NACIONAL
VIOLENCIA
   Adivac atiende 500 casos semanales
Víctimas de violencia sexual desconfían de autoridades y van a OSC: Laura Martínez
Imagen de saeso.com
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/05/2017 Las personas que vivieron una violación sexual o cualquier otro delito de este tipo, no denuncian ante los Ministerios Públicos especializados en violencia sexual, ya que desconfían de las instituciones de justicia y temen ser revictimizadas, pero sí acuden a organizaciones civiles, que se han vuelto una opción para que sean atendidas ante un Estado que incumple. 
 
En una de esos organismos civiles es la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), que atiende 500 casos semanales de mujeres y niñas que fueron víctimas de algún delito sexual. Su directora, Laura Martínez Hernández, explicó a Cimacnoticias que esta cifra es el subregistro de quienes no denuncian debido a “la burocracia y a la falta de una atención de las autoridades responsables”. Por eso, llegan aquí, dijo, a instancias que no tienen nada que ver con la Procuraduría”.
 
De las 10 personas que denuncian una violación u otro delito sexual ante las Procuradurías de Justicia locales, en 2 casos sí procede el delito y tal vez, dijo la especialista, en uno hay sentencia. Este índice demuestra la falta de justicia para las víctimas, indicó Martínez.
 
La fundadora de la Asociación, señaló en entrevista que desde los 27 años de experiencia que tienen la organización en el tema, observan que el problema empieza desde que las personas acuden al MP a levantar una denuncia. El tiempo mínimo para que esto suceda es de 8 horas, el máximo 12. “Este no es un procedimiento que sea corto, ni que esté tomando en cuenta que la persona se encuentra mal emocionalmente”, indicó.
 
La contención emocional y el chequeo de la salud de una persona que acude a las Agencias especializadas es fundamental, explicó Martínez Hernández. El primer paso –e inmediato- es que a se les brinde a las víctimas anticoncepción de emergencia para prevenir enfermedades de transmisión sexual y constatar que no tiene lesiones físicas.
 
A largo plazo se debe continuar el acompañamiento y seguimiento del protocolo de atención, continuó la también psicóloga. El chequeo de que la víctima no le fue transmitida alguna enfermedad sexual debe ser a partir de una revisión periódica (cada tres meses durante un año). Al término se debe proseguir con la atención psicológica, indicó.
 
Pero esto no sucede, aseguró la especialista, “no se hace, no se les da como atención urgente, las dejan esperando por mucho tiempo”. Para quienes sean atendidas, serán transferidas a una clínica de salud, después tendrá que regresar a continuar con la declaración. “Es la burocracia lo que hace que las personas se cansen de continuar con la denuncia”, señaló Hernández.
 
Una solución, propuso la especialista, es que los servicios jurídicos y legales se concentren en una sola instancia, que sea capaz de brindar un modelo de atención integral; médica, legal, psicológica y atención a familiares.
 
“Eso es lo que se necesita una institución que brinde todos estos espacios en el mismo lugar, para un buen abordaje real”, y no de manera diferenciada y descoordinada como se tiene hasta ahora, añadió.
 
DESESTIMAN DECLARACIÓN
 
El siguiente obstáculo se presenta cuando las víctimas dan su declaración, porque “es muy difícil que se levante bien la denuncia”, dijo la directora de Adivac, la falta de conocimiento, estigmas y sensibilización por parte del personal de las Agencias Especializadas, hace que muchas denuncias sean desestimadas y no procedan, dando paso a la impunidad.
 
Por ejemplo, comentó Laura Martínez, cuando declaran las mujeres que vivieron una violación sexual no se interpreta y contextualizan la situación que enfrentaron, “declaran cosas como ‘dejé que me bajaran los pantalones o el vestido” cuando se están dejando porque las están amenazando”.
 
“Los funcionarios públicos deben de tener una sensibilización y capacitación que realmente les muestre a ellos cómo atraviesa una persona la violencia sexual, si no lo identifican ellos, entonces no van a poder dar una buena atención”, declaró la especialista.
 
