NACIONAL
INFANCIA
   México no logra frenar matrimonios infantiles, dicen ONG
“Niñas casadas” viven más violencia física y sexual
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/11/2017

En 2015, se contabilizaron en México, más de 300 mil niñas, niños o adolescentes entre 12 y 18 años de edad que estaban casados o unidos informalmente. En total, 6.8 millones de mujeres se casaron antes de la mayoría de edad, advirtieron organizaciones civiles con trabajo en infancia.

Durante el Foro matrimonio infantil, dimensiones, causas y efectos realizado en el Museo Memoria y Tolerencia, las organizaciones no gubernamentales Save the Children, Oxfam y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señalaron que pese a que en 2014 entró en vigor la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece los 18 años como edad mínima para casarse, el matrimonio infantil continúa siendo un gran problema en el país.

México ocupa el último lugar de países de la OCDE en erradicar el matrimonio infantil, aseveró la Directora Ejecutiva México Save the Children, María Josefina Menéndez Carbajal.

EL MATRIMONIO INFANTIL DESTRUYE VIDAS

El matrimonio infantil afecta mucho más a las niñas que a los niños. En promedio, se casan 60 veces más mujeres menores de 15 años que hombres, y seis veces más mujeres de 15 a 17 años que hombres.

“Destruye el proyecto de vida de las niñas, porque quedan embarazadas, y salen de la escuela”, dijo la Experta legal en Género en el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) Eva Villareal.

Según las organizaciones, la mitad de las niñas, niños y adolescentes que se encontraban casadas o casados en 2015, vivía en situación de pobreza; 73 por ciento había abandonado la escuela.

Las niñas y adolescentes que se casaron a temprana edad son mucho más expuestas a la violencia. Comparando este grupo con mujeres que se unieron después de la mayoría de edad, ellas sufren 49 por ciento más violencia física, y 68 por ciento más violencia sexual.

También existen los llamados “matrimonios por honor”. Mujeres menores de 18 años que luego de ser víctimas de violencia sexual, son obligadas por sus familias o la comunidad, a casarse con su agresor. El problema se da no solamente en zonas rurales, sino también en zonas urbanas, afirmaron las activistas.

ENFOQUE DE ACTIVISTAS ESTÁ EN MARCO LEGAL

Las expertas de las organizaciones confían en que la legislación contribuya para disminuir el número de matrimonios infantiles. Para María Josefina Menéndez Carbajal, de Save the Children, sí se notó un decrecimiento, con la entrada en vigor de algunas legislaciones en los estados.

“Eso lo vemos reflejado muy claro en algunas entidades donde la armonización de la Ley General en sus leyes federales fue muy rápida, por lo que sería preocupante la Acción de inconstitucionalidad de la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para permitir de nuevo matrimonios en personas menores de 18 años bajo la figura de dispensas o excepciones. Si no ganamos, puede ser reversible el hecho de la erradicación del matrimonio infantil. Sería un grave error histórico”, enfatizó.

Cabe recordar que en 2016 la Comisión de Derechos Humanos de Aguascalientes presentó una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma al artículo 145 del Código Civil de Aguascalientes, que establece la edad mínima de 18 años para contraer matrimonio en dicho estado.

La acción está para su análisis, en las manos del ministro José Fernando Franco González Salas, y será sometida al pleno, aunque no hay fecha aún.

Hasta la fecha, los estados de Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Sonora permiten los matrimonios infantiles a través de dispensas. En Chihuahua, la edad mínima para casarse son 14 años para mujeres y 16 años para varones.

Cabe mencionar que Save the Children estima la cifra de uniones libres entre menores de edad mucho más alta que la de matrimonios formales. Pero no existen estudios exactos. Josefina Menéndez dice que ya están en charlas con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para tomar en cuenta datos más exactos sobre estas parejas en el próximo censo.

17/SG/LGL








REPORTAJE
DERECHOS HUMANOS
   Políticas de reconstrucción ignoran zonas marginadas
Mujeres en incertidumbre después del sismo del 19 de septiembre
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez, Montserrat Antúnez Estrada, Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/11/2017

A pesar de las promesas de las autoridades de apoyos sociales y la liberación de recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre, muchas mujeres que se han hecho cargo de lo que quedó de sus hogares en la periferia de la capital, siguen a la espera de saber qué sucederá.  

Después de 58 días del sismo la información para las personas afectadas llega a cuentagotas y mientras el gobierno capitalino busca restablecer la economía en las colonias Roma y Condesa, en lugares alejados, con pobreza y precariedad como San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, y la colonia Del Mar, en Tláhuac, permanece la incertidumbre.  

Por el sismo de 7.1 grados 228 personas perdieron la vida en la Ciudad de México, de ellas 90 eran hombres y 138 mujeres; también provocó daños en 8 mil 405 inmuebles principalmente en ocho zonas: Lindavista, Iztapalapa, Condesa, Roma Norte, Del Valle-Narvarte, Coapa (Girasoles y Tenorios), Xochimilco (San Gregorio Atlapulco) y Tláhuac (Del Mar).

Tras el desastre el gobierno capitalino informó que la Secretaría de Obras y Servicios demolería 24 inmuebles, pero al recorrer albergues y delegaciones del oriente y sur de la ciudad, Cimacnoticias corroboró que para las mujeres, como Laura, que se refugió en un albergue de la delegación Cuauhtémoc; Karla que vive exiliada de su hogar en Tláhuac; o Guadalupe que radica en Xochimilco, reestablecer sus hogares y sus vidas será mucho más complejo.

Mujeres afectadas por el sismo en incertidumbre por la reconstrucción. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

VIVIR EN UN ALBERGUE EN TLÁHUAC

En la colonia Del Mar en Tláhuac, delegación al oriente de la Ciudad donde se asientan siete pueblos originarios, el pavimento se abrió a la mitad, las casas se despegaron de las banquetas y se hundieron. Las calles lucen desoladas y sólo se leen carteles colocados por los vecinos que advierten del riesgo de caminar cerca de los postes y bardas que podrían colapsar.

Los hoyos en el suelo muestran las tuberías de agua rotas por el movimiento de la tierra. Ante el desabasto del líquido, las pipas de las autoridades de la delegación recorren las calles para suministrar agua a las y los vecinos.

Bicitaxi recogiendo víveres de Centros de Acopio de la colonia Del Mar. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

En esta colonia el 21 de septiembre Karla con su hija de un año de edad, su esposo y su madre de alrededor de 50 años de edad, acudieron al albergue “Centro de Desarrollo Comunitario Del Mar”. Llegaron allí porque una grieta en el suelo de la avenida Guillermo Prieto se extendió hasta su casa, derrumbó una barda y ocasionó múltiples fracturas en las paredes de su hogar.

Hace 40 años su familia comenzó a construir la casa de un sólo piso con paredes de concreto y techo de lámina. Con limitaciones, lograron tener una sala, una cocina, la habitación de la madre y un nuevo cuarto que improvisadamente construyó la joven y su pareja para vivir juntos ante el nacimiento de su hija.

Después del temblor, la primera autoridad que acudió a la zona fue la policía local para hacer un registro de las grietas, luego los bomberos llegaron a colocar polines en la vivienda y quienes indicaron a la familia que ya no había riesgo de ingresar. Finalmente acudió personal de protección civil, quienes constataron que la vivienda era inhabitable.

Ante los derrumbes de casas en la colonia Del Mar, Karla y otras familias acudieron al Centro Comunitario en espera de ayuda. Era una cancha de básquetbol abandonada, pero los vecinos se encargaron de transformarla en un albergue. Una semana después acudieron al lugar funcionarios de la delegación Tláhuac y se responsabilizaron de éste.  

