NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Víctimas esperan justicia en la CoIDH
A 11 años de Atenco, impunes autores materiales e intelectuales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2017 Si algo han conseguido las 11 sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, es hacer evidente que el Estado usa la violencia sexual como un arma contra las mujeres.
 
En reiteradas ocasiones el Estado mexicano ha negado que la tortura sea una práctica sistemática de las corporaciones policiacas y de las fuerzas militares, pero la denuncia de las sobrevientas de Atenco muestra que esta violencia existe y se mantiene impune.
 
“Lo que podemos aportar desde nuestra trinchera es colocar el tema de la tortura sexual como una forma, una herramienta de Estado, de tortura, de forma diferenciada que se usa en contra de las mujeres”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de Atenco.
 
A 11 años de mantenerse de pie, firmes en su denuncia y convencidas de ver en prisión a los policías y los mandos que ordenaron violentarlas, Italia asegura que lograron mostrar que este caso fue algo más que un daño colateral o una violación sexual, se trató –sostiene– de tortura.
 
En un aniversario más de los hechos del 3 y 4 de mayo que colocaron al Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, en la mira de organismo de Derechos Humanos, las sobrevivientes sostienen que ya no se puede decir que se trató de policías que no controlaron sus instintos.
 
Es por ello que Italia, Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas, continúan con la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
Aunque en 2006 al menos 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual sólo once decidieron continuar con la denuncia hasta conseguir justicia, por ello en abril de 2008 presentaron su denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En noviembre de 2011 el organismo aceptó conocer la demanda y tras diversos alegatos y análisis la CIDH determinó que las mujeres fueron detenidas de manera ilegal y  arbitraria y consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia y tortura sexual.
 
Con estas consideraciones, en noviembre del año pasado, después de una década de los hechos,  la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que analice la responsabilidad del Estado en su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y reparar el daño a las víctimas.
 
Actualmente el proceso a nivel internacional está en una etapa de comunicaciones escritas para que las partes, el Estado y las víctimas –a través de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– presenten alegatos por escrito.
 
Italia también espera que este año haya una audiencia oral ante el alto tribunal donde puedan exponer su testimonio ante los jueces.
 
Por lo pronto la primera ganancia, dice, es que develó las consecuencias de esta práctica. “Se volvió un caso relevante, no solamente por nuestra experiencia sino porque después de que nos ocurrió a nosotras hemos visto, por desgracia, un aumento. No sabemos si de la practica o de la denuncia”.
 
MIENTRAS, EN MÉXICO
 
El caso continúa en investigación en la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México pero de acuerdo con la información disponible sólo 21 policías estatales fueron consignados por “abuso de autoridad”, un delito contra la administración pública; sin embargo, todos fueron absueltos.
 
Un policía estatal fue condenado el mayo de 2008 por el delito de “actos libidinosos” hacia una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, el agresor también fue absuelto con posterioridad.
 
La apuesta y la esperanza están en la decisión de la Corte Interamericana que podría emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, lo que significaría la obligación internacional de hacer una investigación que esclarezca los hechos.
 
“Hay cosas muy puntuales que nos permitirían acceder a la justicia y a un proceso de verdad sobre lo que concurrió en Atenco hace once años”, dice Italia. La insistencia es que se investigue a los autores materiales e intelectuales, a los funcionarios que ordenaron y diseñaron el operativo.
 
Entre estos funcionarios están Genaro García Luna, entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI); Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública del Estado de México.
 
17/AGM/GG
 







QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
El informe CEDAW de México I
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 25/04/2017 Lograr que el Estado Mexicano involucre una mirada de género y de Derechos Humanos en sus acciones no ha sido tarea sencilla, mucho menos desde una perspectiva de garantizar la igualdad como una vía en el acceso a la justicia, no para dar el mismo trato a desiguales –por ejemplo la sentencia del Caso Porkys- sino para entender e involucrar las desigualdades históricas y el complejo sistema de control sobre el cuerpo de las mujeres que los lleva a naturalizar la violencia sexual contra las niñas, adolescentes y mujeres.
 
El Informe para la CEDAW de México ya fue presentado tal y como se esperaba por parte del Gobierno Mexicano, y el documento reúne diversos compromisos que se presentan como grandes avances para revertir la discriminación que viven las mujeres en México. El Comité para la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer deberá dar respuesta a este informe y señalar las recomendaciones generales y reconocimientos que se deriven del cumplimiento de las presentadas en el informe octavo y noveno.
 
