INTERNACIONAL
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   Una de cada cinco mujeres en el mundo, vive con discapacidad
Indispensable incluir a mujeres con discapacidad en ODS
Cimacfoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/07/2017 En el mundo una de cada cinco mujeres vive con discapacidad en comparación con uno de cada ocho hombres, por lo que si para el año 2030 quiere alcanzarse la igualdad de género y el empoderamiento, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los gobiernos deben contemplar las necesidades de este grupo poblacional.

Así lo reveló un estudio realizado por ONU Mujeres titulado  “Haciendo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cuenten para mujeres y niñas con discapacidad” pues señaló que son más discriminadas y corren más riesgo de sufrir violencia.

El análisis argumentó que esto se agrava por la condición de pobreza, el aislamiento social y la marginación política; servicios inadecuados y sistemas de apoyo que carecen de sensibilización, capacitación y capacidad; falta de acceso a la justicia y  la desactivación de entornos inaccesibles y hostiles.
“La mayoría de las escuelas y los lugares de trabajo están mal equipados para la participación de mujeres y niñas con discapacidad debido a prejuicios culturales y de género, inaccesibilidad  física y recursos limitados”, sustentó el estudio.

Por esa razón, ONU Mujeres pidió un cambio en la forma de tratar a las mujeres con discapacidad.
“Para que la Agenda de 2030 cumpla con su compromiso de no dejar a nadie atrás, es indispensable hacer visible las mujeres y las niñas con discapacidad, garantizando su participación plena y equitativa en el diseño, la implementación y el monitoreo de todas los esfuerzos para lograr los ODS”, señaló.

Tras la Cumbre del Milenio en 2000, Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo del Milenio a cumplirse en el año 2015. Tras vencerse el plazo y luego de que no todos los países, incluido México, lograron el cumplimiento de los objetivos, se decidió darles seguimiento ahora a través de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Algunas de las metas que no se cumplieron fueron la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Los ODS son 17 con 169  metas y se pretende movilizar esfuerzos para poner fin a todas las formas de pobreza, combatir las desigualdades, el cambio climático, entre otras.

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INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Amenaza la seguridad y la paz duradera
Violencia sexual, táctica para ejercer terrorismo, dice ONU
Mina Jaf, fundadora y directora ejecutiva de la organización Women's Refugee Route. Crédito: Evan Schneider/UN Photo.
Por: Tharanga Yakupitiyage*
Cimacnoticias | Naciones Unidas.- 18/05/2017 La violencia sexual se utiliza cada vez más como una táctica para ejercer el terrorismo y, por ello, debe atenderse como un asunto relacionado con la paz y la seguridad, subrayaron varios especialistas en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
 
Representantes de los Estados miembro del foro mundial y de la sociedad civil, así como funcionarios de la ONU, se reunieron para debatir sobre problemas permanentes, desafíos y soluciones a la violencia sexual en el marco de conflictos.
 
“Demasiadas mujeres conviven con algún grado de violencia a diario, en sus hogares y en sus familias. Los conflictos armados no hacen más que exacerbar las condiciones predominantes”, explicó la nigeriana Amina Mohammed, subsecretaria general de la ONU.
 
Esa violencia sexual es “un crimen desgarrador”, añadió.
 
La directora ejecutiva de la organización Women’s Refugee Route, Mina Jaf, coincidió y dijo a IPS: “Las mujeres son mucho más vulnerables en países con conflictos, y cuando eres vulnerable, sufres mayor violencia”.
 
El secretario general de la ONU, António Guterrez, mencionó el asunto en su informe anual, en el que detalla numerosos casos de violencia sexual utilizada con fines “estratégicos” en 19 países.
 
En Iraq, casi 2 mil mujeres y niñas yazidíes siguen siendo esclavas en los territorios controlados por el Estado Islámico (EI) y hay denuncias de que las venden y comercializan, además de usarlas como escudos humanos durante las operaciones en Mosul, detalla el documento.
 
En Myanmar (Birmania), más de la mitad de las mujeres entrevistadas por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijeron haber sufrido alguna forma de violencia sexual, que pudo utilizarse de forma sistemática “para humillar y aterrar a sus comunidades”.
 
Las mujeres y las niñas desplazadas son las que corren un riesgo mayor, coincidieron Mohammed y Jaf, pues una de cada cinco refugiadas o desplazadas experimenta alguna forma de violencia sexual.
 
La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur documentó casi 600 incidentes de violencia sexual en conflicto en 2016, principalmente contra mujeres y niñas. Entre las sobrevivientes habían 57 niñas, varias de las cuales menores de 10 años.
 
La mayoría de los casos ocurrieron en puestos de control del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán, cerca de sitios de protección designados, y hay informes que señalan que se emplea la violencia sexual para castigar a las comunidades por su origen étnico o por entender que apoyan a grupos de oposición.
 
El representante especial del secretario general para violencia sexual en conflictos, Adama Dieng, recordó a los presentes que hay un rostro y un nombre detrás de cada número del informe.
 
Dieng relató los casos de Nasima, quien, por temor a ser asesinada por sus familiares tras ser liberada de manos del EI, intentó suicidarse, y el de Marie, quien contrajo el VIH por temor a denunciar la violación, privándose así de la atención preventiva contra el virus de inmunodeficiencia humana.
 
La vergüenza y el estigma son componentes integrales del uso de la violencia sexual como tácticas de guerra, según el informe del secretario general.
 
“Los agresores saben bien que ese tipo de delitos pueden convertir a sus víctimas en parias, desarmando así los lazos familiares y de parentesco que unen a las comunidades”, señala el informe. Por ejemplo, los niños nacidos de una violación pueden afrontar una vida de marginación, ser vulnerables a la explotación y ser reclutados, impidiendo así su recuperación a largo plazo.
 
“El estigma mata”, acotó Dieng.
 
Mohammed subrayó que es “imprescindible” promover la reintegración holística.
 
