NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Con agravantes si se comete contra niñez y mujeres embarazadas
Aprueban Ley sobre Tortura en San Lázaro y la envían al Senado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/04/2017 El pleno de la Cámara de Diputados ayer aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que contempla agravantes en caso de que la víctima sea menor de edad, una mujer embarazada o sobreviviente de violencia sexual.
 
Con 417 votos a favor, el pleno aprobó la minuta enviada por el Senado pero hizo modificaciones, por lo que el proyecto fue regresado a la Cámara alta para su ratificación. La Ley debió estar lista desde el pasado 5 de enero, fecha en que se cumplió un año del límite establecido por el Congreso de la Unión para expedirla.
 
Una vez que se avale esta ley –y se derogue la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1994– entrarán en vigor nuevas consideraciones, por ejemplo: la tortura será un delito que no prescribe; se investigará de oficio o a petición de las partes y se crearán fiscalías especializadas para investigar en el ámbito local y federal.
 
Esta Ley haría frente a la tortura, una práctica que en las mujeres se caracteriza por la violencia sexual, como asegura el informe de Amnistía Internacional  “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, que documentó 100 casos de tortura hacia mujeres.
 
PENAS DIFERENCIADAS
 
La minuta avalada en San Lázaro prevé penas diferenciadas, dependiendo de si la conducta delictiva la comete un servidor público o no, y aumentará hasta en una mitad cuando se cometa contra poblaciones en vulnerabilidad como niñas, niños, adolescente, mujeres gestantes, personas con discapacidad o adultas mayores.
 
También se establece una pena mayor si la víctima fue sometida a cualquier forma de violencia sexual; si es migrante, afro descendiente, indígena, periodista o se trata de una persona defensora de Derechos Humanos o cuando la tortura sea motivada por la identidad de género u orientación sexual de la víctima.
 
Adicionalmente en el tema de investigación se establecen reglas especiales para considerar la calidad de la víctima y las situaciones particulares a la hora de realizar los dictámenes periciales. Por ejemplo, estos dictámenes deberán evitar la revictimización y se realizaran en compañía de los padres si se trata de menores de edad.
 
Los dictámenes para acreditar la tortura deberán realizaran en lugares seguros, salubres, que garanticen la privacidad de la persona, de preferencia con peritos mujeres en caso de que la víctima sea mujer o menor de edad y en casos de violencia sexual habrá asistencia médica con especialistas en ginecología, quien debe ser del mismo sexo de la víctima.
 
Estos procedimientos deben realizarse con base en los principios establecidos en los protocolos con perspectiva de género en la materia. El dictamen señala que se debe garantizar la plena igualdad al valor probatorio de dictámenes aportados por peritos independientes, incluso se prevé la negativa de aceptar peritajes que no cuenten con el consentimiento informado de las víctimas.
 
TENTATIVA
 
La tortura también podrá perseguirse en grado de tentativa, es decir, cuando el agresor inicie su ejecución sin que se consume o cuando un sujeto ordene cometer el delito pero no se lleve a cabo por causas ajenas a su voluntad. Además este delito podrá investigarse de oficio o a petición de las partes.
 
La nueva Ley considera la exclusión o su nulidad de la prueba en un proceso si fue obtenida mediante tortura o por cualquier otra violación a derechos humanos en cualquier etapa del procedimiento y el juez deberá dar vista a la Fiscalía Especializada con el objetivo de que se inicie la investigación por el delito.
 
En materia de prevención, la minuta establece la Creación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Mecanismo Nacional de Prevención; y del Registro Nacional de este delito.
 
Cabe decir que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, como los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Tlachinollan; Zeferino Ladrillero y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, exigieron al Congreso tomar en cuenta las recomendaciones internacionales para prevenir, investigar y sancionar este crimen.
 
Agrupaciones civiles aseguran que hay una falta de cifras pero los organismos de Derechos Humanos han constatado la gravedad del problema. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los organismos públicos de DH registraron 3 mil 195 y 3 mil 20 presuntas violaciones por tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el año 2013 y 2014, respectivamente.
 
La Cámara de Diputados informó que de acuerdo con la Procuraduría General de la República, hasta abril de 2015 contaba con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estado registra 15 sentencias condenatorias por casos de tortura desde 1991.
 
17/AGM/GG
 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   La dependencia acepta recomendación de la CNDH
Sin sentencia condenatoria, personal es inocente de tortura: Semar
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/12/2016 La Secretaría de Marina (Semar) aceptó la Recomendación 62/2016 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la tortura sexual que marinos ejercieron contra Claudia Medina Tamariz el 7 de agosto del 2012 en Veracruz.
 
