derechos humanos

INTERNACIONAL
Aborto
   En 14 años, 147 mujeres han sido procesadas
   
Estado salvadoreño continúa encarcelando a mujeres por aborto
Dos mujeres prenden velas ante el monumento a la Constitución, en la capital de El Salvador, durante una manifestación de protesta la noche del 10 julio, contra la condena a 30 años de cárcel de la joven Evelyn Hernández, acusada de haberse practicado un aborto. Crédito: Edgardo Ayala/IPS
Por: Edgardo Ayala*
Cimacnoticias | San Salvador, El Sal .- 17/07/2017

La condena a 30 años de cárcel impuesta a Evelyn Hernández por un caso de aborto, producto de una violación, deja de nuevo al descubierto la persecución que sufren muchas mujeres en El Salvador, por parte de un Estado que en lugar de brindarles asistencia médica, las criminaliza, dijeron activistas a IPS.
 
“Lo que pasó con Evelyn es como muchísimos otros casos, y que solo demuestra la deuda que este sistema tiene en salud, educación y acceso a justicia, para y con las mujeres”, dijo a IPS la activista Irma Estrada, durante una concentración la noche del 10 de julio, convocada por colectivos feministas para apoyar a Hernández, al pie del monumento a la Constitución en San Salvador.
 
“Siento vergüenza, en pleno siglo XXI esto no debería estar pasando, esto tiene un trasfondo más nefasto, se trata de un estado sexista, machista, misógino, que lo demuestra con este tipo de acciones en contra de las mujeres”, agregó la activista, luego de corear consignas que hacían alusión a cómo la legislación en temas de aborto se ha visto influenciada por radicalismos religiosos de variados credos.
 
“Tu doctrina, sácala de mi vagina”, gritaban las mujeres congregadas.
 
El caso de Hernández ha puesto de nuevo a este país centroamericano, de 6.3 millones de habitantes, en la mira de organizaciones feministas y de Derechos Humanos que mantienen desde hace varios años una lucha por modificar la legislación que penaliza la interrupción del embarazo en todas sus formas.
 
El Salvador está entre los ocho Estados del mundo que prohíben el aborto, incluso en los casos de violación, cuando está en riesgo la vida de la madre o hay malformación fetal, desde que en 1998 la Asamblea Legislativa modificó el Código Penal para castigar con cárcel a las mujeres por la interrupción del embarazo.
 
Los otros son El Vaticano, Haití, Honduras, Malta, Nicaragua, República Dominicana y Suriname, pero ninguno  es tan draconiano como El Salvador en la aplicación de la ley contra el derecho a decidir de las mujeres, incluso cuando existen claros indicios de que el aborto fue espontáneo.
 
La reforma de hace 19 años eliminó esas tres causales que existían en la legislación para que la interrupción voluntaria del embarazo no fuera penalizada.
 
“Hay un retroceso, en 1998 se podía tener un aborto si la vida de la gestante estaba en riesgo, vamos para atrás”, añadió la activista.
 
Además, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron en 1999 la propia Constitución salvadoreña para establecer que una persona es reconocida como tal desde el mismo momento de la concepción, un objetivo anhelado por grupos religiosos y organizaciones antiaborto.
 
“En El Salvador sí hay línea muy conservadora (en el tema de aborto), incluso dentro de los partidos, aún hay diputados cuya propuesta es aumentar las penas e imponer pena de muerte”, sostuvo la integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, Sara García.
 
Esa situación no ha variado pese a que desde 2009 gobierna el país un partido de izquierda, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aunque algunas de sus diputadas sí han planteado flexibilizar la penalización absoluta del aborto.
 
El 5 de este mes, Hernández, una joven de 19 años, fue condenada a 30 años de prisión por homicidio, figura  usada por los fiscales para inculpar a mujeres acusadas de aborto, y que luego cambian el delito a homicidio agravado, bajo la acusación de haber asesinado premeditadamente al feto.
 
Las penas por interrumpir el embarazo no sobrepasan los ocho años de cárcel, pero al culparlas del delito de homicidio agravado se ha sentenciado a mujeres hasta a 40 años.
 
“Estamos hablando de un sistema que criminaliza a las mujeres y no a cualquier mujer, sino a mujeres pobres, jóvenes, con poco acceso a educación o a servicios de salud”, aseguró a IPS la coordinadora de proyectos del Movimiento de Mujeres Jóvenes Feministas Ameyalli, Marcela López.
 
Como ha sucedido ya a muchas otras mujeres, Hernández sufrió un aborto espontaneo en su vivienda, en el municipio rural de El Carmen, en el central departamento de Cuscatlán, y fue llevada al hospital de Cojutepeque, su capital.
 
Pero allí el personal médico la denunció por sospechas de haberse inducido un aborto, un patrón que se ha repetido en casos similares en el pasado, pues los médicos y enfermeras tienen temor de que sean acusados de encubrimiento por la Fiscalía General de la República.
 
La joven había sido violada por un pandillero pero ese hecho no quedó registrado en el proceso legal porque ella teme represalias de esos grupos criminales, llamados “maras”.
 
Una actualización hecha en 2014 del informe titulado Del Hospital a la Cárcel, elaborado por Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, revela que entre el 2000 y 2014 un total de 147 mujeres fueron procesadas por el sistema judicial salvadoreño por ese tipo de casos. De ese total fueron condenadas 41 por ciento.
 
