Derechos Humanos de las mujeres

INTERNACIONAL
FEMINISMO
   Necesario trabajar en conjunto para lograr cambios: expertas
   
Realizan Encuentro Centroamericano sobre igualdad de género
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua, Nic .- 02/10/2017

Pese a que en Nicaragua existen de las mejores leyes para lograr la equidad, aún persiste el predominio de hombres sobre mujeres en la toma de decisiones y en la participación política, por lo que se requiere trabajar en conjunto para avanzar hacia una verdadera igualdad coincidieron especialistas reunidas en el Encuentro Centroamericano “Mujeres y Hombres, caminando hacia la igualdad de género”.

Al encuentro, que se realizó en Managua, Nicaragua, asistieron alrededor de 140 personas provenientes de 20 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y promotoras de las relaciones igualitarias, entre los países invitados estuvieron Guatemala y México.

Ahí, la directora de la organización Cantera, Anabel Torres, y anfitriona del encuentro, dijo que el objetivo de este encuentro, fue la reflexión e intercambio de experiencias exitosas sobre las relaciones justas y sostenibles entre mujeres y hombres.

“Queremos encontrar pistas para crear una red que se mantenga como una familia educativa que esté en la búsqueda permanente de nuevos conocimientos, nuevas propuestas en cuanto a la perspectiva de género y que haya equidad”, dijo.

En Nicaragua muchas instituciones de la sociedad promueven que el hombre sea quien tome las decisiones, el que tiene la autoridad, eso tiene que cambiar, y ese cambio se va a dar hasta que las personas tomen conciencia y eso se puede lograr cuando las personas reconozcan la igualdad entre los seres humanos, reeducarse en cuanto al afecto y especialmente en un cambio cultural, explicó la activista.

En el caso de Guatemala hace falta mejorar las leyes a favor de la equidad, sostuvo Silvia Requena, de la organización Pastoral Social de la iglesia católica de Altaverapaz, Guatemala.

“Desde la institucionalidad hace falta mucho camino, a nivel comunitario hay avances, con trabajos pequeños ir creciendo, deconstruyendo los patrones para mejorar las condiciones de armonía e igualdad”, dijo la activista guatemalteca.

Las más afectadas con estas relaciones desiguales son las mujeres y las niñas, lo cual se expresa con la violencia, los embarazos, el femicidio/feminicidio y la discriminación hacia las indígenas, detalló Requena.

En Guatemala, explicó, desde la Pastoral Social desarrollan un programa sobre equidad de género para empoderar a las mujeres sobre la situación económica y que no sean dependientes de los hombres, además desarrollan capacitaciones sobre nuevas masculinidades que apuntan a la igualdad y a la equidad en las relaciones entre mujeres y hombres.

La intelectual feminista mexicana Marcela Lagarde y de los Ríos, una de las principales impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, sostuvo que si bien en Nicaragua hay una importante participación de las mujeres, en la vida política esta se debería incrementar.

La historia de la participación de las mujeres en Nicaragua es muy rica, por lo cual estos espacios se deberían aprovechar más, dijo la activista feminista.

La participación de las mujeres en la vida pública también depende de quienes gobiernan, se requiere del reconocimiento de las mujeres no como madres, esposas o hijas, sino como ciudadanas, dijo Lagarde.

“El gran cambio de género es un cambio democrático y reconoce la autonomía de las mujeres, la libertad de las mujeres para decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra vida, sobre un proyecto de vida personal para realizarlo en este mundo y luego además contribuir con los demás al hacerlo”, expuso Lagarde y de los Ríos.

Si las mujeres consideran que su participación en partidos políticos está limitada por el poder de los hombres, hay que promover los movimientos democráticos para ir haciendo real la participación de las mujeres, señaló la feminista mexicana.

17/NR/LGL








ESTADOS
Aborto
   Urgente despenalizar aborto en Veracruz
   
OSC colimenses critican negativa de Veracruz para AVG por agravio comparado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Pedro Zamora Briseño
Cimacnoticias/DiarioAvanzada | Colima, Col .- 27/09/2017

El incumplimiento de algunas recomendaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, por parte de diputados de Veracruz, sienta “un precedente que ofende la lucha que las mujeres en todo el país venimos emprendiendo para lograr que se respeten los Derechos Humanos” denunciaron diez organizaciones sociales colimenses.

A través de un pronunciamiento dado a conocer este martes, los grupos manifestaron que “en un acto de caciquismo legislativo y violando el propio marco jurídico interno, los diputados Bingen Rementería Molina, Gregorio Murillo Uscanga, Teresita Zuccolotto Feito (PAN) y Carlos Antonio Morales Guevara (PRI) desecharon, sin generar razonamientos jurídicos válidos” la iniciativa de reformas al Código Penal, incumpliendo el indicador principal del Informe de la AVG por agravio comparado.

Esta decisión elimina la posibilidad de que las niñas y adolescentes de Veracruz víctimas de violencia sexual puedan acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que las mujeres que comprometan gravemente su salud a causa de un embarazo no puedan interrumpirlo y que a las mujeres, niñas y adolescentes se les siga criminalizando por no aceptar un embarazo forzado.

El pronunciamiento fue suscrito, entre otros, por el Comité de Derechos Humanos no Gubernamental (CDHNG), Centro de Apoyo a la Mujer (CAM), Fundación con Equidad A.C., Calle Sin Acoso, Colectivo Rebeldía Violeta, Colectivo Inclusión, Espacio Feminista, Radar 4º y México Funciona.

De acuerdo con el documento, el dictamen legislativo no tomó en cuenta las consideraciones emitidas por el Grupo de Trabajo, cuyas recomendaciones evidencian un marco legal discriminatorio, restrictivo y transgresor de los Derechos Humanos y reproductivos de las mujeres en Veracruz.

“Las organizaciones de la sociedad civil en Colima que trabajamos por la protección, acceso y ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas, manifestamos indignación por la falta de compromiso y en incumplimiento de obligaciones de las autoridades legislativas en el estado de Veracruz y exigimos garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres veracruzanas”, indicaron.

La integrante del CDHNG, María del Carmen García García, señaló en entrevista que los Derechos Humanos de las mujeres han requerido de un largo camino para ser construidos y ganados normativamente, pero “la lucha más difícil está aún en nuestro cuerpo, el de nosotras las mujeres, nuestra sexualidad y reproducción, pues son territorio dominado por un sistema y estructura patriarcal que los controla a través de la normatividad local y nacional, situándolos como territorios no libres”.

Indicó que el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos “está tutelado simbólicamente por el padre, el marido, los hijos y jurídicamente por el Estado no laico a través de instituciones y de políticas públicas que, por ejemplo, criminalizan a las mujeres que interrumpen un embarazo, independientemente de cuáles sean las causas”.

