/05/2017

En México, 96 por ciento de los nacimientos ocurre en hospitales: 45.1 por ciento son por cesárea, lo que coloca al país como el segundo en América Latina con más práctica de esta intervención, por lo que es urgente que las mujeres tengan otra opción para parir, como las parteras.
 
En vísperas del Día Internacional de la Partera, que se conmemora mañana, Fundación MacArthur, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Instituto de Investigación en Salud y Demografía (Insad) presentaron este día la campaña “Parteras de hoy”, que busca difundir los beneficios de la partería como una opción segura y confiable para las mujeres gestantes.
 
La directora del GIRE, Regina Tamés Noriega, informó que la campaña (en la que participan 20 organizaciones civiles) se difundirá en la página www.parterasdehoy.org y en Facebook con el mismo nombre, así como en autobuses, durante 6 meses. Consistirá en la divulgación de información sobre esta práctica ancestral, quiénes y cómo se realiza en nuestro país, así como testimonios de mujeres que han parido con parteras.
 
La directora de Fundación MacArthur en México, Sharon Bissell, destacó que la partería contribuye para que todas las mujeres tengan acceso a la salud con calidad y calidez, y para reducir la violencia obstétrica y la Muerte Materna, cuya tasa se ubicó, a 2014, en 38.9 fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos, de acuerdo con datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México.
 
Uno de los retos, dijo la representante de MacArthur en México, es incorporar a las parteras al sistema de salud pues actualmente “los tomadores de decisión tienen conocimientos muy limitados” sobre la partería, y también, dijo, se necesitan recursos y respaldo político.
 
El análisis titulado “¿De cuánto hablamos, cuando hablamos de presupuesto para contratar parteras profesionales en México?” realizado por la experta en el tema de Muerte Materna, e integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Daniela Díaz Echeverría, reveló que los recortes al Programa de Salud Materna y Perinatal, provoca un impacto en la contratación de parteras profesionales y, pese a que la Secretaría de Salud informó que para este año se destinaron 2.59 millones de pesos para contratarlas, lo cierto es que se tiene poca información sobre en qué entidades federativas se utilizarán los recursos.
 
NORMAS Y REGULACIÓN
 
Otro de los retos que señaló Sharon Bissell es la normatividad y la regulación de la partería, pues actualmente pese a que existen 5 escuelas en la materia, algunas de ellas no cuentan con la capacidad de expedir cédula ni título profesional.
 
De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Partería, las únicas escuelas que cuentan con un plan de estudio reconocido son CASA AC, ubicada en Guanajuato; y la escuela de Tlapa, en Guerrero.
 
En su participación, la promotora de salud, Sebastiana Vázquez, de la organización Sakil Nichim (organización participante de esta campaña) llamó al gobierno a abrir más escuelas para formar parteras ya que se necesita el relevo generacional pues la mayoría ya son grandes de edad.
 
En el evento también se adelantó la creación de una plataforma para compartir experiencias de las organizaciones en el tema de partería, la cual servirá también para difundir el trabajo de partería, elaborada por Insad.
 
17/LGL/GG








NACIONAL
SALUD
   Que comparezca Narro, piden legisladoras
Ss debe informar cuántos embarazos por violación e ILE atiende
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/03/2017

El secretario de Salud, José Narro Robles, debe informar cuántos embarazos producto de una violación sexual se atienden en las instituciones públicas y cuántas víctimas acceden a la interrupción legal del embarazo (ILE), dijo la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Irma Rebeca López López.
 
La legisladora señaló en entrevista con Cimacnoticias que apoya la propuesta de las diputadas de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC) de llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Salud (Ss), porque aseguró que es importante contar con información para que las legisladoras formulen propuestas para proteger los derechos de mujeres, jóvenes y niñas.
 
Esta propuesta surgió luego de que el 21 de enero pasado, la Comisión de Igualdad decidió retirar el dictamen para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e incorporar la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46).
 
López López dijo que aún no hay un documento para solicitar la presencia de Narro Robles en la Comisión de Igualdad y en la Comisión de Salud, pero espera que en próximos días se concrete una reunión para que dé a conocer cómo se implementa la NOM 046, la cual obliga a los prestadores de salud a ofertar la anticoncepción del emergencia y el aborto en casos de violación sexual.
 
FALTA DE DATOS
 
En el dictamen para modificar la Ley General, la Comisión de Igualdad señaló la falta de datos y que solo la extinta Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados haya calculado que aproximadamente 112 mil mujeres son víctimas de violación sexual cada año, dato que equivale a una cada 4.6 minutos, mientras que, según especialistas, la mayoría de los agresores quedan impunes.
 
