interrupción del embarazo

REPORTAJE
VIOLENCIA
   REPORTAJE ESPECIAL
Embarazo en niñas y adolescentes en América Latina: desigualdad y violencia arraigada contra las mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Por Rosalinda Hernández Alarcón, Sandra Valoyes Villa y Miriam Bobadilla*
Cimacnoticias | Guatemala, Gua .- 10/10/2017

Miles de niñas y adolescentes anualmente son víctimas de diferentes tipos de violencias que han sido normalizadas en Latinoamérica, donde la cultura patriarcal impera. Con motivo del Día Internacional de las Niñas, a celebrarse este 11 de octubre, la Red de Periodistas con Visión de Género de Las Américas llama la atención sobre la problemática del embarazo temprano y algunas medidas de prevención.

América Latina es la segunda región del mundo con mayor cantidad de embarazos en niñas y adolescentes, luego del África sub-sahariana. Varias feministas de Argentina, Colombia y Guatemala indican que este flagelo es resultado de múltiples factores políticos, económicos, sociales y culturales que vulneran -desde las edades más tempranas- los derechos de las mujeres a vivir una vida digna y libre.

Aspectos como la pobreza, la precaria educación, la falta de acceso a la salud, las escasas oportunidades para construir un proyecto de vida autónomo, entre otros, se configuran como formas de violencia ejercidas históricamente contra las mujeres, que afectan de manera específica a las niñas y adolescentes; no por casualidad son justamente las más vulnerables, las pobres, las menos educadas, las rurales, las indígenas y las afrodescendientes.

Al consultar con expertas en el tema, afirman que en la ocurrencia del embarazo temprano incide la transmisión social de una ideología sobre la maternidad: “como máxima expresión de la realización femenina o como un regalo de Dios”, en la que influyen y perpetúan las iglesias conservadoras.

En este sentido, una de las recomendaciones incluidas en el Informe Hemisférico de 2016 sobre Violencia Sexual y Embarazo Infantil en los Estados parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Belém do Pará) es fortalecer el carácter laico de los Estados en la normativa y en las medidas a adoptar en los temas relacionados con la violencia sexual contra las niñas y el embarazo infantil en la región.

La ginecóloga y docente Gloria Penagos, quien participó durante 8 años en programas locales y regionales exitosos de prevención del embarazo en adolescentes en el departamento de Antioquia, Colombia, sostiene que “existe una cultura que no se modifica y en su base está la trasmisión de que uno de los trabajos grandes que hay en la vida es ser madre”.

La cultura machista que alcanza su máxima expresión en la violencia y el abuso sexual contra las mujeres, según la doctora Penagos, “es el nodo central de la problemática del embarazo en niñas y adolescentes, pues se oculta, no se reconoce”.

VIOLENCIA SEXUAL Y RELACIONES INEQUITATIVAS

Los embarazos en niñas menores de 14 años son consecuencia de relaciones asimétricas, obligadas o producto del abuso, afirman las voces feministas consultadas, aunque la Organización Panamericana de la Salud, en su Boletín Informativo de julio de 2015, sólo reconoce que entre 11 y 20 por ciento de los embarazos en niñas y adolescentes son resultado de la violencia sexual.

Para la doctora argentina Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, “preocupa el aumento del embarazo precoz en las menores de 15 años”, tomando en cuenta que en esa edad todas las relaciones sexuales se consideran no consentidas y, por lo tanto, son resultado de un abuso sexual.

Al coincidir con Bianco, la doctora y directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva guatemalteca Mirna Montenegro, enfatiza que ocurre el delito de violación sexual en todos los casos en que una niña se convierte en madre.

Agrega que “la mayoría de estos crímenes se comete dentro de la familia y los agresores son padres, abuelos, hermanos, padrastros, hermanastros, tíos o primos”; cuestión que -resalta- tiene que tomarse en cuenta en las propuestas de prevención.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia reportó, que en 2016, de los exámenes que se practicaron a niñas entre 10 y 13 años de edad por presunto delito sexual, 76 por ciento ocurrieron en el interior de las viviendas y en 88 por ciento de los casos, el presunto agresor fue una persona cercana a la víctima: se trató de un familiar (43.3 por ciento) o un conocido (26 por ciento), fueron los más frecuentes.

