derechos laborales

ESTADOS
LABORAL
   Desigualdad de fin de año
Funcionarios chiapanecos reciben 10 veces más aguinaldo que una trabajadora
Imagen retomada de la revista Enheduanna|Foto. Sandra de los Santos
Por: Sandra de los Santos
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 22/12/2017

El gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello cobró de aguinaldo la cantidad de 116 mil 200 pesos correspondientes a 60 días de sueldo. El aguinaldo de cada uno de los titulares de las diferentes dependencias del Estado fue de 95 mil 920 pesos.

En el Poder Judicial del Estado se cobraron 60 días de aguinaldo. El sueldo del titular del Poder Judicial según el portal de transparencia, es de 20 mil pesos mensuales, en teoría debió de cobrar de aguinaldo 40 mil pesos. Cabe mencionar que además de su sueldo, el presidente magistrado, Rutilio Escandón recibe otros recursos de parte de la dependencia.

El Secretario Particular de Rutilio Escandón Cadenas gana más que él. Su sueldo mensual es de 54 mil 925 pesos por lo que recibió de aguinaldo 109 mil 850 pesos.

El magistrado con categoría A en el Poder Judicial gana mensualmente 102 mil 652 pesos, su aguinaldo fue 205 mil 305 pesos, el más alto en todo el Poder Judicial. Le siguen los magistrados que ganan 98 mil 327 pesos y su aguinaldo fue de 196 mil 654 pesos.

Un auxiliar de oficina fue el que menos aguinaldo recibió en el Poder Judicial del Estado. Mensualmente gana 6 mil 150 pesos y su aguinaldo fue 12 mil 300, es decir, 16.6 veces menos que un magistrado.

Cada uno de los 40 diputados de Chiapas recibió el equivalente de 60 días de salario como aguinaldo. Los diputados tienen un salario neto de 54 mil 606 pesos, lo que significa que antes de este 20 de diciembre recibieron como aguinaldo cada uno 109 mil 212 pesos.

En contraparte, según el portal de transparencia del Congreso del estado, las trabajadoras que menos ganan –todas mujeres- son las Secretarias Ejecutivas E, quienes tienen un sueldo neto de 3 mil 929 pesos. Lo que se traduce que recibieron como aguinaldo, 7 mil 858 pesos.

Los diputados son los mejores pagados de la nómina y las Secretarias Ejecutivas E las peores remuneradas. El aguinaldo de los diputados fue 13.8 veces mayor que el de las secretarias.

LOS AGUINALDOS EN LOS MUNICIPIOS

En los 10 municipios más poblados de Chiapas –Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Chilón, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque y Villaflores- los alcaldes tuvieron aguinaldos que van de los 24 mil 825 pesos a los 216 mil 112 pesos.

En cada municipio el sueldo de los alcaldes es distinto, y en cada uno cobran entre 30 y 60 días de aguinaldo.

Los cálculos que se hicieron de los aguinaldos, para este trabajo, fueron con base en la información de los portales de transparencia de los propios municipios.

Para el caso de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y Chiapa de Corzo, no se encontraron los datos en sus portales de transparencia por lo que no se pudo hacer el cálculo correspondiente.

En San Cristóbal de las Casas el sueldo mensual del alcalde es de 24 mil 825 pesos. Si recibe 30 días de aguinaldo la cantidad que se le dio fue también de 24 mil 825, pero si son 60 días se le otorgaron 49 mil 650 pesos. De los municipios consultados es el que menos recursos recibió por este concepto.

El alcalde del municipio de Ocosingo es el que mejor aguinaldo recibió, de los presidentes municipales consultados, ya que su sueldo mensual es de 108 mil 056 pesos, si su aguinaldo fue de 30 días recibió la misma cantidad, pero si fue de 60 días llegó a recibir 216 mil 112 pesos.

Chiapas es uno de los estados con mayor población en la economía informal y desigualdad económica por lo que no toda la población que trabaja recibió aguinaldo.

17/SS/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   PRI arremete contra Derechos laborales y Humanos de cara a contienda electoral
Cascada de reformas y Leyes que atentan contra derechos de mujeres y trabajadoras
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/12/2017

De cara a la contienda electoral de 2018 que entre otros cargos públicos definirá la presidencia de la República, en las últimas semanas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en alianza con otras fuerzas políticas, presentó Leyes y Reformas que atentan contra las Derechos Humanos y laborales (DH) de la sociedad civil.

Impulsadas por el Partido Revolucionario Interinstitucional (PRI) destacan la Ley de Seguridad Interior que permite la intervención del Ejército mexicano cuando considere “amenazas de seguridad”; la reforma al Código Civil Federal para considerar “daño moral” en mensajes que se consideren ofensivos a través de medios digitales; y la reforma a la Ley Federal del Trabajo que elimina todas las barreras de contratación a las empresas outsourcing.

Cimacnoticias consultó a organizaciones civiles nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos, y a la senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, quienes hablaron del impacto diferenciado que pueden tener en la vida de las mujeres estas normativas; y destacaron que no debe perderse de vista que ninguna puede quedar fuera del análisis del próximo contexto electoral.

“LA LEY GOLPISTA”

La recién aprobada Ley de Seguridad Interior legitima el uso de la fuerza para “contener riesgos y amenazas” en la seguridad pública. Pese a su cuestionamiento por organismos internacionales de DH y al repudio que generó entre organizaciones civiles locales que la nombraron la “Ley Golpista”, el pasado 15 de diciembre el Senado de la República la aprobó después de una discusión de 16 horas.

Con un Senado conformado en su mayoría por la bancada priista, apoyada por la mitad del Partido de Acción Nacional (PAN), la Ley de Seguridad fue avalada con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.

En horas, la turnaron a la Cámara de Diputados donde finalmente se avaló y la enviaron a Enrique Peña Nieto, de modo que ahora sólo falta el refrendo de éste para que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

LAS MUJERES Y LA TORTURA POR MILITARES

Las y los legisladores desoyeron los exhortos de detener la Ley de Seguridad Interior por su ambigüedad y porque no respeta los estándares internacionales de DH. La senadora Angélica de la Peña describió en entrevista con esta agencia, que en ninguna otra ocasión había visto a tantos órganos de DH pidiendo al Estado mexicano frenar una ley.

