Veracruz

ESTADOS
VIOLENCIA
   Piden renuncia de titular del Instituto estatal de las Mujeres
   
Organizaciones exhortan al Congreso de Veracruz a despenalizar el aborto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/08/2017

En un pronunciamiento dirigido al Poder Judicial e integrantes del Congreso de Veracruz, más de 30 organizaciones civiles y académicas hicieron un llamado a cumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas y en consecuencia, aprobar la reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la entidad.

En el exhorto las agrupaciones también exigieron la inmediata destitución de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Sara Gabriela Palacios Hernández, luego de que el pasado 28 de julio declarara que la reforma sobre la despenalización del aborto no era necesaria y que el Legislativo tenía que consultar a la Iglesia católica para la aprobación de la propuesta.

Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento está el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, la Red Veracruzana por el Derechos a Decidir, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre otras agrupaciones.

En noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó la AVG por violencia feminicida en 11 municipios de Veracruz, la solicitud del mecanismo fue realizada por la organización civil Equifonía, quien el 5 abril de ese mismo año hizo una segunda petición de la AVG, esta vez por “agravio comparado”, es decir por normas que criminalizan a las mujeres que buscan acceder a los servicios del aborto; la inadecuada aplicación de Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en casos de violación sexual; y la tipificación del delito de aborto que se castiga con un tratamiento educativo y de salud.

Como parte de las acciones que debe cumplir el Gobierno de Veracruz por esta segunda AVG, el 27 de julio de este año la diputada Tanya Carola Viveros presentó en el Congreso local una propuesta para modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

En Veracruz desde agosto de 2016 se “protege la vida desde el momento de la concepción” luego de que se aprobara la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que fue impulsada por agrupaciones conversadoras y propuesta por el entonces gobernador, Javier Duarte, quien actualmente está detenido por diversos delitos como tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las organizaciones civiles la postura de la titular del Instituto de las Mujeres local “deja en evidencia el completo desconocimiento y la falta de compresión sobre el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres”, además de ser preocupante que estas declaraciones provengan de la titular de la instancia encargada de “garantizar los derechos de las veracruzanas de forma laica”.

Recordaron que Palacios Hernández es parte del Grupo de Trabajo que elaboró el informe de propuestas que debe cumplir el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y será una de las integrantes que podrá votar a favor o en contra de decretar la segunda AVG en Veracruz, ya que desde noviembre de 2016 está vigente una Alerta por los asesinados violentos de mujeres en 11 municipios de la entidad.

Las agrupaciones indican que la propuesta de reforma al Código Penal responde a los acuerdos internacionales y regionales a los que se ha suscrito el Estado mexicano, incluyendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al validar la despenalización del aborto en la Ciudad de México.

El comunicado indica que la Suprema Corte argumentó que dicha medida legislativa “resultada idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto a su cuerpo, de su salud física y mental e incluso, respecto de su vida”.

Las agrupaciones suscritas al pronunciamiento señalaron que los Derechos Humanos no pueden estar sujetos “a criterios religiosos, morales y apreciaciones de autoridades que olvidan que México es un país laico”, por lo que piden al IVM que tome las medidas necesarias de conformidad con su misión y propósito como institución pública.

Cabe mencionar que la propuesta sobre la despenalizaron del aborto se votará en un periodo extraordinario en septiembre, cuando concluyen el plazo, de seis meses, que tiene el gobierno de Veracruz para cumplir con las recomendaciones hechas por el Grupo de expertos. En caso de considerar que no se realizaron las acciones necesarias la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene la facultad de emitir la Alerta.

17/HZM








ESTADOS
Aborto
    Responde a acciones de AVG por agravio comparado
   
Piden aprobar reforma para despenalizar aborto en Veracruz
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/07/2017

La directora de la organización civil Equifonía, Araceli González Saavedra, hizo un llamado a las y los integrantes del Congreso de Veracruz para que aprueben las reformas a los Artículos 149 al 154 del Código Penal local, que buscan dejar de criminalizar a las mujeres que acceden a un aborto.
 
La reforma al Código Penal de Veracruz fue presentada el 27 de julio en el congreso estatal por la diputada de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, y responde a las acciones que debe cumplir en seis meses el Gobierno estatal por la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado”, es decir, porque hay leyes que obstaculizan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
La propuesta pide reformar los artículos 149, 150 y 154, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y derogar el plazo de 90 días que tienen las mujeres para acceder a una interrupción legal del embarazo en caso de violación; además de permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres.
 
González Saavedra dijo entrevista telefónica con Cimacnoticias que la iniciativa será discutida y votada en un periodo extraordinario del Congreso, por lo que se podrá tener una respuesta en las próximas semanas, en caso de no aprobarse, como organización peticionaria de la Alerta pedirán a la Secretaría de Gobernación (Segob) que decrete el mecanismo por incumplimiento a las recomendaciones.
 
Al llamado también se unieron en un comunicado de prensa las académicas del Grupo de Trabajo, quienes exhortaron “a todas las autoridades para que en el ejercicio de sus competencias acepten la reforma al Código Penal sobre la interrupción del embarazo”.
 
