derechos humanos

ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Dilma del Pilar busca a su hija Olga Edelmira
   
Caravana de madres migrantes llega a Tuxtla
CIMACFoto: Sandra de los Santos
Por: Isaín Mandujano
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 07/12/2017

A doña Dilma del Pilar Medina Escobar le cayó la noche caminando hoy por las calles de Tuxtla buscando a su hija Olga Edelmira Romero Medina, quien hace ocho años salió de El Progreso Yoro, en Honduras, y desde entonces no ha visto.

Dilma del Pilar Medina es parte de la 13 Caravana de Madres Centroamericanas que buscan a sus hijas e hijos migrantes desaparecidos, y las que este martes por la tarde llegaron a Tuxtla. Ingresaron al país el pasado viernes desde la frontera del Suchiate.

Ellas han hecho varias paradas públicas buscando a sus hijas e hijos en Tapachula, Huixtla, Motozintla, Comitán, San Cristóbal de Las Casas y ahora en la capital del estado. Se trata de 45 mujeres que recorrerán 4 mil kilómetros en busca de sus parientes desaparecidos.

Vienen de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y se han propuesto recorrer gran parte del país, desde el sur, el centro y hasta la región del Bajío.

Hoy doña Dilma del Pilar caminó varias calles buscando a su hija, aunque físicamente no la ha visto desde aquel 10 de octubre del 2009, cuando salió de su casa; sin embargo, sabe que ella vivía y trabaja en Tuxtla.

Por un tiempo su hija tenía contacto con ella, se comunicaba vía telefónica, pero hace ya mucho tiempo que dejó de llamar.

Doña Dilma del Pilar dice que su hija Olga Edelmira ahora tiene 36 años, sabe que vive con otra persona y que tiene dos hijos pequeños. Sin embargo, allá en Honduras le dejó cinco hijos que lloran y sufren su ausencia.

Unas personas le dieron una pista de su paradero: que vivía cerca de una línea de autotransportes ubicada en la 4ª Poniente, entre 9ª y 10ª Sur, cuatro calles hacia abajo, en Tuxtla.

Y hasta allá fue doña Dilma del Pilar a recorrer calle por calle, casa por casa.

Con la foto de su hija en el pecho, la mujer preguntó en tiendas, talleres, cantinas, fruterías y panaderías, así como con todas las personas que podía preguntar y vivían por ese rumbo donde presuntamente vive su hija.

Aunque fueron muchas personas las que le dijeron haberla visto en esas calles, nadie supo señalarle dónde vive o vivía la mujer hondureña.

Activistas del Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM) acompañan a doña Dilma del Pilar, entre ellos Rubén Figueroa, quien va con la foto de Olga Edelmira en su celular también preguntando a quienes podrían haberla visto.

Esta noche ya paró su búsqueda, pero mañana muy temprano regresará a pegar carteles con la fotografía de su hija para decirle que su madre estuvo ahí buscándola.

Como doña Dilma del Pilar, otras madres van en la caravana a bordo de un camión. De Tuxtla se irán a Coatzacoalcos, Veracruz, y así seguirán su ruta. Pretenden llegar hasta Guadalajara, Jalisco, y luego regresar sus lugares de origen.

Rubén Figueroa dice que el suplicio de quienes migran buscando el sueño americano sigue su curso en este país, donde no se respetan los Derechos Humanos de los mexicanos y menos los de los indocumentados.

Figueroa señala que aún siguen los secuestros de migrantes, violaciones, extorsiones, abusos, asesinatos y muchos otros agravios que viven a diario.

Pidió al gobierno mexicano saldar su deuda con estos migrantes, e instó a las autoridades a dejar el doble discurso cuando claman por respeto a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero poco o nada hacen por respetar y garantizar la vida y los Derechos Humanos de los indocumentados centroamericanos.

“Miles son los desaparecidos, pero hoy estamos acá, otra vez, para decirles que seguimos buscándolos”, subrayó Figueroa.

Desde hace 11 años la Caravana de Madres Centroamericanas en Busca de sus Hijos Desaparecidos en Tránsito por México, recorre diversos estados de la República Mexicana para encontrar a sus familiares desaparecidos. Iniciaron en 2006, cuando la estrategia del gobierno de Felipe Calderón para combatir el narcotráfico derivó en un aumento de los asesinatos y desaparición de personas, incluidas las y los migrantes centroamericanos en su ruta para Estados Unidos.

17/IM/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Autoridades no dan respuesta a casos
Morelos: impunidad total en asesinatos de mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Estrella Pedroza y Reporter@s Morelos*
Cimacnoticias | Morelos, Cue.- 08/12/2017

En Morelos, del 2012 al 2015 el mayor número de homicidios ocurrió en lugares públicos, donde fueron asesinadas principalmente mujeres jóvenes. En el caso de mujeres adultas, la mayoría han sido asesinadas en sus hogares, en este estado donde las organizaciones civiles denuncian una total ausencia de justicia para las víctimas y sus familias.

Durante ese periodo ocurrieron 225 asesinatos de mujeres en el estado, según estadísticas el Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), elaborados con los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, actas de defunción del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público.

La integrante del Comité de Derechos Humanos "Digna Ochoa", Susana Díaz Pineda destacó que en Morelos “tenemos una fiscalía omisa de manera sistemática”, puesto que en un primer momento, cuando una mujer es violentada y acude a presentar una denuncia “no hay una sola respuesta de la autoridad y al paso del tiempo se convierte en un feminicidio”. 

La activista agregó que cuando las mujeres son encontradas sin vida en la vía pública o en sus casas “la integración de la carpeta se hace de manera inadecuada y la  investigación no se lleva a cabo de manera precisa”.

Ante la falta de capacidad de la Fiscalía General Estatal (FGE), “las autoridades se van por el lado fácil y argumentan que se trató de un ajuste de cuentas o era la pareja sentimental. Hay casos en los que el agresor sabe perfectamente que no habrá sanción, que lo que haga quedará impune y lo hace una y otra vez -dice Susana Díaz-. 
¡Sabe que a la autoridad no le importa porque además tiende a criminalizarla!”. 