“No basta con recuperar a nuestras niñas, tenemos que devolverlas con dignidad y respeto a un entorno de apoyo, igualdad y oportunidades, y asegurarnos de que reciban la asistencia fundamental que las ayudará a reintegrarse a sus hogares y a sus sociedades”, subrayó, refiriéndose a la campaña mediática #BringBackOurGirls (recuperemos a nuestras niñas), tras el secuestro de 270 adolescentes nigerianas de una escuela de Chibok, en abril de 2014, por Boko Haram.
 
Dieng insistió en redirigir el estigma de la violencia sexual de las víctimas hacia los perpetradores, lo que solo será posible involucrando a los líderes comunitarios para modificar percepciones dañinas de género y vergüenza.
 
También señaló la necesidad de reconocer a las sobrevivientes como víctimas legítimas del conflicto y del terrorismo, las que deben recibir asistencia, reparación y tener justicia.
 
“Cuando las víctimas tienen la oportunidad de contar sus historias, de observar la condena a los responsables y de recibir solidaridad y apoyo, ya sean reparaciones materiales o simbólicas, pueden contrarrestar el aislamiento, la culpa y el reproche”, explicó Dieng.
 
Algunos países comenzaron a atender la violencia sexual con leyes, como Colombia, que creó un marco para ofrecer a las sobrevivientes acceso a la justicia. Sin embargo, solo dos por ciento de los 634 casos documentados de violencia sexual en conflictos terminaron en condena, una tendencia que es mundial.
 
“La violencia sexual en conflictos ya no se percibe como un asunto de mujeres o un mal menor en una falsa jerarquía de violaciones de derechos humanos. En cambio, se considera como una amenaza legítima a la seguridad y a la paz duradera, que requiere de una respuesta operativa en materia de seguridad y justicia”, observó Mohammed
 
También reconoció los percances de la propia ONU a la hora de responder a las denuncias de abuso sexual por efectivos de las fuerzas de paz, pero se comprometió a hacer frente a los desafíos y a lograr que la tolerancia cero se haga “realidad”.
 
En 2015, las denuncias por abusos sexuales de efectivos franceses de las fuerzas de paz en República Centroafricana despertaron un gran malestar en todo el mundo; una investigación sueca concluyó que la ONU sigue siendo negligente con las sobrevivientes.
 
Jaf dijo a IPS que si no se asignan responsabilidades y no hay justicia, aun en los casos protagonizados por efectivos de las fuerzas de paz, no se resolverá el problema de la violencia sexual en conflictos.
 
Los equipos humanitarios que primero atienden las situaciones de crisis deben estar capacitados para hacer frente a cuestiones delicadas, añadió, al relatar el caso de una mujer que no denunció una agresión sexual porque no se sentía cómoda hablando delante de un hombre, aunque solo fuera un intérprete, y debe seguir promoviéndose la igualdad de género.
 
“La violencia sexual en conflicto no ocurre en un vacío, es el resultado del fracaso sistemático de la comunidad internacional de hacer frente a las causas de raíz del conflicto, de la desigualdad de género y de la impunidad”, subrayó Jaf.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
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INTERNACIONAL
Aborto
   Grupo experto apoya iniciativa en favor de mujeres
ONU emplaza a Congreso salvadoreño a despenalizar aborto
Imagen retomada del portal Tribuna Feminista.
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 11/05/2017 Un grupo de personas expertas de Naciones Unidas ha emplazado al Congreso de El Salvador a aprovechar la revisión de un artículo del Código Penal sobre la posible despenalización del aborto para mejorar la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
 
“Apoyamos firmemente la propuesta de reforma que actualmente considera el Congreso salvadoreño para permitir la interrupción del embarazo cuando implica un riesgo para la vida de las mujeres, cuando es el resultado de una violación y cuando el feto es inviable”, expresaron las expertas y expertos.
 
“Instamos a las y los legisladores a aprovechar esta oportunidad única para convertirla en un punto de inflexión en la historia de los derechos de la mujer en el país”, recalcaron.
 
Desde ONU indicaron que la prohibición total que rige en la actualidad es contraria a las normas del derecho internacional y viola las obligaciones internacionales del país.
 
El Salvador es uno de los pocos países del mundo que criminaliza a las mujeres por intervenciones realizadas en las situaciones citadas antes, señalaron los relatores.
 
También advirtieron que debido a la amenaza del castigo penal, las afectadas temen buscar atención médica cuando sufren complicaciones.
 
Destacaron que muchas mujeres han sido procesadas hasta 40 años de prisión bajo cargos de aborto, a veces caratulado (tipificado) como homicidio agravado. Las más afectadas son las que viven en pobreza y que no pueden acceder a la defensa legal.
 
“Reiteramos nuestro llamado a revisar las sentencias contra todas las mujeres que actualmente cumplen penas de prisión por cargos relacionados con el aborto con miras a su liberación”, agregó el grupo de Naciones Unidas.
 
Recordaron que la criminalización del aborto no reduce las tasas, tal como lo muestran los datos de la Organización Mundial de la Salud, sino que por el contrario, suele aumentar el número de mujeres que optan por practicárselo de forma clandestina, lo que las expone a tratamientos inseguros.
 
Los relatores que emitieron este comunicado son, Alda Facio, presidente del grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Puras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; Dubravka Šimonovic, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
 
EL ABORTO EN EL SALVADOR
 
Desde 1988 el aborto está totalmente penalizado en El Salvador, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la mujer o la niña embarazada corran peligro. Esta medida no solo ha cobrado las vidas de mujeres y niñas, pero también ha supuesto el encarcelamiento de decenas de mujeres.
 
La ley actual obliga a mujeres y niñas a recurrir a abortos clandestinos para salvar sus vidas, y además crea una atmósfera de sospecha hacia las mujeres que sufren un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas. Como consecuencia, mujeres que han tenido complicaciones durante el embarazo han sido procesadas y condenadas tras ser acusadas de “aborto inducido,” con sentencias de hasta 40 años de prisión.
 
Los datos demuestran que la total penalización del aborto no reduce el número de abortos, sino que incrementa el riesgo de que la mujer muera a causa de abortos ilegales e inseguros.
 
La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que las leyes de aborto restrictivas ponen a las mujeres y niñas que viven en la pobreza, y a las que viven en zonas rurales y más aisladas, en un riesgo especial de sufrir abortos inseguros.
 