Lo anterior, añadió García García, se ve reflejado en contextos como el de Veracruz donde, como en cualquier estado del país, hay un alto índice de embarazos en adolescentes y niñas, que en la mayoría de los casos son producto de violación sexual, quedando de manifiesto que las políticas públicas, las instituciones y el estado fallaron al no protegerlas.

“Lo más grave para las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, es que se agrega la violencia institucional, por no contar con políticas y personal laico en las instituciones del Estado, pues en la mayoría de los casos impiden la interrupción de los embarazos, dando como resultado embarazos forzados”.

La activista consideró necesario que el Estado mande un mensaje de cero tolerancia para no permitir la violencia sexual e institucional o cualquier tipo de violencia contra las niñas y mujeres, en el marco de las recomendaciones de la alerta de violencia de género por agravio comparado en Veracruz.

“Urge la despenalización del aborto para no permitir más embarazos forzados y muertes en niñas y mujeres por abortos clandestinos; es indispensable que quienes integran el Congreso, tengan voluntad política y ejerzan sus responsabilidades desde la laicidad del estado”, concluyó.

17/PZB/LGL








ZONA DE REFLEXIÓN
VIOLENCIA
   Zona de Reflexión
¿Por qué nos matan?
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/09/2017

Tras el feminicidio de Mara Castilla, la pregunta vuelve a rondar una y otra vez ¿por qué los hombres asesinan a las mujeres? Y la respuesta es sencilla, porque pueden.

Y cuando hablo de que pueden no me refiero a la fuerza física, me refiero a que históricamente han construido un sistema que les permite violentar a las mujeres, incluso asesinarlas, como un privilegio de poder masculino.

¿Por qué nos matan? porque la vida de las mujeres no les importa. Ni la vida, ni la integridad. No les importa ni la edad, ni la apariencia física; y no les importa porque han aprendido que la vida de las mujeres no importa, porque nada de lo femenino tiene valía en esta sociedad profundamente patriarcal.

Porque antes de asesinar a una mujer aprendieron a devaluar todo lo femenino “porque el que llega al último es vieja”; “porque llorar es de viejas”; “porque el que pega suave, pega como vieja”… y un largo etcétera.

No es que amanecen un día convertidos en asesinos. No. Lo van aprendiendo, sobre todo aquellos que viven en donde la misoginia es aceptada abiertamente.

Por ello se criminaliza a las víctimas, porque también han desarrollado un mecanismo para exculparse y no asumir su responsabilidad.

Por ello tenemos que salir a las calles, porque la rabia se desborda, porque estamos hartas de la violencia y de la inacción del Estado para garantizarnos poder vivir sin miedo.

¿Por qué nos matan? Es una pregunta que ha llevado a las feministas a investigar y documentar por años la respuesta. Porque ellos tienen poder y las mujeres no.

En 1971 la bibliotecaria americana Elizabeth Gould, en su libro “El primer sexo” hizo un recuento de los pretextos empleados para quemar vivas a las mujeres durante la época medieval: “por amenazar a sus maridos, por contestarle a un cura, por rechazar a un cura, por robar, por prostitución, por adulterio, por ‘salir embarazada’ fuera del matrimonio, por permitir la sodomía, aún cuando el marido o el sacerdote que lo practicaban eran perdonados, por masturbarse, por lesbianismo, por descuidar a sus hijos, reprender y regañar y aún por haber tenido un aborto espontáneo, aunque el mismo hubiera sido producto por un puntapié o un golpe propinado por el marido.”

“De este modo la crueldad física y hasta el asesinato, que ha llegado a institucionalizarse, pueden convertirse en cuestiones de costumbre. Los hombres, al incorporar a la cultura dominante sus actitudes inhumanas, evitaban asumir la responsabilidad de sus propias conductas individuales”, afirmó Elizabeth Gould.

Algunos de esos pretextos han sido sustituidos por otros que responden a la actualidad: la ropa que vestimos, el horario en el que transitamos las mujeres o las formas de divertirnos.

Todos ellos pretextos inmundos para deslizar la responsabilidad de la agresión a las víctimas, y tal cual lo señala Gould, evitar asumir la responsabilidad propia de sus conductas individuales y sociales, agregaría yo.

Como colectivo, los hombres deben hacerse cargo de sus responsabilidades. Tolerar cualquier violencia contra las mujeres es aceitar el camino al feminicidio.

No es que haya violencias chiquitas, tolerables, y otras grandotas como el feminicidio, intolerables para algunos. Los chistes misóginos, el cuchicheo masculino sobre la vida sexual de las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, es parte de esas costumbres de la cultura dominante.

Dudar, casi en automático, de la palabra de las víctimas de cualquier tipo de violencia; divulgar los mitos que mantienen la desigualdad entre mujeres y hombres, es parte de la cultura que permite que ellos puedan matarnos.

A tal grado llega el desdén de la violencia contra las mujeres y el cinismo patriarcal, que un hombre acusado de violencia física por parte de su compañera, puede ser Premio Nobel de la Paz. Me refiero al ex primer ministro de Japón Eisaku Sato, quien recibió el Nobel en 1974, pese a que Hiroko Sato, su cónyuge, denunciara que él la golpeaba. La paz de ella no importó.

De ese poder hablo cuando digo que ellos pueden violentarnos porque han creado un sistema que se los permite.

¿Por qué no han funcionado las leyes que han creado las feministas para desterrar la desigualdad y garantizar la vida y la integridad de las mujeres? ¿Por qué los dineros del erario público gastados para erradicar la violencia contra las mujeres no han tenido buenos resultados? ¿Por qué en las escuelas la violencia contras las niñas sigue creciendo sin que las autoridades hagan algo?

¿Por qué un agresor sexual puede ir a la marcha que busca erradicar todas las violencias contra las mujeres? Es como si un torturador fuera a la marcha de las víctimas de tortura. ¡A ningún torturador se le ha ocurrido este disparate! ¿por qué a un agresor de mujeres sí se le ocurre ir a vender panqués y colocarse justo al lado donde se imprimen las serigrafías de Mara Castilla? Porque aún persiste esta impunidad masculina que les hace creer que no les pasará nada y es necesario que sí les pase.

Eliminar esta impunidad y los pretextos que justifican la violencia masculina, construir realmente una equivalencia humana de las mujeres, es el camino más efectivo para eliminar la violencia contra nosotras.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28

17/LLGH/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Demanda añeja de organizaciones y activistas
Chihuahua, entidad emblemática por el feminicidio lo tipifica como delito
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/09/2017

Tras 20 años de resistencia para reconocer la problemática, el pasado 12 de septiembre, el Congreso del estado de Chihuahua votó por unanimidad la adhesión del Artículo 126 BIS al Código Penal local, que reconoce como feminicidio a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, con una pena de 30 a 60 años de prisión y la reparación integral del daño.

