CEDAW

REPORTAJE
VIOLENCIA
   Prevalecen estereotipos de género en juzgadores
Caso “Porkys” ejemplo ante ONU de mala actuación jurídica
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México23/01/2018

Mientras la semana pasada la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) desechó revisar el amparo que concedió la libertad a Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro jóvenes de los “Porkys” acusado de violar a Daphne Fernández, en Veracruz, el caso será expuesto ante el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), perteneciente a la ONU, como un ejemplo emblemático de la mala actuación del Poder Judicial mexicano que obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas.

El Comité de CEDAW evaluará en julio de este año al Estado mexicano respecto al avance y garantía de los derechos de las mujeres y por vez primera revisará el trabajo del Poder Judicial en la impartición de justicia.

Previo a la evaluación –la cual se realizará del 2 al 20 de julio- la agrupación civil Equis Justicia para las Mujeres, presentó ante el Comité su “informe sombra” en el cual demuestra cómo el personal juzgador utiliza estereotipos de género en las resoluciones y no examina con perspectiva de género las pruebas que tiene en sus manos, como le sucedió a Daphne.

En enero de 2015 en Veracruz, Daphne era menor de edad cuando fue violada por 4 jóvenes apodados como “Los Porkys”. Uno de ellos, Diego Cruz Alonso, fue extraditado de España en enero 2017 para enfrentar el cargo de pederastia, pero el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, le otorgó la libertad tres meses después por un amparo que impulsó la defensa del acusado.  

La argumentación del juez Anuar –por la cual fue severamente criticado en redes sociales y suspendido de su cargo- era que Daphne no se encontraba en indefensión y Diego Cruz cometió únicamente “tocamientos incidentales” sin que tuviera una intensión “lasciva” o de “cópula para satisfacer un apetito sexual”.

La Fiscalía veracruzana impugnó el amparo concedido a Diego Cruz  (206/2017), por lo que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito solicitaron a la SCJN que lo atrajera para revisar la sentencia.

El pasado 17 de enero, la Primera Sala del máximo tribunal desechó la atracción del caso toda vez que las y los ministros concluyeron que no cumplía con los términos de relevancia para impactar en el sistema jurídico mexicano, aunque las organizaciones civiles aseguran que abría la posibilidad de discutir los lineamientos que deben seguir los y las jueces para acreditar delitos de violencia sexual.

Así, en tanto en México se resuelve que el caso de Daphne no es trascendente jurídicamente, Equis Justicia para las Mujeres lo coloca ante CEDAW como un indicar emblemático del desconocimiento generalizado sobre los criterios interpretativos en materia de género de las personas juzgadoras.

INFORME SOMBRA SOBRE PODER JUDICIAL

La agrupación precisó que esta es la situación que enfrentan sobre todo las mujeres víctimas de violación en el sistema judicial. Se les demanda “criterios desproporcionales” para acreditar la existencia del delito, como comprobar que hayan puesto resistencia en el acto, dejando a un lado elementos fundamentales; la existencia o no de su consentimiento y el testimonio que den.  

Capacitar a las y los juzgadores tampoco ha mejorado el acceso a la justicia para ellas. La organización muestra que el Poder Judicial de Veracruz gastó en 2009 alrededor de 35 millones de pesos en cursos y talleres para “instruir a su personal en perspectiva de género”, pero el resultado son sentencias como las de Daphne.

Aunado al reporte de Equis Justicia, en 2012 en las observaciones finales que hizo CEDAW a México, exigió en las Recomendaciones 33, 35 y 14, que el Estado eliminara las prácticas discriminatorias en la labor de las personas juzgadoras, y aplicar la perspectiva de género en la resolución de casos.

Es por ello que en esta ocasión el Comité de CEDAW decidió en una sesión de trabajo que mantuvo en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza, pedir al Estado mexicano que aclare los mecanismos que utiliza el Poder Judicial para identificar las resoluciones y prácticas discriminatorias que hacen jueces en casos de violaciones a los derechos de las mujeres.

Al Comité de Expertas de la ONU no le bastó que México haya informado en su reporte de cumplimiento que entregó en diciembre de 2016 –con un retraso de siete meses- que “está capacitando al personal”.

Las expertas pidieron que demuestre con indicadores el progreso que ha tenido la inclusión de la perspectiva de género en la labor judicial y preguntó si tiene planes de reforzar las dependencias de género actualmente existentes en los tribunales federales.

En otro tema relevante, CEDAW refirió que desde la entrada en vigor en 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, “se redujo considerablemente el número de condenas publicadas y ha limitado el derecho de las mujeres a acceder a la información sobre los casos”.

Por todo ello, pidieron a México que reporte antes de su evaluación, si existen mecanismos para vigilar la aplicación de esta Ley, convirtiéndose en la primera vez que el Comité pide la transparencia en la publicación de sentencias por violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

OTROS TEMAS DE JUSTICIA

Otras cuestiones retomadas por el Comité en el tema de justicia, son las medidas que ha adoptado México para erradicar las malas prácticas en las investigaciones de asesinatos violentos de mujeres.

Las expertas precisaron que necesitan información de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, la Ciudad de México y el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Del mismo modo solicitaron mayor información sobre las barreras que impiden el acceso a la justicia de mujeres rurales e indígenas; y de manera novedosa, el Comité otorgó un apartado específico a quienes se encuentran privadas de su libertad por delitos relacionados con drogas.

El Comité de la CEDAW es un instrumento internacional integrado por 23 expertas, el cual analiza que los Estados cumplan con las recomendaciones de la Convención a favor de los derechos femeninos. Esta es la novena evaluación de México desde que suscribió la Convención, en 1981, por lo que las recomendaciones que dan las expertas son de carácter obligatorio para los gobiernos.