“Vinieron unos arquitectos para saber cuánto mide cada terreno, si la vivienda era casa propia y dijeron que nos iban a dar una ayuda para el material de construcción, pero no quedaron en nada, sólo nos dieron la promesa”, declaró apresurada Karla porque tenía que formarse para bañar a su hija pues apenas tuvo esta oportunidad, una semana después del sismo.

Albergue “Centro de Desarrollo Comunitario Del Mar” donde vivió Karla y su familia. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Karla de 19 años de edad no tiene familiares que les brinden asilo, así que permanece como refugiada, pero ahora en otro lugar porque las lluvias inundaron el Centro Comunitario. Las familias fueron trasladadas primero a la Universidad Marista, frente a la avenida Canal de Chalco, y finalmente al albergue del DIF en San Juan Ixtayopan. En la primera ubicación el lugar albergó a 46 personas (22 hombres, 10 mujeres, 8 niñas y 4 niños, 2 adolescentes).

Así como en Tláhuac, la comunidad tomó un edificio abandonado para convertirlo en refugio, en Iztapalapa, otra de las delegaciones afectadas, el Centro Social “Violeta Parra” ubicado enfrente de la Central de Abastos detuvo las actividades de karate, baile y fiestas infantiles que impartía para convertirse en un albergue, relata su directora Alma.

Al espacio cultural convertido en albergue acudieron 10 personas de las colonias Aculco y Lomas Estrella, ambas entre las principales afectadas en Iztapalapa. Los registros de Protección Civil de esta delegación declararon en pérdida total mil 92 viviendas: 5 mil 214 tenían afectaciones de mediana magnitud y otras 11 mil las calificaron con daños menores.

Las y los vecinos hicieron posible el mantenimiento y sostén del albergue: se encargaron de preparar los alimentos, conseguir medicamentos, inclusive de calentar el agua para que las personas se bañaran, relata su directora Alma. La empatía por la pérdida del patrimonio hizo que Sandra, vecina de la colonia, realizara guardias nocturnas por la seguridad de las familias.

“Si me hubiera tocado dices ¿dónde voy? ¿Con quién me acerco? ¿Ya voy a vivir aquí en el albergue? ¿Qué va pasar con mis cosas?”, se imagina Sandra, porque aunque el sismo sacudió toda la Ciudad los estragos fueron diferentes para las colonias marcadas por la desigualdad social y económica. “Un albergue para una familia aquí significa la única posibilidad de vivienda”, dice la mujer de más de 30 años de edad.

En los años que la directora del Centro Social lleva viviendo en Iztapalapa, ha visto el crecimiento de la población acompañado de la desenfrenada construcción de “castillos”, llama así a los departamentos de hasta siete pisos de altura. “Se desbordó la construcción”, coincide su compañera Sandra. Actualmente Iztapalapa concentra la mayor población de la urbe, más de un millón 800 mil personas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Ambas piensan que una de las razones por las que se edificaron estos departamentos “sin planeación” es porque se desconoce la forma de construir correctamente.

Conmemoración a 32 años de las costureras fallecidas en el predio de San Antonio Abad en el sismo de 1985. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

CONSTRUCCIÓN INCONTROLADA

El movimiento de la tierra del pasado 19 de septiembre recordó el terremoto de 32 años atrás. Por coincidencia, tembló el mismo día que la Ciudad de México recordaba la sacudida de 8.1 grados de 1985. Hace más de tres décadas, se consideró el desastre natural más grave que había azotado a la urbe y orilló al gobierno local a crear la Comisión Evaluadora del Sismo.

La Comisión de 1985 fue responsable de la revisión de inmuebles dañados y de establecer nuevas normas en materia de construcciones a “fin de prevenir riesgos y propiciar una mayor seguridad de los habitantes”, como refiere el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de aquel año.

Sin embargo, 32 años después se puede verificar que estas reglas no se respetaron y a pesar de reconocer que el Valle de la Ciudad de México es una zona sísmica, el gobierno local no se abocó en crear política pública de planificación urbana, dice contundente la investigadora urbanista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carla Filipe Narciso.

Rápidamente, el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció el “Plan de Reconstrucción de la CDMX” con tres ejes de acción: la creación de una plataforma digital que reporta la información de viviendas, negocios e inmuebles públicos afectados por el sismo; los apoyos económicos temporales para las personas damnificadas y la conformación de la “Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación”, encargada de atender la situación de emergencia.

Más de un mes después del movimiento telúrico, en la Asamblea Legislativa sigue en análisis la iniciativa de Mancera de expedir la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.

A un mes del sismo, cientos de damnificados marcharon para exigir a las autoridades atiendan sus viviendas. CIMACFoto: César Martínez López

Filipe Narciso indica que esta política de reconstrucción no atiende cuestiones sociales, se concentra únicamente en la reparación de edificios. La experta recuerda que “todos estamos en vulnerabilidad por el sismo, pero no todos tienen la misma respuesta ante ella”, y ejemplifica: “en la colonias como Condesa, las personas damnificadas buscaron amigos o familiares para refugiarse”, en contraste, en Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa permanecen abiertos refugios por las necesidades de la población.

La última actualización informativa del portal oficial de la reconstrucción del sismo, del 9 de noviembre de 2017, precisa que ocho albergues permanecen en operaciones con un total de 137 personas, se estima que en total más de 34 mil se refugiaron en estos recintos.

“No tienen otra posibilidad”, sentencia la académica que dirige el área de Planificación y política urbana y regional del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la UNAM  y señala que una verdadera política de Estado implica establecerlos en zonas seguras, garantizándoles en todo momento el derecho a la vivienda. De no ser así, es seguro que busquen vivir en regiones más alejadas de la Ciudad, con mayor vulnerabilidad ambiental y social, señala.

Albergue en Colonia Centinela, en la delegación Coyoacán. CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada

PREGUNTAS EN EL AIRE

Luego de que la sociedad civil se desbordó a las calles para tratar de apoyar a las personas afectadas surgieron varias preguntas que hoy permanecen en el aire, dos son recurrentes: ¿por qué se cayeron edificios prácticamente nuevos y con ello el alto número de pérdida de vidas humanas? y ¿cómo reconstruir para evitar que vuelva a suceder algo similar?

Expertas en ingeniería y arquitectura coinciden en que el principal problema fue que tras 1985 las autoridades capitalinas se enfocaron únicamente en crear normatividad sobre cómo debería construirse y en emitir recomendaciones al respecto, mas no en fomentar el trabajo interdisciplinario en las construcciones.

Es decir, en todo este tiempo las autoridades capitalinas no enfatizaron la importancia que tiene cada área involucrada en la construcción de un inmueble: dueños, arquitectos, directores responsables de obra y constructores. “Si alguien no hace su trabajo apegado a la ley, las probabilidades de que una casa colapse son mayores”, explica en entrevista la Directora Responsable de Obra (DRO) con 30 años de experiencia, María Martha Zavala Galina.

La ingeniera afirma que urge revisar el reglamento de construcciones vigente para comenzar a responsabilizar a todas las personas involucradas en una construcción. Pues los dueños deben consultar a profesionistas ingenieros o arquitectos y asumir que si sus opiniones no avalan el proyecto no pueden continuar, las y los DRO tampoco deben ceder si los documentos no están en norma, además de ser necesario capacitar a los constructores para garantizar que los materiales y las técnicas usadas sean de la mejor calidad.

El Deportivo de Xochimilco fungió como albergue para personas damnificadas. CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada

Sin esta combinación todo apunta a que los inmuebles seguirán colapsando, particularmente en zonas donde las familias no tienen los recursos económicos para pagar los honorarios de personas expertas, razón que las orilla a la autoconstrucción, afirma la ingeniera civil especialista en estructuras de la UNAM, Mabel Mendoza Pérez y menciona como ejemplo las casas de Xochimilco e Iztapalapa construidas con años de esfuerzo por personas sin los conocimientos necesarios.