Sin embargo, una lectura concienzuda del Informe nos da un largo y general listado de acciones institucionales que desde el Gobierno Federal se anuncian que han sido cumplidas y que realmente están beneficiando a las mujeres, pero la mayoría de lo señalado en el documento dista mucho de la realidad. La mejor muestra de “contradicción” entre la realidad y lo que nos dice el Informe es la “perspectiva de género” en los jueces y magistrados de los Tribunales en los estados.
 
Si bien a nivel federal la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado un trabajo por encabezar la aplicación de la perspectiva de género en la justicia con su Protocolo, capacitación a jueces y magistradas y magistrados, con disposición de Judicaturas para abrirse a estos temas de discusión y fallos novedosos en los Juzgados de Distritos, lo cierto es que las entidades siguen siendo un asunto lleno de opacidad y terreno peligroso.
 
No solo hay falta de voluntad en la mayoría de los jueces y juezas, sino que los magistrados y magistradas suelen “proteger” a éstos con sentencias a apelaciones promovidas por las familias y defensas de las víctimas de violencia sexual y, en el peor de los casos, se confirma la premisa sexista de que “ella se lo buscó” o simplemente su palabra no tiene credibilidad, silenciando así a las víctimas.
 
Bastaría revisar en ese proceso de la cadena de justicia cuántos casos son reportados ante los números de emergencia (ahora 911) sobre hechos de abuso y violencia sexual contra niñas y niños, contra adolescentes y mujeres, para ver que el número de casos sentenciados y sentencias ratificadas es muy inferior proporcionalmente.
 
El documento de ONU Mujeres sobre la violencia feminicida en México da cuenta de esta larga y tediosa búsqueda de justicia en México que ha empeorado –por la justificación de que así es el nuevo sistema- en los últimos años, reduciendo el número de sentencias sobre casos denunciados de violencia sexual contra las mujeres en las entidades federativas.
 
Lo peor es que en muchas entidades y como parte de una política pública se ha implementado un “rediseño de las estadísticas”, renombrándolas de manera retórica para evitar que al leerlas se asocie con la violencia de género y así finalmente las cifras disminuyen.
 
Para nadie, en el sistema de justicia, es un secreto que la mejor forma de “bajarle” a un delito es reclasificándolo, aunque con ello vaya de por medio el derecho de la víctima a la no mediación cuando se trata de hechos de violencia que ocurren en un contexto familiar, victimizando y obligando a la persona que sufrió el hecho a sentarse frente a su agresor y esperarlo porque no le da la gana llegar a las audiencias.
 
Si revisamos párrafo a párrafo y cotejamos los anexos, lo cual estamos realizado con el propósito de verificar cuáles recomendaciones se cumplieron para saber qué cuentas exigir y qué aspectos están informando las entidades federativas, es tarea de quienes estados en los estados informar y compartir información de que no vemos trabajando al Sistema Estatal para Prevenir la Violencia en la mayoría de las entidades, que tampoco vemos que sean aplicables los Programas de Igualdad y de Prevención de la Violencia –en los estados donde sí hay- y que es prácticamente inexistente la política pública en los Planes de Gobierno de los gobiernos que entraron entre 2014-2015 y 2016.
 
Esas generalidades enunciadas en el Informe, como presumir que una Ley contra la tortura aprobada ya es la forma de proteger a las mujeres y prevenir la tortura sexual, es en realidad una retórica breve de un párrafo, pero que representa el desconocimiento que tienen sobre el tema las personas que redactaron el documento. Simplemente no hay aún una Ley aprobada y vigente, pues el Senado la envío a la Cámara de Diputados y apenas la semana pasada fue aprobada y será regresada de nuevo al Senado para su revisión con las modificaciones hechas.
 
Y así podría enlistar las observaciones que se derivan del Informe, con el único propósito de comprometer al Estado a mirar este documento como el resumen de las acciones encaminadas a garantizar la vida de las mujeres, en un país en el que a diario son asesinadas 7 mujeres por el hecho de ser mujeres.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Con agravantes si se comete contra niñez y mujeres embarazadas
Aprueban Ley sobre Tortura en San Lázaro y la envían al Senado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/04/2017 El pleno de la Cámara de Diputados ayer aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que contempla agravantes en caso de que la víctima sea menor de edad, una mujer embarazada o sobreviviente de violencia sexual.
 