Los llamados provinieron de los Altos Comisionados de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cientos de asociaciones civiles, quienes han visto en la última década las consecuencias de “abatir la delincuencia organizada” militarizando este país: ejecuciones extrajudiciales, privaciones de la libertad, desapariciones, tortura, agresiones sexuales y el desplazamiento forzado de las poblaciones.

Estas violaciones a los DH por parte de agentes militares ha valido a México sentencias en su contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La mayoría de estos casos, fueron cometidos contra mujeres por parte de militares, quienes utilizan la tortura para obtener confesiones e inculparlas de pertenecer a la delincuencia organizada, recordó la senadora de la Peña.

Para la directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz, esta Ley de Seguridad Interior tiene un impacto negativo específicamente en las mujeres, “la experiencia ha mostrado que al posicionar a militares en labores de seguridad pública estos incurren violaciones discriminatorias contra las mujeres con prácticas de tortura sexual o denigrantes contra ellas”.

“Esta Ley tendría un impacto diferenciado en las mujeres, recordemos que la mayoría de los casos conocidos por la Corte, Inés y Valentina y ahora Atenco, tienen que ver con violaciones a las mujeres e intervención de militares y fuerzas federales. Lamentable en estos casos se tuvo un componente de género: en ambos violaciones sexuales”, subrayó Marcia Aguiluz.

De esto da cuenta Amnistía Internacional en su informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” (2016), en el cual entrevistó a 100 mujeres privadas de su libertad que fueron agredidas en su detención por las fuerzas policiales, el Ejército o la Marina. La organización identificó que 72 sufrieron abusos sexuales y 33 fueron víctimas de violación sexual por parte de las Fuerzas Armadas.

Además, precisa Amnistía en su reporte, pese a las múltiples denuncias presentadas por mujeres ante actos de violencia sexual a manos de Fuerzas Armadas, ni un solo soldado ha sido suspendido por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015.

Aprobar la Ley de Seguridad Interior, expresó la abogada especialista en DH, es darle “carta blanca a los militares para que actúen en cualquier circunstancia” y muestra que el Estado mexicano no tiene la voluntad en cumplir con obligaciones respecto a las sentencias emitidas por la CoIDH.

“El mensaje que nosotros recibimos es que no existe un voluntad de México por respetar las obligaciones internacionales que tienen, tampoco tienen una voluntad por resolver el grave problema de seguridad. Sabemos que los militares son un actor muy poderoso en México, la presión que hacen para aprobar esta Ley habla de ello”, señaló la integrante de Cejil.

PERMISO A LAS FUERZAS ARMADAS

Cejil como otros organismos defensores de DH, alertaron que este proyecto carece de un mecanismo de control sobre las operaciones que pueden llevar las Fuerzas Armadas en el territorio pues de acuerdo con la Ley aprobada, es el Presidente de la República quien puede ordenar la intervención del Ejército en un territorio determinado por alguna “amenaza a la seguridad interior”. También puede ordenarlo a petición de los titulares de las entidades federativas.

Con ello, el Artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, permite “la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución”, indica.

Si bien, se establece que la intervención de las Fuerzas Armadas dura un año, se puede prolongar si así lo determina el Ejecutivo. Así, el Ejército no sólo tendría la facultad de asumir las acciones de la policía, les permite actuar por sí mismo, pues sólo le bastaría informar al Presidente y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sobre las actividades emprendidas, indican los Artículos 32 y 33 de dicha Ley.

Esto, en opinión de la senadora Angélica de la Peña, es contrario a la Constitución mexicana y no resuelve los problemas de seguridad pública que vive el país. “Los militares están capacitados para hacer un uso de la fuerza en su máxima expresión: en ataques terroristas o amenazas de seguridad nacional. No para sustituir la policía”, sentenció.

“El problema de fondo y que no hemos resuelto es tener corporaciones policiacas suficientes, capacitadas, que se les reconozcan sus derechos laborales. Pero esta Ley no resuelve el problema de fondo, dejar al Ejército permanentemente, desde el punto de vista de una democracia, es muy peligroso”.

Con esta Ley México también enfrenta un retroceso a los derechos ganados, precisó De la Peña Gómez, “cada vez avanzamos en leyes importantes en DH: la Ley contra la Tortura, la Ley contra Desaparición Forzada, el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia; la Ley de la Niñez, y no encontramos en esta Ley algo que las incluya”.

El rechazo de la Ley de Seguridad Interior ha llevado a la sociedad a protestar en las calles y pedir Peña Nieto que la vete. De no detenerla, la senadora señaló que el irán por la Acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otras asociaciones internacionales como Cejil, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras, instalaron a partir de la aprobación de esta Ley, un Observatorio Internacional sobre México para documentar la situación de crisis de los DH en el país.

SANCIONAR POR DAÑO MORAL, DESCRÉDITO Y OTRAS…DEL PRI

Mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior, la Cámara de Diputados aprobó el 14 de diciembre la reforma al Artículo 1916 del Código Civil Federal para anexar que se sancionará por daño moral a quien por cualquier medio, incluidos “los electrónicos”, “difunda información que cause deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”.

La directora general de la asociación civil Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros, señaló en entrevista con Cimacnoticias, que se trata de una iniciativa encaminada a “generar temor para quien difunde ideas en medios electrónicos” y consideró que esta propuesta del diputado Pablo Elizondo García, también priísta, es particularmente relevante en medio de un proceso electoral “cuando hay mucho que informar”.

“Responde a un afán por pretender limitar el derecho a la libertad de expresión o el deseo de generar temor en el gremio periodístico y en quienes ejercen su libertad de expresión a través de medios electrónicos”, dijo Mendiola Landeros, pero recordó que sobre esta modificación está el derecho a la libertad de expresión establecido en la Constitución mexicana.

La directora de Propuesta Cívica agregó que las demandas “de daño moral” son utilizadas como métodos de agresión sobre todo por políticos contra las y los periodísticas en este país. “Cuando un actor político presenta demanda por daño moral la persona deja de investigar los temas que tocan intereses políticos, por enfocarse a un litigio civil, genera autocensura”, explicó.

Para el gremio periodístico que labora en medios digitales estas agresiones han ido en aumento; la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), en su informe “El Poder del Cacicazgo. Violencia Contra las Mujeres Periodistas 2014-2015”, documentó que de los 147 casos de agresiones contra las periodistas, 34.6 por ciento de ellas pertenecía a un medio digital.