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NACIONAL
VIOLENCIA
   Por primera vez se integra temática
Poder judicial mexicano, a evaluación de CEDAW
CIMACFoto: Rosario Nieto
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/01/2018

Por primera vez el Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) analizará en julio de 2018 el trabajo del Poder Judicial mexicano y la transparencia en la publicación de sentencias por violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

Previo a la sesión de trabajo que mantuvo en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza, el Comité de CEDAW para preparar la evaluación al Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres, la organización civil Equis Justicia para las Mujeres entregó al organismo de Naciones Unidas un “informe sombra” sobre los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia.

Derivado de este reporte, Equis Justicia informó en un comunicado que el Comité retomó el tema en la sesión y pidió al Estado mexicano explicar, ante la evaluación prevista del 2 al 20 de julio de 2018 en Ginebra, los mecanismos que utiliza el Poder Judicial para identificar las resoluciones y prácticas discriminatorias que hacen jueces en casos de violaciones a los derechos de las mujeres.

En 2012, en las observaciones finales que hizo el Comité sobre México, señaló en las Recomendaciones 33, 35 y 14, que el Estado debe eliminar las prácticas discriminatorias y estereotipos en la labor de las personas juzgadoras, así como aplicar la perspectiva de género en las resoluciones de los casos.

Sobre el cumplimiento de estas consideraciones, el gobierno mexicano entregó por novena ocasión en diciembre de 2016 su informe a CEDAW, en el que señala que creó el protocolo para juzgar con perspectiva de género y capacitó a funcionarios públicos para incorporar la perspectiva de género en el análisis de casos.

Sin embargo, en el informe alternativo de Equis Justicia que tuvo el objetivo de brindar al Comité datos certeros sobre la situación de justicia para las mexicanas, la organización indicó que por medio del observatorio de sentencias que realizan, encuentran que las y los jueces utilizan estereotipos de género en sus resoluciones, en los que revictimizan y criminalizan a las mujeres.

Equis Justicia colocó en su informe a las víctimas de violación sexual como una de las principales afectadas. Destacó que el Poder Judicial les exige “criterios desproporcionales” para acreditar la existencia del delito; como comprobar que la mujer haya puesto resistencia en el acto, dejando a un lado elementos fundamentales; la existencia o no de su consentimiento y el testimonio que den.  

La organización ejemplificó que en 2009 el Poder Judicial de Veracruz gastó alrededor de 35 millones de pesos para capacitar a su personal en perspectiva de género, pero en la entidad persiste la discriminación al momento de juzgar, como le sucedió a Daphne Fernández, víctima de violación por cuatro jóvenes en enero de 2015. Uno de ellos quedó libertad el año pasado porque un juez determinó que no había pruebas suficientes y “los tocamientos” no fueron con intención lasciva ni de satisfacción sexual.

CEDAW EXIGE TRANSPARENCIA

En materia de acceso a la justicia al Comité de CEDAW también le llamó la atención el acceso a la información sobre sentencias de casos de violaciones a los derechos de las mujeres.

CEDAW refiere que desde la entrada en vigor en 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, “se han reducido considerablemente el número de condenas publicadas y ha limitado el derecho de las mujeres a acceder a las información sobre los casos”, por lo que pidió al Estado mexicano informar si existen mecanismos para para vigilar la aplicación de la Ley, convirtiéndose en la primera vez que el Comité toca este tema, destacó Equis Justicia.

Al Estado también se le pide demostrar con indicadores, el progreso que ha tenido la inclusión de la perspectiva de género en la labor judicial. Otras cuestiones retomadas por el Comité en el tema de justicia, son los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a ella y el excesivo uso de prisión preventiva para mujeres, relacionada con delitos de drogas.

TEMAS A EVALUAR

Otros de los temas que enlistó CEDAW y por los cuales será evaluado el Estado mexicano en julio son: la violencia contra las mujeres, trata de mujeres, participación en la vida política y pública de las mujeres, agresiones contra defensoras de Derechos Humanos y periodistas, estereotipos y prácticas discriminatorias en medios de comunicación.

Acceso a la educación y trabajo, ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, políticas para mujeres con discapacidad, derechos de mujeres indígenas y rurales, mujeres migrantes refugiadas y solicitantes de asilo en el país, mujeres privadas de la libertad por el delitos relacionados con las drogas y equidad en el matrimonio y relaciones familiares, son otros de los temas

Esta es la novena evaluación que enfrenta México desde 1981 que se integró a este instrumento internacional.

17/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Violencia política, desapariciones y acceso a derechos sexuales, ámbitos más rezagados
México rendirá cuentas sobre violencia de género ante Comité CEDAW
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 29/12/2017

En 2018 el Estado mexicano enfrentará al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), organismo internacional que evaluará las políticas implementadas para enfrentar la violencia de género y garantizar los derechos políticos, electorales, sexuales y reproductivos de las mujeres.

En diciembre de 2016 el Estado mexicano presentó ante el Comité el noveno informe sobre políticas de igualdad de género y no discriminación donde respondió a las recomendaciones recibidas en 2012 y en años anteriores; dos años después de enviar ese documento los avances y retrocesos del país para erradicar la discriminación contra las mujeres serán evaluados nuevamente.

Ante esta rendición de cuentas el panorama para México no es alentador. La Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que junto con organizaciones del todo el país elabora un  “informe sombra” sobre las recomendaciones, calificó el cumplimiento de las recomendaciones como “insuficiente”.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Como muestra: En 2012, en materia de participación política de las mujeres, el Comité CEDAW recomendó al gobierno eliminar los obstáculos que impiden la participación femenina en cargos públicos, pero aun cuando en 2014 se instauró como principio constitucional la paridad -que obliga a los partidos políticos a postular 50 por ciento de mujeres en candidaturas locales y federales-, su presencia sigue siendo escasa y cuando logran incursionar en este escenario enfrentan a prejuicios relacionados con su género.