Así ocurrió con Rebeca Díaz García, de 27 años, madre de dos menores de edad – Alison de 9 años y Karla de 4 años- de quienes estaba totalmente a cargo desde que enviudó. Ella no se dio por vencida: además de tener un ciber, trabajaba como cajera en un súper y estudiaba la licenciatura en Derecho.

Rebeca pertenece al grupo de edad de la mayor parte de mujeres víctimas de homicidio en Morelos, de 26 a 40 años de edad; luego le sigue el grupo etario de 18 a 25 años, el de 41 a 64 años, 65 o más, 12 a 17 años y las niñas de 0 a 11 años, según los datos del Sinais.

En cuanto a su ocupación o actividad profesional, la mayor parte de mujeres que fueron asesinadas en Morelos (36.6 por ciento) se dedicaba a los servicios personales o vigilancia, como es el caso de Rebeca. Del 12 por ciento  de víctimas se desconoce la actividad profesional o laboral a la que se dedicaba; 11.3 por ciento no tenía un empleo remunerado y 7 por ciento se dedicaba al comercio.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

La noche del 4 de marzo del 2014, pasadas las 9:00 horas, Rebeca fue asesinada mientras atendía la caja número cuatro de Superama, ubicada en la avenida Ávila Camacho en Cuernavaca, frente a decenas de personas. 

Ramón, su agresor, entró al súper, cruzó el control de seguridad. Con paso firme se detuvo frente a Rebeca -según se observa en el video grabado por las cámaras del establecimiento que fue filtrado a los medios de comunicación- aventó a un menor de edad que la auxiliaba y le apuntó con un arma de fuego. En segundos le disparó en cuatro ocasiones y terminó con su vida. 

“En cuestión de segundos perdió la vida. Minutos después las autoridades y los medios la volvieron a matar; decían que se trató de un ajuste de cuentas. La criminalizaron…”, recuerda con impotencia Isabel García, su madre. 

Cuando la familia llegó a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) solicitó información sobre lo ocurrido, pero se las negaron.

Al siguiente día el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, afirmó que el asesinato se debió a un ajuste de cuentas del crimen organizado, “lamentablemente la muchacha que fue ultimada fue pareja sentimental o esposa de un sicario apodado el ‘Cacas’, que fue asesinado el año pasado”.

Un mes después Ramón fue detenido mientras asaltaba una gasolinera. La FGE informó que formaba parte de un grupo del crimen organizado y que confesó haber asesinado a Rebeca.

“Confesó haber matado a mi hija pero también dijo que había matado a otras 33 mujeres más y eso está en las carpetas de investigación”, subrayó la mamá de Rebeca Díaz García.
Inicialmente el hombre fue acusado de feminicidio, delito que según el Código penal de Morelos se castiga con una pena de 30 a 70 años de prisión. Ocho meses después, mediante un juicio abreviado, Ramón fue sentenciado por autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a cumplir 13 años con 4 meses de prisión, pero no por feminicidio, sino por cometer homicidio calificado en contra de una mujer, así como  a pagar 1 millón de pesos de multa y otro millón como reparación de daño.

Para Isabel García, madre de Rebeca, “ese castigo es insuficiente porque el daño fue muy grande para sus hijas y para todos los integrantes de la familia”. 

El criterio aplicado es que al reconocerse como responsable del asesinato de Rebeca, pudo acceder a un beneficio de reducción de condena en su juicio.
 
RAMÓN TAMBIÉN MATÓ A MI MADRE

El 11 de marzo del 2014, justo ocho días después del feminicidio de Rebeca, una mujer de 65 años a quien llamaremos Graciela -a petición de sus familiares por temor a represalias-  fue asesinada al interior de su casa, situada en el municipio de Jiutepec.

A las 19:00 horas de ese día, Graciela regresaba a su casa después de acudir a una comida, organizada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer; mientras que Ramón, que portaba un arma de fuego, protagonizaba una persecución pie tierra.

Graciela cruzó un par de palabras con su esposo Rodolfo (también nombre ficticio) cuando escucharon disparos afuera de su casa. En segundos un joven entró corriendo al departamento, situado en el primer piso, debido a que era perseguido por Ramón y logró salir por una puerta trasera.

Ramón se quedó –por unos segundos- confundido, agitado, molesto. Rodolfo intentó calmar los ánimos y pregunto: ¿Qué está pasando? La respuesta de Ramón fue dar un pequeño giro. Con la pistola en mano, apuntó sobre Graciela y disparó. Ramón salió corriendo y nadie puedo detenerlo. Graciela murió casi instantáneamente.

Las estadísticas del Sistema Nacional de Información de Salud revelan que casos como el de Graciela, revelan que en Morelos, a las mujeres de 65 años o más las asesinan en su hogar, es decir, una de cada tres mujeres que mataron en su hogar era mayor de 65 años. Aunque al grupo que más asesinan en sus casas es al de mujeres de 26 a 40 años.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

En menos de una hora personal de la Semefo acudió a realizar el levantamiento del cuerpo de Graciela y de un joven que fue asesinado. A pesar de que se había cometido un delito, no se preservó la escena ni se inició ningún tipo de investigación. 

A la fecha ninguna autoridad de la FGE ha iniciado una carpeta de investigación (o por lo menos la familia no ha sido notificada de ello), explica con visible indignación Patricia, hija de Graciela.

Quince días después, la familia se sorprendió al ver en los medios de comunicación al asesino de Graciela y en ese momento supieron que se llamaba Ramón. “Nos enteramos que fue detenido por robar en una gasolinera, que era de la delincuencia organizada y que también era el responsable de la muerte de Rebeca”.

Rodolfo fue quien reconoció el rostro de Ramón. “Mi papá no tenía la menor duda de que el asesino de Graciela era Ramón, pero nos pidió no hacer nada para evitar algún tipo de represalias”, recordó Patricia (también nombre ficticio). 