El reporte agrega que la investigación no pudo identificar otros posibles impactos, como por ejemplo las muertes de mujeres por embarazos de alto riesgo, tales como ectópicos, cardiopatías graves, cáncer, lupus, que pudieron ser evitadas con una interrupción oportuna del embarazo.
 
Las mujeres procesadas por el sistema, agrega el documento, tienen un nivel de escolaridad muy bajo: 45 por ciento son analfabetas o tienen como máximo educación primaria, y solo 29 por ciento posee estudios a nivel de bachillerato, técnico o universitario.
 
De allí que las organizaciones de Derechos Humanos y grupos feministas resalten el hecho de que la persecución del Estado en el caso de abortos se da fundamentalmente contra mujeres pobres y con poca educación.
 
El equipo de abogados que trabaja en el caso de Hernández, con el apoyo de la Agrupación Ciudadana, anunció el jueves 13 que apelarán el fallo de la jueza de Cojutepeque,  Nury Velásquez, que condenó a la joven, luego de que reciban, el 19 de julio, la resolución escrita.
 
La apelación hará hincapié en la figura legal de duda razonable, dada la cantidad de evidencia aportada por la defensa que desvirtuaría la posición de los acusadores, ya que los reportes forenses no establecen la causa de la “neumonía aspirativa” que produjo la muerte del feto.
 
Además, en el proceso quedó establecido, con reportes técnicos, que la joven condenada sufría de un embarazo asintomático y estaba menstruando, lo que confirmaría la posición de los abogados defensores de que ella no sabía que estaba embarazada.
 
En tanto, otra  mujer que sufrió el extremo rigor del sistema jurídico, María Teresa Rivera, contó a IPS que salir de El Salvador significó para el ella el fin del temor a ser perseguida por leyes injustas.
 
“Aquí me siento feliz, libre, sin persecución ni discriminación, estoy lejos de El Salvador”, dijo en un contacto telefónico desde Suecia, nación que en marzo pasado le otorgó asilo político.
 
“Me lo dieron bajo la figura de persecución jurídica”, agregó, desde la ciudad de Horndal, donde reside con su hijo de 12 años desde hace ocho meses.
 
El 24 de noviembre del 2011, cuando tenía 28 años, Rivera sufrió un aborto espontáneo, y, de nuevo, fue denunciada por el personal médico y condenada a 40 años de cárcel.
 
Tras cuatro años y medio de encierro, su caso fue revisado y finalmente fue encontrada inocente y puesta en libertad, en mayo del 2016. Pero dos semanas después los fiscales interpusieron una apelación.
 
“Yo me decía: en cualquier momento me van a llevar de nuevo a la cárcel”, narró. Y con el apoyo de organizaciones y amigos, logró huir del país.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
17/EA








INTERNACIONAL
INFANCIA
   En el mundo cada día 41 mil niñas son casadas
   
Matrimonio infantil: pobreza y desigualdad
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/07/2017

Cada día, en el mundo, 41 mil niñas son afectadas por el matrimonio infantil, por lo que de no frenarse esta práctica, prevalecerá la pobreza y la desigualdad y la economía de los países podría tener un impacto en costos que pueden llegar a representar billones de dólares, advirtió un estudio realizado por el Banco Mundial y el International Center for Research on Women (ICRW).

El informe -elaborado por el ICRW, instituto de investigación mundial con la misión de capacitar a las mujeres, promover la igualdad de género y luchar contra la pobreza- define el matrimonio infantil como cualquier matrimonio formal o unión informal donde una o ambas partes son menores de 18 años de edad. Estas niñas –continúa- no tienen una opción y se ven obligadas a casarse.

Dado que la mayoría de estas niñas ya viven en la pobreza, dice el análisis, se convierte en la responsabilidad de cada país proporcionar servicios de salud y educación. Hasta ahora, dice el ICRW, los esfuerzos para parar el matrimonio infantil  han sido muy limitados, por lo que para terminar realmente con él, debe invertirse más en la educación de las niñas, de lo contrario, los resultados se reflejarán en las economías de los países.

Las investigadoras examinaron 25 países, entre ellos Egipto, India y Pakistán, y encontraron que al menos una de cada tres mujeres era casada antes de los 18 años y una de cada cinco mujeres tenía su primer hijo antes de los 18 años de edad.

La directora del proyecto del Banco Mundial y coautora del estudio Quentin Wodon, dijo que "el matrimonio infantil no sólo pone fin a las esperanzas y sueños de las niñas. También obstaculiza los esfuerzos para acabar con la pobreza y lograr el crecimiento económico y la equidad. Poner fin a esta práctica no es sólo moralmente correcto, sino es lo económicamente inteligente que hay que hacer”.

Cuando una niña es casada, hay un ingreso perdido para el país; a mayor nivel educativo, dice el informe, mayor ganancia esperada en la vida. El matrimonio infantil es una de las razones principales por las que adolescentes abandonan la escuela. Es raro que una niña casada se quede en la escuela.

En los países estudiados, se encontró que si las mujeres no se hubieran casado temprano, habría 26 mil millones en ganancias y productividad.
“En todos los países, el matrimonio infantil tiende a reducir los ingresos de las poblaciones en su conjunto en alrededor de uno por ciento en promedio”, dice el estudio. “Para las mujeres y los hogares afectados, las pérdidas en los ingresos tienen impactos aún mayores”.  

La terminación de uniones tempranas tendría un impacto positivo en las niñas porque podrían ir a la escuela y tener ingresos cuando tengan un trabajo. También conduciría a la reducción del crecimiento de la población y de las tasas de mortalidad de niños menores de 5 años. 

