violaciones a Derechos Humanos

REPORTAJE
VIOLENCIA
   Ante CoIDH sostiene haber reparado daño a mujeres torturadas sexualmente
Niega Estado mexicano “tortura generalizada” en Atenco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San José, CR.- 22/11/2017

Como hace 11 años, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual de Atenco denunciaron los hechos de tortura sexual cometida en su contra por agentes de los 3 niveles de gobierno.

Ahora, frente a las y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y como hace 11 años, el Estado mexicano, a través de sus funcionarios, insistió en que los operativos obedecieron a un “enfrentamiento entre dos bandos: policías y manifestantes”, negó que hubo tortura generalizada y enfatizó que el daño a las mujeres se había reparado.

Durante las audiencias públicas realizadas este 16 y 17 de noviembre, en la sede de la CoIDH, en San José, Costa Rica, por el caso de tortura sexual contra 11 mujeres peticionarias de Atenco, la comitiva mexicana, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, trató de justificar el contexto de las violaciones sexuales.

Desde el jueves 16, cuando cinco de las 11 mujeres presentaron su testimonio oral para dar cuenta de que fueron detenidas de forma arbitraria, golpeadas, manoseadas y pellizcadas en senos, pezones, piernas, pubis, glúteos, ano y vagina, los funcionarios mexicanos trataron de “contextualizar” los hechos y aclarar que ya habían tomado medidas de reparación por este caso.

Incluso cuando el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo trató de dar un discurso sobre el respeto a los Derechos Humanos (DH), fue interrumpido por la abogada de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Florencia Reggiardo, quien lo objetó toda vez que en esa etapa del proceso solo se debían hacer preguntas a las sobrevivientes que declaraban.

Asimismo el director del Área de Casos de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Carlos Uriel Salas Segovia y la directora de Derecho Internacional de la Consultoría Jurídica de la misma dependencia, Karla Victoria Jones Anaya, cuestionaron a las víctimas si conocían los informes donde ofrecieron medidas para reparar el daño.

Para afianzar esta posición, el viernes 17 el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo destacó que había 52 policías “consignados” y que en una audiencia realizada el 14 de marzo de 2013 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció violaciones a DH y negó que el caso Atenco ocurriera en un contexto de “tortura generalizada”.

También dijo que, de acuerdo con una investigación realizada en 2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hubo y no hay elementos para juzgar a mandos superiores jerárquicos, no hubo una orden para violar DH y que el uso de la fuerza fue una acción legítima y legal, aunque reconoció que hubo “excesos”.

NUEVAS REPARACIONES

En voz del embajador, el Estado mexicano pidió que no se ordenen “nuevas medidas de reparación” adicionales a las propuestas por el gobierno mexicano, y acusó a la CIDH, organismo que envió el caso a la Corte, de incurrir en errores graves y violaciones procesales en este caso.

Como respuesta a los alegatos de la comitiva mexicana, las litigantes de Cejil y del Centro de DH Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acompañantes legales de las denunciantes, aclararon que ningún autor de los crímenes ha sido sancionado. La abogada del Prodh, Araceli Olivos Portugal, dijo que la información vertida era un ejemplo de la “retórica de la impunidad” para justificar la brutalidad policial de hace once años.

Para desmentir los dichos del Estado, la abogada Stephanie Erin Brewer precisó que la investigación de la SCJN, que no era penal, encontró que la violencia en los operativos policiales de Atenco fue tolerada por omisión por la cadena de mando, es decir, por los jefes de la policía que conocieron y toleraron los hechos.

Al contrastar las versiones, los jueces del alto tribunal, Humberto Antonio Sierra Porto, Roberto F. Caldas, Eduardo Vio Grossi, Eugenio Raúl Zaffaroni, Patricio Pazmiño Freire y la jueza Elizabeth Odio Benito, notaron una radical y distinta forma de ver los hechos.

Por esa razón una pregunta en la que insistieron fue saber si había o no responsables condenados. El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, tuvo que matizar los dichos y señalar que las 52 personas imputadas eran probables responsables y que en realidad no había ninguna condena.

