ESTADOS
VIOLENCIA
   Pidieron AVG en 2016 y apenas ayer hubo mesa de “alto nivel”
Veracruzanas esperan acciones en favor de su salud reproductiva
María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio | Imagen retomada del portal avcnoticias.com.mx
Por: Ana Alicia Osorio
Cimacnoticias/AVCNoticias | Boca del Río, Ver .- 15/06/2017 La coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, María de la Luz Estrada, afirmó que esperan aún resultados y modificaciones a la ley para defender la salud reproductiva de las veracruzanas, ya que en el estado, por ejemplo, aún se niega el derecho legal a interrumpir un embarazo en caso de violación.  
 
Señaló lo anterior, tras la instalación, ayer en el Word Trade Center de esta ciudad, de la Mesa de Alto Nivel para atender las recomendaciones por la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz, medida que fue solicitada en abril de 2016 por organizaciones civiles, entre ellas el Observatorio debido a que a las veracruzanas no se les garantiza su derecho a la salud reproductiva, en comparación con lo que sucede en otras entidades, como la capital del país, en donde, por ejemplo, está vigente desde 2007 la intervención legal del embarazo.
 
Sobre la instalación de la Mesa de alto nivel, un acto encabezado por el gobernador Miguel Ángel Yunes, y por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, la coordinadora del Observatorio señaló que “es una primera reunión y todavía el Gobernador va a revisar los cuestionamientos que hicimos”.
 
Dijo es necesario, entre las medidas para acatar las recomendaciones, que el Congreso local reforme el Código Penal para garantizar a las mujeres su salud reproductiva. 
 
Esto es necesario, explicó, porque, por ejemplo, durante el 2016, más de 400 mujeres denunciaron violaciones sexuales y, aunque muchas de ellas presentaron un embarazo, se les negó el derecho legal de interrumpir la gestación.
 
Comentó que la cifra de violaciones contra mujeres podría ser mucho mayor debido a que únicamente el 10 por ciento presenta denuncias. “Denunciadas estamos hablando de 400 denuncias de mujeres que han sido violadas, eso solo refleja el 10 por ciento de las mujeres que se atreven a denunciar, el año pasado y es importante que también son solo denuncias de violación, se dispara cuando hablamos de violencia sexual”, indicó.
 
Afirmó que en los lugares que más se ha presentado esta problemática ha sido en Poza Rica, Veracruz y Xalapa.
 
“El problema es que no implementan la atención integral a víctimas de violencia sexual, mucho menos de interrupción sexual del embarazo, teniendo a niñas con embarazos forzados en contra de su propia voluntad”, aseguró.
 
Detalló que en el estado de Veracruz se han detectado fenómenos como niñas menores de 14 años a quienes se les niega el derecho a interrumpir su embarazo aunque fueron víctimas de violación y la ley lo permite.
 
“Eso significa para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tortura, embarazos forzados, niñas que son violadas y obligadas a continuar un embarazo”, indicó.
 
BAJO VIGILANCIA
 
Cabe mencionar que en abril pasado, el titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, acordó con al menos 10 agrupaciones feministas, locales y nacionales, la creación del Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, para dar seguimiento técnico para el cumplimiento de las recomendaciones a los tres poderes del estado de Veracruz derivadas de la AVG.
 
En la reunión, las agrupaciones apelaron a la voluntad política de los tomadores de decisiones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para cumplir en las recomendaciones del agravio que buscan garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres veracruzanas.
 
17/AAO/GG
 







EN DIÁLOGO
VIOLENCIA
   EN DIÁLOGO
Ilegal dilación de Segob ante las Alertas de Género
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Leticia Burgos Ochoa*
Cimacnoticias | Sonora.- 15/06/2017 Es evidente que Sonora no se encuentra entre las prioridades para la Secretaría de Gobernación. Tal vez no vea a Sonora, como al Estado de México ni como a Veracruz, en relación con la violencia extrema y feminicida. Sin duda pesa la pluma que se desliza describiendo a Sonora como en el país de las maravillas.
 
Resulta ilegal como grave la dilación de la Secretaría de Gobernación frente a dos años que han transcurrido desde que se formuló y admitió la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, Sonora. En la Ley (LGAMVLV) y en su Reglamento no hay sustento para la demora. 
 
Las motivaciones de las organizaciones solicitantes fueron claras en mayo de 2015: “no existe paz social en Cajeme, las estrategias de seguridad no han impactado en la protección de la vida y la libertad de las mujeres, la violencia extrema y feminicida agrava el tejido social, colocando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en mayores riesgos para preservar sus vidas”. 
 
A la vuelta de dos años, siguen presentes las motivaciones sin ser atendidas a cabalidad. La impunidad, el desdén de servidores públicos y las garantías para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sigue siendo deuda pendiente. El doble de hechos feminicidas, sólo en lo que va de la prórroga –en seis meses- con respecto al año anterior, lo demuestran.  Los 23 hechos que pudieron ser evitables ponen en entredicho las acciones que el Gobierno emprende en respuesta para evitar que se declare la Alerta en Cajeme.
 
El Congreso Local ha respondido al reclamo ciudadano al respaldar la petición de Alerta de Violencia de Género para todo Sonora, no solo para Cajeme, acordado por unanimidad el pasado 2 de abril. Además le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realice el trámite para su solicitud. 
 
En tanto, el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dirige un comunicado el 28 de mayo pasado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando: “La exigencia del cese de la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas de Sonora, desde hace 24 meses, hace necesaria la declaración urgente de la Alerta de Violencia de Género en el estado”.
 
