Defensoras Derechos Humanos

ESTADOS
Acceso a la justicia para las mujeres
   Denunció a supuesto acosador sexual y ahora la acusan a ella
Defensora enfrenta proceso por “delito contra el honor”
Imagen de la Asamblea Feminista de la FFyL de la UNAM
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/02/2018

La activista Lucero Circe López Riofrío, directora de la organización Humanas contra la Violencia A.C. y promotora de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Michoacán fue vinculada ayer a un proceso penal por “delito contra el honor”.

Un juez de oralidad en Morelia, Ariel Montoya Romero, ordenó que se abriera el proceso por la acusación presentada ante la Procuraduría General de la Justicia del Estado por un profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana, cuyo nombre no es público ante los medios de comunicación.

El hombre la acusó porque la defensora de Derechos Humanos lo señaló como presunto acosador sexual.

El caso se remonta a la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género que Humanas Contra la Violencia presentó ante la Secretaría de Gobernación en 2014. Con esta petición se creó un grupo de trabajo para sustentar si había o no elementos para emitir la declaratoria. El profesor fue incluido en este grupo. Estos son los nombres de los integrantes del grupo.

En entrevista con Cimacnoticias Circe López narró que vía correo electrónico le llegaron dos denuncias de acoso sexual donde se acusaba como presunto responsable al profesor. En un caso, una universitaria afirmó que lo denunció ante la universidad por acoso sexual pero la casa de estudios nunca informó cuál fue la resolución. En otro correo, de una mujer que pidió el anonimato, se delató un segundo caso de presunto acoso sexual.

López consideró natural llevar el asunto ante el grupo de trabajo y demandar que el profesor fuera sustituido. La defensora presentó una carta firmada por organizaciones y feministas; sin embargo, sólo ella es acusada de la presunta difamación. Es aquí donde la Procuraduría y el juez vieron indicios para un delito contra el honor, que contrario a otros estados, todavía forma parte del derecho penal en Michoacán.

La Fiscalía sigue los argumentos del profesor, que la activista debió  acompañar a presentar la denuncia con la presunta víctima ante las instancias correspondientes y no exponerlo públicamente durante la referida reunión.

La defensa de la activista argumenta que López Riofrío no tenía intención de dañar su honor, sino de informar que se pretendía incluir en el grupo de trabajo a una persona que en ese momento tenía denuncias de acoso sexual sin saber si había sido encontrada inocente o culpable. No obstante estas denuncias no se habían llevado ante instancias penales, “y ahora, las afectadas van a tener mucho más miedo de hacerlo, viendo lo que me está pasando a mí”, dijo López.

En su opinión, el hecho de que el juez abriera este proceso es un mensaje a las defensoras de Derechos Humanos que pueden ser criminalizadas. “Cualquier mujer que sea defensora y venga a Michoacán puede incurrir en el ‘delito’ de ataque al honor. Esto es un retroceso para la libertad de expresión.”

Por otra parte, preocuparía la manera en que se utiliza esta ley, cuando justo la omisión de una lectura a favor de las mujeres era una de las razones por las que se pidió la Alerta de Género.

La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) pidió ante el juez que se reforzaran las medidas cautelares hacia ella, para proteger al profesor en su calidad de víctima.

López tiene que presentarse en audiencia para presentar su defensa a inicios de Abril.

18/SG








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   La activista fue retenida y amenazada
Exigen garantizar integridad de defensora hondureña Miriam Miranda
CIMACFoto: Anayeli García Martínez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/01/2017

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) hizo un llamado para garantizar la integridad física de la defensora de Derechos Humanos, Miriam Miranda Chamorro, detenida ilegalmente durante un retén en Honduras el pasado 11 de enero.
 
En un comunicado, el Observatorio instó a las autoridades hondureñas correspondientes a iniciar una investigación para identificar a los responsables y sancionarlos de acuerdo a la ley ya que, aseguró, la violencia con la que se realizó el retén está relacionada con la labor de defensa de los Derechos Humanos realizada por la también presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda.
 
La activista hondureña se ha pronunciado por los derechos políticos, económicos y sociales de la comunidad Garífuna Afro-Caribeña. Miranda Chamorro es beneficiaria de las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2011, debido a que ha enfrentado diversas agresiones relacionadas con su labor como defensora, como la ocurrida en marzo de ese año cuando fue detenida 10 horas y media por autoridades del municipio de Tela, Honduras, mientras participaba en una protesta pacífica en solidaridad con maestros que estaban en huelga.
 
El Observatorio solicitó intervenir de manera urgente en Honduras luego de que la defensora fue amenazada y  hostigada por policías de ese país mientras viajaba a la ciudad de la Ceiba, Honduras, junto con los también defensores Luís Gutiérrez, Oscar Gaboa y Luís Miranda.
 
En la agresión ejercida el 11 de enero Miranda Chamorro y los tres defensores mencionados viajaban en automóvil cuando fueron detenidos por policías que cuestionaron de manera agresiva su procedencia y el lugar al que se dirigían. La defensora denunció que fue acosada, amenazada sexualmente y tratada de manera racista por policías.
 
De acuerdo con el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, la agresión hacia la defensora feminista tuvo lugar en un contexto en el que las personas defensoras de Derechos Humanos de Honduras son atacadas sistemáticamente. De acuerdo al informe “Situación de los Derechos Humanos en Honduras, 2015”, realizado por la CIDH, desde 2010 se han registrado en ese país,  22 asesinatos, 2 desapariciones, 15 secuestros, 88 casos de robos de información y 53 sabotajes a los vehículos donde se transportaban las personas defensoras.
 
El Observatorio también pidió enviar cartas al presidente del país, Juan Orlando Hernández; al Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla, así como a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en todos los países, para urgirlas en la implementación de políticas que reconozcan públicamente la importancia de la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos.
 
 
17/MMAE/LGL
 








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