Si se reduce la mortalidad infantil en menores de 5 años de edad, para el año 2030, los beneficios estimados podrían representar más de 90 mil millones de dólares anuales.

En Níger, el país con la mayor prevalencia de matrimonios infantiles en el mundo, la población para el año 2030 podría ser cinco por ciento menos si se eliminara.

El estudio dice que mantener a las niñas en la escuela es una de las mejores maneras de evitar que sean casadas a edades muy tempranas. Si las niñas lograran estudiar la secundaria, por cada año, se podría reducir hasta en 5 por ciento la probabilidad de que sean casadas.

El acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva también ayudaría, dice el estudio.

Si los cambios no se hacen, los países en desarrollo van a enfrentarse a situaciones aún más difíciles en 2030.

"La pobreza, la desigualdad de género, el pobre acceso a una educación de calidad y los servicios de salud sexual y reproductiva favorables a las y los jóvenes y la falta de oportunidades de empleo decente contribuyen a perpetuar el matrimonio infantil y los primeros partos”, dijo la directora del proyecto de ICRW y coautora del informe, Suzanne Petroni.

"Todos estos temas tendrán que ser abordados para que los países puedan terminar exitosamente esta peligrosa y costosa práctica", concluyó.

17/EA/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Se oponía a proyectos hidroeléctricos
   
Asesinan a defensora medioambiental hondureña Lesbia Yaneth
Imagen retomada del portal Página3.mx
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/07/2017

Asesinan a Lesbia Yaneth, compañera de Berta Cáceres en la lucha contra los abusos de multinacionales: este fue el titular que el periódico español diario.es le dio a esta noticia que demuestra la barbarie e indefensión que viven las personas defensoras del medio ambiente y de los Derechos Humanos. Yaneth, activista del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), estaba inmersa en un proceso de lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Honduras.
 
Un total de 185 personas fueron asesinadas en 2015 en todo el mundo por su implicación en la defensa de la naturaleza.
 
“La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que luchan por sus derechos”, dicen desde el Copinh.
 
La defensora medioambiental hondureña militaba de forma activa contra la construcción de represas de los ríos de su municipio y  estaba inmersa en un proceso de lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en San José (La Paz), según ha confirmado el Copinh en un comunicado.
 
El cuerpo sin vida de Lesbia Yaneth Urquía apareció este miércoles en el vertedero municipal de Marcala, en el departamento de La Paz. Según la versión recabada por las autoridades policiales, la mujer salió de su casa el pasado martes alrededor de las 5:00 de la tarde en su bicicleta, informa el diario local El Heraldo. Como no llegaba a casa, sus familiares comenzaron a buscarla, hasta que fue localizada sin vida.
 
El asesinato de Yaneth ha tenido lugar en el marco de un proceso de “consulta” llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley del Mecanismo de la Consulta Previa, Libre e Informada, por la que llevan años luchando las comunidades indígenas en Honduras. Se trata de un derecho amparado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
 
Según aseguran desde el Copinh, “las reuniones con las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se llevaron a cabo en el municipio de Marcala -donde ha aparecido asesinada Lesbia Yaneth- los días 4 y 5 de julio.
 
El proyecto hidroeléctrico Aurora I, contra el que estaba luchando Lesbia Yaneth, pretende ser instalado en el  municipio de San José, La Paz. Según el Copinh,  “la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López” tienen una “vinculación directa” con la construcción de la represa.
 
VIOLENCIA CONTRA LOS AMBIENTALISTAS EN HONDURAS
 
En marzo de este año, la líder indígena y presidenta del Copinh, Berta Cáceres, fue asesinada. Su caso despertó un fuerte movimiento de solidaridad y presión internacional, que de momento no ha frenado los asesinatos a personas defensoras del medioambiente y los Derechos Humanos en Centroamérica.
 
Recientemente, un exsoldado hondureño reveló a The Guardian que el nombre de Berta Cáceres figuraba desde hacía meses en una lista negra en manos de una unidad especial del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos.
 
Dos semanas después del asesinato de Cáceres, Nelson García, compañero en la defensa del medioambiente, también líder regional del Copinh, fue abatido de varios tiros cuando se dirigía hacia su casa después de participar en una protesta contra el desalojo forzoso de un centenar de familias.
 
La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros.
 
Un total de 185 personas fueron asesinadas en 2015 en todo el mundo por su implicación en la defensa de la naturaleza, según el último informe de Global Witness. El año pasado, los países más peligrosos para quienes defienden el medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas, con 33.
 
“La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta”, han lamentado los integrantes del Copinh.
 
17/RED








NACIONAL
VIOLENCIA
   
Huérfanos del feminicidio tienen derecho a apoyos sociales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/07/2017

Como muchas niñas y niños, los tres hijos de Emma Gabriela Molina Canto –asesinada el 27 de marzo en Mérida, Yucatán– quedaron en orfandad tras el feminicidio de su madre pero también porque su padre, Martín Alberto Medina Sonda, está en prisión y porque a pesar de que su abuela trata de cuidarlos tiene que darse tiempo para exigir seguridad y justicia para su familia.
 
A partir de 2010, cuando comenzó el proceso de divorcio entre Emma Gabriela y Martín Alberto –y durante siete años– los tres niños quedaron en la indefensión: el 25 de mayo de 2012 fueron raptados por su padre; en octubre de 2014 fueron entregados por su progenitor al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del DIF de Yucatán, finalmente su madre fue asesinada y ahora viven con su abuela.
 
