Aborto legal

ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Piden a Tribunal aceptar amparo que la dejaría libre
   
Dafne, víctima de violencia obstétrica, permanece en reclusión
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/10/2017

Este año, Dafne McPherson Veloz cumplió dos años en una prisión de Querétaro por un delito que no cometió. En 2015 tuvo un parto fortuito en el baño de la tienda departamental Liverpool, pero la tienda negó al personal médico el acceso al lugar, lo que provocó la muerte de la recién nacida. Pese a que fue víctima de violencia obstétrica, se le acusó de matar a su hija. Actualmente el poder judicial de ese estado discute un recurso de amparo interpuesto por su defensa legal para dejarla en libertad.

A través de la campaña #DafneLibreYa, organizaciones civiles y más de 50 mil 200 personas que firmaron una petición en la plataforma Change.og exigieron al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Querétaro, que admita el recurso de amparo “lo antes posible” y retire los cargos contra Dafne. La instancia de justicia resolvería el amparo el pasado 19 de octubre, pero ese día informó que postergaría su decisión.

De acuerdo a su defensa legal, encabezada por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A. C. (GADH), Dafne fue condenada a 16 años de prisión por homicidio calificado agravado, luego de un proceso lleno de irregularidades, pues se violó el debido proceso, su derecho a la presunción de inocencia y se juzgó sin perspectiva de género ni de Derechos Humanos.

Dafne trabajaba en una tienda de Liverpool ubicada en San Juan del Río, Querétaro, no sabía que estaba embarazada pues padece hipotiroidismo y durante sus ocho meses de gestación asoció los síntomas que presentó con la enfermedad.

El 17 de febrero de 2015 sintió un dolor en el vientre, fue al baño y a las 17:30 horas presentó un parto fortuito (parto espontáneo que se da fuera de las instalaciones hospitalarias sin condiciones óptimas para la gestante y el producto) que le causó una hemorragia y la pérdida de conocimiento.

Por decisión del personal de la tienda, ella y su hija fueron atendidas y trasladadas a un hospital hasta las 19:50 horas, lapso en el que murió la recién nacida.

La abogada de Dafne, Karla Micheel Salas Ramírez, destacó hoy en entrevista con Ciro Gómez Leyva que Dafne fue víctima de violencia obstétrica porque se le negó una atención médica de calidad, sin embargo, dijo, la Procuraduría General de Justicia de Querétaro prefirió culparla de inmediato.

Primero se le acusó por el delito de aborto, tres meses después fue detenida por homicidio calificado contra su hija, y durante la audiencia en la que fue sentenciada se le acusó con argumentos estereotipados “por no actuar con su instinto de madre”.

En Querétaro está penado el aborto en cualquier etapa de la gestación, a excepción de que éste se ejerza porque el embarazo fue producto de una violación o porque la gestación sea interrumpida de forma “imprudencial”. De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) de 2007 a 2012 al menos 98 mujeres fueron sentenciadas por abortar. Mientras que de 2013 a 2015 se registró que se iniciaron averiguaciones previas contra 11 mujeres inculpadas por la misma razón.

Desde el primer momento Dafne fue criminalizada. Durante su traslado al hospital y mientras recibió atención médica, estuvo custodiada en todo momento por personal de la Procuraduría, quien no preguntó su versión de los hechos ni sus antecedentes médicos, denunció durante la entrevista radiofónica la abogada Karla Micheel Salas Ramírez.

Mientras, Dafne cumple una condena por un delito que no cometió. La tienda que impidió la entrada de personal médico para atenderlas (a ella y a su hija) sólo fue sancionada con una multa de 30 mil pesos y no se investigó la responsabilidad del personal.

En un comunicado, el GADH instó al Tribunal otorgue el amparo a Dafne pues ello la dejaría en libertad y marcaría un precedente porque su caso es un ejemplo de la criminalización que viven las mujeres en México por parte del sistema de justicia. “Cada día que pasa en la vida de Dafne, sus derechos siguen siendo violentados”, sentenció.