La tipificación fue el resultado de tres propuestas analizadas por una mesa técnica de redacción conformada por organizaciones civiles pioneras en documentar y registrar el feminicidio en la entidad, como Justicia para Nuestras Hijas, y de abogadas y abogados de Chihuahua, quienes revisaron las iniciativas presentadas por diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) una del Partido del Trabajo y la planteada por el gobernador del estado, Javier Corral Jurado.

Desde abril pasado, se analizaron los tres planteamientos para definir que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; antes o después de la privación de la vida se haya infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana; existan antecedentes o datos que el activo ejerció violencia física, psicológica, económica o patrimonial o de cualquier tipo (independiente de que haya denunciado o no); y por misoginia.

Cuando el responsable sea un funcionario público; se cometa por dos o más personas; si existe un vínculo de parentesco o relación sentimental; cuando la víctima sea menor de edad o adulta mayor; de pueblos originarios; esté embarazada o tenga alguna discapacidad, la pena se incrementará de uno a veinte años a la pena de prisión impuesta.

Aún falta su publicación en el Periódico Oficial del estado de Chihuahua.

CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, UNA HISTORIA DE FEMINICIDIO

La tipificación del feminicido en la entidad, es una demanda añeja de organizaciones, académicas y familiares de víctimas y es que desde 1992, Ciudad Juárez y Chihuahua, cobraron relevancia en el país y luego en el mundo, por los asesinatos de mujeres que eran encontradas en lotes baldíos y otros espacios públicos, con signos de extrema violencia que pronto llevaron a formular varias hipótesis, que buscaban, de acuerdo con organizaciones civiles expertas en el tema, minimizar el odio hacia las mujeres en esa entidad.

Desde hace más de 20 años, familiares de las víctimas acompañados de diversas organizaciones civiles, iniciaron un registro hemerográfico a partir de notas periodísticas de medios locales que publicaban los asesinatos de mujeres. Así se empezó a documentar un patrón: en su mayoría eran mujeres pobres, trabajadoras de la maquila, con ciertas características físicas, la mayoría, presentaba signos de violencia extrema.

Lo anterior, llevó a formular diversas hipótesis por parte de las autoridades encargadas de investigar los asesinatos quienes en un principio hablaban de “crímenes pasionales”, para luego ir modificándolas a asesinos seriales, crimen organizado, rituales satánicos, y extracción ilegal de órganos.

Desde entonces, las familias, las madres, tuvieron que enfrentar la misoginia de ministerios públicos, policías, inclusive gobernadores quienes minimizaban las desapariciones de mujeres y asesinatos asegurando que “se habían ido con el novio”  “que ellas se lo buscaron por usar ropa provocativa” o “porque las mujeres buenas no salían de noche”; siempre, sostienen las organizaciones, responsabilizando a las mujeres de la violencia vivida, y evadiendo su responsabilidad para aceptar que no se estaba previniendo la violencia contra ellas.

La larga e interminable lista de casos con características similares, la impunidad imperante en la entidad y el hartazgo de madres y familias ante el sistema de justicia mexicano, los llevaron a voltear la mirada hacia instancias internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y luego la Corte.

En 2001 en el Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, 8 mujeres fueron halladas asesinadas con signos de tortura sexual y en avanzado estado de descomposición pero solamente tres de estos casos logaron llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), pues los demás, debido a la mala investigación por parte de las autoridades, las identidades de las víctimas no pudieron ser corroboradas por sus familiares, por lo que no pudieron llegar a la Corte.

Tras varios años en el Sistema Interamericano, en 2009, la CoIDH sentenció al Estado mexicano por no salvaguardar la vida de las mujeres en la entidad, al tiempo que reconoció que existía una violencia sistemática contra mujeres y niñas de este estado fronterizo con Estados Unidos.

En el punto 231 de la sentencia, la Corte reconoce "que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez"; mientras que en el Párrafo 143 de la misma señala: "en el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión ‘homicidio de mujer por razones de género’ también conocido como feminicidio".

Asimismo, pidió al Estado mexicano, crear un tipo penal que permitiera sancionar de manera adecuada los asesinatos de mujeres, con el fin de que estos no cayeran en la impunidad y se repitieran los hechos. Además de fortalecerlo con la creación de protocolos especializados para indagarlos.

Desde 2004, la feminista y antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, quien fue legisladora y una de las principales impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, insistió también en la necesidad de tipificar el feminicidio como tipo penal, no sólo a nivel federal, sino que cada entidad lo tipificara, y Chihuahua no era la excepción.

Han sido varias las peticiones para la tipificación y mucha la resistencia para hacerlo. Finalmente, después de 20 años de asesinatos dolosos contra mujeres y niñas en la entidad que se convirtió en emblemática por esta violencia, el pasado 12 de septiembre fue la última en tipificar el delito que desde entonces, ha cobrado la vida, según datos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, de mil 541 mujeres tan sólo en Ciudad Juárez.

17/HZM/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Enlistan pendientes para atender Alerta
ONG chiapanecas denuncian dilación y omisiones en AVG
Imagen retomada de la campaña Niunamas de Chiapas
Por: Isaín Mandujano
Cimacnoticias/DiarioContrapoderenChiapas | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 05/09/2017

La red de organizaciones sociales y civiles que integran la “Campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio” denunció que a nueve meses de la declaración de la Alerta de Violencia de Género (AVG), sigue “lento el proceso” para blindar a las mujeres contra el feminicidio y otras acciones violentas que sufren a diario en la entidad.

La red denunció hoy que tras varias reuniones con las autoridades estatales, sigue pendiente formalizar la instalación para el seguimiento y coordinación con los 23 enlaces municipales, y que tampoco se define cómo se va a incluir el trabajo de los municipios indígenas.

Previo a la instalación de una mesa de trabajo este miércoles 6 en Tuxtla Gutiérrez, las ONG solicitaron al gobierno estatal se tomen las medidas necesarias para garantizar la asistencia de los alcaldes municipales y sus enlaces para avanzar en la puesta en marcha de la AVG a nivel de las localidades y respecto al tema de salud de las mujeres, aún continúa pendiente por agendar la fecha de la reunión para la instalación formal, ya que la pactada el mes pasado fue cancelada de última hora.

Sobre este último tema dijeron que además de tratar lo relacionado con la capacitación de la Norma Oficial Mexicana 046 Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Actuación; también verán los casos de violencia obstétrica, la aplicación de los protocolos de actuación ante violaciones sexuales, violencia directa y el procedimiento para operar las órdenes de protección.

En la mesa de materia de justicia siguen a la espera de la propuesta metodológica y de los contenidos para la integración de las tres unidades y/o mesas a fin de atender las medidas ordenadas para solucionar las demandas de justicia de las mujeres en Chiapas.

Hicieron un llamado a las autoridades competentes del gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la Alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidio que se presentan en la entidad, ya que tan sólo en este mes de agosto, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC,  cerró su monitoreo con 27 casos de violencia, que van desde amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y feminicidio en varias regiones del estado.

