NACIONAL
VIOLENCIA
   ¿Finalizarán los 80 años de priismo mexiquense?
Delfina Gómez, “super-requetebién”, podría ser primera gobernadora
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/05/2017 Después de 58 días de campaña rumbo a la gubernatura del Estado de México las encuestas indican que dos candidatos se disputan el eventual triunfo: la abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez Álvarez, y el alfil del Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo Maza. 
 
En esta contienda, por primera vez en más de ochenta años de procesos electorales en el Estado de México una mujer arropada por un partido de oposición se enfrentó al candidato del partido gobernante y en menos de dos meses de proselitismo logró conseguir la simpatía de los mexiquenses y con ello posibilidades reales de ganar la gubernatura.
 
No es la primera ocasión que una mujer busca el voto en la entidad. En la contienda de 1987 participó María Trinidad Villegas Gutiérrez como abanderada del Partido Socialista de los Trabajadores; en 1993 Natalia Escudero Barrera fue la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y en 2005 Yeidckol Polevnsky Gurwitz fue aspirante por la coalición integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).  
 
En el actual proceso, y tres años después de una reforma constitucional que obligó a los partidos a reservar la mitad de sus postulaciones a diputaciones y senadurías para las  mujeres, seis políticas aspiran a ser gobernadoras: Gómez Álvarez, Josefina Vázquez Mota por el Partido Acción Nacional (PAN) y Teresa Castell de Oro Palacios por la vía independiente.
 
Las tres candidatas se enfrentan a Del Mazo Maza --un político de cepa, nieto e hijo de ex gobernadores y primo del titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto-- pero Delfina Gómez es quien hasta ahora se ubica arriba en las encuestas, sondeos que dejan entrever la posibilidad de que sea favorecida por un tercio de los 11 millones de personas (la mitad mujeres) de votantes mexiquenses. 
 
ARRIBA EN INTENCIÓN DE VOTO
 
Delfina Gómez llegó a estas campañas por sorpresa. Ella, una docente que entró a la política prácticamente sin experiencia, de la mano de un partido de reciente creación (Morena obtuvo su registró en 2014) y con dos cargos en su carrera proselitista: alcaldesa de Texcoco (2012-2015) y diputada federal (2015-2017), podría llevar la alternancia al Estado de México.
 
Previo a las campañas, el 16 de marzo, el periódico Reforma publicó una encuesta donde se registraba un empate entre el candidato del PRI, PVEM, Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES), Alfredo del Mazo Maza y Delfina Gómez; aunque el abanderado aventajaba con un punto porcentual al contar con 29 por ciento de la intención de votos de la gente encuestada.
 
Más tarde, a 22 días de campaña, el 25 de abril, otra encuesta del periódico Reforma mostró que los resultados se revirtieron, Delfina Gómez estaba a la cabeza de las preferencias con el 29 por ciento de la intención del voto; mientras que en segundo lugar y con un punto porcentual de diferencia se ubicaba Alfredo del Mazo.
 
En la recta final de las campañas, un sondeo del periódico El Financiero publicado el 25 de mayo indica que el priista cuenta con 34 por ciento de la intención de voto, ubicándose 5 puntos por arriba de la candidata de Morena, quien cuenta con 29 por ciento. En comparación con la encuesta publicada por este diario el 3 de mayo, Del Mazo subió dos puntos y Gómez Álvarez permaneció con la misma intención del voto.
 
Las encuestas –minimizadas como nunca antes por el partido en el poder– marcan una mínima diferencia entre Del Mazo y Gómez Álvarez y aunque la moneda se echará al aire este domingo 4 de junio, todo indica que habrá una elección entre dos candidatos.
 
Su desempeño como alcaldesa y su cercanía con la gente la hizo crecer como la espuma, un efecto que dejó estupefactos a sus principales contrincantes, tanto que sobre ella llovió una serie de acusaciones misóginas y clasistas y más tarde denuncias de corrupción. 
 
MISOGINIA Y CLASISMO
 
Gómez enfrentó desde el inicio de la campaña, el 3 de abril, embates de la oposición panista. Ese mismo día, el ex presidente Felipe Calderón envió en un mensaje en su cuenta de Twitter donde decía “¿Delfina es nombre propio? ¿O así le dicen por cómo la trata quien la nombró y es su jefe?”, frase que aludía al apoyo que recibe la candidata por parte de Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia de la República en los comicios de 2018.
 
La respuesta de la candidata la hizo presentar una queja por violencia política de género ante el Instituto Nacional Electoral.
 
Ser discípula del aspirante presidencial en la elección de 2018  y fundador del partido, Andrés Manuel López Obrador, no es la única fuente de acusaciones, también se enfrenta al candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal-PES en un contexto de posible coacción del voto, lo que orilló a organizaciones civiles a crear la iniciativa # NiUnFraudeMás.
 
Integrada por integrantes de la academia, de la investigación, activistas y ciudadanos esta iniciativa recorrió el Estado de México para denunciar la compra del voto, informar a la ciudadanía sobre sus derechos electorales, fomentar la denuncia pública y legal de las irregularidades electorales.
 
SUMA DE APOYOS
 
La candidata hizo una campaña a pie y en terracería, recorriendo colonias populares mientras Del Mazo, el principal contrincante de Gómez Álvarez, hizo proselitismo diciendo que quería ser el “gobernador de las mujeres” y propuso construir la “universidad rosa”, implementar el “transporte rosa” y dar un “salario rosa” a las amas de casa e inició la entrega de tarjetas a las que se depositaría el dinero… una vez que asuma el poder.
 
Delfina Gómez, en la campaña hizo énfasis en su origen humilde, como hija de un albañil y de una ama de casa, y entre sus compromisos, como el resto de las y los candidatos, incluyó el combate a la inseguridad y a la violencia de género, pero además se comprometió a construir cuatro líneas de Metro, dar pensión a adultos mayores, monitorear los casos de mujeres asesinadas y promover una reforma al sistema de salud.
 