PRUEBAS
 
Pero la falta de especialización no sólo se da en el rubro de atención, dentro de los MP continua al momento de la investigación. La directora de Adivac dijo que a partir de los casos que han acompañado, observan que las personas encargadas en investigar que se cometió el delito no están especializadas, lo que obstaculiza el acceso a la justicia.
 
El personal encargado de realizar el peritaje médico y psicológico que compruebe que la mujer o niña fue víctima de algún tipo de delito sexual, no está especializado “Al hacer el peritaje te piden una cierta especialización en el tema y nadie la tiene. Por ejemplo, igual un psicólogo que trabaja con adultos que vivieron violencia sexual, atiende a menores de edad, no hay manera de que estén especializados”.
 
La misma organización, ha brindado capacitaciones a funcionarios y el personal público, incluso ha tratado que su personal colabore en las Agencias, destacó Martínez Hernández. Pero las autoridades se niegan a dar continuidad a los modelos de atención, se transfiere el personal con cada cambio de gobierno, lo que impide tener avances reales en la materia, señaló la especialista. 
 
Ante este contexto y un Estado que no invierte en la atención a víctimas de delitos sexuales, se plantea como clave el trabajo de instituciones como Adivac, afirmó su directora, y pese a la falta de recursos para atender a familias enteras y además pagar a su personal, “sigue existiendo”.
 
“Por eso nosotros no hemos desaparecido, porque es un delito que sucede, porque la misma gente es la que hace que sigamos trabajando aún sin el apoyo del sistema”, concluyó Laura Martínez.
 
17/HZM/GG







NACIONAL
SALUD
   Para no verse afectados en Edomex
Por cálculo electoral, PAN y PRI abandonan debate sobre NOM 046
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2017 Los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) desistieron el debate sobre la inclusión de la norma que establece los criterios para la interrupción legal del embarazo en casos de violación (NOM 046), en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque preocupó el impacto de esta decisión en el proceso electoral del Estado de México, afirmó la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón Castillo.
 
Este 21 de marzo, la Comisión de Igualdad de Género informó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que retiraba el dictamen para incluir en la Ley General de Acceso una referencia a la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46), que permite el aborto en casos de violación sexual.
 
La diputada por el PRD dijo en entrevista que esta decisión pudo ser de tinte electoral. “Creo que hay una preocupación estrictamente de carácter electoral, por la percepción social, equivocada, del PRI por el proceso electoral en el Estado de México”.
 
De acuerdo con Aragón –quien ha destacado por su interés legislativo en los derechos de las mujeres-, las diputadas del PAN y el PRI fueron las que firmaron el dictamen e hicieron mayoría para retirarlo del pleno, porque no querían salir dividas. Pero además hubo una injerencia de las diputadas del Partido Encuentro Social (PES) quienes, aunque tenían derecho de expresar sus opiniones, mintieron sobre el tema y “calentaron los ánimos”, diciendo que se votaría el aborto.
 
DEBATE MANIPULADOR, FALSO
 
“¿Cuál fue el debate? Fue un debate falso, manipulador, oportunista, que hizo la derecha, encabezada por las diputadas del PES en los medios de comunicación, en el que presionaron a las diputadas y diputados de todas las fracciones con correos de todas las iglesias y grupos de derecha. Se contaminó indebidamente el tema que no estaba a discusión: el derecho a abortar de quienes son víctimas de violación”, dijo.  
 
Por si fuera poco, agregó, el debate se enrareció porque hay diputados a quienes no les gusta leer y a quienes les asusta el clero, ya que sólo se miran en las encuestas. “Con ese cálculo electoral resolvieron que lo mejor era retirar la iniciativa. Nosotros lo dijimos, es una decisión de la mayoría del PRI y del PAN en esta Cámara”. 
 
NOM 046, VIGENTE
 
La legisladora señaló que la NOM 046 es vigente y no se modificó pero destacó que a propuesta de las diputadas del PRI, Laura Nereida Plascencia Pacheco y Erika Araceli Rodríguez Hernández, la Comisión de Igualdad pretendía presionar a la Secretaría de Salud para que aplicara la Norma porque el número de embarazos por violación es alto y al parecer las acciones son omisas.
 