La representación femenina en cargos de elección popular municipales fue calificada por la Cátedra UNESCO como “deficiente” porque en 2016 las mujeres ocuparon 9 por ciento de las presidencias municipales, como consta en su “Informe técnico sobre la elaboración de indicadores de las recomendaciones CEDAW 2017”.

Además consideran que faltan políticas públicas para incrementar el número de mujeres en puestos de la administración pública que para representaban 38 por ciento de los puestos directivos.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, en la recomendación 33 la CEDAW pidió al Estado mexicano eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres para interrumpir un embarazos de forma legal y segura.

Sin embargo, para 2016 al menos 19 entidades aún protegían “la vida desde la concepción”, entre ellas Veracruz, Querétaro, Baja California y Chiapas, lo que criminaliza y puede llegar a poner en riesgo la vida de las mujeres que buscan ejercer la interrupción del embarazo, así lo afirmó la Cátedra UNESCO en otro  “informe sombra” parcial que publicó en marzo de 2017.

En este contexto y como producto de la exigencia social este mes se emitió por primera vez en el país una Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado en Veracruz, porque en la entidad seguín vigentes leyes que criminalizaban a las mujeres por  interrumpir embarazos no deseados.

PREVALECEN DESAPARICIONES E IMPUNIDAD

En 2012 el Comité CEDAW hizo especial énfasis en las desapariciones de mujeres y niñas por la relación porque son delitos que podría tener relación con otros ilícitos pero el gobierno mexicano no atendió este aspecto pues a pesar de que una da las recomendaciones fue mantener registros certeros que permitieran dimensionar la magnitud del problema, mismos que no se realizaron.

Destaca el caso de Nuevo León, entidad donde las académicas de la UNAM que dan seguimiento a la CEDAW, revisaron solicitudes de información y encontraron que las autoridades no registran cuántas mujeres desaparecidas son localizadas, esto a pesar de que el organismo instrumento intencional ha señalado de preocupante el alto número de desapariciones de mujeres en el estado, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) fueron 677 de 2000 a 2017.

La exigencia de una base de datos actualizada sobre desapariciones de mujeres también la hicieron organizaciones civiles y familiares de las víctimas en noviembre pasado cuando Data Cívica denunció que el RNPED, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) no contabiliza ni actualiza los nombres de las personas desaparecidas.

La falta de registros resulta preocupante en un contexto donde, de acuerdo a la Segob, durante los últimos 11 años 8 mil 456 mujeres desaparecieron en México, Más de la mitad fueron niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años.

La CEDAW también recomendó hacer eficiente la implementación de la AVG, mecanismo de emergencia vigente en 11 entidades del país para enfrentar y erradicar la violencia de género y acelerar el procedimiento para que en caso de ser necesario se aplique en más estados, venciendo así las limitantes políticas que impiden activarla.

En la práctica en 2017 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) negó la AVG en Puebla y Tlaxcala, entidades donde se solicitó la declaratoria de Alerta por desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas relacionados con trata de personas; también rechazó la solicitud en el municipio sonorense de Cajeme y en Tabasco.

RESPUESTAS A LA VIOLENCIA

Respecto a la violencia cometida contra las mujeres el Comité CEDAW pidió al Estado mexicano responder sobre los avances y retrocesos en el caso de las mujeres Atenco, sobre tortura sexual contra 11 mujeres que mantienen una denuncia por la violencia y falta de justicia que han vivido durante once años, desde que el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron víctimas de violación por policías municipales, estatales y federales en Atenco y Texcoco, Estado de México.

En noviembre de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que analiza el caso para dictar una posible sentencia condenatoria contra el Estado, llamó a las 11  denunciantes para escucha su testimonio. Ahora se espera que en 2018 el organismo interamericano emita una resolución sobre el caso y sobre la posible reparación del daño.

Otro ámbito que la CEDAW abordó en 2012 y en el que México resultará rezagado fue la erradicación de la violencia en el ámbito educativo ya que, de acuerdo al análisis de la Cátedra UNESCO, sólo18.75 por ciento de las entidades federativas del país cuentan con un protocolo para la detección y denuncia de esta violencia.

El gobierno mexicano se ha caracterizado por dejar en segundo plano el cumplimento de la CEDAW, lo que se ve reflejado en el retraso con el que informa sobre el cumplimento de las recomendaciones. Hace 10 años que entrega informes al Comité evaluador con retrasos de hasta cuatro años. Por ejemplo, la séptima evaluación la debió presentar en 2006 pero la envió hasta 2010 junto con el octavo informe.

Además, denunció en entrevista con Cimacnoticas la coordinadora de la Cátedra UNESCO, Gloria Ramírez Hernández, el gobierno mexicano no tiene mecanismos ni políticas públicas de seguimiento a las recomendaciones recibidas por la CEDAW pues se interesa en ellas “exclusivamente cuando tiene que entregar informes y sólo para cumplir con el compromiso internacional”.

Desde que México suscribió esta convención, en 1981, y hasta la fecha, el Comité ha emitido 132 recomendaciones al Estado mexicano, quien cada cuatro años tiene la obligación de comunicar qué acciones realiza para subsanar las observaciones.

17/MMAE








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Presenta sus recomendaciones por octavo y noveno informe
   
Pide Comité de CEDAW a Guatemala, mejorar acceso a justicia para mujeres
Imagen retomada de la fundación Codespa.org
Por: Carmen Lucía Castaño, corresponsal
Cimacnoticias/Cerigua | Ginebra, Sui.- 21/11/2017

Fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres, implementar un plan nacional de prevención de la violencia de género y garantizar la adecuada investigación y sanción de los delitos en contra de mujeres y niñas, particularmente el feminicidio/femicidio, son algunas de las recomendaciones al Estado guatemalteco de las expertas del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW).

