ESTADOS
VIOLENCIA
   Pilar Arguello Trujillo fue asesinada en 2012
Cedaw ordenó a Estado mexicano reabrir expediente de feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Flavia Morales
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver.- 10/08/2017 El Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer  (CEDAW, por sus siglas en inglés), ordenó al Estado mexicano reabrir el expediente de investigación de feminicidio de la joven Pilar Arguello Trujillo, asesinada el 3 de septiembre del 2012 en Coscomatepec, cuyo asesino fue liberado.
 
El Comité dio un plazo de seis meses para garantizar el acceso a la justicia y ordenó investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de la violencia y el asesinato de Pilar.
 
El Colectivo Equifonía, a nombre de Aracely González Saavedra y Adriana Fuentes, presentó el caso ante el organismo internacional en agosto del 2014, y señaló que es la primera vez que este comité se pronuncia por un caso particular de feminicidio, según una comunicación que les enviaron el pasado 7 de agosto.
 
Pilar, de 20 años de edad, fue asesinada y su cuerpo abandonado en un chayotal. Su cadáver presentaba señales de violencia sexual y  lesiones.
 
Su entonces pareja confesó haberla asesinado, violentado y abandonado en un sembradío. El agresor contó a las autoridades ministeriales, durante la reconstrucción de hechos, que bebió alcohol y cuando Pilar se negó a sostener un encuentro sexual, él la tomó del cuello, la tiró y la asfixió para después golpearla con una piedra y violarla.
 
El presunto culpable, de 16 años de edad, fue consignado en septiembre de 2012 ante la autoridad, pero dos meses después se desdijo de su declaración; y el juez de la Sala de Responsabilidad Juvenil consideró que la reconstrucción de hechos carecía de valor probatorio ya que no se había realizado conforme a Ley y sin tomar en cuenta pruebas periciales decidió liberarlo.
 
El caso quedó impune al igual que muchos otros crímenes en los que a pesar de que el presunto agresor es una persona cercana y conocida de la víctima, la autoridad ministerial no castiga al homicida.
 
En la argumentación para presentar el caso ante el Comité CEDAW, las activistas, Aracely González y Adriana Fuentes, señalaron que las autoridades ministeriales actuaron con negligencia, no realizaron actuaciones que eran fundamentales para llegar a la verdad, no se tomó en cuenta la declaración de testigos, tampoco se consideraron las hipótesis de feminicidio,  ni se valoraron las pruebas de violencia sexual y lesiones.
 
En el caso no se aplicó el Protocolo de diligencias básicas en los casos de feminicidio que se debe seguir, lo que dio lugar a vacíos e irregularidades en la investigación.
 
El Comité expresó también su preocupación por el número elevado de casos de feminicidio en Veracruz y la inexactitudes de los procedimientos para registrar y documentar los asesinatos de las mujeres, lo que menoscaba la adecuada investigación de los casos  e impide que las familias sean notificadas puntualmente y se haga una evaluación completa del feminicidio.
 
Entre las recomendaciones de la CEDAW destaca que el estado mexicano debe eliminar los obstáculos que hayan impedido llegar a esclarecer el feminicidio y la identificación de los autores.
 
También pide garantizar el funcionamiento del sistema de justicia y la investigación eficaz de los homicidios de mujeres, reforzar la capacitación a los agentes estatales que participen en la investigación de casos de violencia contra la mujer.
 
En la recomendación del organismo internacional también se pide garantizar el apoyo legal en el acceso a la justicia  y a todas las garantías legales de protección a los familiares de las mujeres asesinadas como consecuencia  de actos de violencias por razón de género.
 
17/FM







QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Narrativas y violencias feminicidas
imagen de Silvia Núñez Esquer
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 29/06/2017 Documentar el feminicidio o tentativas de feminicidio es una tarea que activistas y defensoras feministas emprendieron desde hace varios años con dos propósitos: visibilizar los crímenes por razones de género contra mujeres y analizar las narrativas periodísticas con discursos que naturalizan la violencia, y que contribuyen a confundir a la opinión pública, validando versiones de homicidios cuando sí hay circunstancias del tipo penal de feminicidio.
 
A pesar de que existen las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, especialmente en las entidades donde hay solicitudes de Alerta de Violencia de Género, no hay estados donde sea visible o medible el resultado de los supuestos cursos de capacitación dirigido a periodistas para deconstruir las narrativas periodísticas.
 
No es fácil, es cierto, no basta con dar cursos de “lenguaje incluyente”, pero por un lado hay evidencia de que se han invertido importantes recursos, aunque no siempre son impartidos por perfiles que reúnan, por un lado la experiencia en el feminicidio y, por otro en las coberturas periodísticas y desde enfoques feministas. Pero aún si se mira de manera positiva y optimista, hace falta conocer los indicadores de impacto y de cambio en quienes han participado en esos procesos de formación.
 
En la mayoría de los informes de las AVG, los indicadores construidos por los grupos de trabajo son apenas “aproximaciones” a la problemática, como la generación de observatorios sin proponer metodologías o metas de transformación y cambio en las coberturas periodísticas o la búsqueda de una deconstrucción de las narrativas hegemónicas.
 
La mayor dificultad la representa la evaluación de esos procesos de formación y sus resultados, pero ese no es el tema que nos ocupa básicamente, sino la persistencia a los 5 problemas identificados en las coberturas periodísticas de los feminicidios que se suman a las posturas institucionales que insisten en llamar “homicidios” a crímenes contra identidades femeninas en las que claramente –de no existir resistencia al tipo penal- se califican como casos de feminicidio por sus características con razones de género.
 