Como Rebeca, las mujeres solteras son quienes más corren riesgo de ser asesinadas, pero las mujeres con pareja -al igual que Graciela- son el segundo grupo más vulnerable, pues un 40 por ciento de las víctimas de homicidio era casada o vivía en unión libre.

LA AUTORIDAD INVISIBILIZA A LAS VÍCTIMAS

En ambos casos las familias han sufrido daño psicológico y moral. Y aunque son víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del estado de Morelos no ha cumplido con su trabajo, ha sido omisa en sus peticiones y necesidades. También se ha evitado que accedan  a la reparación del  daño de acuerdo con lo estipulado en la sentencia. Dicho recurso serviría para garantizar una vida digna y educación a las dos niñas que quedaron huérfanas tras la muerte de Rebeca.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

17/EP/RM/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Exige que se cumpla medida provisional de CoIDH
   
Confirma Corte Suprema de Justicia de la Nación, prisión domiciliaria para Milagro Sala
Imagen retomada del portal Prensa Latina
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/12/2017

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la prisión preventiva de la diputada del Parlasur Milagro Sala y ordenó que se cumpla la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos: la dirigente social debe abandonar el penal de Alto Comedero y cumplir prisión en su “domicilio habitual”.

La Corte dejó firme por unanimidad un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que había convalidado la prisión preventiva de Milagro Sala. La defensa planteaba que la detención era arbitraria porque no existe riesgo de fuga ni entorpecimiento y porque se violaron los fueros que tenía como diputada del Parlasur.

El máximo tribunal -con votos de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti- ordenó a los jueces jujeños que “con urgencia” cumplan la resolución dictada el 23 de noviembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). El argumento fue que ante una situación de “extrema gravedad y urgencia” y ante la posibilidad de que se produzcan daños irreparables, el Estado argentino debe adoptar medidas para “garantizar la vida, integridad personal y salud”.

Según detalló la CoIDH, el Estado debe sustituir la prisión preventiva por “el arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive” o cualquier otra medida menos restrictiva. Esta aclaración no es inocente: ante un planteo anterior de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Justicia jujeña había resuelto que cumpliera prisión domiciliaria en un inmueble que estaba destruido y que había sido construido para que funcionara un centro de rehabilitación para jóvenes.

La medida dispuesta por la Corte Interamericana fue adoptada a partir de una solicitud de la CIDH por el incumplimiento de una medida cautelar ordenada en julio por ese organismo.

Milagro está en reclusión desde el 16 de enero de 2016, cuando la justicia jujeña ordenó su detención por participar de un acampe frente a la Gobernación. A los quince días, dictó la libertad y también la prisión preventiva en otra causa. Actualmente tiene 12 expedientes abiertos en su contra que van desde asociación ilícita hasta amenazas. Aún no hay ninguna condena firme en su contra.

*Este artículo fue retomado del portal de noticias Cosecha Roja

17/RED/LGL








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Conforme avanzan las horas se agrava tensión en Honduras
   
Militares someten a registro a periodista y a defensor de DH
Imagen retomada de la agencia Cerigua
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua .- 05/12/2017

La periodista Eleana Borjas, de Radio Progreso y el defensor de Derechos Humanos Pedro Landa, del Equipo de Reflexión Investigación y Comunicación, ERIC, fueron sometidos a registro por militares de las Fuerzas Armadas cuando desempeñaban sus respectivas labores, en horas de la mañana de este domingo 3 de diciembre de 2017, se informó en el sitio web www.pasosdeanimalgrande.com

Según la información, Honduras es considerado uno de los países más violentos en el planeta para ejercer el periodismo y la defensa de los Derechos Humanos; más de 100 activistas han sido asesinados y alrededor de 71 periodistas y trabajadores de la comunicación perdieron la vida en circunstancias violentas, sin que hasta la fecha se haya castigado a los responsables.

Señala además que las manifestaciones populares contra el fraude electoral continúan en la medida que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se retrasa en dar los resultados de las actas computadas de las elecciones del domingo 26 de noviembre de 2017.

La periodista Eleana Borjas ha destacado en la cobertura de diferentes temáticas, como corresponsal de Radio Progreso en Tegucigalpa, especialmente las represiones masivas contra estudiantes en la Universidad Nacional y de otras acciones populares.

Por su parte, Pedro Landa es un defensor de Derechos Humanos muy respetado, que se concentra en la protección de personas defensoras en los territorios; ha sido amenazado por su labor en distintos momentos, por lo que su vida ha estado en alto riesgo.

Según el informe “Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la violencia contra periodistas compromete los derechos a la integridad personal, a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión.

Asimismo, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales de las personas afectadas y sus familiares.

El ejército y la Policía Nacional han incrementado su accionar contra la población hondureña desde el domingo 26 de noviembre, y con más fuerza desde la implementación del toque de queda el 1 de diciembre, el cual fue aprobado a eso de las 10 de la noche e implementado de forma inmediata.

El escaso tiempo que se dio a la población que estaba masivamente en las calles dejó como resultado tres personas muertas en la capital entre ellas la joven Kimberly Alvarado, en Tegucigalpa, y detenciones masivas de ciudadanos y ciudadanas que sumaban más de un centenar.

La Coalición contra la Impunidad publicó en las últimas horas otro recuento de las acciones de movilización del pueblo hondureño y de la respuesta violenta que recibieron por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, el cual señala que se produjeron: 92 puntos de tomas / movilizaciones en 16 departamentos del país; 118 personas detenidas, la mayoría en Cortés producto de los saqueos; 9 lugares con represión policial y militar; 8 lugares donde han disparado a bala viva; 17 personas heridas; 4 personas muertas; 26 saqueos a tiendas comerciales y bancos.

