Libertad de expresión

NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Recibirá Premio Internacional a la Libertad de Prensa
Patricia Mayorga, periodista que escribe sobre feminicidio y corrupción
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/11/2017

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), otorgará este 15 de noviembre el Premio Internacional a la Libertad de Prensa 2017 a Patricia Mayorga, reportera de Chihuahua y una de cinco periodistas internacionales galardonadas y galardonados este año.

Mayorga fue corresponsal de Cimacnoticias, ha trabajado para el semanario Proceso y es integrante de la Red Nacional de Periodistas.

En su página de internet, el CPJ destaca la labor que la periodista ha hecho sobre las desapariciones de indígenas y los vínculos entre el Partido Revolucionario Institucional y el crimen organizado. También menciona su trabajo sobre violaciones a Derechos Humanos que afectan a la población de Chihuahua, así como la violencia y feminicidio en Ciudad Juárez.

“El trabajo de Patricia ha sido muy grande”, comentó Lucía Lagunes Huerta, directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC). “Ha logrado capturar el dolor de las víctimas de la violencia en Chihuahua, de las madres que han perdido a sus hijas víctimas de feminicidios, sus hijos víctimas de la violencia, y de los pueblos indígenas que se han resistido a que el crimen organizado se apodere de sus tierras.”

“Patricia es una periodista comprometida con la libertad de expresión. Ha promovido la capacitación de periodistas, fundando su propia Red Libre Periodismo. Este periodismo de investigación es un periodismo necesario en este país si queremos cambiar hacia la paz y el estado de derecho”, concluyó Lagunes Huerta.

En mayo de este año, la periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada. El CPJ ve este asesinato como respuesta directa a su trabajo periodístico. Patricia Mayorga ha recibido semejantes amenazas y por eso se sintió presionada a exiliarse tras el asesinato de Breach. El feminicidio de la reportera sigue impune hasta la fecha.

El periodismo y el ejercicio de la libertad de expresión en México se encuentran en una situación crítica, en lo que va del año el Programa Libertad de Expresión de CIMAC han registrado en el país 55 agresiones contra mujeres periodistas y un feminicidio, violencia que se recrudece frente a la ineficacia de las autoridades en la procuración y administración de la justicia.

De acuerdo con este registro la violencia contra periodistas no es exclusiva de una entidad toda vez que de 2014 a 2015 se registraron 147 casos de violencia contra mujeres periodistas en el país mientras que en Chihuahua de 2009 a 2017 van 13 agresiones a comunicadoras.

17/SG








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Evalúan a país centroamericano en EPU
   
Piden a Guatemala protección para periodistas y defensoras de DH
Imagen retomada del portal de Cerigua
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua.- 09/11/2017

La adopción de medidas de seguridad para periodistas y la implementación de un programa de protección especializado para este gremio fueron parte de las recomendaciones que Guatemala recibió este miércoles durante su tercera evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), celebrada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Guatemala recibió en total diez recomendaciones sobre este tema; Francia exhortó al país a fortalecer la protección de las y los periodistas poniendo en funcionamiento el programa de protección, para el cual dijo se han realizado muchos esfuerzos.

El representante de Grecia ante el Consejo de Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido y recomendó que se adopte un mecanismo de protección a periodistas, mientras que la Santa Sede instó a continuar los esfuerzos de promoción de la libertad de expresión e información, protegiendo a los comunicadores.

Reino Unido manifestó su preocupación por la ausencia de una prensa realmente independiente y pidió a Guatemala salvaguardar la libertad de expresión, en tanto, Indonesia exhortó a continuar desarrollando el sistema de protección a periodistas y proteger la libertad de expresión.

Durante su intervención, el representante de Lituania enfatizó que unos medios libres e independientes son parte vital de cualquier democracia que funcione adecuadamente.

Para abordar el problema persistente de los ataques contra periodistas y violaciones del derecho de libertad de expresión y para que las medios y profesionales puedan trabajar sin miedo a represalias recomendamos a Guatemala que adopte un marco para la protección de los profesionales de los medios, basado en el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y el problema de impunidad, acotó.

