NACIONAL
SALUD
   En la ciudad de México sólo 10 por ciento recibió oportunamente servicios de salud
Adolescentes embarazadas con escasa atención médica
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/01/2017 En el periodo de 2010 a 2015, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) registró que de 13 mil 105 consultas que brindan a adolescentes que presentaron un embarazo entre 12 y 17 años de edad en la capital, 74 por cierto (9 mil 732 casos) recibieron su primera consulta prenatal hasta el tercer trimestre de su embarazo.
 
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) expresó en su Informe Anual 2015 “Situación de los Derechos Humanos de las mujeres. Embarazo en adolescentes y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la Ciudad de México”, que estas estadísticas son alarmantes para la salud de las adolescentes que presentan un embarazo y que fueron atendidas en hospitales públicos de la capital, ya que únicamente 10 por ciento (mil 271 casos) recibió la atención durante su primer trimestre de embarazo.
 
Esto transgrede la NOM-007-SSA3-2016 que garantiza la atención que debe recibir la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, así como de la persona recién nacida, por tanto, las mujeres embarazadas deben recibir como mínimo cinco consultas prenatales e iniciar de preferencia en las ocho primeras semanas de gestación.
 
Ante la falta de atención oportuna y adecuada de las capitalinas que presentan un embarazo y parto, no identifican oportunamente los riesgos y afecciones en la salud que enfrentan con mayor frecuencia las adolescentes, alertó la Comisión en el documento.
 
Asimismo en estos cinco años (2010-2015) la Sedesa contabilizó mil 100 niñas entre 12 a 14 años de edad con un embarazo en la ciudad, por lo cual, la CDHDF pidió brindar atención prioritaria al embarazo en menores de 15 años de edad.
 
Indicó que los servicios de salud pública deben buscar factores de riesgo, signos y síntomas para descartar posible violencia o agresión sexual contra este grupo de edad.
 
En este contexto, la Sedesa emprendió el programa “Médico en tu casa” que proporciona atención médica gratuita y apoyo a domicilio a personas que cuenten con seguridad social o seguro popular.
 
Mediante el programa que se llevó a cabo el 1 de septiembre de 2014 al 8 de enero de 2015, la Sedesa detectó que mil 377 adolescentes presentaron un embarazo de alto riesgo y no fueron atendidas por algún médico, por lo cual fueron referidas a distintas unidades médicas de la Ciudad de México.
 
De la misma manera, la Comisión recordó que la interrupción legal del embarazo (ILE), es una opción para que las adolescentes continúen su desarrollo en todos los ámbitos y se reduzca considerablemente las cifras de mortandad materna, principalmente en este grupo de edad.
 
En 2015, la Sedesa reportó un total de 17 mil  816 procedimientos de interrupción de embarazo, que se practican en la ciudad de México, de estos, mil 506 se realizaron a mujeres menores de 18 años de edad.
 
17/HZM/KVR
 







INTERNACIONAL
   Defensores de Derechos Humanos piden dejar indiferencia ante esta realidad
Impunes 90 por ciento de crímenes contra mujeres en Guatemala
Imagen retomada del portal Codespa.org
Por: Isabel Soto Mayedo*
Cimacnoticias/PL | Guatemala, Guate.- 26/12/2016 La violencia y la criminalidad contra las mujeres y menores de edad en Guatemala aumenta todos los días mientras defensores de los Derechos Humanos y hasta autoridades estatales instan a dejar la indiferencia ante esta realidad.
 
“La indiferencia y la inacción nos están socavando como cuerpo social; el sentido de indignación debe hacernos reaccionar y actuar”, pidió la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
 
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos de la Mujer reconoció que las estadísticas son alarmantes y esta problemática crece todos los días, lamentablemente no se alcanzan avances significativos en cuanto a la investigación y la sanción de estos delitos.
 
Guatemala cuenta desde el año 2008 con una ley que tipifica el delito de feminicidio/femicidio; el de violencia sexual, económica y otras formas de violencia contra la mujer, y aunque regula juzgados y tribunales especializados para tales delitos, poco cambia.
 
El país es uno de los 25 del mundo en los cuales se comete mayor número de homicidios y cualquier forma de violencia contra la mujer por cuestiones de género, razones por las cuales también ocupa el lugar número 10 entre los 14 latinoamericanos incluidos en ese listado, según la Organización de Naciones Unidas (ONU).
 
De acuerdo con el Observatorio del Grupo de Mujeres, desde el 2000 fueron asesinadas casi 10 mil mujeres y el 90 por ciento de esos crímenes se mantienen en la impunidad.
 
Informes del Ministerio Público (MP) de Guatemala, bajo la dirección de la fiscal general, Thelma Aldana, refiere que de enero a noviembre de este año (2016) se recibieron 49 mil 397 denuncias por violencia contra mujeres y 620 de asesinatos.
 
