derechos humanos

OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   Lydia Cacho Plan b*
La guerra santa contra la diversidad
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/09/2016

Durante veinte años he investigado, estudiado y documentado casos de violencia intrafamiliar, de abuso sexual contra niñas y niños (menores de 18 años) de pederastia y pornografía infantil.
 
Las cifras no mienten, 96 por ciento de los casos de abuso infantil es cometido por personas heterosexuales: madres, padres, tíos, abuelos, hermanos, profesores, sacerdotes, obispos, vicarios, políticos, pastores. No hay un sólo dato científico que demuestre que los hombres homosexuales y las mujeres lesbianas sean abusadores; nadie ha podido demostrar que las personas que aman a otras de su mismo sexo vayan por allí promoviendo un cambio de preferencias sexuales.
 
Los mitos se basan en la fobia y el deseo de desacreditar moralmente a los otros por pensar y sentir de forma diferente a la tradicional cristiana. Contrario a lo que sucede con el mundo gay (que no pretende imponer su forma de vida a nadie, sino simplemente ser reconocidas como personas dignas), una corriente ultraconservadora ha salido a las calles a intentar someter a toda la población a su propia ideología: la guerra santa contra la diversidad.  
 
Cito la encíclica del Papa Benedicto XV “La experiencia ha mostrado muy bien que cuando se desvanece la religión, la autoridad humana se tambalea…Cuando los gobernantes del pueblo desdeñan la autoridad de Dios, la gente deprecia, a su vez, la autoridad de los hombres. Queda, es cierto, el recurso habitual de la supresión de la rebelión por la fuerza ¿pero con qué sentido? La fuerza somete a los cuerpos de hombres, pero no sus almas”.
 
Todo parece indicar que frente a los cambios sociales que amplían las libertades y reivindican los derechos con mayor pluralidad, cientos de miles de personas religiosas quieren, como lo propuso el Papa, someter el alma y la vida sentimental de toda la población a las creencias bíblicas.  Cuando Ernesto Campos, vocero del frente Nacional de la Familia dijo a la prensa de Sinaloa “Que ellos le llamen como ellos quieran, pero no familia, porque la familia para mi es un hombre, una mujer y sus hijos, porque es lo establecido en la Biblia y en la política también está establecido”.  Insultar y descalificar a quienes han salido a las calles a defender sus principios religiosos es una verdadera pérdida de tiempo y otra forma de intolerancia. Más interesante es comprender que hay millones de personas en México que aprovechan estos momentos históricos, como la legislación sobre la diversidad familiar y los matrimonios igualitarios civiles, para manifestar su resistencia y su miedo a perder la certeza que les da su visión del mundo sobre la heterosexualidad patriarcal.
 
Detrás de este movimiento subyacen muchos miedos, fobias y resistencias, las entrevistas con manifestantes pro-vida en todo el país tienen una constante: la misoginia patriarcal tradicional, el hombre, macho, masculino, proveedor como eje y líder de la familia, la mujer como fiel madre-esposa, educadora al servicio de los otros. Subyace un miedo ancestral frente al reconocimiento de que millones de personas han decidido no etiquetar su vida amorosa-familiar de forma convencional, son honestas consigo mismas y con sus parejas y familias; están cambiando el mapa original de las formas amorosas humanas y despiertan resistencias sociales que van desde la descalificación hasta la virulencia mortal.
 
Para muchos esta diferencia ideológica parece insalvable en términos de opinión personal, de allí que sea el Estado el verdadero responsable de establecer la protección de los Derechos Humanos y la diversidad. Este colectivo puede, ingenuamente, apropiarse de la palabra familia como sinónimo de heterosexualidad patriarcal, lo que no puede, aunque lo intente, es imponer su ideología religiosa a 122.3 millones de habitantes. A diferencia de este movimiento conservador, quienes nos pronunciamos por la diversidad familiar y la igualdad de derechos comprendemos que hay familias heterosexuales (la mía lo ha sido siempre) y que eso está bien, pero no todas deben serlo por decreto de terceros.
 
Si algo entendió Benito Juárez fue que la Iglesia había sido responsable durante siglos de facilitar legitimidad al Estado y mantener a la ciudadanía acotada a partir de la teología y una serie de rituales que propiciaban la subordinación, la docilidad y la lealtad para el Estado paternalista; por eso el Estado laico es la piedra angular de nuestra democracia que implica someternos a la ley y no a la obediencia mitológica selectiva.
 
Los colectivos Pro-Vida y otros conservadores tienen pleno derecho a jugar sus reglas dentro de su familia, a lo que no tienen derecho es a imponer sus creencias y mitos religiosos a la mayoría a partir de su miedo e ignorancia sobre la vida de las y los otros. Hay detrás de este movimiento un impulso autoritario, una obsesión por someter a los otros a los designios teológicos que ellos han asumido como verdaderos; para ellos la diversidad humana es el enemigo a vencer, por eso es una guerra perdida. 
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
16/LCR/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Exigen a Osorio Chong que cumpla acuerdos
De “papel” Mecanismo de Seguimiento a casos de Tortura Sexual: ONG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/09/2016

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos, condenaron la falta de resultados del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, a un año de su instalación, por lo que exigieron al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ponga en operación los acuerdos que adquirió dicho Mecanismo en 2015 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En un comunicado emitido hoy a propósito del primer aniversario del Mecanismo, las organizaciones señalaron que es necesario que el gobierno federal, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), muestren su verdadero compromiso en la erradicación de la tortura sexual, asignando recursos al Mecanismo y garantizando que todas las instituciones correspondientes colaboren con él.
 