La penalización del aborto en todas las circunstancias disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un “efecto amedrentador” en el personal médico, que tiene miedo de proporcionar tratamiento que podría salvar la vida a mujeres cuya vida o salud corre peligro a causa del embarazo, o que sufren complicaciones derivadas de un aborto inseguro.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
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INTERNACIONAL
   Wecan realizó foro para visibilizarlas
Mujeres indígenas encabezan acciones contra el cambio climático
Mujeres regresan del bosque con canastas llenas de corteza de árbol, que recogieron con mucho trabajo, y estiércol seco. La comunidad bhumia practica una silvicultura sostenible. Crédito: Manipadma Jena/IPS.
Por: Tharanga Yakupitiyage*
Cimacnoticias | Naciones Unidas.- 28/04/2017 Las mujeres indígenas son las que sufren los primeros y los peores efectos del cambio climático, y también las que encabezan los esfuerzos para proteger el ambiente.
 
Un foro organizado por la Red de Acción de Mujeres para la Tierra y el Clima (Wecan, en inglés) reunió a indígenas de todo el mundo para discutir los efectos del cambio climático en sus comunidades y en sus respectivas actividades laborales hacia las soluciones sostenibles.
 
“Este foro está bastante enfocado a las comunidades que están al frente de la lucha contra el cambio climático. Quisiéramos tomarnos el tiempo para visibilizar el liderazgo de las mujeres y sus llamados a la acción”, indicó la directora ejecutiva de Wecan, Orielle Lake.
 
Las indígenas “trazan una línea roja para proteger y defender a la madre tierra, a todas las especies y a la red misma de la vida”, añadió.
 
Entre las participantes del foro estaba la directora ejecutiva de la Red de Información Indígena, Lucy Mulenkei, que trabaja con comunidades indígenas en Kenia en cuestiones de desarrollo sostenible.
 
Las indígenas keniatas soportan la carga de las consecuencias del cambio climático, observó. “Experimentamos muchas sequías prolongadas, un trabajo más que recae sobre las mujeres, pues encontrar agua se convierte en un problema porque hay que ir más lejos.”
 
En febrero, el gobierno keniata declaró emergencia nacional por la sequía, lo que significa que duplicó el número de personas que viven con inseguridad alimentaria, aumentó el grado de malnutrición a niveles de emergencia y dejó a millones de personas sin acceso al agua potable.
 
Pero debido al cambio climático, el país también experimenta fuertes lluvias, lo que generó inundaciones, que perjudicaron a las comunidades indígenas, indicó Mulenkei.
 
Los extremos climáticos son en gran medida el resultado del uso de combustibles fósiles, cuya quema emite gases de efecto invernadero que contribuyen al recalentamiento global. Estados Unidos es responsable de casi 20 por ciento de las emisiones contaminantes, lo que lo convierte en uno de los que más gases libera a la atmósfera.
 
A pesar de estar a unos 12 mil 900 kilómetros de Kenia, Mulenki recordó a IPS que “cualquier cosa que hagas muy lejos, nos impacta a nosotros aquí”.
 
PETRÓLEO ENVENENA, DESTRUYE
 
La industria de los combustibles fósiles también impacta a las comunidades indígenas de Estados Unidos con sus megaproyectos de infraestructura.
 
“No te imaginas todo lo que cambió con la llegada del petróleo”, indicó Kandi Mossett, responsable de Energía Extrema y Campaña de Transición Justa de la organización Red Ambiental Indígena, refiriéndose al descubrimiento de petróleo en la formación de Bakken, en Dakota del Norte.
 
“El aire se envenena, el agua se destruye”, subrayó.
 
Mossett es una de las indígenas que encabezan el movimiento contra el oleoducto Dakota Access, que concentró la atención internacional en 2016, cuando miles de manifestantes fueron violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad.
 
Las comunidades indígenas son un blanco desproporcionado de esos proyectos. “No ve un pozo de fracturación en Hollywood ni en el jardín de la Casa Blanca. Lo ve en poblaciones de bajos ingresos y de minorías”, ejemplificó.
 
Mossett subrayó la importancia del consentimiento previo para la aprobación de esos proyectos de desarrollo, como está previsto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ni el gobierno ni la empresa respetaron esa norma en el caso del Dakota Access.
 
“La consulta no equivale al consentimiento”, precisó a los presentes.
 
Las comunidades indígenas tienen que hacer frente a problemas similares a medida que la economía y las compañías realizan la transición hacia las energías renovables.
 
En Kenia, las comunidades indígenas son testigo de la construcción de proyectos de energía renovable sobre sus tierras y sin su consentimiento, como las iniciativas Ngong Hills y Kipeto en territorio masai.
 
“Me siento desatendida, me siento marginada, me siento aislada”, confesó Mulenkei a IPS, respecto de la falta de consentimiento y consultas con los pueblos indígenas por la realización de los proyectos de infraestructura. Estos serán beneficiosos solo si están abiertos a la participación, añadió.
 
Los pueblos indígenas a veces soportan violaciones más extremas con el crecimiento de la economía verde, como el desplazamiento de las comunidades masai, tras la expansión de la producción de energía geotérmica.
 
En Honduras, la indígena defensora del ambiente Berta Cáceres fue asesinada en su casa en marzo de 2016 por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica.
 
Un informe del Centro de Recursos Empresariales y de Derechos Humanos señaló que cinco de cada 50 empresas dedicadas al desarrollo de energías renovables dicen estar comprometidas con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 
Mossett y Mulenkei coincidieron en la necesidad de respetar los derechos indígenas de forma integral y urgieron a tomar medidas colectivas para proteger el ambiente y contemplar los derechos humanos.
 
“Tenemos que tomar medidas directas no violentas en el terreno y recuperar el poder sobre nuestras comunidades porque nadie lo hará por nosotros”, remarcó Mossett.
 