En contextos históricos marcados por conflictos internos con participación de varios grupos armados (guerrillas, paramilitares e instituciones de seguridad pública), las niñas y adolescentes han sido objeto de agresión sexual como táctica de guerra.

De acuerdo con la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), en municipios afectados por el conflicto armado en Colombia, la incidencia del embarazo en adolescentes es dos veces mayor que el promedio nacional el cual se ubica en 20.9 por ciento.

En opinión de la integrante del grupo guatemalteco Mujeres Transformando el Mundo Paula Barrios, existe una indiferencia social sobre cómo apoyar a las niñas y adolescentes a quienes se les impone un embarazo como consecuencia de una violación sexual, “sólo se les obliga a permanecer en el ámbito doméstico, perdiendo así su proyecto de vida”.

REGISTROS DEFICIENTES

Contar con un panorama completo de las cifras que registran las instituciones gubernamentales se dificulta debido a que éstas solo incluyen los nacimientos de hijas e hijos de madres niñas y adolescentes, y no reportan aquellos embarazos que terminan por aborto espontáneo o por interrupción voluntaria.

A los subregistros que existen en Argentina, Colombia y Guatemala, se suma la falta o incongruencia de algunas categorías de los datos publicados por los organismos del Estado, lo que dificulta el análisis de estadísticas para determinar, por ejemplo, las afectaciones específicas de niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes.

 

INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO: ¿PERMITIDA O PROHIBIDA?

En lo referente a la interrupción voluntaria del embarazo, en Argentina y Colombia está despenalizado el aborto cuando existe una violación sexual, pero ello no significa que todas las niñas y adolescentes que así lo decidan tengan acceso a recurrir a esta medida en condiciones seguras.

Para el caso de Argentina, el Artículo 86 del Código Penal de la Nación determina que el aborto se encuentra despenalizado cuando el embarazo representa un peligro para la vida y la salud de la madre y si el embarazo proviene de una violación.

En Colombia, a partir de 2006 se despenalizó el aborto en tres causales: cuando el embarazo es producto de una violación sexual; cuando la vida del feto es inviable fuera del útero; y cuando peligra la salud o vida de la madre. La legislación en Guatemala lo permite únicamente cuando la vida de la madre corre peligro.

Con el propósito de que niñas y adolescentes guatemaltecas tengan acceso al aborto seguro, la agrupación Mujeres Transformando el Mundo, elabora un mecanismo legal que permita la interrupción del embarazo en casos de violencia sexual, como una medida de reparación digna hacia las víctimas para que continúen con su proyecto de vida, explicó la abogada Paula Barrios.

Los grupos feministas latinoamericanos que reivindican la despenalización del aborto aseguran que el embarazo forzado viola los derechos de las mujeres reconocidos en tratados internacionales, además perpetúa la violencia sexual y la violencia estructural, sobre todo cuando a niñas y adolescentes se les niega, dificulta, demora y obstaculiza la interrupción del embarazo.

Desde 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) asegura que la discriminación de género que sufren las niñas víctimas de violencia sexual y embarazos no deseados es con frecuencia minimizada, pues dada su edad son consideradas como un mero objeto de tutela.

A las niñas se les coloca en situación de desventaja cuando presentan denuncias de violencia sexual, ya que se relaciona el mundo infantil con la imaginación exacerbada, de modo que sus testimonios y declaraciones son utilizados para disminuir la sanción al agresor, señala la CIDH.

ALTERNATIVAS PARA DESESTRUCTURAR LA SUBORDINACIÓN

Para abordar la problemática de los embarazos tempranos, las feministas entrevistadas mencionan varias iniciativas, entre ellas, destacan: deconstruir la ideología patriarcal que reproduce la subordinación de las mujeres.