Señala además que “Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia y garantizar la seguridad y el acceso a la justica para las mujeres y, por lo tanto, de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.
 
Así mismo, el Consejo Social del Inmujeres en torno a las prórrogas cuestiona indicando que: “…viola la normativa vigente, ya que, de conformidad con el Artículo 38 de la LGAMVLV, son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal dé cumplimiento de las observaciones -12 recomendaciones- del grupo de trabajo”.
 
Abunda el Consejo Social: “que de nueva cuenta el gobierno del Estado de Sonora, omitiendo la obligatoriedad de preservar la vida de las mujeres, anuncia acciones desvinculadas de los 134 hechos de extrema violencia y feminicida registrados en lo que va del proceso de solicitud a la fecha”.
 
Continúa en su comunicado, “Para las Consejeras Sociales, así como para la Sociedad Civil, esta situación nos resulta inaceptable, no podemos permitir que los diferentes órdenes Gobierno incumplan, obstaculicen y violenten el mecanismo de la AVGM”.
 
Finaliza marcando que de inmediato de declare la Alerta de Violencia de Género en Sonora y se adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral de las propuestas del grupo de trabajo”.
 
El tratamiento político que la Secretaría de Gobernación instrumenta ante las Alertas de Género, coloca al mecanismo de la AVGM como un instrumento de intereses ajenos a la responsabilidad y a la obligación que le dicta la ley. Lo evidencia en entidades como Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por señalar algunos.  El grupo de trabajo y, sobre todo, el cuerpo académico y la sociedad analítica tiene la palabra.     
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LB/GG







ESTADOS
SALUD
   Miedo a perder seguridad social detienen denuncias
Veracruz: servicios de salud desoyen leyes contra violencia obstétrica
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Brisa Gómez
Cimacnoticias | Veracruz, Ver.- 09/06/2017
Margarita y María viven en Veracruz, viven con VIH y fueron víctimas de violencia obstétrica, agresión verbal, discriminación y maltrato psicológico en el Hospital Regional de Poza Rica y en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, a donde acudieron para atender sus embarazos y partos.
 
La violencia ejercida contra ellas en estas instituciones del Sector Salud, que tuvo también como consecuencia la muerte de la hija recién nacida de Margarita, sucedió en la entidad que fue, paradójicamente, la primera en incluir el delito de “violencia obstétrica” en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en febrero de 2008.
  
Esta se define, en el Capítulo Primero, Artículo Séptimo de la norma, como la “apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad”.
 
Sin embargo, hasta hoy no existe registro de que se haya sancionado un caso de violencia obstétrica cometido contra pacientes con VIH en la entidad.
 
Veracruz es también el estado donde, desde 2010, está tipificada esa conducta como delito, en el Artículo 363 de su Código Penal.
 
Ahí también se aprobó, por primera y única vez en el país, una Ley para Enfrentar la Epidemia del VIH/Sida, la cual establece mecanismos de educación, prevención y atención a hombres y mujeres de todas las edades. A nueve años de decretada, sigue sin cumplirse.
 
DE LA NORMA A LA REALIDAD 
 
Pese a la existencia de un marco jurídico para que las mujeres embarazadas que viven con VIH reciban una adecuada atención médica, Veracruz es la segunda entidad del país donde más niñas y niños viven con VIH: 380, entre dos y 18 años, en 2016, principalmente por transmisión vertical, de madre a hijo, y en tratamiento antiretroviral, indican cifras de Censida (Censida 2016).
 
Es, asimismo, el estado en donde, por corrupción, el sector salud compró pruebas rápidas de VIH defectuosas y sin registro sanitario, que fueron distribuidas, sin que se sepa hasta hoy a quiénes se aplicaron y si estas personas viven hoy con la infección sin saberlo. 
 
Y es la cuarta entidad con más quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por mal trato, desabasto, discriminación y violación a derechos de pacientes con VIH, como reconoció Ricardo Hernández Forcada, director de su programa de VIH. Dos casos documentan estas cifras:
 
  
MARGARITA  
 
En diciembre pasado, Margarita, de 27 años de edad pasó 28 horas en una camilla del Hospital Regional de Poza Rica, en espera de que la llevaran a un quirófano para que le practicaran una cesárea, como se indica cuando hay un diagnóstico de VIH, para evitar la transmisión vertical.  
 
“Las enfermeras ni se querían asomar”, cuenta Margarita, y terminé dando a luz a mi hija por vía natural sola. El personal médico y de enfermería le negó desde la atención más básica, hasta la cesárea.  
 
Sola, en la camilla, aguantó las contracciones lo más que pudo, pidiendo a las enfermeras que por favor la pasaran a quirófano, pero solo le respondían “aguántate, de todas formas no hay quien te atienda”. Cuando se le rompió la fuente, una enfermera “apenas medio se asomó”, pero no fue a verla, dice.
 
Eran casi las 11 de la noche del 16 de diciembre de 2016, cuando sentí, recuerda Margarita, “como que algo se me reventaba” y de inmediato salió la cabeza de la niña, por vía vaginal. Me tuve que incorporar para poder sostenerla con mis manos, explica, pero “la niña ni lloró, ni se movió”. Todo el tiempo estuvo sola porque las enfermeras no la asistieron, no la querían tocar y apenas se asomaban.
 