17/RED/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Helena Maleno fue citada a declarar en Marruecos
Denuncian hostigamiento contra defensora de DH española
Imagen retomada del portal Tribuna Feminista
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 05/12/2017

La investigadora experta en migraciones y defensora de Derechos Humanos, Helena Maleno Garzón, tendrá que prestar declaración ante un juez de instrucción en Marruecos hoy, martes 5 de diciembre. En el sumario figura una investigación policial abierta en España.

La investigación busca relacionarla con las mafias del tráfico de personas, citando llamadas -que realiza como parte de sus labores de defensora de Derechos Humanos- a Salvamento Marítimo, alertando del naufragio de pateras y del hundimiento de las mismas en las costas de España con el único objetivo de salvar vidas.

El pasado miércoles 29 de noviembre Maleno recibió un citatorio judicial para acudir a declarar ante el Tribunal de Apelaciones de Tánger este próximo martes.

Esta investigación se enmarca en un momento muy difícil para  las personas defensoras de Derechos Humanos que, como ella, ven criminalizado su trabajo por el simple hecho de denunciar las vulneraciones de Derechos Humanos que se cometen contra la población migrante.

“Yo estoy tranquila, confío en el tribunal marroquí, sé que está haciendo su trabajo como tribunal de investigación. Acudiré a la declaración y contaré quién soy, cuál es mi labor como defensora, y que mi empeño es siempre la salvaguarda del derecho a la vida de las personas”, sentencia la defensora Helena Maleno.

El pasado 1 de diciembre, el hostigamiento hacia ella fue comunicado al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos. Al mismo tiempo se ha preparado un manifiesto en apoyo a Maleno que hasta el momento ha sido refrendado por más de 70 organizaciones internacionales y nacionales.

Las organizaciones como la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, Red Migrantes con Derechos, Front Line Defenders, Women’s Link Worldwide, Coordinadora de Barrios, Parroquia San Carlos Borromeo, Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo de España, entre otras, han manifestado su apoyo a Helena Maleno y denuncian la criminalización de su trabajo, que entienden que es una forma de promover el miedo y de amedrentarla por el importantísimo trabajo que viene realizando durante años en la frontera sur.

*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.

17/RED/LGL








ESTADOS
LABORAL
   Gobiernos federal y estatal financiarán proyecto
Mujeres de Macuspana sí tendrán su maquiladora
CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/12/2017

Luego de siete años de exigencias para lograr la construcción de una maquiladora que empleara a mujeres choles y chontales de Macuspana, Tabasco, las mujeres agrupadas en la cooperativa Exótica Textiles, lograron el financiamiento para su proyecto, el cual será financiado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía (SE) y por el gobierno estatal.

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) tabasqueña ingresó la propuesta de la maquila al Proyecto al Amparo de Convenio (PAC) del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), que otorga a los gobiernos estatales recursos económicos para financiar programas considerados como estratégicos por la cantidad de empleos que podrían generar.

Por ello, antes del 15 de diciembre el Inadem, dependiente de la SE, otorgará un fondo de más de 4 millones de pesos para la construcción  de la maquila y el gobierno estatal aportará la misma cantidad para sumar en total 8 millones 820 mil pesos.

Lo anterior fue notificado a las costureras el primero de diciembre pasado en una reunión efectuada en la SDET. La decisión responde a la exigencia de las mujeres porque autoridades económicas estatales y federales garantizaran la construcción de la maquiladora.

Con el acuerdo del primero de diciembre "aseguramos la construcción de la maquila”, explicó en entrevista con esta agencia la presidenta del Consejo de Administración de “Exótica Textiles”, Alicia Jiménez Hernández.

Las más de 50 choles y chontales que integran “Exótica Textiles” lucharon desde 2011 por la construcción de la maquila con el objetivo de “cambiar los escenarios de pobreza” en los que viven las indígenas de Macuspana. Desde entonces buscaron apoyo por parte del gobierno tabasqueño para la construcción, pero se enfrentaron a violaciones a sus Derechos Humanos y encarcelamientos injustificados.

Alicia Jiménez mencionó que el financiamiento de la construcción está asegurado porque eso afirmó el subsecretario de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la SDET, Rúben Ricardo García Moguel durante la reunión del primero de diciembre, postura que secundó el representante del secretario de Desarrollo  Económico y Turismo estatal, Wilver Méndez Magaña, y el director de Articulación Estratégica en el Inadem, Hugo Hernández Espinosa. El compromiso consta en la minuta de la reunión firmada por los funcionarios, de la cual esta agencia tiene copia.

En mayo pasado las costureras ingresaron el proyecto para buscar financiamiento al Inadem, pero ante la dilación de resultados buscaron de manera alterna reuniones con funcionarios estatales y federales para conseguir financiamiento independientemente de la respuesta al concurso, por lo que lograron que el gobierno estatal suscribiera el proyecto al PAC.

Si el proyecto no prospera en la primera convocatoria que emitieron, de cualquier forma recibirán recursos del PAC, explicó el representante legal de Exótica Textiles, Julio César Álvarez Santos, en entrevista con Cimacnoticias.

Al respecto Alicia Jiménez, quien fue recluida injustificadamente en 2014 mientras exigía frente al Congreso tabasqueño el apoyo para la maquila, opinó que ella y sus compañeras de “Exótica Textiles” aun sienten desconfianza por parte de las autoridades, pues han dilatado su proyecto por años, pero confían en que en esta ocasión “sí se ponga como prioridad el derecho que tienen las mujeres indígenas de tener condiciones de trabajo dignas”, misma que se reflejaría con la construcción de la maquila. 

17/MMAE/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Novena y última parte
   De noche y expuestas a la vía pública
Tlaxcaltecas son asesinadas en su mayoría, en sus centros de trabajo
CIMACFoto: Miriam Marroquín Stevenson
Por: Miriam Marroquín Stevenson y Lucía Pérez Zárate*
Cimacnoticias | Tlaxcala, Tlax .- 06/12/2017

A Jazmín Contreras López de 19 años de edad, ser la administradora de una fábrica de telas, mostrar capacidad, responsabilidad y profesionalismo en su trabajo, le costó la vida. Dos de sus subordinados hombres, Óscar y Miguel, ambos de 24 años de edad, no soportaron el hecho de que ella, mujer y joven, tuviera ese cargo y les diera órdenes.