Asimismo, el documento destacó que, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional presentado en 2012 en Naciones Unidas, de las 14 mil 829 denuncias por violación sexual presentadas en 2009 en el país, sólo hubo 3 mil 462 enjuiciamientos y 2 mil 795 sentencias condenatorias por ese delito.  
 
Por otra parte, López López dijo que la Comisión de Igualdad no tomó en cuenta la opinión de todas las diputadas que integran este órgano y que ella no fue invitada a la reunión donde se decidió retirar el dictamen para reforma la Ley General de Acceso, por lo que consideró que había intereses políticos en este tema.
 
17/AGM/RED
 
 








ESTADOS
SALUD
   A casi dos meses de investigar “a fondo”
SS no halla a mujeres a las que aplicaron pruebas defectuosas de VIH
Imagen retomada de notiastro2002.blogspot.mx
Por: Brisa Gómez
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver .- 15/03/2017

La “investigación a fondo” que inició el 18 de enero  la Secretaría de Salud sobre las pruebas defectuosas aplicadas en Veracruz a mujeres para detectar VIH, y que contempla la  ubicación y atención de ellas, no tiene ningún resultado. 
 
Esta situación de “muy grave”, pues esas mujeres pueden estar viviendo con VIH sin saberlo, señaló en conferencia de prensa  la fundadora del grupo Multisectorial VIH, doctora Patricia Ponce Jiménez, quien detalló que la dependencia no cuenta con registros de estas mujeres a quienes se hizo la prueba con un  “Kit de detección VIH 1&2 VIH Test”, provenientes de las 23 mil no localizadas del lote de 70 mil, distribuidas a partir de 2013.
 
En suma, dijo la doctora Ponce Jiménez, la SS incumplió con los protocolos que se deben seguir al aplicar las pruebas rápidas y se teme que incluso algunas ni siquiera fueron con consentimiento de las mujeres, como lo exige la norma.
 
Recordó que en 2013 se adquirieron 70 mil pruebas rápidas que resultaron defectuosas y sin registro sanitario, de las cuales 23 mil siguen sin ser localizadas, pese a que la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) inició una investigación.
 
Esas pruebas fueron compradas para el Programa de Salud Materna y si objetivo era aplicarlas a mujeres embarazadas en los centros de salud, por lo que se distribuyeron a las Jurisdicciones Sanitarias de la entidad.
 
INVESTIGACIÓN A FONDO
La Secretaría de Salud, de  acuerdo con el comunicado  del 18 de enero de 2017, inició en esa fecha la investigación, con el envío a Xalapa de nueve personas de Cofepris, repartidas en tres brigadas, “un representante de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo y los titulares del Sistema Federal Sanitario y de la Comisión de Operación Sanitaria”. 
 
Revisarían  “los dispositivos médicos para la detección del VIH y las condiciones de atención de los pacientes” y se haría una investigación de “trazabilidad, adquisición, distribución y asignación de medicamentos”. 
 
El 30 de enero, Cofepris lanzó una alerta sanitaria, sobre el “Kit de detección de VIH que no cuenta con registro sanitario”.
 
El primero de febrero, en su comunicado 48, la Cofepris informó que se habían realizado 20 visitas de verificación sanitaria en establecimientos de salud pública y que el 24 de enero habían encontrado  46 mil 984 piezas de “Kit de detección VIH 1&2 VIH Test” en el Almacén “A” de Insumos de la Secretaría de Salud del Estado de Veracruz, sin registro sanitario, caducos “y que incumplen con toda la normatividad de etiquetado, por lo que fueron asegurados”.
 
Reportó también que la SS en Veracruz adquirió  70 mil pruebas rápidas de “Kit de detección VIH 1&2 VIH Test” en 2011, distribuidas a las 11 jurisdicciones sanitarias de la entidad desde ese año. Pero, señala, hasta entonces la SS de Veracruz no había entregado a Cofepris información sobre a localización de las  23 mil 016 pruebas restantes, por lo que se continúa con la investigación.
 
Dijo también que pidió oficialmente información sobre las mujeres a las que se aplicó la prueba rápida para “realizar las acciones de protección a la salud de los pacientes”, Estas actividades estarán supervisadas por las autoridades de la Secretaría de Salud federal.
 
Y finalmente, en el más reciente  comunicado, el 011 del 17 de febrero, hace casi un mes. La Cofepris informó sobre “los resultados de la investigación”, en donde reitera el aseguramiento de pruebas y señala que tienen un costo de 9.05 millones de pesos y que el laboratorio no fue localizado en el domicilio social registrado, por lo que se hizo una denuncia de hechos.
 
