NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Jan Jarab, representante de ONU-DH
Informe para AVG en Veracruz, ejemplo de no sumisión ante ola conservadora
Imagen retomada del portal cinu.mx | Imagen: Antonio Nieto
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/03/2017 En México, como en el mundo, hay una tendencia a consolidar el conservadurismo en las normas legales y ante esto es importante que las instituciones y la sociedad den una clara señal de no sumisión frente a estas regresiones, afirma el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
 
Un ejemplo de cómo no claudicar en la defensa de los derechos, dice el experto checo en entrevista exclusiva con Cimacnoticias, lo acaba de dar un grupo de expertas y expertos, académicos y funcionarios, en un informe publicado el 10 de marzo, donde determinan que en Veracruz, estado situado al sur de la República Mexicana, hay discriminación institucional contra las mujeres y un atentado a sus derechos sexuales y reproductivos.
 
Este informe proporciona argumentos sobre la pertinencia de decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” en la entidad, es decir porque hay leyes que obstaculizan el ejercicio de los derechos de las mujeres y recomienda al gobierno estatal despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres; y garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación sexual.
 
A propósito de este informe, Jan Jarab, quien fuera representante de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Europa (2010-2016), afirma que hay que apostar a que esta “ola conservadora en contra de los derechos de las mujeres sea, si no la última, sí la última grande”. 
 
AVG CONTRA RETROCESOS
 
El 9 de septiembre de 2015 organizaciones sociales solicitaron una AVG por violencia feminicida pero el 5 de abril de 2016 por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, junto con otras seis organizaciones solicitaron otra AVG, esta vez por discriminación, criminalización y falta de acceso a los servicios de aborto. 
 
En esta segunda petición, las agrupaciones determinan cuáles son los elementos que obstaculizan a las mujeres el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos: La inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 que permite el aborto en casos de violación sexual; la tipificación del aborto que castiga el delito con tratamiento educativo y de salud; y la reforma al Artículo 4 de la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, que entró en vigor el 23 de agosto de 2016.
 
Dicha reforma al Artículo 4 fue aprobada en segunda vuelta por el Congreso local en julio de 2016, para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, a propuesta del hoy prófugo ex gobernador, Javier Duarte, quien la promulgó en agosto de ese año acompañado por jerarcas de la Iglesia.
 
Ahora, el informe de expertas y expertos –el primero por “agravio comparado”– proporciona más elementos que demuestran cómo en la entidad se obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la interrupción legal del embarazo. Sobre este tema se le pregunta a Jan Jarab.  
 
-Anayeli García Martínez (AGM): ¿Cómo se debe analizar este informe realizado por este grupo de expertas y expertos?
 
- Jan Jarab (JJ): Para nuestra Oficina este informe es muy importante por varias razones. Primero, se trata del estado de Veracruz donde el cambio constitucional (para proteger la vida desde el momento de la concepción) que ocurrió el año pasado fue identificado por nuestra Oficina y por otras organizaciones de Naciones Unidas, como ONU Mujeres y el Fondo de Población, como un retroceso alarmante y fue objeto de un comunicado de prensa colectivo de varias organizaciones de la familia de Naciones Unidas.
 
“El informe, como tal, confirma nuestras preocupaciones: Cuando se crean retrocesos constitucionales –y no es algo retórico, simbólico– esto puede tener efectos adversos al gozo de los derechos, en este caso de derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en el estado de Veracruz.
 
“En el informe se explica de manera didáctica que una política pública discriminatoria puede ser considerada como una forma de violencia institucional contra las mujeres. Esta es la segunda dimensión: Cómo entendemos en este país, y en otros, la violencia institucional que las instituciones del Estado causan a los titulares de derechos.
 
“Hay otra dimensión. Aunque sabemos que Veracruz es un estado muy problemático en muchas áreas de Derechos Humanos, el informe no sólo es sobre Veracruz, no lo interpretamos como algo relevante sólo para el estado, porque sabemos que las herramientas legales y, aun peor, las prácticas en muchos estados de la federación mexicana siguen siendo muy restrictivas en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
 
“Aquí se da también una primera señal a un público más grande y es importante desde el punto de vista político que la Segob y el propio Secretario de Gobernación aceptan la opinión de los expertos”.
 