Luxemburgo resaltó que existen retos en materia de protección de defensores de Derechos Humanos, especialmente los periodistas y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas; ante esto recomendó la aprobación y aplicación del programa de protección a periodistas en consulta con ellos.

Por su parte, el Reino de los Países Bajo señaló que la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGTB), mujeres, periodistas, jueces y defensores de Derechos Humanos son víctimas de amenazas, intimidaciones, estigmatización y ataques, incluido asesinatos.

Venezuela exhortó a las autoridades guatemaltecas a poner fin al uso del sistema judicial penal para intimidar, amenazar, marginar y estigmatizar a periodistas, organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos.

La representante de Venezuela dijo que durante los últimos cuatro años 51 defensores fueron asesinados y durante el primer semestre del 2016 por lo menos cinco periodistas fallecieron de forma violenta, por lo que recomendó a Guatemala investigar exhaustivamente estos crímenes y las denuncias de violencia, intimidación, detenciones arbitrarias y difamación en contra de estos actores.

Finalmente, Chile instó a Guatemala a levantar las restricciones a la libertad de expresión y adoptar medidas legales y reglamentarias para la protección y seguridad de los periodistas contra la persecución, la intimidación y el acoso.

En las respuestas a las preguntas, el Representante del Ministerio de Gobernación, René Lam indicó: que el” acuerdo gubernativo que da vida al programa de protección de los periodistas se encuentra dentro de las consideraciones de los requisitos legales y administrativos que se deben cumplir para su emisión”, una declaración enredada que trata de justificar el incumplimiento después de 2 años que el Presidente avaló la propuesta que le presentara la alianza de entidades de prensa.

17/RED/LGL

 








ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Abogados acusan resistencias para transparentar indagatorias
Fiscalía de Chihuahua impide a familia de Miroslava Breach acceso a carpeta de investigación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/11/2017

La Fiscalía General del estado de Chihuahua presentó un recurso de revisión ante tribunales locales para evitar que familiares de la periodista Miroslava Breach Velducea, asesinada el pasado 23 de marzo, vean la carpeta de investigación y conozcan el resultado de indagatoria, denunciaron organizaciones civiles.

Reporteros sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, expresaron su preocupación ante la resistencia de la Fiscalía a transparentar la investigación del asesinato de la periodista y corresponsal del periódico La Jornada e impedir que la familia acceda al expediente.

La coordinadora del Área Jurídica de Propuesta Cívica, Nataly Quintero Chávez, explicó en entrevista con Cimacnoticias, que en reiteradas ocasiones la hermana de Miroslava, Rosa María Breach, ha solicitado ver la carpeta de investigación pero nunca se le ha permitido, por lo que el 28 de julio presentó un amparo (juicio 1137/2017) para que se reconociera su calidad de víctima.

Señaló que en dos ocasiones anteriores los abogados de Propuesta Cívica enviaron dos escritos solicitando a la Fiscalía que permitiera a los familiares ver el expediente, petición que no fue aceptada por el Ministerio Público, José Roberto Frías Aguayo.

Con el amparo que presentó Rosa María, también solicitaba tener derecho a ver la carpeta de investigación, poder nombrar a un asesor jurídico, recibir información sobre la indagatoria, conocer las pruebas y peritajes y en general, en su calidad de víctima, ser vigilante del proceso.

El recurso fue resuelto a favor el pasado 5 de octubre por el Juez Décimo de Distrito; sin embargo días antes de que se cumplieran siete meses del asesinato de Miroslava Breach, el 20 de octubre, la Fiscalía interpuso un recurso de revisión con lo que pide que un Tribunal colegiado revise el fallo, es decir, si la hermana de la periodista puede ser considerada víctima y con ello acceder al expediente.

El recurso de revisión aun no es admitido pero de serlo podría confirmar la resolución del pasado 5 de octubre o cambiarla. Al respecto, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión señalaron que los argumentos de la Fiscalía, en el recurso de revisión, son endebles, sin fundamento y contrarios a los derechos de las víctimas, ya que la autoridad sólo quiere reconocer como víctimas a los hijos de Miroslava.

De acuerdo con la abogada Quintero Chávez, quien representa a Rosa María Breach, las autoridades en Chihuahua han preferido dar a conocer los resultados de la investigación en medios de comunicación antes que informar a la familia por lo que al momento no cuentan con datos certeros sobre los autores materiales e intelectuales del crimen ni sobre el proceso que enfrentarán.

