Derechos Humanos de las mujeres

INTERNACIONAL
Aborto
   No deben imponerse principios morales o religiosos a los DH de mujeres
Se manifiestan en el Ministerio de Salud de Chile contra objeción de conciencia
Imagen retomada de la campaña Aborto Chile
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/03/2018

Organizaciones chilenas a favor de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres se reunieron hoy frente al Ministerio de Salud (Minsal) del país para manifestar su rechazo a las modificaciones del Protocolo sobre la objeción de conciencia, ya que deja a las mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad ante las instituciones y viola el “legítimo derecho de las mujeres a decidir”.

En un comunicado, la Mesa por el Aborto en Chile, articulación integrada por organizaciones de mujeres, feministas y de defensoras de DH exigieron que se respete el derecho a decidir de las mujeres y se eliminen las regulaciones del “Protocolo para la manifestación de objeción de conciencia personal”, debido a que su aplicación obstaculiza el derecho legal de las mujeres a recibir atención segura antes, durante y después de la interrupción del embarazo.

Consideraron que este Protocolo es un retroceso a la Ley 21.030, aprobada en 2017, durante el gobierno de Michel Bachelet, que permite interrumpir el embarazo en 3 causales: cuando la vida de la mujer esté en riesgo, inviabilidad del feto y producto de una violación.

El Protocolo, aprobado hace 2 meses con la recién llegada del presidente de Chile, Sebastián Piñera, disminuye los requisitos para solicitar la objeción de conciencia institucional tanto a instituciones de salud públicas y privadas, con o sin convenio con el Estado.

Con estas nuevas modificaciones al Protocolo, las organizaciones declararon que las mujeres y niñas que se atienden por las instituciones de salud previsional (aseguradoras privadas de salud)  o por el Fondo Nacional de Salud  (organismo público encargado de otorgar cobertura de atención en salud)”, quedan aún más expuestas al no ser cubiertas sus prestaciones de salud, lo cual, resaltaron, afecta principalmente a mujeres y niñas de regiones, a acceder a atención médica segura y de calidad al sólo contar con una institución médica en el convenio.

Las integrantes de la articulación feminista y de Derechos Humanos “Mesa de Acción por el Aborto”, manifestaron su preocupación de que “se impongan principios morales o confesionales a los derechos de las mujeres”, en especial de las niñas y jóvenes, quienes son más propensas a sufrir de vulneraciones.

Aclararon que esta modificación reciente e inesperada para las organizaciones de mujeres se emplea como una nueva vía administrativa para frenarla la Ley de Aborto en 3 casuales y “es señal de que se busca hacer la ley letra muerta”, pues desconoce a las mujeres como personas acreedoras de Derechos Humanos.  

Expusieron que su objetivo es avanzar hacia la plena despenalización social y legal del aborto “seguiremos la estrategia que sea necesaria para su alcance” e invitaron a todo movimiento social, feminista y de DH, a sumarse a esta causa.

Algunas de las consigas de las organizaciones de mujeres fueron “Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir”, “Las mujeres deciden, la sociedad respeta… y que la Iglesia no se meta, “Las mujeres arroz con leche no quiero ser mamá y junto a mis amigas queremos abortar”.

“Abortar es una opción”, “Decidir es un derecho”. “Una maternidad no puede ser impuesta por la fuerza, por las leyes penalizadoras, o por mandatos religiosos” “Las mujeres deciden”, publicaron en sus redes sociales las diversas organizaciones de mujeres, feministas y de DH.

18/AEG/LGL








ESTADOS
FEMINISMO
   Cinthya Vasconcelos Moctezuma: 20 años de defensa de derechos de mujeres
   
Entregarán reconocimiento a directora de Revista Enheduanna
Imagen retomada de la revista Enheduanna
Por: la Redacción
Cimacnoticias/RevistaEnheduanna | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 23/02/2018

Este 28 de febrero, la periodista y gestora de la revista cultural y feminista “Enheduanna”, Cinthya Lorena Vasconcelos Moctezuma, recibirá en Tuxtla Gutiérrez el reconocimiento que este año lleva el nombre de “Elvia Quintanar”, otorgado por la Asociación Civil Keremetik, por su labor en el periodismo y en la lucha por los derechos de las mujeres.

Cinthya Lorena Vasconcelos Moctezuma  es originaria de Oaxaca de Juárez, es periodista en diversos medios de comunicación desde 1998. Actualmente colabora con la Asociación Civil Umanis.

Se ha dedicado a la difusión de la vida y obra de mujeres en el ámbito cultural, artístico, social, y dirige el proyecto digital “Revista Enheduanna”, una revista feminista que rescata la historia de las mujeres en el arte y la cultura.