Además, conforme los años pasaron aumentó el desinterés por prevenir los estragos de un temblor, esto se vio reflejado en la falta de capacitación al personal DRO sobre cómo actuar ante emergencias sísmicas.

En 1987 Zavala Galina comenzó a ejercer como DRO y cuenta que desde hace 20 años, en 1997, la Secretaría de Obras dejó de capacitar a estos profesionistas como lo hacía anualmente para decirles cómo actuar ante desastres naturales, a cada uno les designaban las zonas específicas de la Ciudad que debían revisar, además de indicarles qué formatos usar y el lugar donde debían reportar los daños.

Sin esas capacitaciones, el pasado 19 de septiembre los DRO tuvieron que organizarse por su cuenta  para actuar, a días de cumplirse un mes del sismo las autoridades seguían sin reunirse con ellos, afirma Martha Zavala.

Actualmente de los 2 mil 54 DRO reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) sólo 690 siguen activos. Zavala Galina explica que la mayoría no renovó sus licencias por la falta de confianza al Instituto para la Seguridad de las Construcciones -encargado de organizar, autorizar y evaluar a los DRO- que los culpa sólo a ellos en caso de derrumbes, “nos sanciona e ignora que en una construcción influyen también otros profesionistas”.

La ingeniera Mabel Mendoza también enfatizó la necesidad de continuar con una fase de estudios, pues, dijo, tras el sismo es necesario revisar los inmuebles y analizar qué tan funcionales son las recomendaciones y técnicas de construcción vigentes.

Las especialistas coinciden en que repartir responsabilidades y considerar los contextos que se viven en cada zona de la ciudad son dos elementos prioritarios en el proceso de reconstrucción. Recalcan la necesidad de no sólo crear grupos interdisciplinarios que permitan identificar las zonas en la que no conviene construir sino también en planear los lugares a donde se trasladará a las personas damnificadas y que los proyectos “no queden en papel”.

Damnificada por el Sismo en la CDMX es apoyada por una brigadista para sacar las pocas pertenencias que quedaron en su departamento. CIMACFoto: César Martínez López

APOYOS A PERSONAS DAMNIFICADAS

Como parte de las acciones para apoyar a las familias, el Gobierno de la Ciudad de México ofreció 3 mil pesos durante tres meses para que las personas damnificadas puedan pagar una renta, pero mujeres como Laura no tienen esa opción.

Laura, vendedora ambulante de oficio, no tiene contrato de arrendamiento ni recibos por el pago de renta. Tampoco ningún comprobante de su situación. Sabe que no puede acceder a los 3 mil pesos ni a otro apoyo, sólo le queda agradecer a todos los voluntarios que apoyaron para que su familia estuviera segura durante los días difíciles.

Albergue en calle Izazaga 11 donde vivió Laura. Montserrat Antúnez Estrada

Laura, su esposo y sus hijas de 2, 3 y 9 años de edad se quedaron sin casa. La familia pasó casi un mes viviendo en el albergue que se instaló en la calle de Izazaga 11 de la colonia Centro. Laura contó su historia desde la litera número 11, esa donde le tocó dormir junto con mujeres que no conocía y que también quedaron damnificadas.  

Antes del 19 de septiembre ella pagaba dos mil 700 pesos al mes por vivir en un cuarto de azotea en un edificio de tres pisos ubicado en Ciudad Azteca, en el Estado de México. Su casa no se derrumbó pero terminó con cuarteaduras por todas partes. “Cuando protección civil entró dijo que ya no era habitable”, recordó.

Después del 19 de septiembre pasó cuatro días como exiliada, primero viviendo en casa de su madre, que también renta, luego pagó una noche en un hotel, después en otro y en busca de un lugar donde dormir llegó a la Casa del Peregrino, albergue habilitado en la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde no hubo lugar para ella.

Buscando información en internet llegó al albergue de la calle Izazaga, número 11, donde permaneció mientras buscaba un lugar para rentar.

Hasta el 9 de noviembre el gobierno entregó 8 mil 508 cheques de apoyo de renta por medio del Instituto de Vivienda (Invi) y la Secretaría de Finanzas mil 622 “créditos rojos”, es decir, prestaciones de hasta 2 millones de pesos para las familias que perdieron por completo sus patrimonios. De acuerdo con el plan de Mancera, el financiamiento de este último crédito inmobiliario será de recursos del Fondo de Contingencias de la Ciudad de México.

De acuerdo al análisis de Carla Filipe, generar créditos inmobiliarios responde a la necesidad del jefe de gobierno por legitimarse al actuar rápidamente y es la forma de escudarse de la responsabilidad que tiene de generar políticas públicas de habitación que piensen en los sectores más afectados.

La doctora en urbanismo y arquitecta de profesión, menciona que con las facilidades a las inmobiliarias éstas adecuarán sus construcciones para los sectores populares que se vieron afectados, a precios que seguirán siendo inalcanzables para muchas personas.

Y denuncia: “los créditos no significan facilidades para las personas damnificadas, además, estos van a los bancos, a las agencias hipotecarias, realmente no hay un retorno al Estado, el único beneficiado será el sector privado”.

SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

Hace diez meses Miriam y su esposo llegaron a vivir a un edificio de once pisos ubicado en la calle de San Antonio Abad, número 66. Después de una vida de trabajo la pareja dejó su casa en Tláhuac, vendió su carro e invirtió todo su patrimonio para comprar su departamento. Con él también adquirió una deuda de medio millón de pesos con un banco.

Hoy su casa, valuada en un millón 270 mil pesos, es inhabitable. Después de un mes del sismo algunas unas familias regresaron al lugar pero ella no quiere arriesgarse. “Estamos a la deriva, ¿qué va a pasar? No sabemos”, comenta.

Miriam muestra fotos de su departamento. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

Desde el día del sismo Miriam y otras personas que vivían en el edificio han estado en contacto con una empresa administradora que sirve de enlace entre los vecinos y la empresa constructora Vertical Homes. La constructora les dijo que el edificio es habitable y sólo necesita unos arreglos.

Miriam tiene muchas dudas, primero porque la constructora pidió que las personas cobraran los seguros de sus viviendas y dieran el dinero para comenzar los trabajos de remodelación. La inconformidad ha crecido, pero los vecinos han hecho un pacto de silencio para no entorpecer las negociaciones con Vertical Homes.

“Estoy arrepentidísima de haber comprado, de haber invertido mi patrimonio”, dice al recordar que desde antes del sismo había filtraciones de agua, quejas porque los dos sótanos que no estaban terminados y peleas por el uso de los estacionamientos, algo que aceptaron pero que hoy atribuye a una irregularidad en la planeación y construcción del edificio.

Miriam no acudió a un albergue, tiene dos hijos y su plan es vivir una temporada con uno y después rentar. Ella fue una de las primeras en acudir por los tres mil pesos que ofreció el Gobierno de la Ciudad de México. Para acceder a este beneficio llevó las fotos de su departamento y sus documentos en orden, pero opina que la cantidad no es suficiente a cambio de la inversión que hizo.

San Antonio Abad 66 es uno de los ocho expedientes de investigación por probables irregularidades administrativas en el proceso de construcción en el periodo 2013-2017. Los otros inmuebles son los de Emiliano Zapata 56, Bretaña 90, Nuevo León 238, Eje Central 418, Insurgentes Norte 1260 y Rancho Tamboreo 11 y 19, así como Calzada de las Brujas 34 y 40, según la Contraloría General de la Ciudad de México.

INCERTIDUMBRE A MÁS DE UN MES

Hace más de 40 años Andrés Jiménez Páez construyó su casa en la calle de Lázaro Cárdenas, número 7 en San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, una delegación caracterizada por sus paisajes rurales y la zona de embarcaderos y chinampas. Conforme la familia fue creciendo con la llegada de los nietos y los yernos, la casa también se amplió para albergarlos a todos.