En opinión de la guatemalteca e integrante de la Organización de Mujeres Tierra Viva, Alma Odeth Chacón, hay que abordar esta problemática desde el ámbito de la violencia sexual porque se sigue sosteniendo que los cuerpos de las mujeres pueden ser usados sexualmente y esto está dañando las vidas de niñas y adolescentes.

La representante de la Alianza Política Sector de Mujeres de Guatemala, Marta Godínez, propone “establecer diálogos entre mujeres, niñas y adolescentes sobre las posibilidades de construir un mundo diferente, qué piensan sobre su sexualidad y sus afectos, qué quieren ser en la vida y cómo quieren ser tratadas”.

Precisa que cualquier medida de prevención tiene que tomar en cuenta sus opiniones, asimismo, reconocer que en Latinoamérica se han impuesto ideas y actitudes de subordinación a las mujeres, “nos han mandatado a ser objetos, a ser propiedad de otros y otras, si no comprendemos esa lógica va a ser muy difícil desestructurar esos pensamientos”, resalta Godínez.

La Directora de Promoción y Protección de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, recomienda, “garantizar la educación sexual integral desde una edad temprana y en los distintos niveles etarios”.

De igual manera sugiere: “proveer servicios de salud amigables que permitan a las niñas y jóvenes acceder a métodos anticonceptivos conforme a su edad y sin autorización de sus padres, hay que mejorar la consejería anticonceptiva y diversificar la información sobre métodos anticonceptivos, entre otros aspectos”.

Además hay que hacer extensiva la educación sexual a padres y madres, “dado que es en los hogares donde más se comenten los abusos sexuales y adicionalmente generar propuestas de masculinidades conscientes para que los hombres piensen en la responsabilidad que tienen sobre el embarazo y su paternidad”, afirmó la Directora Técnica del Centro de Desarrollo Social de Barranquilla, Colombia, Nazly Mulford.

Otras alternativas se refieren a que profesionales de la salud y la educación promuevan los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que no se limiten a compartir información sobre infecciones de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, opinó la doctora Penagos, quien asegura que es crucial superar barreras culturales que impiden que las mujeres tomen decisiones sobre el ejercicio de su sexualidad, lo cual implica brindar herramientas para decidir cuándo sí y cuándo no, con quién y con qué medidas de protección.

Muchas alternativas quedan por ejecutar, pero quizás este reporte interpele a familiares, profesionales, activistas, personal de instituciones públicas y funcionarios de gobiernos locales y nacionales para que se comprometan en acciones que contribuyan a erradicar esta problemática que provoca dramáticas secuelas en la vida de miles de niñas y adolescentes en América Latina.

* Integrantes de la Red de Periodistas con Visión de Género de Las Américas

17/RHA/SVV/MB/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Negocian, no quieren discutir: diputada
Posponen de nuevo debate sobre NOM 046 sobre violación e ILE
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/03/2017

Por segunda ocasión, la Cámara de Diputados pospuso el debate sobre la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que reforzaría la responsabilidad del personal de salud para ofrecer anticoncepción de emergencia y la interrupción del embarazo a las mujeres víctimas de violación sexual.
 
En la sesión de hoy se tenía previsto discutir cinco iniciativas en materia de género, pero sólo se aprobaron tres: una al reglamento interno de la Cámara baja, otra en materia de violencia económica y una más sobre atribuciones municipales; sin embargo en las dos restantes los grupos parlamentarios no lograron un acuerdo y decidieron postergar la discusión.
 
Apenas el jueves 9 de marzo, el pleno de San Lázaro pospuso la aprobación de la reforma a los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso que establecía la obligación de los estados y del Sistema Nacional de Salud de capacitar a los prestadores de servicios de salud en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) que regula el aborto en casos de violación.
 
Cuando la diputada priista y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco, estaba a punto de presentar el dictamen sobre la NOM 46, las diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón Castillo y Cristina Gaytán Hernández; así como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín y César Camacho Quiroz, pidieron aplazar la discusión para este jueves.
 