En suma, a casi dos meses de la investigación, no se ha encontrado ni la cantidad de pruebas defectuosas faltantes ni a las mujeres a la que se les aplicaron, tampoco hay procesos jurídicos en contra de los responsables.
 
ES URGENTE HALLARLAS
 
La doctora Ponce Jiménez  señala que ante la inexistencia de registros sobre las mujeres a las que se aplicaron las pruebas “se  complica el cumplimiento de la Alerta Sanitaria decretada por la Cofepris, donde se exige una búsqueda intensiva e intencionada de las personas a quienes de aplicaron”.
 
La urgencia de dar con las mujeres que fueron "testeadas" con esas pruebas es porque, en un plazo de tres años, ellas pudieron haberse embarazado en tres ocasiones, sus bebés pudieron haber muerto antes de cumplir ocho meses por los efectos del VIH en sus cuerpos, dijo.
 
También pudieron haber transmitido el virus a sus parejas sexuales y estos a su vez a aquellas personas con quienes hubieran sostenido relaciones sexuales sin protección.
 
En un cálculo básico, contemplando a una mujer, el producto de tres embarazos, tres parejas sexuales y cada uno de ellos a su vez con tres parejas sexuales más, en tres años da un cálculo de 16 personas posiblemente viviendo con VIH sin saberlo, por el resultado falso negativo que arrojara la prueba defectuosa.
 
Según la Secretaría de Salud, de las 23 mil pruebas extraviadas y que se teme hayan sido aplicadas a las mujeres embarazadas, “solo 12” pudieron dar un "falso negativo", lo que arrojaría que entonces podrían contabilizarse 192 personas afectadas por estos resultados.
 
Veracruz tiene 16 mil casos acumulados de esta enfermedad, lo que ubica a la entidad en el segundo y tercer lugar de número de reportes de personas con VIH y Sida, respectivamente.
 
17/BG/GG








ESTADOS
SALUD
   Afirma Gabriela Velásquez
Dependencias de SSO, posibles responsables del anticonceptivo caduco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/03/2017

Tras el hallazgo de cerca de 30 mil piezas de anticonceptivo caduco en las instalaciones de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), los hechos siguen sin aclararse y aún no hay responsables, porque se desconoce al proveedor del medicamento, fecha de adquisición, surtimiento y razones de la negligencia.
 
Sin embargo, podrían ser responsables del mal manejo la Dirección de Prevención y Promoción de Salud y el Departamento de Equidad de Género de Salud Reproductiva de la entidad, ya que la distribución de los medicamentos estaba a su cargo.
 
Así lo informó en entrevista con Cimacnoticias la titular de la SSO, Gabriela Velásquez Rosas, quien reportó que al momento sólo se conoce que el anticonceptivo Ciclofem caducó en octubre de 2016 antes de la salida del entonces director de la entidad de salud, Héctor González Hernández.
 
Desde el pasado 7 de febrero, los SSO están bajo procedimiento administrativo por parte de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), que localizó a partir de una denuncia ciudadana 564 kilogramos del anticonceptivo Ciclofem caduco en la Jurisdicción Sanitaria 1 de la institución.
 
Además, Profepa constató que el medicamento estaba almacenado de manera irregular, pues el almacén no contaba con el registro como generador de residuos peligrosos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no se tenían las bitácoras de generación de dichos residuos, así como los manifiestos de entrega, transporte, recepción y constancia de disposición final de los mismos.
 
Sin embargo, Velásquez Rosas dijo que no se tiene mayor información sobre la investigación que lleva a cabo la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca, por lo que se sigue sin conocer la fecha de adquisición, el nombre del proveedor y cuáles fueron las razones por las que se mantuvieron en el almacén los anticonceptivos hasta su caducidad.
 
PRESUNTOS RESPONSABLES
 
De acuerdo con la Directora de los SSO, la distribución de los anticonceptivos en cada una de las unidades médicas estaba a cargo de la Dirección de Prevención y Promoción de Salud, así como del Departamento de la Equidad de Género y Salud Reproductiva de la entidad, quienes podrían ser los presuntos responsables del mal manejo y almacenamiento de los anticonceptivos.
 
La médica comentó que pudo ser “una falta de coordinación para realizar la entrega a tiempo”, aunque argumentó que desconocía las causas reales porque “aún no era funcionaria en la institución” y no era responsabilidad del sistema de salud estatal sancionar e investigar la problemática.
 