Se ha enfocado en la visibilización de escritoras latinoamericanas con la puesta en escena de “Aquelarre de Versos”, en la realización de conferencias, charlas y talleres sobre feminismo. Es promotora de espacios físicos libres de violencia para mujeres, a través de “Umanis HUB”. También realiza activismo feminista en redes sociales.

En sus 20 años de trabajo a favor de los Derechos Humanos de las mujeres y las juventudes ha tenido diversos logros, dirigió un medio de comunicación feminista que promueve el lenguaje inclusivo y visibiliza la aportación de todas las mujeres; fundó el primer espacio libre de violencia sólo para mujeres y construyó redes de mujeres sororas alrededor de un mismo fin: terminar con la violencia misógina que a diario cobra la vida de mujeres.

18/RED/LGL








ESTADOS
FEMINISMO
   Reforma obedece a lógica conservadora e ignorante, afirman
Feministas oaxaqueñas rechazan pretensión de cambio de nombre de Secretaría de la Mujer
Imagen cortesía de Mujeres Tejiendo Saberes RED MUTESA |Foto: Erika Luis
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/02/2018

Mujeres oaxaqueñas e integrantes de diferentes colectivos del movimiento feminista de la entidad, exigieron al gobernador Alejandro Murat una explicación sobre la decisión de cambiar el nombre de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) por Secretaría de Igualdad e Inclusión entre Hombres y Mujeres.

Las defensoras publicaron un pronunciamiento para pedir que se informe porqué se pretende hacer este cambio que, en su opinión, solo puede obedecer a una lógica conservadora y de ignorancia respecto al origen y objetivos de los Institutos y Secretarías de las mujeres en todo el mundo.

El pasado día 15 de febrero, durante la conferencia “Amor sin violencia”, realizada en el Parque el Llano en el municipio de Oaxaca de Juárez, la titular del SMO, Ana Vásquez Colmenares, anunció la intención de realizar el cambio de nomenclatura.

Al respecto las mujeres cuestionaron: “Si la titular desconoce el origen y sustento de esta política, es alarmante, pues es posible que sus siguientes acciones tendrán el mismo sesgo retrógrada”. La SMO se creó con la intención de atender a las mujeres y generar condiciones para que haya igualdad de género en el estado.

A partir del inicio del sexenio de Alejandro Murat Hinojosa, desde finales del año 2017 y lo que va del 2018, la recién creada Secretaría de la Mujer Oaxaqueña tuvo tres titulares: Miriam Pilar Liborio Hernández, Mariuma Munira Vadillo Bravo y actualmente Ana Vásquez Colmenares.

De acuerdo con las feministas ninguna de las secretarias tiene perfil feminista ni experiencia en políticas públicas con perspectiva de género, atención a las mujeres o Derechos Humanos y violencia por razón de género.

Lo cual, señalaron, además de interrumpir la consolidación de dicha Secretaría ha detenido el impulso de los mecanismos estatales para la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En la comunicación, también dirigida al Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría General de Gobierno del estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se expone que esta institución deber tomar acciones frente a la violencia.

Los registros de las asociaciones civiles indican que hay 138 víctimas de feminicidio pero no hay información sobre el proceso de solicitud de Alerta de Violencia de Género que en 2017 presentó la Defensoría estatal ante el incremento de caos de asesinatos de mujeres.

En este contexto las defensoras de Derechos Humanos dijeron que para cambiar el nombre de la Secretaría de la Mujer a la Secretaría de la Igualdad, tendría que existir un piso común entre mujeres y hombres, lo cual no sucede en el país ni en la entidad.

Aseguraron que es importante mantener vigente un órgano especializado para atender a la población femenina por lo que exigieron al gobierno del estado una revisión del funcionamiento de esta instancia y del compromiso institucional de las representantes de la SMO con los derechos de las oaxaqueñas.

18/AGM/LGL








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   Mujer Sonora
Propicia impunidad el Poder Judicial
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 07/02/2018

Cual si fuera un acuerdo entre jueces y feminicidas, Sonora se caracteriza por la baja sentencia por el delito de feminicidio, a pesar de que la Fiscalía General de Justicia del estado acreditó ese delito en casi la mitad de los casos de asesinatos de mujeres.

En 2017, un total de 69 mujeres fueron privadas de la vida en Sonora, casos de los cuales 32 fueron investigados y acreditados como feminicidio por la fiscalía, con base en el Código Penal del estado de Sonora.

No obstante, solo nueve sentencias condenatorias por feminicidio fueron resueltas por jueces del poder judicial, y dos casos más fueron reclasificados a homicidios dolosos durante 2017.

Pero la baja sentencia se viene arrastrando en los últimos años como una tendencia generalizada al grado que en el sistema oral, en el año 2016, solo se produjo una sola sentencia condenatoria por feminicidio.

El problema es que si bien ha subido la cantidad de sentencias, esto no es significativo, pues de seis en 2016, solo subió a nueve en 2017.