POPULISMO CONSERVADOR
 
Adicional a la información sobre salud sexual y reproductiva, el informe consideró 13 normativas nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que enriquece los argumentos.
 
- AGM: ¿El contenido de informe podría tener repercusiones en el resto del país?
 
- JJ: Es un problema muy relevante para todo el Estado mexicano. Tenemos diferencias entre herramientas legales en varias entidades federativas, con una distinción bastante positiva de la Ciudad de México y la situación muy restrictiva, muy conservadora, en la mayoría de las demás entidades.
 
“Tenemos también un contexto preocupante que hemos visto no solo en derechos de la mujer. Por ejemplo, cómo se terminó el año pasado de manera muy nefasta con la intención de legislar el matrimonio igualitario y una contra reacción muy conservadora.
 
“Es importante que las instituciones que tienen este mandato den una clara señal que no podemos ser sumisos, no podemos capitular en esta coyuntura, en la ola conservadora, tanto en México como en el mundo. Soy optimista históricamente y pienso que es muy probable que la ola en contra que estamos mirando hoy será, sino la última, será la última grande.
 
“Me parece que se necesita utilizar este informe porque, como lo mencioné anteriormente, la situación en México en general necesita una modernización con un enfoque de Derechos Humanos que está muy presente en este informe, utilizando los altos estándares de Derechos Humanos como herramienta y no los prejuicios populares, el populismo conservador”.
 
EMPODERAMIENTO VS. “MORALIDAD”
 
- AGM: El informe recomienda implementar la NOM 046 que implica garantizar el aborto en casos de violación sexual pero, por otro lado, hay gobernantes y legisladores que no están de acuerdo con implementar esta norma, ¿esto sería parte de esta ola conservadora?
 
- JJ: La supuesta defensa de moralidad tradicional siempre ha sido en todos los países, para algunos más rápidos para otros más lento, pero siempre ha sido una lucha. No sólo es una lucha para ganar un voto en un Congreso nacional o estatal sino para convencer al gran público.
 
“Sabemos que aparentemente México tiene una de las más altas tasas de embarazo adolescente en la región, es preocupante pero la respuesta necesita ser un empoderamiento de las mujeres y de las niñas, acceso a todos los derechos sexuales y reproductivos y no intentar regresar al Siglo XIX.
 
“Tuve recientemente una plática interesante con una persona que insistió en que se necesita regresar al modelo tradicional, a un pasado supuestamente idílico. Primero, este pasado idílico nunca existió, es una fabricación; segundo, no se puede regresar al pasado, lo que necesitamos es un desarrollo de la legislación y de las políticas públicas basado en los estándares internacionales de Derechos Humanos.
 
“En un país como México, que afirma en la arena internacional su compromiso con estándares internacionales de Derechos Humanos, eso es algo que necesitamos exigir. Vamos a tener, quizás, un largo proceso, con las fuerzas más conservadoras políticamente, eso nos queda claro”.
 
INSUFICIENTE ATENCIÓN
 
“Otro factor importante en México es que la importancia de estos asuntos sigue siendo un poco eclipsada por otras violaciones muy importantes, dramáticas, graves violaciones como tortura o desaparición, que aunque también tienen una gran dimensión de género tampoco es tan visible como debería ser”, explica quien fuera funcionario de la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno checo.
 
“El problema en México quizás no es que existan fuerzas conservadoras. Hemos visto que existen en Francia, de manera hasta sorprendente cuando se dio el movimiento en contra del matrimonio igualitario. No es esto, es el carácter de la discusión pública. Hay muchos otros temas que atormentan a la sociedad y la atención a los derechos de las mujeres y principalmente al tema de derechos sexuales y reproductivos no es suficiente.
 
“Puedo decirlo desde el punto de vista de nuestra Oficina: La Oficina del Alto Comisionado está tan metida hoy en los dramas de desaparición, de tortura, que es difícil priorizar otros temas híper importantes, como este del que hablamos, como los derechos de las personas con discapacidad, de los migrantes, porque los otros temas nos imponen por su urgencia”.
 
