Tortura sexual

NACIONAL
VIOLENCIA
   Publicada en el DOF, entra en vigor mañana
   
Ley sobre tortura debe aplicarse sin estereotipos de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017

A partir de mañana entrará en vigor la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual dice que la prevención, sanción y reparación de este delito debe ser libre de estereotipos de género.
 
Este 26 de junio, Día internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero organizaciones defensoras de los Derechos Humanos advierten que la norma contribuirá a la erradicación de la tortura sólo en la medida en que sea plenamente implementada y cumplida por las autoridades correspondientes.
 
Con la nueva Ley, este delito se investigará y perseguirá de oficio o por denuncia o vista de autoridad judicial, y se establece una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa al servidor público que cometa está práctica, sanción que aumentará hasta en la mitad cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, mujer gestante, persona con discapacidad o haya violencia sexual, entre otras condicionantes.
 
Un informe elaborado por la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes Contra la Tortura indica que, en una muestra de casos, el 22 por ciento de las víctimas fueron mujeres; el 65 por ciento de los torturadores fueron policías, 15 por ciento eran policías con Ministerios Públicos, en 57 por ciento de los casos la tortura se practicó en vía pública y en 31 por ciento en el domicilio del sobreviviente de tortura.
 
De acuerdo con organizaciones como Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, los Centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), este crimen pude ser considerado, en ciertas circunstancias, un crimen de lesa humanidad.
 
Ante la vigencia de esta práctica, las organizaciones emitieron un comunicado donde señalan que por ninguna razón debe ser tolerada y donde exponen que la ley contribuirá a la erradicación de la tortura sólo en la medida en que sea plenamente implementada y cumplida por las autoridades correspondientes.
 
DENUNCIAS Y RECOMENDACIONES
 
Los colectivos indican que tan sólo del 2007 a finales del 2016, se presentaron más de 7 mil 695 quejas por tortura en las comisiones estatales de Derechos Humanos y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Si se incluyen las quejas calificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, el total aumenta a más de doce mil quejas anuales en años recientes.
 
En el mismo periodo, la CNDH ha emitido al menos 144 recomendaciones en donde se aprecian actos de tortura, que involucran a 730 víctimas.
 
La tortura documentada por las organizaciones civiles va desde las amenazas y golpes, hasta choques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico y en muchas ocasiones violencia sexual. Por su parte, en los últimos años la Procuraduría General de la República (PGR) registra más de 2 mil averiguaciones y ahora carpetas de investigación por tortura al año.
 
Las asociaciones civiles instaron al Estado mexicano a priorizar la plena implementación y aplicación de la nueva Ley General, y en particular, a investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de cometer tortura, incluyendo a aquellos que la ordenen o toleren.
 
Asimismo llamaron a garantizar la exclusión de cualquier prueba fabricada u obtenida bajo tortura; a reparar a las víctimas; y a tomar todas las acciones necesarias para poner fin a esta práctica; así como generar diagnósticos confiables de la situación de la tortura en el país, a fin de construir herramientas de política pública certeras para erradicar el delito en México y la impunidad en torno a ella.
 
Los casos de tortura sexual también han sido documentados: por ejemplo, en 2016 Amnistía Internacional publicó el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de Mujeres y fuerzas armadas en México” que documenta cien casos; mientras que en 2014 las once mujeres sobrevivientes de los operativos policiacos de 2006 en Atenco, Estado de México, lanzaron la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”.
 
17/AGM/GG








QUINTO PODER
   QUINTO PODER
Tortura sexual, el castigo de la disciplina patriarcal
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 10/08/2017

En la tortura sexual las causas y sus formas están imbricadas en la violencia que el sistema patriarcal ejerce contra las mujeres con el fin de dar un castigo, disciplinar y contribuir a sostener así la dominación masculina desde y con el arma dictada desde el patriarcado que le ha permitido sancionar la desviación de la mujer: el abuso sexual.

Cualquier desviación del “deber ser” es visto como “transgresión” y el mecanismo de respuesta es el castigo patriarcal que dispone de un método “disciplinario”, el abuso sexual. Sólo entendiendo esta posición de castigo a la transgresión como una forma disciplinaria desde la “autoridad masculina”, es que la tortura sexual se entiende como algo intrínseco en la violencia de género, en los casos que se presentan en todo el mundo contra las mujeres.

En el constructo social jerarquizado desde la lógica patriarcal, las mujeres transitan en la inferioridad, no son personas sino bienes de consumo, propiedad que puede ser dañada para dañar a otro, o si está en la calle está “disponible”, y su tránsito por el espacio público no es condición natural sino una transgresión que merece ser sancionada con una medida ejemplar.

La sutil distancia entre el “resguardo” y el abuso de las mujeres que se encuentran bajo el “cuidado” o la jerarquía de una persona con autoridad se rompe porque hay un horizonte fluido –desde la mirada patriarcal– que no alcanza a ver que hay algo inadecuado en el abuso sexual.