En cuanto al feminicidio en grado de tentativa sucede algo similar. En 2017 se sentenció a tres personas en el sistema tradicional y diez en el sistema oral, a través del procedimiento abreviado.

En ambos hubo reclasificaciones. Dos en el sistema tradicional a los delitos de: homicidio simple doloso y a lesiones calificadas. En tanto en el sistema oral se reclasificó uno al delito de “lesiones que ponen en peligro la vida”.

En repetidas ocasiones hemos acudido al Poder judicial a pedir audiencia con el presidente, sin éxito, pues en ninguna ocasión ha querido recibir a las organizaciones de la sociedad civil.

Y si bien, hemos sido recibidas por otras personas relacionadas y de cierta jerarquía, se nos ha negado, por parte del funcionario, el derecho de audiencia como ciudadanas.

Y es que al menos en tres casos emblemáticos a los que hemos dado seguimiento puntual, los jueces han dilatado su resolución e incluso han puesto obstáculos para que los juicios finalicen con una sentencia que favorezca a la víctima.

El caso de Jessica Rosario Vega Borbón se viene arrastrando desde la administración anterior sin que la actual haya sido capaz de agilizar la sentencia que por feminicidio pidió la fiscalía que ha acreditado el delito cometido a principios de 2016.

Por otra parte, el caso de Diana Domínguez, asesinada y enterrada por su jefe, es lamentable, pues el juez que resolvió decidió desestimar las pruebas contundentes para condenar al responsable.

Y el último caso que es inexplicable se trata de un feminicidio en grado de tentativa en el que el agresor infligió 17 puñaladas en cabeza, cuello y cara de su pareja, perforándole la tráquea y para el cual la fiscalía estatal a través de la Vicefiscalía de feminicidios y delitos de género, pidió 20 años de prisión.

Sin embargo, el juez Francisco Jiménez Fox consideró que 20 años era excesivo, así que rebajó la pena a diez años y seis meses de prisión para el feminicida en potencia.

Todo  esto hace pensar que el poder judicial no está preparado para enfrentar el compromiso de juzgar con perspectiva de género, pues la ligereza con que trata los casos y la dilación en sus resoluciones, hacen pensar que tienen simpatía por los feminicidas.

La falta de sensibilidad y empatía con las víctimas queda de manifiesto por la frialdad con que son tratadas las familias en las audiencias.

Es entendible que los jueces deben ser y son libres para definir con base en los elementos que tengan, las resoluciones sobre los casos, sin que nadie los presione ni influya en éstas.

Sin embargo, es obligación del Estado tener una política pública en relación al cumplimiento con los tratados internacionales firmados por México, así como los postulados de las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte interamericana de Derechos Humanos.

Todo ello parecería no figurar en el panorama de los jueces en Sonora, que han tenido la oportunidad de brindar justicia a las víctimas de feminicidio.

La mayoría nunca toma en cuenta dichas obligaciones, mucho menos las invocan. No tienen convicción de éstas por lo que no permean en sus sentencias.

Antes era la Fiscalía la institución que no hacía suya la legislación sobre feminicidio para investigar los casos y darles una resolución acorde a la magnitud del daño ocasionado.

Poco a poco ha ido aumentando la experiencia en la aplicación del Protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, lo que se traduce en más casos clasificados como feminicidio.

No obstante, es el poder judicial el que se encarga de bloquear un cierre exitoso para las víctimas, como podría ser una sentencia equiparable al daño y secuelas ocasionados a la propia víctima y a sus familias.

El Poder judicial en Sonora está quedando a deber más y mejores sentencias para los feminicidas. Si no avanza en resolver los casos de acuerdo a los más altos estándares de respeto a los Derechos Humanos, pronto empezaremos a ver a Sonora en los tribunales internacionales.

La aberración que constituye dilatar o rebajar las sentencias por la más grave violación a los Derechos Humanos de las mujeres, el feminicidio consumado o en grado de tentativa, es una de las omisiones más grandes del poder judicial que se traduce en impunidad ¿Es eso lo que quiere?

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/

Twitter: @mujersonora

18/SN/LGL

 








ESTADOS
POLÍTICA
   Diputadas locales analizarán las iniciativas
Proponen reformas legislativas para homologar DH de mujeres y niñas en el país
Imagen retomada de Facebook
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/11/2017

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados presentó ante la segunda Conferencia Nacional de Legisladoras un paquete de 32 iniciativas de reformas en materia civil, familiar y penal para garantizar los Derechos Humanos de mujeres y niñas.

El paquete de reformas se entregó a las diputadas locales y al gobernador de Yucatán y titular de la Comisión de Igualdad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Rolando Zapata Bello, reunidas este día en San Lázaro, durante el segundo encuentro al que asisten legisladoras de todo el país para revisar temas relacionados con la perspectiva de género y el quehacer legislativo.