Consideraron que es de suma importancia que las mujeres y la población en general, se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento.

“Esto implica también denunciar el uso de la Alerta de Género con fines electorales, pues su objetivo no es servir para posicionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa la vida de las mujeres”, dijeron activistas como Martha Figueroa Mier, integrante y vocera de la Campaña Popular.

La Campaña Popular la conforman mujeres y hombres de las regiones Norte, Altos, Sierra, Frontera, así como organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), la Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Frayba, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC.

17/IM/LGL








NACIONAL
   ¿Qué ministro será el valiente que quite derechos a capitalinas?
Impugnan Constitución CDMX con dolo y conservadurismo: Encinas
Imagen retomada de twitter
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/05/2017

El senador y presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que el litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver las impugnaciones contra la Constitución Política de la Ciudad de México –publicada el pasado 5 de febrero– es de naturaleza política y no jurídica.
 
El político dijo que los recursos presentados particularmente por la Procuraduría General de la República (PGR), la Presidencia de la República, el Senado y el Tribunal Superior de Justicia de la capital son de carácter ideológico porque la redacción de la Carta Magna local se apegó escrupulosamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
En conferencia de prensa con ex constituyentes y delegados designados por la Consejería Jurídica de la Ciudad de México para defender el texto constitucional, el senador dijo que en el recurso presentado por PGR hay “dolo, mala fe y una carga conservadora” de la visión de país que se quiere.
 
RECURSOS EN CONTRA
 
La Constitución capitalina que entraría en vigor en 2018 reconoce los derechos sexuales, los reproductivos, la diversidad sexual, matrimonios entre personas del mismo sexo, abre la puerta a la legalización de la eutanasia, el uso médico de la mariguana y permite mantener la política de despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
 
Sin embargo, en la Suprema Corte hay cuatro acciones de inconstitucionalidad sustentadas por la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido Nueva Alianza (Panal) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y tres controversias constitucionales presentadas por la Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia y el Senado.
 
Luego de que Encinas Rodríguez presentó un recurso de reclamación para que la Asamblea Constituyente fuera la autoridad encargada de la defensa de la Carta Magna, el 19 de mayo el senador fue notificado por el alto tribunal del carácter responsable del organismo e informó que en un plazo de 30 días debe entregar un documento con sus alegatos.
 
El senador dijo que en próximos días se citará a la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente que estaba integrada por Clara Brugada Molina, Irma Cué Sarquis, Mauricio Tabe Echartea, Margarita Saldaña Hernández, Bertha Elena Luján Uranga y Aida Arregui Guerrero, para integrar los argumentos en defensa de la Constitución capitalina.
 
CARTA DE DERECHOS
 
La acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR impugna, entre otros elementos, los Artículos que reconocen la dignidad humana, la libertad e igualdad de derechos, la protección más amplia de las personas, la protección de todas las formas de familia, la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos.
 
Entre los argumentos de la dependencia encabezada por el ex senador Raúl Cervantes, se solicita declarar inconstitucional el Artículo 6, apartado E y F, sobre derechos sexuales y reproductivos, porque invade las atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general, específicamente, sobre planificación familiar.
 
Asimismo, se impugna el Artículo 6, apartado D, numeral 2, que reconoce “todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar”, porque de acuerdo con la Procuraduría este precepto “admite la poligamia y viola preceptos constitucionales y convencionales en perjuicio de los derechos de las mujeres”.
 
En opinión de Encinas, los argumentos de la PGR son ideológicos porque la Ciudad de México tiene competencia para establecer más derechos y así lo hizo en su momento sin tener autonomía política y con una forma de gobierno limitada al despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo y promover programas sociales como la pensión universal para personas adultas mayores.
 
“Yo quiero ver qué ministro de la Corte va a ser el valiente que vote por quitarle derechos a los habitantes de la Ciudad de México. Va a ser un debate muy importante que tiene que involucrar a la sociedad mexicana”, expuso el legislador.
 
MANIFESTACIONES DE DELEGADOS
 
Los delegados designados por la Consejería Jurídica de la capital tienen la facultad de enviar “manifestaciones”, es decir argumentos jurídicos a la Suprema Corte para que sean considerados a la hora de resolver las impugnaciones presentadas.  
 
Al respecto el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y delegado designado, Miguel Concha Malo, señaló que hoy presentó un documento con cuatro argumentos a favor de la Constitución local, uno de ellas para argumentar que la Constituyente no se extralimitó con las leyes de reconocimiento de Derechos Humanos, como lo afirma la PGR.
 
Concha Malo aseguró que establecer un catálogo de Derechos Humanos en la Constitución local fue para reforzar las obligaciones internacionales de las resoluciones y sentencias emitidas por los órganos y tribunales internacionales; pero además consideró que las entidades federativas tienen competencia para legislar en la materia.
 
“Los Derechos Humanos no son exclusivos de un régimen, no son exclusivos de un gobierno, los Derechos Humanos son propios del Estado mexicano, y por eso están en la Constitución”, dijo.
 
17/AGM/GG
 








REPORTAJE
DERECHOS HUMANOS
   Les asustan derechos de las mujeres
Andanada conservadora contra la Constitución CDMX
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/03/2017

La Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero y considerada el ordenamiento más progresista en el país en materia de Derechos Humanos (DH), corre el peligro de no entrar en vigor en septiembre de 2018, debido a que enfrenta siete recursos de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): cuatro acciones de inconstitucionalidad, tres controversias constitucionales y alrededor de 50 amparos en juzgados federales presentados por integrantes de organizaciones de derecha. 
 
Las impugnaciones, afirman diputadas y diputados constituyentes que participaron en el debate, tratan de evitar que los avances alcanzados en la capital se concreten y propaguen por todo el país. Son parte de una andanada conservadora que no soporta una Constitución libertaria y, para evitar que los derechos contenidos irradien su luz en otras entidades, buscan echar abajo la autonomía de la capital y los derechos de la ciudadanía.   
 
La Carta Magna capitalina asusta –dicen las y los ex constituyentes– porque además de robustecer la participación ciudadana, incluyó los derechos sexuales, los reproductivos, reconoce la diversidad sexual, matrimonios entre personas del mismo sexo y abre la puerta a la legalización de la eutanasia, el uso médico de la mariguana y el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
 
Asimismo, reconoce la igualdad de salario entre mujeres y hombres, la paridad (50-50) en candidaturas; dispone la creación de un Sistema de Cuidados para aligerar las tareas domésticas de las mujeres e incluye el derecho la autodeterminación personal, que implica la maternidad libre y voluntaria.
 
ALEGATOS
 
Ante estos derechos de avanzada, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido Nueva Alianza (Panal) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron acciones de inconstitucionalidad, alegando contradicciones de esta norma con la Constitución federal.
 
La Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia capitalino y el Senado presentaron controversias constitucionales, es decir, por invasión de competencias.
 
En opinión del Comisionado para la Reforma Política de la capital, Porfirio Muñoz Ledo, estas impugnaciones son parte de un plan autoritario porque se quiere parar la evolución democrática de la Ciudad y del país. “No quieren que tengamos ningún derecho adicional”, asegura.
 
Muñoz Ledo sostiene que los opositores al texto dicen que la Asamblea Constituyente debió constreñirse a los aspectos, orgánicos, administrativos y presupuestales. “Es la Constitución que querían, una ley reglamentaria”.
 
Explica que la “impugnación madre” es la de la PGR con 194 artículos impugnados en materias que, según constituyentes, no le corresponden, porque en general se cuestiona el capítulo Carta de Derechos y temas como derechos de las personas con discapacidad y comunidades indígenas.
 
La constituyente por Morena, Patricia Ruiz Anchondo, asegura que la controversia presentada por PGR, encabezada por Raúl Cervantes Andrade (quien también fue constituyente) está fuera de lugar y es una falta de respeto a los ciudadanos.
 
La ex procuradora Social y ex delegada de Gustavo A. Madero dice las impugnaciones se hicieron porque “el contenido de la Constitución es progresista, una visión garantista de Derechos y libertades que la ciudadanía ha conquistado”. El fondo, dice, es que no la quieren porque “se afectan intereses que han estado arraigados en esta ciudadana,  económicos, sociales, políticos”.   
 
La también constituyente por Morena, Clara Brugada, asegura que atrás está  el conservadurismo, “la andana derechista que no soporta que una ciudad pueda tener una Constitución libertaria, de avanzada, en el país… Tienen pavor a la multiplicación que pueda haber en otros estados”.
 
La ex jefa delegacional de Iztapalapa agrega que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre representado en la Asamblea Constituyente, hizo que muchos temas se matizaron en el texto y ahora no quiere que la capital vaya más allá de la Constitución federal ni exprese lo más avanzado del país. 
 
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y Morena llaman a la ciudadanía a la defensa de la Constitución, cuando en realidad las controversias no son públicas y el proceso de redacción del texto fue opaco.
 
COLECTIVOS FEMINISTAS, A LA DEFENSA
 
La feminista, activista, militante de izquierda e integrante de Las Constituyentes, Yndira Sandoval Sánchez, dice que no legitiman toda la Constitución pero la reconocen como un instrumento que desafía las leyes federales y amenaza a la ultraderecha, ahora reagrupada y fortalecida. 
 
Recuerda que siempre que hay debates políticos los derechos de las mujeres son moneda de cambio y por ello criticó que la PGR y la CNDH politicen los temas, como en 2007 cuando presentaron recursos ante la SCJN en contra de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la capital.
 
La activista llamó a los actores involucrados a ser responsables políticamente para salvaguardar los derechos recogidos en este ordenamiento y que son un precedente para todo el país. Adelantó que en como colectivos ciudadanos también planean enviar un amicus curiae (documento con argumentos jurídico) a la SCJN. 
 
El reto, ahora es saber quién defenderá jurídicamente la Constitución, porque la Asamblea Constituyente, redactora del texto, fue disuelta una vez publicado el texto. Por tanto, podría ser la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la que se presente como interesada, aunque no haya elaborado la norma. 
 
Porfirio Muñoz Ledo y el senador y ex presidente de Mesa Directiva de la Constituyente, Alejandro Encinas, entre otros, afirman que quienes hicieron la Carta Magna deben presentar su defensa ante la Suprema Corte.   
 
El ministro Javier Laynez Potisek es el encargado de elaborar los proyectos para que la SCJN debata y decida sobre los recursos presentados en contra de la Constitución de la capital del país.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Jan Jarab, representante de ONU-DH
Informe para AVG en Veracruz, ejemplo de no sumisión ante ola conservadora
Imagen retomada del portal cinu.mx | Imagen: Antonio Nieto
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/03/2017

En México, como en el mundo, hay una tendencia a consolidar el conservadurismo en las normas legales y ante esto es importante que las instituciones y la sociedad den una clara señal de no sumisión frente a estas regresiones, afirma el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
 
Un ejemplo de cómo no claudicar en la defensa de los derechos, dice el experto checo en entrevista exclusiva con Cimacnoticias, lo acaba de dar un grupo de expertas y expertos, académicos y funcionarios, en un informe publicado el 10 de marzo, donde determinan que en Veracruz, estado situado al sur de la República Mexicana, hay discriminación institucional contra las mujeres y un atentado a sus derechos sexuales y reproductivos.
 
Este informe proporciona argumentos sobre la pertinencia de decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” en la entidad, es decir porque hay leyes que obstaculizan el ejercicio de los derechos de las mujeres y recomienda al gobierno estatal despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres; y garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación sexual.
 
A propósito de este informe, Jan Jarab, quien fuera representante de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Europa (2010-2016), afirma que hay que apostar a que esta “ola conservadora en contra de los derechos de las mujeres sea, si no la última, sí la última grande”. 
 
AVG CONTRA RETROCESOS
 
El 9 de septiembre de 2015 organizaciones sociales solicitaron una AVG por violencia feminicida pero el 5 de abril de 2016 por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, junto con otras seis organizaciones solicitaron otra AVG, esta vez por discriminación, criminalización y falta de acceso a los servicios de aborto. 
 
En esta segunda petición, las agrupaciones determinan cuáles son los elementos que obstaculizan a las mujeres el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos: La inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 que permite el aborto en casos de violación sexual; la tipificación del aborto que castiga el delito con tratamiento educativo y de salud; y la reforma al Artículo 4 de la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, que entró en vigor el 23 de agosto de 2016.
 
Dicha reforma al Artículo 4 fue aprobada en segunda vuelta por el Congreso local en julio de 2016, para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, a propuesta del hoy prófugo ex gobernador, Javier Duarte, quien la promulgó en agosto de ese año acompañado por jerarcas de la Iglesia.
 
Ahora, el informe de expertas y expertos –el primero por “agravio comparado”– proporciona más elementos que demuestran cómo en la entidad se obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la interrupción legal del embarazo. Sobre este tema se le pregunta a Jan Jarab.  
 
-Anayeli García Martínez (AGM): ¿Cómo se debe analizar este informe realizado por este grupo de expertas y expertos?
 
- Jan Jarab (JJ): Para nuestra Oficina este informe es muy importante por varias razones. Primero, se trata del estado de Veracruz donde el cambio constitucional (para proteger la vida desde el momento de la concepción) que ocurrió el año pasado fue identificado por nuestra Oficina y por otras organizaciones de Naciones Unidas, como ONU Mujeres y el Fondo de Población, como un retroceso alarmante y fue objeto de un comunicado de prensa colectivo de varias organizaciones de la familia de Naciones Unidas.
 