Luego de que ayer se dio a conocer la recomendación del organismo, la dependencia advirtió en un comunicado que “no ha realizado encubrimiento alguno de hechos o de personal involucrado en este caso o en algún otro”.
 
Asimismo, reiteró que mientras el Juez no declare lo contrario mediante sentencia condenatoria, el personal es inocente, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia que rige en materia penal”.
 
La CNDH acreditó que el 7 de agosto de 2012, Medina Tamariz fue detenida de manera ilegal en su casa, mientras dormía, estuvo retenida de manera ilegal por 39 horas, fue torturada y obligada a autoinculparse de delincuencia organizada.
 
Ante esta denuncia la Semar dijo que atenderá de manera pronta y expedita los requerimientos que formule la Procuraduría General de la República (PGR) para la debida integración de la investigación correspondiente, tal y como se ha venido haciendo.
 
También precisó que una de las prioridades de la institución es la capacitación en materia de equidad de género y Derechos Humanos en las escuelas de formación hasta las de posgrados como son: el Centro de Estudios Superiores Navales, Heroica Escuela Naval Militar y escuelas
 
Esta no es la primera vez que las fuerzas armadas se pronuncian por un caso de tortura hacia una mujer. En abril pasado el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, ofreció una disculpa pública por los actos de tortura que cometieron militares en contra de una mujer en la comunidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015.
 
Sin embargo, en esta ocasión la institución encabezada por Vidal Francisco Soberón Sanz, hizo énfasis en que no hay encubrimiento del caso de tortura ocurrido en 2012 cuando Medina Tamariz fue presentada ante los medios de comunicación como líder del narcotráfico.
 
16/AGM/ KVR
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   La PGR podría iniciar una averiguación previa en contra de marinos
Piden a Semar colaborar en caso mujer víctima de tortura sexual
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/12/2016 A cuatro años de que la veracruzana Claudia Medina Tamariz fue detenida y torturada sexualmente por marinos en 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) podría iniciar una averiguación previa en contra de los agentes navales que la violentaron.
 
El pasado 16 de diciembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 62/2016, dirigida al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, por el cateo ilegal y violación a la integridad personal de Claudia.
 
En la recomendación que aún debe ser aceptada por la Semar, el organismo pide a las fuerzas armadas colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la Comisión Nacional formulará ante la PGR.
 
El 7 de agosto de 2012, entre las 03:00 y las 03:30 horas, expuso la CNDH, la víctima dormía en su casa cuando elementos de la Semar ingresaron a su hogar en el puerto de Veracruz y, junto a su esposo, la sacaron a golpes, los tiraron al suelo, les ordenaron callar, les vendaron los ojos y ataron las manos.
 
Mientras unos marinos registraron el lugar, otros los subieron a una camioneta y trasladaron a las instalaciones de la base naval ubicada en el kilómetro 13.5 de la carretera Xalapa, Veracruz, junto al aeropuerto internacional.
 
La víctima dijo que permaneció retenida de manera ilegal por 39 horas, tiempo en que fue torturada sexualmente por los agentes navales que la cuestionaron sobre un grupo delictivo, luego la obligaron a firmar una declaración autoincriminatoria.
 
A Claudia se le acusó de formar parte de una organización criminal y diversos delitos, como delincuencia organizada, daños contra la salud, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
 
De acuerdo con las declaraciones que Claudia ha dado a los medios de comunicación, posterior a la tortura y el interrogatorio, fue obligada a lavar ropa sucia con los ojos vendados y antes de trasladarla a las instalaciones de la PGR para rendir su declaración tuvo que bañarse, todo el tiempo estuvo vigilada por alguien y tuvo que vestirse con ropa que contenía polvo picante.
 
Al ser presentada como delincuente Claudia dijo ante la PGR que los marinos la habían torturado, pero la doctora –quien le realizó diversos exámenes– asentó que no presentaba lesiones y que sólo tenía una escoriación (lesión en la piel). Aun así, el 21 agosto 2012, a 14 días de la detención, el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, Zacatecas, le concedió libertad provisional bajo caución.
 
El 17 de octubre de 2012 presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, quien el 23 del mismo mes la remitió a la CNDH.
 
Finalmente en 2015 el Tercer Tribunal Unitario de Xalapa, Veracruz, otorgó la libertad inmediata a Claudia, quien fue acusada de ser líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y de posesión de drogas, narcomenudeo, acopio de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de cartuchos y granadas.
 
Hasta ahora no hay ningún marino procesado, pero ella se ha sumado a otras mujeres para denunciar en foros internacionales la tortura sexual que hay en México.
 
