NACIONAL
   Realizan audiencia en Reclusorio Oriente
Extienden plazo de investigación por feminicidio de Lesvy
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/11/2017

La jueza Gloria Hernández Franco adscrita a la unidad de gestión judicial número 6, a cargo de la audiencia de Jorge González, ex pareja de Lesvy B. Rivera Osorio acusado de su feminicidio, extendió al 11 de enero de 2018 el plazo de la investigación por este delito, por lo que a partir de esta fecha se terminará la parte de aportación de pruebas de ambas partes.

Lesvy, de 22 años, fue hallada asesinada en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo pasado. La Procuraduría capitalina (PGJDF) argumentó que ella se había suicidado pese a que su cuerpo presentó signos de violencia que acreditan un feminicidio y los videos de seguridad de la universidad muestran a Jorge Luis González Hernández agrediéndola previo a su muerte.

El viernes pasado se realizó la audiencia para ventilar el caso en la sala 7 del sistema procesal acusatorio del Reclusorio Oriente (donde se encuentra recluido el feminicida) la cual inició con una hora de retraso porque los agentes del Ministerio Público (MP) Alejandro Madrid Soria y Fabián Lara Ramírez, de la Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios, a cargo de la indagación y en representación de la familia, no llegaron a tiempo.

La audiencia inició a las 13:47 horas y no a las 12:30 como estaba previsto. En ese lapso un funcionario del Área de Estrategias Procesales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF), sin conocimientos del caso, se presentó para cubrir a los agentes. “Solicitó de 30 a 40 minutos para revisar la carpeta de investigación”, dijo. Después de ese tiempo, los agentes de la Fiscalía de Homicidios llegaron y lo sustituyeron.

“Todo ese tiempo de espera puso en incertidumbre e indefensión jurídica a la familia de Lesvy”, afirmó en entrevista la observadora de la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) Xanny Hernández, quien dijo que por esa razón presentarán un escrito a la PGJDF en el que le llamarán la atención y expondrán que la instancia de justicia violó el derecho de la familia Rivera Osorio a estar representada.

Para uno de los abogados del caso, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, el retraso fue una muestra más de la actitud omisa con la que la PGJDF ha actuado desde el inicio de la investigación. 

Durante la audiencia, Jorge González, ex pareja de Lesvy acusado de asesinarla, se mostró indiferente. Fue hasta que escuchó el fallo de la jueza cuando, molesto, levantó los hombros y opinó; “el tiempo se me hace excesivo, pero me acato a lo que ordene”.

La abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización que acompaña el caso, Sayuri Herrera Román, indicó que el plazo apenas alcanza para realizar los peritajes independientes que contemplan, como la reconstrucción de hechos en la caseta telefónica del Instituto de Ingeniería en CU, donde Lesvy fue hallada asesinada- y la consulta de peritos independientes.

La jueza Gloria Hernández recordó a los agentes de la PGJDF el compromiso que tienen de investigar con perspectiva de género, como ordenó la Quinta Sala Penal del TSJDF el pasado 18 de octubre cuando pidió a la instancia de justicia reclasificar el delito por el que se investigaba a Jorge González (de homicidio simple por omisión) a feminicidio agravado.

La PGJDF, mencionaron los ministerios públicos, utilizará la extensión del plazo para solicitar la ampliación de entrevistas de algunos peritos involucrados en la investigación (médico forense y uno en criminalística); además de realizar peritajes en trabajo social, en antropología social, así como una autopsia psicológica a familiares y amistades de la víctima.

“Necesitamos este tiempo para realizar algunos elementos que por el nuevo delito que se investiga (feminicidio agravado) son necesarios”, argumentó el agente Fabián Lara a la jueza durante la audiencia.

Herrera Román, destacó que estos peritajes, tuvieron que realizarse desde el inicio de la indagatoria, apegados al Protocolo de Investigación del delito de Feminicidio, “pero no lo hicieron, aunque la PGJDF afirmó que agotó esa línea”.

De acuerdo con los abogados de la familia de Lesvy, el primer plazo de la investigación terminó el pasado 10 de noviembre, pero ellos, recordaron, solicitaron una audiencia de ampliación con la que buscaban que fuera hasta el 17 de enero del 2018 cuando concluyera la etapa de aportación de pruebas, por ello quedaron inconformes con el fallo de la jueza, que restó 6 días para el mismo.

“Los seis días que nos  quitaron son importantes. Yo sí valoro el tiempo porque Jorge me lo quitó con mi hija cuando la mató; y por meses las autoridades nos impidieron saber de la investigación” opinó molesta la mamá de Lesvy, Areceli Osorio Martínez.

Para Lesvy Rivera Calderón, papá de Lesvy, la ampliación no los deja satisfechos del todo “no nos dieron días muy importantes, se les olvidó que ellos nos tuvieron más de dos meses sin ver la carpeta de investigación”.

Por lo pronto, dijo que seguirán con el proceso legal de la mano de las organizaciones y colectivos de mujeres que se sumaron a la exigencia de la verdad y que hoy no estuvieron ausentes pues organizaron un mitin afuera de la sala séptima y al finalizar la audiencia recordaron la consigna: “¿Qué quiere Lesvy?... ¡Justicia!”

