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Tortura sexual: la lógica de guerra
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 17/08/2017 En el sistema social patriarcal en el que se institucionaliza la asimetría derivada de las diferencias de género (roles y estereotipos ligados a la genitalidad) entre las mujeres y los hombres, con desigualdades para las primeras, las sociedades desarrollan en sus instituciones una “lógica de violencia” en el trato hacia las mujeres durante los conflictos armados, pugnas entre comunidades con las autoridades y/o entre un pueblo y otro, en violencia vertical y horizontal.
 
La Resolución 1820/2008 de la ONU ya reconoce y establece compromisos para los Estados parte, y dice: “Las mujeres y las niñas son especialmente objeto de actos de violencia sexual, incluso como táctica de guerra destinada a humillar, dominar, atemorizar, dispersar o reasentar por la fuerza a miembros civiles de una comunidad o grupo étnico, y que la violencia sexual utilizada de esta manera puede en algunos casos persistir después de la cesación de las hostilidades”.
 
En la misma, en el párrafo 4, hace un llamado claro sobre la gravedad de la violencia sexual ejercida en contextos de conflictos armados:
“…para que cumplan con su obligación de enjuiciar a las personas responsables de tales actos, y garanticen que todas las víctimas de la violencia sexual, particularmente las mujeres y las niñas, disfruten en pie de igualdad de la protección de la ley y del acceso a la justicia, y subraya la importancia de poner fin a la impunidad por esos actos como parte de un enfoque amplio para alcanzar la paz sostenible, la justicia, la verdad y la reconciliación nacional”.
 
Sin embargo, a pesar de este y otros documentos que a últimas fechas se han emitido, la violencia es el instrumento de control; y la intención de perpetuación sobre un pueblo empieza por la intención del sometimiento sobre el cuerpo de las mujeres. Así se construye la lógica de guerra del adversario que no es de una comunidad, sino contra las mujeres mismas, que son a la vez –dentro del sistema patriarcal- extensión del territorio geográfico y de la propiedad de los hombres, la representación del honor y la capacidad/incapacidad de los hombres de un pueblo de “defender lo que es suyo”.
En esa construcción, la violencia-tortura sexual no solo es la forma más explícita de ejercer el control sobre el cuerpo de las mujeres, es también la disciplina a la transgresión y es la violencia simbolizada sobre el adversario a quien se doblega al mismo tiempo que a la mujer-cuerpo-tierra.
 
En los conflictos derivados de la violencia horizontal, es decir, la que se da entre la misma población, entre pares, entre pobres, entre la misma sociedad civil y sus poblaciones vueltas grupos armados, o crimen organizado; pero también está la violencia vertical desde las jerarquías hacia el pueblo y contra él, en ambas manifestaciones de violencia en conflictos las mujeres son –en la óptica patriarcal- una extensión del otro, la propiedad del enemigo, una parte tangible con la que se daña al adversario.
 
Es así que tanto en los enfrentamientos entre grupos sociales contra el Estado y sus instituciones, entre pueblos con diferencias étnicas y/o económicas, en medio de los conflictos armados las mujeres y las niñas son inevitablemente -en el sistema patriarcal-, un daño colateral, botín de guerra.
 
La lógica de guerra del adversario contra un pueblo o de una comunidad supone que en medio de un conflicto ciertas reglas o medidas de disciplina y castigo están permitidas, más cuando tienen un propósito “aleccionador”, pero también de dominación, sometimiento de toda la comunidad cuando se ejerce la violencia sexual en el cuerpo de las mujeres de esa comunidad.
 
El Estatuto de Roma (ER) es el instrumento más socorrido para entender, reconocer, prevenir y sancionar los crímenes de naturaleza sexual que se cometen en los escenarios de conflictos armados entre pueblos/países con fronteras geográficas, sin embargo, resulta difícil aún reconocer contextos de “guerra” y sus lógicas contra las mujeres en situaciones de violencia horizontal y/o del Estado contra su propia población.
 
En la “lógica de guerra del adversario”, la tortura sexual no se comete contra las mujeres, ellas no existen, en realidad ellas no son personas, no son “el enemigo” ni externo ni interno, son más bien una propiedad del enemigo, como la tierra y sus recursos naturales en una representación social de la mujer-cuerpo-tierra con la que se afrenta al enemigo. No es casual que se “profanar un extraño enemigo con su planta, tu suelo”, es la violación del territorio como una metáfora de la violencia sexual.
 
17/AC
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.







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VIOLENCIA
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Tortura sexual, el castigo de la disciplina patriarcal
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Camp.- 10/08/2017 En la tortura sexual las causas y sus formas están imbricadas en la violencia que el sistema patriarcal ejerce contra las mujeres con el fin de dar un castigo, disciplinar y contribuir a sostener así la dominación masculina desde y con el arma dictada desde el patriarcado que le ha permitido sancionar la desviación de la mujer: el abuso sexual.
 
Cualquier desviación del “deber ser” es visto como “transgresión” y el mecanismo de respuesta es el castigo patriarcal que dispone de un método “disciplinario”, el abuso sexual. Sólo entendiendo esta posición de castigo a la transgresión como una forma disciplinaria desde la “autoridad masculina”, es que la tortura sexual se entiende como algo intrínseco en la violencia de género, en los casos que se presentan en todo el mundo contra las mujeres.
 