Enfatizaron que el Mecanismo “ha fallado en dar seguimiento a la documentación de casos que recibieron de la campaña “Rompiendo el silencio: Todas juntas contra la tortura sexual”, y que el compromiso de elaborar un dictamen conjunto con recomendaciones sobre cada uno de los casos revisados, “quedó sólo en papel”, y con ello, agregaron, la posibilidad de garantizar el acceso a la justicia a las sobrevivientes de tortura en el país.
 
Recordaron que la Conavim se comprometió a instalar dicho Mecanismo durante la audiencia temática sobre tortura sexual realizada ante la CIDH en 2015, donde las organizaciones civiles con trabajo en el tema, manifestaron su preocupación por la persistencia de la tortura en el país, principalmente la sexual que es ejercida en mayor medida contra las mujeres y que va desde los abusos psicológicos, amenazas de violación contra ellas o sus familiares, hasta el abuso sexual.
 
Recordaron que la creación del Mecanismo resultaba un importante avance para visibilizar los patrones del uso de la violencia sexual como tortura en la investigación de los delitos, lo que permitiría diseñar políticas públicas de prevención y erradicación de esta práctica.
 
Ejemplificaron el caso de Verónica Razo, detenida el 8 de junio de 2011, en la Ciudad de México sin una orden de detención por aproximadamente 7 hombres vestidos de civil portando armas largas, quienes la encañonaron, la esposaron y la subieron a un automóvil sin placas oficiales.
 
El caso de Verónica, agrega el comunicado, fue uno de los primeros que se presentó ante el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual, pero a la fecha éste no ha realizado un seguimiento puntual ni ha emitido un pronunciamiento, y Verónica continúa en reclusión.
 
Entre las organizaciones que firmaron el comunicado se encuentran Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan".
 
16/LGL








NACIONAL
   Impide gobierno egipcio a defensora salir del país para participar en Foro AWID. Condenan discriminación contra diputada guatemalteca Sandra Morán. Conoce “El Túnel de la Tolerancia” en la Universidad Iberoamericana
BREVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Por: Gabriela Mendoza Vázquez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/09/2016

Impide gobierno egipcio a defensora salir del país para participar en Foro AWID
Ontario, Can.-
La Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID) lamentó que el gobierno egipcio no permitiera salir de aquel país a la defensora de los Derechos Humanos, Mozn Hassan para que participara en el XIII Foro Internacional de AWID que se lleva a cabo del 8 al 11 de septiembre en San Salvador de Bahía, Brasil.
 
Por lo anterior, AWID convocó a firmar la petición https://action.manifesta.net/petitions/en-egipto-mozn-hassan-en-la-mira-por-su-activismo-por-los-derechos-de-las-mujeres para exigirle al gobierno egipcio retire de manera inmediata las medidas restrictivas de viaje impuestas a la activista feminista, Mozn Hassan.
 
Hassan es asesora de la Coalición Internacional de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de las Mujeres del Medio Oriente y Norte de África; y fundadora y directora ejecutiva de la organización Nazra de Estudios Feministas. 

Condenan discriminación contra diputada guatemalteca Sandra Morán
Guatemala, Guate.-
Organizaciones integrantes de la Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH de Guatemala (REDNADS) condenaron los actos discriminatorios, ofensivos y misóginos que por su orientación sexual ha recibido la diputada Sandra Morán Reyes, del Partido Convergencia.
 
La REDNADS refirió que las acciones contra Morán son para desacreditar su trabajo a favor de los derechos de las mujeres, los  pueblos originarios, las víctimas del conflicto armado interno, la defensa del territorio y con la comunidad (LGBTI), al querer impulsar una agenda parlamentaria progresista y por presidir el Foro Parlamentario de Mujeres.
 
La REDNADS solicitó al Ministerio Público (MP) y a la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo (CODISRA) generar mecanismos para prevenir, investigar, sancionar y reparar, actos discriminatorios contra integrantes de la comunidad LGBTI, en este caso a la diputada Morán. (Con información de la agencia de noticias Cerigua).

Conoce “El Túnel de la Tolerancia” en la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México.-
La iniciativa “El túnel de la Tolerancia” del Museo Memoria y Tolerancia, estará en exhibición del 12 al 22 de septiembre en la Universidad Iberoamericana campus Santa Fe, para que alumnado y público en general se acerque a temas como la no violencia, la no discriminación, la tolerancia, la diversidad y los Derechos Humanos.
 
El túnel (de siete metros de largo) estará integrado por diversos carteles que abordan la historia de los Derechos Humanos, el genocidio y la cultura de la tolerancia, el recorrido estará a cargo de alumnado voluntario que tomó un curso previo.
 
16/GMV/LGL








INTERNACIONAL
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   XIII FORO INTERNACIONAL DE AWID
   Necesario incluir todas las voces de mujeres para avanzar por la igualdad
Feminismo debe enfrentar fundamentalismos y modelo económico
Myrna Cunningham durante su participación en el XIII Foro internacional AWID | CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Salvador de Bahía, Bra.- 09/09/2016

Uno de los grandes retos que tiene el feminismo es encontrar estrategias para hacer frente al modelo económico y a los fundamentalismos, afirmó la activista e indígena nicaragüense, Myrna Cunningham.
 
En entrevista con Cimacnoticias en el contexto del XIII Foro internacional organizado por la Asociación para los derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), que se realiza desde ayer y hasta este 11 de septiembre en Brasil, afirmó que uno de los grandes temas es el modelo de desarrollo extractivista, orientado hacia el mercado y que impacta en los territorios, las tierras, los recursos naturales y afecta a los pueblos.
 