Con 417 votos a favor, el pleno aprobó la minuta enviada por el Senado pero hizo modificaciones, por lo que el proyecto fue regresado a la Cámara alta para su ratificación. La Ley debió estar lista desde el pasado 5 de enero, fecha en que se cumplió un año del límite establecido por el Congreso de la Unión para expedirla.
 
Una vez que se avale esta ley –y se derogue la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1994– entrarán en vigor nuevas consideraciones, por ejemplo: la tortura será un delito que no prescribe; se investigará de oficio o a petición de las partes y se crearán fiscalías especializadas para investigar en el ámbito local y federal.
 
Esta Ley haría frente a la tortura, una práctica que en las mujeres se caracteriza por la violencia sexual, como asegura el informe de Amnistía Internacional  “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, que documentó 100 casos de tortura hacia mujeres.
 
PENAS DIFERENCIADAS
 
La minuta avalada en San Lázaro prevé penas diferenciadas, dependiendo de si la conducta delictiva la comete un servidor público o no, y aumentará hasta en una mitad cuando se cometa contra poblaciones en vulnerabilidad como niñas, niños, adolescente, mujeres gestantes, personas con discapacidad o adultas mayores.
 
También se establece una pena mayor si la víctima fue sometida a cualquier forma de violencia sexual; si es migrante, afro descendiente, indígena, periodista o se trata de una persona defensora de Derechos Humanos o cuando la tortura sea motivada por la identidad de género u orientación sexual de la víctima.
 
Adicionalmente en el tema de investigación se establecen reglas especiales para considerar la calidad de la víctima y las situaciones particulares a la hora de realizar los dictámenes periciales. Por ejemplo, estos dictámenes deberán evitar la revictimización y se realizaran en compañía de los padres si se trata de menores de edad.
 
Los dictámenes para acreditar la tortura deberán realizaran en lugares seguros, salubres, que garanticen la privacidad de la persona, de preferencia con peritos mujeres en caso de que la víctima sea mujer o menor de edad y en casos de violencia sexual habrá asistencia médica con especialistas en ginecología, quien debe ser del mismo sexo de la víctima.
 
Estos procedimientos deben realizarse con base en los principios establecidos en los protocolos con perspectiva de género en la materia. El dictamen señala que se debe garantizar la plena igualdad al valor probatorio de dictámenes aportados por peritos independientes, incluso se prevé la negativa de aceptar peritajes que no cuenten con el consentimiento informado de las víctimas.
 
TENTATIVA
 
La tortura también podrá perseguirse en grado de tentativa, es decir, cuando el agresor inicie su ejecución sin que se consume o cuando un sujeto ordene cometer el delito pero no se lleve a cabo por causas ajenas a su voluntad. Además este delito podrá investigarse de oficio o a petición de las partes.
 
La nueva Ley considera la exclusión o su nulidad de la prueba en un proceso si fue obtenida mediante tortura o por cualquier otra violación a derechos humanos en cualquier etapa del procedimiento y el juez deberá dar vista a la Fiscalía Especializada con el objetivo de que se inicie la investigación por el delito.
 
En materia de prevención, la minuta establece la Creación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Mecanismo Nacional de Prevención; y del Registro Nacional de este delito.
 
Cabe decir que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, como los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Tlachinollan; Zeferino Ladrillero y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, exigieron al Congreso tomar en cuenta las recomendaciones internacionales para prevenir, investigar y sancionar este crimen.
 
Agrupaciones civiles aseguran que hay una falta de cifras pero los organismos de Derechos Humanos han constatado la gravedad del problema. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los organismos públicos de DH registraron 3 mil 195 y 3 mil 20 presuntas violaciones por tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el año 2013 y 2014, respectivamente.
 
La Cámara de Diputados informó que de acuerdo con la Procuraduría General de la República, hasta abril de 2015 contaba con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estado registra 15 sentencias condenatorias por casos de tortura desde 1991.
 
17/AGM/GG
 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   La dependencia acepta recomendación de la CNDH
Sin sentencia condenatoria, personal es inocente de tortura: Semar
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/12/2016 La Secretaría de Marina (Semar) aceptó la Recomendación 62/2016 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la tortura sexual que marinos ejercieron contra Claudia Medina Tamariz el 7 de agosto del 2012 en Veracruz.
 
Luego de que ayer se dio a conocer la recomendación del organismo, la dependencia advirtió en un comunicado que “no ha realizado encubrimiento alguno de hechos o de personal involucrado en este caso o en algún otro”.
 
Asimismo, reiteró que mientras el Juez no declare lo contrario mediante sentencia condenatoria, el personal es inocente, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia que rige en materia penal”.
 