Estos niños, que actualmente tienen 13, 11 y 9 años de edad, son parte de un número desconocido de niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa del feminicidio pero también son parte de los pocos casos en los que las instituciones del Estado los reconocen como víctimas indirectas y con ello les dan la oportunidad de recibir apoyos para menguar su situación de vulnerabilidad.  
 
En México, en promedio, al día son asesinadas 7 mujeres, algunas ultimadas por sus parejas y otras tantas dejando hijas e hijos que deben ser atendidos por familiares cercanos y por instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organismos encargados de proteger a víctimas de violaciones a Derechos Humanos y a la niñez, respectivamente.
 
Hasta 2017 la CEAV atendía 11 casos de feminicidio, de los cuales en cuatro había menores de edad considerados víctimas indirectas tras el asesinato de sus madres. Así lo dijo la abogada y directora General de Atención Inmediata y Primer Contacto de la CEAV, Adriana Carmona López, quien comentó en entrevista con Cimacnoticias las acciones que se realizan para atender a esta población.
 
NIÑEZ TAMBIÉN ES VÍCTIMA
 
La CEAV atiende muy pocos asuntos relacionados con el feminicidio si se considera que hay 11 expedientes y que durante el segundo trimestre de 2017 el organismo atendió 3 mil 87 víctimas de delito o violaciones a Derechos Humanos y 2 mil 99 víctimas indirectas. La razón, explica Carmona López, es que se atienden asuntos de orden federal y generalmente los asesinatos de mujeres son materia del fuero local.
 
Sin embargo, el organismo comenzó a atraer estos casos desde la modificación a la Ley General de Víctimas, aprobada el pasado 9 de enero, que le otorgó esta facultad. El primer caso que atrajo fue el asesinato de Emma Gabriela, asesinada el 27 de marzo, al considerar que ella, su madre, Ligia Canto Lugo y sus hijas e hijo fueron víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, lo que a su vez derivó en el feminicidio.
 
En este caso como en todos, aclara la funcionaria, la ley reconoce a estas hijas e hijos como víctimas indirectas y por tanto se toman medidas para protegerlos o resarcir el daño como pagar los gastos funerarios, darles medidas de apoyo alimentario, vivienda, apoyo económico y garantizarles el derecho a recibir apoyo psicológico, social y jurídico.
 
En particular cuando el crimen es cometido por el padre y cuando hay antecedentes de violencia familiar, una demanda de divorcio o de custodia de los menores, el primer reto es que las familias de las mujeres a quienes se les arrebató la vida puedan tramitar y conseguir la custodia de las niñas y niños que quedan sin sus madres y padres. “La muerte viene a culminar un proceso terrible de amenaza permanente y la incertidumbre de lo que iba a pasar”, dice la funcionaria.
 
Lo primero que hay que enfrentar, explica Carmona López, es la incertidumbre jurídica de saber quiénes se quedan a cargo de los menores de edad porque lo que debería ser un proceso automático se convierte en una primera batalla. En el caso de la CEAV, dice, la asesoría jurídica federal se ha concentrado en atender casos penales o de violaciones a Derechos Humanos y muy pocos en materia familiar.
 
Con un número reducido de asesores jurídicos, que ronda 70 personas, la funcionaria reconoce que es primordial tramitar la custodia de las y los niños porque puede suceder que terminen con las familias de los agresores, quienes no necesariamente busquen su bienestar sino tenerlos como testigos para poder ofrecer mejores pruebas para que no vinculen a proceso al presunto culpable o para que disminuya su sentencia.
 
“Imagínate que lo primero que tendrían que tener después de un evento de esta naturaleza es el resguardo de su seguridad. Su seguridad en todos los sentidos: jurídica, psicológica, social; quiénes van a ser sus redes de apoyo, quiénes van a cobijarlos en medio de todo ese conflicto, por todo lo que tienen que acomodar después”, expone.
 
Tras sortear los retos administrativos, Carmona López identifica que el siguiente paso es otorgar apoyo psicológico para que los menores de edad involucrados puedan sobrellevar el feminicidio y al mismo tiempo dar apoyo económico para que tengan becas para continuar y concluir su educación, estudios que en ocasiones ya no puede ser sustentados por sus familias cercanas.
 
VIVIR CON EL FEMINICIDIO
 
Co el reciente cambio de personal de la CEAV se ha propuesto un acompañamiento integral a las víctimas, que tenga un enfoque psicosocial y que les permita reformular sus proyectos de vida, para que niñas y niños puedan vivir con la ausencia de sus madres o sabiendo que las abuelas se dividen en darles atención y en buscar la verdad de lo ocurrido a estas mujeres. 
 
Anteriormente, dice Carmona López, estas terapias psicológicas eran breves y de emergencia pero casos de esta índole requieren acompañar un proceso completo con la familia, algo que debe hacer un profesional. Para facilitar la atención las víctimas pueden escoger a su terapeuta y la CEAV tiene la obligación de pagar los costos económicos.
 
“En uno de los casos que estamos acompañando, uno de los varios casos, me decía la abuela: Es que tengo a mis nietos, no sólo perdieron a su mamá, están perdiendo a su abuela que tiene que estar pidiendo justicia y al final no puedo ni acompañarlos ni arroparlos como yo quisiera porque tengo que estar pendiente de que haya justicia”, recuerda la también abogada especializada en perspectiva de género. 
 
Si dimensionamos que estas niñas y niños, expone, han sido víctimas de esa violencia familiar por la que finalmente muere su madre, indudablemente el proceso terapéutico no puede ser dado por cualquier persona y tienen que ser expertos, que tenga una perspectiva de género y que conozcan el tema de violencia.
 