“El informe, como tal, confirma nuestras preocupaciones: Cuando se crean retrocesos constitucionales –y no es algo retórico, simbólico– esto puede tener efectos adversos al gozo de los derechos, en este caso de derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en el estado de Veracruz.
 
“En el informe se explica de manera didáctica que una política pública discriminatoria puede ser considerada como una forma de violencia institucional contra las mujeres. Esta es la segunda dimensión: Cómo entendemos en este país, y en otros, la violencia institucional que las instituciones del Estado causan a los titulares de derechos.
 
“Hay otra dimensión. Aunque sabemos que Veracruz es un estado muy problemático en muchas áreas de Derechos Humanos, el informe no sólo es sobre Veracruz, no lo interpretamos como algo relevante sólo para el estado, porque sabemos que las herramientas legales y, aun peor, las prácticas en muchos estados de la federación mexicana siguen siendo muy restrictivas en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
 
“Aquí se da también una primera señal a un público más grande y es importante desde el punto de vista político que la Segob y el propio Secretario de Gobernación aceptan la opinión de los expertos”.
 
POPULISMO CONSERVADOR
 
Adicional a la información sobre salud sexual y reproductiva, el informe consideró 13 normativas nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que enriquece los argumentos.
 
- AGM: ¿El contenido de informe podría tener repercusiones en el resto del país?
 
- JJ: Es un problema muy relevante para todo el Estado mexicano. Tenemos diferencias entre herramientas legales en varias entidades federativas, con una distinción bastante positiva de la Ciudad de México y la situación muy restrictiva, muy conservadora, en la mayoría de las demás entidades.
 
“Tenemos también un contexto preocupante que hemos visto no solo en derechos de la mujer. Por ejemplo, cómo se terminó el año pasado de manera muy nefasta con la intención de legislar el matrimonio igualitario y una contra reacción muy conservadora.
 
“Es importante que las instituciones que tienen este mandato den una clara señal que no podemos ser sumisos, no podemos capitular en esta coyuntura, en la ola conservadora, tanto en México como en el mundo. Soy optimista históricamente y pienso que es muy probable que la ola en contra que estamos mirando hoy será, sino la última, será la última grande.
 
“Me parece que se necesita utilizar este informe porque, como lo mencioné anteriormente, la situación en México en general necesita una modernización con un enfoque de Derechos Humanos que está muy presente en este informe, utilizando los altos estándares de Derechos Humanos como herramienta y no los prejuicios populares, el populismo conservador”.
 
EMPODERAMIENTO VS. “MORALIDAD”
 
- AGM: El informe recomienda implementar la NOM 046 que implica garantizar el aborto en casos de violación sexual pero, por otro lado, hay gobernantes y legisladores que no están de acuerdo con implementar esta norma, ¿esto sería parte de esta ola conservadora?
 
- JJ: La supuesta defensa de moralidad tradicional siempre ha sido en todos los países, para algunos más rápidos para otros más lento, pero siempre ha sido una lucha. No sólo es una lucha para ganar un voto en un Congreso nacional o estatal sino para convencer al gran público.
 
“Sabemos que aparentemente México tiene una de las más altas tasas de embarazo adolescente en la región, es preocupante pero la respuesta necesita ser un empoderamiento de las mujeres y de las niñas, acceso a todos los derechos sexuales y reproductivos y no intentar regresar al Siglo XIX.
 
“Tuve recientemente una plática interesante con una persona que insistió en que se necesita regresar al modelo tradicional, a un pasado supuestamente idílico. Primero, este pasado idílico nunca existió, es una fabricación; segundo, no se puede regresar al pasado, lo que necesitamos es un desarrollo de la legislación y de las políticas públicas basado en los estándares internacionales de Derechos Humanos.
 
“En un país como México, que afirma en la arena internacional su compromiso con estándares internacionales de Derechos Humanos, eso es algo que necesitamos exigir. Vamos a tener, quizás, un largo proceso, con las fuerzas más conservadoras políticamente, eso nos queda claro”.
 
INSUFICIENTE ATENCIÓN
 
“Otro factor importante en México es que la importancia de estos asuntos sigue siendo un poco eclipsada por otras violaciones muy importantes, dramáticas, graves violaciones como tortura o desaparición, que aunque también tienen una gran dimensión de género tampoco es tan visible como debería ser”, explica quien fuera funcionario de la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno checo.
 
“El problema en México quizás no es que existan fuerzas conservadoras. Hemos visto que existen en Francia, de manera hasta sorprendente cuando se dio el movimiento en contra del matrimonio igualitario. No es esto, es el carácter de la discusión pública. Hay muchos otros temas que atormentan a la sociedad y la atención a los derechos de las mujeres y principalmente al tema de derechos sexuales y reproductivos no es suficiente.
 
“Puedo decirlo desde el punto de vista de nuestra Oficina: La Oficina del Alto Comisionado está tan metida hoy en los dramas de desaparición, de tortura, que es difícil priorizar otros temas híper importantes, como este del que hablamos, como los derechos de las personas con discapacidad, de los migrantes, porque los otros temas nos imponen por su urgencia”.
 
- AGM: ¿Sería relevante recalcar que los derechos de las mujeres también son Derechos Humanos?
 
- JJ: Desde mi perspectiva, de hombre, recién llegado de Europa, hay algunas tendencias fuertemente paternalistas aquí en México y aparentemente obstaculizan la correcta percepción de los derechos de las mujeres. Cuando varios políticos afirman que están apoyando los derechos de las mujeres, a veces lo hacen también de manera patriarcal, como elogiando a sus esposas, sus hijas, en el ámbito familiar. Generosidad condescendiente.
 
“Me parece que es una sociedad en transformación, esta transformación es obstaculizada -es mi perspectiva personal- tanto como otras transformaciones y modernizaciones de la sociedad, debido al contexto de la violencia y de otros flagelos de corrupción, impunidad, que dominan y preocupan a la sociedad.
 
“Estamos testimoniando unos esfuerzos. El de Veracruz fue emblemático, porque desvió la atención (con la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción). Las fuerzas políticas conservadoras no logran establecer o mantener un Estado de derecho pero sí se manifiestan con este cambio constitucional para mostrar que están defendiendo algo, aunque lo que están defendiendo significó, de hecho, un retroceso, como muestra este informe. Fue algo que obstaculizó aún más el acceso de las mujeres en Veracruz a sus derechos”.
 
- AGM: Aún no se sabe si las recomendaciones para modificar la legislación serán aceptadas pero ¿qué percepción tiene la Oficina del Alto Comisionado?
 