Afuera del área de hospitalización, su esposo también pidió a las trabajadoras sociales, a las enfermeras, al personal médico y al propio director, Salatiel Cruz Vidal, registrado como obstetra, que atendieran a su esposa y la pasaran a quirófano para la cesárea, sin que obtuviera respuesta. 
 
A las 11 de la noche, un pediatra informó al esposo de Margarita que la niña había nacido por vía natural y le enseñó una fotografía, tomada con su celular. Le explicó que la bebé no había nacido por cesárea, como se recomienda en el caso de mujeres embarazadas que viven con VIH. 
 
La niña tuvo un diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, pues por la espera y la falta de atención, “se le pasó el parto”. Murió una semana después en ese hospital. 
 
Margarita desarrolló una infección, porque tras dar a luz no le hicieron adecuadamente las curaciones, con la debida asepsia, ni le dieron antibióticos, ni analgésicos. Dos días después de la muerte de su hija, tuvo que ser hospitalizada por la infección y la fiebre que padecía. Horas después tramitó su alta voluntaria para ir a velar y enterrar a su bebé.  
 
La discriminación de que fue objeto Margarita y la violencia obstétrica que se cometió contra ella hicieron que la familia denunciara ante la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, el secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, niega que existan casos de este tipo en los nosocomios a cargo de la dependencia que encabeza.
 
MARÍA
 
María, quien vive con VIH, fue al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz para que dieran seguimiento a su embarazo y atendieran su parto.
 
Ella denunció que durante las cuatro consultas que tuvo con el ginecobstetra Alejandro Crisóstomo Rivera, este ejerció violencia psicológica y verbal contra ella y su esposo.   
 
Dice que el médico la regañaba, le decía que su bebé nacería deforme, sin brazos, sin piernas y con diversos padecimientos,  debido al VIH y acusaba a la pareja de irresponsables por continuar con el embarazo.  
 
Ella argumentaba que seguía un tratamiento antirretroviral que le proporcionaban en el Capasit, que ahí y en el Grupo Multisectorial VIH le indicaron que si seguía estrictamente el tratamiento, el producto nacería libre de la infección, siempre y cuando le practicaran cesárea y no lo amamantara al nacer.
 
El médico Rivera le aseguraba que eso le decían para que no abortara y la presionaba con acusaciones y amenazas de que su bebé nacería con problemas. Esa violencia psicológica constante le produjo un estado depresivo severo ¿Para qué voy a traer a un bebé a sufrir al mundo? se cuestionaba.
 
Una persona la convenció de buscar una segunda opinión, en el servicio privado, en donde confirmaron que el producto no tenía problemas de salud. 
 
Decidió entonces presentar una denuncia en contra del médico, quien tienen otras demandas, como informa el Grupo Multisectorial VIH. Sin embargo, la integrante de dicho grupo, Patricia Ponce, afirma que no se han tomado medidas concretas para sancionarlo o evitar que continúe afectando la vida y los tratamientos de otras embarazadas en estas condiciones.
 
María pudo cambiar de obstetra, continuó con su embarazo hasta el término y su hijo, quien casi cumple un año, no presenta problemas de salud, gracias al tratamiento que llevó la madre durante todo el embarazo, a que nació por cesárea y a que se evitó la lactancia, como marcan las normas internacionales.
 
Ponce señala que el médico Alejandro Crisóstomo Rivera continúa en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y es además catedrático de la Universidad Veracruzana. Pese a las denuncias en su contra, sólo cuando crece la inconformidad en el hospital, la dirección sólo lo aleja del servicio por algunos meses y luego regresa, para cometer nuevos actos de violencia obstétrica y discriminación.  
 
Interrogada sobre la situación de este médico, la Secretaría de Salud no dio ninguna respuesta. 
 
 EL MIEDO OBSTACULIZA DENUNCIAS 
 
La directora del colectivo feminista Cihuatlactolli, María de Jesús Jaimes afirma que aunque en los servicios de salud las mujeres que viven con VIH sufren maltrato, ofensas, desatención, no las quieren tocar, incluso las obligan a amamantar a su bebé sin leer el expediente que indica que no lo hagan, no denuncian, por miedo.  
 
“Hemos denunciado, agrega, pero solo en los medios”. La gente no se atreve a hacer denuncias jurídicas en Fiscalía, porque temen que les quiten el Seguro Popular o el Programa Prospera y las amenazan con no darles antirretrovirales. “Vienen con nosotras, dice, pero a la mera hora de denunciar no lo hacen”. 
 
Desconocen, dice la activista, que no les pueden quitar el medicamento porque los proporciona la Federación y es obligación de las autoridades de salud darlos a las pacientes. 
 
Según la Ley de Acceso, la violencia obstétrica incluye “omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer”. 
 
También “alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer y practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer”.
 
También “cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o libertad de las mujeres”.
 
Jaimes explica que ha acompañado a muchas mujeres con VIH, algunas embarazadas, a exigir atención médica a los hospitales de la región de Río Blanco, en el centro del estado, donde se concentra gran parte de pacientes de esta enfermedad, pero la respuesta es poco cálida y la mayoría de las veces termina en maltrato y violencia obstétrica.
 
“La mayoría de la gente que trabaja en la Secretaría atendiendo a las y los pacientes tiene una cultura de maltrato”, asegura, “es una discriminación frecuente”. En los servicios de salud, han visto casos en que se las obliga a usar dispositivo. 
 