Con frases como “vamos super-requetebién”, que pronunció en su primer debate y que más tarde adoptó López Obrador, recorrió plazas asegurando que gobernaría para todos e hizo eco de su lema de campaña “La esperanza se vota”, siempre platicando, tratando de exponer sus puntos sin leer discursos como Del Mazo y sin esperar las porras previamente ensayadas de su público.
 
Así también capitalizó el hartazgo de los mexiquenses por los gobiernos priistas que mantuvieron la pobreza, la falta de empleos y de servicios básicos. Y aunque no hizo eco de su posición a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, fue una posición que quedó inscrita en la plataforma electoral que presentó ante el Instituto Electoral del Estado de México.
 
En campaña, “la maestra”, como se le conoce por su actividad docente, logró sumar liderazgos como el de Tatiana Clouthier Carrillo, hija de quien fuera líder del PAN y candidato presidencial en 1988, Manuel Clouthier; y a su campaña se adhirieron políticos perredistas, incluso consiguió que el 26 de mayo el candidato del PT, Oscar González Yañes declinara a su favor.  
 
Sin embargo también atrajo personajes cuestionados como el líder del Sindicato del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Fernando Espino, y por ende el apoyo de los agremiados del sindicato, y al exsecretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa Guzmán, lo que ha sido usado por sus opositores para ligarla con la otra maestra, Elba Esther Gordillo.
 
En respuesta, su partido, por voz de López Obrador, dijo que serán precavidos para las adhesiones y que si docentes quieren apoyar, adelante, como lo hicieron ya integrantes del magisterio disidente. 
 
Cabe recordar que en la elección de 2011, cuando terminaba la administración de Enrique Peña Nieto y comenzaba la de Eruviel Ávila Villegas, Morena no existía pero el PRD –de donde salieron muchos morenistas– obtuvo la segunda mejor votación en 116 municipios.
 
De acuerdo con los analistas los municipios claves en esta elección son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca y Texcoco, donde –a excepción de este último– hay una Alerta de Violencia de Género desde 2011 por concentrar el mayor número de mujeres asesinadas. A este fenómeno de violencia e inseguridad se enfrentará la próxima o el próximo gobernador.
 
17/AGM/GG


 
 
 







NACIONAL
POLÍTICA
   “Da qué pensar” que priistas no aprueben reforma
Violencia política: lista antes de 2 de junio o no aplica en 2018
Imagen retomada del Facebook de la Secretaria de Igualdad de Géneros CEE PRD Puebla.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/05/2017 La secretaria nacional de Igualdad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Castello Rebollar, pidió a los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, apoyar y aprobar las reformas para sancionar la violencia política por razones de género.
 
En entrevista, Castello Rebollar señaló que deja mucho en que pensar el procedimiento parlamentario de esta reforma y la forma en que se condujo la diputada priista y presidenta de la Comisión de  Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, quien evitó aprobar las reformas a las leyes electorales en materia de violencia política.
 
En marzo, el Senado envió a la Cámara de Diputados una reforma para definir y sancionar la violencia política, misma que fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, para su análisis y votación. Además, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género estaba encargada de dar una opinión en la materia.
 
El 25 de abril la Comisión de Gobernación aprobó reformar las Leyes Generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y sólo faltaba la votación de la Comisión presidida por la diputada priista.
 
Sin embargo, el pasado 28 de abril, día que finalizó el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, las diputadas de la Comisión de Igualdad se reunieron para discutir el dictamen enviado por el Senado pero la diputada Plascencia Pacheco declaró un receso y jamás reinstaló la sesión lo que evitó votar las reformas y pasarlas al pleno.
 
Al tener parada esta reforma y con las elecciones de 2018 en puerta, Claudia Castello afirmó que este proceso merece un reclamo de parte de todas las mujeres que quieren ser candidatas a un cargo de elección porque se supone que había un consenso de todos los partidos para sacar avante las modificaciones legislaciones.
 
En marzo, después de participar en un foro sobre medios y participación política, los representantes del PRI, PRD y de los Partidos Acción Nacional (PRD), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación de la violencia política. En esa ocasión el líder priista, Enrique Ochoa, asumió el compromiso.
 
La deuda sigue pendiente y ante ello los líderes de los partidos nuevamente aseguraron que cumplirán. En la última sesión de la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín y del PRD, Francisco Martínez Neri, aseguraron que habría un periodo extraordinario y que entre los temas a debatir estaría la violencia política. 
 
La urgencia de esta reforma, dice la perredista, es que pueda aplicar en el proceso electoral de 2018. De acuerdo con el Artículo 105 Constitucional las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso el proceso inicia en el mes de septiembre de 2017.
 
Para que la reforma en materia de violencia política por razones de género pueda aplicar en las lecciones del próximo año sería necesario que a más tardar el 2 de junio este aprobada, por eso el PRD hizo un llamado para que el periodo extraordinario se convoque a la brevedad posible, aunque Castello Rebollar reconoce que sería muy difícil tener la reforma a tiempo.
 
Las reformas definirían la violencia política por razones de género como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
Por lo pronto la diputada Nereida Plascencia no ha dado una posición pública sobre el retraso en estas reformas pero de acuerdo con Castello Rebollar se presumen que las razones fueron “revanchismos políticos al interior de su partido” y de ahí la importancia de hacer un llamado al PRI para que se vote el tema.
 
Cabe recordar que la diputada Plascencia Pacheco apoyó la propuesta de incorporar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la obligación de dar anticoncepción de emergencia y garantizar la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual, un tema que causo un amplio rechazo y división entre diputados, al grado que dos veces fue aplazada la discusión y finalmente se retiró.
 
17/AGM/GG
 







ESTADOS
POLÍTICA
   Se autodenomina “el gobernador de las mujeres”
Alfredo del Mazo, las mismas promesas, pintadas de rosa
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2017 En las campañas electorales para elegir gobernador en el Estado de México el próximo 4 de junio, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo Maza, recurrió a la tradicional estrategia de su partido de prometer programas de apoyos económicos para las mexiquenses y las jefas de familia así como promover el auto-empleo. 
 