En el constructo social jerarquizado desde la lógica patriarcal, las mujeres transitan en la inferioridad, no son personas sino bienes de consumo, propiedad que puede ser dañada para dañar a otro, o si está en la calle está “disponible”, y su tránsito por el espacio público no es condición natural sino una transgresión que merece ser sancionada con una medida ejemplar.
 
La sutil distancia entre el “resguardo” y el abuso de las mujeres que se encuentran bajo el “cuidado” o la jerarquía de una persona con autoridad se rompe porque hay un horizonte fluido –desde la mirada patriarcal– que no alcanza a ver que hay algo inadecuado en el abuso sexual.
 
Así, mujeres que se encuentran bajo la mirada de guardias en centros de detención migratorio, en retenes, durante cateos o en detenciones arbitrarias, incluso en vehículos oficiales o instalaciones hospitalarias y carcelarias han vivido la tortura sexual cuya motivación o razón de género es el “castigo” como medida disciplinaria.
 
Ocurre con mayor frecuencia de lo que se piensa o cree, se denuncia mucho menos de lo que se puede documentar, y ahí radica la condición de su comisión. Hay la conciencia de que las mujeres desacreditadas, las “transgresoras” tendrán menos credibilidad y esto las hace más susceptibles de ser víctimas el abuso sexual.
 
Si ya de por sí denunciar un abuso sexual lleva a la víctima al banquillo de las acusadas, cuando este acto se comete contra una mujer que transgredió la ley, creerle a la víctima es casi imposible por el previo descrédito de la denunciante, que no solo afrontará el sistema que cuestiona a las víctimas de violencia sexual, sino que sumará el factor “mujer periférica-transgresora”, una “sin valor”.
 
Dentro del sistema patriarcal el discurso de poder ser construye de la única forma que entienden, ejercerlo como una forma de subyugación al otro, a la otra, no es casual que el triunfo de un equipo de fútbol sobre otro sea sinónimo de que los “cogieron”, en esa retahíla harto dicha de que quien penetra es quien subyuga, castiga, alecciona.
 
La tortura sexual es desde la lógica patriarcal un mecanismo que garantiza el sometimiento, la docilidad y la ejemplar forma de aleccionar a las mujeres de lo que les ocurre cuando rompen el canon del deber ser, no importa cuál sea la transgresión, las alianzas patriarcales responden de esa forma para perpetuar así el sistema de control sobre las mujeres, sobre sus cuerpos.
 
Duncan Kennedy, especialista en la teoría crítica del Derecho, considera que hay un “residuo tolerado del abuso sexual” y éste tiene que ver con la aceptación social que hay alrededor de la violencia sexual sobre las mujeres, y que se refleja en el condicionamiento que esto causará sobre las demás mujeres y que beneficia a los hombres que encuentran mujeres más dispuestas a seguir los cánones para evitar los riesgos, y de paso buscar su “protección”.
 
Cuando se comete un acto de tortura sexual bajo la premisa de ser un castigo disciplinario para las transgresoras, el mensaje es también para las que “piensan” o transitan por el ámbito de la resistencia, las mujeres a las que llega la información –vía medios- reciben así un mensaje que va desde la apología a la violencia masculina contra las mujeres, hasta una forma aleccionadora.
 
De paso genera en las mujeres una convicción de que las víctimas de la tortura sexual, en realidad lo merecían, pues se encontraban en lugares donde no debían, de ahí la indiferencia ante la tortura sexual; que se convierte así en parte de ese “residuo tolerado de abuso sexual contra las mujeres” –del que habla Kennedy, y que socialmente se refleja en la resistencia que hay en torno a reconocer la tortura sexual cometida por agentes del estado contra mujeres disidentes y la indiferencia de otras mujeres.
 
La tortura sexual no solo afronta reticencias de ánimo social y aunque la discusión incipiente se centra en la posibilidad de un tipo penal, lo que hay detrás de (la tortura sexual), al igual que en algún momento con el feminicidio nos demanda entender las razones o las motivaciones de género implícitas en estos actos.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche

17/AC
 







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Tortura sexual: Castigo patriarcal a la transgresión femenina
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 03/08/2017 Si algo hace aberrante a la tortura es que quien la ejerce representa al Estado, además de que las causas, las formas de la violencia, las consecuencias, el fin con el que se comete y sus víctimas, lo son así del Estado que comete, a través de sus agentes actos/delitos vergonzosos.
 
En el caso de la ejercida contra las mujeres, además de la violencia por las mismas causas que los hombres, la tortura se manifiesta por razones, formas y con consecuencias relacionadas con la sexualidad, es decir tortura sexual en la que confluye la discriminación sistémica de género.
 
Ninguna ley admite la tortura de índole sexual hasta ahora.
En el caso de la que se ejerce contra las mujeres, comentábamos la semana pasada, se dan otros factores que precisan ser visualizados para entenderlos, por un lado, pero también para que se visibilicen y se contextualicen por las motivaciones o razones de género.
 
Así como el ejercicio de los derechos sexuales puede ser causa de un sufrimiento intencional causado a las mujeres, embarazadas que abortan y/o que tienen una identidad genérica “disidente” con su genitalidad, así también se presenta otra forma asociada al deber ser.
 
La tortura sexual se convierte así en una extensión apologética a la violencia de género que permea a la sociedad, una herramienta de la misma y una forma de expresión.
 