La CNDH acreditó que el 7 de agosto de 2012, Medina Tamariz fue detenida de manera ilegal en su casa, mientras dormía, estuvo retenida de manera ilegal por 39 horas, fue torturada y obligada a autoinculparse de delincuencia organizada.
 
Ante esta denuncia la Semar dijo que atenderá de manera pronta y expedita los requerimientos que formule la Procuraduría General de la República (PGR) para la debida integración de la investigación correspondiente, tal y como se ha venido haciendo.
 
También precisó que una de las prioridades de la institución es la capacitación en materia de equidad de género y Derechos Humanos en las escuelas de formación hasta las de posgrados como son: el Centro de Estudios Superiores Navales, Heroica Escuela Naval Militar y escuelas
 
Esta no es la primera vez que las fuerzas armadas se pronuncian por un caso de tortura hacia una mujer. En abril pasado el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, ofreció una disculpa pública por los actos de tortura que cometieron militares en contra de una mujer en la comunidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015.
 
Sin embargo, en esta ocasión la institución encabezada por Vidal Francisco Soberón Sanz, hizo énfasis en que no hay encubrimiento del caso de tortura ocurrido en 2012 cuando Medina Tamariz fue presentada ante los medios de comunicación como líder del narcotráfico.
 
16/AGM/ KVR
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   La PGR podría iniciar una averiguación previa en contra de marinos
Piden a Semar colaborar en caso mujer víctima de tortura sexual
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/12/2016 A cuatro años de que la veracruzana Claudia Medina Tamariz fue detenida y torturada sexualmente por marinos en 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) podría iniciar una averiguación previa en contra de los agentes navales que la violentaron.
 
El pasado 16 de diciembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 62/2016, dirigida al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, por el cateo ilegal y violación a la integridad personal de Claudia.
 
En la recomendación que aún debe ser aceptada por la Semar, el organismo pide a las fuerzas armadas colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la Comisión Nacional formulará ante la PGR.
 
El 7 de agosto de 2012, entre las 03:00 y las 03:30 horas, expuso la CNDH, la víctima dormía en su casa cuando elementos de la Semar ingresaron a su hogar en el puerto de Veracruz y, junto a su esposo, la sacaron a golpes, los tiraron al suelo, les ordenaron callar, les vendaron los ojos y ataron las manos.
 
Mientras unos marinos registraron el lugar, otros los subieron a una camioneta y trasladaron a las instalaciones de la base naval ubicada en el kilómetro 13.5 de la carretera Xalapa, Veracruz, junto al aeropuerto internacional.
 
La víctima dijo que permaneció retenida de manera ilegal por 39 horas, tiempo en que fue torturada sexualmente por los agentes navales que la cuestionaron sobre un grupo delictivo, luego la obligaron a firmar una declaración autoincriminatoria.
 
A Claudia se le acusó de formar parte de una organización criminal y diversos delitos, como delincuencia organizada, daños contra la salud, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
 
De acuerdo con las declaraciones que Claudia ha dado a los medios de comunicación, posterior a la tortura y el interrogatorio, fue obligada a lavar ropa sucia con los ojos vendados y antes de trasladarla a las instalaciones de la PGR para rendir su declaración tuvo que bañarse, todo el tiempo estuvo vigilada por alguien y tuvo que vestirse con ropa que contenía polvo picante.
 
Al ser presentada como delincuente Claudia dijo ante la PGR que los marinos la habían torturado, pero la doctora –quien le realizó diversos exámenes– asentó que no presentaba lesiones y que sólo tenía una escoriación (lesión en la piel). Aun así, el 21 agosto 2012, a 14 días de la detención, el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, Zacatecas, le concedió libertad provisional bajo caución.
 
El 17 de octubre de 2012 presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, quien el 23 del mismo mes la remitió a la CNDH.
 
Finalmente en 2015 el Tercer Tribunal Unitario de Xalapa, Veracruz, otorgó la libertad inmediata a Claudia, quien fue acusada de ser líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y de posesión de drogas, narcomenudeo, acopio de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de cartuchos y granadas.
 
Hasta ahora no hay ningún marino procesado, pero ella se ha sumado a otras mujeres para denunciar en foros internacionales la tortura sexual que hay en México.
 