17/MMAE/LGL

 








INTERNACIONAL
   Tribunal aceptó extender “objeción de conciencia”
   
Hospitales en Chile podrán decidir no practicar aborto
Especial
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/08/2017

El Tribunal Constitucional de Chile (TC) determinó que el personal médico y las instancias de salud pueden abstenerse de practicar un aborto si previamente externan no estar de acuerdo al titular de la institución y que sólo estarán obligados a realizarlo cuando la vida de la mujer esté en riesgo por el embarazo.
 
Ayer el TC publicó un fallo donde expuso que la objeción de conciencia, es decir la libertad de decidir si interrumpen o no un embarazo (el personal médico), se extenderá a las instancias de salud. El proyecto de ley originalmente contemplaba solo al personal que labora en el “pabellón quirúrgico durante la intervención”.
 
Lo anterior tras la discusión desde el pasado 16 de agosto de dos recursos de impugnación interpuestos por senadores de la coalición política Chile Vamos donde calificaban de “anticonstitucional” el proyecto de ley propuesto por la presidenta Michel Bachelet en 2015, y solicitaban analizar la objeción de conciencia.
 
El TC rechazó que fuera “anticonstitucional” la ley que considera legal el aborto por tres causales: cuando está en riesgo la vida de la mujer embarazada, por la actividad fetal incompatible con la vida; y cuando el  embarazo sea producto de una violación sexual.
 
Aún cuando el proyecto establece que el centro de salud está obligado a reasignar a la paciente con personal que no haya objetado, incluso cuando no se encuentre dentro de la instancia médica, falta que el Ministerio de Salud chileno publique los protocolos específicos para que el principio de objeción de conciencia se aplique.
 
Solo se estipula que habrá excepciones en la aplicación de la objeción de conciencia cuando la mujer embarazada “requiera atención médica inmediata e impostergable” por riesgo de vida cuando no exista otro médico para atenderlas.
 
 
Antes del fallo, el proyecto de ley contemplaba como obligatorio que aún cuando el médico hubiera externado su objeción de conciencia y en caso de no existir otro médico para atenderla, las mujeres podrían acceder al aborto antes de las 12 semanas de gestación, y en el caso de las niñas, hasta las 14 semanas, siempre y cuando el embarazo fuera producto de una violación; sin embargo esta excepción quedó fuera del proyecto.
 
Cifras de Poder Judicial de 2016 de aquél país, revelaron que 66 por ciento de los embarazos producto de una violación fueron presentados por niñas menores de 18 años.
 
El fallo del Tribunal también plantea que las instancias médicas decidirán si mantienen dentro de su plantilla laboral a personal que no comparta la objeción de conciencia. 
 
Organizaciones chilenas se han pronunciado en cuanto al principio de objeción de conciencia. Días antes del fallo la vocera de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, Gloria Maira, externó en una columna “Entonces, el personal de salud puede tener objeción de conciencia respecto de hacer un procedimiento, pero las mujeres no podemos tener el mismo nivel de conciencia a efectos de poder tomar una decisión tan determinante para nuestras vidas”.
 
Y en entrevista con esta agencia, la defensora destacó que si bien la despenalización del aborto “significa un avance para el derecho a decidir de las mujeres en su cuerpo”, la ley aún es restrictiva porque no contempla que las mujeres “puedan decidir libremente” acceder a un aborto.
 
Una de las limitantes del proyecto de ley es, por ejemplo, que aún y cuando las mujeres cumplan una de las tres causales, deberán manifestar previamente por escrito que es su voluntad interrumpir el embarazo, con excepción de las que lleguen por emergencia para su salud.
 
 17/MMAE








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Negocian, no quieren discutir: diputada
Posponen de nuevo debate sobre NOM 046 sobre violación e ILE
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/03/2017

Por segunda ocasión, la Cámara de Diputados pospuso el debate sobre la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que reforzaría la responsabilidad del personal de salud para ofrecer anticoncepción de emergencia y la interrupción del embarazo a las mujeres víctimas de violación sexual.
 