16/AGM/KVR







REPORTAJE
VIOLENCIA
   Cada día es más frecuente este fenómeno en México
Aumentan los casos de tortura sexual contra mujeres
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/12/2016 La tortura sexual contra las mujeres es un fenómeno recurrente, pese a que el pasado16 de abril, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos, ofreciera una disculpa pública por la tortura que militares y un policía federal ejercieron contra una mujer en Guerrero en 2015, caso que salió a la luz por un video que circuló en redes sociales. 
 
Un mes antes del acto de desagravio, en marzo de 2016, organizaciones civiles informaron que varias mujeres trasladadas al recién inaugurado Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, ubicado en Morelos, fueron víctimas de tortura, tocamientos, violación, golpes, descargas eléctricas e incomunicación.
 
Estos hechos se sumaron a las denuncias de otras agrupaciones que en los últimos 2 años y medio han documentado cómo las fuerzas de seguridad detienen de forma arbitraria a las mujeres, las torturan sexualmente para reprimir la protesta social o las obligan a inculparse de cometer delitos, en particular relacionados con drogas.
 
La abogada del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Gabriela Carreón Lee, explicó en entrevista con Cimacnoticias, que hay casos de tortura sexual que siguen un patrón de violaciones; como sucedió con Denise Blanco, Korina Urtrera y Wendy Hernández, detenidas y torturadas para “confesar” supuestos delitos contra la salud.
 
El 27 de agosto de 2011, Denise y su pareja Korina estaban en su casa en Villahermosa, Tabasco, cuando un grupo de marinos irrumpió en su domicilio, las detuvo, las llevo a una base militar del estado de Veracruz, las violó, las vejó, les dio descargas eléctricas y las semi asfixió. Cerca del lugar fue detenida Wendy quien corrió con la misma suerte.
 
Después de 36 horas de la detención y luego de la tortura sexual, las tres mujeres fueron obligadas a firmar una declaración auto inculpatoria y de esta manera fueron acusadas de delincuencia organizada y narcotráfico, delitos por los que pasaron 5 años en prisión.
 
En noviembre de este año, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en el estado de Veracruz, ordenó la liberación de las tres. Estos testimonios se recogieron del informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de Mujeres y fuerzas armadas en México”, elaborado por Amnistía Internacional (AI), donde se incluyen 100 testimonios de tortura sexual.
 
La historia de Denise, Korina y Wendy también formó parte de la información que organizaciones civiles presentó al Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura  (SPT), grupo que realizó una visita de trabajo en México del 12 al 21 de diciembre.
 
Este mes, el Subcomité estuvo en el país para evaluar el tratamiento de personas privadas de su libertad, así como las medidas que las autoridades mexicanas han adoptado para protegerlas de la tortura y los malos tratos.
 
La abogada Carreón Lee explicó que los casos documentados muestran que la mayoría de las mujeres fueron víctimas de detención ilegal y sin orden de aprehensión, retención indebida y prolongada antes de ser presentadas al Ministerio Público, además fueron incomunicadas y las exhibieron  como delincuentes ante los medios de comunicación.
 
Los patrones se repiten en los casos de Cristel Piña Jasso, detenida por policías estatales en Chihuahua en agosto de 2013, Yecenia Armenta Graciano detenida por policías ministeriales en julio de 2012 en Sinaloa, y Belinda Garza Melo violentada por la policía federal en Coahuila en julio de 2007.
 
También están los testimonios de Verónica Razo Casales, agredida por la policía federal de la Ciudad de México en junio de 2011, y Claudia Medina Tamariz, sobreviviente de tortura sexual por parte de marinos en Veracruz en agosto de 2012.
 
Desde mayo 2014 un grupo de sobrevivientes de tortura mantienen la campaña “Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual”, para dar a conocer los alcances de esta práctica.
 
En esta campaña también está Miriam Isaura López Vargas, detenida en febrero de 2011 por militares en Baja California, quienes la violaron y torturaron con descargas eléctricas para inculpar a otras personas. En septiembre de 2011 fue liberada.
 
Este 15 de diciembre se cumplieron 5 años desde que Miriam interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República, por la tortura de la que fue víctima.
 
La directora del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Nancy López, aseguró que con la estrategia armada contra de la delincuencia organizada que se implementó desde 2006 surgieron casos de tortura que sirvieron para “armar historias” de supuestas detenciones de grandes criminales.
 
Ante estas arbitrariedades y debido a que Miriam denunció la tortura y no ha tenido respuesta, la CMDPDH –coadyuvante en la denuncia– podría presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado mexicano rinda cuentas de las omisiones y las acciones cometidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR  y el Poder Judicial.
 