- AGM: ¿Sería relevante recalcar que los derechos de las mujeres también son Derechos Humanos?
 
- JJ: Desde mi perspectiva, de hombre, recién llegado de Europa, hay algunas tendencias fuertemente paternalistas aquí en México y aparentemente obstaculizan la correcta percepción de los derechos de las mujeres. Cuando varios políticos afirman que están apoyando los derechos de las mujeres, a veces lo hacen también de manera patriarcal, como elogiando a sus esposas, sus hijas, en el ámbito familiar. Generosidad condescendiente.
 
“Me parece que es una sociedad en transformación, esta transformación es obstaculizada -es mi perspectiva personal- tanto como otras transformaciones y modernizaciones de la sociedad, debido al contexto de la violencia y de otros flagelos de corrupción, impunidad, que dominan y preocupan a la sociedad.
 
“Estamos testimoniando unos esfuerzos. El de Veracruz fue emblemático, porque desvió la atención (con la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción). Las fuerzas políticas conservadoras no logran establecer o mantener un Estado de derecho pero sí se manifiestan con este cambio constitucional para mostrar que están defendiendo algo, aunque lo que están defendiendo significó, de hecho, un retroceso, como muestra este informe. Fue algo que obstaculizó aún más el acceso de las mujeres en Veracruz a sus derechos”.
 
- AGM: Aún no se sabe si las recomendaciones para modificar la legislación serán aceptadas pero ¿qué percepción tiene la Oficina del Alto Comisionado?
 
- JJ: La Oficina quiere aportar a este primer paso para que sea implementado en la legislación y en la política pública del estado de Veracruz. Vamos a apoyar esta normativa progresiva con discusiones con los actores, interlocutores federales y estatales. Estamos planeando una misión a Veracruz por varios temas, empezando por la situación de desapariciones, pero el tema de los derechos sexuales y reproductivos está en nuestra agenda.
 
17/AGM/GG
 







NACIONAL
   Obligación del Estado, desde hace una década
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/02/2017
Hace 10 años, el movimiento feminista hizo alianza con las legisladoras para impulsar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de  Violencia, un proyecto que cambió la mirada de las instituciones sobre la violencia contra las mujeres y que fue aprobado en la Cámara de Diputados en abril de 2006 y ratificado por el Senado en diciembre del mismo año. 
 
Inició así, para el Estado, en 2007, la obligación de aplicar Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y, para las mujeres, quedó garantizado su derecho a gozar de los beneficios de ese marco legal para enfrentar la violencia de género. Por eso, este mes de febrero las mexicanas celebramos el décimo aniversario de su entrada en vigor.
 
La Ley fue publicada el 1 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, fecha de arranque para que las instituciones comenzaran con la aplicación de medidas para prevenir y atender a las mujeres que viven distintos tipos y modalidades de violencia, un avance significativo en la defensa de los Derechos Humanos. 
 
Se reconoció así en el país el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y al goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos y libertades, mientras que el Estado está obligado a implementar un Programa Integral y mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
 
CAMBIO DE PARADIGMA
 
La LGAMVLV significó un cambio de paradigma, pues aunque se empezaron a crear leyes en América Latina para sancionar la violencia, luego de que los países de la región firmaron en 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará), la mayoría se enfocaron a proteger a la “familia”, bajo la figura de violencia intrafamiliar o doméstica.
 
Luz Patricia Mejía Guerrero, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará, explica que estas leyes contra la violencia intrafamiliar o doméstica generaron que los países implementaran procesos de mediación para que las mujeres se mantuvieran dentro de la familia.  
 
Las investigaciones, dice Mejía Guerrero, encontraron que persuadir a las mujeres víctimas de violencia a firmar un acuerdo con sus parejas para que ambos se respetaran, era una política que ponía en peligro a las que denunciaban e incrementaba la violencia, lo que provocaba desconfianza en el sistema de administración de justicia.
 
Tras estos hallazgos, los países de la región se encaminaron a implementar acciones de prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. Y en esta lógica, el movimiento feminista de México y legisladoras impulsaron el proyecto de ley que reconocía el derecho de esta población a vivir una vida libre de violencia.
 