En su octavo y noveno informe sobre la situación de las mujeres en el país, el Comité manifestó su preocupación por las múltiples barreras que impiden a las mujeres acceder a la justicia, incluida la limitada cobertura del sistema de justicia en lugares remotos y las barreras lingüísticas, que actúan como disuasivos para que las mujeres no presenten denuncias.

A esto se suma el continuo estigma social, los estereotipos y la discriminación de género, particularmente de las mujeres indígenas, en las instituciones del sistema de justicia, así como insuficiente capacidad de los funcionarios para investigar y procesar los casos de alto nivel sobre violencia contra las mujeres que continúan impunes.

La falta de justicia en estos casos se debe regularmente a la corrupción, la falta de independencia del poder judicial o la influencia que poderes no estatales ejercen sobre los jueces, incluso mediante amenazas o asesinatos, señaló el Comité.

Ante esta situación, recomendó a Guatemala garantizar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la asignación de mayores recursos, el acceso a la asistencia jurídica, la interpretación y la implementación de protocolos de atención que tomen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, indígenas y afrodescendientes.

Recomendó además que se brinde capacitación obligatoria a jueces, abogados, personal encargado de hacer cumplir la ley y otros profesionales relacionados con el derecho de las mujeres al acceso a la justicia.

En el tema de las instituciones encargadas del tema de mujeres, el Comité CEDAW instó al Estado a que fortalezca el mandato de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), eleve la secretaría a un nivel ministerial, le asigne los recursos adecuados y que mejore su eficiencia operativa.

También que se aumente la capacidad y los recursos de la Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión Nacional Para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujeres (Conaprevi), y asegurar una mayor coordinación entre estas instituciones.

El Comité además recomendó implementar con carácter prioritario y dentro de un marco de tiempo específico un plan nacional para la prevención de la violencia de género contra la mujer, en el que se incluya a las indígenas, afrodescendientes, mujeres en situación de pobreza y discapacidad, así como las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.

En este mismo tema, pidió que se establezca un sistema centralizado de recopilación de datos sobre la violencia de género contra las mujeres desglosado por edad y relación entre la víctima y el perpetrador.

La delegación que representó al Estado estuvo encabezada por Leticia Aguilar, titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), y contó con la participación de funcionarios de la COPREDEH, el Ministerio del Trabajo, de Salud, representantes del Congreso y magistradas de las altas Cortes, presentes en la sede la ONU para el EPU de Guatemala, que tuvo lugar el 8 de noviembre.

El Comité dio al Estado un plazo de dos años para informar acerca de los avances en la investigación de Hogar Seguro, la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre Trabajadores Domésticos, y la participación de mujeres rurales, indígenas y garífunas en el desarrollo e implementación de políticas destinadas a conseguir su independencia económica.

De igual manera, el Estado deberá poner en conocimiento del Comité las medidas que tome para convertir la Seprem en un ministerio dotado de recursos suficientes para garantizar su funcionamiento.

Este Comité está conformado por 23 personas expertas internacionales que tienen como mandato velar por el cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento ratificado por Guatemala en agosto de 1982.

17/CLC/LGL








ESTADOS
POLÍTICA
   Diputadas locales analizarán las iniciativas
Proponen reformas legislativas para homologar DH de mujeres y niñas en el país
Imagen retomada de Facebook
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/11/2017

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados presentó ante la segunda Conferencia Nacional de Legisladoras un paquete de 32 iniciativas de reformas en materia civil, familiar y penal para garantizar los Derechos Humanos de mujeres y niñas.

El paquete de reformas se entregó a las diputadas locales y al gobernador de Yucatán y titular de la Comisión de Igualdad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Rolando Zapata Bello, reunidas este día en San Lázaro, durante el segundo encuentro al que asisten legisladoras de todo el país para revisar temas relacionados con la perspectiva de género y el quehacer legislativo.

La idea, explicó la autora de las propuestas, la a ex subsecretaria para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Patricia Olamendi Torres, es dar insumos a las legisladoras locales y a la Conago para que las promuevan y aunque señaló que aunque no hay una ruta fija para la aprobación de las mismas, las diputadas serán las encargadas de tomar las iniciativas como parte de sus agendas legislativas.

Las reformas son para que en todo el país exista el divorcio sin acreditar una causa, se elimine la figura de alienación parental, crear la figura de maltrato infantil, reconocer la legítima defensa cuando una mujer mata a su agresor, tipificar el suicidio-feminicidio y eliminar los beneficios de pre-liberación a agresores de mujeres.

En materia penal se propusieron modificaciones para cambiar el tipo penal de violencia familiar y establecer la reparación del daño integral y no únicamente el pago de una cantidad monetaria para las víctimas; también se propone incrementar las penas y perseguir de oficio, los delitos de abuso sexual y violación hasta los 18 años de edad.

Estas propuestas, dijo Olamendi Torres, se basan en la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la Convención Interamericana para para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Belém do Pará) y en tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una por feminicidio en Ciudad Juárez, conocido como Campo Algodonero, y dos por violación sexual contra las indígenas tlapanecas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en Guerrero.

Son dos los objetivos de esta propuesta expuso la consultora en género Olamendi Torres, el primero, modificar el orden legal existente para que las leyes tengan una visión de Derechos Humanos y el segundo trata de mejorar la situación de facto de las mujeres o de lo contrario, dijo, las normas no estarán cumpliendo con su objetivo.

Aseguró que ahora que los congresos están conformados por más mujeres, desde que en 2014 se legisló la paridad, las parlamentarias deben abrazar los de Derechos Humanos y defenderlos.