La transgresión a la identidad femenina no es como se piensa una identidad genérica disidente, se orienta hacia las mujeres que “siéndolo”, es decir que socialmente se insertan en el discurso social desde la identidad genérica femenina, pero la transgreden y socavan. Aquellas mujeres que siguen el patrón sociocultural de ser vistas y verse a sí mismas como “mujeres” pero que desde esa misma identidad la transgreden rompiendo los “deber ser” impuestos a las mujeres a través de los roles y los estereotipos.
 
Uno de esos deber ser está asociado al mito de la virginidad y la pureza, las mujeres buenas se quedan en casa, las niñas bien no salen a la calle a ciertas horas, las mujeres no abandonan el espacio privado y las mujeres no pelean, no se emborrachan, no fuman, no se drogan, son vientres disponibles y por supuesto sus cuerpos están puestos al servicio del sistema, del sentido social y de los hombres de la familia que tienen la potestad sobre ellas.
 
Para que las mujeres se ajusten y constriñan a ese deber ser de la identidad femenina, el sistema patriarcal ha construido todo un andamiaje de creencias, mitos, leyes, discursos vueltos hegemónicos, ubicando a las feministas en la periferia, biológicos, económicos, para imponernos un modelo de lo naturalmente femenino, lo obvio y objetivamente inherente a la feminidad hasta convertirse en una máscara impuesta sobre la piel de las mujeres para adaptarse a ese único modelo de “mujer”.
 
Cualquier divergencia se ubica entonces en la transgresión, por mínima que sea puede y va desde el hablar “porque calladas se ven bonitas”, hasta salir del ámbito de la cocina para atreverse a creer que pueden salir a la calle, que se “mandan solas” o que pueden opinar y que no necesitan una guía o que una voz masculina valide los discursos de las mujeres para darles credibilidad o sentido.
 
Visto así, la transgresión no solo es una amenaza para el sistema patriarcal sino que utiliza su mejor herramienta “la violencia de género” auxiliado por mecanismos de apoyo como lo es la violencia simbólica, la violencia estructural y se vale hasta de la violencia inserta en los sistemas sociales para discriminar a las mujeres que se atreven a ser distintas.
 
Las mujeres hemos vivido desde la antigüedad el castigo a la transgresión, hemos pagado un alto precio por la diferencia y en esto estamos de acuerdo aunque podríamos citar a Virginia Wolf con su Habitación propia, ¡Una habitación propia! para poder pensar y crear, imaginemos el nivel de necesidades básicas en los que aún nos encontramos las mujeres y que se convierten discursivamente en una forma de transgresión el reclamar el derecho vigente a un espacio propio.
 
Transgredir la identidad femenina es salir a la calle a protestar, es tomar el micrófono y hablar, expresar ideas, es sumarse a un movimiento social, es escribir, es pensar, es opinar, es ir a la escuela y estudiar, es resistirse y negarse a morir de hambre o en un aborto mal practicado, es no tener hijos o elegir tenerlos cuando prevalece una política de exterminio contra un pueblo.
 
Transgredir es reclamar el cuerpo como propio y querer habitarlo, conocerlo, tocarlo o no avergonzarse de sus partes. La transgresión a la identidad femenina llevó a las mujeres a la hoguera y hoy día es la causa de la violencia y la tortura sexual como el castigo patriarcal a las mujeres que se atreven a confrontar con su presencia en el espacio público.
 
Transgredir la identidad femenina es la sutil confrontación con el deber impuesto desde una verticalidad hegemónica, desde el discurso validado por el sistema social y elegir la periferia, hablar desde esos territorios que habitan las locas, las putas, las ninfómanas, las lesbianas, las que paren siendo pobres, o abortan, las que piden un empleo, las que reclaman la paz y la justicia, las que van a la universidad, las que no se quedan calladas, las que conducen un vehículo, en fin todas las que se atreven a ser personas.
 
17/AC
 
*Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche
 







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La tortura y los derechos sexuales
Cimacfoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 28/07/2017 Desde un enfoque feminista, la violación de los derechos sexuales bajo un contexto de violencia institucional, criminalización y actos encaminados a obtener una autoincriminación de las mujeres en supuestos delitos relacionados con el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, constituyen una forma de tortura sexual.
 
Sobran ejemplos que prueban la íntima relación de las construcciones y patrones socioculturales de un sistema patriarcal inserto en quienes ejercen esta forma de violencia de género.
 
Por un lado, la tortura sexual no solo carece de un “tipo penal” en el marco normativo, razón que ha llevado a foros, diálogos y reuniones de diversos grupos y Seminarios, además en medio de la tragedia de las graves violaciones a los Derechos Humanos, este tipo de violación pasa prácticamente inadvertida y no es un enfoque muy explorado.
 
La sociedad regida por normas y estructuras determinadas por el sistema patriarcal impuso una carga adicional a la sexualidad femenina, “no solo debe y tiene que estar ligada a la reproducción”, es una extensión del bien del “padre de familia” y de sus “propiedades”, sino que es potestad pública en cuanto al derecho a la maternidad, pero es del ámbito íntimo –y ahí se queda sola, la cosa denominada mujer- en cuanto a la responsabilidad del Estado en la violencia sexual.
 