El foro de Mujeres Indígenas para la Protección de la Tierra, los Derechos y las Comunidades se realizó en forma paralela con la 16 sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que comenzó el 24 de este mes y se extenderá hasta el 5 de mayo en la sede del foro mundial de Nueva York.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
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INTERNACIONAL
Aborto
   OSC denunciarán ante instancias internacionales
Parlamento nicaragüense archiva proyecto de ILE por causas de salud
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua, Nic .- 27/04/2017 La Junta Directiva del Parlamento nicaragüense ordenó archivar la iniciativa de Ley especial para la interrupción del embarazo por causas de salud, la cual era una propuesta de varias organizaciones ciudadanas.
 
El diputado oficialista Wilfredo Navarro dijo que en el Parlamento estaban a favor de la vida por lo cual la posición siempre ha sido en contra del aborto, y esto en concordancia con las encuestas nacionales que reflejan que el pueblo está en contra del aborto, defendió el legislador.
 
“El legislador Navarro no lee bien las encuestas o no sé a cuáles sondeos se refiere”, dijo la integrante de IPAS Centroamérica y del Grupo Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico (GEDAT), Martha María Blandón.
 
Una reciente encuesta dice lo contrario, refirió Blandón, quien señaló que no era extraña la posición de los legisladores y agregó que continuarán la lucha ante el Poder Judicial para que respondan a los recursos a favor del aborto terapéutico.
 
En 2006, los legisladores nicaragüenses en plena campaña política y atendiendo compromisos con grupos conservadores y con las iglesias, reformaron el Código Penal para penalizar el aborto terapéutico el cual estaba permitido por más de 100 años.
 
Esta año, en el marco de la jornada por los 10 años de lucha por la despenalización del aborto terapéutico,  el GEDAT continuará exigiendo ante la Corte Suprema de Justicia una respuesta sentenció Blandón.
 
Imagen: Nelson Rodríguez.

 
La actitud de los diputados al mandar a caducar esta iniciativa demuestra una vez más el desprecio a los derechos humanos de las mujeres y al sentir de la ciudadanía, dijo Blandón.
 
Leslie Briseño, representante legal de la iniciativa ciudadana, la cual fue presentada ante el Parlamento en octubre de 2015, respaldada por más de 6 mil firmas, lamentó esta decisión.
De esta manera los diputados están desatendiendo una demanda ciudadana y genera realmente mucho pesar ver lo ocurrido, dijo Briseño.
 
La feminista Mirna Blandón dijo sentirse muy molesta por lo actuado por los diputados que demuestran nuevamente el desprecio por la vida de las mujeres y la falta de cumplimiento con los compromisos internacionales.
 
Las y los diputados en la Asamblea Nacional están para hacer leyes a favor de la ciudadanía, no para atender asuntos religiosos, eso es personal y cada quien lo vive, dijo la dirigente feminista.
 
Con este nuevo golpe a los derechos humanos de las mujeres nicaragüenses, a quienes afectan es a la gran mayoría de las mujeres empobrecidas económicamente, con esto aumenta el riesgo de muerte de las mujeres, dijo Mirna.
 
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres acudirán nuevamente a los órganos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los comités de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y todos los foros internacionales para denunciar esta violación a los derechos de las mujeres.
 
Aunque no hay datos estadísticos oficiales sobre las verdaderas causas de las muertes maternas, es una realidad que hay mujeres que pierden la vida por razones de salud durante el embarazo, dijo Martha María Blandón.
 
Al problema se suma la violencia sexual, se estima que cada año dan a luz en los hospitales públicos un mil 600 niñas menores de 14 años, muchas de ellas exponen sus vidas en los embarazos y se desconoce cuántas pierden la vida por la misma causa, denunció Martha María Blandón.
 
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INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Cascos azules, sin castigo
ONU abandona a víctimas de abuso sexual en República Centroafricana
Impactantes revelaciones sobre lo ocurrido a las niñas víctimas de abuso sexual por efectivos de las fuerzas de paz en República Centroafricana se dieron a conocer en una conferencia de prensa de la Campaña Código Azúl el 12 de abril de 2017. Crédito: SVT
Por: Tharanga Yakupitiyage*
Cimacnoticias | Naciones Unidas.- 18/04/2017 Varias sobrevivientes de abusos sexuales a manos de efectivos de las fuerzas de mantenimiento de la paz en República Centroafricana siguen sin recibir la atención debida de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concluyó un equipo de investigación sueco.
 
Tres años después de que surgieran los primeros casos de abusos sexuales y de explotación por efectivos de la misión de paz en ese país africano, un equipo de documentalistas suecos se contactó con varias sobrevivientes, quienes dijeron que nunca llegaron los fondos prometidos por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
 
“Lo que exponemos no es que se hayan cometido esas atrocidades, sino que entonces les prometieron un apoyo y simplemente desapareció”, explicó una de las directoras del AIDS-Free World y de la Campaña Código Azul, Paula Donovan, al ser consultada por IPS.
 
La organización primero documentó los casos de abuso sexual cometidos por efectivos de las fuerzas de paz en 2015 y que causaron indignación pública.
 
Niñas de entre ocho y 15 años, residentes de un campamento de refugiados, denunciaron que las obligaron a tener relaciones sexuales a cambio de alimentos y de otros bienes. Hay 14 soldados franceses implicados en los hechos.
 
Tras reunirse con representantes de Unicef en República Centroafricana, quienes dijeron que las niñas estaban atendidas y los casos seguidos, la periodista Karin Mattisson y su equipo hablaron con algunas víctimas que dieron una versión diferente de los hechos.
 
Una de las sobrevivientes, Martha, presentó un embarazo y contrajo el VIH (virus de inmunodeficiencia humana), causante del Sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), cuando tenía 14 años, a raíz del abuso perpetrado por un efectivo de la misión de paz.
 
“Al principio, Unicef dijo que se aseguraría que el soldado fuera detenido, y que se ocuparían de la madre y del bebé para ayudarnos. Pero luego, nada, nadie vino a vernos. Nosotros tuvimos que hacernos cargo del niño”, relató su amiga.
 
Martha dijo que lo único que recibieron fue un “regalo” monetario de unos 15 dólares, un saco de arroz, leche y azúcar. Mientras, el soldado fue repatriado y no se sabe si se tomaron medidas punitivas.
 