Tanto el gobernador Javier Corral como el fiscal César Augusto Peniche, han difundido información en medios. Recientemente dijeron que los autores del crimen fueron Adán Salazar Zamorano, actualmente preso, y su hermano Crispín Salazar Zamorano, líderes de Gente Nueva, un grupo criminal del estado.

Ante esta situación RSF, el CPJ y Propuesta Cívica, llamaron a que el recurso presentado por la Fiscalía sea revisado con imparcialidad y estricto apego a la ley, y pleno respeto a los derechos de las víctimas.

También pidieron a la Fiscalía estatal que evite cualquier filtración de información  respecto a la investigación penal y se abstenga de continuar con actos que obstaculicen la participación de los familiares en la investigación; y solicitaron a la Fiscalía Especial de Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que atraiga el caso para dar mayor certeza a la investigación.

En ese sentido las agrupaciones exhortaron al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a reforzar las medidas de protección a los familiares de la periodista.

Por otra parte los pasados 23 y 24 de octubre los abogados de Propuesta Cívica junto con RSF y CPJ acudieron a Chihuahua para conocer el estado que guardan las investigaciones en el caso; en esa ocasión el fiscal César Augusto Peniche señaló que siempre se ha reconocido la calidad de víctima de la hermana de Miroslava Breach.

Este caso no es aislado, de acuerdo con el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), en dos años se registraron 147 atentados contra mujeres periodistas en 24 entidades del país.

17/AGM/LGL








ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Intimidaciones contra Sandra de los Santos violan derecho a libre expresión
RNP exige cese de hostigamiento contra periodista en Chiapas
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/10/2017

La Red Nacional de Periodistas (RNP) conformada por comunicadoras de las 32 entidades federativas, se pronunció en contra de la persecución y hostigamiento contra la periodista Sandra de los Santos Chandomí, por parte de autoridades municipales, por lo que exigieron el cese de toda acción que vulnere su labor e integridad.

En un pronunciamiento, la Red señaló al gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por su presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor, de desplegar una campaña de desprestigio en contra Sandra de los Santos, a través de redes sociales la cual busca desmentir su trabajo periodístico relacionado con el ejercicio de los recursos públicos del Ayuntamiento de Tuxtla.

En lugar de transparentarlos, destacó la Red en el pronunciamiento, el gobierno de Castellanos Cal y Mayor, se ha dedicado a desprestigiar el trabajo de la periodista de los Santos Chandomí, alegando falta de pruebas, cuando la periodista señaló con claridad sus fuentes informativas.

Sandra de los Santos Chandomí lleva 18 años de trabajo periodístico ético y responsable. Es directora asociada del portal de noticias Chiapas Paralelo y colaboradora de la Revista Enheduanna, así como corresponsal de la agencia de noticias con perspectiva de género Cimacnoticias, de la Ciudad de México.  

“Quienes integramos la Red apelamos al Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma: ‘Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión’, por lo que las intimidaciones en su contra representan un atentado a su libertad de expresión”, señaló la Red en su pronunciamiento.

La Red  afirmó que las intimidaciones cometidas contra Sandra de los Santos Chandomí, violan el derecho a la libre expresión.

Quienes integramos la Red Nacional  de Periodistas, que nació en 1995 con el objetivo de impulsar el periodismo no sexista y defender la libertad de expresión (y de la que formamos parte periodistas de las 32 entidades federativas) exigimos el cese de cualquier acción que vulnere la labor periodística  la integridad de nuestra colega Sandra de los Santos Chandomí, o que pretenda limitar su derecho a la libertad de expresión. 

De acuerdo con el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la primera organización en hacer un registro y documentación de agresiones contra mujeres periodistas, en 2 años se registraron 147 atentados a la libertad de expresión de mujeres periodistas en 24 entidades del país.

De acuerdo con este trabajo de investigación, las periodistas en los estados se enfrentan al poder de los caciques, es decir, de personas o colectivos que en la ilegalidad o con el apoyo de las autoridades emplean recursos económicos, políticos o culturales para dañar, desprestigiar, amenazar e impedir que realicen su trabajo.