“Es una iniciativa del PRI que no tenía mucho sentido. A mí me lo preguntas y francamente te digo, ¿para qué metes algo que ya esta ley y una norma que no está en discusión?”.
 
Ahora, señaló,  se debe llamar al secretario de Salud, José Narro Robles, a comparecer y presentar información sobre el tema, que diga en qué entidades se dan casos de embarazo por violación y qué está haciendo la dependencia de acuerdo con la NOM 046, para que las diputadas conozcan si el delito de violación sexual es sancionado y si las víctimas pueden acceder al aborto.
 
Aseguró que las diputadas del PRD y de Movimiento Ciudadano van juntas en esta petición para que Narro Robles comparezca ante la Comisión de Igualdad de Género y la Comisión de Salud.
 
17/AGM/GG
 







NACIONAL
Aborto
   Reforma solo afinaría NOM 046
ILE por violación está vigente y no se discute su existencia: GIRE
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/03/2017 El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) afirmó que el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, que pretende reformar tres artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no modifica en ninguna entidad del país el acceso al aborto en casos de violación.
 
A propósito de la eventual reforma a la Ley General, GIRE aclaró en un comunicado que, independientemente del resultado de la discusión del dictamen en la Cámara baja, el aborto por violación es y permanecerá legal en todo el país.
 
Desde el 9 de marzo, se discutiría este dictamen, pero se aplazó por falta de consenso sobre la redacción que reforzaría la implementación de la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 (NOM 046), la cual responsabiliza a los servicios de salud para garantizar la interrupción del embarazo a las víctimas de violación sexual.
 
La reforma modificaría tres artículos de la ley: el 46, para decir que corresponde al Sistema Nacional de Salud la capacitación del personal de salud sobe la NOM 046; el 49 para señalar que las entidades y la Ciudad de México deben capacitar en esta materia; y el 50 que señalaría que corresponde a los municipios promover y difundir la aplicación de la misma.
 
Al respecto, GIRE destacó que el ambiente generado en la Cámara de Diputados a raíz del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género ha confundido a la opinión pública respecto al acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) en caso de violación sexual.
 
CORRECTA AFINACIÓN
 
Es por ello que la organización aclaró que el objetivo del dictamen es impulsar una serie de medidas para que la Secretaría de Salud garantice que la NOM, que se refiere a la atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, se aplique correctamente, y que las entidades brinden la adecuada atención a las víctimas de violencia sexual, incluyendo el acceso a aborto legal.
 
La Comisión de Igualdad de Género, destaca la agrupación, busca que las entidades federativas tengan programas de capacitación y evaluación al personal, así como que los municipios puedan promover y difundir la aplicación de la NOM 046, por lo que la votación de este dictamen no cambia en nada la legalidad del aborto en casos de violación sexual.
 
El aborto por violación es legal en todas las entidades federativas y es obligación garantizar que las niñas y mujeres que han sufrido violencia sexual tengan acceso sin que éste se condicione a la presentar una denuncia en el Ministerio Público o autorización de cualquier autoridad.
 
“Insistimos: el aborto por violación es legal en todo el país. Así está establecido en la NOM 046, en los códigos penales de todas las entidades federativas, en la Ley General de Víctimas y en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica”, informó GIRE.
 
17/AGM/GG
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Y atender a víctima de Jeremías Marquines
OSC exigen a Astudillo aplicar la ley contra agresor sexual
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/03/2017 Organizaciones civiles demandaron al gobernador de Guerrero,  Héctor Astudillo, que garantice una investigación apegada a la ley en el caso de agresión sexual cometida contra Glafira Morales Suástegui, por Jeremías Marquines Castillo, director del medio Bajo Palabra. 
 
En un comunicado, las organizaciones Zihuame Xotlametzin, Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Guerrero, Aliadas por la Justicia y Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, entre otras, pidieron una investigación exhaustiva en averiguación 12030270200037/1101/17 del 11 de enero de este año.
 