Esto significa que cada día son miles las agredidas, sobre todo en espacios familiares.
 
Golpes, abusos sexuales, psicológicos y económicos son casi una forma de vida para las mujeres en este país, así se consideran los reportes de hasta 12 agresiones diarias y la incidencia de estos hechos en ocho de cada 10 hogares.
 
La violencia contra la mujer en Guatemala tiende a ser más cruel, sobre todo porque es más constante la tortura, inclusive algunos analistas están alarmados por el incremento de criminalidad.
 
Con el propósito de frenar la impunidad ante esos casos, el Ministerio Público creó este año la Fiscalía contra el Delito de Femicidio. No obstante, se reconoce la prevalencia de una cultura de discriminación y de estereotipos sexistas que permea todas las instituciones del sector justicia.
 
Si bien, antes la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer no existían condenas por estos crímenes, desde 2008 hasta la fecha, ante la proliferaron de denuncias se lograron al menos dos mil condenas.
 
“Cada día la violencia va en aumento y la cifra es alarmante, además de mujeres asesinadas, unas son obligadas a parir hijos, a vivir en relaciones violentas y miserables, viven en relaciones enfermas, tristes y con gran inseguridad dentro de sus hogares”, denunció el colectivo de Mujeres Artesanas de Paz.
 
Y recordó que: “ser mujer no debe ser sinónimo de peligro, en ninguna parte del mundo. Estamos hartas”.
 
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA
 
“En torno a la mujer existen cinco territorios en disputa: el cuerpo, la tierra, la naturaleza, la memoria y la historia porque quienes nos han gobernado y quienes nos gobernarán, quieren reescribir la historia y seguir acallando nuestras luchas”, reflexionó en un diálogo la diputada Sandra Morán.
 
A su juicio: “la violencia es y ha sido una política de Estado, porque ahora se habla de femicidios, pero las huellas que exhiben los cuerpos de las víctimas de la violencia son iguales a las que propinaban durante la guerra”.
 
Otra seguidora del tema en el país insiste en que todo es parte de una lógica sostenida por un orden machista y patriarcal, interpretado mal por quienes no asumen que el violador, el golpeador, el acosador callejero, el torturador y el asesino de mujeres, es el mismo, sólo que actúa de formas distintas.
 
Como ejemplo expuso que hay políticos, empresarios, profesionales reconocidos hombres de todo tipo, que dicen defender a las mujeres y contratan servicios sexuales de algunas e incluso de niñas, para violentarlas de diferentes formas.
 
En Guatemala hay 33 mil 800 víctimas de la trata de personas, de las que el 70 por ciento son mujeres y el 46 por ciento menores de edad, aseguró el procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque.
 
Advirtió que este delito suele andar oculto y atenta contra la dignidad de las personas, afecta a su desarrollo y a una vida digna, y sólo se alimentan de quienes recurren a los servicios de las estas redes, sin saber quién está detrás de ellas.
 
“Lamentablemente en esta condición de explotación sexual hay menores de edad”, denunció el funcionario.
 
Representantes de comunidades indígenas también ven con preocupación que el gobierno haga caso omiso de la violación de los sus derechos, en particular, que se siga fomentando el racismo y la discriminación.
 
La falta de oportunidades hacia las mujeres es violencia institucional, coincidieron varios activistas y también lamentaron que la participación de la mujer en política es deficiente.
 
MUJERES EN ALTOS CARGOS
 
El Registro Nacional de las Personas indica que las mujeres constituyen el 50.6 por ciento de los 17.1 millones de habitantes de Guatemala, pero apenas ocupan 0.7 por ciento de los cargos de dirección y gerencias.
 
Sin embargo, el Estado tampoco da importancia a la creación de una política efectiva en favor de la participación de las mujeres en ese ámbito.
 
La representante de la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala, Saknicté Racancoj dijo que en el Congreso hay 158 diputados, apenas 23 son mujeres.
 
La abogada recordó que de 238 puestos de alcaldes, apenas nueve están en manos de mujeres.
 
También dijo que: “El artículo dos de la Constitución establece que el Estado debe garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, pero aún es bastante pobre el reconocimiento a las mujeres”.
 
Racancoj cuestionó la eficacia de la labor de la Comisión de la Mujer del Congreso y de la Defensoría de Mujeres Indígenas e hizo notar que de 22 iniciativas legales promovidas, sólo cinco fueron aprobadas en beneficio de este grupo poblacional.
 
“Todo esto es responsabilidad de un Estado patriarcal, racista, discriminador y, por demás corrupto. Se deben de impulsar campañas a favor de las mujeres para que existan cargos de relevancia para ellas”, concluyó Racancoj.
 
*Corresponsal de Prensa Latina en Guatemala.
 
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