Con el sismo la casa terminó con fracturas y cuarteaduras en los muros de carga, la losa se fracturó, el cuarto del primer piso se derrumbó, en general la casa se está hundiendo y ya no es habitable. Aun así el DRO que hizo la inspección dijo que la casa -que en su opinión estaba en construcción- tiene daños moderados.    

A pesar del dictamen del experto ya nadie vive allí, pero siempre hay alguien cuidando el inmueble, integrantes de la familia permanecen durante todo el día en medio de lo que quedó de su hogar vacío, sin muebles y algunos escombros. Allí están las mujeres, los varones e incluso los niños que aún no acuden a la escuela. Todos en espera de respuestas.

La familia Jiménez no se aleja de su hogar porque necesitan estar allí cuando llegue una autoridad. La vez que llegó el DRO sólo estaba el señor Andrés, un adulto mayor que no sabe leer ni entiende de programas sociales, a él le pidieron que firmara la hoja donde se leía que la casa tenía daños moderados.

Casa de la Familia Jiménez Pérez en San Gregorio Atlapulco. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

A la casa ya pasó gente del  Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de Prospera. Hay dos etiquetas que lo comprueban como en casi todas las viviendas del pueblo y aunque el personal que acudió les prometió apoyos no les dijeron cuándo ni cómo, creen que tal vez en unos dos o tres meses tengan claridad.

Las hermanas Gloria Beatriz y Rosa Mireya Jiménez López cuentan que empresas particulares y voluntarios los han apoyado, ellas recibieron unos polines para su casa, también recibieron comida de quienes llegaron a apoyar y aclaran que esa es la única ayuda que han tenido.

Gloria y Rosa, amas de casa, creen que la casa debe derrumbarse. Aunque el dictamen que tienen dice que la casa tiene daños moderados sus ojos ven otra cosa, no saben qué hacer, con quién acudir, quién debe asumir los gastos ni cómo hacerlo de manera segura sin dañar las casas aledañas.

Casa y muebles en ruinas tras el sismo que sacudió Xochimilco. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

La familia, en su mayoría de agricultores de flores, cuenta con tres opiniones: una persona de Protección Civil les dijo que la casa no era habitable, unos ingenieros de Jalisco confirmaron dicha versión, después otros arquitectos dijeron lo mismo, pero el DRO les afirmó que sí es habitable.  No saben a quién creer.  

“Nos van a dar una tarjeta, pero es un apoyo, no es regalado”, se trata de un crédito de 120 mil pesos para reconstruir una casa que a tres familias les costó cuatro décadas.

El 4 de octubre Enrique Peña Nieto anunció que el gobierno federal y de la capital crearía un fondo para otorgar créditos de hasta dos millones de pesos, a 20 años con 9 por ciento de interés, el gobierno asume el pago del capital y el damnificado los intereses.

Guadalupe es una adulta mayor que vivió el movimiento estudiantil de 1968 y después de septiembre dice que lo que más le ha dado tristeza en su vida es el desastre del sismo. El movimiento de la tierra acabó con su casa y dice que en este momento de su vida no tiene fuerza para empezar desde cero.

Guadalupe sigue visitando las ruinas de su casa en Xochimilco. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

De acuerdo con la Comisión de Gestión Integral del Agua en la zona ejidal de cultivo de San Gregorio Atlapulco, el suelo se hunde 25 centímetros al año y la región tiene grietas que datan desde la década de los 80 en canales, edificios, casas y calles, producto de la sobreexplotación de mantos acuíferos.

El sábado 4 de octubre, en recorrido por San Gregorio, diputados locales y funcionarios de gobierno aseguraron que la suma de esfuerzos haría posible sacar adelante esta zona. Ese día dijeron que había mil 250 casas afectadas, de las cuales se tendrán que reconstruir 250. La demolición ya comenzó pero el proceso aún es muy lento.

Guadalupe es jubilada de intendencia y su esposo es chinampero. Ambos rentan un cuarto porque no pueden regresar a su casa, una estructura que se está hundiendo. Regresan todos los días a las ruinas de su hogar. Ella está enferma y ni siquiera puede recoger las cosas que quedaron esparcidas por doquier, aun así prefiere estar allí, contemplando lo que quedó de su patrimonio.

En algunas colonias las casas se marcaron para identificarlas como inhabitables. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

Ahora que los gobernantes están concentrados en los cargos que podrían obtener en las elecciones de 2018, Guadalupe y otras mujeres de Xochimilco y las demás delegaciones no creen poder iniciar una reconstrucción solas, sin el apoyo del Estado, por eso protestan desde los lugares donde se refugian, sin salir a las calles, porque no pueden y no quieren alejarse de la casas derruidas donde permanecen sus recuerdos.  

17/AGM/MMAE/HZM

 

 








QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
   
El color de la pobreza
CIMACFoto archivo: Begoña
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 23/06/2017

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó un estudio que habla más de lo que se cree de la realidad de un país en el que, al igual que en otras regiones, puede encontrarse información de que son las poblaciones más vulneradas y diezmadas por la violencia las personas que pertenecen a grupos étnicos o estratos sociales menos favorecidos, en una intangible pero evidente política de exterminio contra los pobres.
 
Desde el autoclasificarse como “moreno-claro” en un auténtico oxímoron, hasta la afirmación de “no tiene la culpa el indio sino el que le hace compadre”, hay un problema social grave que se pone de manifiesto en el estudio del Inegi  en el que habla de una “paleta de colores” (tal y como en el estado nazi alemán se utilizó para clasificar a las poblaciones por su tono de piel, el color de los ojos y forma del cabello) y el auto reconocimiento de características “inherentes” –condición natural- de la pobreza y el analfabetismo en relación con un color de piel.
 
Es  una aceptación tácita de las personas que respondieron la encuesta de una realidad en la que la nota presenta un contexto social que pareciera ligado como condición natural a las características físicas de una persona, y no por una condición resultado del estigma y la criminalización.
 
Para poner en una justa dimensión de lo que implica ser de piel oscura en México, las personas que somos “morenas” sabemos que entrar a una tienda puede significar ser el objeto de atención de los guardias de seguridad o vendedores que manifiestan especial interés por las personas de piel oscura, a los que siguen y revisan con atención. Hay muchísimas personas que hablan de su experiencia y sensación de ser recibidos con la sensación de que no son bienvenidas o se cree que no pueden realizar una compra y ser los últimos en ser atendidos.
 
Sin meterle a la reflexión a la que nos lleva Piel negra, máscara blanca,  de Franz Fannon, nos quedaremos aquí solo con lo más burdo de esta situación en México, en la que advertimos que hay una asociación “natural”, socialmente construida de creer que las personas morenas-oscuras son pobres, son analfabetas, son tontas, son malas, son menos limpias, tienen proclividad a la comisión de delitos entre otros defectos.
 
Es grave que se piense, que se crea y que incluso se publique una nota elaborada por una institución con esa información, es más grave aún que sea cierto. Es verdad, bastaría revisar las cárceles y revisar los indicadores para tener claro que las personas que son encarceladas por la comisión de “delitos de hambre” son en un gran porcentaje población de piel oscura. Pero que nadie repare en que ese sea un problema social de discriminación es lo más patético.
 
Mucho se habla, pero poco se menciona –menos en esa nota- acerca de las oportunidades de acceso a la educación para las personas de piel oscura, obvio si son pobres sus posibilidades de estudiar son menores al resto de la población y si eso los lleva a tener menos expectativas laborales y menos posibilidades de salir del círculo generacional de la pobreza.
 
Para muchos y muchas de las personas “morenas” y con rasgos “indígenas” es claro que apenas la de ahora es la primera generación que en las familias han tenido acceso a la educación, y a empleos bien remunerados y por supuesto a oportunidades de estudiar maestrías o doctorados, aún son noticias excepcionales “indígenas” que hacen doctorados como si de algo extraordinario –que lo es vergonzosamente- se tratara.
 