SIN ACCIONES DE PREVENCIÓN
 
La delegación del SPT integrada por Felipe Villavicencio, Enrique Font, Emilio Ginés Santidrián y Nora Sveass analizó las recomendaciones hechas al país en su visita previa en 2008, cuando dijo al Estado mexicano establecer nuevos mecanismos y controles de seguimiento a las denuncias sobre tortura, crear un programa nacional de atención a víctimas y prevenir la tortura durante la detención.
 
La Relatoría especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el SPT presentó sus observaciones preliminares de manera confidencial al Gobierno de México. Sin embargo, en un boletín informó que exhortó a México a esforzarse más en la lucha contra la impunidad.
 
Organizaciones como el Centro Prodh, la CMDPDH y AI, han denunciado públicamente más casos de tortura durante la detención que cuando las mujeres están en prisión.
 
Para las agrupaciones civiles un paso clave para evitar y sancionar la tortura sexual es tener una Ley General contra la Tortura, pero estas propuestas están en análisis en el Congreso desde 2015.
 
Aunque en esta ocasión no habrá información pública del STP, un balance lo hizo en 2014 la Relatoría de la ONU cuando el entonces relator Juan Méndez visitó México y encontró que la tortura era generalizada y expresó su inquietud respecto a los numerosos testimonios de mujeres.
 
16/AGM/KVR/LGL
 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Relator de la ONU alista visita
ONU calificará a México en prevención de tortura
Tomada de Amnistía Internacional/Londres38
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/12/2016 El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) realizará una segunda visita a México del 12 al 21 de diciembre para evaluar el tratamiento de personas privadas de su libertad, así como las medidas que se han adoptado para protegerlas de la tortura.
 
Esta visita se da a 2 años de que en 2014, el entonces relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del SPT, Juan E. Méndez, realizó un viaje de trabajo a México donde concluyó que la tortura era una práctica generalizada, y que la tortura sexual contra mujeres se cometía para obligarlas a inculparse de algún delito.
 
En esta ocasión la delegación integrada por los expertos Felipe Villavicencio, Enrique Font, Emilio Ginés Santidrián y Nora Sveass, acudirá a prisiones, estaciones de Policía, cuarteles, instituciones psiquiátricas, centros correccionales para jóvenes e instalaciones de detención para migrantes, tanto a nivel federal como estatal.
 
Los expertos se reunirán con autoridades del Estado, funcionarios de la ONU, representantes de la sociedad civil y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para presentar al final de la visita sus observaciones preliminares al Gobierno de México, con carácter de confidenciales.
 
Cuando Juan E. Méndez estuvo en el país, el gobierno mexicano a través del entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, calificó de “no profesional y poco ético” el trabajo de quien fuera relator y señaló la tortura como una práctica generalizada en México.
 
En esta ocasión, el SPT revisará los avances de las recomendaciones que hizo hace 8 años (2008), cuando recomendó al Estado mexicano establecer mecanismos y controles de seguimiento a las denuncias sobre tortura, crear un programa nacional de atención a víctimas de tortura y controles legislativos para prevenir la tortura durante la detención.
 
De acuerdo con un informe de la Relatoría Especial del SPT de la ONU, las mujeres, niñas y personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero están particularmente expuestas a sufrir torturas y maltratos al ser privadas de su libertad.
 
Un caso similar es el de las mujeres. Mientras están en detención preventiva corren un riesgo particular de sufrir torturas y malos tratos, ya que agentes del Estado pueden emplear la violencia y los abusos sexuales como medios de coacción o para obtener confesiones, según el informe.
 
16/AGM/AMS/LGL







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Buscarán justicia y exigen a PGR no apelar decisión del juez
Después de 5 años en prisión liberan a veracruzanas torturadas por agentes del Estado
Foto: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/11/2016 Luego de pasar 5 años en prisión en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16 en el estado de Morelos, las veracruzanas sobrevivientes de tortura sexual, Denise Blanco, Korina Utrera y Wendy Hernández fueron liberadas.
 
Las mujeres fueron detenidas sin orden de aprehensión por elementos de la Marina Armada de México en Villahermosa, Tabasco, el 27 de agosto de 2011 y llevadas a una instalación militar en Veracruz, en donde permanecieron retenidas 36 horas.
 
Durante el tiempo de su retención fueron torturadas, abusadas sexualmente y violadas. Las acusaron de pertenecer a un grupo delictivo y su proceso penal estuvo lleno de irregularidades.
 
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que las mujeres fueron puestas en libertad, luego de que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Veracruz ordenara su liberación.
 
Al salir de prisión, Denise Blanco dijo que su libertad es “tener de nuevo vida que se suspendió sin sentido, rehacer el tiempo perdido”.
 