La idea, explicó la autora de las propuestas, la a ex subsecretaria para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Patricia Olamendi Torres, es dar insumos a las legisladoras locales y a la Conago para que las promuevan y aunque señaló que aunque no hay una ruta fija para la aprobación de las mismas, las diputadas serán las encargadas de tomar las iniciativas como parte de sus agendas legislativas.

Las reformas son para que en todo el país exista el divorcio sin acreditar una causa, se elimine la figura de alienación parental, crear la figura de maltrato infantil, reconocer la legítima defensa cuando una mujer mata a su agresor, tipificar el suicidio-feminicidio y eliminar los beneficios de pre-liberación a agresores de mujeres.

En materia penal se propusieron modificaciones para cambiar el tipo penal de violencia familiar y establecer la reparación del daño integral y no únicamente el pago de una cantidad monetaria para las víctimas; también se propone incrementar las penas y perseguir de oficio, los delitos de abuso sexual y violación hasta los 18 años de edad.

Estas propuestas, dijo Olamendi Torres, se basan en la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la Convención Interamericana para para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Belém do Pará) y en tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una por feminicidio en Ciudad Juárez, conocido como Campo Algodonero, y dos por violación sexual contra las indígenas tlapanecas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en Guerrero.

Son dos los objetivos de esta propuesta expuso la consultora en género Olamendi Torres, el primero, modificar el orden legal existente para que las leyes tengan una visión de Derechos Humanos y el segundo trata de mejorar la situación de facto de las mujeres o de lo contrario, dijo, las normas no estarán cumpliendo con su objetivo.

Aseguró que ahora que los congresos están conformados por más mujeres, desde que en 2014 se legisló la paridad, las parlamentarias deben abrazar los de Derechos Humanos y defenderlos.

Aunque reconoció que el próximo año 28 estados renovarán sus congresos locales y las actuales legisladoras habrán concluido labores, agregó que van 20 años de armonización legislativa por lo que cuando lleguen las próximas diputadas debería existir un mecanismo de seguimiento para sacar estas reformas.

La diputada Laura Nereida Plasencia Pacheco entregó las propuestas ante la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; la senadora Hilda Flores Escalera; y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, entre otros funcionarios.

17/AGM/LGL








INTERNACIONAL
FEMINISMO
   Necesario trabajar en conjunto para lograr cambios: expertas
   
Realizan Encuentro Centroamericano sobre igualdad de género
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: Nelson Rodríguez, corresponsal
Cimacnoticias | Managua, Nic .- 02/10/2017

Pese a que en Nicaragua existen de las mejores leyes para lograr la equidad, aún persiste el predominio de hombres sobre mujeres en la toma de decisiones y en la participación política, por lo que se requiere trabajar en conjunto para avanzar hacia una verdadera igualdad coincidieron especialistas reunidas en el Encuentro Centroamericano “Mujeres y Hombres, caminando hacia la igualdad de género”.

Al encuentro, que se realizó en Managua, Nicaragua, asistieron alrededor de 140 personas provenientes de 20 organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y promotoras de las relaciones igualitarias, entre los países invitados estuvieron Guatemala y México.

Ahí, la directora de la organización Cantera, Anabel Torres, y anfitriona del encuentro, dijo que el objetivo de este encuentro, fue la reflexión e intercambio de experiencias exitosas sobre las relaciones justas y sostenibles entre mujeres y hombres.

“Queremos encontrar pistas para crear una red que se mantenga como una familia educativa que esté en la búsqueda permanente de nuevos conocimientos, nuevas propuestas en cuanto a la perspectiva de género y que haya equidad”, dijo.

En Nicaragua muchas instituciones de la sociedad promueven que el hombre sea quien tome las decisiones, el que tiene la autoridad, eso tiene que cambiar, y ese cambio se va a dar hasta que las personas tomen conciencia y eso se puede lograr cuando las personas reconozcan la igualdad entre los seres humanos, reeducarse en cuanto al afecto y especialmente en un cambio cultural, explicó la activista.

En el caso de Guatemala hace falta mejorar las leyes a favor de la equidad, sostuvo Silvia Requena, de la organización Pastoral Social de la iglesia católica de Altaverapaz, Guatemala.

“Desde la institucionalidad hace falta mucho camino, a nivel comunitario hay avances, con trabajos pequeños ir creciendo, deconstruyendo los patrones para mejorar las condiciones de armonía e igualdad”, dijo la activista guatemalteca.

Las más afectadas con estas relaciones desiguales son las mujeres y las niñas, lo cual se expresa con la violencia, los embarazos, el femicidio/feminicidio y la discriminación hacia las indígenas, detalló Requena.

En Guatemala, explicó, desde la Pastoral Social desarrollan un programa sobre equidad de género para empoderar a las mujeres sobre la situación económica y que no sean dependientes de los hombres, además desarrollan capacitaciones sobre nuevas masculinidades que apuntan a la igualdad y a la equidad en las relaciones entre mujeres y hombres.