La también integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas a nivel global aseveró que si las mujeres quieren transformar la humanidad en países donde cada vez hay más fundamentalismos, no deben dar soluciones cosméticas sino ofrecer respuestas integrales que aborden los problemas estructurales que afectan a mujeres y hombres.
 
Cunningham, destacada por ser la primera médica en Nicaragua, ex diputada en su país y asesora de la ONU en cuestiones indígenas, aseguró que en un contexto de opresión como éste es importante que el movimiento feminista pueda nutrirse de las distintas voces de mujeres, tanto indígenas, afrodescendientes, con discapacidad o del movimiento LBGT, quienes esta semana se dan cita en Brasil.
 
“Creemos que si seguimos luchando cada uno asilado en nuestro propio espacio, pues no vamos a poder lograr los cambios  estructurales que se requieren”, destacó la activista.
 
En opinión de Cunningham, ninguna posición vista de una forma desarticulada  da una respuesta a los retos del feminismo, “lo que nosotros estamos diciendo es que necesitamos hacer análisis más integrales cuando abordamos distintos problemas y necesitamos involucrar a distintas voces, a distintos movimientos”, expuso.
 
Como ejemplo argumentó que las mujeres indígenas se plantean transformar sus pueblos para que todas las personas sean sujetas de derechos, pero ese cambio requiere la participación de mujeres y hombres,
 
“Si queremos transformar la humanidad, pues debemos de luchar en conjunto mujeres y hombres, lo que no debemos de creer es que el feminismo lo vamos a cambiar sólo con incluir a los hombres”, dijo.
 
Y es que, sin mencionar la campaña de ONU Mujeres, que bajo el lema HeForShe hace un llamado a la comunidad para incluir a los varones en la búsqueda por la igualdad, durante las discusiones del Foro algunas personas dijeron no estar de acuerdo con que la solución a los problemas que enfrenta la población femenina sea incluyendo a los hombres.
 
Agregó además que los cambios culturales que buscan aquellas mujeres que pelean por los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad, las oportunidades de trabajo, y otras causas, no se logra si no hay canales de comunicación con los gobiernos que juegan un papel importante en las transformaciones estructurales.
 
Sin embargo acotó que hoy por hoy los gobiernos están fuertemente afectados por el modelo económico, los nacionalismos, los tratados de libre comercio, y eso –dijo–  impacta en la tarea que tienen por el reconocimiento de los Derechos Humanos y especialmente de los derechos de las mujeres.
 

 
16/AGM/LGL








INTERNACIONAL
Cobertura XIII Foro Internacional AWID
   XIII FORO INTERNACIONAL DE AWID
   Recuerdan la herencia combativa de las antecesoras
Rinden en Brasil, tributo a defensoras asesinadas
CIMACFoto: Anayeli Garcia Martínez, enviada
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | San Salvador de Bahía, Bra .- 09/09/2016

Con pequeñas luces en mano, danza con velos y música, las mujeres reunidas en Bahía, Brasil, rindieron tributo a las defensoras de Derechos Humanos que han sido asesinadas o que simplemente perdieron la vida por una enfermedad o problemas de salud.
 
Para recordar la herencia combativa de sus antecesoras, la tarde- noche de este jueves las asistentes al XIII Foro convocado por la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), que se realiza del 8 al 11 de septiembre en esta localidad, se congregaron para recordar a las defensoras.
 
El tributo fue para las defensoras afrodescendientes, las activistas indígenas, las que trabajan para erradicar la violencia de género y todas aquellas que apuestan por la igualdad; por cada una de ellas las mujeres encendieron una luz para recordar que sus esfuerzos no fueron invisibles.
   
Yolanda, Nadia, Ana Alice, Paola, Jacky, Vivian, Rebbeca, entre muchos otros, fueron los nombres que las mujeres escribieron en un lienzo donde dejaron constancia de que cada una de ellas murió haciendo de su vida una constante lucha por la igualdad y los derechos para todas y todos.
 
En un breve discurso leído en varios idiomas las asistentes señalaron que aquellas defensoras que fueron asesinadas, son crímenes que no se investigaron, donde se negó la justicia y se envió un mensaje a las otras activistas de lo que puede pasar si siguen en sus movimientos.
 
No obstante dijeron, “el legado de sus vidas y sus luchas continúa en nuestra memoria colectiva y contribuirán a la fuerza y resiliencia de las mujeres activistas y defensoras en las generaciones por venir. Reconocemos la importancia de mantenernos a nosotras y a cada una seguras”.
 
Así lo mencionaron porque saben que sus identidades de género y sus ideas desafían las normas sociales, políticas y de género; pese a esto se mostraron dispuestas a no perder la esperanza y como reflejo de ello, organizaron este homenaje a modo de celebración.
 
Mientras una artista danzaba para mostrar la viveza de los movimientos del cuerpo, en el fondo de la pantalla ubicada en el escenario principal del auditorio, se proyectaba un video con música; a la par las asistentes decidieron levantarse y tomar el lienzo que permanecerá como un memorial con imágenes y frases, que celebren y honren la vida y la lucha de las defensoras.
 
Así lo decidieron porque los crímenes contra ellas se cometen igual en México, en Honduras, en Nicaragua que en Marruecos, Irán o Kenya. 
 
Entre 2012 y 2014 la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, en su informe sobre la situación de agresiones contra activistas,  registró un total de mil 688 agresiones a mujeres defensoras de derechos humanos en El Salvador, Guatemala, Honduras y México; de las cuales 414 corresponden a 2012, 512 a 2013
y 762 a 2014.
 