En el caso de la educación la servidora pública señala que la Secretaría de Educación Pública es la autoridad responsable de otorgar las becas a los huérfanos de la violencia feminicidio, sin embargo, si hay alguna razón para que no lo haga la CEAV puede otorgar el apoyo económico.
 
Carmona López destaca que el organismo de protección a víctimas no tiene más casos porque las Comisiones de Atención Víctimas de los estados son quienes probablemente estén atendiéndolos ya que están facultadas para conocer los casos del fuero local; sin embargo considera que todavía quienes acompañan y litigan los casos de feminicidio no ven a la CEAV como una autoridad a la cual acudir.
 
17/AGM








NACIONAL
VIOLENCIA
   Exigen renuncia de Fiscal de Homicidios Enrique Reyes Peña
PGJDF “acomodó todo” para aparentar suicidio de Lesvy: OCNF
Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio hace siete años acompañó a Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy, en la audiencia | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/07/2017

El juez de control del Tribunal Superior de  Justicia de la Ciudad de México, Cristian Ricardo Franco Reyes, determinó hoy que la pareja de Lesvy, la estudiante de la UNAM asesinada en Ciudad Universitaria, Jorge Luis González Hernández, será juzgado por el cargo de homicidio doloso y no por feminicidio.
 
Durante la segunda parte de la audiencia para imputar a la expareja de Lesvy -quien trabaja como auxiliar de intendencia en la Preparatoria 6  de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- la dependencia informó que el cargo será por homicidio simple doloso, delito por el cual la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) le dio prisión preventiva el pasado 6 de julio, tras argumentar que Jorge, de 29 años de edad, no impidió el supuesto “suicidio” de Lesvy Berlín Rivera Osorio.
 
De acuerdo a la instancia de justicia capitalina, Lesvy “se suicidó” con el cable de teléfono de la casilla ubicada en el Instituto de Ingeniería, donde su cuerpo fue hallado el pasado 3 de mayo.
 
Antes de iniciar la audiencia, a la que las autoridades de Tribunal negaron por más de media hora la entrada a la defensa legal de la familia de Lesvy, la mamá de la joven, Araceli Osorio Martínez, dijo que de acuerdo a los videos que la UNAM  entregó a la PGJDF, se observa antes del asesinato, cómo Jorge golpeó a su hija con una cadena, ello ocurrió, dijo, en el lugar donde fue hallado su cuerpo.
 
“Hoy ganó la misoginia y el machismo, se sigue privilegiando la palabra del feminicida”, denunció.

La mamá de Lesvy, Araceli Osorio Martínez, en espera para entrar a la audiencia | CIMACFoto: César Martínez López

Tras la audiencia, la abogada del caso, Sayuri Herrera Román, explicó que apelarán la decisión en los próximos tres días y el plazo de la investigación se extendió al 10 de noviembre, tiempo en el que buscarán que se analicen las pruebas desde la perspectiva de género.
 
En la investigación, encabezada por el fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña, la PGJDF argumentó el “suicidio” de la estudiante basado en la necropsia psicológica que determinó que Lesvy era “promiscua” y “dependiente” y en un video que la familia no ha visto, informó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, quien asistió al mitin en las oficinas del Tribunal.
 
“El peritaje es estigmatizante, sólo se basaron en una entrevista a su novio y a una amiga de ella para determinar que Lesvy estaba mal psicológicamente. También partieron de los videos. La Procuraduría asegura que ella era dependiente porque en los vídeos se le observa caminando a lado de su novio”, mencionó María de la Luz Estrada.
 
En entrevista con Cimacnoticias el coordinador de la organización que acompaña legalmente el caso, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, Carlos Ventura, explicó que este peritaje se le entregó a la familia de Lesvy después de que la instancia de justicia emitió el fallo hacia Jorge.
 
Aunque la PGJDF expuso que Lesvy “se suicidó” frente a su novio eso no se observa en los videos que la instancia de justicia entregó a la familia la noche del 5 julio, después de más de dos meses de negarles el acceso completo a la carpeta de investigación.
 
“La hora de la muerte de Lesvy coincide con el tiempo en el que Jorge estuvo con ella, en los videos no se observa lo que la PGJDF asegura”, dijo Carlos Ventura.
 
La coordinadora del OCNF María de la Luz Estrada explicó que hay elementos suficientes para vincular a Jorge por feminicidio, sin embargo “la PGJDF prefirió acomodar todo para que coincida con un suicidio y eso evidencia que la investigación se ha hecho totalmente carente de perspectiva de género”.
 
Por ello, pidió que la investigación se reencause por feminicidio porque dijo, desde el principio se violó el Protocolo de investigación de este delito, vigente desde 2015 por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observó.
 
La primera parte de la audiencia para imputar a Jorge comenzó la madrugada del 6 de julio, desde entonces, y en apego al nuevo Sistema Acusatorio de Justicia Penal, el proceso tenía que concluir en 72 horas, sin embargo, el acusado pidió extender el plazo por lo que se otorgaron  144 horas para éste, tiempo que concluye  mañana.
 
El dictamen de la PGJDF fue rechazado por la familia de Lesvy, su defensa legal y el OCNF porque aseguraron, hay elementos suficientes para vincular a Jorge por feminicidio.