AVANCES
 
Entre las impulsoras de la Ley General de Acceso estuvieron la priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, entonces presidenta de la Comisión de Equidad y Género; la antropóloga y legisladora perredista, Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio; y la también perredista Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia.
 
La antropóloga feminista Marcela Lagarde, quien llegó a la Cámara de Diputados con el objetivo de tipificar el delito de feminicidio, lo que no pudo concretar en ese momento, coordinó la Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana, la cual concluyó que cuatro mujeres eran asesinadas al día. Esos fueron argumentos suficientes para crear esta ley.
 
La propuesta de norma fue criticada porque estaba dirigida sólo a las mujeres, pero cuando se aprobó, dice la feminista, rompió esquemas, fue una ley transgresora y vanguardista porque colocó a las mexicanas como sujetas y porque en el fondo colocó la misoginia y el patriarcado como fundamentos. Se logró acreditar el feminismo, sostiene Lagarde.
 
Las legisladoras consiguieron que en la ley se reconociera el derecho de las mujeres a que se respete su integridad física, psíquica y moral, que se crearan mecanismos innovadores como las órdenes de protección para brindar seguridad a mujeres en situación de violencia y la Alerta de Violencia de Género (AVG) para implementar acciones de protección en un territorio determinado.
 
La actual senadora perredista Angélica de la Peña destaca que esta ley sacó el problema de la violencia del ámbito privado y lo llevó a lo público; se redactó con base en la Convención Belém do Pará, y señaló tipos y modalidades de la violencia que constituye una violación a todos los Derechos Humanos de las mujeres, lo que  causa la desigualdad de género.
 
“El balance que hacemos es que si bien hay situaciones que afectan los derechos culturales, sociales o los derechos políticos de las mujeres, la violencia contra las mujeres afecta todos los derechos”, dice De la Peña.
 
Uno de los avances que enumeró es que, posterior a la promulgación de la norma, se hizo una revisión de Códigos Penales y Civiles y se incidió en la reforma de muchos preceptos que discriminaban a las mujeres.
 
Una década después de esta ley, la ex diputada federal Martha Lucía Mícher Camarena, quien también participó en este proceso, asegura que la ley fue un avance, una norma revolucionaria y un éxito del feminismo y de legisladores que, no siendo feministas, se convencieron de que existía un problema a atender.
 
Malú Micher, como se le conoce, dice que esta ley incorporó temas que rompían los esquemas de las propias legisladoras, de académicas y medios de comunicación, fue de avanzada, dice. 
 
Además, asegura que este tema es importante, porque las leyes son un marco jurídico que ayuda, pues si no se invoca una ley es muy complicado defender los Derechos Humanos de las mujeres.
 
Desde la visión de las instituciones, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandra Negrete Morayta, esta ley era absolutamente necesaria e insoslayable, y dio respuesta a una exigencia histórica, visibilizó tipos y modalidades de la violencia, otorgó una protección diferenciada a las mujeres y estableció las bases adecuadas para la coordinación de los tres niveles de gobierno en materia de violencia contra las mujeres.
 
Al hacer un repaso de esta década, la Comisionada precisa que no se puede hacer un balance en blanco y negro, pero reconoce que aún ocurren casos de violencia contra las mujeres por la falta de implementación adecuada de las obligaciones estatales, sobre todo a nivel local y municipal. Por ejemplo, la falta de acceso adecuado a la justicia, de políticas de prevención, violencia institucional, falta de medidas de protección, de sanción y de un trabajo integral con los agresores, entre otras.
 
El problema que enfrentamos, expone la Comisionada, es de la mayor complejidad, pues, pese a su gravedad, había permanecido invisible y aceptado. Por ello, dice que el trabajo realizado a partir de la ley se medirá en el mediano y largo plazo, pues la conciencia de corresponsabilidad absoluta de todas y todos, y el cambio de estructuras sociales con décadas de arraigo, requieren de mucho trabajo.
 
RETOS
 
Para Malú Micher, “sigue habiendo ceguera de género en los gobiernos”, pese a que después de la ley, en 2012 se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal Federal, en 2013, la Suprema Corte creó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género; desde 2008 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto etiquetado para la igualdad y se han creado protocolos para investigar estos delitos. 
 