Así, mujeres que se encuentran bajo la mirada de guardias en centros de detención migratorio, en retenes, durante cateos o en detenciones arbitrarias, incluso en vehículos oficiales o instalaciones hospitalarias y carcelarias han vivido la tortura sexual cuya motivación o razón de género es el “castigo” como medida disciplinaria.

Ocurre con mayor frecuencia de lo que se piensa o cree, se denuncia mucho menos de lo que se puede documentar, y ahí radica la condición de su comisión. Hay la conciencia de que las mujeres desacreditadas, las “transgresoras” tendrán menos credibilidad y esto las hace más susceptibles de ser víctimas el abuso sexual.

Si ya de por sí denunciar un abuso sexual lleva a la víctima al banquillo de las acusadas, cuando este acto se comete contra una mujer que transgredió la ley, creerle a la víctima es casi imposible por el previo descrédito de la denunciante, que no solo afrontará el sistema que cuestiona a las víctimas de violencia sexual, sino que sumará el factor “mujer periférica-transgresora”, una “sin valor”.

Dentro del sistema patriarcal el discurso de poder ser construye de la única forma que entienden, ejercerlo como una forma de subyugación al otro, a la otra, no es casual que el triunfo de un equipo de fútbol sobre otro sea sinónimo de que los “cogieron”, en esa retahíla harto dicha de que quien penetra es quien subyuga, castiga, alecciona.

La tortura sexual es desde la lógica patriarcal un mecanismo que garantiza el sometimiento, la docilidad y la ejemplar forma de aleccionar a las mujeres de lo que les ocurre cuando rompen el canon del deber ser, no importa cuál sea la transgresión, las alianzas patriarcales responden de esa forma para perpetuar así el sistema de control sobre las mujeres, sobre sus cuerpos.

Duncan Kennedy, especialista en la teoría crítica del Derecho, considera que hay un “residuo tolerado del abuso sexual” y éste tiene que ver con la aceptación social que hay alrededor de la violencia sexual sobre las mujeres, y que se refleja en el condicionamiento que esto causará sobre las demás mujeres y que beneficia a los hombres que encuentran mujeres más dispuestas a seguir los cánones para evitar los riesgos, y de paso buscar su “protección”.

Cuando se comete un acto de tortura sexual bajo la premisa de ser un castigo disciplinario para las transgresoras, el mensaje es también para las que “piensan” o transitan por el ámbito de la resistencia, las mujeres a las que llega la información –vía medios- reciben así un mensaje que va desde la apología a la violencia masculina contra las mujeres, hasta una forma aleccionadora.

De paso genera en las mujeres una convicción de que las víctimas de la tortura sexual, en realidad lo merecían, pues se encontraban en lugares donde no debían, de ahí la indiferencia ante la tortura sexual; que se convierte así en parte de ese “residuo tolerado de abuso sexual contra las mujeres” –del que habla Kennedy, y que socialmente se refleja en la resistencia que hay en torno a reconocer la tortura sexual cometida por agentes del estado contra mujeres disidentes y la indiferencia de otras mujeres.

La tortura sexual no solo afronta reticencias de ánimo social y aunque la discusión incipiente se centra en la posibilidad de un tipo penal, lo que hay detrás de (la tortura sexual), al igual que en algún momento con el feminicidio nos demanda entender las razones o las motivaciones de género implícitas en estos actos.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche

17/AC








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Las razones de género para la tortura sexual
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 14/06/2017

Todas las posibles razones de género para la tortura sexual fueron utilizados en algún momento contra mujeres en México, y aun cuando en muchos de las casos no exista denuncia o investigaciones, y que no se han clasificado como “circunstancias” que acreditan la existencia de motivaciones específicas, éstas se presentan en los casos más paradigmáticos de violaciones graves de Derechos Humanos, y que son al mismo tiempo delitos, lo cual nos ha permitido su identificación bajo un enfoque feminista de los Derechos Humanos.
 
Las categorías que rodean las circunstancias de la tortura sexual, muchas de las cuales son completamente comprensibles e identificables con peritajes socioculturales, antropológicos y sicosociales con perspectiva de género, son al mismo tiempo las motivaciones que solo son entendibles desde un enfoque de género.
 
Las categorías de análisis de la tortura no podrían entenderse sin comprender la identidad de género, que es la que nos permite entender la violencia motivada por razones de género y que se expresan en relación con el género de la persona.
 
Así, en los casos de tortura sexual, se pueden clasificar contextos relacionados con el ejercicio del poder, la hegemonía patriarcal, los discursos hegemónicos y por supuesto la violencia estructural y violencia simbólica contra las mujeres, que se interseccionan con condiciones inherentes a la persona como el grupo étnico, la edad, el grupo económico y el lugar de nacimiento, hasta entrecruzarse con factores sociales como la condición social, el nivel educativo, el lugar de residencia y/o la condición política de postura de género, pertenencia a un grupo político-ideología y/o religión.
 