En la sesión de hoy se tenía previsto discutir cinco iniciativas en materia de género, pero sólo se aprobaron tres: una al reglamento interno de la Cámara baja, otra en materia de violencia económica y una más sobre atribuciones municipales; sin embargo en las dos restantes los grupos parlamentarios no lograron un acuerdo y decidieron postergar la discusión.
 
Apenas el jueves 9 de marzo, el pleno de San Lázaro pospuso la aprobación de la reforma a los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso que establecía la obligación de los estados y del Sistema Nacional de Salud de capacitar a los prestadores de servicios de salud en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) que regula el aborto en casos de violación.
 
Cuando la diputada priista y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco, estaba a punto de presentar el dictamen sobre la NOM 46, las diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón Castillo y Cristina Gaytán Hernández; así como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín y César Camacho Quiroz, pidieron aplazar la discusión para este jueves.
 
Las y los legisladores reclamaron que no conocían los dictámenes, que se hicieron acuerdos “en los oscurito” y que se violentaba el proceso legislativo porque en la reforma en materia de violencia económica se hicieron modificaciones de última hora. Acusaron que la Comisión convocó a una reunión a las once de la noche mientras que otras no fueron convocadas.
 
Entre los reclamos no quedó claro qué dictamen se aplazaría, pero finalmente la presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Murguía Gutiérrez, aclaró que los temas en vilo eran las reformas sobre la NOM 046 y otra sobre la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG). Ambas fueron aplazadas para el próximo jueves. 
 
La diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, manifestó su preocupación, ya que los coordinadores del PAN y del PRI no se pusieran de acuerdo y advirtió que hay una negociación y no se quiere discutir temas fundamentales sobre los derechos de las mujeres; en tanto que la perredista Cecilia Soto aclaró que la discusión no era aprobar el aborto sino reforzar acciones que ya están en la ley.
 
Mientras en las curules circulaban tarjetas con un feto y la negativa al aborto, Jorge Carlos Ramírez Marín, rodeado por César Camacho y un grupo de legisladores, dijo que después de hablar con los coordinadores parlamentarios se acordó reorganizar la sesión para que no se diga que alguien no conoció los documentos o que se trabajó en los oscurito.
 
Finalmente la diputada Plascencia Pacheco destacó que ninguna de las reformas contraviene el marco jurídico nacional o internacional y afirmó que el dictamen sobre la NOM 046 está enfocado en fortalecer la atención de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual por lo que pidió consideración con estas modificaciones a la ley.
 
Las reformas aprobadas y enviadas al Senado dicen que la violencia económica también se expresa en recibir un salario menor por realizar un trabajo igual; que los municipios deben tener un Sistema Municipal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; y que las inactivas legislativas deben tener perspectiva de género
 
17/AGM/GG
 
 








INTERNACIONAL
Aborto
   Se impidió que menores accedieran a procedimiento sin consentimiento de sus padres
Disminuye interrupción del embarazo en España
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp.- 05/01/2017

El número total de interrupciones voluntarias de embarazo en 2015 fue de 94 mil 188, lo que supone 608 menos que el año anterior y el cuarto descenso consecutivo desde que entró en vigor la ley de 2010, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 
El informe precisó que un total de 200 centros notificaron que hubo 94 mil188 abortos, una tasa del 10.40 por ciento por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años.
 
Se trata de la primera estadística que se da a conocer, después de la entrada en vigor de la Reforma de la Ley del Aborto en septiembre de 2015, que impide a las menores de 18 años interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno.
 
Hasta junio de 2010 estaba en vigor en España la Ley de supuestos –que restringía el aborto a tres casos: violación, malformación del feto o riesgo para la madre– de 1985. Después entró en vigor la normativa de plazos, que permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación.
 
El balance final hasta el cambio legislativo de 2010 fueron 113 mil interrupciones voluntarias del embarazo. Cinco años después el número de abortos se redujo hasta las 94 mil, después de varios años consecutivos de descensos, también bajó la tasa de abortos realizados por cada mil mujeres.
 