Y esto sucede, dice, pese a que hay talleres de capacitación y actualización para el personal de salud. Narra que ella misma ha sido víctima de maltrato, cuando una enfermera la acusó de ser “un peligro para el personal médico y de enfermería, por el simple hecho de tener tatuajes”. Eso demuestra el nivel de prejuicio que tienen quienes deberían saber que esto no debe ser así, dice.
 
Esta falta de capacitación no responde a lo que ordena la Ley para Enfrentar la Epidemia del VIH/Sida, cuyos objetivos son: Promover el conocimiento del VIH/Sida y la prevención de su contagio; Establecer las bases y procedimientos para prevenir la epidemia y promover la investigación científica para erradicar la infección por VIH; Asegurar los servicios de salud necesarios para el tratamiento de los enfermos de VIH/Sida; Reducir los daños motivados por el VIH/Sida; Prohibir todo tipo de discriminación hacia los enfermos y familiares”.
 
17/BG/GG
 







ESTADOS
   No quieren avalar “desaseo” de autoridades
Renuncian integrantes del Consejo Consultivo del IVM
Por: Brisa Gómez
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver .- 24/05/2017 Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) renunciaron  a que no quieren avalar el desaseo con el que la Junta de Gobierno y el Instituto están trabajando y llevando a cabo la renovación de los Consejos y el propio Instituto.
 
En conferencia de prensa, en voz de la activista y ex presidenta del Consejo Consultivo, Estela Casados González, dieron a conocer que insistían en el llamado a la administración estatal para que tuviera la voluntad de hacer la diferencia, pues en lo que va de este año el número de feminicidios y asesinatos de mujeres ya se acerca a los 100 casos sin respuesta.
 
A seis meses de la entrada de la actual administración y del nombramiento de la encargada de despacho del Instituto, Sara Gabriela Palacios Hernández, no se provee de información que les permite llevar a cabo las funciones como Consejo, ni se les ha dado acceso a cuestiones informativas como proyectos, programas y acciones.
 
Dijeron que pese a que en varias ocasiones se ha solicitado por escrito reuniones con la encargada de despacho, estas no se han concretado, pues simplemente no llegó o de último momento avisó de su inasistencia.
 
También acusaron que, en un intento por denostar a las Consejeras Consultivas, se filtró información dolosa y falsa, poniendo en entredicho incluso el trabajo de las Contralorías a nivel federal, además de que se trató de afectar el trabajo de las mujeres de la sociedad civil a través de estas filtraciones.
 
“No deseamos continuar avalando con nuestra presencia el desaseo con el que se está conformando esta nueva etapa del IVM, renunciamos porque no deseamos legitimar a un Instituto que ya perdió su objetivo” expresaron.
 
Al cuestionarlas sobre si con esta renuncia de la mayoría de las Integrantes del Consejo Consultivo no dejan en el desamparo a las mujeres, respondió que “ya están” pues consideran que “hay nula disposición de la administración estatal y del Instituto para hacer su trabajo e ir más allá de las labores solo de apariencia”.
 
Agregaron que en la Administración Estatal no se permiten escuchar las voces de las consejeras que forman parte de la sociedad civil, que conocen la situación que están enfrentando las mujeres y que plantean políticas públicas de género.
 
Desde la Junta de Gobierno y en particular desde la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, explicó la ahora ex integrante del Consejo, Monserrat Díaz, que se ha orquestado una mecánica para desdeñar y anular las posibilidades de participación de las mujeres de la sociedad civil en la toma de decisiones del Instituto
 
Por ello insistió en que con esta salida de once Consejeras, cuatro de ellas en segundo periodo, se concreta la desarticulación de los órganos ciudadanos del Instituto, misma que fue un intento de la actual administración desde su llegada.
 
Agregó Monserrat Díaz que “con nuestra salida no se podrá nombrar a una nueva directora, hasta que se regularice la situación”, por lo que hizo un llamado a que se concrete un trabajo apegado a la legalidad, pues este nombramiento debe estar propuesto por la sociedad civil.
 
17/BG/GG 







NACIONAL
VIOLENCIA
   ONU vigilará que se cumpla la AVG por agravio comparado
Crean Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
Imagen retomada del portal cinu.mx | Imagen: Antonio Nieto
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/04/2017 Luego de reunirse con el titular en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, al menos 10 agrupaciones feministas, locales y nacionales, acordaron crear el Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
 
La reunión entre el Alto Comisionado y las organizaciones se dio en torno al reciente informe publicado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM),  a partir de la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado en Veracruz, en el cual se emiten una serie de recomendaciones que contienen los más altos estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos.
 
El Alto Comisionado, que depende directamente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuyo trabajo es velar por el respeto y la observancia de las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en México, acordó con las agrupaciones feministas dar seguimiento técnico para el cumplimiento de las recomendaciones a los tres poderes del estado de Veracruz derivadas de la AVG.
 
Junto con Jarab, los colectivos, sindicatos, cuerpos académicos y activistas defensoras de derechos humanos de las mujeres,  abordaron diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en el estado, como la impunidad, el desmantelamiento a las instancias de mecanismos de adelanto para las mujeres, la violencia sexual y el riesgo en que se encuentran las defensoras de derechos humanos.
 
Las agrupaciones apelaron a la voluntad política de los tomadores de decisiones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para cumplir en las recomendaciones del agravio que buscan garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres veracruzanas.
 
Respecto a la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación, instituida en la Norma Oficial Mexicana 46 (NOM-046), las agrupaciones coincidieron en que si bien existen capacitaciones al personal, la información no ha llegado a los cuerpos operativos generando confusión y la falta de implementación.
 