Sin embargo, un eje claro que se observan son las motivaciones de violencia sexual como una forma de tortura la constituyen:
1) El ataque a la identidad femenina, 2) El castigo patriarcal a la transgresión de la identidad femenina, 3) La lógica de guerra al adversario, 4) la violencia estructural/simbólica contra mujeres de grupos étnicos, y 5) la violencia relacionada con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (Clasificación realizada en el Manual con enfoque de género para la investigación de la tortura y la desaparición forzada (Insyde, 2016).
 
Para “hacer cruce” con un segundo eje, que son los lugares que son escenarios de ejercicio de poder, que son aprovechados por las personas que se encuentran en posición de control, relación de poder versus subordinación, como espacios de contextos para que se dé la tortura, ejemplo: centros de detención migratoria, cárceles, vehículos oficiales, escuelas, instituciones, retenes policiales, operativos, etc.
 
El ejercicio del poder jerárquico, hegemónico y patriarcal constituye una pieza clave de las formas de tortura sexual contra las mujeres y otras identidades femeninas e incluso contra hombres, para “feminizar” en el sentido de “vulnerar” a las personas receptoras de la violencia sexual, y que están presentes en todas las formas de la violencia sexual en las que se generan condiciones para que ni siquiera haya "resistencia" o indicios de ésta.
 
Este es el caso de las situaciones de opresión y sometimiento bajo la explotación amorosa de las mujeres (amenaza sobre familiares si no acceden "voluntariamente" a la violencia sexual, aunque en realidad no cabe utilizar el concepto de “voluntad” en la coacción que una pasividad derivada de las amenazas y no un acto voluntario.
 
Entender la tortura sexual como un acto de ejercicio del poder nos permitirá entender también que cualquier menoscabo o exposición de la sexualidad de las víctimas constituye por sí mismo un acto de tortura sexual.
 
Lo mismo ocurre con las violaciones a los derechos sexuales/reproductivos, así como a la amenaza de la retención de los productos –bebés nacidos durante el cautiverio ilegal, durante detenciones arbitrarias y de mujeres sobrevivientes a desaparición forzada- la restricción al producto, la amenaza de violencia contra éste y/o partos bajo condiciones de graves violaciones de derechos de las mujeres.
 
EL TIPO PENAL
 
A pesar de la claridad de la existencia de actos de tortura sexual contra mujeres, cometidos por diversos agentes del Estado, y que derivaron en Recomendaciones y hasta en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los contextos y las circunstancias que acreditan por sí mismas la violencia sexual, se ha vuelto necesario –y así se discute- en los foros de análisis en la materia- el análisis de la necesidad de implementar el tipo penal de “tortura sexual”.
 
Al respecto se realizan esfuerzos de especialistas en Derechos Humanos de las mujeres, que necesitan acompañarse de análisis desde la perspectiva de género y el análisis feminista del ejercicio del poder en el sistema patriarcal, porque a final de cuentas tanto la violencia sexual per se, como la tortura sexual se trata –indistintamente de contra quien se comete- de un ejercicio de poder y de sometimiento.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Víctimas esperan justicia en la CoIDH
A 11 años de Atenco, impunes autores materiales e intelectuales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2017

Si algo han conseguido las 11 sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, es hacer evidente que el Estado usa la violencia sexual como un arma contra las mujeres.
 
En reiteradas ocasiones el Estado mexicano ha negado que la tortura sea una práctica sistemática de las corporaciones policiacas y de las fuerzas militares, pero la denuncia de las sobrevientas de Atenco muestra que esta violencia existe y se mantiene impune.
 
“Lo que podemos aportar desde nuestra trinchera es colocar el tema de la tortura sexual como una forma, una herramienta de Estado, de tortura, de forma diferenciada que se usa en contra de las mujeres”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de Atenco.
 
A 11 años de mantenerse de pie, firmes en su denuncia y convencidas de ver en prisión a los policías y los mandos que ordenaron violentarlas, Italia asegura que lograron mostrar que este caso fue algo más que un daño colateral o una violación sexual, se trató –sostiene– de tortura.
 
En un aniversario más de los hechos del 3 y 4 de mayo que colocaron al Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, en la mira de organismo de Derechos Humanos, las sobrevivientes sostienen que ya no se puede decir que se trató de policías que no controlaron sus instintos.
 
Es por ello que Italia, Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas, continúan con la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
Aunque en 2006 al menos 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual sólo once decidieron continuar con la denuncia hasta conseguir justicia, por ello en abril de 2008 presentaron su denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En noviembre de 2011 el organismo aceptó conocer la demanda y tras diversos alegatos y análisis la CIDH determinó que las mujeres fueron detenidas de manera ilegal y  arbitraria y consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia y tortura sexual.
 