16/AGM/KVR







REPORTAJE
VIOLENCIA
   Cada día es más frecuente este fenómeno en México
Aumentan los casos de tortura sexual contra mujeres
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/12/2016 La tortura sexual contra las mujeres es un fenómeno recurrente, pese a que el pasado16 de abril, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos, ofreciera una disculpa pública por la tortura que militares y un policía federal ejercieron contra una mujer en Guerrero en 2015, caso que salió a la luz por un video que circuló en redes sociales. 
 
Un mes antes del acto de desagravio, en marzo de 2016, organizaciones civiles informaron que varias mujeres trasladadas al recién inaugurado Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, ubicado en Morelos, fueron víctimas de tortura, tocamientos, violación, golpes, descargas eléctricas e incomunicación.
 
Estos hechos se sumaron a las denuncias de otras agrupaciones que en los últimos 2 años y medio han documentado cómo las fuerzas de seguridad detienen de forma arbitraria a las mujeres, las torturan sexualmente para reprimir la protesta social o las obligan a inculparse de cometer delitos, en particular relacionados con drogas.
 
La abogada del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Gabriela Carreón Lee, explicó en entrevista con Cimacnoticias, que hay casos de tortura sexual que siguen un patrón de violaciones; como sucedió con Denise Blanco, Korina Urtrera y Wendy Hernández, detenidas y torturadas para “confesar” supuestos delitos contra la salud.
 
El 27 de agosto de 2011, Denise y su pareja Korina estaban en su casa en Villahermosa, Tabasco, cuando un grupo de marinos irrumpió en su domicilio, las detuvo, las llevo a una base militar del estado de Veracruz, las violó, las vejó, les dio descargas eléctricas y las semi asfixió. Cerca del lugar fue detenida Wendy quien corrió con la misma suerte.
 
Después de 36 horas de la detención y luego de la tortura sexual, las tres mujeres fueron obligadas a firmar una declaración auto inculpatoria y de esta manera fueron acusadas de delincuencia organizada y narcotráfico, delitos por los que pasaron 5 años en prisión.
 
En noviembre de este año, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en el estado de Veracruz, ordenó la liberación de las tres. Estos testimonios se recogieron del informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de Mujeres y fuerzas armadas en México”, elaborado por Amnistía Internacional (AI), donde se incluyen 100 testimonios de tortura sexual.
 
La historia de Denise, Korina y Wendy también formó parte de la información que organizaciones civiles presentó al Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura  (SPT), grupo que realizó una visita de trabajo en México del 12 al 21 de diciembre.
 
Este mes, el Subcomité estuvo en el país para evaluar el tratamiento de personas privadas de su libertad, así como las medidas que las autoridades mexicanas han adoptado para protegerlas de la tortura y los malos tratos.
 
La abogada Carreón Lee explicó que los casos documentados muestran que la mayoría de las mujeres fueron víctimas de detención ilegal y sin orden de aprehensión, retención indebida y prolongada antes de ser presentadas al Ministerio Público, además fueron incomunicadas y las exhibieron  como delincuentes ante los medios de comunicación.
 
Los patrones se repiten en los casos de Cristel Piña Jasso, detenida por policías estatales en Chihuahua en agosto de 2013, Yecenia Armenta Graciano detenida por policías ministeriales en julio de 2012 en Sinaloa, y Belinda Garza Melo violentada por la policía federal en Coahuila en julio de 2007.
 
También están los testimonios de Verónica Razo Casales, agredida por la policía federal de la Ciudad de México en junio de 2011, y Claudia Medina Tamariz, sobreviviente de tortura sexual por parte de marinos en Veracruz en agosto de 2012.
 
Desde mayo 2014 un grupo de sobrevivientes de tortura mantienen la campaña “Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual”, para dar a conocer los alcances de esta práctica.
 
En esta campaña también está Miriam Isaura López Vargas, detenida en febrero de 2011 por militares en Baja California, quienes la violaron y torturaron con descargas eléctricas para inculpar a otras personas. En septiembre de 2011 fue liberada.
 
Este 15 de diciembre se cumplieron 5 años desde que Miriam interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República, por la tortura de la que fue víctima.
 
La directora del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Nancy López, aseguró que con la estrategia armada contra de la delincuencia organizada que se implementó desde 2006 surgieron casos de tortura que sirvieron para “armar historias” de supuestas detenciones de grandes criminales.
 
Ante estas arbitrariedades y debido a que Miriam denunció la tortura y no ha tenido respuesta, la CMDPDH –coadyuvante en la denuncia– podría presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado mexicano rinda cuentas de las omisiones y las acciones cometidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR  y el Poder Judicial.
 