De esta forma esas posturas institucionales de las Fiscalías que evitan calificar como feminicidio y llaman homicidio, se convierten en el mayor obstáculo en la investigación y posterior sanción del delito para alcanzar la máxima de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia con la “erradicación”, a través de la aplicación de penas más altas que visibilicen la violencia de género.
 
A 4 años de la tipificación en varias entidades, y 5 en otras, es inaudito y sólo puede entenderse por la violencia estructural e institucional contra las mujeres, que sean las propias Fiscalías que a través de sus áreas de Comunicación Social y con la “fuente”, se difunda que algunas mujeres cuyas ex parejas las asesinan o lo intentan, sean calificados como “homicidio en grado de tentativa”, borrando de tajo todo el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
 
Ya no digamos del Protocolo Latinoamericano publicado por ONU Mujeres y por todos los Protocolos de investigación de feminicidio.
Esa postura institucional es el mayor obstáculo que influye en la opinión pública en forma negativa y contraria al reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y a los mandatos derivados de las Recomendaciones Generales de la CEDAW, el Mecanismo de Seguimiento a Belém do Pará y por supuesto a la Sentencia de Mariana Lima, en la que se establecen claramente estándares y criterios para la investigación de los asesinatos de las mujeres.
 
Ahí están las notas rodando por todo el país en los que son las Fiscalías las que “filtran” que se “no se trató de un feminicidio sólo la mató su ex por infidelidad”, y más preocupante es que las coberturas periodísticas dentro del Sistema Penal Acusatorio sigan con los mismos vicios del sistema anterior y criminalicen a las víctimas y obstaculicen el acceso a la justicia para las víctimas.
 
El principal obstáculo y trabajo a favor de los agresores y feminicidas no lo hacen los abogados de la defensa, sino las coberturas periodísticas que afirman que no son feminicidios sino crímenes pasionales, y con ello generan un ánimo en la opinión pública contrario a los derechos de la víctima que tiene en contra a todo el sistema y que es silenciada sin que se respeten sus derechos.
 
No es cosa pequeña una equivocada cobertura. Es, además de irresponsable, una pieza clave para entender por qué si hay 7 mujeres asesinadas diariamente por razones de género, hasta ahora son mínimos los casos de sentencias contra feminicidas por todo el país. Simplemente porque la reticencia al tipo penal encuentra alianzas patriarcales que dejan sin justicia a las víctimas y los medios de comunicación y sus coberturas son parte de esas alianzas.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Noveno informe de México ante CEDAW
En cuatro años, de 713 alertas Amber, localizaron a 482 niñas y adolescentes
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/05/2017 El noveno informe de México en cumplimiento con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas inglés), asegura que el índice de efectividad en la localización de niñas y adolescentes a través de la Alerta Amber fue de 68 por ciento en los últimos cuatro años.
 
El reporte que por obligación entrega cada 4 años el Estado mexicano a CEDAW sobre la situación de los derechos de las mexicanas, reporta que de mayo de 2012 a octubre de 2016 la Coordinación Nacional de Alerta Amber activó 713 alertas, y de estas, logró localizar a 482, como resultado de la adopción del mecanismo en los 32 estados del país.
 
Estas medidas responden a las recomendaciones emitidas en 2012 por la CEDAW al Estado de mexicano, que incluía la creación de un registro nacional de desaparición de mujeres y niñas, y volver operables los protocolos Alba y Amber para su localización efectiva. Con ello, el informe se presentó en diciembre de 2016 y fue hecho público a través del portal web del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en abril de 2017.
 
Aunque no cuenta con datos desglosados por entidad o año que indiquen cuántas alertas se activaron respectivamente, el reporte del gobierno mexicano señala que cada año aumentó la localización de menores de edad en el país: de las alertas activadas de 2012 a 2014 se estima que 68 por ciento resultaron positivas, en 2015 el porcentaje subió a 69 y en 2016, 70 por ciento de la niñez y adolescencia desaparecida se localizó.
 
Sin embargo, los reportes de desaparición de niñas y adolescentes indican que la situación de este sector es más grave. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) reporta que entre 2012 y 2014, fueron tres mil 170 casos de niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años de edad reportados como desaparecidos o extraviados; 59 por ciento eran mujeres (mil 880 casos).
 
De esta población femenina, 52 por ciento tenía entre 15 a 17 años de edad; 30 por ciento entre 10 a 14 años; 4 por ciento de 5 a 9 años; y 13 por ciento de cero a 4 años de edad. Y se concentraban en los estados de Tamaulipas (224 reportes), Estado de México (277), Baja California (213) y en Puebla se sumaban 67 casos.
 
Organizaciones como Redim, han denunciado que la activación de las alertas Amber, no corresponde con el número de reportes de desaparición de niñas, niños y adolescentes en el país. También, concluyen que su funcionamiento no es expedito, hay falta de capacitaciones de las autoridades y se desestiman las denuncias de las víctimas.
 
En el caso del Protocolo Alba –para la búsqueda de mujeres sin esperar 72 horas- el reporte informa que la Fiscalía General del estado de Chihuahua activó en el mismo período (2012-2016), mil 112 veces el mecanismo, que implicaba a mil 143 mujeres y niñas, de las cuales 96 por ciento fueron localizadas, es decir, mil 120.
 