Aunque falta que esta reforma sea aprobada por el Senado de la República, la abogada Sara Mendiola, destacó que podría tratarse “de un simple distractor” que tiende a generar temor y autocensura en los medios digitales.

DESAPARECER LOS POCOS DERECHOS LABORALES

A días de terminar las sesiones en el Congreso de la Unión, senadores del PRI presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT) que plantea eliminar las restricciones a la subcontratación de personal (llamada, “outsourcing”) y propone limitar la asociación sindical. De aprobarse, las condiciones de trabajo de mujeres y hombres en el país empeoraría, pues daría pie a más violaciones a sus derechos laborales.

En entrevista con esta agencia, la coordinadora del área de Diálogo Sindical y de Género de la fundación Friedrich-Ebert, Inés González Nicolás, señaló que la iniciativa de los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, presentada el pasado 7 de diciembre y que evalúa las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos del Senado, pone en riesgo derechos laborales.

De ser aprobada, una empresa podría emplear a todo su personal por subcontratación y los contratistas únicamente tendrían que registrarlos en el Seguro Social e inscribirlos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). “Aunque los senadores argumentan que la reforma generaría más empleos, la verdad es que serían como en la última década: precarios, inestables y con salarios bajos”, dijo la experta en derechos laborales Inés González.

Un caso emblemático sobre las violaciones a los derechos laborales por este tipo de contrataciones es el despido injustificado, en 2016, de 59 trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, algunas de ellas tenían hasta 15 años trabajando para el IEMS, pero luego de organizarse y exigir condiciones de trabajo dignas fueron despedidas bajo el argumento de que una empresa terciaria las contrató.

Sobre la propuesta de los senadores, más de 50 Sindicatos y 29 organizaciones civiles laborales de todo el país, advirtieron en un pronunciamiento dirigido al titular del Ejecutivo y al Congreso de la Unión, que no limitar la subcontratación, provocaría graves afectaciones a las y los trabajadores porque “destruye toda protección laboral y actualiza un golpe sin precedente en la historia laboral mexicana”.

La iniciativa también contempla la creación de un Instituto que regularía el registro de Sindicatos y contratos colectivos, sin embargo, la función y conformación del organismo es contraria a lo que establecen los artículos 107 y 123 de la Constitución mexicana (reformados en febrero de este año), señaló Inés González, pues no contempla la participación de representantes del sindicalismo independiente.

Tampoco hace referencia al derecho a un voto libre y secreto para la elección de titulares sindicales y en la firma de contratos colectivos, como estipulan las reformas a los artículos mencionados, lo que “sostiene la existencia de contratos patronales -acuerdos firmados entre empleadores y líderes sindicales que no velan por los derechos del personal empleado- , así los líderes se eternizan y no hay posibilidades de cambios directivos en los sindicatos”, enfatizó Inés González.

Además, la defensora de los derechos laborales recordó que la iniciativa promovida por el PRI cancela el derecho que las y los trabajadores tienen de ser notificados por escrito en caso de ser despedidos y las razones para efectuarlo. La iniciativa “sólo favorece a las empresas, las personas trabajadoras quedan en total indefensión”, sentenció.

La propuesta se analiza en un contexto nacional donde las mujeres laboran en condiciones precarias. A nivel nacional, 61 de cada 100 trabajadoras no tienen acceso a instituciones de salud, es decir, 12.2 millones de mujeres de un total de 19. 9 millones trabajadoras, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2005 al cuarto trimestre de 2016.

Mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estimó en su último informe, publicado en agosto de este año, que el salario mensual de las mujeres está por debajo del promedio nacional (5 mil 773 pesos), pues de acuerdo a la dependencia gubernamental ellas ganan al mes 4 mil 935 pesos y en el mismo periodo de tiempo los hombres obtienen 6 mil 291 pesos.

17/HZM/MMAE/LGL








ESTADOS
LABORAL
   Gobiernos federal y estatal financiarán proyecto
Mujeres de Macuspana sí tendrán su maquiladora
CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/12/2017

Luego de siete años de exigencias para lograr la construcción de una maquiladora que empleara a mujeres choles y chontales de Macuspana, Tabasco, las mujeres agrupadas en la cooperativa Exótica Textiles, lograron el financiamiento para su proyecto, el cual será financiado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía (SE) y por el gobierno estatal.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) tabasqueña ingresó la propuesta de la maquila al Proyecto al Amparo de Convenio (PAC) del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), que otorga a los gobiernos estatales recursos económicos para financiar programas considerados como estratégicos por la cantidad de empleos que podrían generar.

Por ello, antes del 15 de diciembre el Inadem, dependiente de la SE, otorgará un fondo de más de 4 millones de pesos para la construcción  de la maquila y el gobierno estatal aportará la misma cantidad para sumar en total 8 millones 820 mil pesos.

Lo anterior fue notificado a las costureras el primero de diciembre pasado en una reunión efectuada en la SDET. La decisión responde a la exigencia de las mujeres porque autoridades económicas estatales y federales garantizaran la construcción de la maquiladora.

Con el acuerdo del primero de diciembre "aseguramos la construcción de la maquila”, explicó en entrevista con esta agencia la presidenta del Consejo de Administración de “Exótica Textiles”, Alicia Jiménez Hernández.

Las más de 50 choles y chontales que integran “Exótica Textiles” lucharon desde 2011 por la construcción de la maquila con el objetivo de “cambiar los escenarios de pobreza” en los que viven las indígenas de Macuspana. Desde entonces buscaron apoyo por parte del gobierno tabasqueño para la construcción, pero se enfrentaron a violaciones a sus Derechos Humanos y encarcelamientos injustificados.

Alicia Jiménez mencionó que el financiamiento de la construcción está asegurado porque eso afirmó el subsecretario de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la SDET, Rúben Ricardo García Moguel durante la reunión del primero de diciembre, postura que secundó el representante del secretario de Desarrollo  Económico y Turismo estatal, Wilver Méndez Magaña, y el director de Articulación Estratégica en el Inadem, Hugo Hernández Espinosa. El compromiso consta en la minuta de la reunión firmada por los funcionarios, de la cual esta agencia tiene copia.