La intelectual feminista mexicana Marcela Lagarde y de los Ríos, una de las principales impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, sostuvo que si bien en Nicaragua hay una importante participación de las mujeres, en la vida política esta se debería incrementar.

La historia de la participación de las mujeres en Nicaragua es muy rica, por lo cual estos espacios se deberían aprovechar más, dijo la activista feminista.

La participación de las mujeres en la vida pública también depende de quienes gobiernan, se requiere del reconocimiento de las mujeres no como madres, esposas o hijas, sino como ciudadanas, dijo Lagarde.

“El gran cambio de género es un cambio democrático y reconoce la autonomía de las mujeres, la libertad de las mujeres para decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra sexualidad, sobre nuestra vida, sobre un proyecto de vida personal para realizarlo en este mundo y luego además contribuir con los demás al hacerlo”, expuso Lagarde y de los Ríos.

Si las mujeres consideran que su participación en partidos políticos está limitada por el poder de los hombres, hay que promover los movimientos democráticos para ir haciendo real la participación de las mujeres, señaló la feminista mexicana.

17/NR/LGL








ESTADOS
Aborto
   Urgente despenalizar aborto en Veracruz
   
OSC colimenses critican negativa de Veracruz para AVG por agravio comparado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Pedro Zamora Briseño
Cimacnoticias/DiarioAvanzada | Colima, Col .- 27/09/2017

El incumplimiento de algunas recomendaciones derivadas de la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, por parte de diputados de Veracruz, sienta “un precedente que ofende la lucha que las mujeres en todo el país venimos emprendiendo para lograr que se respeten los Derechos Humanos” denunciaron diez organizaciones sociales colimenses.

A través de un pronunciamiento dado a conocer este martes, los grupos manifestaron que “en un acto de caciquismo legislativo y violando el propio marco jurídico interno, los diputados Bingen Rementería Molina, Gregorio Murillo Uscanga, Teresita Zuccolotto Feito (PAN) y Carlos Antonio Morales Guevara (PRI) desecharon, sin generar razonamientos jurídicos válidos” la iniciativa de reformas al Código Penal, incumpliendo el indicador principal del Informe de la AVG por agravio comparado.

Esta decisión elimina la posibilidad de que las niñas y adolescentes de Veracruz víctimas de violencia sexual puedan acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que las mujeres que comprometan gravemente su salud a causa de un embarazo no puedan interrumpirlo y que a las mujeres, niñas y adolescentes se les siga criminalizando por no aceptar un embarazo forzado.

El pronunciamiento fue suscrito, entre otros, por el Comité de Derechos Humanos no Gubernamental (CDHNG), Centro de Apoyo a la Mujer (CAM), Fundación con Equidad A.C., Calle Sin Acoso, Colectivo Rebeldía Violeta, Colectivo Inclusión, Espacio Feminista, Radar 4º y México Funciona.

De acuerdo con el documento, el dictamen legislativo no tomó en cuenta las consideraciones emitidas por el Grupo de Trabajo, cuyas recomendaciones evidencian un marco legal discriminatorio, restrictivo y transgresor de los Derechos Humanos y reproductivos de las mujeres en Veracruz.

“Las organizaciones de la sociedad civil en Colima que trabajamos por la protección, acceso y ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas, manifestamos indignación por la falta de compromiso y en incumplimiento de obligaciones de las autoridades legislativas en el estado de Veracruz y exigimos garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres veracruzanas”, indicaron.

La integrante del CDHNG, María del Carmen García García, señaló en entrevista que los Derechos Humanos de las mujeres han requerido de un largo camino para ser construidos y ganados normativamente, pero “la lucha más difícil está aún en nuestro cuerpo, el de nosotras las mujeres, nuestra sexualidad y reproducción, pues son territorio dominado por un sistema y estructura patriarcal que los controla a través de la normatividad local y nacional, situándolos como territorios no libres”.

Indicó que el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos “está tutelado simbólicamente por el padre, el marido, los hijos y jurídicamente por el Estado no laico a través de instituciones y de políticas públicas que, por ejemplo, criminalizan a las mujeres que interrumpen un embarazo, independientemente de cuáles sean las causas”.

Lo anterior, añadió García García, se ve reflejado en contextos como el de Veracruz donde, como en cualquier estado del país, hay un alto índice de embarazos en adolescentes y niñas, que en la mayoría de los casos son producto de violación sexual, quedando de manifiesto que las políticas públicas, las instituciones y el estado fallaron al no protegerlas.

“Lo más grave para las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, es que se agrega la violencia institucional, por no contar con políticas y personal laico en las instituciones del Estado, pues en la mayoría de los casos impiden la interrupción de los embarazos, dando como resultado embarazos forzados”.