- JJ: La Oficina quiere aportar a este primer paso para que sea implementado en la legislación y en la política pública del estado de Veracruz. Vamos a apoyar esta normativa progresiva con discusiones con los actores, interlocutores federales y estatales. Estamos planeando una misión a Veracruz por varios temas, empezando por la situación de desapariciones, pero el tema de los derechos sexuales y reproductivos está en nuestra agenda.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
   Obligación del Estado, desde hace una década
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/02/2017
Hace 10 años, el movimiento feminista hizo alianza con las legisladoras para impulsar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de  Violencia, un proyecto que cambió la mirada de las instituciones sobre la violencia contra las mujeres y que fue aprobado en la Cámara de Diputados en abril de 2006 y ratificado por el Senado en diciembre del mismo año. 
 
Inició así, para el Estado, en 2007, la obligación de aplicar Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y, para las mujeres, quedó garantizado su derecho a gozar de los beneficios de ese marco legal para enfrentar la violencia de género. Por eso, este mes de febrero las mexicanas celebramos el décimo aniversario de su entrada en vigor.
 
La Ley fue publicada el 1 de febrero de 2007 en el Diario Oficial de la Federación, fecha de arranque para que las instituciones comenzaran con la aplicación de medidas para prevenir y atender a las mujeres que viven distintos tipos y modalidades de violencia, un avance significativo en la defensa de los Derechos Humanos. 
 
Se reconoció así en el país el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y al goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos y libertades, mientras que el Estado está obligado a implementar un Programa Integral y mecanismos para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres.
 
CAMBIO DE PARADIGMA
 
La LGAMVLV significó un cambio de paradigma, pues aunque se empezaron a crear leyes en América Latina para sancionar la violencia, luego de que los países de la región firmaron en 1994 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (mejor conocida como Belém do Pará), la mayoría se enfocaron a proteger a la “familia”, bajo la figura de violencia intrafamiliar o doméstica.
 
Luz Patricia Mejía Guerrero, secretaria técnica del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará, explica que estas leyes contra la violencia intrafamiliar o doméstica generaron que los países implementaran procesos de mediación para que las mujeres se mantuvieran dentro de la familia.  
 
Las investigaciones, dice Mejía Guerrero, encontraron que persuadir a las mujeres víctimas de violencia a firmar un acuerdo con sus parejas para que ambos se respetaran, era una política que ponía en peligro a las que denunciaban e incrementaba la violencia, lo que provocaba desconfianza en el sistema de administración de justicia.
 
Tras estos hallazgos, los países de la región se encaminaron a implementar acciones de prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. Y en esta lógica, el movimiento feminista de México y legisladoras impulsaron el proyecto de ley que reconocía el derecho de esta población a vivir una vida libre de violencia.
 
AVANCES
 
Entre las impulsoras de la Ley General de Acceso estuvieron la priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, entonces presidenta de la Comisión de Equidad y Género; la antropóloga y legisladora perredista, Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidio; y la también perredista Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia.
 
La antropóloga feminista Marcela Lagarde, quien llegó a la Cámara de Diputados con el objetivo de tipificar el delito de feminicidio, lo que no pudo concretar en ese momento, coordinó la Investigación Diagnóstica sobre la Violencia Feminicida en la República Mexicana, la cual concluyó que cuatro mujeres eran asesinadas al día. Esos fueron argumentos suficientes para crear esta ley.
 
La propuesta de norma fue criticada porque estaba dirigida sólo a las mujeres, pero cuando se aprobó, dice la feminista, rompió esquemas, fue una ley transgresora y vanguardista porque colocó a las mexicanas como sujetas y porque en el fondo colocó la misoginia y el patriarcado como fundamentos. Se logró acreditar el feminismo, sostiene Lagarde.
 
Las legisladoras consiguieron que en la ley se reconociera el derecho de las mujeres a que se respete su integridad física, psíquica y moral, que se crearan mecanismos innovadores como las órdenes de protección para brindar seguridad a mujeres en situación de violencia y la Alerta de Violencia de Género (AVG) para implementar acciones de protección en un territorio determinado.
 
La actual senadora perredista Angélica de la Peña destaca que esta ley sacó el problema de la violencia del ámbito privado y lo llevó a lo público; se redactó con base en la Convención Belém do Pará, y señaló tipos y modalidades de la violencia que constituye una violación a todos los Derechos Humanos de las mujeres, lo que  causa la desigualdad de género.
 
“El balance que hacemos es que si bien hay situaciones que afectan los derechos culturales, sociales o los derechos políticos de las mujeres, la violencia contra las mujeres afecta todos los derechos”, dice De la Peña.
 
Uno de los avances que enumeró es que, posterior a la promulgación de la norma, se hizo una revisión de Códigos Penales y Civiles y se incidió en la reforma de muchos preceptos que discriminaban a las mujeres.
 
Una década después de esta ley, la ex diputada federal Martha Lucía Mícher Camarena, quien también participó en este proceso, asegura que la ley fue un avance, una norma revolucionaria y un éxito del feminismo y de legisladores que, no siendo feministas, se convencieron de que existía un problema a atender.
 
Malú Micher, como se le conoce, dice que esta ley incorporó temas que rompían los esquemas de las propias legisladoras, de académicas y medios de comunicación, fue de avanzada, dice. 
 
Además, asegura que este tema es importante, porque las leyes son un marco jurídico que ayuda, pues si no se invoca una ley es muy complicado defender los Derechos Humanos de las mujeres.
 
Desde la visión de las instituciones, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandra Negrete Morayta, esta ley era absolutamente necesaria e insoslayable, y dio respuesta a una exigencia histórica, visibilizó tipos y modalidades de la violencia, otorgó una protección diferenciada a las mujeres y estableció las bases adecuadas para la coordinación de los tres niveles de gobierno en materia de violencia contra las mujeres.
 
Al hacer un repaso de esta década, la Comisionada precisa que no se puede hacer un balance en blanco y negro, pero reconoce que aún ocurren casos de violencia contra las mujeres por la falta de implementación adecuada de las obligaciones estatales, sobre todo a nivel local y municipal. Por ejemplo, la falta de acceso adecuado a la justicia, de políticas de prevención, violencia institucional, falta de medidas de protección, de sanción y de un trabajo integral con los agresores, entre otras.
 
El problema que enfrentamos, expone la Comisionada, es de la mayor complejidad, pues, pese a su gravedad, había permanecido invisible y aceptado. Por ello, dice que el trabajo realizado a partir de la ley se medirá en el mediano y largo plazo, pues la conciencia de corresponsabilidad absoluta de todas y todos, y el cambio de estructuras sociales con décadas de arraigo, requieren de mucho trabajo.
 
RETOS
 
Para Malú Micher, “sigue habiendo ceguera de género en los gobiernos”, pese a que después de la ley, en 2012 se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal Federal, en 2013, la Suprema Corte creó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género; desde 2008 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto etiquetado para la igualdad y se han creado protocolos para investigar estos delitos. 
 
Es por ello que Micher Camarena propuso una amplia reforma a la Ley para que se nombre la violencia obstétrica, cibernética, económica, política; se cambien los tiempos de las órdenes de protección y se explique el procedimiento para decretar la Alerta. Sin embargo, no fue aprobada. 
 