En sus actos proselitistas, el candidato priista que asegura que quiere ser el “gobernador de las mujeres” y afirma que, de ganar, construirá la “universidad rosa”, implementara el “transporte rosa” y el “salario rosa”, programas en favor de las mujeres que son similares a las promesas que hicieron sus antecesores que ganaron la gubernatura.
 
Por ejemplo, al asumir como gobernador de la entidad que ha sido desde siempre bastión priista, en septiembre de 2011, Eruviel Ávila Villegas prometió cerrar las brechas de desigualdad, mejorar el índice de bienestar social y la calidad de vida de la población mexiquense, pero seis años después de dar apoyos económicos, la entidad sigue inmersa en la pobreza y la inseguridad.   
 
Con esta tradición del PRI en la entidad más poblada del país, el candidato priista ha propuesto continuar con el legado y los programas sociales pero además propone ideas que no son nuevas, por ejemplo el actual Gobernador hizo campaña con la promesa del “transporte rosa”, política de la que no ha informado públicamente cuántas unidades y rutas hay.
 
La plataforma electoral que el candidato de la coalición integrada por el PRI y los partidos Vede Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES) presentó ante el Instituto Electoral del Estado de México, señala que promoverá apoyos a jefas de familia con mecanismos de opciones productivas e impulsar la “autogeneración de empleo”.
 
LEGADO PRIISTA
 
Durante las campañas electorales de 2011, los candidatos al gobierno del Estado de México, Luis Felipe Bravo Mena, por el Partido Acción Nacional (PAN); Alejandro Encinas, por la coalición de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia; y Eruviel Ávila Villegas, abanderado por el Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal) y el Verde Ecologista de México (PVEM) hicieron escasas propuestas para las mujeres.
 
En la campaña de 2011, Ávila Villegas, quien ganó la elección con  64.94 por ciento de los votos, firmó 600 compromisos, pero en materia de género se centró en ofrecer programas de “apoyos económicos”. 
 
En su campaña, el candidato priista prometió “apoyo a mujeres”, como seguridad alimentaria, créditos, unidades móviles médicas y transporte rosa, es decir, exclusivo para mujeres; estímulos fiscales para empresas que emplearan jefas de familia; el aumento al presupuesto en seguridad y el combate a la corrupción.
 
En la recta final de su mandato, en su cuarto Informe de Gobierno, Ávila Villegas dijo que llevaba 5 mil 247 de los 6 mil compromisos, 87 por ciento del total de acciones a las que se comprometió a realizar.
 
En su informe de Gobierno se afirma que el motor del desarrollo del Estado de México se encuentra en las mujeres, “no sólo porque representan el grupo social mayoritario, sino porque gracias a su potencial mejoran la calidad de vida de su familia y transforman positivamente sus comunidades”, se dice.
 
Hoy, asegura la administración estatal, son más de 900 mil mujeres que han sido apoyadas en su alimentación, salud, educación, vivienda e ingreso, además de contar con mayores servicios para prevenir la violencia en su contra y fomentar la equidad de género.
 
La realidad es que en esta entidad, donde viven 16 millones 187 mil 608 de habitantes, 51.6 por ciento mujeres, sólo logró reducir la carencia de acceso a educación y alimentación, pero para 2014 había 3.3 millones de personas en pobreza que no podían adquirir una canasta básica, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).  
 
PROMESAS “EN GRANDE”
 
En su rendición de cuentas, la administración estatal indica que uno de los programas más emblemáticos para las mexiquenses es el llamado Mujeres que Logran en Grande, mediante el cual asegura que 560 mil mujeres han sido beneficiadas a través de apoyos económicos.
 
El propósito de este programa que opera el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) y que no es exclusivo para mujeres, es otorgar dinero a las mexiquenses de entre 18 y 59 años de edad, así como a integrantes de hogares, de 18 años de edad en adelante, que tengan un ingreso inferior a la línea de bienestar económico.
 
Este programa se divide en tres áreas: Mujeres que Logran en Grande que da de uno a cinco apoyos económicos de 550 pesos cada uno para contribuir al gasto de los hogares; Mujeres en la Construcción que otorga cursos de capacitación para el trabajo; y Mexiquenses que Logran en Grande que da apoyo monetario a personas en pobreza que realicen trabajos o acciones en beneficio de su comunidad cada vez que se les pida.
 
En el caso de la vertiente Mujeres en la Construcción, se trata de capacitación en electricidad, plomería, colocación de piso y azulejo o recubrimiento de muros, que se ha dado a 4 mil 400 mujeres, a quienes se les entrega una caja de herramientas para que puedan auto-emplearse.
 
Esta es la política para promover el auto-empleo de las mexiquenses en una entidad donde, de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Inegi, la tasa de informalidad laboral de las mujeres es de 57.7 por ciento, lo que significa que no cuentan con seguro médico, fondo para el retiro o derecho a guarderías.
 
En su reciente informe de gobierno, Ávila Villegas indica que con este Programa se han realizado transferencias económicas para respaldar a aproximadamente 114 mil 600 mujeres. En toda su administración han sido beneficiadas más de 642 mil mujeres, con una inversión de alrededor de mil 841 millones de pesos.
 
Así, el Gobierno del estado dice que una característica que define a esta administración es el apoyo a las mujeres por medio de Acciones para la Mujer, a través de las cuales diversas dependencias estatales entregan beneficios a mujeres en los rubros de alimentación, salud, educación, ingreso y autoempleo.
 
Por ejemplo, a las madres adolescentes, menores de 20 años de edad se les otorgan “canastillas de maternidad”; también se dan cursos para el trabajo como decoración con listón, decoración con globos, corte de cabello y peinado, uñas de acrílico, decoración con bombones, nieves artesanales, pintura en tela y bisutería. Actualmente, cerca de 560 mil mujeres reciben apoyo a través de Acciones para la Mujer.
 
 ALERTA DE GÉNERO
 
El 8 de diciembre de 2010 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, activó la Alerta de Violencia de Género (AVG) en 11 municipios del Estado de México ante los 922 homicidios de mujeres registrados de 2005 a 2010.
 
Al respecto, el año pasado el informe del Gobierno del Estado de México indicó que tiene un firme compromiso con el respeto a los derechos de las mujeres para que puedan tener una vida plena en todos los aspectos.
 