En 89.6 por ciento de los 147 casos registrados se encontró que los agresores eran personas con cargos públicos, de poder, o eran miembros del crimen organizado lo que demuestra que quienes realizan investigación periodística para evidenciar corrupción o abuso de poder, se convierten en enemigas de ciertos grupos autoritarios.

Entre los primeros lugares de agresiones contra comunicadoras se encuentra: la capital del país con 35 por ciento de los casos; seguida por Veracruz con 17.4 por ciento; Morelos con 6 por ciento; Guerrero con 5.1; después Chiapas, Puebla y Oaxaca con prácticamente cinco por ciento cada uno.

Leer pronunciamiento completo aquí

 17/LGL








DERECHOS HUMANOS
   Es responsable de tortura física y psicológica
Tras 9 años de espera en Feadle, sentencian a uno de los torturadores de Lydia Cacho
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/10/2017

El Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Puebla, condenó a cinco años y tres meses de prisión a José Montaño, uno de los policías estatales de Puebla responsables de la tortura física y psicológica contra la periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2005, durante su detención y traslado, de Quintana Roo a Puebla.

En un comunicado, la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que-después de 9 años en esta instancia- obtuvo la sentencia pues se acreditó la tortura contra la comunicadora durante su detención en 2005, por la denuncia que ésta hizo contra el empresario textilero Kamel Nacif Borge, a quien señaló de encabezar una red de pederastia.

Lyda Cacho, quien ha recibido diversos y múltiples galardones por su trabajo periodístico, recorrió un arduo camino en la justicia mexicana para que sus torturadores fueran sentenciados. Sin embargo, pese a que su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2006, ésta determinó un año más tarde, en 2007, que no existieron violaciones graves a sus Derechos Humanos y por lo tanto descartó la hipótesis que había mantenido la periodista, de que el entonces gobernador, Mario Marín, “confabuló” en contra de ella conjuntamente con Kamel Nacif, para su tortura y detención.

Cabe recordar que Lydia Cacho Ribeiro presentó en marzo de 2006 dos denuncias: ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (Fevim) y la Especial para delitos cometidos contra periodistas (Feadle), ambas de la Procuraduría General de la República (PGR).

Las denuncias fueron contra el gobernador priista de Puebla, Mario Marín, y el empresario textilero Kamel Nacif; contra la procuradora de Justicia de Puebla, Blanca Alicia Villeda; contra la jueza Rosa Celia Pérez González, y los policías judiciales que participaron en su detención y la torturaron durante el traslado de Cancún a Puebla. Las acusaciones fueron por cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación, falsedad de declaraciones y tortura.

Sin embargo, la denuncia ante la Fevim, encabezada entonces por Alicia Elena Pérez Duarte no concluyó, por lo que ésta pasó, en 2008, a la Feadle.

El 15 de mayo de 2008,  la autoridad judicial mexicana, en una estrategia para evitar que la periodista denunciara su caso en instancias internacionales de Derechos Humanos, giró órdenes de aprehensión contra los policías judiciales poblanos Verónica Chávez Cruz; Irene Arteaga Rangel; Jesús Pérez Vargas y José Montaño, todos ellos implicados en la detención y traslado de Lydia Cacho el 16 de diciembre de 2005.

Desde 2006, la periodista autora de “Los Demonios del Edén”, “Memorias de una infamia” y “Esclavas del poder”, entre otros, ha sido galardonada con varios reconocimientos. En ese año recibió el premio “Yo Dona”, por la mejor labor humanitaria que otorga el periódico “El Mundo”, de España a través de su revista Yo Dona.

En el mismo año también obtuvo el premio Francisco Ojeda al valor periodístico y el premio Sergio Méndez Arceo por la defensa de los Derechos Humanos. 

En 2007, recibió los premios: Ginetta Sagan de Amnistía Internacional (AI); de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, el premio Mundial Valentía en el periodismo 2007 y obtuvo de Human Rights Watch la beca Hellman/Hammett, en reconocimiento a las y los periodistas por la valentía con que enfrentaron la persecución política. 

En mayo de 2008 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) le dio el Premio Mundial UNESCO Guillermo Cano de Libertad de Prensa, por su trabajo de denuncia periodística contra una red de pederastia en México.