Jazmín fue reportada como desaparecida por sus familiares el 16 de octubre, y localizada sin vida cuatro días después en la zona boscosa del Parque Nacional ‘La Malinche’, en el municipio de donde era originaria y donde laboraba, Mazatecochco, Tlaxcala.

Especial

La Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), dio a conocer que conforme a los resultados de la necropsia de ley, la causa de muerte fue insuficiencia respiratoria aguda secundaria a asfixia por broncoaspiración, provocada por el trapo negro con cloroformo que sus agresores le colocaron en la boca, para después inyectarle veneno en el cuello y antebrazo, el cual habían adquirido en Puebla.

Las declaraciones hechas por los agresores de la joven tlaxcalteca durante la audiencia inicial, revelan que ocho días antes tenían planeado ejecutar el asesinato para evitar pagarle la cantidad de 14 mil pesos de una tanda.

Datos del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), elaborado con los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, actas de defunción del Registro Civil e información de defunciones del Ministerio Público, arrojan que en Tlaxcala de 2012 a  2015 fueron asesinadas 66 mujeres; de ellas tres de cada 10 eran profesionistas y sus cuerpos  fueron localizados en la vía pública, como el caso de Jazmín, aunque ella fue asesinada en su lugar de trabajo donde ocurre 55 por ciento de los casos.

Alrededor de 31. 2 por ciento de los casos de las mujeres asesinadas en la vía pública se registraron en la noche, casi para terminar el día, entre las 21 y 24 horas, aunque existe la posibilidad de que los homicidios hayan ocurrido horas antes y en otros lugares como en el hogar, donde ocurrieron 8.3 por ciento de los casos, y entre las 13 a 16 horas, según las estadísticas.

Con 19 años, Jazmín Contreras, se coloca en el grupo poblacional con mayor porcentaje de asesinatos de mujeres, que es el de 18 a 25 años en el que se registraron 25. 75 por ciento de los casos conforme a los datos del Sinais; le sigue en grupo de edad el de 26 a 40 años en el que se registró 22.72 por ciento de los homicidios de mujeres; después el de 41 a 64 años con 18.18 por ciento;  de cero a 11 años, 12.12 por ciento; de 65 años y más 9.09 por ciento; sin especificar 7.57 por ciento; y de 12 a 17 años de edad, 4.54 por ciento.

Patricia Reyes Ríos de aproximadamente 35 años de edad, fue sepultada el 15 de septiembre de este año. Fue asesinada por Jaime, su exnovio. La arrolló con un camión de volteo y abandonó su cuerpo en la vía pública donde ocurre 30 por ciento de los homicidios contra mujeres en Tlaxcala. La dejó en la comunidad de Tlacochcalco, municipio de Tepeyanco. Eso ocurrió el 13 de septiembre alrededor de las 17:00 horas.

La Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reflejó que en el caso de las mujeres de 15 años y más, 66.1 por ciento han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor; 43.9 por ciento de las mujeres que tienen o tuvieron una pareja (matrimonio, convivencia o noviazgo), han sido agredidas por su pareja en algún momento de su vida.

Foto de Miriam Marroquín Stevenson

En ese tema, los datos del Sistema Nacional de Información de Salud indican que dentro de grupo de población de mujeres  solteras es donde se registró un mayor porcentaje de homicidios con 34.84 por ciento de los casos; mientras que entre las casadas se reporta 21.21 por ciento; viudas 9.09 por ciento; en unión libre 3.63 por ciento; y no especificado 7.57 por ciento del total.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

SIN CASTIGO ASESINATOS CONTRA MUJERES EN TLAXCALA, EL CONTEO SIGUE

El procurador estatal Tito Cervantes Zepeda, dio a conocer que de enero a octubre de 2017 suman 19 homicidios de mujeres en la entidad. Ninguno ha sido tipificado como feminicidio, aunque tres de los casos recientes, entre ellos el de Patricia y Jazmín, son analizados para poder calificarlos como asesinatos por razón de género.

Tlaxcala tipificó el feminicidio en el año 2012 como delito en el Código Penal local, y apenas en el mes de junio pasado, el congreso del estado realizó reformas al artículo 229 del Código Penal para el estado de Tlaxcala, para uniformar el código local con el federal en cuanto al tratamiento de este delito.

Ante este contexto, organizaciones de la sociedad civil a través de diversas acciones han denunciado discriminación, impunidad, omisión y negligencia por parte del gobierno.

Afirman que las mujeres víctimas de violencia no tienen acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos al denunciar los hechos de violencia sufridos y la mayoría de esto delitos permanecen impunes.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

17/MMS/LPZ/LGL








OPINIÓN
VIOLENCIA
   Desde la Luna de Valencia
¡Yo sí te creo!
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa Mollá Castells*
Cimacnoticias | Ontinyent, Esp.- 04/12/2017

Esta semana ha quedado visto para sentencia el juicio contra los cinco malnacidos que violaron a una joven en Pamplona en las fiestas de los sanfermines del 2016.

Como hemos visto, los abogados de la defensa han utilizado todo tipo de estratagemas para desviar la atención mediática de sus clientes y hacerla recaer sobre la víctima, cuestionando como siempre, su verdad. En este caso la cuestión iba sobre el consentimiento o no a esas relaciones sexuales y sobre si hubo o no intimidación.

He de reconocer que leyendo algunas informaciones sobre esta estrategia me he planteado hasta qué punto está instalada en nuestro espacio simbólico colectivo la idea de que en el espacio público quien tiene la última palabra son siempre ellos.