Aunque reconoció que el próximo año 28 estados renovarán sus congresos locales y las actuales legisladoras habrán concluido labores, agregó que van 20 años de armonización legislativa por lo que cuando lleguen las próximas diputadas debería existir un mecanismo de seguimiento para sacar estas reformas.

La diputada Laura Nereida Plasencia Pacheco entregó las propuestas ante la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; la senadora Hilda Flores Escalera; y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, entre otros funcionarios.

17/AGM/LGL








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
   
Narrativas y violencias feminicidas
imagen de Silvia Núñez Esquer
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 29/06/2017

Documentar el feminicidio o tentativas de feminicidio es una tarea que activistas y defensoras feministas emprendieron desde hace varios años con dos propósitos: visibilizar los crímenes por razones de género contra mujeres y analizar las narrativas periodísticas con discursos que naturalizan la violencia, y que contribuyen a confundir a la opinión pública, validando versiones de homicidios cuando sí hay circunstancias del tipo penal de feminicidio.
 
A pesar de que existen las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, especialmente en las entidades donde hay solicitudes de Alerta de Violencia de Género, no hay estados donde sea visible o medible el resultado de los supuestos cursos de capacitación dirigido a periodistas para deconstruir las narrativas periodísticas.
 
No es fácil, es cierto, no basta con dar cursos de “lenguaje incluyente”, pero por un lado hay evidencia de que se han invertido importantes recursos, aunque no siempre son impartidos por perfiles que reúnan, por un lado la experiencia en el feminicidio y, por otro en las coberturas periodísticas y desde enfoques feministas. Pero aún si se mira de manera positiva y optimista, hace falta conocer los indicadores de impacto y de cambio en quienes han participado en esos procesos de formación.
 
En la mayoría de los informes de las AVG, los indicadores construidos por los grupos de trabajo son apenas “aproximaciones” a la problemática, como la generación de observatorios sin proponer metodologías o metas de transformación y cambio en las coberturas periodísticas o la búsqueda de una deconstrucción de las narrativas hegemónicas.
 
La mayor dificultad la representa la evaluación de esos procesos de formación y sus resultados, pero ese no es el tema que nos ocupa básicamente, sino la persistencia a los 5 problemas identificados en las coberturas periodísticas de los feminicidios que se suman a las posturas institucionales que insisten en llamar “homicidios” a crímenes contra identidades femeninas en las que claramente –de no existir resistencia al tipo penal- se califican como casos de feminicidio por sus características con razones de género.
 
De esta forma esas posturas institucionales de las Fiscalías que evitan calificar como feminicidio y llaman homicidio, se convierten en el mayor obstáculo en la investigación y posterior sanción del delito para alcanzar la máxima de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia con la “erradicación”, a través de la aplicación de penas más altas que visibilicen la violencia de género.
 
A 4 años de la tipificación en varias entidades, y 5 en otras, es inaudito y sólo puede entenderse por la violencia estructural e institucional contra las mujeres, que sean las propias Fiscalías que a través de sus áreas de Comunicación Social y con la “fuente”, se difunda que algunas mujeres cuyas ex parejas las asesinan o lo intentan, sean calificados como “homicidio en grado de tentativa”, borrando de tajo todo el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
 
Ya no digamos del Protocolo Latinoamericano publicado por ONU Mujeres y por todos los Protocolos de investigación de feminicidio.
Esa postura institucional es el mayor obstáculo que influye en la opinión pública en forma negativa y contraria al reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y a los mandatos derivados de las Recomendaciones Generales de la CEDAW, el Mecanismo de Seguimiento a Belém do Pará y por supuesto a la Sentencia de Mariana Lima, en la que se establecen claramente estándares y criterios para la investigación de los asesinatos de las mujeres.
 
Ahí están las notas rodando por todo el país en los que son las Fiscalías las que “filtran” que se “no se trató de un feminicidio sólo la mató su ex por infidelidad”, y más preocupante es que las coberturas periodísticas dentro del Sistema Penal Acusatorio sigan con los mismos vicios del sistema anterior y criminalicen a las víctimas y obstaculicen el acceso a la justicia para las víctimas.
 
El principal obstáculo y trabajo a favor de los agresores y feminicidas no lo hacen los abogados de la defensa, sino las coberturas periodísticas que afirman que no son feminicidios sino crímenes pasionales, y con ello generan un ánimo en la opinión pública contrario a los derechos de la víctima que tiene en contra a todo el sistema y que es silenciada sin que se respeten sus derechos.
 
No es cosa pequeña una equivocada cobertura. Es, además de irresponsable, una pieza clave para entender por qué si hay 7 mujeres asesinadas diariamente por razones de género, hasta ahora son mínimos los casos de sentencias contra feminicidas por todo el país. Simplemente porque la reticencia al tipo penal encuentra alianzas patriarcales que dejan sin justicia a las víctimas y los medios de comunicación y sus coberturas son parte de esas alianzas.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG








ESTADOS
   Pilar Arguello Trujillo, fue asesinada en 2012
Cedaw ordenó a Estado mexicano reabrir expediente de feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Flavia Morales
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver.- 10/08/2017

El Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer  (CEDAW, por sus siglas en inglés), ordenó al Estado mexicano reabrir el expediente de investigación de feminicidio de la joven Pilar Arguello Trujillo, asesinada el 3 de septiembre del 2012 en Coscomatepec, cuyo asesino fue liberado.

El Comité dio un plazo de seis meses para garantizar el acceso a la justicia y ordenó investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de la violencia y el asesinato de Pilar.

El Colectivo Equifonía, a nombre de Aracely González Saavedra y Adriana Fuentes, presentó el caso ante el organismo internacional el de  agosto del 2014, y señaló que es la primera vez que este comité se pronuncia por un caso particular de feminicidio,   según una comunicación que les enviaron el pasado 7 de agosto.