En mayo pasado las costureras ingresaron el proyecto para buscar financiamiento al Inadem, pero ante la dilación de resultados buscaron de manera alterna reuniones con funcionarios estatales y federales para conseguir financiamiento independientemente de la respuesta al concurso, por lo que lograron que el gobierno estatal suscribiera el proyecto al PAC.

Si el proyecto no prospera en la primera convocatoria que emitieron, de cualquier forma recibirán recursos del PAC, explicó el representante legal de Exótica Textiles, Julio César Álvarez Santos, en entrevista con Cimacnoticias.

Al respecto Alicia Jiménez, quien fue recluida injustificadamente en 2014 mientras exigía frente al Congreso tabasqueño el apoyo para la maquila, opinó que ella y sus compañeras de “Exótica Textiles” aun sienten desconfianza por parte de las autoridades, pues han dilatado su proyecto por años, pero confían en que en esta ocasión “sí se ponga como prioridad el derecho que tienen las mujeres indígenas de tener condiciones de trabajo dignas”, misma que se reflejaría con la construcción de la maquila. 

17/MMAE/LGL








NACIONAL
LABORAL
   Gobierno sigue sin ratificar Convenio 189 de la OIT
   
Senado propone reformar LFT para formalizar trabajo del hogar
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/11/2017

Legisladoras del Senado de la República propusieron reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el fin de estipular claramente las condiciones laborales formales para las trabajadoras del hogar y garantizarles las prestaciones que por ley tienen derecho.

La propuesta impulsada por la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña Gómez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Diva Hadamira Gastélum Bajo y del Partido Acción Nacional (PAN), María del Pilar Ortega Martínez, Martha Elena García Gómez y Marcela Torres Peimbert; busca derogar el régimen discriminatorio que establece la LFT para las trabajadoras del hogar y garantizarles el acceso a vacaciones, aguinaldo, seguridad social y un contrato laboral.

Actualmente el Capítulo XIII, título sexto “Trabajos Especiales” de la LFT, es el que regula los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, sin embargo, permite una jornada excesiva de trabajo de 12 horas y no estipula la obligatoriedad de afiliar a las empleadas del hogar a la seguridad social.

Asimismo el Artículo 334 reconoce que hasta 50 por ciento de la retribución para las trabajadoras del hogar puede ser en especie (alimentos o habitaciones), una medida excesiva en comparación con las recomendaciones de los instrumentos internacionales que es del 33 por ciento.

En este apartado también se indica que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) debe fijar el salario mínimo para las trabajadoras del hogar pero hasta el momento no lo ha establecido.

Por lo tanto el proyecto de las senadoras plantea añadir un Artículo 331 Ter a la Ley del Trabajo para determinar mediante un contrato escrito la remuneración económica para este sector (no menor a dos salarios mínimos), el horario de trabajo, las vacaciones anuales pagadas, los periodos de descanso y la inscripción al seguro social.

La iniciativa también reconoce y regula el pago de las tres modalidades del trabajo del hogar: quienes residen en el domicilio donde laboran, las que trabajan con un sólo empleador, o bien, varios.

Otras de las reformas que se plantean es la indemnización de las trabajadoras y abolir el trabajo infantil al prohibir la contratación de menores de 15 años de edad para esta tarea.

Finalmente quienes se encargarían de verificar que las y los empleadores cumplan con la ley serían los “Inspectores del Trabajo”, la propuesta indica que ellos visitarían las empresas, hogares y establecimiento donde fueron contratadas las empleadas periódicamente, con especial atención para las trabajadoras migrantes e indígenas.

SINACTRAHO EXIGE DERECHOS LABORALES

En el proyecto las senadoras argumentaron que el trabajo del hogar es una tarea fundamental para la población mexicana; cerca de 2 millones de hogares contratan servicios del hogar, según la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2014).

En estos hogares viven 4 millones 854 mil personas, quienes se benefician de las tareas que realizan las empleadas del hogar, sin embargo, la mayoría sólo cobra dos salarios mínimos de 70.10 pesos diarios –o menos- según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El Conapred también precisa que 97 por ciento no tiene seguridad social y muchas de ellas viven situaciones de discriminación, maltratos, jornadas excesivas de trabajo sin remuneración e incluso violencia sexual.

Por ello las integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) se manifestaron el 23 de noviembre frente al Senado para exigir a los y las legisladoras que apoyen y agilicen esta iniciativa, pues podría permitir que las 2.4 millones de trabajadoras del hogar que hay en el país –según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía- gocen de sus derechos laborales.

El gremio también urgió al Senado la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento internacional que sigue sin ser ratificado por el gobierno y que supondría la obligación inmediata de regular el trabajo del hogar en México.

Por el momento el proyecto se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Precisión Social y de Estudios Legislativos donde será discutido.

17/HZM/LGL








MONEDERO
LABORAL
   Monedero
La responsabilidad del Estado en la violencia económica
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/11/2017

El sábado 25 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En México es una fecha particularmente importante porque en los últimos años se ha presentado un crecimiento exponencial de este tipo de violencia en sus diversas expresiones, incluyendo la más fatal: el feminicidio.

De enero a junio del año en curso se registraron 784 asesinatos de mujeres, especialmente en los estados de México (que ocupa uno de los primeros lugares en feminicidio y en violencia contra la mujer); Ciudad de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa y Colima. (Datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio).

Actualmente existen Alertas de Género en las siguientes entidades: Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero, Colima y Nayarit. Sin embargo algo se está haciendo mal por parte de las autoridades federales o estatales, porque estas Alertas no están dando los resultados que debieran y que se esperaban, es decir, sigue aumentando la violencia en esas entidades.

Se considera que 2016 ha sido el año con más  violencia y feminicidio contra las mujeres en los últimos 27 años. ¿Qué está sucediendo en el país? ¿por qué ese desmesurado crecimiento de la violencia?

Según Inegi de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en el país, 66.1 por ciento (6 de cada 10), 30.7 millones, ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. 

Cuatro de cada diez ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación; y 5 de cada 10 sufrió violencia por parte de algún agresor distinto a la pareja.    

Entre 2014 y 2016, las entidades que presentan las tasas más altas en homicidios de mujeres son Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. 

El Inegi se ha dado a la tarea de clasificar esta violencia en diferentes tipos, incluso en este año ha invertido importantes cantidades de dinero en un Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM), muy completo y seguramente muy costoso, que incluye un glosario, donde define qué es violencia de género, económica y patrimonial entre muchos otros conceptos importantes.