(La violación en el constructo social forma parte de la forma de hacer propia, es decir “apropiarse del cuerpo” y estos resabios están evidentes en la figura del “estupro” y el “ejercicio indebido de un derecho” como se consideraba la violación entre cónyuges).
 
Visto así, el cuerpo de la mujer no le pertenece a ella, sino es del sistema patriarcal y este es el que decide en ella, por eso las lesbianas son consideradas las mayores transgresoras del sistema patriarcal pues son “feminidades transgresoras al no disponer su cuerpo al mercado de consumo de los hombres de esa sociedad”, entonces no debe sorprendernos que en las detenciones arbitrarias o en procesos en los que son imputadas la saña de la violencia tiene connotaciones sexuales para el sometimiento.
 
No solo se trata de vulnerar, ridiculizar, humillar y quebrantar la identidad sino que cuando la detenida se encuentra frente a su compañera –como se ha documentado en casos de tortura contra mujeres lesbianas-, la violencia se agudiza contra aquella que violenta los “sagrados elementos constitutivos de la (frágil) masculinidad”, es decir la tortura sexual se comete contra la persona que tiene identidad genérica asumida como “hombre” de genitalidad asociada a la construcción social “mujer” o que a juicio de sus agresores es la “machorra”.
 
El tema de la tortura sexual contra las lesbianas imputadas en procesos no se agota ahí, es mucho más amplio pero esta razón de género que se origina en el ejercicio de una sexualidad transgresora está claramente ligada a los derechos sexuales de las mujeres, que son tan cuestionados y no aceptados bajo perspectivas machistas y misóginas.
 
Solo desde entender la violencia estructural por patrones socioculturales que se basan en la creencia de la superioridad masculina por un lado, pero también en la sujeción de un “deber ser” de las mujeres es que se criminaliza a aquellas que ejercen su sexualidad y se embarazan, y que no solo quebrantan el mandato de la “virginidad”, sino de la probidad y la feminidad ideal, con artículos en los códigos penales de todo el país en los que se penaliza el aborto.
 
Ahí está, escrito con toda la validación patriarcal de la norma, las formas del aborto como delito con agravantes como: “que la mujer fuera de dudosa reputación o mala fama”, o “que el producto fuera de una relación sin matrimonio (¿?) o cuando se le exija que pruebe mediante inspección ginecológica o con denuncia ante ministerio público que efectivamente es víctima de una violación.
 
Para una mujer denunciada ante el ministerio público por un trabajador social, médica, enfermero, o cualquier servidor público, no cabe la posibilidad de que sea vista como víctima -aun cuando de paciente pase a imputada- que obre o medie el principio de la buena fe, y al contrario recibe todo el rigor de los representantes del Estado que ejercen su autoridad para castigar una afrenta al mandato supremo de las mujeres de ser “buenas madres”.
 
Entonces tenemos casos de mujeres conducidas a procesos, autoincriminadas luego de interrogatorios feroces de “agentes del Estado”, con el claro y objetivo propósito de causarles un sufrimiento y obtener su confesión, y por supuesto la cual será difundida en medios a través de boletines, conferencias de prensa y “filtración de información” con lo que el castigo se hace ejemplar y público, y que reúne así todos los elementos de la tortura en relación con los derechos sexuales de las mujeres.
 
Entender la reticencia a aceptar y respetar los derechos sexuales de las mujeres, nos permite observar la comisión de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres que también constituyen delitos como la tortura sexual por estar imbricada en la forma y la razón de la violencia, y que sin esta perspectiva no resulta claro para su comprensión pero también para visibilizar.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC







NACIONAL
VIOLENCIA
   Publicada en el DOF, entra en vigor mañana
Ley sobre tortura debe aplicarse sin estereotipos de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017 A partir de mañana entrará en vigor la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la cual dice que la prevención, sanción y reparación de este delito debe ser libre de estereotipos de género.
 
Este 26 de junio, Día internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, esta ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación, pero organizaciones defensoras de los Derechos Humanos advierten que la norma contribuirá a la erradicación de la tortura sólo en la medida en que sea plenamente implementada y cumplida por las autoridades correspondientes.
 
Con la nueva Ley, este delito se investigará y perseguirá de oficio o por denuncia o vista de autoridad judicial, y se establece una pena de 10 a 20 años de prisión y de 500 a mil días de multa al servidor público que cometa está práctica, sanción que aumentará hasta en la mitad cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, mujer gestante, persona con discapacidad o haya violencia sexual, entre otras condicionantes.
 
Un informe elaborado por la Red Nacional de Peritos y Expertos Independientes Contra la Tortura indica que, en una muestra de casos, el 22 por ciento de las víctimas fueron mujeres; el 65 por ciento de los torturadores fueron policías, 15 por ciento eran policías con Ministerios Públicos, en 57 por ciento de los casos la tortura se practicó en vía pública y en 31 por ciento en el domicilio del sobreviviente de tortura.
 
De acuerdo con organizaciones como Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, los Centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Miguel Agustín Pro Juárez y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), este crimen pude ser considerado, en ciertas circunstancias, un crimen de lesa humanidad.
 
Ante la vigencia de esta práctica, las organizaciones emitieron un comunicado donde señalan que por ninguna razón debe ser tolerada y donde exponen que la ley contribuirá a la erradicación de la tortura sólo en la medida en que sea plenamente implementada y cumplida por las autoridades correspondientes.
 