El informe público indica que hasta la fecha, los estados de Jalisco, Estado de México, Tabasco y Guerrero también cuentan con el Protocolo Alba, pero no se incluyen cifras que reporten sus actividades.
 
LAS ESTRATEGIAS
 
Para hacer funcionar el mecanismo de la Alerta Amber, el informe reporta que se instauró un número gratuito, correo electrónico y aplicaciones móviles para la consulta ciudadana.
 
Añade que contó con la participación de organizaciones civiles, la academia, empresas privadas, y dependencias e instituciones de seguridad pública, además de la capacitación del personal y creación de protocolos estatales en colaboración con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
 
Como parte de la estrategia de difusión, señala que el uso de redes sociales fue fundamental “en 2014 inició la Coordinación Nacional de dos cuentas: Twitter con más de 86 mil seguidores y Facebook, con más de 55 mil”.
 
Este informe también presenta los avances en las Alertas de Violencia de Género (AVG), prevención, atención, y procuración de justicia para las mujeres, educación en sexualidad, empleo y trabajo remunerado y participación en la vida política y pública de las mujeres. Con lo que la evaluación de CEDAW -institución de Naciones Unidas- a México será hasta el año 2018.
 
17/HZM/GG
 







QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
El informe CEDAW de México I
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 25/04/2017 Lograr que el Estado Mexicano involucre una mirada de género y de Derechos Humanos en sus acciones no ha sido tarea sencilla, mucho menos desde una perspectiva de garantizar la igualdad como una vía en el acceso a la justicia, no para dar el mismo trato a desiguales –por ejemplo la sentencia del Caso Porkys- sino para entender e involucrar las desigualdades históricas y el complejo sistema de control sobre el cuerpo de las mujeres que los lleva a naturalizar la violencia sexual contra las niñas, adolescentes y mujeres.
 
El Informe para la CEDAW de México ya fue presentado tal y como se esperaba por parte del Gobierno Mexicano, y el documento reúne diversos compromisos que se presentan como grandes avances para revertir la discriminación que viven las mujeres en México. El Comité para la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer deberá dar respuesta a este informe y señalar las recomendaciones generales y reconocimientos que se deriven del cumplimiento de las presentadas en el informe octavo y noveno.
 
Sin embargo, una lectura concienzuda del Informe nos da un largo y general listado de acciones institucionales que desde el Gobierno Federal se anuncian que han sido cumplidas y que realmente están beneficiando a las mujeres, pero la mayoría de lo señalado en el documento dista mucho de la realidad. La mejor muestra de “contradicción” entre la realidad y lo que nos dice el Informe es la “perspectiva de género” en los jueces y magistrados de los Tribunales en los estados.
 
Si bien a nivel federal la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado un trabajo por encabezar la aplicación de la perspectiva de género en la justicia con su Protocolo, capacitación a jueces y magistradas y magistrados, con disposición de Judicaturas para abrirse a estos temas de discusión y fallos novedosos en los Juzgados de Distritos, lo cierto es que las entidades siguen siendo un asunto lleno de opacidad y terreno peligroso.
 
No solo hay falta de voluntad en la mayoría de los jueces y juezas, sino que los magistrados y magistradas suelen “proteger” a éstos con sentencias a apelaciones promovidas por las familias y defensas de las víctimas de violencia sexual y, en el peor de los casos, se confirma la premisa sexista de que “ella se lo buscó” o simplemente su palabra no tiene credibilidad, silenciando así a las víctimas.
 
Bastaría revisar en ese proceso de la cadena de justicia cuántos casos son reportados ante los números de emergencia (ahora 911) sobre hechos de abuso y violencia sexual contra niñas y niños, contra adolescentes y mujeres, para ver que el número de casos sentenciados y sentencias ratificadas es muy inferior proporcionalmente.
 
El documento de ONU Mujeres sobre la violencia feminicida en México da cuenta de esta larga y tediosa búsqueda de justicia en México que ha empeorado –por la justificación de que así es el nuevo sistema- en los últimos años, reduciendo el número de sentencias sobre casos denunciados de violencia sexual contra las mujeres en las entidades federativas.
 
Lo peor es que en muchas entidades y como parte de una política pública se ha implementado un “rediseño de las estadísticas”, renombrándolas de manera retórica para evitar que al leerlas se asocie con la violencia de género y así finalmente las cifras disminuyen.
 
Para nadie, en el sistema de justicia, es un secreto que la mejor forma de “bajarle” a un delito es reclasificándolo, aunque con ello vaya de por medio el derecho de la víctima a la no mediación cuando se trata de hechos de violencia que ocurren en un contexto familiar, victimizando y obligando a la persona que sufrió el hecho a sentarse frente a su agresor y esperarlo porque no le da la gana llegar a las audiencias.
 
Si revisamos párrafo a párrafo y cotejamos los anexos, lo cual estamos realizado con el propósito de verificar cuáles recomendaciones se cumplieron para saber qué cuentas exigir y qué aspectos están informando las entidades federativas, es tarea de quienes estados en los estados informar y compartir información de que no vemos trabajando al Sistema Estatal para Prevenir la Violencia en la mayoría de las entidades, que tampoco vemos que sean aplicables los Programas de Igualdad y de Prevención de la Violencia –en los estados donde sí hay- y que es prácticamente inexistente la política pública en los Planes de Gobierno de los gobiernos que entraron entre 2014-2015 y 2016.
 