Cabe recordar que el 23 de agosto de 2016 entró en vigor en Veracruz la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que “protege la vida desde el momento de la concepción”, una propuesta impulsada por el ex gobernador, Javier Duarte y jerarcas de la Iglesia Católica.
 
RAZONES
 
En esta nueva iniciativa de ley se argumenta que la restricción de la interrupción del embarazo en Veracruz causó la muerte de 22 mujeres por un aborto inseguro en 2014; y desde 2007, año en que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México hasta la fecha, 389 veracruzanas se han trasladado a la capital para acceder a un aborto seguro.
 
Las cifras sobre embarazos en adolescentes en la entidad también son alarmantes, la propuesta indica que de 2009 a 2013, se tiene el registro de 53 mil 630 nacimientos en los que la madre era menor de 18 años, un promedio de cerca 11 mil casos por año.
 
Del total de nacimientos registrados en esos cinco años en Veracruz, 11 mil 906 correspondieron a niñas menores de 15 años de edad, lo que genera la probabilidad de que estos embarazos estén relacionados a eventos de violencia sexual, señala el documento.
 
En caso de ser aprobada la reforma, las diputadas impulsoras aseveran que “Veracruz sería la segunda entidad federativa (con la capital del país) en contar con la una legislación acorde con el artículo primero constitucional en materia de Derechos Humanos, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema en la capital y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer hechas en 2012 al Estado mexicano”.
 
Además de obedecer a una de las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo en su informe, de las cuales tiene que rendir cuentas el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, como fecha límite el próximo mes de septiembre.
 
COMPROMISO DEL GOBIERNO DE YUNES
 
El informe del Grupo de Trabajo encargado de atender la alerta por agravio comparado en Veracruz fue emitido en noviembre de 2016, y hasta marzo de 2017 fue aceptado por el gobierno local, con lo que inició el periodo de seis meses para cumplir con las propuestas.
 
Esta petición fue hecha en abril de 2016 por la agrupación Equifonía por tres agravios que obstaculizan el acceso a las mujeres de sus derechos sexuales y reproductivos: la inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 sobre el acceso al aborto en caso de violación sexual; la tipificación del aborto que castiga el delito con tratamiento educativo y de salud; y la protección de la vida desde el momento de la concepción. 
 
Esta es la primera solicitud de la AVG por “agravio comparado” en el país, y la segunda que suma Veracruz, pues el 23 de noviembre de 2016 la Segob decretó el mecanismo en 11 municipios de la entidad por violencia feminicida.
 
GRUPO DE TRABAJO VIGILA ACCIONES
 
De acuerdo con el comunicado de las académicas del Grupo de Trabajo, Rosa Hilda Rojas, María Lilia Viveros, Mayela García Ramírez y Rebeca Antonia Ramos, el próximo 15 de agosto tendrán una reunión de seguimiento con el gobierno de Yunes Linares para conocer la ejecución de las recomendaciones del informe.
 
Las agrupaciones civiles e instancias internacionales también están al pendiente sobre el proceso, en abril se creó el Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en conjunto con el titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien acordó con las 10 organizaciones feministas vigilar el cumplimiento de las recomendaciones sobre la AVG.
 
17/HZM








ESTADOS
Aborto
   Piden respetar laicidad del Estado
   
AVG en Veracruz se cumplirá hasta despenalizar el aborto
Imagen retomada del portal AVCNoticias | Yerania Rolón
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/08/2017

Para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas el congreso local debe aprobar la reforma a la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, y respetar la separación que debe existir entre la Iglesia Católica y el Estado ante los esfuerzos de grupos conservadores que buscan frenar la propuesta, denunciaron organizaciones civiles. 
 
A pesar de las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno de Veracruz para atender la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” (leyes que transgreden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres) las organizaciones peticionaras Equifonía y el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, pidieron en un comunicado que se cumpla con la última recomendación del Grupo de Trabajo: la despenalización del aborto.
 
El pasado 27 de julio la diputada local de Morena, Tanya Carola Viveros y 13 diputados adscritos, presentaron la propuesta de reforma de los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y suprimir los 90 días que tienen las mujeres para interrumpir un embarazo producto de una violación.
 
Se prevé que la iniciativa sea discutida en un periodo extraordinario de sesiones en septiembre, cuando se terminan los seis meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes para presentar su reporte de cumplimiento al Grupo de Trabajo que atiende la AVG.
 
Por ello, las agrupaciones pidieron que se respete el principio de laicidad del Estado, ante “la intromisión por parte de grupos conservadores” para frenar la propuesta, mismos que impulsaron en colaboración con el ex gobernador Javier Duarte, la modificación al Artículo 4 de la constitución local, que desde agosto de 2016 “protege la vida desde el momento de la concepción”.
 
Cabe mencionar que otras ocasiones, a pesar de que el reglamento de la AVG no establece dar mayor tiempo a los estados para cumplir con las recomendaciones, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha dado prórrogas de seis meses argumentando que se observan avances significativos por parte de las autoridades.
 