Mientras que Korina Utrera, refirió “la libertad es volver a nacer junto a mi familia y la gente que me apoyó. Hoy es una nueva vida para mí, estoy de frente y de pie, quiero justicia”.
 
Por su parte, Wendy Hernández, explicó que para ella la libertad significa “estar con la mirada al frente y con sed de justicia”.
 
En días pasados, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual  se integraron a la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual” que realizan varias organizaciones civiles entre las que se encuentran el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Asociadas por lo Justo (JASS), entre otras.
 
En el comunicado, las organizaciones integrantes de la campaña reconocieron que la liberación de las mujeres representa un primer paso para la justicia y exigieron que la Procuraduría General de la República (PGR) no apele la decisión del juez e investigue las denuncias de tortura de las mujeres y garantice que éstas puedan interponer recursos efectivos y reciban una reparación integral.
 
El 5 de mayo de 2014 inició la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual” con el caso de las sobrevivientes de tortura sexual en el operativo policial de San Salvador Atenco, en mayo de 2006.
 
Actualmente la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual” tiene documentados 19 casos de mujeres torturadas sexualmente por distintos agentes de seguridad.
 
16/GMV/LGL







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   A medias, Plataforma virtual Memoria y Verdad del INAI
Incompleta la información sobre hechos de Atenco y Campo Algodonero
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/10/2016 Artículo 19; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, denunciaron opacidad y ocultamiento de información en el proyecto denominado plataforma virtual Memoria y Verdad, impulsada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
 
La plataforma virtual Memoria y Verdad presentada el pasado 11 de octubre, tiene el objetivo de generar un archivo digital de 15 casos de violaciones graves a Derechos Humanos y facilitar el acceso público a estos casos, entre ellos los operativos policiacos de Atenco en 2006 que dejaron como saldo 26 mujeres víctimas de violación sexual; y el feminicidio de ocho mujeres en Ciudad Juárez en 2001, conocido como Campo Algodonero, sin embargo no contiene información completa.
 
El INAI recibió 54 solicitudes de información sobre la sentencia que en 2009 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por el asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez en 2001, conocido como “Campo Algodonero”.
 
De acuerdo con la plataforma, de las 54 solicitudes sobre Campo Algodonero, 44 son sobre información relacionada con el acceso a la justicia para las mujeres, 10 respecto a los actores involucrados y dos sobre el contexto en que ocurrieron los hechos; pero en la página web las respuestas a las solicitudes no son accesibles.
 
En el caso de los operativos policiacos implementados durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto en 2006 en Atenco, Estado de México, el INAI recibió 27 solicitudes de información, dos relacionadas con el acceso a la justicia, 11 con los actores involucrados, siete con el contexto, nueve con lo sucedido y cuatro con las víctimas.
 
Además aunque el caso Atenco que dejó como saldo dos muertos y  47 mujeres detenidas, 26 de ellas víctimas de violación sexual, once de las cuales continúan su demanda ante la CoIDH, que fue ampliamente documentado por organizaciones civiles y medios de comunicación, en la plataforma sólo hay tres fotos que no son de los hechos.
 
El organismo promete seguir alimentado la página web y es que hasta ahora falta información sobre los hechos, desde documentos, fotografías y videos, hasta acciones implementadas por el Estado para reparar el daño e informar sobre el estado actual de estas violaciones a DH que en el caso de las relacionadas con derechos de las mujeres, han causado interés y pronunciamiento de organismos internacionales.
 
16/AGM/LGL







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Sin voluntad, Estado mexicano para hacer justicia a mujeres de Atenco
Uso de tortura sexual contra manifestantes podría ser analizado en CoIDH
Por los hechos derivados de los operativos policiacos de Atenco de hace una década, actualmente hay 18 policías estatales en un proceso penal, un agente del Ministerio Público y 17 médicos | En la imagen, Edith Rosales observa el collage fotográfico que inauguró el Centro Prodh en 2013 | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 05/10/2016 Abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) coincidieron en que el caso de las 11 sobrevivientes de tortura sexual de Atenco pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) porque el Estado mexicano no cumplió las recomendaciones de la Comisión Interamericana (CIDH), además de su falta de voluntad por hacer justicia.
 
Durante la conferencia de prensa para hablar sobre el proceso en la CoIDH, Araceli Olivos Portugal, Stephanie Erin Brewer y Santiago Aguirre Espinosa, del Centro Prodh; y Marcía Aguiluz,  directora del Cejil, refirieron que no se sancionó a los responsables por cadena de mando, a las fuerzas federales ni a los altos funcionarios que cometieron omisiones o contribuyeron a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos ocurridos durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México y Texcoco.
 