¿Qué posibilidades tienen las personas pobres de tener estudios superiores? Y aún más, ¿qué posibilidades tienen las personas de piel oscura de acceder a empleos bien remunerados?, ¿qué determina que una “excepción” pase de “ser el mesero” o “una aindiada” a estar en un cargo directivo.
 
No me da miedo tocar el tema con todos sus aristas, lo escribe una persona que desde pequeña le decían “negra”, morena, mujer y que fue la primera mujer en graduarse en toda su historia familiar en ambas líneas materna y paterna. Lo escribe una persona que sabe que en México nacer pobre significa nacer con pocas oportunidades de acceder a la educación superior.
 
Lo escribe una persona que es de piel lo suficientemente oscura en “esa paleta de colores” para tener claro que la violencia estructural, la criminalización y el estigma obliga a muchas personas a blanquearse no solo con el maquillaje  más claro y la ropa más occidental, sino también a “blanquearse el pensamiento” y llenar formularios en los que se autodenominan “moreno-claro” y no se reconocen a sí mismas indígenas porque es “asumirse parte de los jodidos”.
 
Me llena de indignación que en un país donde la población es indígena, mestiza y de piel oscura se publiquen notas en las que se secunda con naturalidad la “aceptación” de la violencia y la desigualdad estructural como una condición inherente al color de la piel, como si ser morenos implicara “naturalmente” no tener habilidades para los estudios ni calificación para el desempeño laboral.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG








MONEDERO
   MONEDERO
Pocas Jefas de familia y faltó la diversidad sexual
Especial
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/07/2017

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) acaba de publicar los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH). La encuesta refiere que el tamaño promedio del hogar es de 3.7 integrantes y el 89.4 por ciento son hogares de tipo familiar.

 
El grupo de población de 3 a 30 años se estima en 60.5 millones de personas y, de ellas, el 58.4 por ciento asiste a la escuela.
 
La población estimada asciende a 122.3 millones de personas; 51.4 por ciento son mujeres y 48.6 son hombres. Del total de esta población, 23.2 por ciento reside en localidades rurales y 76.8 por ciento, en localidades urbanas.
 
La edad promedio del jefe del hogar asciende a 48.7 años y, en 27.3 por ciento de los hogares, la jefatura corresponde a una mujer, a nivel nacional pero en Sonora y la Ciudad de México alcanza 36.1 y 35.3. por ciento, respectivamente (ver gráfica).
 
VER GRÁFICA AQUÍ
 
En el 27.3 por ciento de los hogares la jefatura de los mismos corresponde a una mujer, 22.2 por ciento en las localidades rurales y 28.7 por ciento en las urbanas.
 
Estas cifras sobre “Jefatura Femenina” generalmente están subestimadas, especialmente en las mujeres cuyos esposos son migrantes y están en Estados Unidos desde hace años, ellas los siguen considerando “Jefes de familia”. Una de las razones es que no quieren aparecer ante su núcleo social “como mujeres solas”.
 
Ya sabemos que en esta sociedad patriarcal y machista una mujer sin un hombre a su lado es una “mujer Sola”, como en el Corán.
 
En Michoacán y en Zacatecas, también en Jalisco, hay pueblos enteros donde las mujeres son las Jefas de Familia; sin embargo,  cuando llega la encuestadora reportan al marido como “Jefe de Familia”, aunque tenga diez años en Chicago o en California.
 
En realidad ellas son las que les dan contención emocional a los hijos, cuidados, alimentación y educación, de vez en cuando reciben X dólares del señor. Pero, ¿qué va a decir la suegra, la comadre o hasta la mamá si ella se declara “Jefa de Familia”?
 
Del total de hogares del país, 89.4 por ciento son de tipo familiar; es decir, aquellos en los que al menos uno de los integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del hogar. El 10.6 por ciento (una minoría) restante son de tipo no familiar y donde ninguno de los integrantes tiene relación de parentesco con el jefe del hogar
 
El 56.2 por ciento de los hogares son biparentales, (que cuentan con la presencia de ambos padres), 17.1 por ciento son hogares monoparentales (hay presencia de uno de los padres) y 26.3 por ciento son hogares familiares sin presencia de hijos y hogares no familiares.
 
Una de cada cinco mujeres indicaron no estudiar por motivos de matrimonio, unión, embarazo o el nacimiento de un hijo.
Analizando los motivos de NO asistencia a la escuela resulta que las mujeres 21 de  cada cien se casó, se unió o tuvo hijos. En cambio para los hombres la cifra es mucho menor apenas del 6.1 por ciento.
 
Luego entonces el embarazo de adolescentes a quien más afecta es a las mujeres. Y se ha convertido en un grave problema social, trunca la vida de las jovencitas.
 
La ENH es la encuesta continua en hogares más reciente realizada por el Inegi -arrancó el año 2014-; su propósito es captar las principales características de las viviendas particulares habitadas y las sociodemográficas de la población.
 
Por lo que hace a la disponibilidad de agua, 80.5 por ciento de los hogares reportan que cuentan con ésta dentro de la vivienda y 16.1 por ciento que lo tienen fuera de la vivienda pero dentro del terreno.
 
De los 30.8 millones de hogares que indican disponer de agua dentro de sus viviendas o fuera de éstas pero dentro del terreno, 72.7 por ciento señalan que cuentan con agua diariamente. Por entidad federativa, este indicador oscila entre 26 por ciento en Guerrero y 99.6 por ciento en Nuevo León.
 
No se puede perder de vista que las que más padecen la falta de acceso al agua son justamente las mujeres y claro, las mujeres pobres como en Guerrero.
 
Falta un dato muy importante: ¿cuántos hogares de México tienen dos mamás o dos papás? En otras palabras, está faltando la diversidad sexual y el hecho de que dos hombres adopten un niño, o que dos mujeres tengan una hija(o).
 
¿Dónde está esa información? ¿Por qué no la recogió el Inegi? Resulta que es muy importante, simplemente se trata de recoger una realidad del país.
 
Twitter:@ramonaponce
 
* Economista especializada en temas de género
 
17/CRPM/OOM








MONEDERO
VIOLENCIA
   Monedero
Mapa de la violencia de género, según Inegi
Especial
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 13/09/2017

Recientemente la plana mayor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) se reunió en conferencia de prensa para dar a conocer las terribles cifras sobre violencia de género en el país, resultado de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016: 79 de cada 100 mujeres de la Ciudad de México (la gran mayoría), sufren violencia; por los mismos niveles están Jalisco y el Estado de México. El índice nacional es de 66.1, bastante alto, más de la mitad.

VER GRÁFICA AQUÍ

Las que tienen los índices más bajos son: San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Campeche y Chiapas.

Las encuestas –especialmente como esta– son una herramienta fundamental en la toma de decisiones para una problemática tan importante como la violencia de género en diferentes ámbitos y estados del país. Por lo tanto uno esperaría que después de publicarse estas cifras hubiera una “plenaria” de tomadores (as) de decisiones para proponer, y en su caso, iniciar una serie de acciones de políticas públicas para resolver esta grave situación. Pero a la fecha no ha sido así, sólo el escandalo (temporal) de los resultados de la encuestas que abarca diferentes ámbitos, con resultados muy diferentes

  • Ámbito escolar

La prevalencia nacional de violencia escolar es de 25.3 por ciento  y las entidades con las prevalencias más altas son: Querétaro, Jalisco, Ciudad de México, Aguascalientes y Oaxaca. Y es en las instalaciones de las escuelas. ¿Dónde está la educación?

  • Violencia  laboral

De las mujeres que han trabajado, 27 de cada 100 ha experimentado algún acto violento, principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de género o por embarazo.