De acuerdo con el informe, hubo un incremento respecto a 2012, de casi el doble en el número de agresiones registradas (45.7 por ciento). Este aumento también se percibe en algunos de los países contemplados en el registro, como Guatemala, México y El Salvador
 
16/AGM/LGL








NACIONAL
LABORAL
   Piden que JLCyA no dilate más su proceso
Incumple Secretaría del Trabajo capitalina acuerdos con trabajadoras del IEMS
Trabajadroas de Intendencia se manifestaron en febrero pasado frente a las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para demandar sus derechos laborales | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/09/2016

Trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), despedidas hace 9 meses injustificadamente, iniciaron una campaña de recolección de firmas de organizaciones y ciudadanía, para que la Junta de Conciliación y Arbitraje, que actualmente aborda su caso, no dilate más la audiencia que les permitirá demostrar que ellas fueron contratadas por el Gobierno de la Ciudad de México.
 
Las 65 trabajadoras despedidas tienen entre 54 años a 60 años de edad, siguen sin empleo y desean conseguir una base laboral o bien el pago de su antigüedad, que en algunas es de 7 años y para otras es de hasta 15 años de labor.
 
A través de una misiva dirigida a la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), Margarita Darlane Rojas Olvera, solicitan su intervención para “vigilar el proceso” debido a las irregularidades que se han presentado desde que interpusieron la denuncia (en abril de este año), como el retraso en las audiencias, para que puedan presentar las pruebas que confirmen que ellas trabajaban de manera directa con la institución educativa, que pertenece al gobierno de la Ciudad de México.
 
“Creemos que su intervención logrará que se agilice, conforme a derecho, el trámite legal del procedimiento y se pueda resolver este juicio de manera pronta, tal como lo establece el artículo 17 Constitucional”, indican las trabajadoras en su petición.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Alejandro Cerezo Contreras, integrante del Comité Cerezo que acompaña legalmente a las trabajadoras, recordó que la audiencia programada para el 20 de mayo, se pospuso para el 21 de septiembre, lo que fue informado por la JLCyA apenas en agosto.
 
Indicó que por lo general, estas audiencias son programadas en un lapso de 15 días o máximo un mes después de haber interpuesto la denuncia, pero en este caso, observó la programaron en dos ocasiones, lo que significa un “retraso del proceso legal” y una afectación a las trabajadoras, quienes tienen ya 9 meses sin trabajar, desde que las despidieron sin justificación del IEMS.
 
El activista explicó que para la audiencia del próximo 21 de septiembre solicitarán que se acepten todas las pruebas que presentarán para demostrar que las trabajadoras eran empleadas de la institución educativa y no de la empresa denominada “ROCMAN S.A de C.V”, que el IEMS ha mencionado como sub contratista.
 
En días pasados, las trabajadoras del IEMS informaron en un boletín de prensa, que el 21 de julio se reunieron con la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, Amalia García y con el entonces, subsecretario de gobierno, Juan José García Ochoa en la cual los funcionarios se comprometieron a tramitarles y otorgarles el “seguro de desempleo”.
 
“Ha pasado más de un mes desde que representantes del Gobierno de la Ciudad de México establecieron un compromiso con las trabajadoras despedidas del IEMS y no lo han cumplido” indican en el comunicado.
 
Además de eso las trabajadoras del IEMS, denunciaron hostigamiento e intento de extorsión por parte de personal de la institución educativa, de las autoridades delegacionales de Iztapalapa y del Gobierno de la Ciudad de México.
 
Informaron que el pasado viernes 2 de septiembre se presentó el Director de Gobierno de la Delegación de Iztapalapa Abel Gabriel Badillo Bustamante y personal de la Dirección General Jurídica y de Gobierno a las instalaciones del plantel Iztapalapa II, en donde las trabajadoras tienen instalado su plantón.
 
El funcionario les dijo que no podían estar ahí y cuando ellas explicaron el motivo de su plantón, él les advirtió que no podían vender nada y que de ser así, tenían que sacar un permiso o llegar a un “arreglo” con él.
 
Ellas argumentaron ejercer su derecho a la protesta y el derecho a la alimentación, por lo que el funcionario entró al plantel para platicar con la coordinadora del IEMS, después salió y tomó fotografías de las trabajadoras que se encontraban en el plantó, denunciaron en el boletín.
 
“Exigimos que las autoridades del IEMS, de la delegación de Iztapalapa y de la CDMX dejen de abusar hacia quienes, amparadas bajo la Carta Magna, exigimos justicia por nuestros años trabajados en las preparatorias del IEMS” señala el Comité Cerezo México en el boletín de prensa.
 
16/GVV/LGL








NACIONAL
Migración
   PCS culmina reunión en Ginebra
Piden que personas migrantes sean consideradas refugiadas
Foto: Itandehui Reyes Díaz
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 05/09/2016

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) debería considerar como refugiadas a una buena parte de las personas migrantes de Centroamérica que huyen de la violencia de El Salvador, Honduras y Guatemala, una de las regiones más violentas a nivel mundial, afirmó la organización Consejería en Proyectos (PCS).
 
En una reunión realizada en Ginebra, Suiza, integrantes de PCS, la Misión Internacional de Verificación y la Plataforma Internacional Contra la Impunidad pidieron a la directora de la Oficina para las Américas de ACNUR, Renata Dubinique, apoye medidas especiales de protección para mujeres, niñas, niños y adolescentes en la ruta migratoria.
 
La delegación de activistas presentó una serie de recomendaciones al organismo de Naciones Unidas, entre ellas, que fortalezca su presencia en la región, especialmente en los territorios fronterizos, desarrollando mecanismos de recepción, registro e identificación de casos que requieran de protección internacional, refugio y asilo, así como la identificación de alternativas para niñas, niños y adolescentes.
 