Organizaciones acompañaron a los familiares de Lesvy y realizaron un mitin frente a la Fiscalía | CIMACFoto: César Martínez López

EXIGEN JUSTICIA
 
A nombre del OCNF y de Centro Fray Vitoria, Luz Estrada y Carlos Ventura, demandaron la renuncia del fiscal de Homicidios porque, dijeron, saben que hay cientos de casos que Reyes Peña no ha decidido a investigar como feminicidio.
 
“(Reyes Peña) No aplica el Protocolo de investigación de Feminicidio en las muertes violentas de mujeres, por desconocimiento, negligencia o falta de voluntad, por eso cientos de estos crímenes quedan en impunidad”, señaló.
 
Por su parte la mamá de Lesvy, Araceli Osorio, responsabilizó al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, de cualquier daño a ella y a su familia porque denunció: “En la Ciudad de México todas las mujeres vivimos con miedo. Las instancias que supuestamente deberían procurar nuestra Justicia no lo hacen, en cambio nos violentan”.
 
La defensora de Derechos Humanos de las mujeres y madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio hace siete años en el Estado de México y por cuyo caso la Suprema Corte de Justicia emitió el protocolo de investigación de feminicidio, Irinea Buendía, acompañó en la audiencia a la mamá de Lesvy y denunció: “Las autoridades son culpables porque no tienen la capacidad para investigar, son omisos. Sí les queda ancho el puesto que se vayan”
 
Afuera del Tribunal más de 15 organizaciones civiles y sindicales, colectivos feministas de estudiantes de la UNAM y académicas expertas en temas de género del grupo de “Académicas en Acción Crítica” como Lucía Melgar, Lucía Núñez y Lourdes Enríquez, demandaron a través de consignas y mantas al juez encargado de la audiencia, que impute a Jorge cómo autor del feminicidio de Lesvy.
 
Por su parte la comunidad académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM expresó hoy a través de un comunicado su “profunda preocupación e inconformidad” ante las conclusiones de la PGJDF y exigió el esclarecimiento de los hechos “de acuerdo al feminicidio como principal línea de investigación”.

Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio, su defensa y diferentes organizaciones acudieron a la Fiscalía Superior de Justicia de la CDMX

17/MMAE








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Es la primera vez que se entrega el reconocimiento
   
Reconocen con medalla “Don Bolles” a periodista Miroslava Breach
Imagen de Sandra de los Santos
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Guatemala, Gua.- 10/07/2017

La organización Reporteros y Editores de Investigación (IRE) otorgó la primera Medalla “Don Bolles” a la periodista mexicana Miroslava Breach Velducea, asesinada en marzo pasado.
 
Breach Velducea, corresponsal del periódico La Jornada, recibió cuatro disparos en la cabeza al salir de su casa en Chihuahua, el 23 de marzo de 2017; fue una de tres periodistas asesinadas en México ese mes y una de siete personas muertas de forma violenta en lo que va del año.
 
IRE, que presentó el premio en su conferencia anual en Phoenix, Arizona, el 24 de junio, eligió a Breach como la primera receptora del premio “como un símbolo de las amenazas continuas que enfrentan los periodistas de investigación en todo México”, según un comunicado de prensa de IRE.
 
Breach había recibido numerosas amenazas y daba cobertura al tema de crimen organizado y corrupción al momento de su asesinato.
 
La Medalla “Don Bolles” reconoce a los periodistas de investigación que han demostrado un valor extraordinario para oponerse a la intimidación o los esfuerzos para suprimir la verdad sobre asuntos de importancia pública.
 
Bolles murió después de que una bomba plantada en su coche explotó el 2 de junio de 1976; Reportero para el Ariza Republic estaba investigando posibles vínculos entre los políticos y el crimen organizado en el momento de su asesinato.
 
En respuesta a su muerte, IRE creó The Arizona Project, que tenía su sede en Phoenix y se dedicó a trabajar en la investigación de Bolles.
 
“Su mensaje: Incluso si matas a un reportero, no puedes matar la historia”, dijo IRE, agregando que los hallazgos fueron publicados en periódicos alrededor de Estados Unidos.
 
“La violencia contra los periodistas necesita detenerse. Los legados de Miroslava Breach y Don Bolles deben resistir al simple hecho de que el asesinato nunca silenciará una historia”, dijo Matt Goldberg, presidente de la Junta Directiva de IRE, en un comunicado de prensa de la organización.
 
17/RED








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Acusan a 3 exfuncionarios de la Secretaría de Bienestar Social
   
Fiscalía Guatemalteca presenta acusación formal por Caso Hogar Seguro
Imagen retomada del portal Prensa Latina
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/07/2017

La Fiscalía guatemalteca presentó hoy formal acusación contra tres exfuncionarios por el incendio ocurrido a inicios de marzo pasado en el hospicio estatal Virgen de la Asunción, donde murieron quemadas o por asfixia niñas y adolescentes.
 
Los inculpados se nombran Carlos, Anahy Keller y Santos Torres y tenían distintas responsabilidades en la Secretaría de Bienestar Social (SBS), según medios capitalinos de prensa.
 
A los tres se les acusa de los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y lesiones culposas, refirió el diario La Hora.
 
El pasado fin de semana se cumplió el cuarto mes de los sucesos del refugio Virgen de la Asunción, al oeste de esta capital, hecho que tuvo lugar tras el encierro de decenas de niñas y adolescentes por parte de las autoridades del hospicio.
 
Los custodios del asilo argumentaron su actuación extrema debido al hecho de oponerse a un intento de fuga de un grupo de menores de edad, recordó el periódico Prensa Libre.
 
Las niñas y adolescentes al verse encerradas comenzaron una revuelta y quemaron colchones y otros artículos de fácil combustión y quedaron atrapadas entre humo y fuego, aseveró.
 