LAS MÁS JÓVENES
 
Una de las mayores críticas a esta ley de plazos es que las menores  pueden abortar sin el consentimiento de los padres y las madres.
 
El Gobierno de Rajoy, tras retirar su propuesta conocida como Ley Gallardón –por presión de la ciudadanía y en especial por las asociaciones de mujeres-, finalmente la reformó en septiembre de 2015 y eliminó la posibilidad de abortar sin consentimiento en el caso de las menores.
 
A pesar de eso, las estadísticas del Ministerio indicaron que este colectivo es el que más redujo su tasa de interrupciones desde la entrada en vigor de la normativa de plazos. Entre 2010 y 2015, las mujeres con 19 años o menos son el grupo de edad que más bajaron su índice de abortos por cada mil mujeres: un 26 por ciento.
 
En 2015, el número de abortos entre las menores de 19 años de edad se redujo en 318 con respecto al año 2014 y entre las menores de 15 años disminuyó en 69 (pasó de 9.92 a 9.38).
 
Ahora bien, la interpretación de estos datos es compleja. Por ejemplo, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE, (ACAI) aseguró que le inquieta el descenso en la tasa de aborto entre el grupo de mujeres menores de 19 años, sospecha que no sea real y que se esté encubriendo un número importante de menores que podrían estar recurriendo a la clandestinidad para interrumpir su gestación.
 
Por todo ello, desde la organización piden a la ministra de sanidad que revise la autorización expresa de los tutores para casos como los mencionados y se deje de restringir el acceso de estas mujeres jóvenes a la IVE voluntaria, que en algunas comunidades como en Madrid, y de manera completamente arbitraria, se agrava al pedir la autorización de ambos tutores en algunos casos.
 
PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN
 
La baja en el número de abortos conduce a sostener que cualquier modificación restrictiva de la actual Ley aproximaría a las mujeres españolas y a las personas profesionales a una inseguridad jurídica, sanitaria y personal del todo indeseable en un país europeo que consiguió consolidar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo por voluntad propia, dejó al margen el recurso a un aborto clandestino e inseguro que sin duda alguna volvería a ser una posibilidad de producirse, esto sería un retroceso.
 
En esta línea, “resultaría del todo un contrasentido que pudieran llegar a producirse retrocesos legislativos si las posiciones conservadoras del Tribunal Constitucional se imponen en la sentencia sobre la actual Ley, pendiente de resolución”, recordó ACAI.
 
Pero además de garantizar el derecho al aborto, solo las políticas preventivas en materia de educación sexual y un acceso real a la contracepción -todo ello previsto en la norma- son las que evitan los embarazos no deseados.
 
ESPECIALISTAS
 
Los datos indicaron que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo en España se siguen practicando en centros privados. En 2015, casi nueve de cada 10 abortos se realizaron fuera del sistema público. Por otra parte, este porcentaje cayó casi ocho puntos desde la introducción de la ley de plazos. En 2010, solo representó el 1.8 por ciento de los abortos que se practicaron. En 2015, la cifra llegó hasta el 11.7 por ciento.
 
Desde ese punto de vista, ACAI advirtió que “a las Administraciones Públicas autonómicas, que la incorporación paulatina del aborto en la sanidad Pública, tal y como evidencia el informe, “puede ser un paso en la defensa de los derechos de las mujeres, pero puede retroceder si la atención se deja en manos de personal sin experiencia, capacitación o voluntad”.
 
La práctica sanitaria de aborto provocado debe realizarse por personas profesionales integradas en unidades específicas especializadas. Son estas profesionales quienes tienen que respaldar la intervención. Es imprescindible su formación en todas las técnicas de IVE (farmacológico e instrumental); Este aspecto fue contemplado en la Ley gracias a la presión de ACAI durante el proceso de elaboración de la norma.
 
La caída en el número de abortos se registró en la mayoría de las comunidades autónomas, si bien en siete se incrementaron como en Aragón, Baleares, Navarra, País Vasco, Cataluña, Cantabria y Castilla y León, además de en Ceuta y Melilla.
 
17/RED/ KVR
 








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