A pesar de no haber cifras oficiales sobre el número total de personas migrantes muertas o asesinadas a lo largo de toda la ruta migratoria, PCS, quien se dedica a la incidencia para promover los Derechos Humanos en la migración, dijo que se estima que en las últimas décadas han sido miles de personas migrantes las que mueren en su trayecto.
 
Sólo en Estados Unidos, en la franja fronteriza con México, entre 1998 y 2013 la patrulla de control fronterizo encontró 6 mil 29 personas migrantes fallecidas, lo que indica la magnitud de la crisis, además de las diversas formas de violencia y discriminación como la trata de personas de la que son víctimas principalmente las mujeres y niñas.
 
Otras problemáticas que afectan a migrantes en tránsito y refugiados son los robos y extorsiones, secuestros y desapariciones, asesinatos, la discriminación, abusos de autoridad, extorsiones y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de migración y policía.
 
Esta situación, asegura PCS, se ve agravada por las políticas de seguridad, contención y control migratorio que están obligando a migrantes y personas refugiadas a tomar rutas cada vez más arriesgadas, a usar medios de transporte más peligrosos y a atravesar lugares geográficos que implican riesgos directos contra sus vidas.
 
La delegación se reunió además con el director General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), William Lacy Swing, y con la asesora Regional para las Américas, Ana Durán Salvatierra, para pedirles que el organismo refuerce su presencia en los países centroamericanos.
 
También hubo un encuentro con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para incidir en el seguimiento a sus peticiones y recomendaciones hechas a los Estados de la región; entre ellas, que los Estados abandonen la visión de seguridad para afrontar los movimientos migratorios mixtos.
 
En esta gira de trabajo que se realizó la semana pasada la agrupación pidió que los organismos de Naciones Unidas den seguimiento al Plan de Acción de Brasil, instrumento firmado en diciembre de 2014 para dar respuesta a la crisis de refugio que vive la región, así como a los compromisos adquiridos por ACNUR en la Declaración de Acción de San José, que se realizó en julio.
 
En estos documentos los Estados se comprometieron a fortalecer las capacidades de los gobiernos para desarrollar políticas y programas tendientes a brindar protección y asistencia a migrantes, en particular a mujeres, niñas, niños y adolescentes, mujeres, migrantes LGBTI, víctimas de delitos, refugiados y desplazados internos.
 
15/AGM/LGL








REPORTAJE
DERECHOS HUMANOS
   ONU recibirá informe
Empresas devastan nuestras vidas, denuncian mujeres
María Isabel Jiménez Salinas (centro), indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, le contó al Grupo de Trabajo sobre la devastación que ha significado para su comunidad la llegada de más de 21 empresas de energía eólica a la región | Foto: Greta Gómez Rico
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa y Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 05/09/2016

Invasión de tierras, agresiones, amenazas, compra ilegal de propiedad comunal, empleos con salarios ínfimos, uso de químicos que contaminan la tierra y el agua, y que derivan en daños a la salud y en campos inservibles para la siembra, desaparición de hierbas medicinales y de especies animales endémicas…
 
Estos son, entre muchos otros, los resultados de la acción de empresas mineras, hidroeléctricas, eólicas, agroindustriales, de infraestructura, de explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliarias, de turismo y maquilas en el país, sobre todo en comunidades indígenas y campesinas, donde las mujeres enfrentan en su vida diaria la devastación del entorno, la agudización de su pobreza y los daños en su salud y la de sus familias. 
 
Así lo denunciaron ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que por primera vez visita México, del 29 de agosto al 7 de septiembre para documentar las violaciones a Derechos Humanos por parte de las empresas.
 
Y son ellas las denunciantes porque, tradicionalmente encargadas del alimento, guardianas de la salud y del entorno para sus familias, ante la precariedad y amenazas, se han convertido en defensoras de la tierra y de los bienes comunes.  
 
María Isabel Jiménez Salinas, indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, le contó al Grupo de Trabajo sobre la devastación que ha significado para su comunidad la llegada de más de 21 empresas de energía eólica a la región.
 
Médica tradicional e integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) dijo a los expertos que la consulta indígena que se aplicó en el lugar para la construcción de un parque eólico se desarrolló en medio de agresiones y amenazas.
 
Isabel, quien se ha dedicado a la defensa de la tierra, los bienes naturales y los derechos de pescadores, campesinas y campesinos, y de las médicas tradicionales, asegura que los proyectos eólicos sí afectan la naturaleza y la vida, que la tierra se rellena con cemento y ya no germinan las semillas. “Al defender la madre tierra, también defendemos  nuestro trabajo que son las hierbas medicinales”, señaló.
 
Isabel les contó que, en 2013, pescadores y campesinos que la abastecían de hierbas medicinales le avisaron que personal del parque eólico Bií Hioxo había cercado sus parcelas, les pedían gafetes para entrar a sus tierras y dañaban la flora y fauna de la región, caracterizada por tener especies únicas en el país. 
 
Unida a estos grupos inconformes, la mayoría integrados por varones zapotecas que después conformaron la APPJ, Isabel informó a su comunidad sobre la importancia de hacer frente a este despojo, pero esto le ha acarreado amenazas para que no participe.
 
“CONSULTAS” Y CONTRATOS
 
Para su aprobación, los proyectos deben realizar consultas con las comunidades, pero organizaciones civiles, como Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), llevó a cabo una Misión de Observación y comprobaron que el Estado mexicano violó los estatutos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
 
La comunidad mantiene un litigio legal para detener la construcción de parques eólicos, pero estos avanzan y, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), hay 31 parques eólicos instalados en el país: 21 en la región del Istmo, 12  en Juchitán.
 