DENUNCIAS Y RECOMENDACIONES
 
Los colectivos indican que tan sólo del 2007 a finales del 2016, se presentaron más de 7 mil 695 quejas por tortura en las comisiones estatales de Derechos Humanos y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Si se incluyen las quejas calificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, el total aumenta a más de doce mil quejas anuales en años recientes.
 
En el mismo periodo, la CNDH ha emitido al menos 144 recomendaciones en donde se aprecian actos de tortura, que involucran a 730 víctimas.
 
La tortura documentada por las organizaciones civiles va desde las amenazas y golpes, hasta choques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico y en muchas ocasiones violencia sexual. Por su parte, en los últimos años la Procuraduría General de la República (PGR) registra más de 2 mil averiguaciones y ahora carpetas de investigación por tortura al año.
 
Las asociaciones civiles instaron al Estado mexicano a priorizar la plena implementación y aplicación de la nueva Ley General, y en particular, a investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de cometer tortura, incluyendo a aquellos que la ordenen o toleren.
 
Asimismo llamaron a garantizar la exclusión de cualquier prueba fabricada u obtenida bajo tortura; a reparar a las víctimas; y a tomar todas las acciones necesarias para poner fin a esta práctica; así como generar diagnósticos confiables de la situación de la tortura en el país, a fin de construir herramientas de política pública certeras para erradicar el delito en México y la impunidad en torno a ella.
 
Los casos de tortura sexual también han sido documentados: por ejemplo, en 2016 Amnistía Internacional publicó el informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de Mujeres y fuerzas armadas en México” que documenta cien casos; mientras que en 2014 las once mujeres sobrevivientes de los operativos policiacos de 2006 en Atenco, Estado de México, lanzaron la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”.
 
17/AGM/GG







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VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Las razones de género para la tortura sexual
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 14/06/2017 Todas las posibles razones de género para la tortura sexual fueron utilizados en algún momento contra mujeres en México, y aun cuando en muchos de las casos no exista denuncia o investigaciones, y que no se han clasificado como “circunstancias” que acreditan la existencia de motivaciones específicas, éstas se presentan en los casos más paradigmáticos de violaciones graves de Derechos Humanos, y que son al mismo tiempo delitos, lo cual nos ha permitido su identificación bajo un enfoque feminista de los Derechos Humanos.
 
Las categorías que rodean las circunstancias de la tortura sexual, muchas de las cuales son completamente comprensibles e identificables con peritajes socioculturales, antropológicos y sicosociales con perspectiva de género, son al mismo tiempo las motivaciones que solo son entendibles desde un enfoque de género.
 
Las categorías de análisis de la tortura no podrían entenderse sin comprender la identidad de género, que es la que nos permite entender la violencia motivada por razones de género y que se expresan en relación con el género de la persona.
 
Así, en los casos de tortura sexual, se pueden clasificar contextos relacionados con el ejercicio del poder, la hegemonía patriarcal, los discursos hegemónicos y por supuesto la violencia estructural y violencia simbólica contra las mujeres, que se interseccionan con condiciones inherentes a la persona como el grupo étnico, la edad, el grupo económico y el lugar de nacimiento, hasta entrecruzarse con factores sociales como la condición social, el nivel educativo, el lugar de residencia y/o la condición política de postura de género, pertenencia a un grupo político-ideología y/o religión.
 
Sin embargo, un eje claro que se observan son las motivaciones de violencia sexual como una forma de tortura la constituyen:
1) El ataque a la identidad femenina, 2) El castigo patriarcal a la transgresión de la identidad femenina, 3) La lógica de guerra al adversario, 4) la violencia estructural/simbólica contra mujeres de grupos étnicos, y 5) la violencia relacionada con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres (Clasificación realizada en el Manual con enfoque de género para la investigación de la tortura y la desaparición forzada (Insyde, 2016).
 
Para “hacer cruce” con un segundo eje, que son los lugares que son escenarios de ejercicio de poder, que son aprovechados por las personas que se encuentran en posición de control, relación de poder versus subordinación, como espacios de contextos para que se dé la tortura, ejemplo: centros de detención migratoria, cárceles, vehículos oficiales, escuelas, instituciones, retenes policiales, operativos, etc.
 
El ejercicio del poder jerárquico, hegemónico y patriarcal constituye una pieza clave de las formas de tortura sexual contra las mujeres y otras identidades femeninas e incluso contra hombres, para “feminizar” en el sentido de “vulnerar” a las personas receptoras de la violencia sexual, y que están presentes en todas las formas de la violencia sexual en las que se generan condiciones para que ni siquiera haya "resistencia" o indicios de ésta.
 
Este es el caso de las situaciones de opresión y sometimiento bajo la explotación amorosa de las mujeres (amenaza sobre familiares si no acceden "voluntariamente" a la violencia sexual, aunque en realidad no cabe utilizar el concepto de “voluntad” en la coacción que una pasividad derivada de las amenazas y no un acto voluntario.
 
Entender la tortura sexual como un acto de ejercicio del poder nos permitirá entender también que cualquier menoscabo o exposición de la sexualidad de las víctimas constituye por sí mismo un acto de tortura sexual.
 