En ese contexto advirtieron que serán vigilantes de que la actuación de las autoridades se apegue a sus obligaciones constitucionales y principalmente a la laicidad del Estado.
 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas se comprometió a dar acompañamiento puntal y técnico de la AVG  y a generar interlocución entre las autoridades y la sociedad civil.
 
17/RED
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   De enero a marzo, 71 casos en Veracruz
Por miedo, estigma o inacción judicial, no buscan a desaparecidas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Ana Alicia Osorio*
Cimacnoticias | Veracruz, Ver.- 04/04/2017 Ella y él desaparecieron el mismo día, en el mismo lugar.  A él lo buscan. A ella no.
 
Ella aparece como “extraviada”, pero para que la Fiscalía le recibiera la denuncia a su mamá, tuvo que pasar por comentarios como “que se habría ido por voluntad”.
 
Ella está desaparecida, pero su familia no quiere que sean colocados sus carteles de búsqueda en ningún lado. Temen al “qué dirán”.
 
Se trata de situaciones frecuentes a las que se enfrentan las mujeres que desaparecen, víctimas de un delito, pero que su familia, la Fiscalía General del Estado, o la sociedad revictimizan provocando que no sean buscadas.
 
“Si hay 100 hombres desaparecidos se va a buscar 30, si hay 50 mujeres desaparecidas se va a buscar  una”, sentenció Lucía de los Ángeles Díaz Genao, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz.
 
“Ser buscada es mucho menos la mujer, que una mujer sea buscada es mucho menos frecuente (….)  eso es machismo, ‘es una mujer para qué la busca’, dicen”, añadió Ángeles.
 
En el Colectivo varias madres buscan a sus hijos, quienes desaparecieron junto a sus novias, amigas o conocidas; sin embargo, a ellas no hay quien las busque, indicó Díaz Genao.
 
Señaló que inclusive cuando ofrecen colocar los carteles de búsqueda o dar sus nombres a la opinión pública, algunos familiares se niegan porque consideran que la desaparición es voluntaria, aunque existan elementos que digan lo contrario.
 
“De hecho no quieren que pongan los volantes, no quieren que la publiquen, mucha gente claro, hay gente que sí busca a sus hijas (…) se sienten avergonzados porque como mi hija, qué pena, quién sabe si de verdad tenga razón”, relató.
 
La creencia de “se fue con el novio” es la más frecuente e inclusive los Ministerios Públicos, quienes debieran realizar acciones urgentes de búsqueda de las mujeres, desestiman su desaparición y se lo dicen a las familias.
 
“Los más enseguida las criminalizan o las revictimizan y dicen ‘es que, señora, usted para qué la busca’, así le dicen a las señoras que van a poner denuncias de chicas desaparecidas, ‘para que la buscan si sabe que se fue con el novio’, cuando no es cierto, nada de eso es cierto, en la mayoría de los casos”, indicó la integrante del Colectivo Solecito.
 
Tan solo durante los tres primeros meses de este año, la página de “extraviados” de la Fiscalía General del Estado reporta a 71 mujeres y niñas que han desaparecido – y que hasta el momento no han sido localizadas- en el estado de Veracruz.
 
Según la declaratoria de Alerta de Violencia de Género que se decretó  para Veracruz, en la entidad se debería implementar el Protocolo Alba con el que se debieran seguir una serie de pasos para hacer una búsqueda inmediata de las mujeres que son reportadas como desaparecidas, para su rápida localización. Hasta ahora no se realiza.
 
Lejos de ello, Díaz Genao, del Colectivo Solecito, y Aracely Salcedo, de Familias de Desaparecidos Córdoba – Orizaba, coincidieron que el personal de la Fiscalía busca justificar las desapariciones de mujeres evitando la búsqueda.
 
“Señora es que su hija tiene algo en contra (…) pues su hija es bonita y es como les gustan a los de la delincuencia”, fue lo que tuvo que escuchar Salcedo de voz de quien debía hacer las búsquedas, en 2012, cuando Fernanda Rubí desapareció.
 
“La autoridad ha minimizado mucho la situación por ser mujer (…) entonces imagínate la magnitud del problema o del pensamiento”, afirmó.
 
En su caso, los comentarios de una autoridad encargada de buscar a las personas desaparecidas la alentaron para prepararse jurídicamente y comenzar el proceso por sus propios medios e inclusive ayudar a otras personas que pasan por lo mismo.
 
Sin embargo, no en todos los casos es así. En algunos, las personas optan por desistir de la búsqueda ya sea porque se percatan de que será un proceso difícil, o porque creen en las autoridades.
 
“La misma familia con el estigma, en vez de confiar en sus hijas, se dedican a creerle a los Ministerios Públicos, o a dudar de ellas”, lamentó Díaz Genao.
 
Otro de los factores que provoca que las familias prefieran no seguir el proceso de búsqueda o no presentar la denuncia formal ante la Fiscalía, dijo Salcedo, es el miedo.
 
Ella comentó que en muchas ocasiones las familias de mujeres se percatan de que en su caso existen indicios de delincuencia organizada o de redes de trata de personas que se encuentran operando en la entidad veracruzana.
 
Explicó que en el Colectivo que preside han localizado a ocho personas, de las cuales algunas fueron víctimas de trata específicamente en la modalidad de explotación sexual.
 
Entre el miedo a la delincuencia, el estigma social que pesa sobre las mujeres, y la falta de trabajo o comentarios de la Fiscalía, las víctimas de desaparición vuelven a convertirse en víctimas, pero esta vez del machismo que evita su búsqueda.
 