SIN ACCIONES DE PREVENCIÓN
 
La delegación del SPT integrada por Felipe Villavicencio, Enrique Font, Emilio Ginés Santidrián y Nora Sveass analizó las recomendaciones hechas al país en su visita previa en 2008, cuando dijo al Estado mexicano establecer nuevos mecanismos y controles de seguimiento a las denuncias sobre tortura, crear un programa nacional de atención a víctimas y prevenir la tortura durante la detención.
 
La Relatoría especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el SPT presentó sus observaciones preliminares de manera confidencial al Gobierno de México. Sin embargo, en un boletín informó que exhortó a México a esforzarse más en la lucha contra la impunidad.
 
Organizaciones como el Centro Prodh, la CMDPDH y AI, han denunciado públicamente más casos de tortura durante la detención que cuando las mujeres están en prisión.
 
Para las agrupaciones civiles un paso clave para evitar y sancionar la tortura sexual es tener una Ley General contra la Tortura, pero estas propuestas están en análisis en el Congreso desde 2015.
 
Aunque en esta ocasión no habrá información pública del STP, un balance lo hizo en 2014 la Relatoría de la ONU cuando el entonces relator Juan Méndez visitó México y encontró que la tortura era generalizada y expresó su inquietud respecto a los numerosos testimonios de mujeres.
 
16/AGM/KVR/LGL
 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Relator de la ONU alista visita
ONU calificará a México en prevención de tortura
Tomada de Amnistía Internacional/Londres38
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/12/2016 El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) realizará una segunda visita a México del 12 al 21 de diciembre para evaluar el tratamiento de personas privadas de su libertad, así como las medidas que se han adoptado para protegerlas de la tortura.
 
Esta visita se da a 2 años de que en 2014, el entonces relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del SPT, Juan E. Méndez, realizó un viaje de trabajo a México donde concluyó que la tortura era una práctica generalizada, y que la tortura sexual contra mujeres se cometía para obligarlas a inculparse de algún delito.
 
En esta ocasión la delegación integrada por los expertos Felipe Villavicencio, Enrique Font, Emilio Ginés Santidrián y Nora Sveass, acudirá a prisiones, estaciones de Policía, cuarteles, instituciones psiquiátricas, centros correccionales para jóvenes e instalaciones de detención para migrantes, tanto a nivel federal como estatal.
 
Los expertos se reunirán con autoridades del Estado, funcionarios de la ONU, representantes de la sociedad civil y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para presentar al final de la visita sus observaciones preliminares al Gobierno de México, con carácter de confidenciales.
 
Cuando Juan E. Méndez estuvo en el país, el gobierno mexicano a través del entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, calificó de “no profesional y poco ético” el trabajo de quien fuera relator y señaló la tortura como una práctica generalizada en México.
 
En esta ocasión, el SPT revisará los avances de las recomendaciones que hizo hace 8 años (2008), cuando recomendó al Estado mexicano establecer mecanismos y controles de seguimiento a las denuncias sobre tortura, crear un programa nacional de atención a víctimas de tortura y controles legislativos para prevenir la tortura durante la detención.
 
De acuerdo con un informe de la Relatoría Especial del SPT de la ONU, las mujeres, niñas y personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero están particularmente expuestas a sufrir torturas y maltratos al ser privadas de su libertad.
 
Un caso similar es el de las mujeres. Mientras están en detención preventiva corren un riesgo particular de sufrir torturas y malos tratos, ya que agentes del Estado pueden emplear la violencia y los abusos sexuales como medios de coacción o para obtener confesiones, según el informe.
 
16/AGM/AMS/LGL







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Buscarán justicia y exigen a PGR no apelar decisión del juez
Después de 5 años en prisión liberan a veracruzanas torturadas por agentes del Estado
Foto: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/11/2016 Luego de pasar 5 años en prisión en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16 en el estado de Morelos, las veracruzanas sobrevivientes de tortura sexual, Denise Blanco, Korina Utrera y Wendy Hernández fueron liberadas.
 
Las mujeres fueron detenidas sin orden de aprehensión por elementos de la Marina Armada de México en Villahermosa, Tabasco, el 27 de agosto de 2011 y llevadas a una instalación militar en Veracruz, en donde permanecieron retenidas 36 horas.
 
Durante el tiempo de su retención fueron torturadas, abusadas sexualmente y violadas. Las acusaron de pertenecer a un grupo delictivo y su proceso penal estuvo lleno de irregularidades.
 
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que las mujeres fueron puestas en libertad, luego de que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Veracruz ordenara su liberación.
 