Por ello las agrupaciones insistieron que “es impostergable el cumplimiento de todas las recomendaciones, incluida la reforma al Código Penal, de otro modo exigiremos que se decrete la segunda alerta”, demandaron en el comunicado.
 
En caso de que el grupo de expertos determine que las acciones no fueron suficientes, la Segob podría decretar la segunda alerta en la entidad, pues está vigente desde noviembre de 2016 en 11 municipios de Veracruz la AVG por violencia feminicida.
 
AVANCES EN CUATRO MESES
 
Hace cuatro meses el estado de Veracruz aceptó las propuestas contenidas en el informe del Grupo de trabajo, con ello Equifonía y el Comité Promotor han hecho un seguimiento puntal de las acciones gubernamentales entre las que destacan la realización de campañas por parte de la Fiscalía General del estado sobre la difusión de la interrupción legal del embarazo en las causales que establece la ley, y la realización de una base de datos para conocer cuántas mujeres están en prisión por interrumpir su embarazo.
 
Hasta ahora sólo se ha conseguido liberar a una mujer indígena que por interrumpir un embarazo estuvo 11 años en prisión. Sin embargo desde 2015 al 30 de abril de 2016, la Fiscalía conformó siete carpetas de investigación por el delito de aborto y recibió 15 denuncias por la misma razón, informaron las agrupaciones peticionarias.
 
En cuanto a la Secretaría de Salud estatal, las organizaciones señalaron que se avanzó en el diseño de una primera capacitación al personal médico para la implementación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación y campañas de difusión de la norma dirigidas a la sociedad civil.
 
Sin embargo consideraron que no se cuenta con un presupuesto suficiente para la implantación y sostenimiento a largo de plazo de la medidas derivadas de la Alerta, por lo que exigieron al gobierno que destine mayor recurso público y lo aplique de forma transparente.
 
Por último las organizaciones civiles recordaron que la solicitud por AVG por agravio comparado se trata de un asunto de “justicia social” y de proteger la salud y vida de las mujeres.
 
Esta petición de la alerta por agravio comparado es la primera que se hace en el país y se presentó en abril de 2016 por tres agravios: la inadecuada prestación de servicios de salud y negativa por aplicar la NOM-046; la tipificación del aborto que en el Código Penal se castiga con un “tratamiento educativo y de salud”; y “la protección de la vida desde el momento de la concepción”.
 
17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Pidieron AVG en 2016 y apenas ayer hubo mesa de “alto nivel”
Veracruzanas esperan acciones en favor de su salud reproductiva
María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Nacional del Feminicidio | Imagen retomada del portal avcnoticias.com.mx
Por: Ana Alicia Osorio
Cimacnoticias/AVCNoticias | Boca del Río, Ver .- 15/06/2017

La coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, María de la Luz Estrada, afirmó que esperan aún resultados y modificaciones a la ley para defender la salud reproductiva de las veracruzanas, ya que en el estado, por ejemplo, aún se niega el derecho legal a interrumpir un embarazo en caso de violación.  
 
Señaló lo anterior, tras la instalación, ayer en el Word Trade Center de esta ciudad, de la Mesa de Alto Nivel para atender las recomendaciones por la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz, medida que fue solicitada en abril de 2016 por organizaciones civiles, entre ellas el Observatorio debido a que a las veracruzanas no se les garantiza su derecho a la salud reproductiva, en comparación con lo que sucede en otras entidades, como la capital del país, en donde, por ejemplo, está vigente desde 2007 la intervención legal del embarazo.
 
Sobre la instalación de la Mesa de alto nivel, un acto encabezado por el gobernador Miguel Ángel Yunes, y por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, la coordinadora del Observatorio señaló que “es una primera reunión y todavía el Gobernador va a revisar los cuestionamientos que hicimos”.
 
Dijo es necesario, entre las medidas para acatar las recomendaciones, que el Congreso local reforme el Código Penal para garantizar a las mujeres su salud reproductiva. 
 
Esto es necesario, explicó, porque, por ejemplo, durante el 2016, más de 400 mujeres denunciaron violaciones sexuales y, aunque muchas de ellas presentaron un embarazo, se les negó el derecho legal de interrumpir la gestación.
 
Comentó que la cifra de violaciones contra mujeres podría ser mucho mayor debido a que únicamente el 10 por ciento presenta denuncias. “Denunciadas estamos hablando de 400 denuncias de mujeres que han sido violadas, eso solo refleja el 10 por ciento de las mujeres que se atreven a denunciar, el año pasado y es importante que también son solo denuncias de violación, se dispara cuando hablamos de violencia sexual”, indicó.
 
Afirmó que en los lugares que más se ha presentado esta problemática ha sido en Poza Rica, Veracruz y Xalapa.
 
“El problema es que no implementan la atención integral a víctimas de violencia sexual, mucho menos de interrupción sexual del embarazo, teniendo a niñas con embarazos forzados en contra de su propia voluntad”, aseguró.
 