Esas generalidades enunciadas en el Informe, como presumir que una Ley contra la tortura aprobada ya es la forma de proteger a las mujeres y prevenir la tortura sexual, es en realidad una retórica breve de un párrafo, pero que representa el desconocimiento que tienen sobre el tema las personas que redactaron el documento. Simplemente no hay aún una Ley aprobada y vigente, pues el Senado la envío a la Cámara de Diputados y apenas la semana pasada fue aprobada y será regresada de nuevo al Senado para su revisión con las modificaciones hechas.
 
Y así podría enlistar las observaciones que se derivan del Informe, con el único propósito de comprometer al Estado a mirar este documento como el resumen de las acciones encaminadas a garantizar la vida de las mujeres, en un país en el que a diario son asesinadas 7 mujeres por el hecho de ser mujeres.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Pendientes casos de “Las 17 y más”
Perseguida tras emergencia obstétrica, salvadoreña es asilada en Suecia
Imagen retomada del twitter Las 17 El Salvador.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | San Salvador, Sal .- 22/03/2017
La Dirección General de Migraciones de Suecia concedió asilo a María Teresa Rivera, una de “Las 17 y más” mujeres condenadas injustamente por emergencias obstétricas, tras sufrir persecución en El Salvador y de pasar cuatro años y medio en prisión, por una condena de 40 años que le impuso el sistema judicial en 2012.
 
María Teresa, de 35 años de edad, fue acusada primero de aborto y luego de homicidio agravado, debido a la errónea interpretación que hizo el sistema judicial del parto precipitado extra hospitalario que sufrió, informó en un comunicado la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico, una de las organizaciones que la apoyó durante su proceso judicial y para conseguir el asilo. 
 
Cuando María Teresa tenía cinco años de edad, señala la Agrupación, su madre emigró a Estados Unidos y nunca más supo de ella, su padre la abandonó y hasta los nueve años vivió con su abuela materna. Después tuvo que irse a una Aldea Infantil y, ya adulta, trabajó en diferentes maquilas para sustentar a su hijo. 
 
En 2011, tuvo problemas de salud: dolores en el vientre bajo y continuos sangrados vaginales. Le diagnosticaron infección de los oídos y de la vejiga, para lo cual le recetaron antibióticos. La noche del 24 de noviembre, sintió ganas de ir al baño y fue a la letrina de su casa; horas después la encontró su suegra desmayada en un charco de sangre. 
 
La trasladaron al Hospital Primero de Mayo, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde ingresó con un fuerte shock hemorrágico. El personal del hospital la acusó de aborto y, de manera inmediata, la Fiscalía la envió a las bartolinas de la policía. 
 
María Teresa no sabía que estaba embarazada pues tenía continuos sangrados vaginales y su vientre no había crecido. Tampoco lo sabían los médicos que le atendieron antes de la emergencia.
 
En un principio fue investigada por “aborto”; pero la fiscalía cambió la tipificación del delito a homicidio agravado debido a un informe del Instituto de Medicina Legal que luego sería declarado nulo por padecer de serias irregularidades metodológicas.
 
El 27 de julio de 2012, relata la Agrupación,” María Teresa fue condenada sin pruebas directas a una pena desmesurada de 40 años por un delito que no cometió, producto del desconocimiento de los administradores de justicia que realizaron una equivocada interpretación de los hechos ocurridos”.
 
ERROR JUDICIAL
 
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto conoció su caso y se comprometió a apoyarla para que se hiciera justicia y recuperara su libertad.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estudió su caso y en la Resolución SS-0227-2014, manifestó que se le violaron sus derechos a la igualdad y no discriminación por su condición de mujer; así como “al debido proceso judicial por inobservancia de las garantías judiciales, como la presunción de inocencia, in dubito pro reo y derecho a ser juzgada por un juez independiente e imparcial”.
 
Por la falta de garantías que se dieron durante todo el proceso, sus defensores legales y las organizaciones que la apoyaron presentaron en 2012 un Recurso de Revisión de la Sentencia. 
 
Finalmente, el 20 de mayo de 2016, el Tribunal Tercero de Sentencia, al concluir la audiencia extraordinaria reconoció que, no habiendo suficientes elementos que probaran la comisión de ningún delito por parte de María Teresa Rivera, quedaba demostrado que su condena en 2012 fue un error judicial. 
 
El tribunal anuló la sentencia y dictó  inmediatamente su libertad, después de haber pasado cuatro años y medio en prisión injustamente.
 
Sin embargo, la Fiscalía General de la República no aceptó esta sentencia absolutoria y presentó un recurso en contra de ella en junio 2016. El recurso fue desestimado. 
 
Ante esta permanente persecución y acoso, María Teresa y su hijo sintieron que su única alternativa era abandonar El Salvador puesto que el Estado no les ofrecía ninguna garantía judicial. 
 
Ambos se trasladaron a Suecia y la Dirección de Migración de ese país le concedió asilo, a ella y a su hijo, el 20 de marzo de 2017, por considerar que sufrió persecución por el hecho de ser mujer, por sus opiniones políticas y porque podría enfrentar futura persecución si fuera devuelta a El Salvador. Además, sufrió maltrato al pasar más de cuatro años en prisión por un delito que nunca cometió.
 
Gracias al Gobierno de Suecia y al apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y la solidaridad de la comunidad salvadoreña y sueca, María Teresa podrá reconstruir su proyecto de vida junto a su hijo, aunque lejos de su país de origen, señala el comunicado. 
 