La activista consideró necesario que el Estado mande un mensaje de cero tolerancia para no permitir la violencia sexual e institucional o cualquier tipo de violencia contra las niñas y mujeres, en el marco de las recomendaciones de la alerta de violencia de género por agravio comparado en Veracruz.

“Urge la despenalización del aborto para no permitir más embarazos forzados y muertes en niñas y mujeres por abortos clandestinos; es indispensable que quienes integran el Congreso, tengan voluntad política y ejerzan sus responsabilidades desde la laicidad del estado”, concluyó.

17/PZB/LGL








ZONA DE REFLEXIÓN
VIOLENCIA
   Zona de Reflexión
¿Por qué nos matan?
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/09/2017

Tras el feminicidio de Mara Castilla, la pregunta vuelve a rondar una y otra vez ¿por qué los hombres asesinan a las mujeres? Y la respuesta es sencilla, porque pueden.

Y cuando hablo de que pueden no me refiero a la fuerza física, me refiero a que históricamente han construido un sistema que les permite violentar a las mujeres, incluso asesinarlas, como un privilegio de poder masculino.

¿Por qué nos matan? porque la vida de las mujeres no les importa. Ni la vida, ni la integridad. No les importa ni la edad, ni la apariencia física; y no les importa porque han aprendido que la vida de las mujeres no importa, porque nada de lo femenino tiene valía en esta sociedad profundamente patriarcal.

Porque antes de asesinar a una mujer aprendieron a devaluar todo lo femenino “porque el que llega al último es vieja”; “porque llorar es de viejas”; “porque el que pega suave, pega como vieja”… y un largo etcétera.

No es que amanecen un día convertidos en asesinos. No. Lo van aprendiendo, sobre todo aquellos que viven en donde la misoginia es aceptada abiertamente.

Por ello se criminaliza a las víctimas, porque también han desarrollado un mecanismo para exculparse y no asumir su responsabilidad.

Por ello tenemos que salir a las calles, porque la rabia se desborda, porque estamos hartas de la violencia y de la inacción del Estado para garantizarnos poder vivir sin miedo.

¿Por qué nos matan? Es una pregunta que ha llevado a las feministas a investigar y documentar por años la respuesta. Porque ellos tienen poder y las mujeres no.

En 1971 la bibliotecaria americana Elizabeth Gould, en su libro “El primer sexo” hizo un recuento de los pretextos empleados para quemar vivas a las mujeres durante la época medieval: “por amenazar a sus maridos, por contestarle a un cura, por rechazar a un cura, por robar, por prostitución, por adulterio, por ‘salir embarazada’ fuera del matrimonio, por permitir la sodomía, aún cuando el marido o el sacerdote que lo practicaban eran perdonados, por masturbarse, por lesbianismo, por descuidar a sus hijos, reprender y regañar y aún por haber tenido un aborto espontáneo, aunque el mismo hubiera sido producto por un puntapié o un golpe propinado por el marido.”

“De este modo la crueldad física y hasta el asesinato, que ha llegado a institucionalizarse, pueden convertirse en cuestiones de costumbre. Los hombres, al incorporar a la cultura dominante sus actitudes inhumanas, evitaban asumir la responsabilidad de sus propias conductas individuales”, afirmó Elizabeth Gould.

Algunos de esos pretextos han sido sustituidos por otros que responden a la actualidad: la ropa que vestimos, el horario en el que transitamos las mujeres o las formas de divertirnos.

Todos ellos pretextos inmundos para deslizar la responsabilidad de la agresión a las víctimas, y tal cual lo señala Gould, evitar asumir la responsabilidad propia de sus conductas individuales y sociales, agregaría yo.

Como colectivo, los hombres deben hacerse cargo de sus responsabilidades. Tolerar cualquier violencia contra las mujeres es aceitar el camino al feminicidio.

No es que haya violencias chiquitas, tolerables, y otras grandotas como el feminicidio, intolerables para algunos. Los chistes misóginos, el cuchicheo masculino sobre la vida sexual de las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, es parte de esas costumbres de la cultura dominante.

Dudar, casi en automático, de la palabra de las víctimas de cualquier tipo de violencia; divulgar los mitos que mantienen la desigualdad entre mujeres y hombres, es parte de la cultura que permite que ellos puedan matarnos.

A tal grado llega el desdén de la violencia contra las mujeres y el cinismo patriarcal, que un hombre acusado de violencia física por parte de su compañera, puede ser Premio Nobel de la Paz. Me refiero al ex primer ministro de Japón Eisaku Sato, quien recibió el Nobel en 1974, pese a que Hiroko Sato, su cónyuge, denunciara que él la golpeaba. La paz de ella no importó.

De ese poder hablo cuando digo que ellos pueden violentarnos porque han creado un sistema que se los permite.