Para combatir y erradicar la violencia de género está el programa Mexiquense Por una Vida Sin Violencia, un programa que, de acuerdo con Ávila Villegas, es considerado uno de los “más exitosos” en su tipo a nivel nacional, porque proporciona asesorías jurídicas, psicológicas y de trabajo social a mujeres en situación de violencia. 
 
Como parte de las acciones de la AVG, la administración local informó que hizo acciones de sensibilización como talleres con estudiantes; atención telefónica; atención en cinco albergues; y atención en los Centros de Atención y Reeducación para Personas que Ejercen Violencia de Género.
 
Sin embargo, las acciones que se desprenden de la Alerta son identificación y difusión de zonas de riesgo, búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, incremento de patrullajes, recuperación y alumbrado de espacios públicos y órdenes de protección en casos de violencia familiar.
 
También está la tarea de crear un grupo de especialistas para la revisión de expedientes de feminicidio y homicidios dolosos de mujeres, la investigación y resolución de casos vinculados a la violencia de género, la implementación de mecanismos de supervisión y sanción a servidores públicos que comentan irregularidades, entre otras acciones.
 
17/AGM/GG
 







NACIONAL
LABORAL
   Para cubrir mínimos de Convenio de OIT no firmado por México
STyPS acuerda con Unicef “impulsar” licencia de maternidad de 14 semanas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Guadalupe Gómez Q.
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/04/2017 La  Secretaría del Trabajo y Previsión Social firmó ayer un acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con el fin de “impulsar propuestas para incrementar de 12 a 14 semanas las licencias de maternidad” y  “fomentar la instalación de lactarios en los centros laborales”, con el fin de  “alcanzar, por lo menos, lo mínimo que establece el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la protección de la maternidad”, que México no ha querido ratificar.
 
El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), subsecretario Ignacio Rubí Salazar, explicó, tras su reunión con el representante de Unicef en México, Christian Skoog, que en coordinación con instituciones de seguridad social, “se pretende” integrar una iniciativa de ley para subir a 14 semanas la licencia y realizar acciones de sensibilización con los sectores de la producción.    
 
El Convenio 183 de la OIT, cuyos postulados mínimos se pretenden empezar a cubrir con el acuerdo entre la dependencia y Unicef, pero sin que el Estado lo ratifique, se refiere a la protección de la maternidad y entró en vigor el 7 de febrero de 2002.
 
La ratificación del Convenio, recomendada por la OIT a México, también ha sido sugerida por organismos civiles e incluso por senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes en 2015 presentaron un punto de acuerdo para que Enrique Peña enviara su ratificación a la Cámara alta.  
 
LO QUE DICE EL CONVENIO
 
En su Artículo 4, donde habla sobre  la Licencia de Maternidad, el Convenio 183 señala que toda mujer bajo el Convenio “tendrá derecho, mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas”.
 
El país miembro, dice el texto, “deberá indicar en una declaración anexa a su ratificación del presente Convenio la duración de la licencia antes mencionada”.
 
Y detalla que “teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger la salud de la madre y del hijo, la licencia de maternidad incluirá un período de seis semanas de licencia obligatoria posterior al parto, a menos que se acuerde de otra forma a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores”.
 
 “El período prenatal de la licencia de maternidad, dice el Convenio, deberá prolongarse por un período equivalente al transcurrido entre la fecha presunta del parto y la fecha en que el parto tiene lugar efectivamente, sin reducir la duración de cualquier período de licencia obligatoria después del parto”.
 
Y sobre las madres lactantes, en su Artículo 10 el Convenio de la OIT dice: “La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo”.
 
“El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del tiempo de trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades relativas a la reducción diaria del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la práctica nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia”.
 
La ratificación del Convenio 183 de la OIT por parte del Gobierno mexicano haría innecesaria la búsqueda de una iniciativa legislativa que alcance “los mínimos” de dicho instrumento, iniciativa que podría no ser aprobada, si no alcanza la mayoría de votos en el Congreso mexicano.
 
17/GG







OPINIÓN
POLÍTICA
Práctica parlamentaria igualitaria
Imagen retomada de twitter
Por: Ma. Candelaria Ochoa Avalos*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/03/2017 Este 8 de marzo pasado, el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, nos mandó a la curul de cada diputada una rosa blanca, con ello pretendía "felicitarnos" por el Día  Internacional de la Mujer. Reconocer nuestros derechos como ciudadanas plenas sigue siendo un tema pendiente que no se resuelve con flores, sino con una práctica parlamentaria comprometida con la igualdad. Y esto no se vio reflejado el día 9, que sesionamos para aprobar 5 dictámenes en materia de igualdad, que nos “regalarían” en alusión al día.
 
Sin embargo, al iniciar la sesión empezó a correr el rumor que se habían bajado tres dictámenes: Uno del PRI, propuesto por las diputadas Laura Nereida Placencia Pacheco y Erika Rodríguez, que pretendía que el Sistema Nacional de Salud creara programas de capacitación y evaluación para el personal del sector salud en las entidades federativas y la Ciudad de México, respecto de la violencia contra las mujeres y garantizar la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia; en especial la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005: Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Además, que los municipios generaran y establecieran criterios para la promoción y difusión en todas las instancias de salud la aplicación de dicha Norma.
 
Otra de las iniciativas era la presentada por la diputada Arlette lvette Muñoz Cervantes, del PAN, para incluir las definiciones de “violencia económica”, “violencia laboral y docente” y “violencia laboral”, para diseñar programas que promuevan la igualdad salarial entre mujeres y hombres.
 
El tercer dictamen era del diputado Renato Josafat Molina Arias y de la diputada Rocío Nahle García para agilizar la Alerta de Violencia de Género. Este tercer dictamen se bajó con el argumento de “mejorarlo”.
 