El Grupo de Trabajo escuchó también a la comunidad agraria de Unión Hidalgo, en la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec, donde la población demanda la nulidad de los contratos de arrendamiento que tiene con la empresa Desarrollos Eólicos de México (Demex), para el parque eólico Piedra Larga.
 
La activista Guadalupe Ramírez Castellanos asegura que la empresa no respetó la propiedad comunal de la tierra porque “compró” áreas que no son de propietarios independientes. La comunidad interpuso un juicio, que está en su etapa final, y se espera que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con sede en Tuxtepec, dicte una sentencia apegada a derecho y los Derechos Humanos.
 
MINERA Y ENGAÑO
 
Otras mujeres que alzan la voz contra las empresas son las ejidatarias de La Sierrita de Galeana, en Durango, que mantienen una batalla legal contra la minera canadiense La Platosa, de Excellon Resource, por haber defraudado a su ejido.
 
En 2004, La Platosa rentó al Ejido, ubicado en el municipio de Tlahualilo, cuatro hectáreas de tierra de uso común –por un millón 200 mil pesos– para ocuparlas durante 30 años, pero al momento de la firma resultó que el contrato estipulaba la renta de 27 hectáreas por el mismo precio.
 
Dora Alicia Ramírez Soto, primera mujer tesorera del ejido La Sierrita, asegura que en un primer momento las mujeres y hombres de la comunidad vieron en la minera una oportunidad de desarrollo social y de trabajo pero, luego de darse cuenta del engaño, con amenazas la empresa logró que las y los 127 dueños del terreno firmaran el contrato.
 
Las violaciones que se cometieron en este caso fueron exploraciones fuera del territorio convenido, que las personas tenían menos espacio para llevar a pastar a sus animales y afectación en la diversidad de plantas. Además, aunque la empresa ofreció empleos, eran trabajos con salarios mínimos e incluso se le negó la contratación a una mujer por estar embarazada.
 
Otro caso de daños provocados por la industria extractiva fue el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la minera Buenavista del Cobre (de Grupo México) que se vertieron  en los ríos Bacanuchi y Sonora, en el estado de Sonora el 6 de agosto de 2014.
 
Las mujeres destacaron como convocantes de la organización para exigir una solución, pues ellas fueron las más afectadas por la contaminación del agua en una comunidad donde se volvieron comunes dolores de estómago, infecciones estomacales, fiebres y vómitos por el consumo del líquido.
 
Después de escuchar estos y otros relatos de mujeres y comunidades indígenas afectadas por estos proyectos, el Grupo de Expertos elaborará y presentará un informe preliminar al terminar la visita en México y posteriormente presentará un informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
 
16/AJSE/AGM/GGQ








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, candidato al Premio Tulipán
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, candidato al Premio Tulipán
Fotografía: CEDEHM
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Chihuahua, Chi.- 02/09/2016

En la recuperación de Chihuahua como ciudad habitable, y en la apropiación de las herramientas jurídicas por parte de las víctimas de delitos, ha jugado un papel fundamental el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).
 
Ese proyecto, que congrega a una treintena de mujeres defensoras, ha dado mucho de qué hablar y ha aportado su experiencia como caso de éxito para lograr la justicia en casos de violaciones a los Derechos Humanos.
 
Está integrado por abogadas en su mayoría, pero también por psicólogas, comunicólogas y otras profesionistas que reflejan su visión de que la violencia contra las mujeres es un problema estructural que debe ser atendido integralmente.
 
Defienden a víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos de cualquier género, edad, origen étnico, condición física y condición económica.
 
Son ellas las que han visibilizado el contexto social y estructural que permite que las mujeres puedan seguir siendo violentadas, asesinadas, discriminadas, criminalizadas por pobres, por decidir sobre sus cuerpos, o incluso por no cumplir o por no tener los elementos para cumplir con el rol asignado de género.
 
Son ellas las que han acumulado un expertise que generosamente comparten con tantas y tantas personas a las que han capacitado, transmitiendo sus prácticas y casos de éxito en litigio estratégico con perspectiva de género, en el estado de Chihuahua.
 
Funcionarias, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil, mujeres y hombres en lo individual han sido capacitados por el Cedehm en Chihuahua, en la Ciudad de México o donde se requiera.
 
Luz Estela Castro –conocida como Lucha Castro–, Alma Gómez y Gabino Gómez han construido una verdadera institución de Derechos Humanos. Igual litigan casos de feminicidio, violencia familiar o desaparición forzada. En todos se valen de los instrumentos internacionales para demostrar que la legislación local es compatible con los más altos estándares de procuración de justicia.
 
No pudieron salvar a Marisela Escobedo, la madre y activista que fue asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua cuando realizaba una protesta para esclarecer el homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre, pero han apoyado a otras víctimas para que obtengan lo que buscan integralmente como justicia.
 
Han formado nuevas abogadas en litigio estratégico de Derechos Humanos y han sido factor clave para que nuevas generaciones de operadores de justicia invoquen los estándares internacionales para salvaguardarlos.
 
Han transmitido sus conocimientos y experiencia a otras defensoras y eso se les agradece profundamente. Gracias al Cedehm, hoy día muchas personas han sido capacitadas, y muchas víctimas han obtenido justicia.
 
UN PREMIO DE JUSTICIA
 
Por ello el Cedehm está nominado al premio Tulipán de Derechos Humanos 2016 (Human Rights Tulip), el reconocimiento de los Países Bajos que toma en cuenta a los más destacados defensores y defensoras e insta a que sean nominados y a que todas y todos  voten por ellos.
 