Lo mismo ocurre con las violaciones a los derechos sexuales/reproductivos, así como a la amenaza de la retención de los productos –bebés nacidos durante el cautiverio ilegal, durante detenciones arbitrarias y de mujeres sobrevivientes a desaparición forzada- la restricción al producto, la amenaza de violencia contra éste y/o partos bajo condiciones de graves violaciones de derechos de las mujeres.
 
EL TIPO PENAL
 
A pesar de la claridad de la existencia de actos de tortura sexual contra mujeres, cometidos por diversos agentes del Estado, y que derivaron en Recomendaciones y hasta en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los contextos y las circunstancias que acreditan por sí mismas la violencia sexual, se ha vuelto necesario –y así se discute- en los foros de análisis en la materia- el análisis de la necesidad de implementar el tipo penal de “tortura sexual”.
 
Al respecto se realizan esfuerzos de especialistas en Derechos Humanos de las mujeres, que necesitan acompañarse de análisis desde la perspectiva de género y el análisis feminista del ejercicio del poder en el sistema patriarcal, porque a final de cuentas tanto la violencia sexual per se, como la tortura sexual se trata –indistintamente de contra quien se comete- de un ejercicio de poder y de sometimiento.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG







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DERECHOS HUMANOS
   Víctimas esperan justicia en la CoIDH
A 11 años de Atenco, impunes autores materiales e intelectuales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2017 Si algo han conseguido las 11 sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, es hacer evidente que el Estado usa la violencia sexual como un arma contra las mujeres.
 
En reiteradas ocasiones el Estado mexicano ha negado que la tortura sea una práctica sistemática de las corporaciones policiacas y de las fuerzas militares, pero la denuncia de las sobrevientas de Atenco muestra que esta violencia existe y se mantiene impune.
 
“Lo que podemos aportar desde nuestra trinchera es colocar el tema de la tortura sexual como una forma, una herramienta de Estado, de tortura, de forma diferenciada que se usa en contra de las mujeres”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de Atenco.
 
A 11 años de mantenerse de pie, firmes en su denuncia y convencidas de ver en prisión a los policías y los mandos que ordenaron violentarlas, Italia asegura que lograron mostrar que este caso fue algo más que un daño colateral o una violación sexual, se trató –sostiene– de tortura.
 
En un aniversario más de los hechos del 3 y 4 de mayo que colocaron al Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, en la mira de organismo de Derechos Humanos, las sobrevivientes sostienen que ya no se puede decir que se trató de policías que no controlaron sus instintos.
 
Es por ello que Italia, Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas, continúan con la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
Aunque en 2006 al menos 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual sólo once decidieron continuar con la denuncia hasta conseguir justicia, por ello en abril de 2008 presentaron su denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En noviembre de 2011 el organismo aceptó conocer la demanda y tras diversos alegatos y análisis la CIDH determinó que las mujeres fueron detenidas de manera ilegal y  arbitraria y consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia y tortura sexual.
 
Con estas consideraciones, en noviembre del año pasado, después de una década de los hechos,  la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que analice la responsabilidad del Estado en su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y reparar el daño a las víctimas.
 
Actualmente el proceso a nivel internacional está en una etapa de comunicaciones escritas para que las partes, el Estado y las víctimas –a través de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– presenten alegatos por escrito.
 
Italia también espera que este año haya una audiencia oral ante el alto tribunal donde puedan exponer su testimonio ante los jueces.
 
Por lo pronto la primera ganancia, dice, es que develó las consecuencias de esta práctica. “Se volvió un caso relevante, no solamente por nuestra experiencia sino porque después de que nos ocurrió a nosotras hemos visto, por desgracia, un aumento. No sabemos si de la practica o de la denuncia”.
 
MIENTRAS, EN MÉXICO
 
El caso continúa en investigación en la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México pero de acuerdo con la información disponible sólo 21 policías estatales fueron consignados por “abuso de autoridad”, un delito contra la administración pública; sin embargo, todos fueron absueltos.
 
Un policía estatal fue condenado el mayo de 2008 por el delito de “actos libidinosos” hacia una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, el agresor también fue absuelto con posterioridad.
 
La apuesta y la esperanza están en la decisión de la Corte Interamericana que podría emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, lo que significaría la obligación internacional de hacer una investigación que esclarezca los hechos.
 
“Hay cosas muy puntuales que nos permitirían acceder a la justicia y a un proceso de verdad sobre lo que concurrió en Atenco hace once años”, dice Italia. La insistencia es que se investigue a los autores materiales e intelectuales, a los funcionarios que ordenaron y diseñaron el operativo.
 
Entre estos funcionarios están Genaro García Luna, entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI); Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública del Estado de México.
 
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QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
El informe CEDAW de México I
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 25/04/2017 Lograr que el Estado Mexicano involucre una mirada de género y de Derechos Humanos en sus acciones no ha sido tarea sencilla, mucho menos desde una perspectiva de garantizar la igualdad como una vía en el acceso a la justicia, no para dar el mismo trato a desiguales –por ejemplo la sentencia del Caso Porkys- sino para entender e involucrar las desigualdades históricas y el complejo sistema de control sobre el cuerpo de las mujeres que los lleva a naturalizar la violencia sexual contra las niñas, adolescentes y mujeres.
 
El Informe para la CEDAW de México ya fue presentado tal y como se esperaba por parte del Gobierno Mexicano, y el documento reúne diversos compromisos que se presentan como grandes avances para revertir la discriminación que viven las mujeres en México. El Comité para la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer deberá dar respuesta a este informe y señalar las recomendaciones generales y reconocimientos que se deriven del cumplimiento de las presentadas en el informe octavo y noveno.
 