El fiscal destapó la verdad negada cuando afirmó que en un principio hubo una sentencia por el delito de actos libidinosos que finalmente fue revocada. Además, dijo, de los 52 imputados, sólo 18 siguen en proceso. “No hay impunidad porque los procesos legales siguen”, consideró.

Los jueces pidieron que en la siguiente etapa, deberán enviar alegatos por escrito, las víctimas deberán informar por qué consideran que hubo una estrategia (avalada por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto) para ejercer tortura sexual ya que “una cosa es solicitar la intervención de la fuerza pública y otra masivas violaciones” y pidió al Estado informar cuántos policías participaron y cuántos civiles había, entre otros datos.

Las 11 mujeres de Atenco piden reparación para ellas pero también para evitar la repetición de los hechos. Es por ello que demandaron que se reconozca el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad que permite su repetición crónica.

En su camino hacia la justicia, Mariana Selvas Gómez; Georgina Edith Rosales Gutiérrez; María Patricia Romero Hernández; Norma Aidé Jiménez Osorio; Claudia Hernández Martínez; Bárbara Italia Méndez Moreno; Ana María Velasco Rodríguez; Yolanda Muñoz Diosdada; Cristina Sánchez Hernández; Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo; han encontrado más víctimas de tortura sexual, una técnica que consideran, se usa para desmovilizar a la sociedad, reprimir o fabricar culpables.

Por ello, durante tres años mantuvieron la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, que actualmente está integrada por 24 mujeres de diferentes regiones del país.

17/AGM/LGL








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Exigen medidas urgentes para frenarla
   
Una de cada cinco sudafricanas vive violencia
Imagen retomada de psicólogoshuanuco
Por: Ilsa Rodríguez Santana
Cimacnoticias/PL | Pretoria, Sud.- 05/09/2017

Pese al avance democrático en Sudáfrica en las últimas dos décadas y los numerosos programas en favor de las mujeres, la violencia de género se mantiene con altas tasas y especialistas recomiendan hoy tomar medidas adicionales urgentes para frenarla.

Un reporte del Centro para el Estudio de la Violencia y la Reconciliación (CSVT, por sus siglas en inglés) con respaldo de Oxfam Sudáfrica, ofrece detalles de este fenómeno que padecen una cada cinco sudafricanas mayores de 18 años y una cada tres de edades similares que viven en entornos de mayor pobreza.

Esas estadísticas realizadas por el Muestreo Demográfico y de Salud de Sudáfrica en 2016 son respaldadas por el Consejo de Investigación Médica, que en 2009 reportó que tres mujeres mueren cada día en este país en las manos de sus esposos, amantes o novios.

Bajo el título “Violencia contra la mujer en Sudáfrica, un país en crisis”, el documento de 80 páginas aborda los distintos ángulos de este serio problema que provoca una tasa de feminicidio/femicidio cinco veces más alta que la del mundo. Sudáfrica se destaca por índices superiores de violencia sexual.

Este panorama ocurre en un país que cuenta con fuertes legislaciones y políticas alineadas con las Convenciones internacionales de protección a las mujeres y de promoción de sus derechos, y con numerosas organizaciones de la sociedad civil que ofrecen sus servicios esenciales.

“No obstante, pese a las miles de protecciones legales e intervenciones del Estado y de asociados no estatales, Sudáfrica continúa experimentando extremadamente altas tasas de violencia. Esto eleva las preocupaciones sobre la seguridad humana vinculada a las mujeres en particular y al país en su conjunto”.

Sobre el tema, el informe agrega que esta situación hace preguntarse por qué la violencia contra las mujeres persiste en Sudáfrica y qué es necesario hacer para frenarla.

Al investigar el asunto, los especialistas confirmaron que las sobrevivientes de la violencia la experimentaron varias veces a lo largo de su vida.

Señalaron que estos actos están vinculados con relaciones de poder y se alimentan de vulnerabilidades, incluyendo discapacidades, dependencia económica, inequidades sobre bases de identidad y circunstancias personales de mujeres y niños.