Con estas consideraciones, en noviembre del año pasado, después de una década de los hechos,  la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que analice la responsabilidad del Estado en su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y reparar el daño a las víctimas.
 
Actualmente el proceso a nivel internacional está en una etapa de comunicaciones escritas para que las partes, el Estado y las víctimas –a través de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– presenten alegatos por escrito.
 
Italia también espera que este año haya una audiencia oral ante el alto tribunal donde puedan exponer su testimonio ante los jueces.
 
Por lo pronto la primera ganancia, dice, es que develó las consecuencias de esta práctica. “Se volvió un caso relevante, no solamente por nuestra experiencia sino porque después de que nos ocurrió a nosotras hemos visto, por desgracia, un aumento. No sabemos si de la practica o de la denuncia”.
 
MIENTRAS, EN MÉXICO
 
El caso continúa en investigación en la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México pero de acuerdo con la información disponible sólo 21 policías estatales fueron consignados por “abuso de autoridad”, un delito contra la administración pública; sin embargo, todos fueron absueltos.
 
Un policía estatal fue condenado el mayo de 2008 por el delito de “actos libidinosos” hacia una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, el agresor también fue absuelto con posterioridad.
 
La apuesta y la esperanza están en la decisión de la Corte Interamericana que podría emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, lo que significaría la obligación internacional de hacer una investigación que esclarezca los hechos.
 
“Hay cosas muy puntuales que nos permitirían acceder a la justicia y a un proceso de verdad sobre lo que concurrió en Atenco hace once años”, dice Italia. La insistencia es que se investigue a los autores materiales e intelectuales, a los funcionarios que ordenaron y diseñaron el operativo.
 
Entre estos funcionarios están Genaro García Luna, entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI); Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública del Estado de México.
 
17/AGM/GG
 








QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
El informe CEDAW de México I
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 25/04/2017

Lograr que el Estado Mexicano involucre una mirada de género y de Derechos Humanos en sus acciones no ha sido tarea sencilla, mucho menos desde una perspectiva de garantizar la igualdad como una vía en el acceso a la justicia, no para dar el mismo trato a desiguales –por ejemplo la sentencia del Caso Porkys- sino para entender e involucrar las desigualdades históricas y el complejo sistema de control sobre el cuerpo de las mujeres que los lleva a naturalizar la violencia sexual contra las niñas, adolescentes y mujeres.
 
El Informe para la CEDAW de México ya fue presentado tal y como se esperaba por parte del Gobierno Mexicano, y el documento reúne diversos compromisos que se presentan como grandes avances para revertir la discriminación que viven las mujeres en México. El Comité para la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer deberá dar respuesta a este informe y señalar las recomendaciones generales y reconocimientos que se deriven del cumplimiento de las presentadas en el informe octavo y noveno.
 
Sin embargo, una lectura concienzuda del Informe nos da un largo y general listado de acciones institucionales que desde el Gobierno Federal se anuncian que han sido cumplidas y que realmente están beneficiando a las mujeres, pero la mayoría de lo señalado en el documento dista mucho de la realidad. La mejor muestra de “contradicción” entre la realidad y lo que nos dice el Informe es la “perspectiva de género” en los jueces y magistrados de los Tribunales en los estados.
 
Si bien a nivel federal la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado un trabajo por encabezar la aplicación de la perspectiva de género en la justicia con su Protocolo, capacitación a jueces y magistradas y magistrados, con disposición de Judicaturas para abrirse a estos temas de discusión y fallos novedosos en los Juzgados de Distritos, lo cierto es que las entidades siguen siendo un asunto lleno de opacidad y terreno peligroso.
 
No solo hay falta de voluntad en la mayoría de los jueces y juezas, sino que los magistrados y magistradas suelen “proteger” a éstos con sentencias a apelaciones promovidas por las familias y defensas de las víctimas de violencia sexual y, en el peor de los casos, se confirma la premisa sexista de que “ella se lo buscó” o simplemente su palabra no tiene credibilidad, silenciando así a las víctimas.
 
Bastaría revisar en ese proceso de la cadena de justicia cuántos casos son reportados ante los números de emergencia (ahora 911) sobre hechos de abuso y violencia sexual contra niñas y niños, contra adolescentes y mujeres, para ver que el número de casos sentenciados y sentencias ratificadas es muy inferior proporcionalmente.
 
El documento de ONU Mujeres sobre la violencia feminicida en México da cuenta de esta larga y tediosa búsqueda de justicia en México que ha empeorado –por la justificación de que así es el nuevo sistema- en los últimos años, reduciendo el número de sentencias sobre casos denunciados de violencia sexual contra las mujeres en las entidades federativas.
 
Lo peor es que en muchas entidades y como parte de una política pública se ha implementado un “rediseño de las estadísticas”, renombrándolas de manera retórica para evitar que al leerlas se asocie con la violencia de género y así finalmente las cifras disminuyen.
 