Sin embargo, una lectura concienzuda del Informe nos da un largo y general listado de acciones institucionales que desde el Gobierno Federal se anuncian que han sido cumplidas y que realmente están beneficiando a las mujeres, pero la mayoría de lo señalado en el documento dista mucho de la realidad. La mejor muestra de “contradicción” entre la realidad y lo que nos dice el Informe es la “perspectiva de género” en los jueces y magistrados de los Tribunales en los estados.
 
Si bien a nivel federal la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado un trabajo por encabezar la aplicación de la perspectiva de género en la justicia con su Protocolo, capacitación a jueces y magistradas y magistrados, con disposición de Judicaturas para abrirse a estos temas de discusión y fallos novedosos en los Juzgados de Distritos, lo cierto es que las entidades siguen siendo un asunto lleno de opacidad y terreno peligroso.
 
No solo hay falta de voluntad en la mayoría de los jueces y juezas, sino que los magistrados y magistradas suelen “proteger” a éstos con sentencias a apelaciones promovidas por las familias y defensas de las víctimas de violencia sexual y, en el peor de los casos, se confirma la premisa sexista de que “ella se lo buscó” o simplemente su palabra no tiene credibilidad, silenciando así a las víctimas.
 
Bastaría revisar en ese proceso de la cadena de justicia cuántos casos son reportados ante los números de emergencia (ahora 911) sobre hechos de abuso y violencia sexual contra niñas y niños, contra adolescentes y mujeres, para ver que el número de casos sentenciados y sentencias ratificadas es muy inferior proporcionalmente.
 
El documento de ONU Mujeres sobre la violencia feminicida en México da cuenta de esta larga y tediosa búsqueda de justicia en México que ha empeorado –por la justificación de que así es el nuevo sistema- en los últimos años, reduciendo el número de sentencias sobre casos denunciados de violencia sexual contra las mujeres en las entidades federativas.
 
Lo peor es que en muchas entidades y como parte de una política pública se ha implementado un “rediseño de las estadísticas”, renombrándolas de manera retórica para evitar que al leerlas se asocie con la violencia de género y así finalmente las cifras disminuyen.
 
Para nadie, en el sistema de justicia, es un secreto que la mejor forma de “bajarle” a un delito es reclasificándolo, aunque con ello vaya de por medio el derecho de la víctima a la no mediación cuando se trata de hechos de violencia que ocurren en un contexto familiar, victimizando y obligando a la persona que sufrió el hecho a sentarse frente a su agresor y esperarlo porque no le da la gana llegar a las audiencias.
 
Si revisamos párrafo a párrafo y cotejamos los anexos, lo cual estamos realizado con el propósito de verificar cuáles recomendaciones se cumplieron para saber qué cuentas exigir y qué aspectos están informando las entidades federativas, es tarea de quienes estados en los estados informar y compartir información de que no vemos trabajando al Sistema Estatal para Prevenir la Violencia en la mayoría de las entidades, que tampoco vemos que sean aplicables los Programas de Igualdad y de Prevención de la Violencia –en los estados donde sí hay- y que es prácticamente inexistente la política pública en los Planes de Gobierno de los gobiernos que entraron entre 2014-2015 y 2016.
 
Esas generalidades enunciadas en el Informe, como presumir que una Ley contra la tortura aprobada ya es la forma de proteger a las mujeres y prevenir la tortura sexual, es en realidad una retórica breve de un párrafo, pero que representa el desconocimiento que tienen sobre el tema las personas que redactaron el documento. Simplemente no hay aún una Ley aprobada y vigente, pues el Senado la envío a la Cámara de Diputados y apenas la semana pasada fue aprobada y será regresada de nuevo al Senado para su revisión con las modificaciones hechas.
 
Y así podría enlistar las observaciones que se derivan del Informe, con el único propósito de comprometer al Estado a mirar este documento como el resumen de las acciones encaminadas a garantizar la vida de las mujeres, en un país en el que a diario son asesinadas 7 mujeres por el hecho de ser mujeres.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
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NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Con agravantes si se comete contra niñez y mujeres embarazadas
Aprueban Ley sobre Tortura en San Lázaro y la envían al Senado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/04/2017 El pleno de la Cámara de Diputados ayer aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que contempla agravantes en caso de que la víctima sea menor de edad, una mujer embarazada o sobreviviente de violencia sexual.
 
Con 417 votos a favor, el pleno aprobó la minuta enviada por el Senado pero hizo modificaciones, por lo que el proyecto fue regresado a la Cámara alta para su ratificación. La Ley debió estar lista desde el pasado 5 de enero, fecha en que se cumplió un año del límite establecido por el Congreso de la Unión para expedirla.
 
Una vez que se avale esta ley –y se derogue la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1994– entrarán en vigor nuevas consideraciones, por ejemplo: la tortura será un delito que no prescribe; se investigará de oficio o a petición de las partes y se crearán fiscalías especializadas para investigar en el ámbito local y federal.
 
Esta Ley haría frente a la tortura, una práctica que en las mujeres se caracteriza por la violencia sexual, como asegura el informe de Amnistía Internacional  “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México”, que documentó 100 casos de tortura hacia mujeres.
 