Sin embargo, no bajaron los dictámenes para mejorarlos, los bajaron porque los derechos de las mujeres les siguen dando miedo. Dice Amelia Válcarcel que la igualdad es un reconocerse, es en primer lugar una relación concedida o pactada, a veces incluso impuesta. En este sentido, si la moral consiste esencialmente en la capacidad de ser justo, libre, benévolo o lo que se desee añadir, con los demás, cada una de estas cosas existe sobre el fundamento de que los demás son como uno mismo y que, nada que uno se conceda a sí mismo, tiene derecho a no concedérselo a otro, sino que, al contrario, tiene el deber de pensar en el otro como un sí mismo. (Válcarcel, 1993-17)
 
IGUALDAD QUE CONFRONTÓ
 
Este no reconocimiento a la igualdad entre mujeres y hombres fue una realidad que nos confrontó. Por ello, las diputadas de Movimiento Ciudadano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), algunas de Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y algunas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tomamos la tribuna como símbolo de alianza, para mostrarnos unidas en un tema que es transversal a nuestras prácticas políticas.
 
Fue un momento que nos permitió la unidad por la exigencia de nuestros derechos y de que no nos consideraran una mercancía en el toma y daca de la negociación partidaria. El PAN alegó sus “principios” del derecho a la vida, por lo cual mantuvieron siempre esa postura. Mientras que en el PRI, el disimulo es una práctica y aunque se dice de centro, al interior se manifestaron posturas idénticas a las del PAN. 
  
Nadie nos ha regalado nada a las mujeres, todos los derechos los hemos conseguido con mucho trabajo y esfuerzo, han sido producto de una lucha de siglos, que ha estado llena de obstáculos. Lo que hemos conseguido sin duda es un gran avance, pero sigue estando pendiente el derecho al cuerpo, sobre todo cuando éste es violentado por los hombres cercanos a nuestro entorno familiar. Sigue sin quererse reconocer la violencia de género que ejercen los hombres sobre los cuerpos de las mujeres.
 
Hoy estoy convencida que no basta con ser 211 diputadas, si no estamos convencidas que es necesario avanzar en nuestros derechos, no sólo por nosotras, sino, por lo que representamos. Mujeres que llegamos a las Cámaras, pero que si no somos capaces de enarbolar leyes que defiendan a las que están afuera, que votaron por nosotras, lo que estamos haciendo es invisibilizarlas por prejuicios sobre sus derechos. 
 
Tenemos una larga tarea, seguir sometidas a la ideología patriarcal de normas y sanciones sobre las mujeres y/o convertirnos en impulsoras de la igualdad. Según Válcarcel hay que seguir haciendo futuro a golpe de presente. Lo que la realidad nos ha mostrado este 8 de marzo, es que debemos mantener lo que nuestras antecesoras consiguieron, porque sus logros son nuestros.
 
* Doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente
Diputada federal por el Distrito 9 de Guadalajara.
 
17/MCOA/GG
 







NACIONAL
SALUD
   SS debe informar sobre aplicación de norma
Retiran dictamen para reformar LGAMVLV que incluía NOM 046
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2017
La Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados retiró el dictamen para reformar los artículos 46, 40 y 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia donde se pretendía incorporar la NOM 046 que garantiza la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación sexual.
 
En la sesión de este martes, la Mesa Directiva de la Cámara baja informó que se retiró el dictamen a fin de someter el tema a un estudio y análisis más profundo toda vez que en la sesión del 9 de marzo se subió a pleno, pero de última hora no se discutió y después, el 14 del mismo mes, por segunda ocasión fue retirado porque no hubo consenso sobre la redacción.  
 
La diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa Avalos, reclamó ante el pleno que el dictamen se discutió sin el consenso de la Mesa Directiva de la Comisión de Igualdad y que ella no fue consultada. Además, previamente señaló en entrevista que este tema causaba ruido porque se estaba difundiendo la legalidad del aborto en casos de violación sexual. 
 
Al respecto la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cecilia Soto González, propuso a la Comisión de Igualdad de Género y a la Comisión de Salud, que se invite al Secretario de Salud a comparecer y compartir diagnósticos sobre la implementación de la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46).
 
“Es claro que se trata de un tema delicado, es claro que se trata de un tema profundo y es un tema que no se arregla con medidas punitivas, por ejemplo, en el caso de que no se cumpla, como ha venido sucediendo, la NOM 046”.
 
Además aprovechó para recordar que desde 1931 el Código Penal Federal permite el aborto en casos de violación sexual. 
 
La también perredista Cristina Ismene Gaytán calificó como una pena que haya tácticas dilatorias para no hacer valer los derechos de las mujeres y destacó que este tema fue avalado por mayoría en la Comisión de Igualdad cuando las diputadas votaron a favor de incorporar la NOM 046 a la Ley General de Acceso aunque ahora se retire del pleno para regresarlo a la Comisión. 
 
“Esto es triste porque se nos convocó a diversas reuniones para construir este acuerdo; llegamos a una serie de acuerdos y sin más se dejan de lado, no se respetan, y además se presentan, como ya se ha dicho, sin autorización siquiera de la Comisión de Igualdad, el retiro de este dictamen”.
 
La diputada del sol azteca reclamó que a las mujeres se les regale flores y felicitaciones, en alusión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y que a la par no se respete su derecho a decidir sobre las reformas legislativas, porque aseguró que eliminar de la discusión un dictamen fue un “acuerdo cupular”. 
 
Ante los reclamos de las diputadas, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, mostró su desconcierto y señaló que su fracción parlamentaria apoyaba la propuesta de la legisladora Cecilia Soto de pedir información sobre la implementación de la norma que garantiza el aborto legal.
 
“Nos parece que debe haber explicaciones, estudios, comparecencias, reuniones, reuniones de trabajo; por supuesto destacamos la importancia al tema; nos solidarizamos con su petición”, dijo
 
Además aseguró quera imperdonable que no se haya tomado en cuenta a la diputada Candelaria Ochoa, quien fue una de las más activas participantes en este tema, “que reciba una disculpa, que quede constancia de ella en el libro de actas, y por supuesto esperemos que pueda participar, y mucho, en lo que sigue de este tema”, dijo el priista. 
 