Para nadie, en el sistema de justicia, es un secreto que la mejor forma de “bajarle” a un delito es reclasificándolo, aunque con ello vaya de por medio el derecho de la víctima a la no mediación cuando se trata de hechos de violencia que ocurren en un contexto familiar, victimizando y obligando a la persona que sufrió el hecho a sentarse frente a su agresor y esperarlo porque no le da la gana llegar a las audiencias.
 
Si revisamos párrafo a párrafo y cotejamos los anexos, lo cual estamos realizado con el propósito de verificar cuáles recomendaciones se cumplieron para saber qué cuentas exigir y qué aspectos están informando las entidades federativas, es tarea de quienes estados en los estados informar y compartir información de que no vemos trabajando al Sistema Estatal para Prevenir la Violencia en la mayoría de las entidades, que tampoco vemos que sean aplicables los Programas de Igualdad y de Prevención de la Violencia –en los estados donde sí hay- y que es prácticamente inexistente la política pública en los Planes de Gobierno de los gobiernos que entraron entre 2014-2015 y 2016.
 
Esas generalidades enunciadas en el Informe, como presumir que una Ley contra la tortura aprobada ya es la forma de proteger a las mujeres y prevenir la tortura sexual, es en realidad una retórica breve de un párrafo, pero que representa el desconocimiento que tienen sobre el tema las personas que redactaron el documento. Simplemente no hay aún una Ley aprobada y vigente, pues el Senado la envío a la Cámara de Diputados y apenas la semana pasada fue aprobada y será regresada de nuevo al Senado para su revisión con las modificaciones hechas.
 
Y así podría enlistar las observaciones que se derivan del Informe, con el único propósito de comprometer al Estado a mirar este documento como el resumen de las acciones encaminadas a garantizar la vida de las mujeres, en un país en el que a diario son asesinadas 7 mujeres por el hecho de ser mujeres.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Con agravantes si se comete contra niñez y mujeres embarazadas
Aprueban Ley sobre Tortura en San Lázaro y la envían al Senado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/04/2017

El pleno de la Cámara de Diputados ayer aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que contempla agravantes en caso de que la víctima sea menor de edad, una mujer embarazada o sobreviviente de violencia sexual.
 
Con 417 votos a favor, el pleno aprobó la minuta enviada por el Senado pero hizo modificaciones, por lo que el proyecto fue regresado a la Cámara alta para su ratificación. La Ley debió estar lista desde el pasado 5 de enero, fecha en que se cumplió un año del límite establecido por el Congreso de la Unión para expedirla.
 
Una vez que se avale esta ley –y se derogue la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1994– entrarán en vigor nuevas consideraciones, por ejemplo: la tortura será un delito que no prescribe; se investigará de oficio o a petición de las partes y se crearán fiscalías especializadas para investigar en el ámbito local y federal.
 
Esta Ley haría frente a la tortura, una práctica que en las mujeres se caracteriza por la violencia sexual, como asegura el informe de Amnistía Internacional  “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, que documentó 100 casos de tortura hacia mujeres.
 
PENAS DIFERENCIADAS
 
La minuta avalada en San Lázaro prevé penas diferenciadas, dependiendo de si la conducta delictiva la comete un servidor público o no, y aumentará hasta en una mitad cuando se cometa contra poblaciones en vulnerabilidad como niñas, niños, adolescente, mujeres gestantes, personas con discapacidad o adultas mayores.
 
También se establece una pena mayor si la víctima fue sometida a cualquier forma de violencia sexual; si es migrante, afro descendiente, indígena, periodista o se trata de una persona defensora de Derechos Humanos o cuando la tortura sea motivada por la identidad de género u orientación sexual de la víctima.
 
Adicionalmente en el tema de investigación se establecen reglas especiales para considerar la calidad de la víctima y las situaciones particulares a la hora de realizar los dictámenes periciales. Por ejemplo, estos dictámenes deberán evitar la revictimización y se realizaran en compañía de los padres si se trata de menores de edad.
 
Los dictámenes para acreditar la tortura deberán realizaran en lugares seguros, salubres, que garanticen la privacidad de la persona, de preferencia con peritos mujeres en caso de que la víctima sea mujer o menor de edad y en casos de violencia sexual habrá asistencia médica con especialistas en ginecología, quien debe ser del mismo sexo de la víctima.
 
Estos procedimientos deben realizarse con base en los principios establecidos en los protocolos con perspectiva de género en la materia. El dictamen señala que se debe garantizar la plena igualdad al valor probatorio de dictámenes aportados por peritos independientes, incluso se prevé la negativa de aceptar peritajes que no cuenten con el consentimiento informado de las víctimas.
 