La Agrupación considera que estos casos no se deben repetir  y que,  tal como acaba de recomendar el 3 de marzo de 2017 el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en sus “Observaciones a El Salvador”, se debe revisar el Artículo 133 del Código Penal de El Salvador para despenalizar el aborto.
 
Afirma también que se debe introducir una moratoria en la aplicación de la ley vigente y se debe revisar la detención de mujeres por delitos relacionados con el aborto, con el fin de garantizar su liberación.
 
“Es la oportunidad, dice, de que el Sistema Judicial revise los casos de “Las 17 y más” mujeres que siguen encarceladas, concediendo un indulto, conmutación de pena o beneficios penitenciarios que lleven a su liberación”.
 
“Asimismo, es momento de que la Asamblea Legislativa reforme la legislación sobre aborto para que no se produzcan más estas situaciones y errores judiciales, como el sufrido por María Teresa y “Las 17 y más”.
 
17/RED/GG
 
 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Pidió al Estado cumplir con la CEDAW
Gloria Ramírez recibe el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto 2017”
Imagen retomado del portal comunicacion.senado.gob.mx
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/03/2017 Al recibir ayer el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto 2017”, que otorga el Senado de la República, la doctora Gloria Ramírez Hernández pidió al Gobierno federal que trabaje en conjunto con las organizaciones civiles y con la academia para “establecer una estrategia y avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres”.
 
La coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien da seguimiento a las acciones del Estado Mexicano para cumplir sus compromisos ante la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW, por sus siglas en inglés), solicitó también al Estado mexicano cumplir con las convenciones internacionales a las que está adscrito y mejorar las condiciones laborales de las mujeres.
 
Mencionó también que, aunque se han obtenido logros importantes como la paridad, garantizada por la Constitución mexicana desde 2014, el Gobierno aún debe poner fin a la violencia política hacia las mujeres.
 
Sobre el premio, que se le entregó por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, dijo que le enorgullece, ya que se reconoce “el trabajo del feminismo académico que suma esfuerzos, que sale del cubículo con las mujeres y las organizaciones para entender y superar los obstáculos de la igualdad”.
 
La actual dirigente de la Asociación Internacional de Educadores por la Paz (AIEP), con sede en París, Francia, felicitó a sus colegas académicas porque dijo, “este logro no hubiera sido posibles sin sinergias”. También señaló la importancia de “reivindicar el feminismo desde la academia, desde los espacios públicos y las instituciones gubernamentales”.
 
Presente en la ceremonia de entrega -en donde estuvo también presente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio—la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Diva Hadamira Gastélum Bajo, aseguró que el Senado seguirá trabajando por tipificar la violencia política por razones de género, un tema que el Congreso ha detenido desde hace cuatro años.
 
“No podemos ignorar el avance alcanzado ni todo lo que falta. Vamos a trabajar por dignificar la vida de las mujeres”, comentó la senadora.
 
La académica galardonada, quien es pionera en el diseño e impulso de observatorios ciudadanos sobre los derechos de las mujeres, pidió replicar los logros obtenidos por distintas instancias como la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas y a dotarla de recursos para responder y atender muchos casos más de mujeres que no pertenecen a las comunidades indígenas”.
 
El reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” se otorga desde 2014 a mexicanas destacadas por su labor en pro de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, dentro de distintos ámbitos. Gloria Ramírez es la cuarta mujer en obtenerlo. Antes fueron galardonadas la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, en 2014; la embajadora Carmen Moreno Toscano, en 2015; y Rosario Marín, la primera mexicana tesorera de Estados Unidos, en 2016.
 
17/MMAE/GG
 







INTERNACIONAL
Aborto
   Reclaman estudiantes en Argentina
   Primera de dos partes
En el aula, el tema de aborto debe incluir la vida cotidiana de mujeres
CIMACFoto: Archivo
Por: Florencia Alcaraz*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 01/03/2017 En un aula de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en una clase de Bioética, una joven estudiante quiere acortar el abismo que existe entre la academia y la vida cotidiana de las mujeres. El profesor dice: “El aborto es ilegal y solo se autoriza en determinados casos de violación”.

La estudiante Corina Bertone, con el emblemático fallo FAL de la Corte Suprema en la mano (que autoriza el aborto en casos de violación), responde: “La interrupción del embarazo es legal en todos los casos de violación y cuando corre riesgo la salud de la mujer embarazada”. Y replica el docente de Bioética: “Es un fallo que no se aplica siempre, lo que importa es la ley”.  

Y el abismo vuelve a ensancharse. Aborto, misoprostol, Aspiración Manual Endouterina (AMEU): palabras que parecen proscritas en la fábrica de médicos y médicas más importante del país.

Cada año, 60 mil mujeres son internadas en Argentina por complicaciones que son consecuencias de abortos inseguros. Las cifras: En 2015, según una nota de Luciana Peker publicada en Las 12 (suplemento del diario Página12), hubo 500 interrupciones legales dentro del sistema de salud público. Otras 2 mil 894 más fueron acompañadas en sus abortos seguros, libres y de calidad por las Socorristas en Red. Alrededor del 30 por ciento de los embarazos terminan en aborto espontáneo.