Detalló que en el estado de Veracruz se han detectado fenómenos como niñas menores de 14 años a quienes se les niega el derecho a interrumpir su embarazo aunque fueron víctimas de violación y la ley lo permite.
 
“Eso significa para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tortura, embarazos forzados, niñas que son violadas y obligadas a continuar un embarazo”, indicó.
 
BAJO VIGILANCIA
 
Cabe mencionar que en abril pasado, el titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, acordó con al menos 10 agrupaciones feministas, locales y nacionales, la creación del Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, para dar seguimiento técnico para el cumplimiento de las recomendaciones a los tres poderes del estado de Veracruz derivadas de la AVG.
 
En la reunión, las agrupaciones apelaron a la voluntad política de los tomadores de decisiones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para cumplir en las recomendaciones del agravio que buscan garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres veracruzanas.
 
17/AAO/GG
 








EN DIÁLOGO
VIOLENCIA
   EN DIÁLOGO
Ilegal dilación de Segob ante las Alertas de Género
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Leticia Burgos Ochoa*
Cimacnoticias | Sonora.- 15/06/2017

Es evidente que Sonora no se encuentra entre las prioridades para la Secretaría de Gobernación. Tal vez no vea a Sonora, como al Estado de México ni como a Veracruz, en relación con la violencia extrema y feminicida. Sin duda pesa la pluma que se desliza describiendo a Sonora como en el país de las maravillas.
 
Resulta ilegal como grave la dilación de la Secretaría de Gobernación frente a dos años que han transcurrido desde que se formuló y admitió la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, Sonora. En la Ley (LGAMVLV) y en su Reglamento no hay sustento para la demora. 
 
Las motivaciones de las organizaciones solicitantes fueron claras en mayo de 2015: “no existe paz social en Cajeme, las estrategias de seguridad no han impactado en la protección de la vida y la libertad de las mujeres, la violencia extrema y feminicida agrava el tejido social, colocando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en mayores riesgos para preservar sus vidas”. 
 
A la vuelta de dos años, siguen presentes las motivaciones sin ser atendidas a cabalidad. La impunidad, el desdén de servidores públicos y las garantías para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sigue siendo deuda pendiente. El doble de hechos feminicidas, sólo en lo que va de la prórroga –en seis meses- con respecto al año anterior, lo demuestran.  Los 23 hechos que pudieron ser evitables ponen en entredicho las acciones que el Gobierno emprende en respuesta para evitar que se declare la Alerta en Cajeme.
 
El Congreso Local ha respondido al reclamo ciudadano al respaldar la petición de Alerta de Violencia de Género para todo Sonora, no solo para Cajeme, acordado por unanimidad el pasado 2 de abril. Además le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realice el trámite para su solicitud. 
 
En tanto, el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dirige un comunicado el 28 de mayo pasado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando: “La exigencia del cese de la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas de Sonora, desde hace 24 meses, hace necesaria la declaración urgente de la Alerta de Violencia de Género en el estado”.
 
Señala además que “Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia y garantizar la seguridad y el acceso a la justica para las mujeres y, por lo tanto, de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.
 
Así mismo, el Consejo Social del Inmujeres en torno a las prórrogas cuestiona indicando que: “…viola la normativa vigente, ya que, de conformidad con el Artículo 38 de la LGAMVLV, son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal dé cumplimiento de las observaciones -12 recomendaciones- del grupo de trabajo”.
 
Abunda el Consejo Social: “que de nueva cuenta el gobierno del Estado de Sonora, omitiendo la obligatoriedad de preservar la vida de las mujeres, anuncia acciones desvinculadas de los 134 hechos de extrema violencia y feminicida registrados en lo que va del proceso de solicitud a la fecha”.
 
Continúa en su comunicado, “Para las Consejeras Sociales, así como para la Sociedad Civil, esta situación nos resulta inaceptable, no podemos permitir que los diferentes órdenes Gobierno incumplan, obstaculicen y violenten el mecanismo de la AVGM”.
 
Finaliza marcando que de inmediato de declare la Alerta de Violencia de Género en Sonora y se adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral de las propuestas del grupo de trabajo”.
 
El tratamiento político que la Secretaría de Gobernación instrumenta ante las Alertas de Género, coloca al mecanismo de la AVGM como un instrumento de intereses ajenos a la responsabilidad y a la obligación que le dicta la ley. Lo evidencia en entidades como Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por señalar algunos.  El grupo de trabajo y, sobre todo, el cuerpo académico y la sociedad analítica tiene la palabra.     
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LB/GG








ESTADOS
SALUD
   Miedo a perder seguridad social detienen denuncias
Veracruz: servicios de salud desoyen leyes contra violencia obstétrica
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Brisa Gómez
Cimacnoticias | Veracruz, Ver.- 09/06/2017
Margarita y María viven en Veracruz, viven con VIH y fueron víctimas de violencia obstétrica, agresión verbal, discriminación y maltrato psicológico en el Hospital Regional de Poza Rica y en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, a donde acudieron para atender sus embarazos y partos.
 