De acuerdo con información de las y el abogado, en diciembre de 2015 la CIDH adoptó el Informe de Fondo que contiene sus conclusiones en el caso y que le da la razón a las denunciantes al encontrar que fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria, que se acreditaron diversos actos de tortura física, psicológica y sexual, y que hubo una falta del debido proceso y denegación de la justicia.
 
Aunque el 17 de septiembre las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación y la Procuraduría General dela República anunciaron que el caso pasó al alto tribunal del sistema regional de Derechos Humanos “a petición de las autoridades mexicanas”, tanto el Centro Prodh como Cejil dijeron que el caso pasó a la CoIDH por falta de cumplimiento de las recomendaciones.
 
Según la defensa de las mujeres el Estado reconoció parcialmente los hechos desde 2013, pero en los nueve meses siguientes a la notificación del Informe de Fondo –que próximamente se hará público– no hubo voluntad de hacer justicia, en particular no se sancionó a los responsables por cadena de mando, a las fuerzas federales ni a los altos funcionarios que cometieron omisiones o contribuyeron a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos.
 
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre, explicó que al no cumplirse las recomendaciones del Informe de Fondo el caso fue remitido a la Corte Interamericana, lo que eventualmente podría significar la séptima condena contra el Estado mexicano desde que fue reconocida la competencia contenciosa del alto tribunal en 1999.
 
La CoIDH ha emitido tres sentencias por violaciones a los derechos de las mujeres. En noviembre de 2009 condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua; y en octubre de 2010 dictó dos sentencias más por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, violentadas por elementos del Ejército mexicano en Guerrero, en 2001.
 
Además la primera sentencia fue en 2008 en materia de derechos políticos en el caso de Jorge Castañeda Gutman; en noviembre de 2009 el organismo emitió otra por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco; y en noviembre de 2010 un fallo más por la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.
 
Ahora, la Corte Interamericana tendrá la oportunidad de analizar el uso de la tortura sexual y dictar medidas de no repetición vinculantes para el Estado mexicano, contribuyendo al reconocimiento y erradicación de este fenómeno.
 
A decir del abogado Aguirre, este litigo a nivel internacional es una oportunidad para revisar el uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de las expresiones de protesta y de la tortura sexual, dos problemas estructurales que están detrás de las violaciones a Derechos Humanos cometidas en 2006 y que hoy siguen vigentes.
 
Sobre este tema la directora del Cejil Marcía Aguiluz, aseguró que hay esperanza en que el organismo internacional entienda la importancia de este caso y dicte medidas de prevención de la tortura sexual contra las mujeres.
 
La activista explicó que el Estado mexicano tuvo un plazo para cumplir las recomendaciones y no lo hizo pero destacó que hoy tiene la oportunidad de investigar lo que ocurrió a las mujeres porque si bien hay una indagación abierta en ésta no se ha señalado a ningún agente federal ni se ha imputado el delito de tortura sexual, lo que significa que no hay ninguna sanción efectiva.
 
Aguiluz dijo que la investigación es imprescindible para romper el círculo de impunidad y así lo demuestran las tres condenas internacionales por violencia contra las mujeres. En ese sentido consideró que Atenco será un caso relevante para el continente, para profundizar estándares y jurisprudencia que protejan a las mujeres víctimas de tortura sexual, así como investigar estos hechos.
 
La coordinadora del Centro Prodh, Stephanie Erin Brewer expuso que en esta nueva etapa del proceso internacional la CoIDH revisará la responsabilidad del Estado mexicano en la detención ilegal y arbitraria de las mujeres, el hecho de que no contaron con defensa técnica adecuada, vivieron procesos penales injustos y violaciones al debido proceso o falta de investigación adecuada.
 
Por eso las violaciones se analizarán a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos; de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como Convención De Belém do Pará.
 
De acuerdo con la coordinadora del Área de Defensa del Centro Prodh, Araceli Olivos Portugal, por los hechos derivados de los operativos policiacos de Atenco de hace una década, actualmente hay 18 policías estatales en un proceso penal, un agente del Ministerio Público y 17 médicos, mientras que otros cinco profesionales de la salud fueron absueltos por falta de pruebas.
 
16/AGM/LGL







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Mujeres de Atenco reafirman: sí hubo graves violaciones a DH
“Ni mentirosas ni cómplices”, fuimos víctimas del Estado
Conferencia de Prensa este martes en el Centro Prodh | Cortesía: Centro Prodh
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/10/2016 Con todo y las tropelías, trampas y mentiras del Estado mexicano, en próximos meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) juzgará la responsabilidad de éste, en la tortura sexual de once mujeres detenidas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, Estado de México, lo que es un triunfo de la palabra y dignidad de las sobrevivientes. 
 