La seguridad del lugar desatendió los gritos de auxilio, lo que propició que el hospicio se convirtiera, lamentablemente, en un crematorio.
 
El hecho conmovió a este país y fue denunciado por diferentes organizaciones religiosas, de Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, (Unicef), entre otras.
 
17/RED








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   PSOE llevará al congreso petición
   
Presentan iniciativa para madres con hijos asesinados por violencia de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 11/09/2017

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) elevará al Congreso, que las madres cuyos hijos sean asesinados por sus parejas y ex parejas sean consideradas víctimas directas de la violencia de género.

 

La portavoz adjunta de Igualdad por el PSOE en el Congreso de los Diputados y secretaria de Servicios Sociales, Dependencia y Discapacidad del PSOE de Andalucía, Carmen Cuello, manifestó que que “elevará al Congreso iniciativas para que las madres cuyos hijos e hijas sean asesinados por sus parejas y ex parejas sean consideradas legalmente víctimas directas de la violencia de género”.

 

Así lo puso de manifiesto tras mantener un encuentro en Huelva con Ruth Ortiz, en el que también estuvo presente la diputada nacional por Huelva, Pepa González Bayo. La socialista destacó que “desde esta formación vamos a atender las reivindicaciones de todas estas madres que en nuestro país están pasando por una situación similar a la de Ruth”.

 

A juicio de Carmen Cuello, “es una reivindicación lógica y justa que va a tener todo nuestro apoyo”. En esta línea, ha resaltado que “el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un pacto vivo y, por tanto, vamos a estar atentos para recoger todas aquellas demandas que se nos planteen para que se cumplan las expectativas y se resuelvan estas situaciones tan trágicas para muchas familias”.

 

Así, la dirigente socialista indicó que “hasta el momento uno de los avances que se han hecho ha sido reconocer que los hijos e hijas de las mujeres víctimas, sean también víctimas directas de la violencia de género. Por eso, creemos que lo mismo debe ocurrir con las madres cuyos hijos sean asesinados por sus parejas y ex parejas, como ellas mismas reivindican”.

 

Carmen Cuello subrayó que “estas mujeres, al ser consideradas víctimas de violencia de género, tendrán derecho a todas las prestaciones  que vienen recogidas en la Ley Integral, por ejemplo la atención psicológica, el apoyo jurídico y una prestación relativa al traslado de residencia”.

 

La diputada socialista reseñó que “aunque ya hay más de 200 medidas sobre la mesa para este Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aún estamos abiertos a todas aquellas peticiones que vengan a enriquecer y a sumarse al mismo. Sin lugar a dudas, todas estas medidas van a ser positivas para las víctimas, por eso desde el PSOE también pedimos celeridad en la aplicación de los acuerdos”

 

Por su parte, Ruth Ortiz agradeció la atención prestada por el PSOE y ha incidido en que “está dispuesta a luchar con todas sus fuerzas, junto a otras madres que han pasado por esta situación, como son Margarita (Galicia), Gema (La Palma del Condado) o María (Cuenca).

 

“Pedimos un cambio legislativo para defender a todas aquellas madres a las que matan a sus hijos, no ya por nosotras, sino por casos futuros que deseamos que ojalá nunca se produzcan”.

 

*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.

 

17/RED








INTERNACIONAL
   Expuestas a trata y violencia sexual
   
Aumenta la violencia de género entre las refugiadas sirias
Imagen retomada del portal IPS | Karlos Zurutuza
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 08/09/2017

Alianza por la Solidaridad denuncia que la atención especializada para las mujeres refugiadas es la asignatura pendiente en el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria. La ONG es la única que atiende, en tres clínicas en Jordania, a las mujeres víctimas de violencia de género y les ofrece cobertura en salud sexual y reproductiva; 45.7 por ciento de las refugiadas ha tenido un embarazo desde que dejó su país.

 

Una de cada tres refugiadas sirias en Jordania o Líbano, sufren o han sufrido violencia de género, agresiones que han aumentado desde que dejaron su país debido a la guerra. Así lo refleja un estudio realizado por Alianza por la Solidaridad entre refugiadas en Jordania y Líbano. De ellas, un 10 por ciento denuncia que ha sufrido agresiones sexuales y cerca de otro 10 por ciento (9.6 por ciento) ha sido agredida físicamente.

 

Alianza por la Solidaridad mantiene en Jordania tres clínicas de atención a la salud sexual y reproductiva para las refugiadas, en colaboración con el jordano Instituto de Salud Familiar (IFH, por sus siglas en inglés). Se encuentran en las ciudades de Madaba, Jerash y Ajlun. Allí se detectan los casos y se les ofrece tratamiento psicológico, además de las consultas de ginecología y de planificación familiar, que también son gratuitas. Solamente Mádaba realiza al año unas 10 mil consultas.

 

Se estima que en Jordania hay cerca de un millón de personas procedentes de Siria (650 mil oficiales) y en Líbano más de 1.2 millones, de las cuales más del 50 por ciento son mujeres.

 

El informe, que fue realizado con financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y el Fondo Mundial de la Población de la ONU (UNFPA), refleja que el conflicto vulnera gravemente los Derechos Humanos de las refugiadas, cuyas necesidades no están siendo atendidas de forma adecuada en un contexto de precariedad, desplazamiento, alejamiento de las familias y hostilidad en las comunidades de acogida. Alianza por la Solidaridad no sólo les ofrece atención sanitaria, sino que facilita que accedan a un servicio de consulta psicosocial que visibiliza la violencia de género.