Este Centro, que puso a las autoridades a trabajar en pro de las víctimas respetando irrestrictamente los derechos de los imputados, puede, con toda legitimidad, aspirar a obtener el Tulipán 2016.
 
Es un equipo sólido, integrado, alegre, respetuoso, responsable, inter y trans disciplinario, que no descansa ni un solo día.
 
Son activistas, pero también son profesionistas con ética, con respeto para las demandas de sus representadas y representados. Decidieron ejercer el Derecho, la Psicología, la Sociología, la Comunicación, el Trabajo Social del lado de las víctimas.
 
Dentro de éstas se encuentran también las mujeres acusadas injustamente, a quienes se les imputan delitos por no cumplir el rol de género que se les asignó. A esas también las defienden, como defienden todo lo justo.
 
Estas mujeres son también capaces de establecer una vinculación cordial con autoridades, privilegiando el respeto y la autonomía para vigilar que se cumpla el marco normativo vigente.
 
El Cedehm, coordinado por la defensora y abogada Lucha Castro ha marcado la vida de Chihuahua y México.
 
EXPERTAS EN SPA
 
Es hoy por hoy la única organización de la sociedad civil especializada en defensa de Derechos Humanos con perspectiva de género en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) y que cuenta con un programa de capacitación permanente al respecto.
 
Son tan generosas que ya publicaron un libro plasmando la experiencia de su primer año en el SPA, brindando un análisis de cómo el entonces nuevo sistema penal, implantado en el estado de Chihuahua como primera entidad en la República, puede beneficiar a las víctimas si los profesionales aprenden a litigar desde esa posición.
 
Ya están preparando la siguiente publicación, a ocho años del inicio del SPA, donde relatan cómo  han ido avanzando, dominando la práctica, proponiendo, diseñando estrategias, conminando a las autoridades a capacitarse para que puedan dominar el marco internacional que beneficia a las personas, antes que a cualquier otro interés.
 
Por todo ello las integrantes de Cedehm merecen el Tulipán y otros premios más. Para todas las personas que nos hemos beneficiado de su experiencia, recibiendo capacitación que gustosas han compartido, votar por ellas es una gran oportunidad de agradecérselos.
 
Votemos pues por el Cedehm, para que sea distinguido con el Human Rights Tulip, como un ejemplo de defensa de los Derechos Humanos. La votación se abrió el 29 de agosto y cierra el próximo 7 de septiembre: http://www.humanrightstulip.nl/candidates-and-voting
 
16/SNE/GGQ








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Prisioneras en sus propias tierras, comunidades de Juchitán esperan justicia
Parques eólicos devastan a las comunidades, denuncia defensora ante ONU
María Isabel Jiménez Salinas, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas | Foto: Greta Gómez Rico
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/08/2016

María Isabel Jiménez Salinas, indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denunció ayer, ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la devastación que ha significado para su comunidad la llegada de más de 21 empresas de energía eólica a la región.
 
Ella es María Isabel tiene 44 años de edad, es médica tradicional, cuidadora, tejedora de trajes típicos, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y defensora comunitaria en el Istmo de Tehuantepec, ubicado a 276 kilómetros del centro de Oaxaca.
 
La tarde de ayer, vestida con un huipil morado que ella misma tejió, se reunió en la Ciudad de México con personas expertas independientes que representan al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, quienes por primera vez visitan México para observar los abusos que la inversión privada ha cometido contra personas y comunidades.
 
Ante ellos, María Isabel dijo: “la consulta indígena que se aplicó en Juchitán (para la construcción de un parque eólico), nuestra preocupación es que no se repita en otras comunidades indígenas (…) tememos que pase en nuestros hermanos indígenas la misma situación que pasamos en Juchitán: las agresiones, las amenazas públicas que hicieron delante de la mesa pública, de las autoridades garantes. Eso supera la calidad de justicia que existe en México” aseguró.
 
Isabel dedica su vida y las ganancias de su trabajo como médica tradicional a la defensa de la tierra, los bienes naturales y los Derechos Humanos (DH) de pescadores, campesinas y campesinos, médicas tradicionales y todas las personas que han sido afectadas por la llegada de empresas extranjeras de energía eólica al territorio.  
 
En entrevista con Cimacnoticias, declaró que la defensa de su tierra, con todas las agresiones y formas de represión que ha traído, tiene el objetivo de dejar mejores condiciones de vida para las siguientes generaciones.
 
“Entendí bien que (la implementación de parques eólicos) sí afecta la naturaleza, toda nuestra vida (…) Es momento de no dejarnos, de no dejarnos esclavizar, pisotear, sino de defender nuestros derechos, el territorio. Al defender la madre tierra pues también estamos defendiendo nuestro trabajo que son las hierbas medicinales”, señaló la ahora activista quien también participa en el rescate de la lengua y las costumbres indígenas de su comunidad.
 
Isabel relató que en 2013 un grupo de pescadores y campesinos que la abastecían de hierbas medicinales –la principal fuente de ingreso para ella y su familia tras la muerte de su padre- le advirtieron que personal del parque eólico Bií Hioxo había cercado sus parcelas, les pedían gafetes para entrar a sus tierras y dañaban la flora y fauna de la región, caracterizada por tener especies únicas en todo México.
 
Unida a estos grupos, la mayoría integrados por varones indígenas zapotecas que después conformaron la APPJ, Isabel decidió informar a su comunidad sobre la importancia de hacer frente a este despojo.
 
Una tarde, las bocinas locales de Juchitán anunciaron una riña entre personas de la comunidad y policías que pretendían desalojar a las y los campesinos para que la empresa Bií Hioxo, del Grupo Gas Natural Fenosa, iniciara la construcción de su parque eólico.
 