Previo a estos posicionamientos en el pleno, la diputada Ochoa aseguró en entrevista que el dictamen se modificó para quitar la referencia a la NOM 046, lo que en su opinión era un documento que no tenía sentido llevar al pleno porque a la derecha lo que le preocupaba era difundir la legalidad de la interrupción del embarazo producto de una violación. 
 
17/AGM/GG
 

 








NACIONAL
SALUD
   De ahí revuelo por NOM 046
Preocupa a la derecha que se difunda garantía de ILE en caso de violación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/03/2017 La alianza de los Partidos Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES) hizo que la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados modificara el dictamen de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quitar la referencia a la NOM 046, que garantiza la interrupción legal del embarazo para las víctimas de violación sexual.
 
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Candelaria Ochoa Avalos explicó que aunque la Cámara de Diputados no puede modificar la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención, conocida como NOM 46, la propuesta de reformar la Ley General de Acceso causó ruido porque a la derecha mexicana le preocupa que este tema salga a la luz.
 
La feminista y diputada dijo en entrevista que la semana pasada las diputadas de la Comisión de Igualdad se reunieron para revisar el dictamen que desde el 9 de marzo subió a pleno, pero que no ha sido discutido por dudas de los coordinadores parlamentarios. Así, en la reunión de Comisión se acordó modificar la redacción y quitar la referencia a la norma expedida por el Ejecutivo y vigente desde 2005.
 
“Ya no vale la pena que suba a pleno, el PRI no tiene interés en que se apruebe, las que han estado manipulando la información han sido Edith Martínez, del PES, y el PAN. No vale la pena que se suba el dictamen por lo que implica”, señaló la legisladora, quien detalló que el dictamen ya no menciona la NOM 046.
 
CONTENIDO DE LA REFORMA
 
La idea de reforzar la NOM-046 fue de las diputadas priistas Laura Nereida Plascencia Pacheco –también presidenta de la Comisión de Igualdad– y Erika Araceli Rodríguez Hernández, quienes el 8 de diciembre de 2016 presentaron en San Lázaro las iniciativas de reformar la Ley General de Acceso.
 
Al ser una norma expedida por el Ejecutivo, el Congreso no tiene facultad para modificarla, sin embargo, el objetivo de las diputadas era establecer que la Secretaría de Salud tuviera especial atención en la aplicación de la norma que establece la obligación de los servicios de salud, públicos y privados, de ofrecer anticoncepción de emergencia y la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual.
 
La intención también era que las entidades federativas y los municipios garanticen la aplicación de la NOM y creen programas de capacitación para el personal del sector salud, esto a fin proteger a las víctimas que pudieran presentar un embarazo.
 
Así se buscaba reformar el Artículo 46 de la Ley General para decir que corresponde al Sistema Nacional de Salud la capacitación del personal de salud sobre la NOM 046; el Artículo 49 para señalar que las entidades y la Ciudad de México también deben capacitar en esta materia; y el Artículo 50 que señalaría que corresponde a los municipios promover y difundir la aplicación de la misma.
 
DESINFORMACIÓN
 
La diputada Ochoa Avalos dijo que es grave que esto suceda cuando se trata de los derechos humanos de las mujeres y reclamó que hace 15 días, cuando el dictamen se bajó del pleno, el PRI prometiera que se aprobarían cinco dictámenes de la Comisión de Igualdad cuando sabía que había uno que no tenía consenso.
 
La legisladora también alertó de la desinformación alrededor de esta modificación y denunció que ha recibido cerca de 40 correos electrónicos con el mismo formato y de la misma cuenta así como llamadas de teléfonos con mensajes falsos sobre la NOM donde le dicen que no puede “votar a favor de la norma”.
 
Lo que no se dice, expone la diputada, es que no se pretende modificar la norma expedida en 2005 por el Ejecutivo para atender a las víctimas de violencia sexual, lineamientos que fueron resultado de un acuerdo entre el Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar más casos como el de Paulina, niña de 13 años violada en 1999 a quien el gobierno panista de Baja California le negó el derecho al aborto.
 
DESINFORMADOS
 
Para contrarrestar lo que considera una campaña de la derecha, el jueves 16 de marzo la diputada llevó a los coordinadores parlamentarios un ejemplar de la NOM 046 para que conozcan su contenido; a la par, Ochoa Ávalos impulsa un acuerdo para que la Cámara de Diputados exija un informe sobre la implementación de la norma que es obligatoria en todo el país.
 
“Lo que les propuse desde el martes (14 de marzo) fue un punto de acuerdo de evaluación de la norma, pero no ha salido el punto porque no tuvimos una estrategia acordada”, dijo la legisladora.
 
EL TEMA ESTARÁ EN LA SCJN
 
Por otra parte, destacó que esta reforma a la Ley General de Acceso causó ruido porque a la derecha le preocupa que el tema salga a la luz y se difunda que las víctimas de violación sexual tienen derecho a la interrupción legal del embarazo, más ahora que en próximos días se discutirá el tema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
En mayo del año pasado el Gobernador y el Congreso de Baja California presentaron, por separado, una controversia constitucional en contra del Ejecutivo federal, alegando la invalidez de diversas disposiciones de la NOM 046 mientras que el Congreso de Aguascalientes interpuso otra controversia similar.
 
Los tres recursos que están por resolverse en la Suprema Corte se presentaron después de que el 24 de marzo de 2016 se publicaron las reformas a la norma, por las cuales se estableció que las víctimas no están obligadas a presentar una orden judicial o una denuncia penal para acceder a la interrupción del embarazo.
 
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ZONA DE REFLEXIÓN
DERECHOS HUMANOS
   ZONA DE REFLEXIÓN
Señores legisladores, coherencia, no conveniencia
Imagen de Cristina Acuña Roeder
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/03/2017 ¿Por qué tanta resistencia a ser coherente?, por ejemplo a cumplir con lo que dice la Constitución en sus artículos 1º  y 4º, sólo por mencionar dos, de los 136 que contempla nuestra Carta Magna.
 
¿Por qué insisten algunos legisladores en colocar sus prejuicios morales y religiosos en una instancia creada para legislar a favor de la población y de sus Derechos Humanos, una instancia que es parte del Estado Laico que es México?
 