Así lo dijeron las sobrevivientes, al celebrar la decisión del organismo internacional, y es que luego de una década de declaraciones ante el Ministerio Público, peritajes médicos, psicológicos e indagaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que las denunciantes fueron víctimas de tortura sexual por lo que caso debe ser juzgado en la CoIDH.
 
Luego de que el 17 de septiembre la CIDH remitiera el expediente de las mujeres de Atenco –conocido como “Mariana Selvas y otras”– al máximo tribunal regional, las mujeres reunidas esta mañana ante los medios de comunicación, aseguraron que atrás de esta disposición estuvo su historia de lucha y dignidad, y su demanda de llegar hasta las últimas instancias. 
 
Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Norma Aidé Jiménez, Patricia Torres, Bárbara Italia Méndez y Claudia Hernández, hablaron en nombre de las once sobrevivientes, del proceso que han seguido para demostrar que en los operativos de Atenco, ordenados por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, se cometieron graves violaciones a los Derechos Humanos. 
 
Hace 10 años cuando 47 mujeres fueron detenidas y 27 de ellas violadas sexualmente y recluidas en prisión por haber estado en el lugar donde la policía impidió la venta de un grupo de floricultores, el comisionado de Seguridad Pública del Estado de México, Wilfrido Robledo Madrid, las llamó “mentirosas y cómplices de una estrategia para desestabilizar el Estado”, así lo recordó Claudia Hernández.
 
Al rememorar aquel episodio, Claudia, quien vivió cinco años en proceso penal, respondió a las declaraciones del entonces funcionario estatal y a la posición que mantuvo el gobierno mexicano: “Nuestra dignidad en realidad está en alzar la voz , en caminar durante 10 años para demostrar que el Estado es el grande responsable de las grandes violaciones cometidas en Atenco”.
 
Este camino que para ellas ha sido largo y doloroso, estuvo lleno de estrategias para causar miedo; sin embargo para Claudia, las mujeres van a lograr que se nombre a los responsables de los operativos de Atenco, de un pueblo que desde 2001, cuando logró echar para atrás el proyecto para expropiar sus tierras y construir un aeropuerto, ha sido ejemplo de resistencia.
 

 
A pesar de la tortura, Patricia Torres, que en ese entonces tenía 23 años de edad, asegura que hoy nadie puede decir que fueron los agentes policiales quienes orquestaron la represión, y es que los responsables de las agresiones fueron los que dieron las órdenes. Con todo, dijo, ellas están vivas, han logrado decirlo y denunciar que fueron violentadas por apoyar a sus compañeros campesinos.
 
“Yo volvería a estar ahí, para defender mi tierra, para defender mi vida porque eso es lo que están robando al pueblo de San Salvador Atenco”, dijo la mujer que aseguró que a diferencia de los agentes del Estado sus manos están llenas de las marcas del trabajo y de la lucha por la justicia. 
 

 
En los operativos de Atenco participaron más de tres mil policías municipales, estatales y federales en un despliegue que dejó como saldo 207 personas detenidas; dos muertos: Javier Cortés Santiago, de 14 años, y Alexis Benhumea, estudiante que murió un mes después del operativo; y decenas de personas torturadas, entre ellas las mujeres víctimas de violencia sexual.
 
De este episodio y demanda de largo aliento, Bárbara Italia Méndez, dijo que a todas luces el litigio será complicado porque estos años estuvieron marcados de tropelías, trampas y mentiras, “hoy de manera muy contundente, muy fuerte, salimos a decirle al Estado mexicano: Nosotras teníamos razón y tuvimos que acudir a la justicia internacional para que este momento llegara”.
 
Para Bárbara Italia, en Atenco se castigó la rebeldía, pero ello no impedirá que continúen en su exigencia de justicia; y en la libertad para sus pueblos y aunque advierten que el Estado continuará en su intento por detenerlas, ellas mantendrán la lucha para romper el círculo de impunidad. “Es para mandar un mensaje al Estado que tiene que detenerse, esto no va a poder continuar así”.



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NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Estado mexicano incumplió recomendaciones de informe de fondo
Acredita CIDH tortura sexual contra mujeres de Atenco
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/09/2016 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acreditó que agentes estatales cometieron graves actos de violencia física y psicológica en contra de once mujeres denunciantes de tortura sexual durante los operativos policiacos de Atenco, en el Estado de México, en 2006.
 
Por ello, y tras considerar que el Estado mexicano no avanzó en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH para reparar el daño a las once sobrevivientes de tortura sexual, el pasado 17 de septiembre remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
 
A 10 días de que las Secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR) anunciaran que el Estado mexicano pidió que el caso Atenco se enviara a la (CoIDH), finalmente la CIDH informó que el expediente será ventilado en el máximo tribunal regional porque no hay reparación del daño ni sanción judicial para los responsables.
 