PENAS DIFERENCIADAS
 
La minuta avalada en San Lázaro prevé penas diferenciadas, dependiendo de si la conducta delictiva la comete un servidor público o no, y aumentará hasta en una mitad cuando se cometa contra poblaciones en vulnerabilidad como niñas, niños, adolescente, mujeres gestantes, personas con discapacidad o adultas mayores.
 
También se establece una pena mayor si la víctima fue sometida a cualquier forma de violencia sexual; si es migrante, afro descendiente, indígena, periodista o se trata de una persona defensora de Derechos Humanos o cuando la tortura sea motivada por la identidad de género u orientación sexual de la víctima.
 
Adicionalmente en el tema de investigación se establecen reglas especiales para considerar la calidad de la víctima y las situaciones particulares a la hora de realizar los dictámenes periciales. Por ejemplo, estos dictámenes deberán evitar la revictimización y se realizaran en compañía de los padres si se trata de menores de edad.
 
Los dictámenes para acreditar la tortura deberán realizaran en lugares seguros, salubres, que garanticen la privacidad de la persona, de preferencia con peritos mujeres en caso de que la víctima sea mujer o menor de edad y en casos de violencia sexual habrá asistencia médica con especialistas en ginecología, quien debe ser del mismo sexo de la víctima.
 
Estos procedimientos deben realizarse con base en los principios establecidos en los protocolos con perspectiva de género en la materia. El dictamen señala que se debe garantizar la plena igualdad al valor probatorio de dictámenes aportados por peritos independientes, incluso se prevé la negativa de aceptar peritajes que no cuenten con el consentimiento informado de las víctimas.
 
TENTATIVA
 
La tortura también podrá perseguirse en grado de tentativa, es decir, cuando el agresor inicie su ejecución sin que se consume o cuando un sujeto ordene cometer el delito pero no se lleve a cabo por causas ajenas a su voluntad. Además este delito podrá investigarse de oficio o a petición de las partes.
 
La nueva Ley considera la exclusión o su nulidad de la prueba en un proceso si fue obtenida mediante tortura o por cualquier otra violación a derechos humanos en cualquier etapa del procedimiento y el juez deberá dar vista a la Fiscalía Especializada con el objetivo de que se inicie la investigación por el delito.
 
En materia de prevención, la minuta establece la Creación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar los Delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; el Mecanismo Nacional de Prevención; y del Registro Nacional de este delito.
 
Cabe decir que organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, como los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Tlachinollan; Zeferino Ladrillero y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, exigieron al Congreso tomar en cuenta las recomendaciones internacionales para prevenir, investigar y sancionar este crimen.
 
Agrupaciones civiles aseguran que hay una falta de cifras pero los organismos de Derechos Humanos han constatado la gravedad del problema. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los organismos públicos de DH registraron 3 mil 195 y 3 mil 20 presuntas violaciones por tortura y/o tratos crueles, inhumanos o degradantes durante el año 2013 y 2014, respectivamente.
 
La Cámara de Diputados informó que de acuerdo con la Procuraduría General de la República, hasta abril de 2015 contaba con 2 mil 420 investigaciones en trámite sobre tortura. Sin embargo, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estado registra 15 sentencias condenatorias por casos de tortura desde 1991.
 
17/AGM/GG
 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   La dependencia acepta recomendación de la CNDH
Sin sentencia condenatoria, personal es inocente de tortura: Semar
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/12/2016 La Secretaría de Marina (Semar) aceptó la Recomendación 62/2016 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la tortura sexual que marinos ejercieron contra Claudia Medina Tamariz el 7 de agosto del 2012 en Veracruz.
 
Luego de que ayer se dio a conocer la recomendación del organismo, la dependencia advirtió en un comunicado que “no ha realizado encubrimiento alguno de hechos o de personal involucrado en este caso o en algún otro”.
 
Asimismo, reiteró que mientras el Juez no declare lo contrario mediante sentencia condenatoria, el personal es inocente, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia que rige en materia penal”.
 
La CNDH acreditó que el 7 de agosto de 2012, Medina Tamariz fue detenida de manera ilegal en su casa, mientras dormía, estuvo retenida de manera ilegal por 39 horas, fue torturada y obligada a autoinculparse de delincuencia organizada.
 
Ante esta denuncia la Semar dijo que atenderá de manera pronta y expedita los requerimientos que formule la Procuraduría General de la República (PGR) para la debida integración de la investigación correspondiente, tal y como se ha venido haciendo.
 
También precisó que una de las prioridades de la institución es la capacitación en materia de equidad de género y Derechos Humanos en las escuelas de formación hasta las de posgrados como son: el Centro de Estudios Superiores Navales, Heroica Escuela Naval Militar y escuelas
 
Esta no es la primera vez que las fuerzas armadas se pronuncian por un caso de tortura hacia una mujer. En abril pasado el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, ofreció una disculpa pública por los actos de tortura que cometieron militares en contra de una mujer en la comunidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015.
 
Sin embargo, en esta ocasión la institución encabezada por Vidal Francisco Soberón Sanz, hizo énfasis en que no hay encubrimiento del caso de tortura ocurrido en 2012 cuando Medina Tamariz fue presentada ante los medios de comunicación como líder del narcotráfico.
 
16/AGM/ KVR
 







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