Es por ello que Micher Camarena propuso una amplia reforma a la Ley para que se nombre la violencia obstétrica, cibernética, económica, política; se cambien los tiempos de las órdenes de protección y se explique el procedimiento para decretar la Alerta. Sin embargo, no fue aprobada. 
 
Angélica de la Peña Gómez también considera que aún quedan pendientes por revisar, sobre todo en los ámbitos local y municipal. Por ejemplo, la creación de un Diagnóstico Nacional para conocer las causas de la violencia contra las mujeres y la implementación del Banco Nacional de Violencias contra las Mujeres, que se ordena en la ley.
 
Para la legisladora, es importante que dos obligaciones se pongan en marcha y ahí derivarían políticas públicas y acciones gubernamentales para poder lograr realmente una prevención, atención y erradicación de la violencia de género.
 
Respecto a la Alerta de Violencia de Género, De la Peña dice que el reto es “no prejuiciarse” frente a la exigencia de una declaración, sino hacer investigaciones profundas, metodológicas, que esclarezcan cuáles son las causas que derivaron en esa violencia en ese lugar o territorio y establecer acciones para atender el problema.
 
A su vez la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, explica que una vez que la Ley General de Acceso entró en vigor, los estados estuvieron obligados a adoptar sus propias leyes locales con sus respectivos mecanismos de prevención; pero en cada estado se legisló como se quiso y atendiendo a su contexto local.
 
La activistas señala que las organizaciones civiles se han enfocado en dar seguimiento a dos mecanismos: las órdenes de protección y la AVG, donde han visto obstáculos para implementarlos. Por ejemplo, en el caso de la Alerta hay un proceso burocrático para determinar si es necesario decretarla o no.
 
La sociedad civil también ha señalado la deficiencia de tener un  Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, conformado por nueve Secretarías de Estado y dependencias que, al ser un gran sistema, no logran implementar modelos o instrumentos a favor de una vida digna.
 
Además, Estrada destaca que una ley sin recursos no sirve y señala que es necesario que se promueva una reforma a la Ley General de Acceso que agilice y amplié la vigencia de las órdenes de protección, y que modifique el actual proceso para decretar la AVG a fin de que un grupo experto haga la evaluación de la procedencia del mecanismo.
 
Al respecto Marcela Lagarde critica que el movimiento de mujeres sólo se enfoque en exigir la implementación de la alerta y no se vea que esta norma es integral y requiere de una política integral de Estado.
 
Señala, además, que si en 2007 no se aceptó que la inclusión del concepto de feminicidio, hoy es oportunidad de hacerlo. Coincide en la necesidad de incorporar términos que no existen, como violencia política y obstétrica. Pese a esto que le falta, reafirma Lagarde, es una ley maravillosa y en el país “está en construcción la política que contiene esa ley”.
 
17/AGM/LGL/GGQ








INTERNACIONAL
   Serán mil 459 días de resistencia, dice
“Representamos a las fuerzas del cambio decididas a impedir que resurja el racismo y el heteropatriarcado”: Angela Davis
Imagen retomada del portal arainfo.org
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Aragón, Esp .- 25/01/2017 La activista afroamericana, filósofa, política marxista y profesora del Departamento de Historia de la Conciencia en la Universidad de California, Angela Davis, figura clave del movimiento de liberación negro en la década de los 60 y 70, realizó un contundente y brillante discurso en el cierre de la denominada “Marcha de las Mujeres” contra Trump en Washington.
 
Discurso íntegro de Angela Davis:
 
En un momento exigente de nuestra historia, recordemos que nosotras, las centenares de miles, los millones de mujeres, personas trans, hombres y jóvenes que estamos aquí en la Marcha de las Mujeres, representamos a las poderosas fuerzas del cambio que están decididas a impedir que vuelva a resurgir la cultura agonizante del racismo y el heteropatriarcado.
 