La violencia ejercida contra ellas en estas instituciones del Sector Salud, que tuvo también como consecuencia la muerte de la hija recién nacida de Margarita, sucedió en la entidad que fue, paradójicamente, la primera en incluir el delito de “violencia obstétrica” en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en febrero de 2008.
  
Esta se define, en el Capítulo Primero, Artículo Séptimo de la norma, como la “apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad”.
 
Sin embargo, hasta hoy no existe registro de que se haya sancionado un caso de violencia obstétrica cometido contra pacientes con VIH en la entidad.
 
Veracruz es también el estado donde, desde 2010, está tipificada esa conducta como delito, en el Artículo 363 de su Código Penal.
 
Ahí también se aprobó, por primera y única vez en el país, una Ley para Enfrentar la Epidemia del VIH/Sida, la cual establece mecanismos de educación, prevención y atención a hombres y mujeres de todas las edades. A nueve años de decretada, sigue sin cumplirse.
 
DE LA NORMA A LA REALIDAD 
 
Pese a la existencia de un marco jurídico para que las mujeres embarazadas que viven con VIH reciban una adecuada atención médica, Veracruz es la segunda entidad del país donde más niñas y niños viven con VIH: 380, entre dos y 18 años, en 2016, principalmente por transmisión vertical, de madre a hijo, y en tratamiento antiretroviral, indican cifras de Censida (Censida 2016).
 
Es, asimismo, el estado en donde, por corrupción, el sector salud compró pruebas rápidas de VIH defectuosas y sin registro sanitario, que fueron distribuidas, sin que se sepa hasta hoy a quiénes se aplicaron y si estas personas viven hoy con la infección sin saberlo. 
 
Y es la cuarta entidad con más quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por mal trato, desabasto, discriminación y violación a derechos de pacientes con VIH, como reconoció Ricardo Hernández Forcada, director de su programa de VIH. Dos casos documentan estas cifras:
 
  
MARGARITA  
 
En diciembre pasado, Margarita, de 27 años de edad pasó 28 horas en una camilla del Hospital Regional de Poza Rica, en espera de que la llevaran a un quirófano para que le practicaran una cesárea, como se indica cuando hay un diagnóstico de VIH, para evitar la transmisión vertical.  
 
“Las enfermeras ni se querían asomar”, cuenta Margarita, y terminé dando a luz a mi hija por vía natural sola. El personal médico y de enfermería le negó desde la atención más básica, hasta la cesárea.  
 
Sola, en la camilla, aguantó las contracciones lo más que pudo, pidiendo a las enfermeras que por favor la pasaran a quirófano, pero solo le respondían “aguántate, de todas formas no hay quien te atienda”. Cuando se le rompió la fuente, una enfermera “apenas medio se asomó”, pero no fue a verla, dice.
 
Eran casi las 11 de la noche del 16 de diciembre de 2016, cuando sentí, recuerda Margarita, “como que algo se me reventaba” y de inmediato salió la cabeza de la niña, por vía vaginal. Me tuve que incorporar para poder sostenerla con mis manos, explica, pero “la niña ni lloró, ni se movió”. Todo el tiempo estuvo sola porque las enfermeras no la asistieron, no la querían tocar y apenas se asomaban.
 
Afuera del área de hospitalización, su esposo también pidió a las trabajadoras sociales, a las enfermeras, al personal médico y al propio director, Salatiel Cruz Vidal, registrado como obstetra, que atendieran a su esposa y la pasaran a quirófano para la cesárea, sin que obtuviera respuesta. 
 
A las 11 de la noche, un pediatra informó al esposo de Margarita que la niña había nacido por vía natural y le enseñó una fotografía, tomada con su celular. Le explicó que la bebé no había nacido por cesárea, como se recomienda en el caso de mujeres embarazadas que viven con VIH. 
 
La niña tuvo un diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda, pues por la espera y la falta de atención, “se le pasó el parto”. Murió una semana después en ese hospital. 
 
Margarita desarrolló una infección, porque tras dar a luz no le hicieron adecuadamente las curaciones, con la debida asepsia, ni le dieron antibióticos, ni analgésicos. Dos días después de la muerte de su hija, tuvo que ser hospitalizada por la infección y la fiebre que padecía. Horas después tramitó su alta voluntaria para ir a velar y enterrar a su bebé.  
 
La discriminación de que fue objeto Margarita y la violencia obstétrica que se cometió contra ella hicieron que la familia denunciara ante la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, el secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa, niega que existan casos de este tipo en los nosocomios a cargo de la dependencia que encabeza.
 
MARÍA
 
María, quien vive con VIH, fue al Hospital de Alta Especialidad de Veracruz para que dieran seguimiento a su embarazo y atendieran su parto.
 
Ella denunció que durante las cuatro consultas que tuvo con el ginecobstetra Alejandro Crisóstomo Rivera, este ejerció violencia psicológica y verbal contra ella y su esposo.   
 
Dice que el médico la regañaba, le decía que su bebé nacería deforme, sin brazos, sin piernas y con diversos padecimientos,  debido al VIH y acusaba a la pareja de irresponsables por continuar con el embarazo.  
 