Define como Violencia económica al chantaje del hombre hacia la mujer entrevistada, al controlar los ingresos monetarios del hogar, o bien, al cuestionar la forma de utilizarlos.

Las situaciones consideradas en torno al gasto son: reclamos en lo referente al dinero; ser codo o tacaño con los aportes a la casa; no cumplir con darlo o amenazar con no aportarlo; desviar el sustento económico necesario para la casa. Y, finalmente, adueñarse o quitarle dinero o bienes (como por ejemplo, terrenos, automóviles, joyas, entre otros) y prohibirle trabajar o estudiar. La Ley vigente define este concepto en los siguientes términos:

Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo.

En el caso de la Violencia patrimonial se refiere a los actos de coerción y despojo hacia las mujeres de 15 y más años, de sus bienes, recursos materiales o propiedades. El objetivo es identificar si algún familiar o la pareja las ha forzado u obligado para poner sus pertenencias a nombre de otra persona o las ha despojado quitándole o robándole sus bienes o pertenencias.

La Ley vigente define este concepto en los siguientes términos:

Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima.

Es muy importante considerar estas definiciones por la forma en que se presenta la siguiente gráfica, donde en el renglón de violencia económica y patrimonial (que la juntan) incluye violencia por parte de la otros agresores, pero de acuerdo a la definición proviene de la pareja y obviamente presenta una cifra muy baja.

Ver gráfica

Desde luego en estas definiciones que da Inegi no se considera la violencia económica que ejerce el Estado, -solo aparece como responsable la pareja- sus instituciones y la política económica, a través de la política laboral, que es violencia económica, provocando que las trabajadoras mexicanas experimenten otro tipo de violencias porque están estrechamente interrelacionadas y lo que a su vez contribuye a una enorme desigualdad de género, en detrimento de las mujeres.

No es posible que la violencia  económica y patrimonial sea de apenas 29.0 por ciento, más allá de las cifras del silencio, que desde luego son muy importantes. De acuerdo con la nota publicada por Cimacnoticias titulada “México, entre los cinco primeros países con más desigualdad laboral para mujeres”, México se posicionó como el quinto país de Latinoamérica y el Caribe con mayor desigualdad para las mujeres. El área laboral fue en la que las mexicanas tuvieron menos oportunidades, informó el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés).

En el “Informe global sobre la brecha de género 2017”, publicado este mes, el WEF señaló que México ocupó el lugar 20 de 24 países de la región latinoamericana y del Caribe analizados; y la posición 81 de 144 en el mundo. Tras analizar el nivel de participación y oportunidades económicas, políticas, educativas y de acceso a los servicios de salud de las mujeres, el organismo internacional evidenció que de 2006 a 2017 se incrementó la brecha de género en el país pues hace 12 años ocupó el lugar 75.

En una escala del 0 (imparidad) al 1 (paridad) este año el WEF –compuesto por personas empresarias, políticas y analistas sociales de economías de todo el mundo- calificó a México con una puntuación de apenas el 0.692, lo que significa que las mujeres continúan enfrentando más desventajas en los ámbitos laboral, educativo, de salud y política.

En realidad ¿cuáles son los verdaderos componentes de la desigualdad y de la violencia económica, incluso patrimonial contra las mujeres? Básicamente son nueve:  

  • Violación de los derechos económicos, laborales y humanos
  • Carga de Trabajo doméstico no Remunerado, Carga de trabajo de género que se traduce en suelo pegajoso y desigualdad de género
  • Desigualdad de género en los salarios y brecha salarial
  • Jornadas Laborales
  • Salarios y brechas salariales
  •  
  • Acceso a los derechos laborales: seguridad social, sindicalización, capacitación
  • Derecho a la salud
  •  

Si se consideraran estos elementos para medir la violencia económica y patrimonial contra las mujeres ese 29 por ciento crecería muchísimo. Pero sobre todo se vería la interconexión que existe con la violencia doméstica y la desigualdad de géneros; incluso con el feminicidio. Marcela Lagarde tiene mucha razón, esa violencia machista se ha exacerbado con el avance social de las mujeres, en particular en un espacio masculino por excelencia: el mundo laboral.

Por ejemplo, en el Presupuesto para la Igualdad –que solamente representa 0.0.5 por ciento de total del gasto público- el programa: “Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres” que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, recibió y recibe muy escasos recursos. En 2017 fueron de 0.0.1, del  gasto para la igualdad; seguramente una cifra muy distinta a la que se destinó para ese Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contra las Mujeres (SIESVIM). Hubiera sido mejor destinar esos recursos a las acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, violencia económica, feminicidio, desigualdad de género y clasificación de la violencia y estadísticas sobre violencia contra las mujeres.

* Economista especializada en temas de género

twitter @ramonaponce

17/CRPM/LGL








ESTADOS
LABORAL
   Vence plazo para informar si se apoyará a costureras de Exótica Textiles
“Acto de justicia” financiar maquila textil para indígenas: UNT
CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/11/2017

Asociaciones y sindicatos de todo el país agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) exigieron al Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) avalar el proyecto de la maquila Exótica Textiles como un “acto de justicia” para las  indígenas choles y chontales de Macuspana, en Tabasco, que desde 2011 buscan autoemplearse.

El llamado lo hicieron a un día de que venza el plazo que la dependencia de la Secretaría de Economía (SE) tiene para responder si otorgará el financiamiento toda vez que este 15 de noviembre es el último día para que el Inadem resuelva si apoyará el proyecto de las más de 50 mujeres de la cooperativa Exótica Textiles, mismo que ingresó el gobierno de Tabasco en mayo pasado.

A través de un pronunciamiento la UNT, integrada por sindicatos como el de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), demandó al grupo evaluador atender las necesidades de las mujeres y “trabajar de manera honesta”, pues en dos ocasiones han aplazado su respuesta.

De aprobarse la SE aportará 4 millones 400 mil pesos para  construir la maquila y el gobierno estatal dará la misma cantidad.