Es por esta razón, que los estudiosos consideran que las estrategias para enfrentar esa violencia deben estar vinculadas intrínsecamente con alcanzar la igualdad de género de manera más generalizada y con la educación sobre el tema desde edades tempranas.

Dijeron que esa educación de niños y niñas para promover relaciones respetuosas y la igualdad de género es muy importante porque es mucho más fácil cambiar actitudes y comportamientos en la niñez y la juventud que en la adultez.

Otro aspecto que abordan para enfrentar esta violencia es incrementar el empoderamiento de las mujeres a través del fortalecimiento de sus actitudes empresariales y los derechos laborales, promover el acceso universal a la educación y ofrecerles financiamiento y control de esos recursos.

En esta batalla contra la violencia infligida a las mujeres por sus compañeros íntimos sugieren incorporar una amplia participación de la comunidad, que deberá usar recursos ya existentes como se hizo en Liberia, en particular en áreas rurales donde las mujeres carecen de recursos adecuados.

Al analizar el fenómeno, las personas expertas constataron que la violencia y negligencia de los padres tienen gran influencia en la formación de masculinidades violentas, por lo que es necesario aplicar estrategias de prevención para impulsar una crianza saludable, con lo cual se requiere apoyo comunitario, de las escuelas y de la prensa.

17/IRS/LGL








ZONA DE REFLEXIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   ZONA DE REFLEXIÓN
Sus voces nos hacen falta
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/03/2017

El asesinato en Chihuahua de la periodista Miroslava Breach Velduceo nos trae, de golpe, el regreso de un horror: el asesinato de periodistas críticos. Tres en menos de un mes. El crimen de la reportera Breach nos lleva a repreguntarnos por qué es tan ineficaz la autoridad para investigar y sancionar a los responsables de los atentados a la libertad de expresión.
 
En el año 2000, con un gobierno panista, los atentados contra periodistas iniciaron su escalada; para 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República, la violencia desatada por su guerra contra el narco llevó a México a ser conocido como el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo.
 
Producto de esta violencia, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que lleva once años operando sin que hasta hoy dé resultados efectivos que terminen con la impunidad que rodea cada asesinato y agresión contra periodistas.
 
En 2010 tuvimos la visita del entonces relator de Naciones Unidas para la protección a la libertad de expresión, Frank la Rue. Una de las recomendaciones hechas al Gobierno federal fue sancionar los atentados contra periodistas,  pues la impunidad es la puerta abierta a la repetición, aseguró en su informe.
 
La ineficacia de la Fiscalía está documentada en cada asesinado y agresión contra periodistas: 17 mujeres periodistas han sido asesinadas por hacer su trabajo y 331 han sido agredidas o intimidadas por las investigaciones que realizan desde 2002. Ninguna periodista debió de haber sido asesinada, ninguna de ellas debe vivir con temor por las amenazas recibidas.
 
¿Por qué la Fiscalía no llega hasta los culpables de los asesinatos y las agresiones contra periodistas? Es la pregunta que desde hace más de una década se insiste y a la cual ningún fiscal ha dado respuesta.
 
¿A quién le conviene que el miedo por investigar corrupción, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a derechos humanos, desapariciones o feminicidio crezca entre las y los periodistas? ¿A quién le conviene que la sociedad no sea informada sobre estos temas?
 
Cuando los agresores de periodistas son funcionarios públicos, la respuesta es lógica: sembrar el miedo por investigar temas que incomoden a los que tienen el poder le va bien, le favorece a los poderosos, pero no a la sociedad.
 
Anoche, la periodista Laura Castellanos, quien se ha dedicado a investigar ejecuciones extrajudiciales, escribía en el tweet “Si la sociedad nos deja solas/os en nuestro ejercicio periodístico, crece nuestra vulnerabilidad”.
 
Es urgente que la sociedad se dé cuenta de la importancia del trabajo periodístico independiente y crítico, pues sacar a la luz las desigualdades y los abusos de poder permite a la sociedad ser más crítica y construir mejores democracias.
 