Ella argumentaba que seguía un tratamiento antirretroviral que le proporcionaban en el Capasit, que ahí y en el Grupo Multisectorial VIH le indicaron que si seguía estrictamente el tratamiento, el producto nacería libre de la infección, siempre y cuando le practicaran cesárea y no lo amamantara al nacer.
 
El médico Rivera le aseguraba que eso le decían para que no abortara y la presionaba con acusaciones y amenazas de que su bebé nacería con problemas. Esa violencia psicológica constante le produjo un estado depresivo severo ¿Para qué voy a traer a un bebé a sufrir al mundo? se cuestionaba.
 
Una persona la convenció de buscar una segunda opinión, en el servicio privado, en donde confirmaron que el producto no tenía problemas de salud. 
 
Decidió entonces presentar una denuncia en contra del médico, quien tienen otras demandas, como informa el Grupo Multisectorial VIH. Sin embargo, la integrante de dicho grupo, Patricia Ponce, afirma que no se han tomado medidas concretas para sancionarlo o evitar que continúe afectando la vida y los tratamientos de otras embarazadas en estas condiciones.
 
María pudo cambiar de obstetra, continuó con su embarazo hasta el término y su hijo, quien casi cumple un año, no presenta problemas de salud, gracias al tratamiento que llevó la madre durante todo el embarazo, a que nació por cesárea y a que se evitó la lactancia, como marcan las normas internacionales.
 
Ponce señala que el médico Alejandro Crisóstomo Rivera continúa en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz y es además catedrático de la Universidad Veracruzana. Pese a las denuncias en su contra, sólo cuando crece la inconformidad en el hospital, la dirección sólo lo aleja del servicio por algunos meses y luego regresa, para cometer nuevos actos de violencia obstétrica y discriminación.  
 
Interrogada sobre la situación de este médico, la Secretaría de Salud no dio ninguna respuesta. 
 
 EL MIEDO OBSTACULIZA DENUNCIAS 
 
La directora del colectivo feminista Cihuatlactolli, María de Jesús Jaimes afirma que aunque en los servicios de salud las mujeres que viven con VIH sufren maltrato, ofensas, desatención, no las quieren tocar, incluso las obligan a amamantar a su bebé sin leer el expediente que indica que no lo hagan, no denuncian, por miedo.  
 
“Hemos denunciado, agrega, pero solo en los medios”. La gente no se atreve a hacer denuncias jurídicas en Fiscalía, porque temen que les quiten el Seguro Popular o el Programa Prospera y las amenazan con no darles antirretrovirales. “Vienen con nosotras, dice, pero a la mera hora de denunciar no lo hacen”. 
 
Desconocen, dice la activista, que no les pueden quitar el medicamento porque los proporciona la Federación y es obligación de las autoridades de salud darlos a las pacientes. 
 
Según la Ley de Acceso, la violencia obstétrica incluye “omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer”. 
 
También “alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer y practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer”.
 
También “cualesquiera otras que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, la integridad o libertad de las mujeres”.
 
Jaimes explica que ha acompañado a muchas mujeres con VIH, algunas embarazadas, a exigir atención médica a los hospitales de la región de Río Blanco, en el centro del estado, donde se concentra gran parte de pacientes de esta enfermedad, pero la respuesta es poco cálida y la mayoría de las veces termina en maltrato y violencia obstétrica.
 
“La mayoría de la gente que trabaja en la Secretaría atendiendo a las y los pacientes tiene una cultura de maltrato”, asegura, “es una discriminación frecuente”. En los servicios de salud, han visto casos en que se las obliga a usar dispositivo. 
 
Y esto sucede, dice, pese a que hay talleres de capacitación y actualización para el personal de salud. Narra que ella misma ha sido víctima de maltrato, cuando una enfermera la acusó de ser “un peligro para el personal médico y de enfermería, por el simple hecho de tener tatuajes”. Eso demuestra el nivel de prejuicio que tienen quienes deberían saber que esto no debe ser así, dice.
 
Esta falta de capacitación no responde a lo que ordena la Ley para Enfrentar la Epidemia del VIH/Sida, cuyos objetivos son: Promover el conocimiento del VIH/Sida y la prevención de su contagio; Establecer las bases y procedimientos para prevenir la epidemia y promover la investigación científica para erradicar la infección por VIH; Asegurar los servicios de salud necesarios para el tratamiento de los enfermos de VIH/Sida; Reducir los daños motivados por el VIH/Sida; Prohibir todo tipo de discriminación hacia los enfermos y familiares”.
 
17/BG/GG
 







ESTADOS
   No quieren avalar “desaseo” de autoridades
Renuncian integrantes del Consejo Consultivo del IVM
Por: Brisa Gómez
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver .- 24/05/2017

Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) renunciaron  a que no quieren avalar el desaseo con el que la Junta de Gobierno y el Instituto están trabajando y llevando a cabo la renovación de los Consejos y el propio Instituto.
 