TENTATIVA
 
La tortura también podrá perseguirse en grado de tentativa, es decir, cuando el agresor inicie su ejecución sin que se consume o cuando un sujeto ordene cometer el delito pero no se lleve a cabo por causas ajenas a su voluntad. Además este delito podrá investigarse de oficio o a petición de las partes.
 
La nueva Ley considera la exclusión o su nulidad de la prueba en un proceso si fue obtenida mediante tortura o por cualquier otra violación a derechos humanos en cualquier etapa del procedimiento y el juez deberá dar vista a la Fiscalía Especializada con el objetivo de que se inicie la investigación por el delito.
 
En materia de prevención, la minuta establece la Creación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Mecanismo Nacional de Prevención; y del Registro Nacional de este delito.
 
Cabe decir que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, como los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Tlachinollan; Zeferino Ladrillero y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, exigieron al Congreso tomar en cuenta las recomendaciones internacionales para prevenir, investigar y sancionar este crimen.
 
Agrupaciones civiles aseguran que hay una falta de cifras pero los organismos de Derechos Humanos han constatado la gravedad del problema. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los organismos públicos de DH registraron 3 mil 195 y 3 mil 20 presuntas violaciones por tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el año 2013 y 2014, respectivamente.
 
La Cámara de Diputados informó que de acuerdo con la Procuraduría General de la República, hasta abril de 2015 contaba con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estado registra 15 sentencias condenatorias por casos de tortura desde 1991.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   La dependencia acepta recomendación de la CNDH
Sin sentencia condenatoria, personal es inocente de tortura: Semar
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/12/2016

La Secretaría de Marina (Semar) aceptó la Recomendación 62/2016 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la tortura sexual que marinos ejercieron contra Claudia Medina Tamariz el 7 de agosto del 2012 en Veracruz.
 
Luego de que ayer se dio a conocer la recomendación del organismo, la dependencia advirtió en un comunicado que “no ha realizado encubrimiento alguno de hechos o de personal involucrado en este caso o en algún otro”.
 
Asimismo, reiteró que mientras el Juez no declare lo contrario mediante sentencia condenatoria, el personal es inocente, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia que rige en materia penal”.
 
La CNDH acreditó que el 7 de agosto de 2012, Medina Tamariz fue detenida de manera ilegal en su casa, mientras dormía, estuvo retenida de manera ilegal por 39 horas, fue torturada y obligada a autoinculparse de delincuencia organizada.
 
Ante esta denuncia la Semar dijo que atenderá de manera pronta y expedita los requerimientos que formule la Procuraduría General de la República (PGR) para la debida integración de la investigación correspondiente, tal y como se ha venido haciendo.
 
También precisó que una de las prioridades de la institución es la capacitación en materia de equidad de género y Derechos Humanos en las escuelas de formación hasta las de posgrados como son: el Centro de Estudios Superiores Navales, Heroica Escuela Naval Militar y escuelas
 
Esta no es la primera vez que las fuerzas armadas se pronuncian por un caso de tortura hacia una mujer. En abril pasado el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, ofreció una disculpa pública por los actos de tortura que cometieron militares en contra de una mujer en la comunidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015.
 
Sin embargo, en esta ocasión la institución encabezada por Vidal Francisco Soberón Sanz, hizo énfasis en que no hay encubrimiento del caso de tortura ocurrido en 2012 cuando Medina Tamariz fue presentada ante los medios de comunicación como líder del narcotráfico.
 
16/AGM/ KVR
 








NACIONAL
VIOLENCIA
   La PGR podría iniciar una averiguación previa en contra de marinos
Piden a Semar colaborar en caso mujer víctima de tortura sexual
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/12/2016

A cuatro años de que la veracruzana Claudia Medina Tamariz fue detenida y torturada sexualmente por marinos en 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) podría iniciar una averiguación previa en contra de los agentes navales que la violentaron.
 
El pasado 16 de diciembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 62/2016, dirigida al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, por el cateo ilegal y violación a la integridad personal de Claudia.
 
En la recomendación que aún debe ser aceptada por la Semar, el organismo pide a las fuerzas armadas colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la Comisión Nacional formulará ante la PGR.
 
El 7 de agosto de 2012, entre las 03:00 y las 03:30 horas, expuso la CNDH, la víctima dormía en su casa cuando elementos de la Semar ingresaron a su hogar en el puerto de Veracruz y, junto a su esposo, la sacaron a golpes, los tiraron al suelo, les ordenaron callar, les vendaron los ojos y ataron las manos.
 
Mientras unos marinos registraron el lugar, otros los subieron a una camioneta y trasladaron a las instalaciones de la base naval ubicada en el kilómetro 13.5 de la carretera Xalapa, Veracruz, junto al aeropuerto internacional.
 
La víctima dijo que permaneció retenida de manera ilegal por 39 horas, tiempo en que fue torturada sexualmente por los agentes navales que la cuestionaron sobre un grupo delictivo, luego la obligaron a firmar una declaración autoincriminatoria.
 