Dos niños, también violados y que declararon en el marco de la investigación inicial de la ONU, también dijeron que no habían recibido ninguna ayuda. “Estamos tratando de salir adelante por nuestra cuenta. Le vamos a buscar agua a la gente, lavamos autos, así hemos vivido desde entonces”, relató uno de ellos.
 
La portavoz de Unicef, Najwa Mekki, dijo a IPS que la agencia ofreció asistencia a los menores de los casos que conocen y que reforzaron su procedimiento de denuncia, de asistencia a las víctimas y la capacitación del personal desde 2015.
 
“Hacemos un seguimiento de los niños identificados en el programa de televisión sueco, ofrecemos asistencia cuando corresponde y seguiremos otorgando el apoyo necesario a cualquier víctima de explotación sexual y de abuso que se presente o del que nos informen”, dijo a IPS.
 
El ex secretario general adjunto y alto representante de la ONU, el embajador Anwarul Chowdhury, quien participa en la Campaña Código Azul, explicó que la burocracia de la ONU perjudica la implementación de medidas al impedir en ese tipo de casos que la información clara y concisa siga la cadena de mando.
 
“Para cuando la información finalmente llega al secretario general, está totalmente diluida”, dijo a IPS. Y sin todas las pruebas, cualquier investigación se vuelve un “estudio falso”, añadió.
 
Y a pesar de las medidas tomadas por el foro mundial en 2015 para hacer frente al escándalo, como la creación un grupo de revisión que calificó de “enorme fracaso institucional” la respuesta de la ONU a la explotación y el abuso sexual, no se tomaron medidas de sanción.
 
De hecho, en enero, concluyó una investigación francesa sobre esos casos sin imputaciones. Además, los altos funcionarios de la ONU acusados de abuso de autoridad por eliminar información en vez de denunciar los casos, también permanecen impunes, observó Donovan.
 
El “enorme fracaso institucional” no hizo más que continuar, añadió. “La justicia se demora y se les niega”, subrayó, por su parte, Chowdhury.
 
Donovan también señaló el uso problemático de “gente de adentro de la ONU” para hacer frente al problema debido a sus preocupaciones por su propio legado y reputación.
 
“Las personas que forman parte del problema quedaron encargadas de la solución. No quieren presentarse y decir ‘esto es lo que está tan mal y es horrible de la ONU y decidí arreglarlo’ porque ellos estuvieron a cargo de todo”, explicó.
 
A principios de este año, el secretario general António Guterres anunció la creación de un grupo de investigación para analizar la respuesta de la ONU a la explotación y el abuso sexual.
 
Entre los integrantes del equipo se encuentra la subsecretaria general para las fuerzas de paz Jane Holl Lute y el asesor militar del Departamento de Operaciones de Paz, teniente general Carlos Humberto Loitey.
 
Pero según Chowdhury, ningún grupo de investigación servirá para nada. “Si es con gente de adentro de la ONU, no harán nada para poner lo propio en el abuso”, explicó a IPS.
 
Donovan y Chowdhury pidieron un mecanismo judicial especial para atender los abusos sexuales de efectivos de las fuerzas de paz.
 
Chowdhury, por su parte, subrayó la necesidad de una unidad independiente para realizar investigaciones y denunciar casos, y así contribuir a que se tomen medidas contra los responsables y cuyas acciones suelen gozar de la protección de sus compañeros.
 
“La ONU necesita salvarse de sí misma”, resumió Donovan.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
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SALUD
   Mujeres y niñas de Siria e Irak, entre las afectadas
Recorte de EU a UNFPA cancela apoyo a víctimas de extremistas
Madres y bebés esperan ser atendidos en una clínica financiada con recursos de Estados Unidos en Uganda. Crédito: Lyndal Rowlands/IPS.
Por: Tharanga Yakupitiyage*
Cimacnoticias | Naciones Unidas.- 07/04/2017 Estados Unidos retiró su apoyo económico al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la agencia que trabaja en temas de salud sexual y reproductiva en 150 países.
 
La decisión se basa en la falsa acusación, arguye el UNFPA, de que “apoya o participa en la gestión de o en programas de esterilización involuntaria y de aborto coercitivo (en China)”.
 
El argumento figura en una carta enviada el lunes 3 de abril por el Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos a la agencia en la que anuncia el retiro de ese país, a pesar de que, conocedores del trabajo que realiza la agencia, han sostenido en reiteradas ocasiones de que no tiene sustento real.
 
“Siempre valoramos a Estados Unidos como socio confiable y líder de las iniciativas para garantizar que cada embarazo sea deseado, cada niño sea protegido y cada joven pueda desarrollar su potencial”, reza el comunicado del UNFPA en respuesta al recorte de fondos.
 
Estados Unidos es uno de los grandes contribuyentes del UNFPA, que en 2015 aportó 75 millones de dólares, en tercer lugar detrás de Gran Bretaña y Suecia. También es el segundo donante de las operaciones humanitarias de esta agencia. Y al igual que sucede con otras agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los gobiernos realizan sus aportes al UNFPA de forma voluntaria.
 
Los recortes tendrán “consecuencias devastadoras” para las niñas y las mujeres de todo el mundo, se lamentó Shannon Kowalski, directora de políticas y campañas de la Coalición Internacional para la Salud de las Mujeres, en diálogo con IPS.
 
“El UNFPA desempeñó un papel fundamental en la distribución de servicios para las mujeres más marginadas, y ahora sus vidas y su salud están en juego”, subrayó Kowalski.
 
El trabajo de la agencia en el frente de situaciones de crisis será el más perjudicado, como el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres víctimas del Estado Islámico y de otros grupos extremistas en Medio Oriente, observó.
 
Según la Fundación de la ONU, la eliminación del apoyo de Estados Unidos pone en riesgo la capacidad del UNFPA de facilitar partos seguros a unas 48 mil mujeres en Siria y de apoyar a 55 centros que ayudan a 15 mil niñas y adultas sobrevivientes de violencia de género en Iraq, entre los que hay uno que ayuda a más de 700 yazidíes sobrevivientes de violencia sexual.
 