*Este artículo fue retomado del Blog Testigo Púrpura
 
17/AAO/GG







REPORTAJE
VIOLENCIA
   Estereotipos y omisión
Casos Daphne, Emma Gabriela… ¿dónde está la ley?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2017 Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
17/AGM/MAE/GG 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Defenderá derechos de víctima, asegura
Fiscalía, en desacuerdo con liberar al agresor de Daphne
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sandra Segura, corresponsal
Cimacnoticias | Xalapa, Ver .- 29/03/2017 Como corresponde a sus obligaciones legales, la Fiscalía General del Estado de Veracruz,  informó anoche en un comunicado que no comparte los criterios del Juez que emitió el amparo de Diego “N”; por lo que “presentará recurso y ejercerá facultades que le confiere la Ley, para evitar impunidad”.
 
Esto, a unas horas de que se dio a conocer que el juez Anuar González Hemadi consideró que no había elementos suficientes para dejarlo en prisión sujeto a proceso por acusaciones de pederastia en pandilla contra Daphne.   
 
González Hemadi, juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito con sede en Veracruz, concedió el amparo “liso y llano” a favor del agresor de Daphne, el cual, junto con otros tres jóvenes, en enero de 2015, participó abusando y vejando de distintas maneras a la víctima, entonces menor de edad.
 
El agresor Diego “N”, al conocerse las órdenes de aprehensión giradas contra tres de los cuatro señalados, huyó del país a España en donde fue localizado por la Interpol y extraditado a México. La justicia mexicana rechazó la apelación que interpuso el agresor para ser juzgado en el país y alegó inocencia.
 
La Fiscalía de Veracruz señala en su comunicado de ayer, en respuesta a la posible liberación de Diego “N”, uno de los llamados en redes sociales “Porky de Costa de Oro”, lo siguiente: “Desestimando con tal determinación los agravios que le eran atribuidos al indiciado y dejando vulnerables los derechos de una víctima atacada sexualmente, que en el momento de los hechos, era menor de edad, la Fiscalía General del Estado (FGE), difiere de manera contundente del criterio aplicado por la citada autoridad”.
 
En su último párrafo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz dice que respeta, pero no comparte el criterio del juez, por lo que buscará por las vías legales actuar con todos los recursos y facultades contempladas por la Ley, a fin de que no tenga lugar impunidad y defender los derechos de la víctima, para lo cual se dará vista a un tribunal de Alzada.
 
17/SS/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   Aunque impugnen liberación de Diego Cruz, éste sería excarcelado
Una burla exculpar a pederasta de Veracruz, dice familia de Daphne
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sandra Segura, corresponsal
Cimacnoticias | Xalapa, Ver .- 28/03/2017 Aludiendo presuntos vicios en el proceso penal que sigue la fiscalía de Veracruz, el Poder Judicial Federal otorgó un amparo a Diego Gabriel Cruz Alonso por lo que podría ser puesto en libertad en un plazo no mayor a 3 meses. La noticia ha provocado que el padre de la víctima, Javier Fernández califique como “una burla” o insultante” el hecho.
 
Cruz Alonso está implicado en un delito de pederastia tumultuaria en agravio de Daphne Fernández, en enero 2015, por lo cual, en 2016, tras girarle orden de aprehensión a él y otros tres jóvenes a quienes en redes sociales apodaron “Los Porkys”, huyó a España donde fue detenido hacia finales del año; fue extraditado recientemente y se encuentra en reclusión.
 
Su abogado promovió un Juicio de amparo número 159/2017 y fue el Juez Tercero de Distrito del estado de Veracruz, Anuar González Hemadi, quien lo otorgó a favor de Diego Gabriel “N”, por considerar que la pederastia no quedó demostrada.
 
El juez consideró que el delito de pederastia que se le imputó a Cruz no quedó fehacientemente demostrado, por lo cual ordena su libertad.
 
De acuerdo con los autos, la sentencia admite recurso de revisión, pero con la ley de amparo en vigor debe ejecutarse el amparo, es decir poner en libertad a Diego Gabriel Cruz Alonso aún y cuando se impugne la revisión, ello por tratarse de delitos graves.
 
La sentencia dice: “tenor de los medios de prueba existentes, no se encuentra acreditada la totalidad de los elementos del delito de pederastia que se atribuye al quejoso”.
 
Agrega además que “no se encuentra demostrado fehacientemente el abuso sexual de dicha menor a que alude la figura delictiva”, lo que impide declarar constitucionalmente el auto de formal prisión del 23 de enero del 2017.
 
De acuerdo con el juez, al tratarse de delitos de carácter sexual, el abuso consiste en una acción dolosa con sentido lascivo que se ejecuta sobre el sujeto pasivo, sin tener en consideración el número de tocamientos o roces que se hayan realizado, “de tal manera que un roce o frotamiento incidental no serían considerados como sexuales, de no presentarse el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual a costas del pasivo”.
 
En su sentencia, el juez dice hallar contradicciones entre los testigos, aunque la mayoría de ellos que estuvieron presentes para corroborar los hechos imputados en el automóvil a donde la víctima señala fue subida por la fuerza y luego en la casa donde presuntamente se dio el ataque sexual en enero 2015.
 