Durante este mismo mes la Unión de Periodistas de Valencia la galardonó con el Premio Internacional Libertad de Expresión 2008.

En ese mismo año recibió la beca Tucholsky de manos de la ministra sueca de Cultura Lena Adelsohn, con quien la periodista mexicana se reunió para presentar, ante un foro, su ponencia sobre libertad de expresión y en 2009 recibió el reconocimiento “Hermila Galindo”.

17/LGL

 








OPINIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   DESENREDO
   
Mujeres mayas y libertad de expresión
Foto: Voces Étnicas
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Guate.- 21/06/2017

Comunicadoras comunitarias mayas exigen con firmeza el respeto a difundir sus mensajes, al mismo tiempo rechazan se les criminalice o menosprecie. Entre ellas, resaltan las voces de Eva Tecún, Nita Coc Chub y Elsa Chiquito.
 
Exigir el respeto a la libertad de expresión por parte de mujeres mayas es de gran importancia, porque son ellas mismas quienes lo demandan, sin intermediarios ni desde la generalidad abstracta, ellas lo hacen como comunicadoras sociales que valoran el impacto de su trabajo en sus comunidades.
 
En Guatemala, muchas personas entienden que la libre emisión del pensamiento es una prerrogativa constitucional que sólo corresponde a medios y periodistas. Pero, la Red de Comunicadoras Comunitarias entiende perfectamente que ese derecho también es de ellas y de todas las mujeres.
 
Con esa convicción esta Red organizó un festival en el centro capitalino para que personas que viven en áreas urbanas conozcan sus experiencias y capacidades en la difusión de mensajes.
 
Las integrantes de la Red tienen experiencia en la producción comunicacional en radios comunitarias y en redes sociales, algunas superan los diez años de trabajo ininterrumpido.
 
Aunque las han tratado de callar, explican las representantes de las comunicadoras, ellas se preparan, se organizan y ganan espacios desde su identidad como mujeres indígenas, desde sus raíces mayas, desde su formación como comunicadoras que difunden realidades poco conocidas en las ciudades.
 
Ellas son quienes multiplican mensajes encaminados a cambiar “mentalidades del no puedo”, son ejemplo de que los cambios son posibles, aquellos que algunos medios niegan o menosprecian cuando los descalifican o les restan importancia.
 
Algo está sucediendo en ese país, es poco frecuente que en un espacio público urbano, mujeres indígenas de diferentes comunidades lingüísticas reivindiquen su derecho a la libertad de expresión porque saben el valor de la palabra, la trascendencia de multiplicar mensajes y la importancia de aprender a manejar nuevas tecnologías.
 
A pesar de que se les ha discriminado por cómo se visten, cómo se expresan, cómo actúan o cómo exigen sus reivindicaciones, las integrantes de la Red de Comunicadoras Comunitarias siguen uniendo esfuerzos encaminados a convertirse en sujetos de transformación, porque tienen capacidad de propuesta, pensamiento propio y disposición a mejorar su trabajo comunicacional inscrito en las enseñanzas de la cosmovisión maya.
 
Es relevante que, como mujeres indígenas, expresen en voz alta su defensa a la libre emisión de pensamiento, tomando en cuenta que han sido excluidas como protagonistas sociales y como actoras con capacidad intelectual en los medios tradicionales, los que generalmente las representan como víctimas, empobrecidas, enfermas o como folclor.
 
Sirva este espacio para felicitar a las comunicadoras comunitarias de siete departamentos guatemaltecos: Totonicapán, Quiché, Huehuetenango, Petén, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Sacatepéquez, quienes aspiran a seguir ampliando sus alianzas en áreas de trabajo que las empodere y les permita ejercer lo más ampliamente sus derechos.
 
Cabe resaltar que ellas son un referente en sus comunidades, juegan un papel muy importante por el impacto que tienen las informaciones y opiniones que transmiten a través de la radio y otros medios, así como por la fuerza que irradian.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
17/RHA/GG








ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Mujeres periodistas de 19 estados exigen a Estado esclarecer asesinatos
Red Nacional de Periodistas repudia violencia y censura contra gremio
Cortesía de la Red Nacional de Periodistas
Por: Anayeli García Martínez, enviada
Cimacnoticias | Oaxaca, Oax.- 16/10/2017

Mujeres periodistas de 19 estados de la República, demandaron al Estado mexicano esclarecer los casos de agresiones contra comunicadoras y cumplir los acuerdos internacionales que defienden la libertad de expresión.