¿Por qué no han funcionado las leyes que han creado las feministas para desterrar la desigualdad y garantizar la vida y la integridad de las mujeres? ¿Por qué los dineros del erario público gastados para erradicar la violencia contra las mujeres no han tenido buenos resultados? ¿Por qué en las escuelas la violencia contras las niñas sigue creciendo sin que las autoridades hagan algo?

¿Por qué un agresor sexual puede ir a la marcha que busca erradicar todas las violencias contra las mujeres? Es como si un torturador fuera a la marcha de las víctimas de tortura. ¡A ningún torturador se le ha ocurrido este disparate! ¿por qué a un agresor de mujeres sí se le ocurre ir a vender panqués y colocarse justo al lado donde se imprimen las serigrafías de Mara Castilla? Porque aún persiste esta impunidad masculina que les hace creer que no les pasará nada y es necesario que sí les pase.

Eliminar esta impunidad y los pretextos que justifican la violencia masculina, construir realmente una equivalencia humana de las mujeres, es el camino más efectivo para eliminar la violencia contra nosotras.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28

17/LLGH/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Demanda añeja de organizaciones y activistas
Chihuahua, entidad emblemática por el feminicidio lo tipifica como delito
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/09/2017

Tras 20 años de resistencia para reconocer la problemática, el pasado 12 de septiembre, el Congreso del estado de Chihuahua votó por unanimidad la adhesión del Artículo 126 BIS al Código Penal local, que reconoce como feminicidio a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, con una pena de 30 a 60 años de prisión y la reparación integral del daño.

La tipificación fue el resultado de tres propuestas analizadas por una mesa técnica de redacción conformada por organizaciones civiles pioneras en documentar y registrar el feminicidio en la entidad, como Justicia para Nuestras Hijas, y de abogadas y abogados de Chihuahua, quienes revisaron las iniciativas presentadas por diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) una del Partido del Trabajo y la planteada por el gobernador del estado, Javier Corral Jurado.

Desde abril pasado, se analizaron los tres planteamientos para definir que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; antes o después de la privación de la vida se haya infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana; existan antecedentes o datos que el activo ejerció violencia física, psicológica, económica o patrimonial o de cualquier tipo (independiente de que haya denunciado o no); y por misoginia.

Cuando el responsable sea un funcionario público; se cometa por dos o más personas; si existe un vínculo de parentesco o relación sentimental; cuando la víctima sea menor de edad o adulta mayor; de pueblos originarios; esté embarazada o tenga alguna discapacidad, la pena se incrementará de uno a veinte años a la pena de prisión impuesta.

Aún falta su publicación en el Periódico Oficial del estado de Chihuahua.

CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, UNA HISTORIA DE FEMINICIDIO

La tipificación del feminicido en la entidad, es una demanda añeja de organizaciones, académicas y familiares de víctimas y es que desde 1992, Ciudad Juárez y Chihuahua, cobraron relevancia en el país y luego en el mundo, por los asesinatos de mujeres que eran encontradas en lotes baldíos y otros espacios públicos, con signos de extrema violencia que pronto llevaron a formular varias hipótesis, que buscaban, de acuerdo con organizaciones civiles expertas en el tema, minimizar el odio hacia las mujeres en esa entidad.

Desde hace más de 20 años, familiares de las víctimas acompañados de diversas organizaciones civiles, iniciaron un registro hemerográfico a partir de notas periodísticas de medios locales que publicaban los asesinatos de mujeres. Así se empezó a documentar un patrón: en su mayoría eran mujeres pobres, trabajadoras de la maquila, con ciertas características físicas, la mayoría, presentaba signos de violencia extrema.

Lo anterior, llevó a formular diversas hipótesis por parte de las autoridades encargadas de investigar los asesinatos quienes en un principio hablaban de “crímenes pasionales”, para luego ir modificándolas a asesinos seriales, crimen organizado, rituales satánicos, y extracción ilegal de órganos.

Desde entonces, las familias, las madres, tuvieron que enfrentar la misoginia de ministerios públicos, policías, inclusive gobernadores quienes minimizaban las desapariciones de mujeres y asesinatos asegurando que “se habían ido con el novio”  “que ellas se lo buscaron por usar ropa provocativa” o “porque las mujeres buenas no salían de noche”; siempre, sostienen las organizaciones, responsabilizando a las mujeres de la violencia vivida, y evadiendo su responsabilidad para aceptar que no se estaba previniendo la violencia contra ellas.

La larga e interminable lista de casos con características similares, la impunidad imperante en la entidad y el hartazgo de madres y familias ante el sistema de justicia mexicano, los llevaron a voltear la mirada hacia instancias internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y luego la Corte.

En 2001 en el Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, 8 mujeres fueron halladas asesinadas con signos de tortura sexual y en avanzado estado de descomposición pero solamente tres de estos casos logaron llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), pues los demás, debido a la mala investigación por parte de las autoridades, las identidades de las víctimas no pudieron ser corroboradas por sus familiares, por lo que no pudieron llegar a la Corte.