Reconocemos que somos agentes colectivos de la historia y que la historia no puede borrarse como si fuera una página web. Sabemos que nos hemos reunido esta tarde sobre tierra indígena y seguimos el camino marcado por los primeros pueblos que nunca han renunciado a la lucha por la tierra, el agua, la cultura y su pueblo, a pesar de la violencia del genocidio masivo. Saludamos especialmente a los sioux de Standing Rock.
 
La lucha por la libertad del pueblo negro, origen de la auténtica naturaleza de este país, no puede borrarse de un plumazo. No pueden hacer que olvidemos que las vidas negras sí importan. Este es un país fundado sobre la esclavitud y el colonialismo, lo que quiere decir que de una forma u otra la historia de Estados Unidos es una historia de inmigración y esclavitud. Fomentar la xenofobia, arrojar acusaciones de asesinato y violación y construir muros no borrará la historia.
 
NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL
 
La lucha por salvar el planeta, por parar el cambio climático, por garantizar el acceso al agua desde las tierras de los sioux de Standing Rock hasta Flint, Michigan, y Cisjordania y Gaza. La lucha por salvar nuestra flora y fauna, por salvar el aire. Esa es la zona cero de la lucha por la justicia social.
 
Esto es una marcha de mujeres y esta marcha de mujeres representa la promesa del feminismo contra los perniciosos poderes de la violencia del Estado. Y es el feminismo inclusivo e interseccional el que nos reclama para que nos unamos a la resistencia contra el racismo, la islamofobia, el antisemitismo, la misoginia y la explotación capitalista.
 
Sí, saludamos la lucha por los 15 (por un salario mínimo de 15 dólares la hora). Nos comprometemos con la resistencia colectiva. Resistencia contra los que se lucran con las hipotecas multimillonarias y la gentrificación. Resistencia contra los partidarios de la sanidad privada. Resistencia contra los ataques a musulmanes e inmigrantes. Resistencia contra los ataques a personas con discapacidad. Resistencia contra la violencia del Estado perpetrada por la policía y a través del complejo industrial penitenciario. Resistencia contra la violencia de género institucional y personal, especialmente contra las mujeres trans de color.
 
Los derechos de las mujeres son Derechos Humanos en todo el planeta, y por eso pedimos libertad y justicia para Palestina. Celebramos la futura liberación de Chelsea Manning. Y la de Óscar López Rivera. Pero también pedimos libertad para Leonard Peltier. Libertad para Mumia Abu-Jamal. Libertad para Assata Shakur.
 
En los próximos meses y años, seremos convocados para intensificar nuestras demandas de justicia social y ser más radicales en nuestra defensa de poblaciones vulnerables. Será mejor que tengan cuidado los que aún defienden la supremacía del heteropatriarcado blanco.
 
Los próximos mil 459 días de la Administración de Trump serán mil 459 días de resistencia. Resistencia sobre el terreno, resistencia en las aulas, resistencias en los empleos, resistencia en nuestra arte y nuestra música.
 
Esto es sólo el principio. En palabras de la inimitable Ella Baker, “los que creemos en la libertad no podemos descansar hasta que la consigamos”. Gracias.
 
La nota original puede verse en: http://arainfo.org/
 
*Este artículo fue retomado del portal de noticias AraInfo.org
 
17/RED/LGL







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Demandan ciudad segura y libre de agresiones machistas
Mujeres de Bangalore se organizan y protestan contra acoso callejero
Imagen retomada del portal Tribuna Feminista
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp.- 16/01/2017 El pasado 7 de enero, dos grupos de mujeres trabajadoras y estudiantes salieron a las calles de la ciudad de Bangalore (ubicada en el sur de la India) para protestar por el acoso callejero masivo que se produjo la noche de fin de año y demandar una ciudad más segura, libre de agresiones machistas.
 
Algunos líderes políticos, como el ministro del interior G. Parameshwara, restaba importancia a estas agresiones argumentando que “estas cosas pasan” y criticando a las mujeres jóvenes porque, según él, “imitan no sólo la forma de pensar sino también la forma de vestir de las mujeres occidentales”.
 
Ante estas reacciones, un grupo autónomo de mujeres llamadas “Night in My Shining Armour” (“la Noche de Mi Armadura Brillante”) llamaba a que el 11 de enero las mujeres de Bangalore se volvieran a reunir y a salir para reclamar las calles en una, y desmontar así el estigma que existe sobre las mujeres que salen de sus casas después de que anochezca, en una acción que han llamado “I Will Go Out”.
 