En conferencia de prensa, en voz de la activista y ex presidenta del Consejo Consultivo, Estela Casados González, dieron a conocer que insistían en el llamado a la administración estatal para que tuviera la voluntad de hacer la diferencia, pues en lo que va de este año el número de feminicidios y asesinatos de mujeres ya se acerca a los 100 casos sin respuesta.
 
A seis meses de la entrada de la actual administración y del nombramiento de la encargada de despacho del Instituto, Sara Gabriela Palacios Hernández, no se provee de información que les permite llevar a cabo las funciones como Consejo, ni se les ha dado acceso a cuestiones informativas como proyectos, programas y acciones.
 
Dijeron que pese a que en varias ocasiones se ha solicitado por escrito reuniones con la encargada de despacho, estas no se han concretado, pues simplemente no llegó o de último momento avisó de su inasistencia.
 
También acusaron que, en un intento por denostar a las Consejeras Consultivas, se filtró información dolosa y falsa, poniendo en entredicho incluso el trabajo de las Contralorías a nivel federal, además de que se trató de afectar el trabajo de las mujeres de la sociedad civil a través de estas filtraciones.
 
“No deseamos continuar avalando con nuestra presencia el desaseo con el que se está conformando esta nueva etapa del IVM, renunciamos porque no deseamos legitimar a un Instituto que ya perdió su objetivo” expresaron.
 
Al cuestionarlas sobre si con esta renuncia de la mayoría de las Integrantes del Consejo Consultivo no dejan en el desamparo a las mujeres, respondió que “ya están” pues consideran que “hay nula disposición de la administración estatal y del Instituto para hacer su trabajo e ir más allá de las labores solo de apariencia”.
 
Agregaron que en la Administración Estatal no se permiten escuchar las voces de las consejeras que forman parte de la sociedad civil, que conocen la situación que están enfrentando las mujeres y que plantean políticas públicas de género.
 
Desde la Junta de Gobierno y en particular desde la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, explicó la ahora ex integrante del Consejo, Monserrat Díaz, que se ha orquestado una mecánica para desdeñar y anular las posibilidades de participación de las mujeres de la sociedad civil en la toma de decisiones del Instituto
 
Por ello insistió en que con esta salida de once Consejeras, cuatro de ellas en segundo periodo, se concreta la desarticulación de los órganos ciudadanos del Instituto, misma que fue un intento de la actual administración desde su llegada.
 
Agregó Monserrat Díaz que “con nuestra salida no se podrá nombrar a una nueva directora, hasta que se regularice la situación”, por lo que hizo un llamado a que se concrete un trabajo apegado a la legalidad, pues este nombramiento debe estar propuesto por la sociedad civil.
 
17/BG/GG 








NACIONAL
VIOLENCIA
   ONU vigilará que se cumpla la AVG por agravio comparado
Crean Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres
Imagen retomada del portal cinu.mx | Imagen: Antonio Nieto
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/04/2017

Luego de reunirse con el titular en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, al menos 10 agrupaciones feministas, locales y nacionales, acordaron crear el Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
 
La reunión entre el Alto Comisionado y las organizaciones se dio en torno al reciente informe publicado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM),  a partir de la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado en Veracruz, en el cual se emiten una serie de recomendaciones que contienen los más altos estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos.
 
El Alto Comisionado, que depende directamente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuyo trabajo es velar por el respeto y la observancia de las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en México, acordó con las agrupaciones feministas dar seguimiento técnico para el cumplimiento de las recomendaciones a los tres poderes del estado de Veracruz derivadas de la AVG.
 
Junto con Jarab, los colectivos, sindicatos, cuerpos académicos y activistas defensoras de derechos humanos de las mujeres,  abordaron diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en el estado, como la impunidad, el desmantelamiento a las instancias de mecanismos de adelanto para las mujeres, la violencia sexual y el riesgo en que se encuentran las defensoras de derechos humanos.
 
Las agrupaciones apelaron a la voluntad política de los tomadores de decisiones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para cumplir en las recomendaciones del agravio que buscan garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres veracruzanas.
 
Respecto a la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación, instituida en la Norma Oficial Mexicana 46 (NOM-046), las agrupaciones coincidieron en que si bien existen capacitaciones al personal, la información no ha llegado a los cuerpos operativos generando confusión y la falta de implementación.
 
En ese contexto advirtieron que serán vigilantes de que la actuación de las autoridades se apegue a sus obligaciones constitucionales y principalmente a la laicidad del Estado.
 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas se comprometió a dar acompañamiento puntal y técnico de la AVG  y a generar interlocución entre las autoridades y la sociedad civil.
 
17/RED
 








ESTADOS
VIOLENCIA
   De enero a marzo, 71 casos en Veracruz
Por miedo, estigma o inacción judicial, no buscan a desaparecidas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Ana Alicia Osorio*
Cimacnoticias | Veracruz, Ver.- 04/04/2017

Ella y él desaparecieron el mismo día, en el mismo lugar.  A él lo buscan. A ella no.
 
Ella aparece como “extraviada”, pero para que la Fiscalía le recibiera la denuncia a su mamá, tuvo que pasar por comentarios como “que se habría ido por voluntad”.
 