MANTO DE SILENCIO

El aborto, inducido o espontáneo, es una posibilidad real para mujeres gestantes en edad reproductiva y para el sistema de salud. La interrupción legal es un derecho desde 1921. Sin embargo, en la UBA la práctica está cercada por un manto de silencio. Un silencio que robustece el modelo médico hegemónico y sufre de anacronismo: mientras la formación académica está encapsulada, la realidad social demanda cada vez con más fuerza que el aborto sea legal, seguro y gratuito.

Además del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que este año llegó por sexta vez al Congreso; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Nuevo Encuentro y Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto presentaron en septiembre un pedido para que la administración Nacional de Medicamentos, Alimentación y Tecnología Médica (ANMAT) reconozca al misoprostol como medicamento obstétrico.

En noviembre, Católicas por el Derecho a Decidir presentó un “pronto despacho” ante el Ministerio de Salud de la Nación para que el Estado produzca y distribuya misoprostol y mifepristona, los dos medicamentos identificados por la Organización Mundial de la Salud como la forma de acceder a un aborto seguro.

El reclamo no es solo nacional: en su último informe el comité que monitorea el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) exigió al gobierno acelerar la adopción del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo.

ENSEÑANZA VS. REALIDAD

“La carrera de Medicina de la UBA se encuentra desfasada respecto a la regulación vigente en Argentina, especialmente la emitida por el Ministerio de Salud de la Nación, el marco general de derechos humanos y los estándares de salud que promueve la Organización Mundial de la Salud y Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) en lo que refiere al aborto”, señala la socióloga y becaria del CONICET, Ana Mines Cuenya, en un artículo académico.

Mines Cuenya investigó la percepción de las y los estudiantes de esta carrera sobre el tratamiento del tema en su formación. Entrevistó a 24 futuros médicos y médicas entre 2013 y 2014 de las distintas etapas de la carrera, que está planificada en dos ciclos de tres años cada uno.

Las conclusiones dan cuenta del desfasaje y de estudiantes autodidactas: Más de la mitad nunca escuchó hablar del misoprostol durante el curso. Un grupo más pequeño afirmó sí haber escuchado, pero, en su mayoría, en el marco de un listado de ejemplos de medicamentos que pueden producir abortos como efecto secundario. Solo tres estudiantes dijeron manejar más información sobre misoprostol. En esos tres casos lo habían estudiado por su propia cuenta.

Primero, fueron las propias mujeres quienes aprendieron a usar el misoprostol, comercializado para el tratamiento de úlcera, para interrumpir embarazos no deseados. Pero a esta altura ya es un medicamento recomendado internacionalmente y por el propio Ministerio de Salud de la Nación en distintas guías de atención destinadas a los profesionales de equipos de salud.

En 2012 la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo reconoce en el catálogo Aborto Sin Riesgos. Guía Técnica de Políticas para los Sistemas de Salud. Lo define como un medicamento abortivo, seguro y eficaz. Se trata del único método abortivo reconocido que permite la autoinducción de abortos de manera segura antes de la semana doce de gestación incluida.

El misoprostol contribuye a evitar muertes y complicaciones por aborto inseguro en distintas partes del mundo. “No se habla de aborto y cuando aparece se niega la práctica, los profesores dicen que en el país no se hacen abortos porque es ilegal”, cuenta a MU Corina Bertone, estudiante de quinto año de la carrera.

Eso, dice Corina, “es mentirles a los estudiantes y es enfrentarlos a una realidad que no van a saber manejar. En Farmacología, por ejemplo, se nombra el misoprostol y se dice que es una contraindicación de aborto. Que no se puede dar a una mujer embarazada. Hay mucha hipocresía porque desde el Ministerio de Salud se hacen cuadernillos en donde se explica la práctica. El propio Estado te manda un manual donde dice que tienes que usar misoprostol.

Entonces, ¿por qué en el pregrado no lo vemos?”

Corina, la alumna que se plantó en la clase de Bioética con el fallo FAL en la mano, está sentada en un bar cerca de la Facultad donde pasa gran parte del día. Cuando terminó la secundaria, vino desde La Pampa persiguiendo el sueño cinematográfico de estudiar medicina para “salvar vidas”. Con el paso de los años, encontró en la militancia, en el Bajo Flores, más herramientas para trabajar en salud que en las aulas de la UBA. Junto con otras y otros doce estudiantes están armando la Red de Estudiantes de la Salud por el Derecho a Decidir, que se lanzará el año que viene.

*Artículo tomado de la Revista Mu, de la cooperativa argentina La Vaca.

17/FA/GG
 

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NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Por trabajar en favor de los derechos de las mujeres
Gloria Ramírez recibirá del Senado el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto
Imagen retomada del portal dgcs.unam.mx
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/02/2017

La académica, investigadora y defensora de los derechos humanos, Gloria Ramírez Hernández, recibirá del Senado de la República el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” por su trabajo en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, la Comisión para la Igualdad de Género reconocerá a la doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de París I, Francia  por vincular su trabajo en instituciones académicas con la defensa y promoción de los derechos de las mujeres al colaborar con la sociedad civil, los movimientos feministas y el Estado.

 

Gloria Ramírez coordina  desde 1996 la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), pero su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres inició desde que era estudiante.

 

A finales de la década de 1970, durante sus estudios de posgrado, se unió al movimiento de mujeres latinoamericanas en París, Francia, donde se pronunció a favor de la lucha política por la democracia y la interrupción legal del embarazo.