Dice la petición: “Señor Gobernador: Le solicitamos instruya a quien corresponda para que se proporcione la atención integral mandatada en la Ley 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Guerrero para la señora Glafira Morales Suástegui, e intervenga en el seguimiento  puntual y adecuado”.
 
En el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, las organizaciones demandan que la autoridad investigadora esclarezca el caso y garantice impartición de justicia pronta y expedita para ella y para todas las víctimas; y exigieron que el Estado garantice el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.
 
El pasado primero de marzo, Glafira dijo en conferencia de prensa  que el pasado 5 de enero fue atacada sexualmente por Jeremías Marquines Castillo, quien es su yerno y a quien denunció  el 11 de enero ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Informó también que médicos legistas de esa institución emitieron dictámenes que confirman la agresión.
 
La prensa local también difundió que a la fecha el inculpado sigue libre y que ha iniciado una campaña de desprestigio contra Morales Suástegui y contra su familia. 
 
17/AGM/GG







INTERNACIONAL
Aborto
   La interrupción del embarazo representa la tercera causa de muerte en el país
Rechazan legalizar el aborto en República Dominicana
Archivo CIMACFoto
Por: Mercedes Alonso Romero
Cimacnoticias/SEMlac | Santo Domingo, RD.- 19/12/2016 El Senado de República Dominicana aprobó de emergencia el proyecto del Código Penal en el que mantiene la criminalización del aborto, producto de una violación sexual, incesto y por malformación.
 
Grupos de feministas e integrantes de la Asociación Nacional de Enfermería se manifestaron ante esta exclusión de propuesta que fue enviada por el Poder Ejecutivo en el año 2014. “Como ciudadanos y ciudadanas rechazamos tajantemente este nuevo agravio a los derechos de las mujeres y niñas”.
 
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres entregó a SEMlac un documento en el que reclama al gobierno dominicano el cumplimiento de los acuerdos firmados.
 
El propósito es erradicar la violencia en contra de las mujeres, especialmente la que se ejerce  a través de violación sexual, incesto o por malformación. “La interrupción del embarazo, al menos en estas situaciones, es un asunto claro de salud pública y de reducción de muertes maternas”.
 
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres está integrada por 78 organizaciones diversas, que defienden la salud, los derechos de las mujeres, de trabajadores y trabajadoras; así como los de la población campesina.
 
El pasado 5 de octubre, la Coalición ofreció una conferencia titulada: “Por el derecho a la vida y salud de las mujeres”, donde dio a conocer las altas tasas de mortalidad materna, asociada con abortos clandestinos, que se realizan en condiciones inseguras.
 
Se estima que en República Dominicana cada año se realizan alrededor de 90 mil abortos inseguros y más del 13 por ciento deriva en muertes maternas. (Representa la tercera causa de mortalidad en el país).
 
Los abortos son practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad; recaen sobre todo en mujeres pobres y jóvenes.
 
16/MAR/KVR/LGL







ESTADOS
   Máxima instancia de justicia ignora pruebas y da razón al juez
Revés en caso Citlali, Supremo Tribunal de Justicia considera estupro y no violación
Foto: Lorenia Valles
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 29/09/2016 El Supremo Tribunal de Justicia de Sonora ratificó la decisión del juez sexto de primera instancia de lo penal Jesús Manuel Ibarra, de reclasificar el delito de violación a estupro en el caso la niña Citlali, víctima de violación sexual en la costa de Hermosillo, en mayo pasado.
 
La asesora de víctimas Noelia Escoboza Chan, informó que ya fueron notificados de la resolución del Supremo Tribunal, cuyo sentido es negativo para la niña ya que ratifica la reclasificación y con ello, avala la serie de irregularidades que se cometieron con el caso.
 
La abogada explicó que el Primer Tribunal analizó los elementos de la investigación casi en el mismo sentido que el juez, y finalmente decidió que éste tuvo la razón al reclasificar el delito de violación agravada a estupro.
 
Cabe recordar que el día de la agresión sexual contra Citlali-cometida por un compañero de trabajo de su padre-el Ministerio Público que recibió la denuncia, consignó por el delito de violación agravada, de acuerdo a las pruebas médicas y testimoniales; sin embargo, el juez de primera instancia resolvió reclasificar el delito pues consideró que hubo consentimiento de la víctima, pese a que se demostraron las lesiones y otros elementos que acreditaron la violación sexual.
 