El UNFPA indicó que la contribución de Estados Unidos en 2016 le ayudó a evitar que 2 mil 340 mujeres murieran por causas relacionadas con el embarazo y el parto, así como 947 mil  embarazos no deseados, asegurar mil 251 operaciones para reparar fístulas obstétricas e impedir 295 mil abortos en condiciones inseguras.
 
Por su parte, Seema Jalan, directora ejecutiva del Proyecto de Acceso Universal de la Fundación de la ONU, dijo a IPS que el gobierno de Estados Unidos también es el principal contribuyente de la única maternidad del campamento de refugiados sirios de Zaatari, en Jordania.
 
“Las sirias embarazadas no tendrán absolutamente ningún lugar donde parir a sus bebés”, subrayó.
 
Kowalski subrayó el enorme impacto que tendrá la decisión de Estados Unidos: “Es un claro mensaje de que al mundo no le importa dar respuestas a las mujeres en situaciones de enorme marginación y, en muchos aspectos, gratificará a los extremistas que buscan sacar provecho de esa marginación y abandono de la población femenina”.
 
Pero esta no es la primera vez que el UNFPA sufre recortes económicos del gobierno de Estados Unidos.
 
El presidente George W. Bush, ya había retirado 34 millones de dólares entre 2002 y 2008, con el mismo argumento de que la agencia participaba en políticas coercitivas en China.
 
Si bien el UNFPA trabaja en China, tanto Kowalski como Jalan dijeron a IPS que la acusación no tiene fundamentos y es simplemente una “excusa” para retirar su aporte a la organización que trabaja en temas de derechos sexuales y reproductivos.
 
“El gobierno chino todavía (violenta los derechos de las mujeres), pero como el UNFPA trabaja en el país apoyando la implementación de servicios de salud sexual y reproductiva, relacionan los dos hechos y dicen que el UNFPA apoya directamente las políticas coercitivas, lo que no es cierto”, explicó Kowalski.
 
MIENTE DEPARTAMENTO DE ESTADO
 
Una de esas políticas restrictivas es la de hijo único, que retrocede de a poco desde 2015, una iniciativa que el UNFPA ayudó a elaborar, apuntó Jalan. “El principal propósito del UNFPA en China es introducir el concepto de atención de calidad y de planificación familiar voluntaria”, precisó.
 
Además, Jalan subrayó que el UNFPA ni siquiera ofreció asistencia al gobierno chino ni a su agencia de planificación familiar en 2016, como arguye el Departamento de Estado en su carta.
 
Pero debido a la duplicación de las contribuciones de Estados Unidos desde 2002 y a las crisis humanitarias sin precedentes que aquejan al mundo, las consecuencias de este último recorte tendrán un alcance mucho mayor que antes.
 
 AGENDAS PROHIBICIONISTAS
 
Kowalski urgió al Congreso a revocar la Enmienda Kemp-Kasten, sobre el retiro de fondos a la agencia de la ONU.
 
La enmienda prohíbe la asistencia a cualquier organización, incluidas las estadounidenses y las multilaterales, que participen en esterilizaciones involuntarias y en abortos coercitivos.
 
Y es similar la Ley Mordaza Global, también conocida como Política de la Ciudad de México, que prohíbe a organizaciones extranjeras que reciban asistencia de Estados Unidos, distribuir información sobre abortos o servicios de aborto.
 
La decisión de Washington generó críticas entre numerosos dirigentes de Nueva York y California, quienes ya condenaron la medida.
 
“La hipocresía del presidente (Donald) Trump alcanzó nuevos niveles con la decisión de dejar de asistir al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hace poco sostuvo que tenía ‘tremendo respeto por las mujeres y su papel en el mundo’, pero al mes decide recortar los fondos del UNFPA”, reza la declaración.
 
“Recortar esos fondos es una decisión cruel que no solo perjudicará a las mujeres y a sus hijos, sino que también atentará contra el liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Le pedimos al presidente que ponga a las mujeres por encima de la política y modifique de inmediato esa decisión”, reclama la misiva.
 
Jalan dijo que ese pronunciamiento fue un comienzo “importante”, pero urgió a que se ponga en marcha una iniciativa de los dos principales partidos estadounidenses para revertir la decisión.
 
“Financiar la atención médica básica de mujeres y niñas, asegurar que refugiadas sirias embarazadas puedan tener un parto seguro y que sus hijos sobrevivan, y que alguien que sobrevivió a la violencia sexual pueda recibir atención y apoyo, creemos que son temas bipartidistas”, subrayó.
 
Por su parte, Kowalski remarcó la necesidad de que la comunidad internacional dé un paso al frente y contribuya a paliar el déficit del UNFPA.
 
Debido a la reintroducción de la Ley Mordaza Global, varios países reunieron unos 190 millones de dólares para paliar el déficit inminente, entre ellos Suecia, Canadá y Finlandia, que comprometieron 21 millones de dólares cada uno para no recortar el acceso global a los servicios de salud sexual y reproductiva.
 
Este es el primero de los recortes que el gobierno de Trump dijo que implementaría.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
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INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Reconocida por ONU
Michelle Bachelet, “Campeona Internacional Honoraria del Género”
Imagen de un women catianne Tijerina.
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 31/03/2017 Por sus “infatigables esfuerzos para promover la plena igualdad, la inclusión y la participación de las mujeres”, Naciones Unidas ha concedido a Michelle Bachelet, presidenta de Chile, el título de “Campeona Internacional Honoraria del Género” en una ceremonia celebrada esta semana en Ginebra, Suiza.
 
Según Naciones Unidas, Michelle Bachelet “ha demostrado una profunda entrega a la prevención y la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, su empoderamiento, la promoción de la salud y la creación de políticas ambiciosas para conciliar vida laboral y familiar”.
 
Por su parte, el director de la oficina de la ONU en Ginebra, Michael Møller, habló de ella como “una dirigente con visión de futuro que ha contribuido a elevar la causa del género a lo más alto de la agenda mundial”.
 