Cuando en el mundo las mujeres fortalecen sus lazos para seguir avanzando, el conservadurismo sale a la luz y se muestra tal cual es: peligroso y retrógrada. Muchos de los legisladores que hoy se oponen a legislar la Norma Oficial Mexicana Violencia familiar, sexual y contra mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046) son los mismos que suelen apelar al Estado de Derecho, el mismo que ahora violan.
 
El pasado 9 de marzo, desde su tribuna, la diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez, flanqueada por la diputada Candelaria García, de su mismo grupo parlamentario, al ver que dentro de la lista de puntos a  abordar en San Lázaro se habían bajado los tres temas legislativos propuestos por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, puso los puntos sobre las íes y responsabilizó a los coordinadores parlamentarios del PRI, César Camacho, y del PAN, Marko Cortés Mendoza, de bajar los tres dictámenes sobre la Norma 046, por acuerdo entre ellos.
 
Tal vez ninguno de los dos coordinadores parlamentarios sepa que esta Norma- que se prevé se discuta hoy- la adoptó el Estado Mexicano ni más ni menos después de que la sociedad civil ganó un litigio internacional, luego de que la niña Paulina, en Mexicali, Baja California, fuera violada y producto de esa violencia presentó un embarazo, mismo que se le impidió interrumpir -como era su derecho por la causal de violación vigente en aquel estado- en el hospital, aun cuando el Ministerio Público había autorizado la interrupción del embarazo por violación.
 
El acuerdo entre el Estado Mexicano y la víctima era impedir que existieran otras niñas y mujeres como Paulina que fueran hostigadas por las  sectas religiosas para impedir que la ley las protegiera.
 
Este mismo partido, Acción Nacional, es el que presentó un punto de acuerdo para disminuir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres al considerar que ésta es un acto de violencia económica por parte de los empleadores. Suena bien y quedan bien ante tanta pobreza, pero ocultan la discusión que no quieren avanzar: que las mujeres que sufren violación reciban la anticoncepción de emergencia para prevenir un embarazo que es producto de una agresión sexual.
 
¿Cuántas personas han nacido de una violación? Yo conozco a dos, quienes tras largos procesos terapéuticos hoy lo pueden decir y seguir adelante con sus vidas. Personas fortalecidas, seres humanos maravillosos que buscan que ninguna mujer más, como sus madres, tenga que vivir un embarazo que no quisieron, hijas que no quieren otros nacimientos de la violencia brutal misógina de los hombres.
 
Pero los casos no son dos, son millones: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reconoce que de 2010 a 2015 se cometieron 2.9 millones de delitos sexuales, casi 600 mil al año. ¿Cuántas de ellas no recibieron la atención que marca la ley, cuántas tuvieron que buscar sus propias opciones? De eso estamos hablando.
 
Y este es el fondo del asunto: que tratan de impedir que se fortalezca una Norma, un mandato de 2009, que es vigente, y que los funcionarios públicos tienen la obligación de hacerla cumplir, tal cual ordena la Constitución.
 
Es momento ya de hacer costumbre cumplir la ley, señores legisladores, y no a conveniencia. El Estado de Derecho se construye cumpliendo, no engañando. Es momento ya de tener coherencia legislativa.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GG







NACIONAL
POLÍTICA
   Tras cuatro años de intentos
Senado tipifica, por fin, la violencia política de género
Imagen retomada del portal comunicacion.senado.gob.mx
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/03/2017 El Senado de la República aprobó tipificar la violencia política de género y con ello concluyó un pendiente que tenía desde hace cuatro años, cuando las senadoras intentaron dejar claro en las leyes electorales que es un delito denostar, menoscabar y restringir las funciones de una mujer que ejerce la política. 
 
Ayer, apenas unas horas después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las y los senadores aprobaron reformas las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
Se analizaron para eso 10 iniciativas presentadas por distintas fracciones parlamentarias, con definiciones sobre la violencia que se ejerce contras las mujeres que realizan actividades políticas, tras lo cual las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos, Segunda, presentaron un dictamen que fue avalado
 
Las leyes electorales dirán ahora que la violencia política en razón de género “es la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
Con estas modificaciones, instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y los tribunales electorales tendrán la obligación de prevenir, atender, sancionar y en su caso sancionar las conductas de violencia política de género con las sanciones que marca la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
 
El Senado determinó que  las sanciones por los delitos electorales que se cometan contra las mujeres se castigarán hasta con la mitad de la pena que actualmente se establece. 
 
CUATRO AÑOS DESPUES…
 
El camino para lograr la inclusión de esta forma de violencia en la ley inició  el 8 de noviembre de 2012, cuando la senadora priista Lucero Saldaña Pérez propuso incluir y definir este término. La propuesta fue aprobada en febrero de 2013 en la Cámara alta y enviada a la Cámara de Diputados para su ratificación.
 
Pero en San Lázaro nunca se discutió ni aprobó en el pleno, se truncó el proceso legislativo. Sin embargo, la reforma político electoral de 2014 creó nuevas leyes y derogó el entonces Código Federal de Procedimientos Electorales, por lo que tanto la senadora Saldaña Pérez, como otras de sus compañeras redactaron y presentaron nuevas propuestas en el mismo sentido que la de 2012.
 
La Comisión de Igualdad de Género, presidida por la priista Diva Hadamira Gastélum, pidió las opiniones de organismos electorales para robustecer el dictamen. En febrero pasado reveló que a pesar de que ya se tenía la reforma, había resistencias de algunos legisladores para avalar la propuesta.
 
Recién el pasado 3 de marzo los representantes de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PRD), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación de la violencia política.
 
Esto sucedió durante un acto público en donde la integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, increpó a los líderes partidistas y estos aceptaron el reto de apoyar la propuesta de las legisladoras en el Senado.  
 
El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su aval, órgano parlamentario donde las diputadas Candelaria Ochoa Ávalos, Arlet Mólgora Glover, Yolanda de la Torre Valdez, Carolina Monroy del Mazo, Kathia María Bolio Pinelo y Maricela Contreras Julián ya habían presentado propuestas similares.
 