La UNT, en la que también participa el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), llamó a las autoridades estatales y federales a no ignorar que con este proyecto las mujeres de Macuspana podrían cambiar las condiciones de pobreza en las que viven, pues radican en la entidad con la mayor tasa de desocupación a nivel nacional: 6.8 por ciento, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En entrevista con esta agencia el representante legal de la cooperativa, Julio César Álvarez Santos denunció que la semana pasada autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo tabasqueña (SDET) les informaron que el proyecto ya se encontraba en la etapa de evaluación técnica y de negocios –donde expertos y funcionarios analizan la viabilidad económica de la maquila- , sin embargo, al consultar el estatus del proyecto en la plataforma del Inadem las costureras corroboraron que sigue en una  etapa anterior, la de evaluación normativa.

Por su parte la UNT señaló que la dilación de las autoridades para la concreción de la maquila evidencia una práctica del gobierno mexicano en todas las áreas: “dejar que personas ajenas a las comunidades decidan el presente y futuro de nuestros pueblos”.

Al respecto la presidenta de Exótica Textiles, Alicia Jiménez Hernández, recordó en declaraciones a Cimacnoticias que desde hace 6 años, cuando buscaron el apoyo del gobierno tabasqueño para la maquila, las autoridades han sido omisas al dilatar su construcción. “Llevamos años peleando y sólo nos engañan, pero ahora queremos creer que verán por nosotras y el Inadem aprobará el proyecto. Tenemos manos para trabajar y queremos darle una vida mejor a nuestros hijos”, expuso.

CNDH Y LEGISLADORES OMISOS

La UNT se dirigió también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y le exigió pronunciarse para impedir que las autoridades federales y locales sigan obstaculizando el derecho de las mujeres al trabajo y a tener condiciones de trabajo dignas al postergar la construcción de la maquila.

La CNDH, expuso la agrupación de trabajadoras y trabajadores, “aún tiene oportunidad de reivindicarse” pues, dijeron, la instancia conoce las violaciones a los Derechos Humanos de las costureras y la violencia institucional de la que han sido víctimas, como el encarcelamiento injustificado de Alicia Jiménez y Julio Santos en 2015 y pese a ello sigue sin pronunciarse enérgicamente contra las autoridades involucradas.

La agrupación laboral a nivel nacional pidió al gobierno tabasqueño y a las y los legisladores estatales que el apoyo “no quede en la retórica” y “asuman la responsabilidad que tienen con la sociedad” de trabajar a su favor, pues en los últimos meses senadores de Tabasco presentaron un punto de acuerdo ante el Senado de la República dirigido a la SE para que apruebe el proyecto de la maquila, exhorto que no ha sido aprobado.

17/MMAE








MUJERES CAUTIVAS
LABORAL
   MUJERES CAUTIVAS
¿Había o no había trata y explotación laboral en el predio de Chimalpopoca?
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/11/2017

El 5 de octubre pasado, Cimacnoticias publicó un artículo titulado “Continúan contradicciones en información sobre predio de Chimalpopoca”, en el que se reseñaba que el gobierno de la Ciudad de México informó que en este lugar dos trabajadoras estaban de manera irregular en el país, que en el predio existían 5 empresas; que se recuperaron 15 cuerpos sin vida, 12 de ellos de mujeres, dos personas sobrevivientes y que la propiedad le pertenece a la inmobiliaria Inmobico.

En esa reunión con organizaciones feministas, participaron la Secretaria de Gobierno Patricia Mercado, la Secretaria de Trabajo, Amalia García Medina y la directora del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero y lamentablemente, como lo afirma el artículo no contribuyó a aclarar lo ocurrido en el predio de Chimalpopoca, sino todo lo contrario, incrementó la confusión.

El artículo también daba cuenta de que el viernes 22, cuando se dieron por concluidos los trabajos de rescate en el inmueble, nuevamente el Subsecretario de Desarrollo  aseguró que se habían rescatado 25 cuerpos y dos personas con vida. De las personas fallecidas, dijo, siete eran de origen asiático.

En la reunión, la Secretaria del Trabajo, García Medina explicó que dos de las personas extranjeras “se encontraban en situación irregular en nuestro país” pero aclaró ya “en trámites para su residencia”.

Las personas son Lai Yin Xia quien laboraba en la empresa ABC Toys y el Señor Lin Chia Cin, de origen taiwanés con nacionalidad paraguaya y propietario de la empresa Dashcam System S.A de C.V.

Sin embargo, una de las causas de vulnerabilidad reconocidas tanto por el Protocolo de Palermo, como por la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, es el encontrarse de manera ilegal en un país como lo estipula el Artículo 4, Fracción XVII.  Situación de vulnerabilidad: Condición particular de la víctima derivada de uno o más de las siguientes circunstancias que puedan derivar en que el sujeto pasivo realice la actividad, servicio o labor que se le pida o exija por el sujeto activo del delito: …c) Situación migratoria, trastorno físico o mental o discapacidad…

Y es de llamar la atención que a pesar de que se reconoce que el  Señor Lin Chia Cin, era de origen taiwanés con nacionalidad paraguaya y propietario de la empresa Dashcam System S.A de C.V, pudiera establecer una empresa de la que era propietario y que no contara con una situación legal en nuestro país.

Y aunque se menciona el Contrato Colectivo de Protección con el que contaba la Empresa “Línea Joven” con la Organización Sindical de Empleados y Trabajadores del Comercio en General, Empresas Particulares y Similares del DF; un contrato colectivo que no se revisaba desde 2012 y cuyo secretario general es Antonio Hinojosa Vázquez, quien hasta el día del sismo era desconocido por las trabajadoras; peor aún, la Secretaría del Trabajo no mencionó las condiciones leoninas en que laboraban las trabajadoras, con contratos trimestrales, los que se firmaban con sus renuncias y a quienes descansaban uno o dos días entre contrato y contrato para que no generaran antigüedad, lo que es un delito sancionado en la Ley General contra los Delitos en Materia de Trata de Personas que establece en su Artículo 21: “será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión, y de 5 mil a 50 mil días multa, quien explote laboralmente a una o más personas”.

Existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole, de manera ilícita, mediante el trabajo ajeno, sometiendo a la persona a prácticas que atenten contra su dignidad, tales como: I. Condiciones peligrosas o insalubres, sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria; II. Existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, o III. Salario por debajo de lo legalmente establecido.

Esto nos deja ver con claridad que hay muchas cosas que se ocultan de lo que pasó en el predio de Chimalpopoca y de lo que ahí ocurría y que ya fue denunciado ante la FEVIMTRA-PGR donde se exhibieron los documentos encontrados en el predio.