Pilar, de 20 años de edad, fue asesinada y su cuerpo abandonado en un chayotal. Su cadáver presentaba señales de violencia sexual y  lesiones.

Su entonces pareja confesó haberla asesinado, violentado y abandonado en un sembradío. El agresor contó a las autoridades ministeriales, durante la reconstrucción de hechos, que bebió alcohol y cuando Pilar se negó a sostener un encuentro sexual, él la tomó del cuello, la tiró y la asfixió para después golpearla con una piedra y violarla.
 
El presunto culpable, de 16 años de edad, fue consignado en septiembre de 2012 ante la autoridad, pero dos meses después se desdijo de su declaración; y el juez de la Sala de Responsabilidad Juvenil consideró que la reconstrucción de hechos carecía de valor probatorio ya que no se había realizado conforme a Ley y sin tomar en cuenta pruebas periciales decidió liberarlo.

El caso quedó impune al igual que muchos otros crímenes en los que a pesar de que el presunto agresor es una persona cercana y conocida de la víctima, la autoridad ministerial no castiga al homicida.

En la argumentación para presentar el caso ante el Comité CEDAW, las activistas, Aracely González y Adriana Fuentes, señalaron que las autoridades ministeriales actuaron con negligencia, no realizaron actuaciones que eran fundamentales para llegar a la verdad, no se tomó en cuenta la declaración de testigos, tampoco se consideraron las hipótesis de feminicidio,  ni se valoraron las pruebas de violencia sexual y lesiones.

En el caso no se aplicó el Protocolo de diligencias básicas en los casos de feminicidio que se debe seguir, lo que dio lugar a vacíos e irregularidades en la investigación.

El Comité expresó también su preocupación por el número elevado de casos de feminicidio en Veracruz y la inexactitudes de los procedimientos para registrar y documentar los asesinatos de las mujeres, lo que menoscaba la adecuada investigación de los casos  e impide que las familias sean notificadas puntualmente y se haga una evaluación completa del feminicidio.

Entre las recomendaciones de la CEDAW destaca que el estado mexicano debe eliminar los obstáculos que hayan impedido llegar a esclarecer el feminicidio y la identificación de los autores.

También pide garantizar el funcionamiento del sistema de justicia y la investigación eficaz de los homicidios de mujeres, reforzar la capacitación a los agentes estatales que participen en la investigación de casos de violencia contra la mujer.

En la recomendación del organismo internacional también se pide garantizar el apoyo legal en el acceso a la justicia  y a todas las garantías legales de protección a los familiares de las mujeres asesinadas como consecuencia  de actos de violencias por razón de género. 

17/FM








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Noveno informe de México ante CEDAW
En cuatro años, de 713 alertas Amber, localizaron a 482 niñas y adolescentes
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/05/2017

El noveno informe de México en cumplimiento con la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas inglés), asegura que el índice de efectividad en la localización de niñas y adolescentes a través de la Alerta Amber fue de 68 por ciento en los últimos cuatro años.
 
El reporte que por obligación entrega cada 4 años el Estado mexicano a CEDAW sobre la situación de los derechos de las mexicanas, reporta que de mayo de 2012 a octubre de 2016 la Coordinación Nacional de Alerta Amber activó 713 alertas, y de estas, logró localizar a 482, como resultado de la adopción del mecanismo en los 32 estados del país.
 
Estas medidas responden a las recomendaciones emitidas en 2012 por la CEDAW al Estado de mexicano, que incluía la creación de un registro nacional de desaparición de mujeres y niñas, y volver operables los protocolos Alba y Amber para su localización efectiva. Con ello, el informe se presentó en diciembre de 2016 y fue hecho público a través del portal web del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en abril de 2017.
 
Aunque no cuenta con datos desglosados por entidad o año que indiquen cuántas alertas se activaron respectivamente, el reporte del gobierno mexicano señala que cada año aumentó la localización de menores de edad en el país: de las alertas activadas de 2012 a 2014 se estima que 68 por ciento resultaron positivas, en 2015 el porcentaje subió a 69 y en 2016, 70 por ciento de la niñez y adolescencia desaparecida se localizó.
 
Sin embargo, los reportes de desaparición de niñas y adolescentes indican que la situación de este sector es más grave. La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) reporta que entre 2012 y 2014, fueron tres mil 170 casos de niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años de edad reportados como desaparecidos o extraviados; 59 por ciento eran mujeres (mil 880 casos).
 
De esta población femenina, 52 por ciento tenía entre 15 a 17 años de edad; 30 por ciento entre 10 a 14 años; 4 por ciento de 5 a 9 años; y 13 por ciento de cero a 4 años de edad. Y se concentraban en los estados de Tamaulipas (224 reportes), Estado de México (277), Baja California (213) y en Puebla se sumaban 67 casos.
 
Organizaciones como Redim, han denunciado que la activación de las alertas Amber, no corresponde con el número de reportes de desaparición de niñas, niños y adolescentes en el país. También, concluyen que su funcionamiento no es expedito, hay falta de capacitaciones de las autoridades y se desestiman las denuncias de las víctimas.
 
En el caso del Protocolo Alba –para la búsqueda de mujeres sin esperar 72 horas- el reporte informa que la Fiscalía General del estado de Chihuahua activó en el mismo período (2012-2016), mil 112 veces el mecanismo, que implicaba a mil 143 mujeres y niñas, de las cuales 96 por ciento fueron localizadas, es decir, mil 120.
 
El informe público indica que hasta la fecha, los estados de Jalisco, Estado de México, Tabasco y Guerrero también cuentan con el Protocolo Alba, pero no se incluyen cifras que reporten sus actividades.
 