La litigante Escoboza Chan, dijo que aunque de alguna manera esperaban esta resolución, interpondrán un amparo indirecto en contra de la misma, y esperan que al ser una instancia federal la que resuelva, lo haga con mayor objetividad y resuelva en otro sentido pues “no le rinden cuentas a las autoridades del estado de Sonora”, dijo.
 
“Es muy difícil esperar que el tribunal reconozca errores de sus jueces, ya que éstos pertenecen al mismo poder judicial y rinden cuentas al mismo estado, de entrada es difícil”, lamentó.
 
Escoboza Chan manifestó su preocupación de que si se resuelve que es estupro, al agresor se le revierte la prisión preventiva, y podrá pagar una fianza para salir en libertad.
 
Comentó que en sus antecedentes se encontró que “su actual pareja” tiene 16 años de edad y ha procreado dos hijos con ella, por lo que indica que su “relación” inició cuando ella tenía la edad de Citlali (13 años), mientras que él era ya un adulto, sostuvo la abogada.
 
Otra de las preocupaciones es que si sale libre, regrese al poblado y que intente algún tipo de represalia contra Citlali o contra su padre, quien la ha apoyado en todo momento.
 
La abogada expuso el caso en el contexto del 28 de noviembre, Día de acción global por un aborto legal, seguro y gratuito, durante su participación en la mesa de análisis: Violencia sexual en Sonora, las repercusiones del caso Citlali.
 
El foro realizado en El Colegio de Sonora, reunió a académicas y activistas que hablaron sobre Apropiación histórica del cuerpo de las mujeres; Violencia sexual en Sonora y Alerta de Género; las cifras de la violencia sexual en Sonora; y el análisis jurídico global ante los instrumentos internacionales, legislación nacional y local.
 
En ese contexto, las integrantes del Observatorio Feminista Clara Zetkin, entregaron un reconocimiento a la licenciada Noelia Escoboza Chan por “Su valentía, coraje y oportuno acompañamiento jurídico, valiosísimo para facilitar el ejercicio de los Derechos Humanos de la niñez en situación de vulnerabilidad, como ocurrió con la niña Citlali”.
 
16/SNE/LGL







OPINIÓN
Interrupción Legal del Embarazo en México
   MUJER SONORA
El efecto Citlali
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Sonora.- 23/08/2016 No ha pasado ni un mes de que explotó el caso Citlali, la niña de 13 años de edad que tuvo un embarazo producto de una violación sexual, y ya se expandió por el mundo. Tuvo su origen en el poblado Miguel Alemán, comisaría perteneciente al municipio de Hermosillo, Sonora.
 
Territorio de migrantes, mayormente indígenas de diversas etnias. Unos vienen a las pizcas, terminan y se van. Otros encuentran en ese poblado un hogar que los acoge para ser jornaleros agrícolas en forma permanente o en algún otro oficio que les dé para vivir, asentados en un solo lugar, dejando un tiempo su vida nómada en busca siempre del sustento a través de la movilidad.
 
Ahí nació Citlali, así la bautizamos cuando hicimos la primera nota en donde dábamos a conocer que en Sonora una niña de 13 años fue agredida sexualmente por un compañero de su padre y que, como producto, tuvo un embarazo forzado.
 
Denunció el mismo día del ataque, pero el Ministerio Público nunca le informó que, si así lo decidía ella, podrían suministrarle la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia (PAE), de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-046 Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres.
 
Tampoco le informaron de la profilaxis para evitar infecciones de transmisión sexual (ITS). Todo está ordenado por la NOM-046, normatividad que establece quiénes son los responsables de cumplir la ley, incluido el personal médico que la atienda por la violencia sexual que sufrió.
 
Como nada de eso sucedió, no se aplicó la NOM-046, ni se siguió el protocolo de investigación de delitos contra la libertad y seguridad de las personas, vigente en Sonora desde el 16 de mayo de 2016.
 