Las y los legisladores reclamaron que no conocían los dictámenes, que se hicieron acuerdos “en los oscurito” y que se violentaba el proceso legislativo porque en la reforma en materia de violencia económica se hicieron modificaciones de última hora. Acusaron que la Comisión convocó a una reunión a las once de la noche mientras que otras no fueron convocadas.
 
Entre los reclamos no quedó claro qué dictamen se aplazaría, pero finalmente la presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Murguía Gutiérrez, aclaró que los temas en vilo eran las reformas sobre la NOM 046 y otra sobre la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG). Ambas fueron aplazadas para el próximo jueves. 
 
La diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, manifestó su preocupación, ya que los coordinadores del PAN y del PRI no se pusieran de acuerdo y advirtió que hay una negociación y no se quiere discutir temas fundamentales sobre los derechos de las mujeres; en tanto que la perredista Cecilia Soto aclaró que la discusión no era aprobar el aborto sino reforzar acciones que ya están en la ley.
 
Mientras en las curules circulaban tarjetas con un feto y la negativa al aborto, Jorge Carlos Ramírez Marín, rodeado por César Camacho y un grupo de legisladores, dijo que después de hablar con los coordinadores parlamentarios se acordó reorganizar la sesión para que no se diga que alguien no conoció los documentos o que se trabajó en los oscurito.
 
Finalmente la diputada Plascencia Pacheco destacó que ninguna de las reformas contraviene el marco jurídico nacional o internacional y afirmó que el dictamen sobre la NOM 046 está enfocado en fortalecer la atención de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual por lo que pidió consideración con estas modificaciones a la ley.
 
Las reformas aprobadas y enviadas al Senado dicen que la violencia económica también se expresa en recibir un salario menor por realizar un trabajo igual; que los municipios deben tener un Sistema Municipal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; y que las inactivas legislativas deben tener perspectiva de género
 
17/AGM/GG
 
 








NACIONAL
   Discute reservas de artículos
Constituyente desecha propuesta para proteger la vida desde la concepción
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/01/2017

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México dio el último paso para garantizar en la Constitución Política capitalina el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad al desechar una vez más la propuesta de incluir el “derecho a la vida”.
 
La madrugada de este domingo 29 de enero se desechó la propuesta del diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Mauricio Tabe Echartea, de modificar el artículo 14 del texto constitucional para incluir el derecho a la vida desde “el momento de la concepción y hasta la muerte natural”.
 
Con la propuesta, de nuevo el PAN –apoyado por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES) – trató de introducir esa frase tal como lo hizo el 6 de enero cuando intentó que quedara en el artículo 11 constitucional.
 
Después de tres horas de discusión, la reserva al artículo 14 –apartado que incluye el derecho a la ciudad solidaria, al cuidado, alimentación, salud, nutrición, vivienda, agua y saneamiento– se desechó tal como sucedió en días pasados con la propuesta de modificar el artículo 11.
 
Al exponer sus argumentos a favor de la vida “desde la concepción” el diputado y presidente del PAN en la Ciudad de México, señaló que su partido se pronunciaba “por abrir el debate del derecho a la vida sin revivir viejos debates sobre la penalización de las mujeres que interrumpen su embarazo”.
 
Su exposición causó varias preguntas de diputadas y diputados que lo cuestionaron sobre su posición y es que no quedaba claro si la propuesta era incluir la palabra “vida digna” o “vida desde el momento de la concepción” al artículo que decía “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, así como la mejora continua de su existencia”.
 
A favor de esta reserva se pronunció el diputado abanderado por el PVEM y presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, Amando Martínez Gómez, conocido por su rechazo al aborto y quien dijo que de no incluir en el texto constitucional dicho termino sería un “despropósito lógico-jurídico”.
 
El diputado constituyente fue apoyado por  Lizbeth Rosas, Armando Martínez y Hugo Erick Flores.
 