 

Para el estudio, se realizaron 21 entrevistas individuales, ocho grupos focales con 94 mujeres y 385 encuestas a refugiadas de entre 15 y 49 años, tras lo que se concluyó que un 32 por ciento sufre o ha sufrido algún tipo de violencia desde que salió e Siria. La mayoría de las agresiones son en espacios públicos por parte de vecinos, propietarios de las casas que habitan o empleadores y las más son de carácter emocional  (24.2 por ciento), seguida de las sexuales (9.6 por ciento) y físicas (3.4 por ciento). En el hogar, los principales culpables de la violencia son los maridos y otros parientes. De hecho, es significativa la violencia por parte de la familia política, con la que las mujeres tienen que convivir debido a la situación de desplazamiento y la escasez de recursos.

 

La compleja situación en la que se encuentran las refugiadas, está detrás de que cuatro de cada 10 no hayan acudido a nadie cuando han sufrido una agresión, alegando miedo ante las represalias, culpabilidad o desconfianza hacia los servicios de ayuda. Casi 24 por ciento se lo contó al marido, 20 por ciento a una familiar,10 por ciento a una amiga y sólo un 1.6 por ciento acudió al médico o a la Policía.

 

EMBARAZOS DE LAS REFUGIADAS

 

Destaca, asimismo, el elevado índice de natalidad entre las refugiadas: 45.7 por ciento ha tenido un embarazo desde que dejó su país. En Líbano, un 78 por ciento asegura que no tuvo acceso a atención sanitaria durante el mismo por falta de dinero para poder pagarla. En Jordania, ese porcentaje se reduce a la mitad.

 

Se detecta, asimismo, que muchos embarazos son no deseados, debido tanto a un desconocimiento de los métodos de planificación -lo que aumenta el temor a los efectos secundarios-, como a la falta de recursos para poder pagarlos. Un 30 por ciento no especifica las razones por las que no lo utilizan, si bien Alianza por la Solidaridad ha detectado que puede influir el hecho de que las agencias humanitarias dan ayudas por número de hijos/as.

 

“Las refugiadas necesitan métodos anticonceptivos, a veces también atención porque han sido violadas; pero esa atención específica no está disponible casi nunca. Las mujeres refugiadas, que son más de 32 millones en el mundo, se enfrentan a amenazas como la trata, la violencia sexual y la violencia de género frente a las cuales están fracasando los programas puestos en marcha en países como Turquía, Jordania, Líbano, Grecia o los Balcanes”, afirma Cristina Muñoz, coordinadora de Acción Humanitaria en Alianza por la Solidaridad.

 

*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.

 

17/RED








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Emitirán un diagnóstico sobre procesos legales
   
Comisión de DH de Coahuila investigará casos de feminicidio
CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer
Por: Sofía Noriega
Cimacnoticias | Saltillo, Coah.- 02/08/2017

La Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila inició las indagaciones sobre los asesinatos de mujeres en la entidad para determinar, entre otras cosas, si se trató de feminicidio.
 
Así lo explicó en entrevista con Cimacnoticias, el Visitador General de la Comisión estatal, Eduardo Roque Valdés, quien indicó que esta instancia sigue un proceso paralelo al de la Red de Mujeres de la Laguna, quienes presentaron la petición de Alerta por Violencia de Género ante el Instituto Nacional de las Mujeres.
 
El funcionario detalló que se iniciará una investigación de oficio de cada uno de los homicidios de toda la entidad y no sólo del municipio de Torreón, como solicitaron las activistas de la Laguna.
 
El Visitador, aclaró que se inspeccionará en todo el territorio de Coahuila con base en los expedientes recabados e información de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de otras fuentes hemerográficas de prensa.
 
Dijo que se emitirá un diagnóstico sobre los procesos legales que se siguieron a los victimarios, si hubo irregularidades y dilación y por qué se determinó que fueron homicidio o feminicidio.
 
“Estamos en el proceso de recibir los primeros datos de las autoridades, por eso se decidió ampliarla para todo el estado, no solo para Torreón”, insistió.
 
Por su parte la Secretaria de la Mujer, Luz Elena Morales, manifestó que es falso que los casos de feminicidio en la entidad se estén integrando como homicidios, ya que se ha cumplido con la tipificación según las características del crimen.
 
Anunció que se elabora un diagnóstico sobre violencia de género en Coahuila en conjunto con la ONU y otras personas expertas, para dejar un antecedente a la siguiente administración.
 
"El pasado mes de febrero tuvimos una reunión con la Red de Mujeres de la Laguna,  conocieron a grandes rasgos como estaba trabajando la Procuraduría y es falso que se estén calificando solo como homicidios”, dijo.
 
Por otro lado y luego de que la Red de Mujeres de la Laguna mencionara la cifra de 48 homicidios de mujeres en esa región de Coahuila, esto desde el 2013, la Procuraduría General de Justicia en el estado (PGJE) dio a conocer que desde esa fecha se han tipificado doce casos como feminicidio.
 
La directora general de investigaciones especiales de la PGJE, Martha Rosario Rivera Hernández, explicó  que desde que se tipificó el delito de feminicidio en el mes de noviembre del 2012,  el registro de casos ha ido en incremento.
 
En 2013 se registraron dos hechos de este tipo; en 2014 fueron 10; en el año 2015 se presentaron 16 casos de feminicidio; a 2016 fueron 15 casos, mientras que en el 2017 se han registrado seis con esta tipificación.
 
17/SN








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