Dice la sentencia: “Toda vez que la autoridad investigadora no aportó medios probatorios de los que se desprendan la totalidad de los elementos del delito de análisis, se encuentra ante la insuficiencia de pruebas, por lo que se concluye no se acredita el primer y último de los elementos del ilícito de pederastia, esto es el abuso sexual y la indefensión de la víctima”.
 
LOS OTROS PEDERASTAS
 
El primer indiciado en el caso y que está en prisión es Enrique Capitaine, detenido en mayo 2016 en Torreón, Coahuila, quien se encuentra esperando sentencia en el penal de Amatlán de los Reyes, en la zona Centro del estado de Veracruz.
 
Existe un tercer imputado: Jorge Cazarín Cotaita, evadido de la acción de la justicia desde que se enteró de su orden de aprehensión; el padre de Daphne dijo que apelará dicho amparo de Diego Gabriel Cruz Alonso.
 
17/SS/GG







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Jan Jarab, representante de ONU-DH
Informe para AVG en Veracruz, ejemplo de no sumisión ante ola conservadora
Imagen retomada del portal cinu.mx | Imagen: Antonio Nieto
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/03/2017 En México, como en el mundo, hay una tendencia a consolidar el conservadurismo en las normas legales y ante esto es importante que las instituciones y la sociedad den una clara señal de no sumisión frente a estas regresiones, afirma el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
 
Un ejemplo de cómo no claudicar en la defensa de los derechos, dice el experto checo en entrevista exclusiva con Cimacnoticias, lo acaba de dar un grupo de expertas y expertos, académicos y funcionarios, en un informe publicado el 10 de marzo, donde determinan que en Veracruz, estado situado al sur de la República Mexicana, hay discriminación institucional contra las mujeres y un atentado a sus derechos sexuales y reproductivos.
 
Este informe proporciona argumentos sobre la pertinencia de decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” en la entidad, es decir porque hay leyes que obstaculizan el ejercicio de los derechos de las mujeres y recomienda al gobierno estatal despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres; y garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación sexual.
 
A propósito de este informe, Jan Jarab, quien fuera representante de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Europa (2010-2016), afirma que hay que apostar a que esta “ola conservadora en contra de los derechos de las mujeres sea, si no la última, sí la última grande”. 
 
AVG CONTRA RETROCESOS
 
El 9 de septiembre de 2015 organizaciones sociales solicitaron una AVG por violencia feminicida pero el 5 de abril de 2016 por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, junto con otras seis organizaciones solicitaron otra AVG, esta vez por discriminación, criminalización y falta de acceso a los servicios de aborto. 
 
En esta segunda petición, las agrupaciones determinan cuáles son los elementos que obstaculizan a las mujeres el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos: La inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 que permite el aborto en casos de violación sexual; la tipificación del aborto que castiga el delito con tratamiento educativo y de salud; y la reforma al Artículo 4 de la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, que entró en vigor el 23 de agosto de 2016.
 
Dicha reforma al Artículo 4 fue aprobada en segunda vuelta por el Congreso local en julio de 2016, para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, a propuesta del hoy prófugo ex gobernador, Javier Duarte, quien la promulgó en agosto de ese año acompañado por jerarcas de la Iglesia.
 
Ahora, el informe de expertas y expertos –el primero por “agravio comparado”– proporciona más elementos que demuestran cómo en la entidad se obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la interrupción legal del embarazo. Sobre este tema se le pregunta a Jan Jarab.  
 
-Anayeli García Martínez (AGM): ¿Cómo se debe analizar este informe realizado por este grupo de expertas y expertos?
 
- Jan Jarab (JJ): Para nuestra Oficina este informe es muy importante por varias razones. Primero, se trata del estado de Veracruz donde el cambio constitucional (para proteger la vida desde el momento de la concepción) que ocurrió el año pasado fue identificado por nuestra Oficina y por otras organizaciones de Naciones Unidas, como ONU Mujeres y el Fondo de Población, como un retroceso alarmante y fue objeto de un comunicado de prensa colectivo de varias organizaciones de la familia de Naciones Unidas.
 
“El informe, como tal, confirma nuestras preocupaciones: Cuando se crean retrocesos constitucionales –y no es algo retórico, simbólico– esto puede tener efectos adversos al gozo de los derechos, en este caso de derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en el estado de Veracruz.
 
“En el informe se explica de manera didáctica que una política pública discriminatoria puede ser considerada como una forma de violencia institucional contra las mujeres. Esta es la segunda dimensión: Cómo entendemos en este país, y en otros, la violencia institucional que las instituciones del Estado causan a los titulares de derechos.
 
“Hay otra dimensión. Aunque sabemos que Veracruz es un estado muy problemático en muchas áreas de Derechos Humanos, el informe no sólo es sobre Veracruz, no lo interpretamos como algo relevante sólo para el estado, porque sabemos que las herramientas legales y, aun peor, las prácticas en muchos estados de la federación mexicana siguen siendo muy restrictivas en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
 
“Aquí se da también una primera señal a un público más grande y es importante desde el punto de vista político que la Segob y el propio Secretario de Gobernación aceptan la opinión de los expertos”.
 
POPULISMO CONSERVADOR
 
Adicional a la información sobre salud sexual y reproductiva, el informe consideró 13 normativas nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que enriquece los argumentos.
 
- AGM: ¿El contenido de informe podría tener repercusiones en el resto del país?
 
- JJ: Es un problema muy relevante para todo el Estado mexicano. Tenemos diferencias entre herramientas legales en varias entidades federativas, con una distinción bastante positiva de la Ciudad de México y la situación muy restrictiva, muy conservadora, en la mayoría de las demás entidades.
 