En tanto que la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, reconocida por promover la justicia con perspectiva de género y apoyar la despenalización del aborto en la capital del país hace una década, aclaró que este artículo regularía la calidad de vida de las personas y no podía quedar como un derecho absoluto.
 
Otras feministas de larga trayectoria que se pronunciaron en contra de la reserva fueron las diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Marcela Lagarde y Lol Kin Castañeda; de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Gabriela Rodríguez Ramírez y Elvira Daniel Kabbaz; y de Movimiento Ciudadano (MC), Esthela Damián Peralta.
 
La constituyente y presidenta de la organización civil Afluentes, Gabriela Rodríguez, dijo que en esta discusión se estaba jugando la libertad y la vida de las mujeres porque en otros 18 estados donde sus constituciones locales protegen la “vida desde la concepción o fecundación” se encarcela a las mujeres por abortar.
 
Por su parte la académica y presidenta de la Comisión Carta de Derechos, Marcela Lagarde, expuso que en caso de modificar la redacción del artículo que establecía el derecho a la vida digna o de calidad y se introducía otro concepto se estaría desvirtuando la Constitución capitalina.
 
Finalmente de los 89 constituyentes presentes, 56 votaron a favor de incluir el término y 33 en contra pero al no alcanzar mayoría calificada de 60 votos a favor se eliminó la reserva del texto constitucional que deberá estar listo este 31 de enero.
 
17/AGM








REPORTAJE
DERECHOS HUMANOS
   Logran garantizar derechos ya conseguidos
Blindan DH de mujeres en Constitución de CDMX
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/12/2016

Aunque parecía complicado, el movimiento feminista está por lograr que la Constitución Política de la Ciudad de México garantice el derecho a la salud sexual, reproductiva, al cuidado, la laicidad y a una vida libre de violencia.
 
A marchas forzadas y con centenares de iniciativas ciudadanas, esta semana las ocho Comisiones de la Asamblea Constituyente aprobaron e hicieron públicos sus proyectos de dictamen que serán debatidos, y en su caso, aprobados por el pleno.
 
En particular la Comisión Carta de Derechos –que analizó 584 propuestas presentadas por ciudadanos y 244 por diputados constituyentes– entregó un dictamen que a decir de activistas retoma los derechos de las mujeres y sienta las bases de una ciudad segura, garantista de derechos y libertades.
 
Una vez que se presentaron los dictámenes, dijo la antropóloga feminista y constituyente por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Marcela Lagarde y de los Ríos, se deben fortalecer las alianzas para lograr que cada artículo consiga un mínimo de 67 votos para ser aprobado. 
 
La presidenta de la Comisión Carta de Derechos adelantó que una vez que se apruebe el texto constitucional, todos los derechos deberán ser acompañados por políticas de Gobierno e instituciones que los hagan realidad.
 
El documento es tan ambicioso que la propia legisladora sentencia que “si logramos aplicarla (en la Constitución) la vida de esta ciudad se potenciará enormemente”.
 
BLINDAN DERECHOS
 
Un riesgo latente en este proceso constituyente fue retroceder en los derechos reproductivos de las mujeres porque –luego de que en 2007 la Ciudad de México despenalizara la interrupción del embarazo–, los Congresos de 18 entidades incluyeron en sus Constituciones locales la protección de la vida desde el momento de la concepción o fecundación.
 
La alarma se encendió cuando las constituyente Aída Arregui, del Partido Encuentro Social (PES), y Cecilia Romero, del Partido Acción Nacional (PAN), propusieron adicionar al Artículo 8 del proyecto la frase de que “todas las personas tienen derecho a la vida, desde el momento de la fecundación”, pero las constituyentes de izquierda frenaron la iniciativa y se desechó.
 
La coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de Católicas por el Derecho a Decidir, Aidé García Hernández, puso el énfasis en que esta ciudad garantizará el derecho a la maternidad libre y voluntaria, respetando todo lo que se ha ganado en materia de derechos sexuales y reproductivos.
 