El tipo de violencia más frecuente en el trabajo es la discriminación, las agresiones sexuales y las de tipo emocional como las humillaciones, degradación e intimidación

La prevalencia nacional de violencia en el ámbito laboral es de 26.6 por ciento y las entidades con las prevalencias más altas son: Chihuahua, Coahuila, Querétaro, Baja California y Quintana Roo.

  • Violencia en el ámbito comunitario

La prevalencia nacional de violencia comunitaria contra las mujeres es de 38.7 por ciento y las entidades con las prevalencias más altas son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro.

La violencia contra las mujeres en los espacios públicos o comunitarios es sobre todo de índole sexual, que va desde frases ofensivas de tipo sexual, acecho (la han seguido en la calle) y abuso sexual (manoseo, exhibicionismo obsceno).

La violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito comunitario en los últimos 12 meses, ocurrió́ principalmente en la calle y parques (65.3 por ciento) seguido del autobús y microbús (13.2 por ciento), metro (6.5 por ciento).

  • Violencia en el ámbito familiar

En los últimos 12 meses, 10.3por ciento fue víctima de algún acto violento (emocional, físico, sexual o económico-patrimonial) por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o pareja.

El 8.1 por ciento de las mujeres experimentó violencia emocional en su familia en el último año.

Los agresores más señalados son los hermanos, el padre y la madre.

Los principales agresores sexuales son los tíos y los primos.

La violencia familiar ocurrida en los últimos 12 meses, se ha ejercido principalmente en la casa de las mujeres y en la casa de algún otro familiar.

Las agresiones ocurridas en su casa fueron: 59.6 por ciento emocionales, 16.9 por ciento agresiones físicas, 17.5 por ciento económica y patrimonial y 6.0 por ciento agresiones sexuales. Las agresiones ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual: 66.8 por ciento.

Pero es cierto que hay un problema serio de violencia familiar que se traslada fácilmente a  lo laboral.

Para empezar si se analizan los quehaceres domésticos y el cuidado de niñas y niños, éste recae esencialmente en mujeres  Desde ahí empieza el sometimiento y la subordinación. Es una cadena que parece no tener fin.

De cualquier forma llama a atención que sea la Ciudad de México la que tiene el índice más alto de violencia de género. Porque aquí es una Ciudad de diversidad política  y sexual, donde se pude decir que viven las mujeres con el perfil más “moderno”. Claro también hay mayor convivencia en las calles, en el transporte, en el empleo, es una palabra están más expuestas; es la única ciudad del mundo con transporte exclusivo para mujeres.

Hay una realidad muy clara: faltan políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres

* Economista especializada en temas de género

Twitter @ramonaponce

17/CRPM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Ciudad de México, Querétaro y Estado de México, donde más ocurre
Violencia sexual y emocional, la más común en el ámbito laboral
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/09/2017

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016 (Endireh) reveló que los principales tipos de violencia que enfrentan las mexicanas en el ámbito laboral son la sexual y emocional que se traducen en ofensas, tocamientos sin su consentimiento y humillaciones.

 

De acuerdo con la Encuesta 71 por ciento indicó que ha trabajado a lo largo de su vida, de dicho porcentaje, 5 millones 463 mil 521 (16.5 por ciento) afirmó haber sido violentada al menos una vez en el ámbito laboral. La violencia sexual en el ámbito laboral representó 67.96 por ciento (3 millones 713 mil 235). Las agresiones se tradujeron en intimidaciones con piropos o comentarios sobre sus cuerpos, insinuaciones sexuales, acoso  y abuso sexual.

 

Muestra de ello fue que al menos a un millón 368 mil 983 de ellas, es decir 25 por ciento del total que dijo haber sido violentada, se le propuso tener relaciones sexuales a cambio de beneficios en el trabajo y en 12 por ciento de los casos sufrieron represalias por negarse, tales como despidos o impedimentos para ascender de puesto.

 

Mientras, 2 por ciento de las mujeres externó haber sido víctima de violación sexual, y al menos un millón 256 mil 438 de trabajadoras expusieron haber sido tocadas sin su consentimiento (17.7  por ciento).

 

La violencia emocional es la segunda más frecuente ejercida contra ellas, 64 por ciento de las que indicaron ser víctimas de un incidente violento de este tipo, por ejemplo,  57.5 por ciento de ellas afirmaron haber sido degradadas y 30 por ciento humilladas por ser mujeres.

 

Los estereotipos siguen presentes en el ámbito laboral, a13 por ciento de las trabajadoras les comentaron que sus logros laborales se debieron a que tuvo relaciones sexuales con algún superior.

 

ENTIDADES MÁS VIOLENTAS

 

La Ciudad de México, Querétaro y el Estado de México son las entidades con mayor porcentaje de violencia laboral hacia las mujeres. En las dos primeras, 21.6 por ciento de quienes han trabajado a lo largo de su vida expusieron sufrir algún tipo de violencia, mientras que en el Estado de México el porcentaje fue de 19.6 por ciento.

 

En la Ciudad de México 71.17 por ciento de trabajadoras fueron víctimas de violencia emocional y 65.58 de agresiones físicas o sexuales. En cambio, en Querétaro 94 mil 423 mujeres (72 por ciento) reportó haber sido violentada física o sexualmente y 85 mil 272 (65 por ciento) de forma emocional.

 

Mientras que en el Estado de México 730 mil 423 trabajadoras han experimentado a lo largo de su vida laboral violencia física o sexual (73.66 por ciento) y 66.63 por ciento violencia emocional.

 

AGRESORES Y LUGAR

 

De acuerdo a la Endireh a nivel nacional los principales ejecutores de violencia emocional, física o sexual hacia las trabajadoras son sus compañeros de trabajo (en 35.6 por ciento de los casos), seguidos de las personas con jefaturas (20 por ciento) y en tercer lugar están los gerentes o directivos ejecutivos a quienes se les atribuye 8.2 por ciento de las agresiones.

 

Las trabajadoras expusieron que en los últimos dos meses las violencias en su contra ocurrieron principalmente en las instalaciones de trabajo (79 por ciento) y en un porcentaje de 11.5 fueron en las calles, parques o lugares públicos cercanos al trabajo.

 

SIN DENUNCIAS

 

El Inegi reveló que 36.5 por ciento de las trabajadoras mexicanas  que son violentadas en su trabajo no cuentan lo ocurrido a nadie; a esto se suma que 91.2 por ciento de las 3 millones 579 mil 054 mujeres que han sido agredidas no presentaron denuncias al respecto frente a alguna autoridad ni pidieron ayuda a alguna institución.

 

Sólo 208 mil 328 de ellas presentaron denuncias ante alguna autoridad es decir, 5.3 por ciento de ellas. Las cifras demuestran que la violencia parece estar normalizada en un porcentaje alto de las trabajadoras  ya que 41.1 por ciento de las que fueron violentadas afirmaron no realizar denuncias porque prefirieron no darle importancia.

 

La segunda causa para no denunciar es la falta de información sobre las instancias a las que pueden acercarse y el proceso que debe seguirse: 717 mil 475 trabajadoras (20 por ciento) no denunció por esta causa.

 

PERFIL DE LAS TRABAJADORAS

 

El Inegi expuso que en el último año las mujeres encuestadas ejercieron principalmente en “actividades elementales y de apoyo” (27.7 por ciento) y como profesionistas y técnicas (19.6 por ciento de ellas). Estos puestos, que concentran a la mayor cantidad de mujeres, son los que registran los porcentajes más altos de discriminación laboral.

 

La Endireh también reveló que los cargos en donde menos se encuentran siguen siendo los de funcionarias, directoras y jefas, solo 4.2 por ciento de ellas ocupó estos puestos.