Una de las organizadoras del evento declaraba que “esto es sólo el principio. Estamos planeando organizar más eventos como éste, y también tener debates públicos y marchas por los vecindarios”. Y esto lo defendía porque “el incidente de fin de año es preocupante, pero no nos choca. India tiene uno de los niveles más bajos de denuncias por agresiones sexuales. Es necesario cambiar las mentalidades para que todas las advertencias no giren en torno a lo que las chicas pueden y no pueden hacer”.
 
Al mismo tiempo se han lanzado peticiones en Change.org para exigir justicia y un entorno seguro para las mujeres en Bangalore y también peticiones para exigir una disculpa pública al ministro Parameshawara por sus declaraciones.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/LGL







MUJERES CAUTIVAS
   MUJERES CAUTIVAS
Así empezamos las mujeres el 2017
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/01/2017 Nos alcanzó una realidad muy cruda al inicio de 2017.  En primer lugar se siguen incrementando los casos de feminicidio en todo el país, y es inexplicable como siguen sucediendo aún en los municipios donde se ha declarado la Alerta de Género.
 
Qué pasa, qué están haciendo los gobiernos estatales y municipales para aplicar las recomendaciones que los comités de expertas han hecho para cada estado. Yo me pregunto, hay presupuestos o se siguen dando presupuestos raquíticos y cursitos que no representan respuestas reales que permitan incidir en la reducción de la violencia feminicida.
 
Por otro lado, se han abierto y están funcionando 30 Centros de Justicia para las Mujeres, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), los califica como: “Una de las políticas públicas más exitosas que ha puesto en marcha la Conavim desde el 2010 … la creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, y yo me pregunto el éxito cómo lo miden, si hay indicadores cuantitativos y también cualitativos para medirlo o simplemente por el número de atenciones que brindan, sin importar el resultado que se logre.
 
Y me pregunto lo anterior porque en la página web de la Conavim no se menciona nada relacionado con la evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados de los Centros de Justicia para las Mujeres, lo único que dice es:
 
“La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), trabaja en el diseño de programas y políticas públicas de carácter integral que tienen como fin último garantizar y proteger los Derechos Humanos de las mujeres.
 
Una de las políticas públicas más exitosas que ha puesto en marcha la Conavim desde 2010, ha sido la creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), los cuales buscan dar respuesta a las obligaciones en materia de atención y prevención de violencia contra las mujeres, así como atender diversas recomendaciones internacionales formuladas al Estado mexicano en la materia.
 
En estos Centros se busca fortalecer el acceso a la justicia por medio de un proceso de autovaloración para detener la violencia, así como proporcionar herramientas que propicien la toma de decisiones informada y encaminada a construir un proyecto de vida en entornos libres de violencia. Pero por los resultados que vemos todos los días, el número de casos de feminicidio, el número de mujeres y niñas desaparecidas parece que es una política pública que no está dando resultados.
 
Otro gran problema que tenemos que enfrentar las mujeres es el gasolinazo, que ha traído aumentos en la canasta básica, incluso hasta 15.00 pesos el kilo de tortillas, el aumento del gas, y nos espera el de la electricidad, el aumento al transporte; lo que coloca a las mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad y pobreza, porque las alzas perjudican a toda la población, pero sobre todo a las mujeres.
 
A todo lo anterior debemos agregar los saqueos organizados que ha provocado que la delincuencia se desate y actúe por todas las ciudades impunemente, robando, asaltando en motocicletas y con pistolas como nos pasó el jueves pasado en la puerta de nuestra oficina. Son grupos organizados y pagados para justificar la represión a las legítimas protestas pacíficas que se vienen dando en 25 entidades del país.
 