Citlali presentó un embarazo producto de la violación, y entonces su lucha fue por lograr interrumpir el embarazo, y para que tuviera una sanción ejemplar al agresor.
 
NORMA BAJO OBSERVACIÓN

La noche del lunes 15 de agosto la pesadilla se presentó para otra joven. Fue en la colonia Las Quintas de Hermosillo en donde una adolescente de 16 años caminaba cuando fue atacada por un hombre que la golpeó en la cabeza hasta dejarla inconsciente para violarla.
 
La jovencita fue auxiliada por la gente que presenció su situación al verla tirada y semidesnuda, llamaron a los servicios de emergencia por lo que fue atendida de inmediato.
 
La directora del Hospital Infantil de Sonora siguió el protocolo que dicta la NOM-046 suministrando la PAE y los medicamentos correspondientes para evitar ITS.
 
Estos son los únicos casos que han requerido la necesaria aplicación de la NOM-046, pero son de los que nos hemos dado cuenta porque son tratados en los medios de comunicación, gracias a la denuncia pública de las propias víctimas.
 
El impacto del caso Citlali logró que, al sentirse observados, los operadores de justicia, así como los prestadores de servicios de salud, hayan tenido más cuidado en cumplir su responsabilidad. Pero no siempre fue así.
 
ANTES DE LA NOM-046
 
En enero de 2003, una situación similar ocupó planas recurrentes en algunos medios. Se trataba de una niña de diez años de edad, con ocho semanas de embarazo producto de una violación. Era una niña residente de Nogales, Sonora, en la frontera con Estados Unidos, que se ubica a 275 kilómetros de Hermosillo.
 
En esa ocasión los medios le daban seguimiento con titulares como: “Niña violada no puede abortar”, lo cual sustentaban con entrevistas a funcionarios y funcionarias que argumentaban que la interrupción del embarazo era un delito y que no había forma de cumplir con la causal no punible del Código Penal de Sonora, pues no estaban reglamentadas las causales no punibles.
 
La NOM-046 no existía en el universo jurídico argumentativo de quienes exponían, de acuerdo con nuestra legislación, la imposibilidad de practicarle el aborto a la niña.
 
Dos días después de ese titular vino otro: “Aborta niña violada, lo inmaduro de su cuerpo no soportó el producto”. Se produjo un aborto natural, una expulsión del embrión por el propio organismo de la niña. Una especie de alivio llegó a quienes daban seguimiento al caso, pues la injusticia en el ejercicio de derechos de la víctima, se había resuelto de forma natural.
 
DE PAULINA AL EFECTO CITLALI
 
En los casos más recientes, el de Citlali y el de la adolescente de Las Quintas en 2016 permitieron que, de un mes a otro, el cumplimiento de la norma se haya hecho presente sin restricciones.
 
El personal médico se apresuró a seguir los mandatos legales para proteger a la víctima de una segunda violencia como lo es un embarazo forzado, considerado como tortura, de acuerdo al Comité contra la Tortura de la ONU, que fundamenta así que se pueda prestar el servicio de aborto a la petición de la niña de Cananea en 2014, aunado a la Ley General de Víctimas y la propia NOM 046.
 
Sin duda es el efecto Citlali el que destapó la inoperatividad de la NOM-046, no obstante que la Secretaría de Salud haya reportado que casi en su totalidad el personal de salud del estado de Sonora estaba capacitado en la normatividad.
 
Citlali ya trascendió, mientras espera con su familia justicia por la agresión de que fue objeto en mayo pasado.
 
Paulina en 1999 y Citlali en 2016, ambas de trece años, las dos de origen indígena, pobres, mujeres,  niñas, han dejado un legado. Con su dolor han construido un marco legal: novedoso cuando ocurrió la agresión a Paulina; existente, pero inoperante cuando violentaron a Citlali.
 
Sin embargo, ambas han contribuido a que las y los responsables de aplicar la NOM 046, y quienes con su trabajo acercan la justicia a las víctimas, sean más cuidadosos en cumplir con las disposiciones a las que están obligados.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
16/SNE/GGQ







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