En un comunicado de prensa la Comisión dijo que el expediente se remitió ante el tribunal interamericano porque el Estado mexicano no reparó el daño, no ha esclarecido los hechos en forma integral, no se ha identificado ni sancionado los distintos grados de responsabilidad de funcionarios públicos, no se han abierto nuevas líneas de investigación ni se han tomado medidas legislativas ni administrativas para evitar que estos actos se repitan. 
 
De acuerdo con la CIDH, la detención de las once mujeres los días 3 y 4 de mayo de 2006 fue ilegal, arbitraria y sin que se conocieran cuáles eran los presuntos delitos por lo que las mujeres acudieron a rendir su primera declaración sin contar con información mínima ni defensa técnica.

En los operativos ordenados por Peña Nieto el 3 y 4 de mayo de 2006, para “reestablecer el orden” por las protestas de floricultores que fueron desalojados del lugar donde vendían sus productos, fueron detenidas 47 mujeres, al menos 26 fueron violadas sexualmente, pero sólo 14 denunciaron y más tarde once decidieron continuar con la búsqueda de justicia.
 
Ante la dilación en las investigaciones, en abril de 2008, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo solicitaron a la CIDH la revisión del caso.
 
ESTADO MEXICANO RESPONSABLE DE VIOLACIONES A DH
 
Finalmente este 17 de septiembre la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana y hoy informó que ya existe un Informe de fondo donde se exponen las responsabilidades del Estado mexicano y la falta de cumplimiento de las recomendaciones, en particular de la obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y en un plazo razonable.
 
De acuerdo con la información del organismo, el Informe de fondo, explica que la CIDH recomendó al Estado disponer una reparación integral a favor de las víctimas por las violaciones de Derechos Humanos declaradas en el informe, incluyendo el aspecto material y moral, y brindar tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico.
 
Además, la Comisión recomendó continuar investigando de manera efectiva, con la debida diligencia y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos en forma integral, e identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad.
 
Esto incluye las responsabilidades derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación de diversos cuerpos de seguridad tanto de nivel estatal como federal, así como de posibles actos de encubrimiento u omisión. Cabe recordar que las sobrevivientes han señalado la responsabilidad del actual ministro Eduardo Medina Mora quien era secretario de Seguridad Pública federal; de Ardelio Vargas Fosado quien dirigía la Policía Federal Preventiva e incluso de Peña Nieto.
 
La CIDH también recomendó disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a los distintos factores de denegación de justicia identificados en el informe. Finalmente, recomendó adoptar medidas legislativas, administrativas y de otra índole, para evitar la repetición de violaciones de Derechos Humanos como las cometidas en este caso.
 
La Comisión Interamericana dijo que sometió el caso a la jurisdicción de la Corte el 17 de septiembre de 2016 por la necesidad de obtención de justicia para las víctimas, ya que tras evaluar el estado de la implementación de las recomendaciones contenidas en el Informe de Fondo, la Comisión estableció que el Estado no había avanzado integral y sustantivamente en el cumplimiento de las mismas.
 
“Pasados más de diez años de ocurridos los hechos, no existe un esclarecimiento judicial de las violaciones ocurridas en perjuicio de las once mujeres ni se ha emitido sentencia alguna en los procesos penales al respecto”, recordó el organismo.
 
En las respuestas dirigidas a la CIDH sobre el cumplimiento de las recomendaciones en materia de justicia, el Estado mexicano informó sobre el estado de las investigaciones ya descritas y analizadas en el informe de fondo, las cuales no reflejaron avances significativos tras la notificación de dicho informe.
 
Sobre esta misma recomendación, el Estado tampoco aportó información sustancial sobre avances relevantes en la identificación de nuevas líneas de investigación que permitan establecer la totalidad de las responsabilidades por los hechos del caso en los términos del informe de fondo.
 
En cuanto a las medidas de reparación y rehabilitación, la Comisión tomó nota de la información aportada por el Estado sobre la creación de las estructuras necesarias para que las víctimas accedan a reparaciones cuando así lo deseen y tomó en cuenta que las víctimas han sostenido que el cumplimiento de la recomendación en materia de justicia es fundamental para sentirse reparadas.
 
“Este caso ofrece una oportunidad para que la Corte Interamericana profundice sobre la necesidad de investigar de manera integral todas las posibles responsabilidades, incluidas las derivadas de la cadena de mando, así como las derivadas tanto de las acciones u omisiones que dieron lugar a los hechos en sí mismos y también de las que pudieran haber obstaculizado su esclarecimiento”, señaló la CIDH.
 
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