Me parece muy cuestionable la deontología profesional de estos letrados al utilizar los argumentos que han utilizado, pero ellos sabrán los motivos. Lo que tengo muy claro es que la víctima, que ellos revictimizaron en el juicio, no creo que les pueda perdonar. Yo no podría hacerlo.

Pero sobre lo que hoy quería reflexionar es sobre la responsabilidad que tiene ahora el tribunal que ha de dictar la sentencia. Y lo digo en varios sentidos.

Si absuelve a los violadores de la manada, a esos malnacidos cretinos, estará dando carta de naturaleza a quienes entienden que violar a mujeres y niñas es algo implícito a la condición de hombre y que va mucho más allá del deseo sexual. Se trata de la máxima expresión del sometimiento de las mujeres a manos de cualquier hombre. Es una peligrosa manera de entender la masculinidad y, por ello habrá que analizar con lupa esa sentencia y no sólo en los términos jurídicos, sino también en términos sociológicos y, por supuesto, con las gafas moradas puestas.

Además si se cuestiona la verdad de la víctima, el tribunal seguirá aplicando la máxima de la falta de equidad a la hora de creer a mujeres y hombres por igual. O sea que dará por buenos los mitos existentes sobre las verdades de voces de las mujeres. Y esas verdades siempre son cuestionadas porque el patriarcado así lo ha impuesto.

Si estos dos argumentos no son ya de por sí delicados, queda también el del impacto social, puesto que al ser un juicio tan mediático se han puesto en evidencia temas como lo que puede o no ser el consentimiento de las relaciones o lo que puede o no ser intimidación.  

¿Se imaginan ustedes una situación inversa? Que sean cinco mujeres jóvenes y vigorosas las que hubieran acorralado a un joven solo en un portal y le hubiesen obligado a realizar algunos actos a los que él no dice no porque se siente intimidado, pero queda hecho una piltrafa cuando ellas, ya satisfechas de su felonía, desaparecen.

¿A que cuesta de imaginar? Y cuesta de imaginar porque, pese a todos los avances conseguidos en materia de igualdad, el patriarcado sigue manifestando todo su poder en todos los ámbitos. Y el de los excesos en la calle es uno de ellos.

El sentido de la posesión, el de invencibilidad, el de "me apetece, lo tomo" sin mesura, son algunas características de este tipo de malnacidos que abusan de todo. Ni imaginarme quiero al miembro de la manada que es guardia civil y que tenga que acudir a defender a una mujer que haya sido agredida por su pareja. En qué situación puede quedar esa señora...

Al patriarcado le interesa que haya este tipo de malnacidos para recordar quienes tienen el poder. Y también que haya letrados que no solo cuestionan la verdad de la víctima, sino que hacen recaer sobre ella y su vida posterior toda la culpa de lo sucedido. Y es que hubo momentos en los que no se sabía si estaban juzgando a la manada o a la víctima de la violación en grupo de estos malnacidos.

Afortunadamente la fiscal, Elena Sarasate, puso nombre a las cosas. Y en su alegato final describió la acción como "conjunta y organizada" y que los hechos "se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación. Cuando los acusados terminaron y consiguieron lo que querían, la dejaron tirada y semidesnuda".

En su intervención, esta fiscal desmontó el estereotipo del consentimiento. Es decir no hace falta decir NO para que no exista consentimiento. En todo caso, si no existe un SI claro, no se tiene porqué entender que haya habido consentimiento claro.

Y vuelvo a la responsabilidad del tribunal a la hora de dictar sentencia por todo lo que este caso ha puesto patas arriba.

Es posible que pese a la terrible lentitud con que se va moviendo todo lo que afecta a las violencias machistas y a las vidas de mujeres y criaturas que este terrorismo se lleva por delante, alguna cosa cambie.

Pero el patriarcado sigue ejerciendo su férrea posición y no va a permitir grandes cambios, y por ello quienes dicten sentencia, impregnados como están de filosofía patriarcal, en el mejor de los casos reconocerán los hechos y aplicarán penas más o menos ajustadas, pero no creo que se atrevan a aludir al daño moral causado a la víctima. Ese daño que la acompañará el resto de su vida y que nadie podrá reparar. Ese daño será la victoria del patriarcado sobre esa joven, y sobre todas las mujeres en forma de miedos constantes a ser agredidas por malnacidos hijos sanos del patriarcado asesino.

También este caso mediático está entrando en las escuelas y haciendo reflexionar a familias y personal docente sobre valores como el respeto, la aceptación del NO, la resolución pacífica de conflictos, etc.

Seguramente dentro de unos años seamos capaces de reflexionar y de avergonzarnos como sociedad por no haber creído a esta mujer joven y de cómo algunos abogados son capaces de cuestionar esa voz sin importarles el daño moral que infligen ni la dignidad de la propia víctima.

Y es que como siempre ha dicho mi señora madre, de los errores también debemos aprender.

A ver si somos capaces, como sociedad, de evitar sufrimientos innecesarios y juicios paralelos a las víctimas de las violencias machistas de todo tipo.

* Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent.

tmolla@telefonica.net

17/TMC/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Octava de nueve partes
   Más del 50 por ciento de asesinatos se cometen en la vía pública
En Tamaulipas guerra contra el narco invisibiliza homicidios de mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Rosa María Rodríguez Quintanilla*
Cimacnoticias | Tamaulipas, Tam.- 04/12/2017

La violencia  extrema desatada por “la guerra contra el narcotráfico” en Tamaulipas, invisibiliza el otro grave problema que padece esta entidad: los homicidios de mujeres y la desprotección riesgosa en la que el Estado mexicano las ha dejado en los últimos años, coinciden defensoras de Derechos Humanos.

Aseguran que la guerra que se libra contra las bandas delincuenciales en esta entidad, opacan la gravedad y la atención directa que las autoridades están obligadas a dar para prevenir, investigar y castigar estos asesinatos.

Cifras del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais) revelan que del 2012 al 2015 fueron asesinadas 472 mujeres en Tamaulipas. El año más crítico fue el 2012 con el registro de 178 homicidios de mujeres en los diferentes municipios del estado.