Ella está desaparecida, pero su familia no quiere que sean colocados sus carteles de búsqueda en ningún lado. Temen al “qué dirán”.
 
Se trata de situaciones frecuentes a las que se enfrentan las mujeres que desaparecen, víctimas de un delito, pero que su familia, la Fiscalía General del Estado, o la sociedad revictimizan provocando que no sean buscadas.
 
“Si hay 100 hombres desaparecidos se va a buscar 30, si hay 50 mujeres desaparecidas se va a buscar  una”, sentenció Lucía de los Ángeles Díaz Genao, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz.
 
“Ser buscada es mucho menos la mujer, que una mujer sea buscada es mucho menos frecuente (….)  eso es machismo, ‘es una mujer para qué la busca’, dicen”, añadió Ángeles.
 
En el Colectivo varias madres buscan a sus hijos, quienes desaparecieron junto a sus novias, amigas o conocidas; sin embargo, a ellas no hay quien las busque, indicó Díaz Genao.
 
Señaló que inclusive cuando ofrecen colocar los carteles de búsqueda o dar sus nombres a la opinión pública, algunos familiares se niegan porque consideran que la desaparición es voluntaria, aunque existan elementos que digan lo contrario.
 
“De hecho no quieren que pongan los volantes, no quieren que la publiquen, mucha gente claro, hay gente que sí busca a sus hijas (…) se sienten avergonzados porque como mi hija, qué pena, quién sabe si de verdad tenga razón”, relató.
 
La creencia de “se fue con el novio” es la más frecuente e inclusive los Ministerios Públicos, quienes debieran realizar acciones urgentes de búsqueda de las mujeres, desestiman su desaparición y se lo dicen a las familias.
 
“Los más enseguida las criminalizan o las revictimizan y dicen ‘es que, señora, usted para qué la busca’, así le dicen a las señoras que van a poner denuncias de chicas desaparecidas, ‘para que la buscan si sabe que se fue con el novio’, cuando no es cierto, nada de eso es cierto, en la mayoría de los casos”, indicó la integrante del Colectivo Solecito.
 
Tan solo durante los tres primeros meses de este año, la página de “extraviados” de la Fiscalía General del Estado reporta a 71 mujeres y niñas que han desaparecido – y que hasta el momento no han sido localizadas- en el estado de Veracruz.
 
Según la declaratoria de Alerta de Violencia de Género que se decretó  para Veracruz, en la entidad se debería implementar el Protocolo Alba con el que se debieran seguir una serie de pasos para hacer una búsqueda inmediata de las mujeres que son reportadas como desaparecidas, para su rápida localización. Hasta ahora no se realiza.
 
Lejos de ello, Díaz Genao, del Colectivo Solecito, y Aracely Salcedo, de Familias de Desaparecidos Córdoba – Orizaba, coincidieron que el personal de la Fiscalía busca justificar las desapariciones de mujeres evitando la búsqueda.
 
“Señora es que su hija tiene algo en contra (…) pues su hija es bonita y es como les gustan a los de la delincuencia”, fue lo que tuvo que escuchar Salcedo de voz de quien debía hacer las búsquedas, en 2012, cuando Fernanda Rubí desapareció.
 
“La autoridad ha minimizado mucho la situación por ser mujer (…) entonces imagínate la magnitud del problema o del pensamiento”, afirmó.
 
En su caso, los comentarios de una autoridad encargada de buscar a las personas desaparecidas la alentaron para prepararse jurídicamente y comenzar el proceso por sus propios medios e inclusive ayudar a otras personas que pasan por lo mismo.
 
Sin embargo, no en todos los casos es así. En algunos, las personas optan por desistir de la búsqueda ya sea porque se percatan de que será un proceso difícil, o porque creen en las autoridades.
 
“La misma familia con el estigma, en vez de confiar en sus hijas, se dedican a creerle a los Ministerios Públicos, o a dudar de ellas”, lamentó Díaz Genao.
 
Otro de los factores que provoca que las familias prefieran no seguir el proceso de búsqueda o no presentar la denuncia formal ante la Fiscalía, dijo Salcedo, es el miedo.
 
Ella comentó que en muchas ocasiones las familias de mujeres se percatan de que en su caso existen indicios de delincuencia organizada o de redes de trata de personas que se encuentran operando en la entidad veracruzana.
 
Explicó que en el Colectivo que preside han localizado a ocho personas, de las cuales algunas fueron víctimas de trata específicamente en la modalidad de explotación sexual.
 
Entre el miedo a la delincuencia, el estigma social que pesa sobre las mujeres, y la falta de trabajo o comentarios de la Fiscalía, las víctimas de desaparición vuelven a convertirse en víctimas, pero esta vez del machismo que evita su búsqueda.
 
*Este artículo fue retomado del Blog Testigo Púrpura
 
17/AAO/GG








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Estereotipos y omisión
Casos Daphne, Emma Gabriela… ¿dónde está la ley?
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2017

Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
17/AGM/MAE/GG 








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