A Claudia se le acusó de formar parte de una organización criminal y diversos delitos, como delincuencia organizada, daños contra la salud, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
 
De acuerdo con las declaraciones que Claudia ha dado a los medios de comunicación, posterior a la tortura y el interrogatorio, fue obligada a lavar ropa sucia con los ojos vendados y antes de trasladarla a las instalaciones de la PGR para rendir su declaración tuvo que bañarse, todo el tiempo estuvo vigilada por alguien y tuvo que vestirse con ropa que contenía polvo picante.
 
Al ser presentada como delincuente Claudia dijo ante la PGR que los marinos la habían torturado, pero la doctora –quien le realizó diversos exámenes– asentó que no presentaba lesiones y que sólo tenía una escoriación (lesión en la piel). Aun así, el 21 agosto 2012, a 14 días de la detención, el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, Zacatecas, le concedió libertad provisional bajo caución.
 
El 17 de octubre de 2012 presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, quien el 23 del mismo mes la remitió a la CNDH.
 
Finalmente en 2015 el Tercer Tribunal Unitario de Xalapa, Veracruz, otorgó la libertad inmediata a Claudia, quien fue acusada de ser líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y de posesión de drogas, narcomenudeo, acopio de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de cartuchos y granadas.
 
Hasta ahora no hay ningún marino procesado, pero ella se ha sumado a otras mujeres para denunciar en foros internacionales la tortura sexual que hay en México.
 
16/AGM/KVR








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Cada día es más frecuente este fenómeno en México
Aumentan los casos de tortura sexual contra mujeres
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/12/2016

La tortura sexual contra las mujeres es un fenómeno recurrente, pese a que el pasado16 de abril, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Salvador Cienfuegos, ofreciera una disculpa pública por la tortura que militares y un policía federal ejercieron contra una mujer en Guerrero en 2015, caso que salió a la luz por un video que circuló en redes sociales. 
 
Un mes antes del acto de desagravio, en marzo de 2016, organizaciones civiles informaron que varias mujeres trasladadas al recién inaugurado Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16, ubicado en Morelos, fueron víctimas de tortura, tocamientos, violación, golpes, descargas eléctricas e incomunicación.
 
Estos hechos se sumaron a las denuncias de otras agrupaciones que en los últimos 2 años y medio han documentado cómo las fuerzas de seguridad detienen de forma arbitraria a las mujeres, las torturan sexualmente para reprimir la protesta social o las obligan a inculparse de cometer delitos, en particular relacionados con drogas.
 
La abogada del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Gabriela Carreón Lee, explicó en entrevista con Cimacnoticias, que hay casos de tortura sexual que siguen un patrón de violaciones; como sucedió con Denise Blanco, Korina Urtrera y Wendy Hernández, detenidas y torturadas para “confesar” supuestos delitos contra la salud.
 
El 27 de agosto de 2011, Denise y su pareja Korina estaban en su casa en Villahermosa, Tabasco, cuando un grupo de marinos irrumpió en su domicilio, las detuvo, las llevo a una base militar del estado de Veracruz, las violó, las vejó, les dio descargas eléctricas y las semi asfixió. Cerca del lugar fue detenida Wendy quien corrió con la misma suerte.
 
Después de 36 horas de la detención y luego de la tortura sexual, las tres mujeres fueron obligadas a firmar una declaración auto inculpatoria y de esta manera fueron acusadas de delincuencia organizada y narcotráfico, delitos por los que pasaron 5 años en prisión.
 
En noviembre de este año, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, en el estado de Veracruz, ordenó la liberación de las tres. Estos testimonios se recogieron del informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de Mujeres y fuerzas armadas en México”, elaborado por Amnistía Internacional (AI), donde se incluyen 100 testimonios de tortura sexual.
 
La historia de Denise, Korina y Wendy también formó parte de la información que organizaciones civiles presentó al Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura  (SPT), grupo que realizó una visita de trabajo en México del 12 al 21 de diciembre.
 
Este mes, el Subcomité estuvo en el país para evaluar el tratamiento de personas privadas de su libertad, así como las medidas que las autoridades mexicanas han adoptado para protegerlas de la tortura y los malos tratos.
 
La abogada Carreón Lee explicó que los casos documentados muestran que la mayoría de las mujeres fueron víctimas de detención ilegal y sin orden de aprehensión, retención indebida y prolongada antes de ser presentadas al Ministerio Público, además fueron incomunicadas y las exhibieron  como delincuentes ante los medios de comunicación.
 
Los patrones se repiten en los casos de Cristel Piña Jasso, detenida por policías estatales en Chihuahua en agosto de 2013, Yecenia Armenta Graciano detenida por policías ministeriales en julio de 2012 en Sinaloa, y Belinda Garza Melo violentada por la policía federal en Coahuila en julio de 2007.
 