 

A través de su trabajo como docente e investigadora, comparte y aplica sus conocimientos teóricos sobre la inclusión de la perspectiva de género, derechos políticos, violencia hacia las mujeres y feminicidio, con organizaciones civiles y organismos públicos.

 

Muestra de ello es que fue presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos (AMDH) y actualmente dirige la Asociación Internacional de Educadores por la Paz (AIEP), con sede en París, Francia.

 

Asesora en temas de derechos de las mujeres y educación en derechos humanos a organizaciones nacionales e internacionales. Como académica ha sido integrante del grupo asesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres México y del Consejo Ciudadano del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.

 

También ha trabajado con la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la coordinación del Programa Nacional de Educación en Derechos Humanos (2010-2012)

 

PREMIOS Y OBSERVATORIOS

 

Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio UNESCO de Derechos Humanos (1996), el Premio Universidad Nacional (2012) en docencia en Ciencias Sociales y, en 2013, la Comisión de

Derechos Humanos del Distrito Federal le otorgó la medalla “Hermila Galindo”.

 

Ramírez Hernández fue de las primeras personas en realizar observatorios ciudadanos para investigar el cumplimiento del Gobierno mexicano de los compromisos internacionales que asume, principalmente ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) a nivel nacional, en Sinaloa y en Ciudad Juárez.

 

Desde 2006, la investigadora Ramírez Hernández da seguimiento a las recomendaciones que el Comité CEDAW hizo para Ciudad Juárez. Y, ese sentido, presentó ante dicho Comité, en julio de ese año y con la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, un informe sombra elaborado por la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU), que ella coordinó, sobre el cumplimiento de las recomendaciones

 

Varias organizaciones del país lograron que en ese informe sombra  se incluyera una sugerencia al gobierno para atender la violencia de género en todos los niveles educativos y se retomaran las propuestas sobre los derechos políticos y electorales de las mujeres.

 

Los proyectos y acciones de Ramírez Hernández, traducidos en el diseño de  metodologías, materiales y propuestas educativas, han estado enfocados en incidir en la creación de políticas públicas que incluyan la perspectiva de género.

El 9 de marzo, en el Senado de la República, Gloria Ramírez Hernández recibirá el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” otorgado a mexicanas destacadas por su labor en el ámbito social, cultural, político y económico en pro de los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

Las candidatas a recibir el reconocimiento son propuestas cada año por los organismos públicos que promueven y defienden los derechos de las mujeres y la igualdad de género, también por la Cámara de Diputados y organizaciones de la sociedad civil.

Gloria Ramírez Hernández será la cuarta mujer galardonada, pues ya se reconoció a la antropóloga feminista Marcela Lagarde y de Los Ríos en 2014, a la embajadora Carmen Moreno Toscano en 2015 y, en 2016 a Rosario Marín, la primera mexicana tesorera de Estados Unidos.

 

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QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Y las otras violencias, ¿qué?
Imagen retomada del portal saeso.es
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 07/02/2017 Defender el derecho a que las mujeres víctimas de violencia familiar no sean obligadas a la conciliación o la mediación constituye una hazaña incluso dentro de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM). Imaginen el enorme boquete en el acceso a la justicia para las mujeres, que se ahonda en cuanto a las otras violencias de género, es decir, aún las relacionadas con delitos de alto impacto.
 
Hablamos de las que son de otros tipos y modalidades que no se dan en el ámbito familiar, pero que constituyen graves riesgos para la integridad de las mujeres, como la violencia comunitaria y la violencia sexual.
 
Si por un lado tenemos CJM, que por desconocimiento –concediéndoles el beneficio de la duda- o por intención no aplican el Artículo 187, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), ni el Artículo 8 fracción III y IV de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, bajo retóricas discursivas a las que he dado en llamar “semiótica de la violencia de género”.
 
Imaginen el esfuerzo que costará insertar en el discurso de las instituciones el deber de excluir de las otras violencias las medidas de conciliación o acuerdos reparatorios, aun cuando estas formas de violencia son las que suelen ocasionar graves daños en la vida de las mujeres y poner en riesgo su integridad.
 
LAS OTRAS VIOLENCIAS
 
Hablamos de esas otras violencias, que si bien son de género, no son consideradas como “violencia familiar”. Para tener claro, hablamos de tres escenarios distintos, tres problemas, cada uno con sus propias características y elementos adversos.
 
Uno es la persistencia de códigos tramposos que establecen condiciones para la comisión de la violencia familiar, tales como el “espacio de convivencia” o la relación vigente, o incluso que sea “cíclica” (sí, parece que estoy definiendo algunos tipos penales que persisten por todo el país). Y es esta condición la que permite que ex parejas sean llevadas a “conciliación” cuando el hombre ejerce violencia contra las mujeres, incluso utilizando las visitas a las y los hijos como un mecanismo de control.
 
En segundo lugar, tenemos las retóricas discursivas que ya hemos abordado en esta columna bajo el título de semióticas de la violencia de género.
 
El tercer problema es que la violencia familiar no abarca las demás violencias porque, aunque son de género, no ocurren en el ámbito familiar y/o no son ejercidas por una persona con quien la víctima tenga o haya tenido un vínculo, pero su proximidad física incrementa el riesgo
 
Y es aquí donde la gravedad de la violencia de género es invisibilizada y la víctima llevada al extremo del riesgo y la revictimización y la violencia misma.
 