Al finalizar el séptimo encuentro de la Red Nacional de Periodistas que se realizó este 13 y 14 de octubre en la ciudad de Oaxaca, las comunicadoras que laboran en 78 medios nacionales, exigieron el cumplimiento de la Recomendación general 25 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) referente a protección de mujeres periodistas.

En un pronunciamiento, las informadoras llamaron a las autoridades mexicanas de todos los niveles de gobierno a investigar y esclarecer los asesinatos y agresiones de mujeres periodistas, toda vez, que desde 2006 y hasta 2017, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) ha documentado 430 agresiones contra mujeres periodistas.

Las integrantes de la Red repudiaron el contexto de violencia y censura generalizada en el país en contra de quienes ejercen y defienden el derecho a la libertad de expresión y el periodismo desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), periodo en el que se han registrado 19 asesinatos y dos desapariciones de mujeres periodistas.

En este contexto, el Programa de Libertad de Expresión de CIMAC, organización que ha documentado la violencia específica contra mujeres periodistas en el país en 3 informes, señala que 56 por ciento de las agresiones cometidas contra mujeres periodistas son cometidas por parte de agentes del Estado, ya sea del gobierno federal, estatal o municipal.

Las comunicadoras rechazaron las leyes que simulan la protección para periodistas y mecanismos (como la llamada ley Borge en Quintana Roo o las leyes de Hidalgo y Morelos) porque no garantizan la seguridad de las periodistas ni protegen la libertad de expresión, y pidieron que se fortalezcan las instancias de protección que funcionan y son reconocidas por periodistas.

Durante los dos días de trabajo las participantes coincidieron en que las agresiones contra mujeres periodistas tienen una evidente carga de género: amenazas a ellas y a sus familias; acoso, abuso y hostigamiento sexual; difamación y calumnia con cargas sexistas; así como un impacto en su vida profesional y personal.

La Red, una iniciativa que desde 1995 promueve la igualdad de género en y a través de los medios de comunicación, hizo evidente la necesidad de denunciar las condiciones laborales precarias, largas jornadas de trabajo, la falta de derechos laborales, brechas salariales de género y diferentes tipos de violencia al interior de las redacciones, condiciones que, dijeron, vulneran el ejercicio periodístico.

Recordaron que el Monitoreo Global de Medios 2015 (realizado cada cinco años por la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, WACC, por sus siglas en inglés) encontró que sólo 24 por ciento de los contenidos mediáticos contemplan a las mujeres como fuentes de información y cuando lo hacen, son representadas desde el sexismo, la discriminación y la revictimización.

Ante esta situación, consideraron que las acciones que ha implementado el Estado mexicano han sido una simulación, son ineficaces, indolentes, omisas e insuficientes para garantizar el Derecho Humano a la libertad de expresión, a la información, a la comunicación y a una vida libre de violencias.

Las mujeres periodistas también exigieron al Estado mexicano cumplir la Ley Federal del Trabajo en las empresas de los medios de comunicación; que el Congreso de la Unión legisle la violencia mediática en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y expida la ley reglamentaria del artículo 134 constitucional en materia de la regulación de la publicidad oficial, y políticas públicas claras y efectivas para la protección del trabajo periodístico.

17/AGM/LGL








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Pidieron no descartar su labor periodística como causa del asesinato
Periodistas exigen a autoridades resultados sobre caso Miroslava Breach
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/10/2017

Reporteras y reporteros de Chihuahua exigieron a las autoridades de la entidad que informen de manera oficial los resultados de la investigación en el caso del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, y pidieron no descartar de la investigación el tema en el que la reportera trabajaba cuando fue asesinada y que vincula al crimen organizado con políticos de varios partidos.

Miroslava laboraba como reportera en La Jornada e investigaba temas sobre el crimen organizado y corrupción al momento de su asesinato, efectuado el 23 de marzo cuando al salir de su casa recibió cuatro disparos en la cabeza. Previamente había sido amenazada en diversas ocasiones por su labor periodística.