Y, finalmente, no podemos dejar de comentar lo que está sucediendo en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde a pesar de que se hicieron y votaron dictámenes por Comisión, por cada capítulo de la Constitución, desde el 3 de enero de 2017, se han empezado a discutir esos dictámenes, artículo por artículo, y por cada artículo, inciso, o fracción, se presentan hasta 30 reservas, como si no se hubieran votado previamente en las comisiones, es más, en muchos casos se aprueban en lo general, pero se reservan infinidad de las disposiciones incluidas, tanto así que se han regresado a Comisiones varias fracciones de artículos e incisos, que tendrán que volver a consensar.
 
El lunes 9 de enero, el Pleno de la Asamblea inició la discusión del Artículo 15 del Dictamen de la Comisión Carta de Derechos, que es justamente el artículo donde el proyecto inicial incluía el derecho al “trabajo sexual”, para el Jefe de Gobierno y su Comisión Redactora, y que en el dictamen quedó superado y ya no aparece, sin embargo, no nos extrañaría que se presenten varias reservas con el propósito de regresar al texto la prostitución disque voluntaria y autónoma, por eso debemos estar pendientes de qué diputadas o diputados presentan reservas en este artículo y quiénes y cómo votan.
 
En lo personal el proyecto original no me convencía en nada, ya que realmente impulsaba la precarización del trabajo, reconociendo tanto el ambulantaje, los trabajadores de la cultura, el arte o deporte, las mujeres en condición de explotación sexual como trabajo no asalariado, en una suerte de renunciar a luchar por trabajos dignos, que ofrezcan prestaciones, permanencia de posibilidades de ascenso, un ingreso suficiente, lo que resultaría nocivo para muchos negocios establecidos, creo que en el fondo lo que buscan es censarlos para cobrarles impuesto.
 
Por lo menos se despejará esta incógnita, y nos daremos cuenta que diputadas y diputados tienen o una falsa interpretación de las mujeres en explotación sexual, sus causas y consecuencias o bien que existen intereses en el negocio para explotar a mujeres y niñas.  Debemos estar pendientes.
 
Ante este panorama, estoy convencida que sólo nos queda un camino, la organización y la lucha constante.  No nos debemos de cansar, ni dar por vencidas, exigir rendición de cuentas y recuperar los espacios públicos para poder caminar seguras, y también estar seguras en nuestros hogares.  El futuro debe ser nuestro.
 
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés)
 
17/TCUZ/KVR
 







INTERNACIONAL
SALUD
   Piden defensores de DH que se integre a la Ley de Juventud
Buscan en Guatemala una educación integral en sexualidad
CimacFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Guate.- 19/12/2016 El 2016 ha sido particularmente difícil para el movimiento de mujeres en Guatemala, que defendió constantemente los logros alcanzados, debido a fundamentalismos que intentan retroceder en todos los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, señaló la coordinadora del Programa Legal del Grupo Multidisciplinario para la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos en el país, Dinora Gil.
 
La defensora reconoció que  hay grupos que no dejan avanzar en los DH de las mujeres. Por ejemplo, este año se buscó que el tema de la educación integral en sexualidad se incorporara a la Ley de Juventud, pero los diputados y diputadas se negaron; también hubo discusión de parte de funcionarios y funcionarias al respecto debido a que se negaron a dar esta educación integral en sexualidad.
 
Dinora Gil consideró este suceso como retroceso a pesar de que está establecido internamente en la Ley de Planificación Familiar e internacionalmente en todos los tratados suscritos por el país, en materia de DH.
 
La experta indicó que el aumento de niñas que presentan un embarazo, no es nada nuevo, ha sido histórico, sin embargo, el   tema ha recobrado fuerza, gracias a que los medios de medios de comunicación lo han posicionado nuevamente en la agenda mediática, pero nunca ha sido un secreto que en las comunidades, las niñas se casen desde los 11 años.
 
“El tema se ha llevado a la discusión porque representa un proyecto de nación”, mencionó Dinora Gil.
 
Luego agregó: “si las mujeres tenemos mayores oportunidades de formación y de vida,  el país lograría un cambio, obtendría mejores condiciones para las mujeres, de lo contrario se continuará con la pobreza y con menos oportunidades de decisión”.
 
Finalmente, la especialista subrayó que para el 2017, continuará luchando por los derechos humanos de las mujeres y para garantizar que se respete “el principio de no retroceso en esta temática”.







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