LAS ESTRATEGIAS
 
Para hacer funcionar el mecanismo de la Alerta Amber, el informe reporta que se instauró un número gratuito, correo electrónico y aplicaciones móviles para la consulta ciudadana.
 
Añade que contó con la participación de organizaciones civiles, la academia, empresas privadas, y dependencias e instituciones de seguridad pública, además de la capacitación del personal y creación de protocolos estatales en colaboración con la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
 
Como parte de la estrategia de difusión, señala que el uso de redes sociales fue fundamental “en 2014 inició la Coordinación Nacional de dos cuentas: Twitter con más de 86 mil seguidores y Facebook, con más de 55 mil”.
 
Este informe también presenta los avances en las Alertas de Violencia de Género (AVG), prevención, atención, y procuración de justicia para las mujeres, educación en sexualidad, empleo y trabajo remunerado y participación en la vida política y pública de las mujeres. Con lo que la evaluación de CEDAW -institución de Naciones Unidas- a México será hasta el año 2018.
 
17/HZM/GG
 








QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
El informe CEDAW de México I
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 25/04/2017

Lograr que el Estado Mexicano involucre una mirada de género y de Derechos Humanos en sus acciones no ha sido tarea sencilla, mucho menos desde una perspectiva de garantizar la igualdad como una vía en el acceso a la justicia, no para dar el mismo trato a desiguales –por ejemplo la sentencia del Caso Porkys- sino para entender e involucrar las desigualdades históricas y el complejo sistema de control sobre el cuerpo de las mujeres que los lleva a naturalizar la violencia sexual contra las niñas, adolescentes y mujeres.
 
El Informe para la CEDAW de México ya fue presentado tal y como se esperaba por parte del Gobierno Mexicano, y el documento reúne diversos compromisos que se presentan como grandes avances para revertir la discriminación que viven las mujeres en México. El Comité para la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer deberá dar respuesta a este informe y señalar las recomendaciones generales y reconocimientos que se deriven del cumplimiento de las presentadas en el informe octavo y noveno.
 
Sin embargo, una lectura concienzuda del Informe nos da un largo y general listado de acciones institucionales que desde el Gobierno Federal se anuncian que han sido cumplidas y que realmente están beneficiando a las mujeres, pero la mayoría de lo señalado en el documento dista mucho de la realidad. La mejor muestra de “contradicción” entre la realidad y lo que nos dice el Informe es la “perspectiva de género” en los jueces y magistrados de los Tribunales en los estados.
 
Si bien a nivel federal la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado un trabajo por encabezar la aplicación de la perspectiva de género en la justicia con su Protocolo, capacitación a jueces y magistradas y magistrados, con disposición de Judicaturas para abrirse a estos temas de discusión y fallos novedosos en los Juzgados de Distritos, lo cierto es que las entidades siguen siendo un asunto lleno de opacidad y terreno peligroso.
 
No solo hay falta de voluntad en la mayoría de los jueces y juezas, sino que los magistrados y magistradas suelen “proteger” a éstos con sentencias a apelaciones promovidas por las familias y defensas de las víctimas de violencia sexual y, en el peor de los casos, se confirma la premisa sexista de que “ella se lo buscó” o simplemente su palabra no tiene credibilidad, silenciando así a las víctimas.
 
Bastaría revisar en ese proceso de la cadena de justicia cuántos casos son reportados ante los números de emergencia (ahora 911) sobre hechos de abuso y violencia sexual contra niñas y niños, contra adolescentes y mujeres, para ver que el número de casos sentenciados y sentencias ratificadas es muy inferior proporcionalmente.
 
El documento de ONU Mujeres sobre la violencia feminicida en México da cuenta de esta larga y tediosa búsqueda de justicia en México que ha empeorado –por la justificación de que así es el nuevo sistema- en los últimos años, reduciendo el número de sentencias sobre casos denunciados de violencia sexual contra las mujeres en las entidades federativas.
 
Lo peor es que en muchas entidades y como parte de una política pública se ha implementado un “rediseño de las estadísticas”, renombrándolas de manera retórica para evitar que al leerlas se asocie con la violencia de género y así finalmente las cifras disminuyen.
 
Para nadie, en el sistema de justicia, es un secreto que la mejor forma de “bajarle” a un delito es reclasificándolo, aunque con ello vaya de por medio el derecho de la víctima a la no mediación cuando se trata de hechos de violencia que ocurren en un contexto familiar, victimizando y obligando a la persona que sufrió el hecho a sentarse frente a su agresor y esperarlo porque no le da la gana llegar a las audiencias.
 
Si revisamos párrafo a párrafo y cotejamos los anexos, lo cual estamos realizado con el propósito de verificar cuáles recomendaciones se cumplieron para saber qué cuentas exigir y qué aspectos están informando las entidades federativas, es tarea de quienes estados en los estados informar y compartir información de que no vemos trabajando al Sistema Estatal para Prevenir la Violencia en la mayoría de las entidades, que tampoco vemos que sean aplicables los Programas de Igualdad y de Prevención de la Violencia –en los estados donde sí hay- y que es prácticamente inexistente la política pública en los Planes de Gobierno de los gobiernos que entraron entre 2014-2015 y 2016.
 
Esas generalidades enunciadas en el Informe, como presumir que una Ley contra la tortura aprobada ya es la forma de proteger a las mujeres y prevenir la tortura sexual, es en realidad una retórica breve de un párrafo, pero que representa el desconocimiento que tienen sobre el tema las personas que redactaron el documento. Simplemente no hay aún una Ley aprobada y vigente, pues el Senado la envío a la Cámara de Diputados y apenas la semana pasada fue aprobada y será regresada de nuevo al Senado para su revisión con las modificaciones hechas.
 