A través de un comunicado la Red Libre Periodismo, que agrupa a periodistas de la entidad, denunció que el caso sigue en “total impunidad”, pese a que desde el crimen familiares de Breach Velducea, el gremio periodístico, organizaciones civiles locales nacionales e internacionales han exigido a la Fiscalía General del Estado (FGE) transparentar la investigación y que señale a los responsables intelectuales y materiales.

La Red Libre Periodismo pidió a la FGE que dé a conocer oficialmente los avances del caso porque, recordaron, a días del crimen, filtró videos del rastreo a los asesinos materiales Miroslava y los ligó “con el cártel de Sinaloa que opera y controla parte de la sierra, para el cultivo, trasiego, venta de drogas y lavado de dinero”.

Los avances del caso también han sido negados a los familiares de la periodista. A su hermana, Rosa María Breach Velducea, la FGE no le dio acceso a la carpeta de investigación hasta el pasado 9 de octubre, cuando ganó un amparo que promovió junto con la organización civil Propuesta Cívica para que se le reconociera como víctima indirecta.

Por ello las y los periodistas de Chihuahua condenaron el manejo,  control y administración de la información por parte de las autoridades en el caso.

Miroslava Breach Velducea fue la tercera periodista asesinada en México en el mes de marzo. En lo que va del año la cifra asciende a 11 periodistas.

17/MMAE








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   México informó de acciones de prevención y protección
Urgente reforzar protección a mujeres periodistas: informe de ONU
CIMACFoto: Citlalli López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 05/10/2017

Cada vez más gobiernos y organizaciones abordan la seguridad de las mujeres periodistas pero aún falta reforzar las medidas de atención para aquellas que son víctimas de violencia, recopilar datos desglosados por sexo y elaborar y aplicar leyes y políticas que las protejan.

Esta es una de las conclusiones del informe “La seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad” (A/72/290) elaborado por el Secretario General de Naciones Unidas en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El informe, que se presentará en el 37 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a realizarse del 26 de febrero al 23 de marzo de 2018, recopiló datos aportados por los Estados, entre ellos México, que informó de las acciones de protección y sanción de actos contra la libertad de expresión.

El documento, concluido en agosto de 2017, indica que en 2012 México estableció el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual incluye un programa con enfoque de género respecto de la prevención y la protección y trata de reconocer los riesgos específicos a que se enfrentan las periodistas en el ejercicio de su profesión.

Según la información aportada por el Estado mexicano, todos los funcionarios han recibido capacitación sobre perspectiva de género y hay protocolos y procedimientos para que respondan con sensibilidad respecto de las cuestiones de género a las quejas y solicitudes de asistencia presentadas por mujeres periodistas.

Asimismo, el gobierno mexicano señaló que la unidad de evaluación de riesgos utiliza una metodología que incluye el género como factor de riesgo y tiene por objeto asegurar que se tengan en cuenta las circunstancias específicas de las mujeres periodistas; y una vez que se determina el nivel de riesgo, se propone un plan de protección con género.

México señaló también que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, que depende de la Procuraduría General de la República (PGR) hacía un seguimiento de los crímenes contra periodistas y reunía información desglosada, entre otras cosas, por sexo.

Aunque el documento no lo menciona, el 9 de febrero apareció asesinada la reportera del periódico El Sol de Orizaba, Anabel Flores Salazar, quien fue secuestrada y asesinada. Más tarde, el pasado 23 de marzo, fue asesinada, Miroslava Breach Velducea, corresponsal de La Jornada en Chihuahua y colaboradora del desaparecido Norte de Ciudad Juárez.

Meses después, en mayo, fue asesinado el periodistas Javier Valdez Cárdenas (Sinaloa); hubo un atentado a la subdirectora del Semanario El Costeño de Autlán, Sonia Córdova (Jalisco); y secuestraron al director de Canal 6TV, Salvador Adame Prado (Michoacán), quien días después fue encontrado sin vida.

Además, de acuerdo con el Programa de Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), primera organización en documentar la violencia contra las periodistas; durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 a abril de 2017, se documentaban 304 de agresiones a mujeres periodistas y seis asesinatos de comunicadoras.