Al salir de prisión, Denise Blanco dijo que su libertad es “tener de nuevo vida que se suspendió sin sentido, rehacer el tiempo perdido”.
 
Mientras que Korina Utrera, refirió “la libertad es volver a nacer junto a mi familia y la gente que me apoyó. Hoy es una nueva vida para mí, estoy de frente y de pie, quiero justicia”.
 
Por su parte, Wendy Hernández, explicó que para ella la libertad significa “estar con la mirada al frente y con sed de justicia”.
 
En días pasados, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual  se integraron a la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual” que realizan varias organizaciones civiles entre las que se encuentran el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Asociadas por lo Justo (JASS), entre otras.
 
En el comunicado, las organizaciones integrantes de la campaña reconocieron que la liberación de las mujeres representa un primer paso para la justicia y exigieron que la Procuraduría General de la República (PGR) no apele la decisión del juez e investigue las denuncias de tortura de las mujeres y garantice que éstas puedan interponer recursos efectivos y reciban una reparación integral.
 
El 5 de mayo de 2014 inició la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual” con el caso de las sobrevivientes de tortura sexual en el operativo policial de San Salvador Atenco, en mayo de 2006.
 
Actualmente la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual” tiene documentados 19 casos de mujeres torturadas sexualmente por distintos agentes de seguridad.
 
16/GMV/LGL







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   A medias, Plataforma virtual Memoria y Verdad del INAI
Incompleta la información sobre hechos de Atenco y Campo Algodonero
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/10/2016 Artículo 19; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, denunciaron opacidad y ocultamiento de información en el proyecto denominado plataforma virtual Memoria y Verdad, impulsada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
 
La plataforma virtual Memoria y Verdad presentada el pasado 11 de octubre, tiene el objetivo de generar un archivo digital de 15 casos de violaciones graves a Derechos Humanos y facilitar el acceso público a estos casos, entre ellos los operativos policiacos de Atenco en 2006 que dejaron como saldo 26 mujeres víctimas de violación sexual; y el feminicidio de ocho mujeres en Ciudad Juárez en 2001, conocido como Campo Algodonero, sin embargo no contiene información completa.
 
El INAI recibió 54 solicitudes de información sobre la sentencia que en 2009 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por el asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez en 2001, conocido como “Campo Algodonero”.
 
De acuerdo con la plataforma, de las 54 solicitudes sobre Campo Algodonero, 44 son sobre información relacionada con el acceso a la justicia para las mujeres, 10 respecto a los actores involucrados y dos sobre el contexto en que ocurrieron los hechos; pero en la página web las respuestas a las solicitudes no son accesibles.
 
En el caso de los operativos policiacos implementados durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto en 2006 en Atenco, Estado de México, el INAI recibió 27 solicitudes de información, dos relacionadas con el acceso a la justicia, 11 con los actores involucrados, siete con el contexto, nueve con lo sucedido y cuatro con las víctimas.
 
Además aunque el caso Atenco que dejó como saldo dos muertos y  47 mujeres detenidas, 26 de ellas víctimas de violación sexual, once de las cuales continúan su demanda ante la CoIDH, que fue ampliamente documentado por organizaciones civiles y medios de comunicación, en la plataforma sólo hay tres fotos que no son de los hechos.
 
El organismo promete seguir alimentado la página web y es que hasta ahora falta información sobre los hechos, desde documentos, fotografías y videos, hasta acciones implementadas por el Estado para reparar el daño e informar sobre el estado actual de estas violaciones a DH que en el caso de las relacionadas con derechos de las mujeres, han causado interés y pronunciamiento de organismos internacionales.
 
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NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Sin voluntad, Estado mexicano para hacer justicia a mujeres de Atenco
Uso de tortura sexual contra manifestantes podría ser analizado en CoIDH
Por los hechos derivados de los operativos policiacos de Atenco de hace una década, actualmente hay 18 policías estatales en un proceso penal, un agente del Ministerio Público y 17 médicos | En la imagen, Edith Rosales observa el collage fotográfico que inauguró el Centro Prodh en 2013 | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 05/10/2016 Abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) coincidieron en que el caso de las 11 sobrevivientes de tortura sexual de Atenco pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) porque el Estado mexicano no cumplió las recomendaciones de la Comisión Interamericana (CIDH), además de su falta de voluntad por hacer justicia.
 