Y así podría enlistar las observaciones que se derivan del Informe, con el único propósito de comprometer al Estado a mirar este documento como el resumen de las acciones encaminadas a garantizar la vida de las mujeres, en un país en el que a diario son asesinadas 7 mujeres por el hecho de ser mujeres.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Pendientes casos de “Las 17 y más”
Perseguida tras emergencia obstétrica, salvadoreña es asilada en Suecia
Imagen retomada del twitter Las 17 El Salvador.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | San Salvador, Sal .- 22/03/2017
La Dirección General de Migraciones de Suecia concedió asilo a María Teresa Rivera, una de “Las 17 y más” mujeres condenadas injustamente por emergencias obstétricas, tras sufrir persecución en El Salvador y de pasar cuatro años y medio en prisión, por una condena de 40 años que le impuso el sistema judicial en 2012.
 
María Teresa, de 35 años de edad, fue acusada primero de aborto y luego de homicidio agravado, debido a la errónea interpretación que hizo el sistema judicial del parto precipitado extra hospitalario que sufrió, informó en un comunicado la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico, una de las organizaciones que la apoyó durante su proceso judicial y para conseguir el asilo. 
 
Cuando María Teresa tenía cinco años de edad, señala la Agrupación, su madre emigró a Estados Unidos y nunca más supo de ella, su padre la abandonó y hasta los nueve años vivió con su abuela materna. Después tuvo que irse a una Aldea Infantil y, ya adulta, trabajó en diferentes maquilas para sustentar a su hijo. 
 
En 2011, tuvo problemas de salud: dolores en el vientre bajo y continuos sangrados vaginales. Le diagnosticaron infección de los oídos y de la vejiga, para lo cual le recetaron antibióticos. La noche del 24 de noviembre, sintió ganas de ir al baño y fue a la letrina de su casa; horas después la encontró su suegra desmayada en un charco de sangre. 
 
La trasladaron al Hospital Primero de Mayo, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde ingresó con un fuerte shock hemorrágico. El personal del hospital la acusó de aborto y, de manera inmediata, la Fiscalía la envió a las bartolinas de la policía. 
 
María Teresa no sabía que estaba embarazada pues tenía continuos sangrados vaginales y su vientre no había crecido. Tampoco lo sabían los médicos que le atendieron antes de la emergencia.
 
En un principio fue investigada por “aborto”; pero la fiscalía cambió la tipificación del delito a homicidio agravado debido a un informe del Instituto de Medicina Legal que luego sería declarado nulo por padecer de serias irregularidades metodológicas.
 
El 27 de julio de 2012, relata la Agrupación,” María Teresa fue condenada sin pruebas directas a una pena desmesurada de 40 años por un delito que no cometió, producto del desconocimiento de los administradores de justicia que realizaron una equivocada interpretación de los hechos ocurridos”.
 
ERROR JUDICIAL
 
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto conoció su caso y se comprometió a apoyarla para que se hiciera justicia y recuperara su libertad.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estudió su caso y en la Resolución SS-0227-2014, manifestó que se le violaron sus derechos a la igualdad y no discriminación por su condición de mujer; así como “al debido proceso judicial por inobservancia de las garantías judiciales, como la presunción de inocencia, in dubito pro reo y derecho a ser juzgada por un juez independiente e imparcial”.
 
Por la falta de garantías que se dieron durante todo el proceso, sus defensores legales y las organizaciones que la apoyaron presentaron en 2012 un Recurso de Revisión de la Sentencia. 
 
Finalmente, el 20 de mayo de 2016, el Tribunal Tercero de Sentencia, al concluir la audiencia extraordinaria reconoció que, no habiendo suficientes elementos que probaran la comisión de ningún delito por parte de María Teresa Rivera, quedaba demostrado que su condena en 2012 fue un error judicial. 
 
El tribunal anuló la sentencia y dictó  inmediatamente su libertad, después de haber pasado cuatro años y medio en prisión injustamente.
 
Sin embargo, la Fiscalía General de la República no aceptó esta sentencia absolutoria y presentó un recurso en contra de ella en junio 2016. El recurso fue desestimado. 
 
Ante esta permanente persecución y acoso, María Teresa y su hijo sintieron que su única alternativa era abandonar El Salvador puesto que el Estado no les ofrecía ninguna garantía judicial. 
 
Ambos se trasladaron a Suecia y la Dirección de Migración de ese país le concedió asilo, a ella y a su hijo, el 20 de marzo de 2017, por considerar que sufrió persecución por el hecho de ser mujer, por sus opiniones políticas y porque podría enfrentar futura persecución si fuera devuelta a El Salvador. Además, sufrió maltrato al pasar más de cuatro años en prisión por un delito que nunca cometió.
 
Gracias al Gobierno de Suecia y al apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y la solidaridad de la comunidad salvadoreña y sueca, María Teresa podrá reconstruir su proyecto de vida junto a su hijo, aunque lejos de su país de origen, señala el comunicado. 
 
La Agrupación considera que estos casos no se deben repetir  y que,  tal como acaba de recomendar el 3 de marzo de 2017 el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en sus “Observaciones a El Salvador”, se debe revisar el Artículo 133 del Código Penal de El Salvador para despenalizar el aborto.
 
Afirma también que se debe introducir una moratoria en la aplicación de la ley vigente y se debe revisar la detención de mujeres por delitos relacionados con el aborto, con el fin de garantizar su liberación.
 
“Es la oportunidad, dice, de que el Sistema Judicial revise los casos de “Las 17 y más” mujeres que siguen encarceladas, concediendo un indulto, conmutación de pena o beneficios penitenciarios que lleven a su liberación”.
 
“Asimismo, es momento de que la Asamblea Legislativa reforme la legislación sobre aborto para que no se produzcan más estas situaciones y errores judiciales, como el sufrido por María Teresa y “Las 17 y más”.
 
17/RED/GG
 
 







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