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REPORTAJE
POLÍTICA
   Faltan herramientas que garanticen sus derechos políticos
   
En 2018 habrá paridad, pero candidatas aún enfrentarán violencias
Archivo CIMACFoto
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017

En 2018 habrá elecciones en México para renovar la Presidencia de la República y elegir 3 mil 326 cargos legislativos, lo que supone  gran cantidad de mujeres participando, aunque las analistas presagian que las virtuales candidatas podrían enfrentar violencia para desalentar su incursión en la política.
 
La buena noticia –dicen las expertas– es que todos los partidos políticos estarán obligados a postular igual número de mujeres y varones a los cargos electivos (principio de paridad de género) pero la mala es que todavía no hay suficientes herramientas para que   compitan en condiciones de igualdad.
 
A la fecha el principio de paridad en candidaturas aplica para integrar la Cámara de Diputados federal, el Senado y los 32 Congresos locales. Sin embargo, hay casos, como el de Oaxaca, donde la paridad es constitucional aunque su ley electoral establece solo una cuota de género del 40 por ciento en candidaturas al Poder Legislativo.  
 
Entre los problemas que enfrentarán las aspirantes a una candidatura y a un cargo de elección están: no tener un piso parejo en la competencia, por ejemplo, que los partidos elijan a mujeres para gobernar a través de ellas; falta recursos para hacer campaña y de espacios en medios de comunicación; acompañamiento de los líderes del partido y, en particular, acoso, amenazas, descalificación o intromisión en su vida privada.
 
MÁS ASPIRACIÓN, MÁS VIOLENCIA
 
Ante la falta de una legislación que defina el término violencia política, en 2014 instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres crearon el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres para crear una ruta de atención a estos casos. 
 
De acuerdo con el Protocolo, la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
La consultora e integrante de la comisión que está actualizando este instrumento, Teresa Hevia Rocha, señala que en los últimos dos procesos electorales en los estados se ha visto recrudecer la violencia contra las mujeres; en especial cuando compiten por obtener un cargo en los ayuntamientos.
 
Están los casos de mujeres que ganaron la elección y que fueron violentadas para obligarlas a abandonar el cargo: Samantha Caballero, en el municipio de San Juan Bautista lo de Soto, en Jamiltepec, Oaxaca; Felicitas Muñiz, en el municipio de Cuilapan, en Guerrero; y Rosa Pérez, en el municipio de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, entre muchos otros.
 
Dice Hevia Rocha que hay menos casos de violencia cuando se busca una diputación pero se incrementa en los municipios porque todavía hay un rechazo a que las mujeres tengan posiciones de autoridad y porque los municipios son los más condicionados porque allí están los programas, los recursos, la posibilidad de influir y porque al ser cargos unipersonales concentran el poder.
 
Para la experta es importante que a nivel federal y en los estados se legisle y que estas conductas contra las mujeres en la política se sancionen. Según un análisis que realiza sobre la normatividad en la materia, hay 17 estados que han incorporado la figura de violencia política de género, pero destaca Oaxaca que incluyó el término en el Artículo 401 bis de su Código Penal y Nayarit que lo tienen como una infracción en su ley electoral.
 
LEYES SIN ARMONIZAR
 
Después de la reforma político electoral de 2014 que elevó a rango constitucional la paridad de género, algunos estados han legislado también para incorporar la violencia política, pero aún hay una diversidad de criterios. En el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa, que se realizó esta semana, el tema apenas fue mencionado por la senadora Diva Hadamira Gastélum.
 
La normatividad indica que hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral. 
 
Además nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia.
 
Al respecto, la ex senadora independiente y fundadora de la organización Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, Martha Tagle Martínez, dice que es necesario empezar a hablar de la violencia y visibilizarla como un delito electoral porque estas formas de intimidación buscan que las mujeres no puedan ejercer de manera plena sus derechos políticos.
 
A decir de la ex legisladora, esta violencia siempre ha existido pero nunca se ha conceptualizado como tal y es a raíz del aumento de las mujeres violentadas en política que se ha dado esta discusión, justo cuando surge la necesidad de contar con herramientas legales para hacerle frente.
 
Por ello, en febrero pasado la entonces senadora propuso citar a comparecer ante el Senado al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, para que expusiera las acciones en la materia. Según esta instancia, de 2013 a 2016 se iniciaron 416 expedientes por violencia política contra mujeres; de los cuales 53.1 por ciento se presentaron en 2016. 
 
Tagle Martínez explicó que en dos ocasiones el Senado aprobó una minuta en la materia para definir el término en las leyes electorales, primero en febrero de 2013 y luego en marzo de 2017. En ambos casos la reforma no fue avalada por la Cámara de Diputados por lo que a nivel federal el tema sigue atorado.  
 