Tras varios años en el Sistema Interamericano, en 2009, la CoIDH sentenció al Estado mexicano por no salvaguardar la vida de las mujeres en la entidad, al tiempo que reconoció que existía una violencia sistemática contra mujeres y niñas de este estado fronterizo con Estados Unidos.

En el punto 231 de la sentencia, la Corte reconoce "que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez"; mientras que en el Párrafo 143 de la misma señala: "en el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión ‘homicidio de mujer por razones de género’ también conocido como feminicidio".

Asimismo, pidió al Estado mexicano, crear un tipo penal que permitiera sancionar de manera adecuada los asesinatos de mujeres, con el fin de que estos no cayeran en la impunidad y se repitieran los hechos. Además de fortalecerlo con la creación de protocolos especializados para indagarlos.

Desde 2004, la feminista y antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, quien fue legisladora y una de las principales impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, insistió también en la necesidad de tipificar el feminicidio como tipo penal, no sólo a nivel federal, sino que cada entidad lo tipificara, y Chihuahua no era la excepción.

Han sido varias las peticiones para la tipificación y mucha la resistencia para hacerlo. Finalmente, después de 20 años de asesinatos dolosos contra mujeres y niñas en la entidad que se convirtió en emblemática por esta violencia, el pasado 12 de septiembre fue la última en tipificar el delito que desde entonces, ha cobrado la vida, según datos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, de mil 541 mujeres tan sólo en Ciudad Juárez.

17/HZM/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Enlistan pendientes para atender Alerta
ONG chiapanecas denuncian dilación y omisiones en AVG
Imagen retomada de la campaña Niunamas de Chiapas
Por: Isaín Mandujano
Cimacnoticias/DiarioContrapoderenChiapas | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 05/09/2017

La red de organizaciones sociales y civiles que integran la “Campaña popular contra la violencia hacia las mujeres y el feminicidio” denunció que a nueve meses de la declaración de la Alerta de Violencia de Género (AVG), sigue “lento el proceso” para blindar a las mujeres contra el feminicidio y otras acciones violentas que sufren a diario en la entidad.

La red denunció hoy que tras varias reuniones con las autoridades estatales, sigue pendiente formalizar la instalación para el seguimiento y coordinación con los 23 enlaces municipales, y que tampoco se define cómo se va a incluir el trabajo de los municipios indígenas.

Previo a la instalación de una mesa de trabajo este miércoles 6 en Tuxtla Gutiérrez, las ONG solicitaron al gobierno estatal se tomen las medidas necesarias para garantizar la asistencia de los alcaldes municipales y sus enlaces para avanzar en la puesta en marcha de la AVG a nivel de las localidades y respecto al tema de salud de las mujeres, aún continúa pendiente por agendar la fecha de la reunión para la instalación formal, ya que la pactada el mes pasado fue cancelada de última hora.

Sobre este último tema dijeron que además de tratar lo relacionado con la capacitación de la Norma Oficial Mexicana 046 Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Actuación; también verán los casos de violencia obstétrica, la aplicación de los protocolos de actuación ante violaciones sexuales, violencia directa y el procedimiento para operar las órdenes de protección.

En la mesa de materia de justicia siguen a la espera de la propuesta metodológica y de los contenidos para la integración de las tres unidades y/o mesas a fin de atender las medidas ordenadas para solucionar las demandas de justicia de las mujeres en Chiapas.

Hicieron un llamado a las autoridades competentes del gobierno de Chiapas para que, en tanto se avanza en las medidas de la Alerta, no incurran en omisiones y atiendan con debida diligencia los casos de violencia de género y feminicidio que se presentan en la entidad, ya que tan sólo en este mes de agosto, el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC,  cerró su monitoreo con 27 casos de violencia, que van desde amenazas, agresiones, lesiones, homicidios dolosos, muertes sospechosas y feminicidio en varias regiones del estado.

Consideraron que es de suma importancia que las mujeres y la población en general, se mantengan informadas sobre las acciones que se realizan para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como exigir su cumplimiento.

“Esto implica también denunciar el uso de la Alerta de Género con fines electorales, pues su objetivo no es servir para posicionar políticamente a secretarios, gobernantes, diputados, senadores o presidentes municipales a quienes no les interesa la vida de las mujeres”, dijeron activistas como Martha Figueroa Mier, integrante y vocera de la Campaña Popular.

La Campaña Popular la conforman mujeres y hombres de las regiones Norte, Altos, Sierra, Frontera, así como organizaciones civiles, entre ellas el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), la Brigada Feminista por la Autonomía, Casa Cereza, Casa de la Mujer de Palenque, Casa Gandhi, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), Frayba, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC.

17/IM/LGL








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