Por ello es tan grave que asesinen o intimiden a las y los periodistas, y que las instancias creadas para investigar estos crímenes sean tan ineficaces para hacer justicia. Grave, porque cuando silencian o limitan la posibilidad de investigación periodística, la sociedad está menos informada y más vulnerable de vivir en la mentira creada desde las esferas del poder y divulgada por medios que privilegian los convenios publicitarios, antes que su obligación de informar.
 
El horror no puede seguir imperando en nuestro país, es necesario que la sociedad haga suya la causa de la protección de periodistas, demande la investigación ante cualquier atentado, fortalezca a las y los periodistas independientes para que crezca la democracia que tanta falta hace en México, y para que ni una periodista más sea asesinada, porque todas esas voces hoy nos hacen falta.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GG








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Esperan una discusión pública del tema
ONG llaman a mesura ante iniciativa de intervención militar
Integrantes del colectivo "Nos Hacen Falta" realizó una manifestación en la explanada del Monumento a la Revolución para exigir la presentación de cerca de 30 mil personas desaparecidas a 10 años de iniciada la llamada "Guerra contra el narcotráfico". CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/12/2016

El Proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional que se discutirá en la Cámara de Diputados propone la militarización del país, por lo que organizaciones civiles exigieron a los legisladores que la iniciativa se analice antes de ser aprobada. 
 
En un pronunciamiento público organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, urgieron a una discusión pública sobre esta propuesta legislativa.
 
La Ley Reglamentaria para regular la restricción o suspensión de derechos y garantías se aprobó en el Senado, y será debatida en la Cámara de Diputados, por lo que a decir de los grupos de activistas es necesario que la norma incluya controles y contrapesos para evitar un uso arbitrario del poder.
 
Según estas agrupaciones es grave el saldo que dejó el despliegue de las fuerzas armadas para hacer frente al narcotráfico, una estrategia implementada a partir de 2006 por el entonces titular del Ejecutivo, Felipe Calderón.
 
En estos 10 años, la sociedad civil calcula que se han acumulado más de 200 mil homicidios, más de 28 mil personas desaparecidas, los casos de feminicidio aumentan con expresiones de violencia cada vez más atroces y hay cientos de miles de personas desplazadas de sus hogares.
 
En el pronunciamiento, también firmado por Equis Justicia para las Mujeres, el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, las agrupaciones consideran que la ruta que emprendió Felipe Calderón y que continuó el gobierno de Peña Nieto, es equivocada.
 
“El endurecimiento de las medidas no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en el país. Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente”, dijo.
 
A esto se suma que el sistema de juicios orales que entró en pleno vigor este año, está en continua lucha con el legado inquisitivo que dependía de prácticas como la tortura, incluso las Policías e instituciones de justicia son más débiles hoy que hace 10 años, refirió.
 
La dependencia del Ejército y las fuerzas armadas para realizar funciones de seguridad pública, que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, también es mayor.
 
Para las agrupaciones preocupan las iniciativas legislativas encaminadas a normalizar la presencia e intervención militar en el país, porque así pretende regular lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del Ejército en tareas de seguridad pública -desde patrullaje, detenciones y hasta la investigación del delito-.
 
Ante ello, estas organizaciones critican las propuestas legislativas de Seguridad Interior del senador Roberto Gil Zuarth (PAN) y por el diputado César Camacho (PRI), que avalarían la presencia del Ejército en las calles.
 
Cualquier propuesta de regulación del Ejército, coinciden activistas, debe retomar las recomendaciones que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México (ACNUDH) e ir orientada a regresar a los soldados a sus cuarteles, de forma paulatina y responsable. Requiere estar acompañada por una Ley que regule el uso de la fuerza y establezca mecanismos institucionales para fiscalizarla.
 
Por ahora el proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política mexicana no contempla contrapesos serios ni tiempos máximos en la suspensión de garantías. La iniciativa además incluye definiciones laxas para justificar la declaratoria de estado de excepción.
 
También consideran grave que el proyecto asuma que las fuerzas armadas y el Ejecutivo se autovigilarán y limitarán en el uso de la fuerza, aunque la sociedad civil no puede negar la situación de inseguridad en algunas entidades, aseguran que la presencia militar y el estado de excepción no son un buen camino para lograr la paz.
 
16/AGM/AMS








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