Angélica de la Peña Gómez también considera que aún quedan pendientes por revisar, sobre todo en los ámbitos local y municipal. Por ejemplo, la creación de un Diagnóstico Nacional para conocer las causas de la violencia contra las mujeres y la implementación del Banco Nacional de Violencias contra las Mujeres, que se ordena en la ley.
 
Para la legisladora, es importante que dos obligaciones se pongan en marcha y ahí derivarían políticas públicas y acciones gubernamentales para poder lograr realmente una prevención, atención y erradicación de la violencia de género.
 
Respecto a la Alerta de Violencia de Género, De la Peña dice que el reto es “no prejuiciarse” frente a la exigencia de una declaración, sino hacer investigaciones profundas, metodológicas, que esclarezcan cuáles son las causas que derivaron en esa violencia en ese lugar o territorio y establecer acciones para atender el problema.
 
A su vez la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, explica que una vez que la Ley General de Acceso entró en vigor, los estados estuvieron obligados a adoptar sus propias leyes locales con sus respectivos mecanismos de prevención; pero en cada estado se legisló como se quiso y atendiendo a su contexto local.
 
La activistas señala que las organizaciones civiles se han enfocado en dar seguimiento a dos mecanismos: las órdenes de protección y la AVG, donde han visto obstáculos para implementarlos. Por ejemplo, en el caso de la Alerta hay un proceso burocrático para determinar si es necesario decretarla o no.
 
La sociedad civil también ha señalado la deficiencia de tener un  Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, conformado por nueve Secretarías de Estado y dependencias que, al ser un gran sistema, no logran implementar modelos o instrumentos a favor de una vida digna.
 
Además, Estrada destaca que una ley sin recursos no sirve y señala que es necesario que se promueva una reforma a la Ley General de Acceso que agilice y amplié la vigencia de las órdenes de protección, y que modifique el actual proceso para decretar la AVG a fin de que un grupo experto haga la evaluación de la procedencia del mecanismo.
 
Al respecto Marcela Lagarde critica que el movimiento de mujeres sólo se enfoque en exigir la implementación de la alerta y no se vea que esta norma es integral y requiere de una política integral de Estado.
 
Señala, además, que si en 2007 no se aceptó que la inclusión del concepto de feminicidio, hoy es oportunidad de hacerlo. Coincide en la necesidad de incorporar términos que no existen, como violencia política y obstétrica. Pese a esto que le falta, reafirma Lagarde, es una ley maravillosa y en el país “está en construcción la política que contiene esa ley”.
 
17/AGM/LGL/GGQ







INTERNACIONAL
   Serán mil 459 días de resistencia, dice
“Representamos a las fuerzas del cambio decididas a impedir que resurja el racismo y el heteropatriarcado”: Angela Davis
Imagen retomada del portal arainfo.org
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Aragón, Esp .- 25/01/2017

La activista afroamericana, filósofa, política marxista y profesora del Departamento de Historia de la Conciencia en la Universidad de California, Angela Davis, figura clave del movimiento de liberación negro en la década de los 60 y 70, realizó un contundente y brillante discurso en el cierre de la denominada “Marcha de las Mujeres” contra Trump en Washington.
 
Discurso íntegro de Angela Davis:
 
En un momento exigente de nuestra historia, recordemos que nosotras, las centenares de miles, los millones de mujeres, personas trans, hombres y jóvenes que estamos aquí en la Marcha de las Mujeres, representamos a las poderosas fuerzas del cambio que están decididas a impedir que vuelva a resurgir la cultura agonizante del racismo y el heteropatriarcado.
 
Reconocemos que somos agentes colectivos de la historia y que la historia no puede borrarse como si fuera una página web. Sabemos que nos hemos reunido esta tarde sobre tierra indígena y seguimos el camino marcado por los primeros pueblos que nunca han renunciado a la lucha por la tierra, el agua, la cultura y su pueblo, a pesar de la violencia del genocidio masivo. Saludamos especialmente a los sioux de Standing Rock.
 
La lucha por la libertad del pueblo negro, origen de la auténtica naturaleza de este país, no puede borrarse de un plumazo. No pueden hacer que olvidemos que las vidas negras sí importan. Este es un país fundado sobre la esclavitud y el colonialismo, lo que quiere decir que de una forma u otra la historia de Estados Unidos es una historia de inmigración y esclavitud. Fomentar la xenofobia, arrojar acusaciones de asesinato y violación y construir muros no borrará la historia.
 
NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL
 
La lucha por salvar el planeta, por parar el cambio climático, por garantizar el acceso al agua desde las tierras de los sioux de Standing Rock hasta Flint, Michigan, y Cisjordania y Gaza. La lucha por salvar nuestra flora y fauna, por salvar el aire. Esa es la zona cero de la lucha por la justicia social.
 
Esto es una marcha de mujeres y esta marcha de mujeres representa la promesa del feminismo contra los perniciosos poderes de la violencia del Estado. Y es el feminismo inclusivo e interseccional el que nos reclama para que nos unamos a la resistencia contra el racismo, la islamofobia, el antisemitismo, la misoginia y la explotación capitalista.
 
Sí, saludamos la lucha por los 15 (por un salario mínimo de 15 dólares la hora). Nos comprometemos con la resistencia colectiva. Resistencia contra los que se lucran con las hipotecas multimillonarias y la gentrificación. Resistencia contra los partidarios de la sanidad privada. Resistencia contra los ataques a musulmanes e inmigrantes. Resistencia contra los ataques a personas con discapacidad. Resistencia contra la violencia del Estado perpetrada por la policía y a través del complejo industrial penitenciario. Resistencia contra la violencia de género institucional y personal, especialmente contra las mujeres trans de color.
 
Los derechos de las mujeres son Derechos Humanos en todo el planeta, y por eso pedimos libertad y justicia para Palestina. Celebramos la futura liberación de Chelsea Manning. Y la de Óscar López Rivera. Pero también pedimos libertad para Leonard Peltier. Libertad para Mumia Abu-Jamal. Libertad para Assata Shakur.
 
En los próximos meses y años, seremos convocados para intensificar nuestras demandas de justicia social y ser más radicales en nuestra defensa de poblaciones vulnerables. Será mejor que tengan cuidado los que aún defienden la supremacía del heteropatriarcado blanco.
 
Los próximos mil 459 días de la Administración de Trump serán mil 459 días de resistencia. Resistencia sobre el terreno, resistencia en las aulas, resistencias en los empleos, resistencia en nuestra arte y nuestra música.
 
Esto es sólo el principio. En palabras de la inimitable Ella Baker, “los que creemos en la libertad no podemos descansar hasta que la consigamos”. Gracias.
 
La nota original puede verse en: http://arainfo.org/
 
*Este artículo fue retomado del portal de noticias AraInfo.org
 
17/RED/LGL








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