Además de ser la primera presidenta de Chile, Michelle Bachelet fue la primera directora de ONU-Mujeres y la primera mujer en todo el Continente Americano en ocupar el cargo de ministra de Defensa. Actualmente, sólo 17 Estados de los 193 países miembros de la ONU tienen una mujer como jefa de Estado o de Gobierno.
 
Entre las acciones de Michelle Bachelet se pueden destacar la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, creado con el objetivo de poner fin a la desigualdad y promover el acceso de las mujeres a la política. Igualmente, la primera mandataria de Chile impulsó medidas para que las mujeres también puedan ascender al grado de General de Brigada e introdujo un enfoque de género en la legislación laboral.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
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NACIONAL
LABORAL
   Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar
¿Hasta cuándo respeto a DH y garantías laborales para trabajadoras del hogar?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/03/2017 En este Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, organismos civiles y públicos, instancias de las Naciones Unidas y sindicatos, exigieron al Gobierno mexicano –como cada año- que no se violen más los derechos humanos de 2.4 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar, y que se les otorguen las mínimas garantías laborales de que gozan otros empleados en el país.
 
El 95 por ciento de las 2.4 millones de personas que trabajan por una remuneración en hogares ajenos, son mujeres, que representan 5 por ciento de la población ocupada y aportan 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Son, sin embargo, pobres, una de cada cuatro no cuenta con estudios de primaria, solo 5 por ciento fue a la secundaria, muchas son migrantes e indígenas. Nueve de cada 10 no tienen contrato laboral, ganan la mayoría menos de dos salarios mínimos diarios, sin prestaciones ni retiro digno. 
 
De las trabajadoras del hogar, 85.8 por ciento realizan tareas de limpieza en hogares particulares, 8.2 por ciento son cuidadoras de personas y 5 por ciento son lavanderas y/o planchadoras en casas particulares, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Hay, también, trabajadoras del hogar que son niñas y adolescentes, sujetas a las mismas condiciones que las adultas.
 
En suma, sus empleos –limpiar hogares, cuidar, personas, lavar y planchar- son altamente precarios y mal remunerados y en ellos están expuestas cada día, tanto a la discriminación y al maltrato, como al acoso y a la violencia sexual, lo que lesiona su integridad personal, su salud, y afecta a sus familias.
 
Esta desfavorable situación es reversible, señalan los organismos que se manifiestan hoy mediante comunicados: hay mecanismos legales y acciones concretas –a las que están obligadas las autoridades- para dar a las trabajadoras del hogar al menos el mismo estatus que a otros empleados. Concretamente, dicen, está pendiente la aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México hace más de cinco años, así como políticas públicas y aplicar la ley vigente.
 
Es por eso que hoy la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) hace un “enérgico llamado” a Enrique Peña Nieto, para que instruya a las autoridades a cumplir con su obligación de promover, y garantizar los derechos humanos de las trabajadoras del hogar y para que instrumenten de inmediato políticas públicas que garanticen la igualdad de trato de las trabajadoras del hogar con el resto de las personas trabajadoras, particularmente en lo relativo a los derechos laborales, a la seguridad social, a la salud y a la vivienda.
 
Llaman también al Congreso de la Unión a reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, a fin de derogar el régimen de excepción laboral al que están sometidas las trabajadoras del hogar, al ser incompatible con los principios constitucionales de derechos humanos y no discriminación.
 
CONVENIO 189, CRUCIAL
 
La ratificación del Convenio 189 de la OIT es crucial, señalan este 30 de marzo, en un comunicado conjunto la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
 
También es urgente la ratificación de los Convenios sobre trabajo decente 156 y 183, que promueven la no discriminación y la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres.
 
El Convenio 189 de la OIT, explican las instancias de la ONU,  promueve la equiparación de los derechos de las trabajadoras domésticas con los que se establecen en la legislación para los demás grupos de trabajadores, en temas como fijación de la jornada laboral, días libres a la semana y acceso a la licencia remunerada de maternidad.
 
La cobertura de la seguridad social que implica el Convenio también puede contribuir a superar los obstáculos de acceso que surgen de las particulares condiciones de trabajo y contratación; las dificultades de fiscalización en los hogares privados; la ausencia de un contrato de trabajo; la falta de conocimiento de los derechos laborales, y la variabilidad en el número de empleadores y los horarios.
 
El Convenio también incluye prevención de abuso, acoso y violencia contra las trabajadoras del hogar, mayor acceso a los procedimientos de resolución de conflictos y la creación de medidas para bajar la informalidad.
 
Recuerda Naciones Unidas que el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en sus observaciones a México en 2012, recomendó al Estado Mexicano la ratificación del Convenio.
 
Y en 2014 las recomendaciones a México del Examen Periódico Universal reiteraron este punto. Las conclusiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) reconocen la importancia de los estándares de derechos humanos relativos al trabajo para avanzar en el empoderamiento económico de las mujeres. Además, no puede haber discriminación por sexo en las relaciones laborales, anotan.
 
NINGUNA RAZÓN PARA DETENERLO
 
El Conapred señala en su comunicado de hoy que el Convenio, firmado por México, no ha sido ratificado por el Senado de la República para que entre en vigencia en el marco legal nacional, por lo que exhortan al Ejecutivo federal a no demorar más su presentación en el legislativo para que inicie su ratificación.
 
Pero, señala Conapred, con o sin Convenio 1896, los poderes de la Unión están obligados por la Constitución a dar un trato no discriminatorio y derechos iguales para todas las personas, y de terminar con el régimen de excepción laboral, sanitario y de bienestar social que sufren las trabajadoras del hogar. 
 
Conapred no ve razón alguna para mantener suspendida la igualdad de derechos de las trabajadoras del hogar. Además, los cálculos presupuestales y las previsiones de acción gubernamental no pueden, en ningún momento, priorizarse sobre los derechos constitucionales. La negativa a garantizar estos derechos, obedece a “una inercia discriminatoria” entre quienes no sólo tienen la decisión, sino también la obligación de terminar con esta situación de injusticia e inconstitucionalidad.
 