Pese a ello, el tema poco a poco se ventila y, por ejemplo, en 2016, el Instituto Electoral del estado de Zacatecas hizo un estudio con 45 síndicas, presidentas municipales y diputadas electas de 2016 a 2018 en la entidad y 29 (65 por ciento) dijeron haber sido víctimas de violencia durante la precampaña o campaña.
 
17/AGM/GG








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   ONG presentan amparo
Gobierno de Macri recorta presupuesto contra la violencia de género
Imagen retomada del portal feim.org.ar
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 16/02/2017

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres presentaron ayer un amparo para que se declare inconstitucional el recorte ordenado por el presidente Mauricio Macri para quitar 67 millones de pesos (casi 90 millones de pesos mexicanos) al presupuesto asignado en noviembre pasado por el Congreso al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y al Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA).

Es ilegal que el Ejecutivo use “superpoderes” para recortar el presupuesto aprobado para las políticas que previenen y combaten la violencia contra las mujeres, señalaron en un comunicado conjunto la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (Caref), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21.

El recorte se da cuando hay “una situación alarmante” en relación a los femicidios, dijo a la prensa la secretaria de Género de la CTA, Estela Díaz. En las últimas semanas, la cifra de una mujer asesinada cada 30 horas se ha convertido en una asesinada cada 18 horas. Y ante ello el gobierno debería llamar a todos los organismos oficiales, académicos, etc., para analizar cómo enfrentar esta “situación terrible de violencia contra las mujeres”, dijo. 

La medida de Macri, dice el comunicado, “es violatoria de los derechos de las mujeres y las niñas y representa una fuerte limitación a las políticas de prevención que benefician a la sociedad en su conjunto”.

Las organizaciones demandantes consideran que el recorte que quieren revertir fue una “sustracción ilegal” y debe servir  también “para que se establezcan los mecanismos de monitoreo para la ejecución del presupuesto que impedirán que esta situación se repita”, explicaron.

EL RECORTE

Las organizaciones demandantes notaron que en el presupuesto enviado por el Ejecutivo para este año no se podía identificar una partida para el PNA, que, según lo que se había anunciado en noviembre, requería 47 millones de pesos sólo para su primer año de ejecución, sin contar los  fondos necesarios para el plan de construcción y equipamiento de los Hogares de Protección Integral.

Además, el presupuesto incluía una reducción de 8 por ciento en el presupuesto al CNM, si se tomaba en cuenta la inflación prevista por el propio Macri.
Ante esto, para señalar su extrañamiento y preocupación, se presentaron ante el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados. Y ayer exigieron en su demanda que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que recupere los 47 millones de pesos correspondientes al PNA, y que restituya los 20 millones de pesos recortados al CNM,  “partidas sustraídas de forma ilegítima”.

Para las ONG “resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios a políticas contra la violencia de género”.

17/GGQ








ESTADOS
POLÍTICA
   El alcalde la considera incapaz por ser mujer y sin estudios
Discrimina a indígena e impide que sea Síndica Única
Por: Eduardo Contreras
Cimacnoticias/página3.mx | Tuxtepec, Oax .- 05/01/2017

Por el hecho de ser mujer e indígena y no contar con estudios, el presidente municipal de San Juan Bautista Valle Nacional -en la región de la Cuenca del Papaloapan-, impidió que una de las concejales asumiera el cargo de Síndica Única en esa entidad.
 
La concejal de ese Ayuntamiento, Francisca López Sabino expresó las anomalías y la serie de comentarios discriminatorios por parte del recién nombrado presidente municipal constitucional de ese municipio chinanteco, Álvaro Hernández Méndez, durante la sesión solemne de instalación del cabildo el pasado 1 de enero.
 
La regidora expuso que de acuerdo con el acta de mayoría emitida por el Consejo Municipal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), a ella le correspondía la segunda posición dentro de ese Ayuntamiento, pero el edil no respetó el documento emitido por la autoridad electoral.
 
Denunció que presentaron un acta falsa, diferente a la emitida por el IEEPCO, un documento, donde su nombre aparece inscrito pero en la séptima posición que corresponde a la Regiduría de Educación.
 
“En tres ocasiones me quisieron obligar para que firmara el acta de cabildo, pero no lo hice, entonces me sacaron de la sala porque me negué rotundamente en firmar ese documento”, dijo.
 
La regidora fue tajante al denunciar que el edil de Valle Nacional, Álvaro Hernández, refirió que por ser mujer, indígena y no tener un grado de estudios, se encontraba impedida para poder desempeñarse en la segunda posición dentro del cabildo que corresponde a la Sindicatura Única.
 
Asimismo señaló que el alcalde, previo a la jornada electoral firmó un acuerdo, donde dijo que respetaría las posiciones de cada uno de los regidores si se ganaba la contienda, y ahora que llegaron al poder no quiere cumplirlo.
 
17/EC/KVR








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