Como pudo, Isabel llegó al lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Encontró a personas heridas y detenidas. Usó las bocinas para pedir ayuda, dispuso que se diera atención médica por igual a uniformados y a personas de su comunidad, y pidió a un grupo de mujeres que resguardara a una mujer policía para que no la lastimaran y, al mismo tiempo, pudieran liberar a sus compañeros detenidos.
 
Este fue sólo uno de los múltiples episodios de represión, desprestigio y agresiones que ha enfrentado la comunidad de Juchitán, y ella directamente, por evitar que las empresas extranjeras, apoyadas por el gobierno federal, dañen la tierra que da trabajo y comida a las y los comuneros, y que además es su legado familiar.
 
VIOLACIONES AL DERECHO A LA CONSULTA
 
La llegada de empresas eólicas a México está documentada desde la gestión presidencial del panista Felipe Calderón Hinojosa, quien permitió su proliferación bajo el argumento de reducir la dependencia de bienes naturales en proceso de agotamiento y, al mismo tiempo, atraer inversión extranjera.
 
Sin embargo, la expansión de parques eólicos en territorio mexicano  continuó bajo el contexto de las reformas estructurales y la reforma energética que impulsó desde su llegada el actual gobierno federal encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
 
Como parte de este modelo, en 2014 el gobierno de Enrique Peña Nieto llevó a cabo en México, justamente en Juchitán, la primera consulta indígena para la implementación de otro parque eólico, el de la empresa Energía Eólica del Sur.
 
A la par que sucedía esta consulta, organizaciones civiles, entre ellas Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) que entonces ya acompañaba en su defensa a las y los comuneros de Juchitán, realizaron una Misión de Observación en la que comprobaron que durante la consulta el Estado mexicano violó los estatutos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
 
De acuerdo con los reportes de esta Misión de Observación en esta consulta indígena, que sería “modelo” para el resto de las consultas según anunció entonces la Secretaría de Energía, violó el derecho a una consulta previa porque diversas instancias federales cedieron el permiso al parque antes de concluir el proceso; y a la consulta libre porque se documentaron 33 incidentes de seguridad contra la APPJ.
 
Además se violó su derecho a una consulta informada porque las convocatorias y toda la información de la consulta se difundió sólo por internet y con un lenguaje técnico; a una consulta de buena fe porque los procedimientos no fueron claros; y a una consulta culturalmente adecuada porque la traducción al zapoteco fue deficiente y no se tomó en cuenta la representación de las autoridades de la comunidad.
 

María Isabel Jiménez Salinas, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas | Foto: Greta Gómez Rico

Este resultado llevó a que la APPJ, junto con ProDESC, interpusieran en 2013 y en 2015 tres amparos (557/2013; 457/2015; y 215/2015) ante los juzgados Sexto y Séptimo de Distrito de Oaxaca en Salina Cruz: uno por la falta de consulta y el otorgamiento de permisos para la construcción del parque eólico Bií Hioxo, y los otros dos por las violaciones a la consulta que se cometieron para la construcción del parque de Eólica del Sur, S.A de C.V.
 
DAÑOS IRREVERSIBLES
 
La infancia de Isabel, la número siete entre nueve hermanas y hermanos, está plagada de historias y juegos que mezclaba con sus jornadas diarias de trabajo infantil como vendedora, campesina y cuidadora de las hijas e hijos de sus hermanas. También la marcó la actividad del campo y la pesca, donde acompañaba a su papá –contra los prejuicios machistas de su comunidad– porque ninguno de sus hermanos lo ayudaba.
 
Su adolescencia fue de trabajo duro, incluso en vacaciones, con el fin de pagar sus estudios de secundaria porque no contó con el apoyo familiar. Pese a la doble jornada, Isabel participó también en la iglesia de su comunidad, donde aprendió sobre DH y cultura indígena, y se convirtió en líder juvenil.
 
Para pagar sus estudios como auxiliar contable, durante su juventud Isabel trabajó también dentro de la iglesia en más de un área administrativa. Ahí, una monja coreana le enseñó a curar con agujas, conocimiento que Isabel mezcló con los saberes tradicionales de su familia sobre hierbas medicinales y se convirtió en médica tradicional.
 
En estos años de defensa comunal, Isabel consiguió encontrar, entre la violencia y el despojo, aprendizajes de vida, como hablar español y no sólo zapoteco, conocer las leyes y a otras personas en su misma condición.
 
No obstante, los daños que han causado las empresas eólicas en su comunidad son “irreversibles”, ya que la profundidad del cemento que levanta los aerogeneradores hace imposible que las parcelas puedan volver a cosecharse; y por el ruido y la vibración que producen los parques eólicos las personas tampoco pueden usar esas tierras para asentarse.
 
“El propósito de los parques es acorralar a la comunidad para obligarlas a un desalojo forzado”, asegura Isabel, quien observó que la llegada de las empresas también significó la división de la comunidad, lo que ha desatado más violencia e inseguridad entre quienes –a usanza oaxaqueña indígena- acostumbraban llamarse hermanas y hermanos aunque no fueran familia.
 
Mientras, la construcción de parques eólicos continúa. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), en México actualmente existen 31 parques eólicos instalados: 21 en la región del Istmo, de los que 12 están en Juchitán.
 
Al mismo tiempo, la APPJ se mantiene a la espera de que el Tribunal  Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercero Circuito dicte sentencia por los amparos promovidos en 2015, y –en el caso de la empresa Gas Natural Fenosa- se asigne a un perito traductor para una audiencia, ya que no contar con uno ha  trabado el acceso a la justicia para la comunidad.
 
16/AJSE/LGL








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