En el informe El poder del cacicazgo. Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, también elaborado por CIMAC, se documentaron 147 casos de violencia contra mujeres periodistas en 24 entidades federativas, en su mayoría atentados que están impunes pese a la existencia de una Fiscalía especializada y un Mecanismo de Protección.

El informe de la ONU señala que para un enfoque con perspectiva de género en las acciones de prevención y protección es necesario comprender y tener en cuenta las diferentes experiencias, opiniones y necesidades de las mujeres y su participación en la elaboración de leyes, políticas y programas, y la aplicación, supervisión y evaluación de estos documentos.

“En todo caso, las medidas no deben llevar a reforzar los estereotipos de género, ampliar las desigualdades ya existentes ni afianzar aún más la discriminación contra la mujer. También deben equilibrar la necesidad de habilitar a las mujeres para entrar y permanecer en la profesión en igualdad de condiciones con el hombre”, señala el informe.
Otro elemento que se destacó en el informe es la necesidad de garantizar la rendición de cuentas ante los ataques cometidos contra mujeres periodistas, en particular porque es un elemento fundamental dejar en claro que los ataques contra mujeres periodistas no se tolerarán y por tanto ofrecer una vía de reparación del daño.

17/AGM/LGL








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Ante amenazas periodista vive en el exilio
   
Patricia Mayorga recibirá Premio Internacional de Libertad de Prensa 2017
Patricia Mayorga
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/07/2017

La periodista mexicana e integrante de la Red Nacional de Periodistas, Patricia Mayorga, fue seleccionada como una de las ganadoras del Premio Internacional de Libertad de Prensa 2017 que cada caño otorga el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
 
La corresponsal de la revista Proceso en el estado de Chihuahua fue elegida junto con el reportero de Camerún, Ahmed Abba; el columnista de Tailandia, Pravit Rojanaphruk; la bloguera de Yemen, Afrah Nasser; y la conductora de televisión estadounidenses, Judy Woodruff.
 
Actualmente Mayorga vive en el exilio. La periodista decidió salir del país luego del asesinato de Miroslava Breach Velducea, quien fuera corresponsal del diario La Jornada y colaboradora del periódico Norte, publicación que decidió cerrar su versión impresa después del crimen contra su reportera, ocurrido el 23 de marzo en la ciudad de Chihuahua.
 
Al igual que Breach, Mayorga recibió amenazas por sus reportajes donde contaba historias de desapariciones forzadas de indígenas en México y presuntos vínculos del ex gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Duarte Jáquez, con el crimen organizado. El funcionario es acusado de peculado.
 
Como integrante y fundadora del Red Libre Periodismo, la reportera promovió la capacitación ética para jóvenes periodistas en el estado de Chihuahua y las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. De acuerdo con este colectivo en la entidad han sido asesinados 22 periodistas desde el año 2000 hasta marzo de 2017.
 
Entre estos crímenes hay dos contra mujeres periodistas: Miroslava Breach e Isabel Cordero Martínez, ex conductora de Televisa-Chihuahua, asesinada en abril de 2010. De acuerdo con el Programa Libertad de Expresión de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) la violencia contra periodistas no es exclusiva de una entidad toda vez que de 2014 a 2015 se registraron 147 casos de violencia contra periodistas en el país.
 
En este escenario de impunidad el CPJ otorgó el premio a Patricia Mayorga, quien comenzó a trabajar como periodista en el año 2000, cubriendo temas como salud y educación; posteriormente se enfocó en temas de Derechos Humanos y el asesinato de mujeres en Juárez.
 
Mayorga también trabajó para el diario El Heraldo, la agencia especializada en periodismo con perspectiva de género, Cimacnoticias, el Diario de Ciudad Juárez y La Jornada, lo que le valió amenazas similares a las que recibió Breach.
 
Cabe recordar que en 2011 un mexicano también ganó el Premio Internacional de Libertad de Prensa 2011: Javier Valdez Cárdenas, reportero que cubrió y escribió sobre narcotráfico y el crimen organizado. El 15 de mayo el periodista fue asesinado en Culiacán, en el estado de Sinaloa, sin que hasta ahora se haya encontrado a los culpables.
 
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