Velásquez Rosas señaló además que los encargados de realizar la compra del anticonceptivo Ciclofem, que asciende en su precio comercial a dos millones 600 mil pesos, fue la Secretaría de Salud (SS) federal, dependencia que contempla el medicamento Ciclofem dentro del anexo cuatro del Programa de Salud Reproductiva y Equidad de Género de la dependencia.
 
Añadió que será el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envase y Medicamentos AC (Singrem) el encargado de dar disposición final adecuada de dichos medicamentos como lo ordenó Profepa, al tiempo que las jurisdicciones sanitarias se encuentran clasificando a partir de etiquetas color verde, amarillo y rojo los medicamentos próximos a caducar, según corresponda. 
 
SSO Y COMPRA CONSOLIDADA
 
A pesar que desde 2012 el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), como parte de los esfuerzos para reducir el embarazo en adolescente, realizó una compra consolidada de 13 métodos anticonceptivos de alrededor de mil millones de pesos para garantizar el abastecimiento en el territorio nacional, Oaxaca no estaba dentro de esta compra informó Velázquez Rosas.
 
Por tanto, la entidad se sumará este año a la compra consolidada de medicamentos en general, lo que incluye la compra de métodos anticonceptivos, con el fin de evitar desperdicios en el futuro y asegurar un mejor manejo y abastecimiento de los anticonceptivos en las clínicas de Oaxaca, según información oficial de los SSO. La inversión será de 74.7 millones de pesos.
 
17/HZM/GG
 








NACIONAL
SALUD
   Preguntan ONG a Gobierno federal
¿En qué gastan presupuesto para prevenir embarazo adolescente?
CIMACFoto: Gabriela Mendoza Vázquez
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/03/2017

El Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y las organizaciones Controla tu Gobierno y Fundar pedirán al Gobierno federal que precise en qué se aplica el presupuesto destinado a la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes  (ENAPEA) para 2017.

Para ello, se acercarán a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y le presentarán los resultados obtenidos en la investigación del ILSB “Evaluación a la Estrategia Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente”, que concluye que hay falta de transparencia en el uso de presupuesto de la ENAPEA. Pedirán también a las y los legisladores que etiqueten el presupuesto de 2018.
 
En la investigación del ILSB (disponible en su página electrónica), se afirma que el SS utilizó 40 por ciento del presupuesto en rubros que no tienen relación directa con las líneas de acción y objetivos de esta estrategia, como la renta de servicios de maquinaria pesada, pago de servicios como luz y agua, fumigación y lavandería, sin explicar cómo esos gastos contribuyen a la prevención del embarazo en adolescentes.
 
La ENAPEA fue implementada a nivel federal en 2015 para reducir el número de embarazos adolescentes en México, en donde cada día ocurren 997 nacimientos en mujeres de 10 a 19 años, de acuerdo con datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos de la Secretaría de Salud de 2014.

Lo anterior “para que no se puedan mover de los objetivos que tienen establecidos y los recursos no se desvíen en otros aspectos”, dijo la coordinadora general de Controla tu Gobierno, Maylí Sepúlveda, en entrevista para Cimacnoticias, luego de la presentación de la investigación realizada por el ILSB, el pasado 23 de febrero.

EVALUACIÓN REAL

La coordinadora del Programa Mujeres Indígenas (Promui), Zenaida Pérez Gutiérrez, denunció en entrevista para Cimacnoticias la falta de una “evaluación real, que diga si la implementación de los recursos hasta el ámbito municipal se está cumpliendo”.

Pérez Gutiérrez aseguró que una de las consecuencias ligadas a la falta de transparencia es el desconocimiento de cuántas y cuáles campañas se están haciendo adecuadas al ámbito cultural de comunidades indígenas. “No sabemos si las campañas tiene la pertinencia cultural para explicar y difundir los derechos sexuales y reproductivos hasta en las localidades más pequeñas”, dijo.
 
Maylí Sepúlveda explicó que, si bien el Consejo Nacional de Población (Conapo) y Secretaría de Salud (SS) se articulan con todas las instancias del sector salud para ejecutar la ENAPEA, “hay programas y acciones de salud en los sectores locales y estatales que no sabemos cómo operan, porque ellas mismas lo desconocen; cuando preguntamos por esa información no sabían en dónde está el recurso”.
 
Maylí Sepúlveda precisó que eso pasa con muchas de las políticas públicas porque “cuando bajan del ámbito federal al más local pareciera que los recursos se pierden”.
 
Durante los próximos meses el ILSB publicará los resultados obtenidos de su investigación sobre cómo se utilizan los recursos de la ENAPEA en distintos estados.
 