También están los testimonios de Verónica Razo Casales, agredida por la policía federal de la Ciudad de México en junio de 2011, y Claudia Medina Tamariz, sobreviviente de tortura sexual por parte de marinos en Veracruz en agosto de 2012.
 
Desde mayo 2014 un grupo de sobrevivientes de tortura mantienen la campaña “Rompiendo el Silencio: Todas Juntas contra la Tortura Sexual”, para dar a conocer los alcances de esta práctica.
 
En esta campaña también está Miriam Isaura López Vargas, detenida en febrero de 2011 por militares en Baja California, quienes la violaron y torturaron con descargas eléctricas para inculpar a otras personas. En septiembre de 2011 fue liberada.
 
Este 15 de diciembre se cumplieron 5 años desde que Miriam interpuso una denuncia ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República, por la tortura de la que fue víctima.
 
La directora del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Nancy López, aseguró que con la estrategia armada contra de la delincuencia organizada que se implementó desde 2006 surgieron casos de tortura que sirvieron para “armar historias” de supuestas detenciones de grandes criminales.
 
Ante estas arbitrariedades y debido a que Miriam denunció la tortura y no ha tenido respuesta, la CMDPDH –coadyuvante en la denuncia– podría presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado mexicano rinda cuentas de las omisiones y las acciones cometidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR  y el Poder Judicial.
 
SIN ACCIONES DE PREVENCIÓN
 
La delegación del SPT integrada por Felipe Villavicencio, Enrique Font, Emilio Ginés Santidrián y Nora Sveass analizó las recomendaciones hechas al país en su visita previa en 2008, cuando dijo al Estado mexicano establecer nuevos mecanismos y controles de seguimiento a las denuncias sobre tortura, crear un programa nacional de atención a víctimas y prevenir la tortura durante la detención.
 
La Relatoría especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el SPT presentó sus observaciones preliminares de manera confidencial al Gobierno de México. Sin embargo, en un boletín informó que exhortó a México a esforzarse más en la lucha contra la impunidad.
 
Organizaciones como el Centro Prodh, la CMDPDH y AI, han denunciado públicamente más casos de tortura durante la detención que cuando las mujeres están en prisión.
 
Para las agrupaciones civiles un paso clave para evitar y sancionar la tortura sexual es tener una Ley General contra la Tortura, pero estas propuestas están en análisis en el Congreso desde 2015.
 
Aunque en esta ocasión no habrá información pública del STP, un balance lo hizo en 2014 la Relatoría de la ONU cuando el entonces relator Juan Méndez visitó México y encontró que la tortura era generalizada y expresó su inquietud respecto a los numerosos testimonios de mujeres.
 
16/AGM/KVR/LGL
 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Relator de la ONU alista visita
ONU calificará a México en prevención de tortura
Tomada de Amnistía Internacional/Londres38
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/12/2016

El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) realizará una segunda visita a México del 12 al 21 de diciembre para evaluar el tratamiento de personas privadas de su libertad, así como las medidas que se han adoptado para protegerlas de la tortura.
 
Esta visita se da a 2 años de que en 2014, el entonces relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del SPT, Juan E. Méndez, realizó un viaje de trabajo a México donde concluyó que la tortura era una práctica generalizada, y que la tortura sexual contra mujeres se cometía para obligarlas a inculparse de algún delito.
 
En esta ocasión la delegación integrada por los expertos Felipe Villavicencio, Enrique Font, Emilio Ginés Santidrián y Nora Sveass, acudirá a prisiones, estaciones de Policía, cuarteles, instituciones psiquiátricas, centros correccionales para jóvenes e instalaciones de detención para migrantes, tanto a nivel federal como estatal.
 
Los expertos se reunirán con autoridades del Estado, funcionarios de la ONU, representantes de la sociedad civil y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para presentar al final de la visita sus observaciones preliminares al Gobierno de México, con carácter de confidenciales.
 
Cuando Juan E. Méndez estuvo en el país, el gobierno mexicano a través del entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, calificó de “no profesional y poco ético” el trabajo de quien fuera relator y señaló la tortura como una práctica generalizada en México.
 
En esta ocasión, el SPT revisará los avances de las recomendaciones que hizo hace 8 años (2008), cuando recomendó al Estado mexicano establecer mecanismos y controles de seguimiento a las denuncias sobre tortura, crear un programa nacional de atención a víctimas de tortura y controles legislativos para prevenir la tortura durante la detención.
 
De acuerdo con un informe de la Relatoría Especial del SPT de la ONU, las mujeres, niñas y personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero están particularmente expuestas a sufrir torturas y maltratos al ser privadas de su libertad.
 
Un caso similar es el de las mujeres. Mientras están en detención preventiva corren un riesgo particular de sufrir torturas y malos tratos, ya que agentes del Estado pueden emplear la violencia y los abusos sexuales como medios de coacción o para obtener confesiones, según el informe.
 
16/AGM/AMS/LGL








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