La tasa de homicidios de mujeres en México en el 2012 fue de 4.6 muertes por cada 100 mil habitantes, pero Tamaulipas, al registrar un 9.9, superó por mucho a la media del país junto con Chihuahua (14.8) y  Guerrero (13.2).

Datos del Sinais arrojan que en el 2013 disminuyó a 92 el número de asesinatos de mujeres en Tamaulipas; en el 2014 se registraron 128 y en el 2015 se cometieron 74.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

Con estas cifras, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ubica a Tamaulipas como la novena entidad con mayor número de homicidios de mujeres, por lo que llamó a la Procuraduría de Justicia del Estado a investigar y castigar los asesinatos de mujeres como feminicidio.

La Coordinadora General del Centro de Investigación, Capacitación y Atención para el Desarrollo Social, A.C. (Cicades) Cynthia Karina Bitar Tessan, lamentó que muchas veces la autoridad, en automático y sin investigar, da por hecho que las mujeres asesinadas estaban relacionadas con la delincuencia organizada, lo que no siempre es así.

“Hay datos que revelan que de los homicidios de mujeres registrados en la región sur de Tamaulipas del 2016 a la fecha, 90 por ciento fueron cometidos por sus esposos, novios o ex parejas”, sostuvo.

La también Coordinadora del Observatorio de Violencia de Género en la Zona Metropolitana refirió que de los crímenes de mujeres que tienen documentados en los municipios de Tampico, Madero y Altamira en los últimos dos años, al menos 18 deben ser considerados, investigados y castigados como feminicidio.

De acuerdo a las cifras del Sinais, 40 por ciento de los crímenes de mujeres que se cometieron entre el 2012 y 2015 en Tamaulipas fueron perpetrados en el hogar y un 50 por ciento en la vía pública. También se detectó que 3 por ciento de las víctimas sufrió violencia familiar previa.

En ese contexto, la Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) María de la Luz Estrada Mendoza, lamentó que en Tamaulipas no existan condiciones de seguridad para que las organizaciones defensoras de Derechos Humanos y medios de comunicación documenten los casos de feminicidio.

“La situación de riesgo para documentarlos y la mala legislación del feminicidio en el Código Penal del estado deja a las mujeres de Tamaulipas en total indefensión, porque no se acredita ni se sanciona el delito”, consideró la Coordinadora del OCNF.

El delito de feminicidio quedó tipificado en el Código Penal de Tamaulipas desde el 2011 pero de manera muy ambigua, en términos que para que los operadores de justicia hacían prácticamente imposible acreditar este delito.

Fue hasta mayo del 2016 cuando el congreso local reformó la redacción de las características del feminicidio en el Código Penal, para que este delito no se pierda en el concepto general de homicidio. La legislatura también homologó el Código Penal de la entidad con el federal y estableció una pena de 40 a 50 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio en Tamaulipas.

Para asegurar justicia en los crímenes por razón de género, el congreso local también estableció sanciones para todo aquel servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia; incluyen prisión de tres a ocho años y de 500 a mil 500 días de multa, así como su destitución e inhabilitación de tres a 10 años para ejercer en el ámbito público.

A pesar de ello, los homicidios de mujeres no se investigan ni castigan con perspectiva de género.

En una reciente visita a Tamaulipas, el Coordinador Jurídico del Instituto Nacional de Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete, recomendó al Procurador de Tamaulipas Irving Barrios Mojica que deje de temer al “efecto estadístico”, que investiguen y castiguen los asesinatos de mujeres como feminicidio.

Al asistir a la primera sesión del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Tamaulipas (SIPASE), el funcionario del Inmujeres lamentó que la mayoría de los 180 homicidios de mujeres que se registran mensualmente en el país no son investigados ni sentenciados como feminicidio por las procuradurías estatales, porque temen reflejar un incremento de este delito en sus estadísticas.

Recordó el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en el Estado de México, que obliga a las Procuradurías de Justicia de los estados a que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen y procesen como feminicidio y que sea la investigación la que confirme o deseche si lo es o no. Insistió que para clasificar el feminicidio el problema ya no es jurídico, sino de interpretación y aplicación de las leyes que hagan las agencias del Ministerio Público y juzgadores.

Una ex funcionaria de la Procuraduría de Justicia del estado consultada por Cimacnoticias consideró que la mayoría de los crímenes de mujeres, son clasificados como homicidios por ignorancia, desconocimiento y falta de capacitación de policías y agentes del ministerio, debido a que no cuentan con un protocolo para investigar el feminicidio con una perspectiva de género.

Más Datos

Cifras del Sistema Nacional de Información de Salud revelan que de las mujeres asesinadas en Tamaulipas, 35 por ciento tenían entre 26 y 40 años de edad; 25 por ciento tenían 18 a 25 años, y 23 por ciento entre 41y 64 años de edad.  Las adolescentes, adultas mayores y niñas, también fueron víctimas de homicidio: 9 por ciento tenían entre 12 y 17 años de edad; 6 por ciento 65 años o más y 2 por ciento de 0 a 11 años de edad.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

De las mujeres que fueron asesinadas en el hogar, 27.3 por ciento eran solteras, en el mismo porcentaje eran casadas; 24.7 por ciento vivían en unión libre; 10.4 por ciento eran viudas: 5.2 por ciento eran divorciadas. De los homicidios femeninos registrados en la vía pública, 44.4 por ciento eran solteras; 23.1 por ciento eran casadas; 20.4 por ciento vivían en unión libre y 5.6 por ciento eran divorciadas.