 

La falta de mujeres en los cargos más altos se explica en un contexto donde las principales discriminaciones a las que se enfrentan son contar con menos oportunidades que un hombre para ascender (10.4 por ciento de ellas) y  laboran con un sueldo menor al de sus compañeros hombres por hacer el mismo trabajo (en 8.9 por ciento de los casos).

 

Resalta que la violencia laboral alcanza a todos los grupos de edad, principalmente a las mujeres de 25 a 34 años, donde se concentraron 32 por ciento de las agresiones laborales; siguieron las trabajadoras de 34 a 44 años con 29 por ciento y las mujeres de 15 a 24 años de edad se registraron 28.7 por ciento de los casos. 

 

17/MMAE








ESTADOS
VIOLENCIA
   En 26 de cada 100 tíos y padres los agresores: Endireh
4.4 millones de mexicanas vivió violencia sexual en la infancia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/09/2017

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) reveló que cerca de 4.4 millones de mexicanas fueron víctimas de violencia sexual en la infancia e identificaron que en 26 de cada 100 casos el agresor fue su tío o su padre.

Entre los incidentes de violencia sexual de los cuales fueron víctimas las mexicanas cuando tenían menos de 15 años de edad –que pudo ser más de uno-, 68 por ciento denunció que las obligaron a tocar sus partes íntimas o las de otra persona. En tanto, 42 por ciento dijo que la forzaron a tener relaciones sexuales.  

El Estado de México se colocó como la entidad federativa con la mayor cantidad de casos de violencia sexual en la infancia de las mujeres (16 por ciento del total), seguida de la Ciudad de México (9 por ciento), Jalisco (8 por ciento), Veracruz (6.8 por ciento) y Puebla  con un 4.9 por ciento de incidencia.

Por  primera ocasión el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi), encargado de realizar el censo, integró la violencia experimentada en la infancia de las mujeres como una de sus categorías, y la violencia obstétrica.

VIOLENCIA SEXUAL EN EL HOGAR

Con ello la Endireh expuso que la violencia sexual contra las mujeres en su infancia ocurrió con frecuencia dentro de su entorno familiar o por personas conocidas; además de los tíos y padres, un 24 por ciento señaló al hermano y al primo como el agresor (8.4 por ciento y 15.7 por ciento respectivamente).

En el resto de los casos, 6.3 por ciento dijo que fue el padrastro, 3.7 por ciento refirió que fue el abuelo, y 16 por ciento indicó que fue un vecino quien las agredió sexualmente.  

Otra de las situaciones de violencia sexual que experimentaron las mujeres cuando eran niñas por parte de estos agresores, fue que las obligaron a mostrar sus partes íntimas o mirar a otra persona.

También denunciaron que  las sometieron a mirar escenas o actos sexuales (a través de fotos, revistas, videos, o películas de pornografía).

De estas agresiones que reportaron las mexicanas, 2.2 millones ocurrieron en zonas urbanas, el resto 2 millones, sucedió en zonas rurales como una ranchería, pueblo o comunidad pequeña, estima el Inegi.

Cabe recordar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en su diagnóstico sobre violencia sexual calcula que en el país se cometen 600 mil delitos sexuales al año, en 40 por ciento de los casos la víctima es menor de edad.

VIOLENCIA EMOCIONAL Y FÍSICA EN LA INFANCIA

Además de los incidentes de violencia sexual en la infancia, el Inegi contempla también la violencia emocional y física dentro los indicadores.

A partir de ello, reporta que aproximadamente 15 millones de mujeres vivieron violencia física cuando eran menores de 15 años y 8.3 millones indicó que fue víctima de violencia emocional; los mismo estados (Edomex, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Puebla) se mantuvieron con la mayor cantidad de denuncias.

17/HZM








NACIONAL
   Gritos, regaños e imposición de métodos anticonceptivos la constante
   
En cinco años, 2.9 millones de mexicanas vivieron violencia obstétrica
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/08/2017

En los últimos cinco años en México 2.9 millones de mujeres entre los 15 y 49 años de edad que tuvieron un parto fueron víctimas de algún tipo de maltrato físico o psicológico por parte del personal médico que las atendió, reportó la Encuesta Nacional sobre Dinámicas en las Relaciones sobre los Hogares 2016 (Endireh).
 
Por primera vez, la encuesta quinquenal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) incluyó la violencia obstétrica (abusos de los médicos de servicios sanitarios durante el embarazo, parto y puerperio) como parte de los indicadores de las formas de violencia contra de las mujeres donde destacan el Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro, con más incidencia de casos.
 
El Edomex fue el que registró más número de nacimientos y denuncias de maltrato en la atención obstétrica. De los más de un millón de mujeres que tuvieron un parto de 2011 a 2016; 39.5 por ciento denunció algún agravio por parte del personal de los servicios de salud.
 
En el país las embarazadas en labor de parto fueron víctimas de gritos, regaños y falta de atención inmediata durante el parto: 21.5 por ciento del total, indica la Endireh.
 
La violencia obstétrica también contempla como abuso a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, aplicar anticonceptivos o esterilización sin el consentimiento de las pacientes. De acuerdo con Inegi, 4 de cada 100 mujeres dijo que les fue colocado por personal médico un método anticonceptivo sin preguntarles y 9 de cada 100 señaló que la presionaron a aceptar la operación para ya no tener más hijos o hijas.
 
De los abusos reportados por las 2.9 millones de mujeres, 40.8 por ciento indicó que se cometieron en hospitales o clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 38.7 por ciento en clínicas públicas locales y un 29.8 por ciento en unidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
 
Esto, a pesar de que desde 2016 se reformó la Norma Oficial Mexicana (NOM-007-SSA2-2016) “Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida”, y obliga al personal médico a atenderlas con un sentido ético, de calidad y respeto a sus DH, así como tener el consentimiento informado de las mujeres.
 
Sin embargo a lo largo de la República sólo 11 de las 32 entidades federativas cuenta en sus leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la definición de la violencia obstétrica como delito (Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México).
 
CÉSAREAS INNECESARIAS Y FORZADAS
 
La Endireh 2016 destaca que en cinco años, a 43 de cada 100 mujeres les fue practicada una cesárea, situación que triplica las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (la tasa ideal de cesáreas debe oscilar entre 10 y 15 por ciento) porque en comparación con un parto vaginal, aumenta tres veces el riesgo de que las mujeres mueran, se enfermen o que el producto tenga problemas respiratorios al nacer.
 
La preocupación radica también, que al 10 por ciento de las 3.7 millones mujeres que tuvieron un parto por cesáreas no les fue informada la razón médica por las que fue practicada, y a 9 de cada 100 mujeres ni siquiera les pudieron su autorización para realizarla.
 
17/HZM








OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
Iniciativa ataca violencias contra las mujeres en Sonora
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 24/05/2017

La semana pasada, la 61 Legislatura dictaminó y aprobó en el Pleno una iniciativa de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora.
 
Campañas más cortas, prohibir los pendones y espectaculares, igualdad sustantiva para lograr la paridad de géneros, y prohibir la violencia política contra las mujeres, son algunas de las propuestas que contiene la reforma.
 
A su vez, la diputada del Partido Acción Nacional, Sandra Mercedes Hernández Barajas, presentó un punto de acuerdo, con el objetivo de exhortar a que las policías atiendan sin pretextos a las mujeres que pidan ayuda por estar sufriendo violencia.
 
El exhorto lleva como propósito que los titulares de la Policía Estatal Investigadora (sic) y Policía Preventiva y Tránsito municipal,  obliguen a sus elementos policiacos  a atender “sin excusa alguna” las llamadas de emergencia que hagan las mujeres que manifiesten ser víctimas de violencia intrafamiliar (sic) y que cuenten con una orden de restricción otorgada por un Agente del Ministerio Público o un juez penal.
 