Amalia García Medina informó el 5 de octubre próximo pasado que hubo 15 personas fallecidas en el lugar, sin embargo, ésta no es la cifra que se manejó en los primeros días del sismo, también por autoridades de la Ciudad de México, como lo consigna el Artículo de Cimacnoticias.

El pasado 21 de septiembre, tres días después del sismo, en conferencia de prensa, el Subsecretario de Desarrollo Humano del gobierno capitalino, Miguel Ángel Vázquez,  aseguró que hasta esa noche del jueves 21 en predio de Bolívar 168; se habían rescatado 19 cadáveres, dos personas con vida y que faltaban por rescatar dos cuerpos más.

El viernes 22, cuando se dieron por concluidos los trabajos de rescate en el inmueble, el mismo Subsecretario aseguró que se habían rescatado 25 cuerpos y dos personas con vida. De las personas fallecidas, dijo, siete eran de origen asiático, lo que nos reporta una diferencia de 10 cuerpos sin vida con lo reportado por García Medina.

Lo que es indudable y queda demostrado una vez más, es que las mujeres son quienes desarrollan los trabajos precarizados, con bajos salarios y sin estabilidad en el empleo o seguridad social, con altos grados de explotación, por la necesidad y discriminación que seguimos sufriendo las mujeres en el mercado del trabajo.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

17/TUZ/LGL








ESTADOS
LABORAL
   Mujeres en situación de reclusión en Oaxaca son explotadas
Por 800 prendas les pagan 16 pesos la hora
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Citlalli López Velázquez, corresponsal
Cimacnoticias | Oaxaca, Oax.- 27/10/2017

Amparados en la Ley Nacional de Ejecución Penal que establece la creación de mecanismos para la generación de empleos con fines de reinserción social, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) avaló la contratación de mujeres en situación de reclusión, como mano de obra barata, muy por debajo de lo legalmente conocido.

A pesar de que dicha ley aprobada en 2016 establece que en materia de trabajo las actividades remuneradas por terceros, deberán de brindar a las y los internos seguridad social, lo anterior no es una realidad en el Centro de Reinserción Social Femenil Tanivet, ubicado en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.

En el Cereso, el pasado 11 de octubre la SSPO firmó un convenio de colaboración con la empresa “Maquiladora Álvarez” para que 25 mujeres, bajo el disfraz de capacitación, trabajen en la elaboración de prendas. El proyecto busca ser extendido a todos los centros de readaptación en la entidad.

El Convenio establece que cada mujer en reclusión recibirá una “beca” de 650 pesos semanales por la entrega de 800 prendas, es decir un pago de 1.2 pesos por cada una, o medidas en horas, un pago 16 pesos por hora.

La presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer (GesMujer) Rosario Castellanos, Ximena Avellaneda, indicó que si bien es positivo brindar una opción de trabajo a las mujeres en esta situación, muchas de ellas madres solteras y jefas de familia, debe de garantizarse que ésta sea apegada a los derechos laborales.

“Nos pone a pensar quién finalmente se va a beneficiar de esto si no es un industrial o patrón que logra conseguir mano de obra cautiva, en el sentido literal de la palabra, a quien no se les da ningún tipo de beneficio en el trabajo”, expuso.

Muchas de las mujeres -expuso- al tener a sus hijoas e hijos viviendo con ellas en el penal, seguramente tendrán que pagar para que se los cuiden mientras que desarrollan estas actividades y cubren con la cuota impuesta.

La especialista en temas de equidad y género, consideró necesario que las autoridades que realizaron el Convenio, analicen lo anterior a profundidad y con el interés puesto en el beneficio de las mujeres privadas de su libertad, “muchas de las cuales no tienen juicios en proceso, que llevan años o meses esperando una sentencia”, recalcó.

17/CLV/LGL

 








ESTADOS
LABORAL
   Inadem no resuelve si financiará proyecto, denuncian
   
Dan largas a costureras para construir maquila en Tabasco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/10/2017

El Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) extendió por segunda ocasión el plazo para responder si financiarán la construcción de la maquila para las mujeres costureras agrupadas en la cooperativa Exótica Textiles de Macuspana, Tabasco.

En mayo el gobierno estatal ingresó el proyecto, de aprobarlo aportaría 4 millones 400 mil pesos para construir la maquila de la que choles y chontales buscan, desde 2011, ser dueñas y dar trabajo a otras mujeres de Macuspana. El plazo para que la instancia respondiera venció en septiembre, sin embargo, postergaron el resultado a finales de octubre y, por segunda ocasión, la encargada de la oficina del titular del Inadem, Martha Carrillo, informó que responderán como plazo máximo hasta el 15 de noviembre.

Como en ocasiones anteriores la dependencia de la Secretaría de Economía (SE) no notificó a las costureras de la extensión del plazo, esta vez se enteraron porque, desesperadas por no obtener respuesta, buscaron al senador tabasqueño del Partido del Trabajo (PT) Carlos Manuel Merino Campos, quien se comunicó con Martha Carrillo y les informó que responderían en noviembre.

En entrevista con Cimacnoticias la vocera y presidenta de Exótica Textiles, Alicia Jiménez Hernández, denunció el desinterés del Inadem por revisar su proyecto.

Al ingresar el folio con el que se registraron en la plataforma de la instancia, mencionó, se observa que los funcionarios aún no realizan ninguno de los tres exámenes que la convocatoria plantea, continúan en la evaluación normativa, donde analizan si las concursantes entregaron la documentación necesaria. A días de terminar el plazo falta la evaluación técnica y de negocios, así como la evaluación estatal.

CONTINÚAN LOS TRABAJOS

Las mujeres de Exótica Textiles urgen la respuesta del Inadem porque actualmente la producción de sus prendas “es el doble de complicada”, comentó Maricela Reyes, pues no cuentan con un taller en donde tengan toda la maquinaria necesaria para trabajar

Las casas de varias mujeres sirven para guardar las máquinas que, a través de apoyos económicos del gobierno, han podido comprar, por lo que deben recorrer diversas comunidades indígenas para confeccionar una sola prenda.

La costurera y encargada de capacitar a cientos de mujeres en al menos seis comunidades indígenas de Tabasco, Maricela Reyes, dijo que actualmente más de 50 mujeres están agrupadas en Exótica Textiles y se siguen sumando pues las que tienen en sus casas maquinaria organizan talleres de capacitación, con ello “cada vez más mujeres saben hacer ropa, por eso ya nos urge tener un lugar para trabajar y vender nuestra ropa”, afirmó.