De las mujeres que fueron asesinadas en su hogar, 5.3 por ciento de tenía una carrera profesional; 4.2 por ciento tenían bachillerato terminado; 8.5 por ciento habían terminado estudios de secundaria; 9.5 por ciento concluyeron la primaria. Sólo 1.1 por ciento no tenía escolaridad; 19 por ciento no tenía un trabajo formal; 11.1 por ciento laboraba en servicios personales y vigilancia; 3.2 por ciento eran comerciantes; 0.5 por ciento eran funcionarias, directoras o jefas y 1.6 por ciento eran profesionistas o técnicas.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

17/RMRQ/LGL








DERECHOS HUMANOS
   Algunas se encuentran a días de parir y hay recién nacidos
   
En riesgo, mujeres embarazadas desplazadas de Chenalhó y Chalchihuitán
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/12/2017

A 10 días de que miles de personas de las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó se esconden de los grupos paramilitares en los montes de los Altos de Chiapas, la ayuda del gobierno comenzó a llegar a cuenta gotas pero para las más de 100 mujeres embarazadas aún es difícil acceder a la atención médica.

La coordinadora del área de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Azalia Hernández, informó a Cimacnoticias que ayer llegaron las brigadas de salud del gobierno de Chiapas pero únicamente a la cabecera municipal de Chalchihuitán, “de entrada por salida”.

Debido a la disputa territorial entre ambos municipios (Chalchihuitán y Chenalhó) es imposible que las mujeres y niñez que se refugian en los montes, regresen a sus localidades, ya que los caminos se encuentran obstaculizados por personas armadas, “es absurdo que se les pida trasladarse a los municipios”, señaló la activista.

La situación se agrava día a día, la información que ha recibido el Frayba es que hay mujeres a pocos días de parir, en total tienen el registro de 114 mujeres embarazadas, hay bebés recién nacidos, por ejemplo, la asociación conoció un caso de un bebé de 20 días de vida.

“Médicos están  dispuestos a dar trabajo humanitario, pero es imposible ingresar. En la mañana nos informaron que las personas que bloquean las entradas comenzaron a quemar llantas. Tienen el territorio controlado”.

Según la información que publicó el gobierno estatal en su página web oficial, Protección Civil y paramédicos están atendiendo en Chalchihuitán a las mujeres embarazadas para llevarlas en helicóptero al municipio de Simojovel, pero la mayoría, como indicó la integrante del Frayba, están refugiadas en las montañas.

Lo mismo sucede para la niñez y adultos mayores que presentan enfermedades respiratorias y gastrointestinales por vivir en la intemperie. No hay registro de que las brigadas estén atiendo de forma directa a estos pueblos tzotzil, precisó Azalia Hernández.

“Las familias desplazadas huyeron de sus casas sin nada. Especialmente las mujeres se encuentran en extrema vulnerabilidad, en campamentos hechos con plásticos a temperaturas muy frías, sin alimentos. No pueden regresar a sus casas, les fueron quemadas, robaron sus animales y destruidas sus pocas pertenencias”, comentó.

La vulnerabilidad no sólo es en su salud física sino también mental. Azalia mencionó que en los campamentos las mujeres, niñas y niños están viviendo con un profundo temor de ser perseguidos y encontrados por los grupos paramilitares.

EL CONFLICTO

El conflicto territorial entre Chalchihuitán y Chenalhó comenzó en los años setenta cuando San Pablo Chalchihuitán obtuvo el Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC). El municipio recibió hectáreas que eran parte de la localidad colindante.

Desde entonces se desató la problemática que aún sigue sin resolverse. Actualmente continúa en juicio en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez la denuncia de la población de Chenalhó por la distribución del territorio.

Asimismo el conflicto de grupos paramilitares en esta zona es añejo. Hace 20 se suscitó la masacre de Acteal en localidad de Chenalhó. Un grupo paramilitar conocido como “Máscara Roja” asesinó el 22 de diciembre de 1997, a 18 mujeres adultas, 7 hombres, 16 menores de 17 años y 4 niños entre los 15 y 2 años de edad.

Fue una masacre planeada en contra de los miembros de la Sociedad Civil “Las Abejas” mientras hacían una jornada de paz para Chiapas. El caso llegó hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La integrante del Frayba –asociación que acompañó el caso Acteal- afirmó que el conflicto armado continúa en estos municipios por la incapacidad del gobierno para desarmar a los grupos paramilitares y la impunidad de castigo a quienes participaron en ellos.

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO

Por ello las organizaciones y comunidades temen no sólo de otra masacre como la de Acteal, sino también del futuro de estos cientos de familias. Azalia Hernández explicó que en casos de desplazamiento forzado por grupos paramilitares que ha documentado el Frayba, a muchas poblaciones les es imposible retornar a sus comunidades.

El asentamiento de grupos armados en sus localidades los orilla a comenzar su vida en lugares aledaños. Las familias pierden sus propiedades y terrenos de siembra. También hay una pérdida cultural (tradiciones, lengua) como parte del desplazamiento forzado.

Por ello, dijo, la acción del gobierno debe estar enfocada en cuatro ámbitos: la atención urgente a la población desplazada, el desarme de los grupos armados y la atención del problema estructural en la comunidad, y la reparación del daño integral para los habitantes.

De acuerdo con los registros del Frayba, en Chalchihuitán son 5 mil 23 personas desplazadas, y de la comunidad de influencia zapatista, Chenalhó, la cifra aumentó a 900 personas.

NACIONES UNIDAS PIDE ATENCIÓN URGENTE

En tanto, en un comunicado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por el desplazamiento forzado de estas comunidades.

Indicó que “es necesario lograr una solución integral y duradera que ponga en el centro los problemas estructurales que han dado origen al desplazamiento interno forzado y la solución de los conflictos que enfrentan estas comunidades”. Pidió que se cumplan las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó al Centro de Derechos Humanos Ku’untik que ya integra la solicitud de medidas cautelares para las personas desplazadas que la organización solicitó. 

De acuerdo con el Centro, estas serán una extensión de las medidas cautelares (MC-361-17) que dictó la CIDH en octubre por el desplazamiento forzado de 248 personas del Ejido de Puebla localidad de Chenalhó, de la misma forma por parte de grupos paramilitares.

17/HZM/LGL

 








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