Si bien en el texto no aparece la palabra “aborto” o “interrupción del embarazo”, la legisladora Lagarde y de los Ríos aseguró que este derecho se desprende del Artículo 11 que dice que “toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad”.
 
El mismo artículo establece que toda persona tiene derecho a acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible, y a decidir tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre estos; lo que en una interpretación garantista significa que el Estado debería facilitar un aborto en caso de ser necesario.
 
Las legisladoras fueron cuidadosas de blindar derechos en este documento sin necesidad de nombrarlos, porque ello, advierte Lagarde y de los Ríos, hubiera atraído a los fundamentalismos que de un plumazo derribarían los avances.
 
Por otro lado, en otros temas el consenso fue uniforme. Por esa razón el Artículo 11 dice con claridad que las autoridades deben prevenir, investigar y sancionar la violencia obstétrica. Y que se  respetará la autonomía de niñas, niños y adolescentes, lo que abre la puerta a reconocer su derecho a la identidad sexual.
 
HACIA ADELANTE
 
A lo largo de los años, la sociedad civil de lo que fue el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, ha mantenido demandas en todas las esferas de la vida pública y ha buscado la autonomía física y económica de las capitalinas, así como garantizar el derecho a decidir sobre su cuerpo. 
 
Estos ejes se retomaron en el dictamen de la Comisión Carta de Derechos, afirma Martha Juárez, representante de Ciudad Feminista, colectivo que agrupa a 21 organizaciones que en junio pasado impulsaron a la activista Elsa Conde como candidata independiente para llegar a la Constituyente, pero no consiguió los votos suficientes.
 
El articulado, dice Juárez, tiene una visión reformadora y revolucionaria porque los derechos de las mujeres, de la juventud y de la población LGBTI están en varias partes del documento.
 
Los principios se entrelazan y se fortalecen, por ejemplo, en el Artículo 12 se incluye el derecho a un gobierno democrático y a la participación política paritaria, lo que se puede interpretar como la inclusión de igual número de mujeres y hombres en los órganos de gobierno.
 
El texto a debatir en el pleno también retoma propuestas ciudadanas de agrupaciones como Las Constituyentes –integrada por académicas y activistas–, que envió ocho propuestas, una de ellas para incluir el derecho al cuidado de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas, con discapacidad o con adicciones.
 
En concordancia con la propuesta, el artículo 14 ahora dice que toda persona tiene derecho al cuidado y que la ciudad establecerá la creación de un Sistema Público Integral de Cuidados que respete la dignidad, que preste servicios públicos y universales accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y que garantice la atención a personas en situación de dependencia.
 
Además las y los diputados constituyentes incluyeron en el Artículo 13, que las autoridades educativas promoverán ampliar paulatinamente las jornadas escolares hasta un máximo de 8 horas, una disposición que puede aligerar las tareas de cuidados y el trabajo doméstico que las mujeres asumen.
 
Por otra parte, hubo agrupaciones ciudadanas-conservadoras que presentaron diversas propuestas para evitar que las y los constituyentes incluyeran lo que se ha llamado “ideología de género”. Sin embargo, estas intentonas no avanzaron.
 
Es por ello que la Comisión de Principios Generales dejó en su dictamen la parte del Artículo 3, respecto a que la Ciudad de México reconoce como principio la igualdad sustantiva.
 
Para garantizar y reconocer la ciudadanía de las mujeres, la Comisión de Ciudadanía, Ejercicio Democrática y Régimen de Gobierno estableció en el Artículo 29 que el derecho al voto inicia a los 16 años, y en el Artículo 32 la obligación de los partidos políticos a garantizar la paridad de género en candidaturas.
 
Con un texto con visión de género, la directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Daptnhe Cuevas, consideró que la sociedad civil será vigilante del proceso parlamentario y acompañará el análisis y el debate en el pleno, para que en el camino no se pierdan los derechos conseguidos.
 
16/AGM/AMS








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