GOBERNADORES BAJO PRESIÓN

Tras años de dilación del proyecto ellas buscan “unir todas las fuerzas”, por lo que en los últimos meses han buscado y exigido a senadores y diputados de Tabasco para que se pronuncien y les garanticen que aún si el Inadem no aprueba el proyecto éste se concretará. “Tenemos que estar a atrás de nuestros gobernadores porque ellos no nos dan respuesta”, afirmó en entrevista la costurera de Exótica Textiles Maricela Reyes Elston.

Resultado de su insistencia el pasado 19 de octubre lograron que por unanimidad las y los diputados del congreso tabasqueño exhortaron a la SE a  probar el proyecto y al gobernador del Estado y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Estado, a que sigan de cerca la respuesta del Inadem para que esta labor no recaiga únicamente en las mujeres.

Las costureras llamaron al Senado de la República a “aprobar de inmediato” el punto de acuerdo que los senadores tabasqueños Merino Campos y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Enrique Mayans Canabal presentaron el 28 de septiembre para para exigir al Inadem que informe si aprobó el proyecto. El punto lo revisa la comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Al respecto, el representante legal de Exótica Textiles, Julio César Álvarez Santos, denunció en entrevista: “no es posible que no apoyen  un proyecto con tantas ventajas para la comunidad, el gobierno de Tabasco y el federal deben apoyar este modelo de organización colectiva de mujeres que lo único que buscan es cambien sus escenarios de pobreza”.

17/MMAE/LGL








INTERNACIONAL
LABORAL
   Sindicatos de trabajadoras del hogar piden protección a derechos
Denunciarán ante CEDAW incumplimiento de Convenio 189 en Guatemala
Imagen retomada del portal de Cerigua
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua.- 20/10/2017

Sectores organizados de mujeres trabajadoras anunciaron que el próximo mes participarán en la 68º sesión de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), durante la cual denunciarán el incumplimiento del Estado en la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el irrespeto hacia los derechos de las empleadas de casa particular, maquila y del campo.

La reunión de la CEDAW se realizará del 23 de octubre al 17 de noviembre en la ciudad de Ginebra, Suiza; el 10 de noviembre el Comité de Expertas analizará la situación de Guatemala.

La Asociación de Trabajadoras del Hogar, a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM) y el Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia (SITRADOMSA) denunciaron que hasta la fecha no se han evidenciado avances sobre las recomendaciones que realizó el Comité de Expertas al Estado en materia de Derechos Humanos y laborales de las mujeres.

Estas recomendaciones están relacionadas con la ratificación del Convenio 189, el establecimiento de salarios, jornadas laborales, oportunidades de empleo, medidas de protección, legislación, seguridad social y salud para las trabajadoras más vulnerables, entre ellas las empleadas del hogar, de maquila y de sectores del campo.

En el tema de la ratificación del instrumento internacional existen además recomendaciones de distintos Estados formuladas a Guatemala durante el Examen Periódico Universal (EPU) en octubre de 2012, ante en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Guatemala será nuevamente sometida a este mecanismo el 8 de noviembre, el cual sirve para evaluar el respeto a los Derechos Humanos y el cumplimiento a las recomendaciones realizadas a los Estados miembros del Consejo.

Maritza Velásquez, directora de ATRAHDOM, afirmó que la iniciativa 4981 para la ratificación del Convenio 189 fue aprobada por el Congreso de la República hasta su segunda lectura en septiembre del año pasado, sin embargo desde esa fecha el tema no volvió a ser discutido. Demandamos la aprobación con urgencia de la ley, para el beneficio de los Derechos Humanos y laborales de las mujeres, añadió.

Creemos que estamos viviendo situaciones sociales, económicas y políticas en el país al igual que se vivieron para la revolución del 44, que puedan instar a estas fuerzas de las plazas a manifestarnos en contra de las medidas antipopulares, abusivas, corruptas, perversas de los funcionarios que gobiernan hoy.

Velásquez demandó además al Organismo Legislativo aprobar reformas al Artículo 139 del Código de Trabajo sobre el trabajo de las mujeres y menores de edad en el campo.

Aseguró que con estos cambios buscan que el trabajo de las esposas y niños en el campo deje de considerarse como “coadyuvante” y se reconozca esta labor con el pago de salarios por cada miembro de la familia y no un pago único por grupo, como se contempla actualmente.

La activista señaló también que desde hace más de un mes han buscado acercamientos con el presidente Jimmy Morales para abordar la necesidad de crear una mesa tripartita para que se discuta el establecimiento de un salario mínimo a las empleadas del hogar, sin embargo, no han recibido ninguna respuesta; aseguró que ésta es la segunda ocasión que se solicita una reunión con el mandatario para abordar el tema, pues el año pasado tampoco fueron recibidas.

SITRADOMSA y ATRAHDOM demandaron además al Ministerio de Trabajo crear una mesa de diálogo para abordar temas de las mujeres trabajadoras de la maquila, el campo, casa particular y vendedoras de catálogo, e indicaron que es fundamental que la cartera de trabajo asuma un papel más tutelar en la protección de la población trabajadora.

Asimismo, pidieron al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) mejorar el Programa de Prevención para la Trabajadora de Casa Particular (PRECAPI), el cual aseguraron es disfuncional y no representa la protección de las trabajadoras.

PRIMERA CARRERA DE EMPLEADAS DEL HOGAR

ATRHADOM invitó a participar a la población en la primera carrera de 5K que realizarán el domingo 19 de noviembre, con la cual buscan concientizar sobre los derechos de las empleadas del hogar.

La carrera se realizará en la Calle Olímpica, frente al Estadio Doroteo Guamuch, y la inscripción tendrá un costo de 100 quetzales; el dinero recaudado se invertirá en los programas de apoyo y acompañamiento de ATRAHDOM.

La organización informó que en la meta de la carrera se instalarán kiosco de información para las empleadas del hogar, mismo que se instalarán el domingo 29 de octubre en la Plaza de la Constitución y el domingo 5 de noviembre en Pasos y Pedales de la Avenida las Américas.

17/RED/LGL

 








Pages

Subscribe to RSS - derechos laborales