17/AGM/GG
 
 







NACIONAL
POLÍTICA
   Posibles problemas de interpretación: Córdova
Partidos, en favor de tipificar violencia política de género
Imagen retomada del twitter de Flacso México
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/03/2017 Representantes de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PRD), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación de la violencia política por razones de género, un tema congelado en el Congreso desde hace cuatro años.
 
Como conclusión del foro Asimetrías y estereotipos de género en los medios de comunicación –que se realizó el 2 y 3 de marzo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales– los líderes de los partidos políticos a nacionales aceptaron el reto que lanzó la representante del PT, Lilia Aguilar, quien exigió en el foro que se asumiera una posición pública al respecto.
 
El testigo de este consenso para sacar avante una reforma fue el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, quien dijo que el problema no sólo es normativo, sino cultural. Así sucede, dijo, con la paridad porque pese a que es un  principio constitucional “hay reticencias” para cumplir esta obligación, por lo que previó que podría haber un problema de instrumentación e interpretación de una norma sobre violencia política de género.
 
EL ACUERDO
 
La también integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, Lilia Aguilar, exigió a los institutos políticos demostrar su compromiso con la participación política de las mujeres y exhortar a sus bancadas parlamentarias a legislar la violencia política de género, en vez de pelear por reducir el número de legisladores plurinominales porque, reclamó, cuando ella fue legisladora la tipificación no se aprobó.
 
La petista también aprovechó su participación para hacer evidente que un ejemplo de violencia fue que al foro no asistieran todos los presidentes de los partidos, como sucedió con el presidente del suyo, y que de nada sirvieran las reformas sobre paridad en los estatutos internos si ellas no participaban de manera real en los procesos políticos.
 
El primer político en alzar la mano para responder a la propuesta de Aguilar fue el presidente del PRI, Enrique Ochoa, quien asumió el reto y afirmó que el tricolor ya tenía a tres promotoras de esta propuesta, las senadoras Lucero Saldaña, Diva Hadamira Gastélum e Hilda Flores, quienes han promovido iniciativas en la materia y serán apoyadas por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido.
 
En 2013, el Senado aprobó una reforma a las leyes electorales para incluir este delito, pero la minuta quedó varada en la Cámara de Diputados donde nunca se ratificó. Posteriormente, con la reforma política electoral de 2014 se presentaron más propuestas para tipificar esta violencia en las Leyes General de Partidos Políticos y de Instituciones y Procedimientos Electorales.
 
Previo a comprometerse, Ochoa dijo que en el tema de género los partidos deben dejar de lado las diferencias y trabajar en unidad, por lo que aseguró que en los comicios de 2017, y en los sucesivos, su partido rechazará cualquier violencia política de género sin importar quien sea la candidata agredida.
 
En su turno, la representante del PAN, Margarita Martínez Fisher, dijo que su partido apoyará la tipificación de la violencia política de género en todos los estados y que ya apoyan la propuesta legislativa en la capital del país. Destacó que en asuntos de normatividad interna buscará una reforma al modelo de formación política para que sus militantes se capaciten en temas de género.
 
La también diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y secretaria de Capacitación del CEN del PAN agregó que en su partido hay avances, porque el 50 por ciento de los cargos directivos son para las militantes, ya tienen una política para conciliar la vida familiar y laboral, y están aplicando la paridad de género en candidaturas.
 
En tanto la secretaria nacional del PRD, Beatriz Mojica, dijo que su partido tiene un compromiso con las mujeres y apoyará estas propuestas. Destacó además que la concientización en tema de paridad debe ser para todas y todos, y se sumó a las críticas al decir que los hombres asistieron al foro hasta que llegaron los líderes de los partidos políticos, y fue entonces cuando la sala se llenó de participantes de ambos sexos.
 
Mojica también señaló que en su partido hay paridad de género desde 2008 y es el único dirigido por dos mujeres: ella como secretaria y Alejandra Barrales como presidenta. Por ello, aseguró que es importante la participación femenina para reivindicar la política y abrir la puerta a otras ciudadanas.
 
PIDE OBSERVATORIO
 
La representante de Movimiento Ciudadano (MC) y diputada federal, Esthela Damián Peralta, dijo que sólo faltaba echar un grito al Senado porque es ahí donde estaba parada la iniciativa. Y para no quedarse atrás también propuso la creación de un Observatorio Ciudadano de organizaciones gubernamentales que identifiquen las propuestas políticas y señalen públicamente los errores que cometen los institutos políticos.
 
A su vez, el presidente del Panal, Luis Castro, apoyó la propuesta legislativa y sobre el tema de comunicación política proyectó los promocionales electorales que su partido difundió en televisión el año pasado, donde dio importancia a los derechos de las mujeres. Evitó, sin embargo, hablar de un cierre de campaña en donde había modelos desnudas del torso y cubiertas con los colores partidistas con la técnica de body painting.
 
Castro subrayó que los partidos no hacen campaña sino spots y llamó a que en próximos encuentros se invite a los líderes de los partidos para interrogarlos respecto a estos temas; que el IFE cumpla su papel y sancione a los partidos cuando incumplen con la paridad de género porque, destacó, es hora de feminizar la política.
 
El político también usó el micrófono para aclarar a la representante del PAN que en 2016 todos los partidos, el mismo día, firmaron el Protocolo para la Atención de la Violencia Política Contra las Mujeres y no que había sido el blanquiazul el primero en hacerlo, como había declarado en su intervención la diputada Martínez Fisher.
 
Por su parte el presidente nacional del PES, Hugo Erick Flores, también dijo que su partido apoyaría la tipificación, e hizo reclamos pero para decir que a su partido nunca lo invitan, que tiene pocos recursos y que a ellos les cuesta trabajo ganar elecciones porque no tienen operadoras políticas como otros partidos que tienen mujeres que hacen el trabajo de propaganda y no de liderazgo.
 
Otra mujer que se dijo convencida de que esta reforma debe ser aprobada fue la panista Guadalupe Murguía, actual presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, quien dijo que es necesaria una legislación cuidadosa que apoye la participación política de las mujeres.
 
17/AGM/GG







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