17/MMAE/GG
 








NACIONAL
SALUD
   De la doctora Georgina Sánchez
Libro explora las casas de parto en México, espacios “para parir diferente”
Imagen retomada del portal conacytprensa.com
Por: Ana Luisa Guerrero*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/03/2017

Prácticas invasivas, suministro injustificado de medicamentos, negación de la atención médica, trato deshumanizado, discriminación, insultos, bromas y otorgar poca información son algunas formas de violencia obstétrica que a diario padecen las mujeres en México.
 
Y si a ello se suma que 46 por ciento del total de nacimientos en 2014 fue por cesárea, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que esta práctica es indispensable sólo entre 10 y 15 por ciento de los partos, el panorama nos hace cuestionar ¿dónde están los casos de partos respetados?
 
La Norma Oficial Mexicana NOM-007 establece los derechos en la atención de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como del recién nacido, al tiempo que rige favorecer la humanización del parto y evitar las cesáreas.
 
En Espacio para parir diferente. Un acercamiento a las casas de parto en México, la doctora Georgina Sánchez Ramírez visibiliza estos lugares y a sus protagonistas, mostrando que son una opción para las mujeres que desean “recuperar el lugar preponderante y sagrado de ser la protagonista de su parto sin medicalización innecesaria”.
 
Tras presentar esta obra en la 38a Feria Internacional del Libro (FIL) del Palacio de Minería, la investigadora de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) explicó que en el país la atención del embarazo y el parto se ha institucionalizado y medicalizado, tratándolos como una enfermedad, por lo que esta obra muestra otros modelos y espacios de alumbramiento.
 
“Desde hace un tiempo se ha observado el incremento de la violencia obstétrica a partir del trabajo de otros colegas, entonces era importante para nosotros saber qué estaba pasando con la otra cara de la moneda, con algo que pareciera ser una ilusión, como el parto respetado”, dijo.
 
OBRA CIENTÍFICA
 
Basada en etnografía feminista, la investigación inició detectando casas de parto en el país, una tarea delicada ya que están al margen de la ley debido a que la Secretaría de Salud (SS) las clasifica como irregulares. Se detectaron nueve casas de parto a lo largo del territorio nacional, aunque no todas estaban en operación debido al acoso de la autoridad. Se pudo trabajar con cinco, realizando una labor etnográfica para conocer cómo funcionan, qué modelo de partería llevan a cabo, qué servicios ofrecen y cómo son sus instalaciones, entre otros aspectos.
 
En entrevista, la investigadora nacional nivel I señaló que en sus páginas, con absoluto rigor científico, el lector puede entrar a estas casas de parto, sumergirse en el ambiente que se respira, conocer a las directoras, parteras y doulas (asistentes de partería), así como a las usuarias a través de sus testimonios, a quienes se les respeta completamente su confidencialidad.
 
“Recuperamos las voces de usuarias que habían parido en estos lugares y para ello seleccionamos a mujeres de cierta edad, con determinada escolaridad y que tenían hijos menores de cinco años”, destacó.
 
Adicionalmente, en aras de dimensionar la situación que priva al respecto, la autora incluye un recuento histórico de las políticas demográficas en México, y de cómo a principios del siglo pasado las mujeres podían parir en su casa y que ahora se penaliza esta práctica tras la institucionalización de que los alumbramientos deben ser en hospitales.
 
No obstante, también documenta disidencias de parteras que están en desacuerdo con algunas medidas que se están tomando a nivel de organización de partería, porque algunas quieren ser autónomas y no someterse a procesos de certificación y regularización; o bien, complicaciones que se suscitan en los partos y se detalla qué hicieron las parteras en esos casos.
 
A partir de esta vasta investigación, se conformó un libro que proyecta las posibilidades para tener partos respetados en el país y que resulta pertinente porque cada vez es más frecuente la violencia obstétrica y se mantiene al alza el número de cesáreas practicadas.
 
La doctora Georgina Sánchez Ramírez destacó que este libro es recomendable para público de todas las edades y sin distinción de sexo, ya que puede ser útil para las abuelas que dieron a luz a través de estos procedimientos, como para mujeres que tuvieron cesáreas y desean tener más hijos, para desmitificar que los embarazos sucesivos deben realizarse por esta misma vía; o bien, para aquellas que tuvieron parto y les imprimieron la idea de que debían ser sometidas a episiotomía.
 
Finalmente, la investigadora de Ecosur indica que ya vislumbra una nueva línea de trabajo referente al parto respetado en los hospitales.
 
*Este artículo fue retomado del portal conacytprensa.mx
 
17/ALG/GG








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