Ambas disposiciones aprobadas atienden a una situación insostenible en la que las mujeres son blanco de la violencia, desde el ámbito familiar, hasta el contexto político-electoral.
 
Dictaminada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la iniciativa de la Gobernadora enfatizaba el compromiso de cumplir con la participación paritaria de hombres y mujeres en los procesos de elección de mayoría relativa y representación proporcional, así como el cumplimiento de la paridad de género vertical y horizontal.
 
Que no exista la posibilidad de interpretaciones que pretendan anular o disminuir tal derecho, sea mediante algún tipo de acuerdo o disposición reglamentaria, argumenta.
 
La propuesta se sustenta en los compromisos internacionales respecto de los derechos de las mujeres, y a los principios de justicia social y a una lógica redistributiva del poder formal en razón de género.
 
Igualmente, se destaca la jurisprudencia 7/2015, la cual se pronuncia en el tema de la paridad vertical y horizontal.
 
Se debe asegurar la paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en igual proporción de géneros.
 
Por una parte, desde de un enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado Estado. A través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de género, explica.
 
Aunado a ello, se considera imperante regular la prohibición de la violencia política contra las mujeres.
 
Para lograrlo, la nueva reforma aprobada especifica que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, establecerá un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, con el objetivo de orientar a las instituciones ante situaciones que se presenten.
 
Eso facilitará la implementación de obligaciones internacionales, así como dar estricto cumplimiento de debida diligencia.
 
Específicamente, el Artículo 5 está dedicado a ese tema, exponiendo que queda prohibido cualquier tipo de violencia política hacia las mujeres, así como realizar acciones u omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
 
Por otra parte, el exhorto propuesto por la diputada Hernández representa un reclamo expreso hacia la forma en que se desestiman los llamados de auxilio de las mujeres que cuentan con orden de restricción contra su agresor reportado o denunciado por ellas.
 
Se sustenta en cifras de INEGI, que entre otras, coloca a Sonora como el primer lugar en violencia en el noviazgo en el país, pero también en asesinatos de mujeres se ubica por encima de la media nacional con 3.8 por cada mil mujeres.
 
Argumenta que la orden de protección (OP) de emergencia aludida en la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia tiene una temporalidad no mayor de 96 horas y debe expedirse dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.
 
El documento critica a las agencias del Ministerio Público, pues cuando las mujeres acuden a presentar una querella por  violencia intrafamiliar (sic), pasan un “viacrucis” para ser atendidas, y con el argumento de que para emitir la OP debe de haber una “justificación grave”, minimizando las amenazas o golpes y casi les piden que lleguen “sangrando por una herida”.
 
“El actuar de los elementos policiacos ante ese tipo de casos, resulta reprochable” ya que por el solo hecho de que la pareja de la víctima se le haya restringido acercarse a su domicilio, su trabajo o donde quiera que ande, es una violación a una determinación de una autoridad, por lo que debe ser detenido inmediatamente.
 
Todo ese panorama desestimula que las mujeres quieran denunciar, ya que no hay sensibilidad ni aplicación de la ley.
 
Con ese acuerdo, el Congreso de Sonora está visibilizando por fin una de las denuncias más frecuentes de las mujeres, que consiste en que, por una parte, se les niegan las órdenes de restricción y, por otra, cuando ya la tienen, ésta no se hace efectiva.
 
Ambas disposiciones revelan la necesidad de que las instituciones involucradas se auto-perciban como un sistema. Abona también a la documentación de las violencias que se ejercen en contextos antes inexplorados, como son el electoral y el institucional. De nuevo podemos hablar de que hay normas para invocar, ojalá también sean para aplicar.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG 








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Escasa aplicación de leyes e impunidad de agresores
Violencia sexual y embarazo infantil, ignorados en México y AL
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/05/2017
La violencia sexual y el embarazo infantil sigue siendo ignorados por los Estados Latinoamericanos que son parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia y prueba de ello son los 2 millones de partos de niñas menores de 15 años que hay anualmente en el mundo, América Latina y el Caribe, la única región donde los casos aumentaron y donde se prevé que sigan creciendo hasta el 2030.
 
Así lo afirmó la Organización de los Estados Americanos (OEA), basada en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su más reciente estudio titulado “Informe hemisférico sobre violencia sexual y embarazo infantil en los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará”, publicado el pasado 24 de marzo en el sitio web del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
En el estudio, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) destaca que las niñas y adolescentes en América Latina y El Caribe representan más del 20 por ciento de la población, por lo que urgió a trabajar en políticas públicas en pro de los derechos de esta población, en un contexto donde, de acuerdo a cifras de la OMS citadas en el informe, en América Latina una de cada cinco mujeres asegura haber sufrido abuso sexual en la infancia.
 
Además, resaltó el MESECVI en el informe realizado con el objetivo de dar seguimiento a lo planteado en la Convención de Belém do Pará (1994), la violencia sexual contra las niñas y adolescentes es también del tipo estructural, porque los Estados siguen sin garantizar una vida libre de violencia para este sector.
 
Las niñas y adolescentes siguen siendo obligadas a continuar con su embarazo por prohibiciones legales de la interrupción del embarazo y por la falta de información otorgada a las víctimas; además, existen legislaciones que perpetúan los estereotipos de género y no hay protocolos de actuación en países donde el aborto es legal. 
 
MÉXICO EN CIFRAS
 
En México, según el Informe Hemisférico, de 2013 a 2016, la tasa de mortalidad materna infantil fue de 55 niñas de 10 a 14 años por cada 100 mil; mientras que de las menores de 15 a 19 años de edad fue de 27 por cada 100 mil. 
 
En cuanto a maternidad infantil, la tasa de nacimientos en 2013 fue de cinco por cada mil niñas de 10 a 14 años; y entre las menores de 15 a 19 años se registraron 66 embarazos por cada mil mujeres en ese rango de edad.
 
Respecto al aborto, en 2012 México reportó una tasa en niñas y adolescentes del 24 por ciento. En el mismo año los nacimientos de madres niñas y adolescentes de 10 a 19 años representaron 19.4 por ciento de los ocurridos en el país.
 
Para el 2014, México registró 196 embarazos en niñas de 10 años, 230 en niñas de 11 años, 425 en niñas de 12 años, mil 730 en niñas de 13 años y 8 mil 422 embarazos en niñas de 14 años, de acuerdo a Estadísticas de natalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) citadas en el informe. 
 
Si bien entre los países estudiados México destaca por contar con  la normativa NOM-046 que establece los criterios para la prevención y atención de casos de violencia sexual, así como los servicios de aborto médico conforme a las legislaciones de cada entidad federativa para casos de embarazo por violación, el Informe expuso que aún hay carencias en su aplicación.
 
Lo anterior se derivó, por ejemplo, de que el “Manual de Procedimientos para la Interrupción Legal del Embarazo” en las unidades médicas de la Ciudad de México no presentan información ni medidas de atención a mujeres adolescentes ni a niñas menores de 14 años.
 
DEBILIDAD DEL MARCO JURÍDICO
 
Otro aspecto destacado por el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará en el informe es que, de 2013 y 2016, es común la ausencia de información y estadísticas en cuanto a justicia para quienes violentan sexualmente a niñas y adolescentes.
 
En los países latinoamericanos analizados, ninguno reportó información precisa sobre sentencias aplicadas en relación a los delitos de violencia sexual contra niñas de hasta 14 años. Y sólo cinco países de la región -Argentina, Colombia, Guatemala, México y Panamá- dijeron tener Protocolos de atención en Justicia especializados en este sector, pero ninguno de los Estados, ni los que tienen protocolos, informaron sobre la formación de personal especializado en atender a las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.
 
En el informe, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención asegura que existe una “debilidad del marco jurídico” en cuanto a derechos sexuales y reproductivos de las niñas.
 
17/MMAE/GG








Subscribe to RSS - Inegi