“Tenemos también un contexto preocupante que hemos visto no solo en derechos de la mujer. Por ejemplo, cómo se terminó el año pasado de manera muy nefasta con la intención de legislar el matrimonio igualitario y una contra reacción muy conservadora.
 
“Es importante que las instituciones que tienen este mandato den una clara señal que no podemos ser sumisos, no podemos capitular en esta coyuntura, en la ola conservadora, tanto en México como en el mundo. Soy optimista históricamente y pienso que es muy probable que la ola en contra que estamos mirando hoy será, sino la última, será la última grande.
 
“Me parece que se necesita utilizar este informe porque, como lo mencioné anteriormente, la situación en México en general necesita una modernización con un enfoque de Derechos Humanos que está muy presente en este informe, utilizando los altos estándares de Derechos Humanos como herramienta y no los prejuicios populares, el populismo conservador”.
 
EMPODERAMIENTO VS. “MORALIDAD”
 
- AGM: El informe recomienda implementar la NOM 046 que implica garantizar el aborto en casos de violación sexual pero, por otro lado, hay gobernantes y legisladores que no están de acuerdo con implementar esta norma, ¿esto sería parte de esta ola conservadora?
 
- JJ: La supuesta defensa de moralidad tradicional siempre ha sido en todos los países, para algunos más rápidos para otros más lento, pero siempre ha sido una lucha. No sólo es una lucha para ganar un voto en un Congreso nacional o estatal sino para convencer al gran público.
 
“Sabemos que aparentemente México tiene una de las más altas tasas de embarazo adolescente en la región, es preocupante pero la respuesta necesita ser un empoderamiento de las mujeres y de las niñas, acceso a todos los derechos sexuales y reproductivos y no intentar regresar al Siglo XIX.
 
“Tuve recientemente una plática interesante con una persona que insistió en que se necesita regresar al modelo tradicional, a un pasado supuestamente idílico. Primero, este pasado idílico nunca existió, es una fabricación; segundo, no se puede regresar al pasado, lo que necesitamos es un desarrollo de la legislación y de las políticas públicas basado en los estándares internacionales de Derechos Humanos.
 
“En un país como México, que afirma en la arena internacional su compromiso con estándares internacionales de Derechos Humanos, eso es algo que necesitamos exigir. Vamos a tener, quizás, un largo proceso, con las fuerzas más conservadoras políticamente, eso nos queda claro”.
 
INSUFICIENTE ATENCIÓN
 
“Otro factor importante en México es que la importancia de estos asuntos sigue siendo un poco eclipsada por otras violaciones muy importantes, dramáticas, graves violaciones como tortura o desaparición, que aunque también tienen una gran dimensión de género tampoco es tan visible como debería ser”, explica quien fuera funcionario de la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno checo.
 
“El problema en México quizás no es que existan fuerzas conservadoras. Hemos visto que existen en Francia, de manera hasta sorprendente cuando se dio el movimiento en contra del matrimonio igualitario. No es esto, es el carácter de la discusión pública. Hay muchos otros temas que atormentan a la sociedad y la atención a los derechos de las mujeres y principalmente al tema de derechos sexuales y reproductivos no es suficiente.
 
“Puedo decirlo desde el punto de vista de nuestra Oficina: La Oficina del Alto Comisionado está tan metida hoy en los dramas de desaparición, de tortura, que es difícil priorizar otros temas híper importantes, como este del que hablamos, como los derechos de las personas con discapacidad, de los migrantes, porque los otros temas nos imponen por su urgencia”.
 
- AGM: ¿Sería relevante recalcar que los derechos de las mujeres también son Derechos Humanos?
 
- JJ: Desde mi perspectiva, de hombre, recién llegado de Europa, hay algunas tendencias fuertemente paternalistas aquí en México y aparentemente obstaculizan la correcta percepción de los derechos de las mujeres. Cuando varios políticos afirman que están apoyando los derechos de las mujeres, a veces lo hacen también de manera patriarcal, como elogiando a sus esposas, sus hijas, en el ámbito familiar. Generosidad condescendiente.
 
“Me parece que es una sociedad en transformación, esta transformación es obstaculizada -es mi perspectiva personal- tanto como otras transformaciones y modernizaciones de la sociedad, debido al contexto de la violencia y de otros flagelos de corrupción, impunidad, que dominan y preocupan a la sociedad.
 
“Estamos testimoniando unos esfuerzos. El de Veracruz fue emblemático, porque desvió la atención (con la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción). Las fuerzas políticas conservadoras no logran establecer o mantener un Estado de derecho pero sí se manifiestan con este cambio constitucional para mostrar que están defendiendo algo, aunque lo que están defendiendo significó, de hecho, un retroceso, como muestra este informe. Fue algo que obstaculizó aún más el acceso de las mujeres en Veracruz a sus derechos”.
 
- AGM: Aún no se sabe si las recomendaciones para modificar la legislación serán aceptadas pero ¿qué percepción tiene la Oficina del Alto Comisionado?
 
- JJ: La Oficina quiere aportar a este primer paso para que sea implementado en la legislación y en la política pública del estado de Veracruz. Vamos a apoyar esta normativa progresiva con discusiones con los actores, interlocutores federales y estatales. Estamos planeando una misión a Veracruz por varios temas, empezando por la situación de desapariciones, pero el tema de los derechos sexuales y reproductivos está en nuestra agenda.
 
17/AGM/GG
 







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