De igual manera, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le preocupa la demora para que entre en vigor el Convenio 189. En su comunicado con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el organismo señala como contrario a los derechos humanos el trabajo mal remunerado, la falta de prestaciones, la exposición a accidentes, violencia verbal y física, incluso sexual, así como la incertidumbre por la permanencia en el trabajo.
 
Ratificar el convenio, dice la CNDH, significaría sumarse al compromiso de promover el trabajo decente como una medida de justicia social y para reforzar los derechos fundamentales de trabajadoras del hogar. Y por ello el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dirigió un escrito al titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray para que se ratifique por el gobierno dicho convenio.
 
A la fecha, son 23 países que han ratificado y aplicado el Convenio 189 de la OIT, 13 naciones de América Latina, con condiciones en muchos sentidos similares a las nuestras.   
 
NIÑAS Y ADOLESCENTES
 
La CNDH llama la atención en su comunicado sobre el trabajo del hogar que realizan de manera remunerada niñas y adolescentes, quienes “más bien tendrían que estar en las escuelas”, y que enfrentan las mismas condiciones desfavorables que las adultas, lo que contribuye a la exclusión y vulneración de los derechos humanos. 
 
Según la "Encuesta Intercensal 2015", el total de adolescentes de 12 a 17 años que realizan trabajo doméstico es de 28 mil 103, 26 mil 084 son mujeres, es decir 92.82 por ciento.
 
Recuerda el Ombudsman que, según la OIT, en su informe “Erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico 2013”, el trabajo infantil doméstico afecta a unos 10.5 millones de niñas y niños en el mundo, la mayoría menores de edad, en condiciones peligrosas y, en algunos casos, análogas a la esclavitud.
 
Las tareas que hacen, dice el informe, son limpiar, planchar, cocinar, jardinería, recolectar agua, cuidar de otros niños o de los ancianos, y al realizarlo se exponen a la violencia física, psicológica y sexual, a condiciones de trabajo abusivas, con frecuencia aisladas de sus familias, ocultas a la mirada pública, y llegan a ser muy dependientes de sus empleadores. 
 
TIBIOS AVANCES
 
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México reconoce, en su comunicado de hoy, que la recién aprobada Constitución local reconoce el trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social.
 
Del mismo modo, establece el fomento a la formalización de los empleos y la protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre éstas y sus empleadores y el acceso a la seguridad social.
 
Y afirma que, en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), el Inmujeres CDMX   brindan atención y asesorías sobre autonomía económica y promoción de los derechos laborales a las mujeres que se emplean en este tipo de actividades.
 
Sin embargo, estos incipientes avances han sido cuestionados mediante las impugnaciones que han hecho organismos federales y partidos a la Carta Magna de la capital del país.
 
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ZONA DE REFLEXIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   ZONA DE REFLEXIÓN
Sus voces nos hacen falta
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/03/2017 El asesinato en Chihuahua de la periodista Miroslava Breach Velduceo nos trae, de golpe, el regreso de un horror: el asesinato de periodistas críticos. Tres en menos de un mes. El crimen de la reportera Breach nos lleva a repreguntarnos por qué es tan ineficaz la autoridad para investigar y sancionar a los responsables de los atentados a la libertad de expresión.
 
En el año 2000, con un gobierno panista, los atentados contra periodistas iniciaron su escalada; para 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República, la violencia desatada por su guerra contra el narco llevó a México a ser conocido como el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo.
 
Producto de esta violencia, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que lleva once años operando sin que hasta hoy dé resultados efectivos que terminen con la impunidad que rodea cada asesinato y agresión contra periodistas.
 
En 2010 tuvimos la visita del entonces relator de Naciones Unidas para la protección a la libertad de expresión, Frank la Rue. Una de las recomendaciones hechas al Gobierno federal fue sancionar los atentados contra periodistas,  pues la impunidad es la puerta abierta a la repetición, aseguró en su informe.
 
La ineficacia de la Fiscalía está documentada en cada asesinado y agresión contra periodistas: 17 mujeres periodistas han sido asesinadas por hacer su trabajo y 331 han sido agredidas o intimidadas por las investigaciones que realizan desde 2002. Ninguna periodista debió de haber sido asesinada, ninguna de ellas debe vivir con temor por las amenazas recibidas.
 
¿Por qué la Fiscalía no llega hasta los culpables de los asesinatos y las agresiones contra periodistas? Es la pregunta que desde hace más de una década se insiste y a la cual ningún fiscal ha dado respuesta.
 
¿A quién le conviene que el miedo por investigar corrupción, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a derechos humanos, desapariciones o feminicidio crezca entre las y los periodistas? ¿A quién le conviene que la sociedad no sea informada sobre estos temas?
 
Cuando los agresores de periodistas son funcionarios públicos, la respuesta es lógica: sembrar el miedo por investigar temas que incomoden a los que tienen el poder le va bien, le favorece a los poderosos, pero no a la sociedad.
 
Anoche, la periodista Laura Castellanos, quien se ha dedicado a investigar ejecuciones extrajudiciales, escribía en el tweet “Si la sociedad nos deja solas/os en nuestro ejercicio periodístico, crece nuestra vulnerabilidad”.
 
Es urgente que la sociedad se dé cuenta de la importancia del trabajo periodístico independiente y crítico, pues sacar a la luz las desigualdades y los abusos de poder permite a la sociedad ser más crítica y construir mejores democracias.
 
Por ello es tan grave que asesinen o intimiden a las y los periodistas, y que las instancias creadas para investigar estos crímenes sean tan ineficaces para hacer justicia. Grave, porque cuando silencian o limitan la posibilidad de investigación periodística, la sociedad está menos informada y más vulnerable de vivir en la mentira creada desde las esferas del poder y divulgada por medios que privilegian los convenios publicitarios, antes que su obligación de informar.
 
El horror no puede seguir imperando en nuestro país, es necesario que la sociedad haga suya la causa de la protección de periodistas, demande la investigación ante cualquier atentado, fortalezca a las y los periodistas independientes para que crezca la democracia que tanta falta hace en México, y para que ni una periodista más sea asesinada, porque todas esas voces hoy nos hacen falta.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
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