Durante la conferencia de prensa para hablar sobre el proceso en la CoIDH, Araceli Olivos Portugal, Stephanie Erin Brewer y Santiago Aguirre Espinosa, del Centro Prodh; y Marcía Aguiluz,  directora del Cejil, refirieron que no se sancionó a los responsables por cadena de mando, a las fuerzas federales ni a los altos funcionarios que cometieron omisiones o contribuyeron a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos ocurridos durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México y Texcoco.
 
De acuerdo con información de las y el abogado, en diciembre de 2015 la CIDH adoptó el Informe de Fondo que contiene sus conclusiones en el caso y que le da la razón a las denunciantes al encontrar que fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria, que se acreditaron diversos actos de tortura física, psicológica y sexual, y que hubo una falta del debido proceso y denegación de la justicia.
 
Aunque el 17 de septiembre las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y la Procuraduría General dela República anunciaron que el caso pasó al alto tribunal del sistema regional de Derechos Humanos “a petición de las autoridades mexicanas”, tanto el Centro Prodh como Cejil dijeron que el caso pasó a la CoIDH por falta de cumplimiento de las recomendaciones.
 
Según la defensa de las mujeres el Estado reconoció parcialmente los hechos desde 2013, pero en los nueve meses siguientes a la notificación del Informe de Fondo –que próximamente se hará público– no hubo voluntad de hacer justicia, en particular no se sancionó a los responsables por cadena de mando, a las fuerzas federales ni a los altos funcionarios que cometieron omisiones o contribuyeron a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos.
 
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, explicó que al no cumplirse las recomendaciones del Informe de Fondo el caso fue remitido a la Corte Interamericana, lo que eventualmente podría significar la séptima condena contra el Estado mexicano desde que fue reconocida la competencia contenciosa del alto tribunal en 1999.
 
La CoIDH ha emitido tres sentencias por violaciones a los derechos de las mujeres. En noviembre de 2009 condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua; y en octubre de 2010 dictó dos sentencias más por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violentadas por elementos del Ejército mexicano en Guerrero, en 2001.
 
Además la primera sentencia fue en 2008 en materia de derechos políticos en el caso de Jorge Castañeda Gutman; en noviembre de 2009 el organismo emitió otra por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco; y en noviembre de 2010 un fallo más por la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
 
Ahora, la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de analizar el uso de la tortura sexual y dictar medidas de no repetición vinculantes para el Estado mexicano, contribuyendo al reconocimiento y erradicación de este fenómeno.
 
A decir del abogado Aguirre, este litigo a nivel internacional es una oportunidad para revisar el uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de las expresiones de protesta y de la tortura sexual, dos problemas estructurales que están detrás de las violaciones a Derechos Humanos cometidas en 2006 y que hoy siguen vigentes.
 
Sobre este tema la directora del Cejil Marcía Aguiluz, aseguró que hay esperanza en que el organismo internacional entienda la importancia de este caso y dicte medidas de prevención de la tortura sexual contra las mujeres.
 
La activista explicó que el Estado mexicano tuvo un plazo para cumplir las recomendaciones y no lo hizo pero destacó que hoy tiene la oportunidad de investigar lo que ocurrió a las mujeres porque si bien hay una indagación abierta en ésta no se ha señalado a ningún agente federal ni se ha imputado el delito de tortura sexual, lo que significa que no hay ninguna sanción efectiva.
 
Aguiluz dijo que la investigación es imprescindible para romper el círculo de impunidad y así lo demuestran las tres condenas internacionales por violencia contra las mujeres. En ese sentido consideró que Atenco será un caso relevante para el continente, para profundizar estándares y jurisprudencia que protejan a las mujeres víctimas de tortura sexual, así como investigar estos hechos.
 
La coordinadora del Centro Prodh, Stephanie Erin Brewer expuso que en esta nueva etapa del proceso internacional la CoIDH revisará la responsabilidad del Estado mexicano en la detención ilegal y arbitraria de las mujeres, el hecho de que no contaron con defensa técnica adecuada, vivieron procesos penales injustos y violaciones al debido proceso o falta de investigación adecuada.
 
Por eso las violaciones se analizarán a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos; de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención De Belém do Pará.
 
De acuerdo con la coordinadora del Área de Defensa del Centro Prodh, Araceli Olivos Portugal, por los hechos derivados de los operativos policiacos de Atenco de hace una década, actualmente hay 18 policías estatales en un proceso penal, un agente del Ministerio Público y 17 médicos, mientras que otros cinco profesionales de la salud fueron absueltos por falta de pruebas.
 
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