Así, tenemos gravísimos casos de violencia comunitaria, violencia generada por un acosador, un vecino que ejerce violencia sexual contra niñas, privación de la libertad con fines sexuales (conocido o no, aunque en el primer caso esto condena a la víctima al juicio de operadores de justicia que estiman que así no hay delito) y todo el abanico de delitos sexuales como son el abuso, acoso, estupro, violación del cónyuge, y otros que desde la perspectiva de las autoridades son viables para las soluciones alternas y son sometidas a justicia alternativa.
 
Este es el tema que llevo y planteo en reuniones, con el que interrumpo y pregunto desde una realidad cotidiana en los acompañamientos a las mujeres: ¿Qué hacemos con las otras violencias? ¿Qué hacemos, pues aunque apliquemos y exijamos mirar la Convención de Belém do Pará y los principios establecidos por el Mecanismo de Seguimiento (Mesecvi) y podamos argumentar que la violencia de género implica un contexto de desigualdad entre el agresor y la víctima, debido a la realidad de discriminación en el que viven las mujeres, somos muy pocas las que lo alegamos?
 
¿Qué hacemos con las otras violencias, si no hay forma de que prospere ni se respete lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales respecto a la violencia familiar?
 
¿Cuáles son nuestros argumentos? Sabemos que la Organización de las Naciones Unidas recomendó “prohibir explícitamente la mediación en todos los casos de violencia contra las mujeres, tanto antes como durante los procedimientos judiciales, ya que supone un igual grado de culpabilidad por la violencia y una igualdad de capacidad de negociación entre las partes, además de que ese enfoque no hace frente a los desequilibrios de poder por razón de género que caracterizan los actos de violencia contra las mujeres.
 
El informe de Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas señala que “ha quedado claro que los acuerdos realizados en el marco de mediación aumentan el riesgo físico y emocional de las mujeres por la desigualdad en las relaciones de poder entre la víctima y el agresor. Los acuerdos generalmente no son cumplidos por el agresor y éstos no abordan las causas y consecuencias de la violencia en sí” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH, 2007. Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas).
 
Apelamos a que dejen de hacer oídos sordos a la gravedad de la violencia, apelamos a que el Estado Mexicano empiece a cumplir con la Recomendación General 28 de la CEDAW relativa a la no discriminación, apelamos a que se cumplan y se monitoree realmente los indicadores del Mesecvi en materia de Legislación y Acceso a la Justicia, al menos en los Centros de Justicia para las Mujeres.
 
¿Y por qué enfatizo los CJM?, porque es inaudito –y es tema de otra reflexión- que estos espacios creados para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres se conviertan en los espacios donde se gestan y fecundan estos nuevos mecanismos de violencia estructural contra las mujeres.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
  
17/AC/GG







NACIONAL
   Afirman Académicas de la UNAM
Intereses políticos y falta de perspectiva de género impiden cumplir LGAMVLV
CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/02/2017 Intereses políticos de gobernantes y falta de perspectiva de género en las instituciones son los principales obstáculos que impiden el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
 
Así lo afirman investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a 10 años de la publicación de la LGAMVLV en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de febrero de 2007.
 
La doctora Aleida Hernández Cervantes,  investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, explica que uno de los principales retos para la aplicación de la ley ha sido la resistencia de los gobernantes para declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG), mecanismo de protección propuesto para las mujeres que viven en zonas con alto índice de violencia  de género.
 
Comentó Hernández Cervantes, en entrevista para Cimacnoticias, que los intereses políticos de los gobernadores para ganar elecciones frenan el acceso de justicia de las mujeres. “Las y los gobernadores no quieren aceptar ni quieren que se diga que en el  estado que lideran se vive una violencia alarmante de género hacia ellas”, dijo.
 
Para que la AVG se apruebe en una entidad, la Secretaría de Gobernación (Segob) debe comunicárselo al Poder Ejecutivo estatal, sin embargo, explica la doctora Hernández Cervantes, suele retrasarse porque: “Se vuelve un tema de negociación política entre la Segob y el gobernador. Y si, por ejemplo, el Secretario de Gobernación pertenece al mismo partido que el Ejecutivo del estado, el proceso se retrasa y necesita más presión de la sociedad civil, de la academia y hasta del ámbito internacional”, afirmó.
 
En México 41 municipios de Morelos, Estado de México, Jalisco y Michoacán tienen  la AVG, pero destaca que en el Estado de México, gobernado por el priista Eruviel Ávila, las exigencias de la sociedad civil por declararla tardaron años en ser respondidas, pese al alto índice de violencia hacia las mujeres.
 
El informe “Homicidio: una mirada a la violencia en México” del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), menciona que en esa entidad  se reportaron 48 casos de feminicidios durante 2014.
 
TEMA EN LA AGENDA PÚBLICA
 
La implementación de la LGAMVLV en 20017 significó el reconocimiento por parte del Estado para institucionalizar y poner en la agenda pública la violencia de género hacia las mujeres.
 
Con la Ley se dio respuesta a las exigencias de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).
 
Sin embargo, Teresa Ambrosio, técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que la eficacia de la LGAMVLV depende de una transformación en los modelos socioculturales de mujeres y hombres que están en las instituciones.
 
Teresa Ambrosio dijo que es esencial trabajar en la educación de todas las personas en materia de género y derechos humanos porque, de no hacerlo, la existencia de instituciones enfocadas a atender la violencia hacia las mujeres, así como la aplicación de la ley LGAMVLV no podrá cumplirse.
 
17/MMAE/GGQ
 







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