17/MMAE/LGL








REPORTAJE
DERECHOS HUMANOS
   Políticas de reconstrucción ignoran zonas marginadas
Mujeres en incertidumbre después del sismo del 19 de septiembre
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez, Montserrat Antúnez Estrada, Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/11/2017

A pesar de las promesas de las autoridades de apoyos sociales y la liberación de recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre, muchas mujeres que se han hecho cargo de lo que quedó de sus hogares en la periferia de la capital, siguen a la espera de saber qué sucederá.  

Después de 58 días del sismo la información para las personas afectadas llega a cuentagotas y mientras el gobierno capitalino busca restablecer la economía en las colonias Roma y Condesa, en lugares alejados, con pobreza y precariedad como San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, y la colonia Del Mar, en Tláhuac, permanece la incertidumbre.  

Por el sismo de 7.1 grados 228 personas perdieron la vida en la Ciudad de México, de ellas 90 eran hombres y 138 mujeres; también provocó daños en 8 mil 405 inmuebles principalmente en ocho zonas: Lindavista, Iztapalapa, Condesa, Roma Norte, Del Valle-Narvarte, Coapa (Girasoles y Tenorios), Xochimilco (San Gregorio Atlapulco) y Tláhuac (Del Mar).

Tras el desastre el gobierno capitalino informó que la Secretaría de Obras y Servicios demolería 24 inmuebles, pero al recorrer albergues y delegaciones del oriente y sur de la ciudad, Cimacnoticias corroboró que para las mujeres, como Laura, que se refugió en un albergue de la delegación Cuauhtémoc; Karla que vive exiliada de su hogar en Tláhuac; o Guadalupe que radica en Xochimilco, reestablecer sus hogares y sus vidas será mucho más complejo.

Mujeres afectadas por el sismo en incertidumbre por la reconstrucción. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

VIVIR EN UN ALBERGUE EN TLÁHUAC

En la colonia Del Mar en Tláhuac, delegación al oriente de la Ciudad donde se asientan siete pueblos originarios, el pavimento se abrió a la mitad, las casas se despegaron de las banquetas y se hundieron. Las calles lucen desoladas y sólo se leen carteles colocados por los vecinos que advierten del riesgo de caminar cerca de los postes y bardas que podrían colapsar.

Los hoyos en el suelo muestran las tuberías de agua rotas por el movimiento de la tierra. Ante el desabasto del líquido, las pipas de las autoridades de la delegación recorren las calles para suministrar agua a las y los vecinos.

Bicitaxi recogiendo víveres de Centros de Acopio de la colonia Del Mar. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

En esta colonia el 21 de septiembre Karla con su hija de un año de edad, su esposo y su madre de alrededor de 50 años de edad, acudieron al albergue “Centro de Desarrollo Comunitario Del Mar”. Llegaron allí porque una grieta en el suelo de la avenida Guillermo Prieto se extendió hasta su casa, derrumbó una barda y ocasionó múltiples fracturas en las paredes de su hogar.

Hace 40 años su familia comenzó a construir la casa de un sólo piso con paredes de concreto y techo de lámina. Con limitaciones, lograron tener una sala, una cocina, la habitación de la madre y un nuevo cuarto que improvisadamente construyó la joven y su pareja para vivir juntos ante el nacimiento de su hija.

Después del temblor, la primera autoridad que acudió a la zona fue la policía local para hacer un registro de las grietas, luego los bomberos llegaron a colocar polines en la vivienda y quienes indicaron a la familia que ya no había riesgo de ingresar. Finalmente acudió personal de protección civil, quienes constataron que la vivienda era inhabitable.

Ante los derrumbes de casas en la colonia Del Mar, Karla y otras familias acudieron al Centro Comunitario en espera de ayuda. Era una cancha de básquetbol abandonada, pero los vecinos se encargaron de transformarla en un albergue. Una semana después acudieron al lugar funcionarios de la delegación Tláhuac y se responsabilizaron de éste.  

“Vinieron unos arquitectos para saber cuánto mide cada terreno, si la vivienda era casa propia y dijeron que nos iban a dar una ayuda para el material de construcción, pero no quedaron en nada, sólo nos dieron la promesa”, declaró apresurada Karla porque tenía que formarse para bañar a su hija pues apenas tuvo esta oportunidad, una semana después del sismo.

Albergue “Centro de Desarrollo Comunitario Del Mar” donde vivió Karla y su familia. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Karla de 19 años de edad no tiene familiares que les brinden asilo, así que permanece como refugiada, pero ahora en otro lugar porque las lluvias inundaron el Centro Comunitario. Las familias fueron trasladadas primero a la Universidad Marista, frente a la avenida Canal de Chalco, y finalmente al albergue del DIF en San Juan Ixtayopan. En la primera ubicación el lugar albergó a 46 personas (22 hombres, 10 mujeres, 8 niñas y 4 niños, 2 adolescentes).

Así como en Tláhuac, la comunidad tomó un edificio abandonado para convertirlo en refugio, en Iztapalapa, otra de las delegaciones afectadas, el Centro Social “Violeta Parra” ubicado enfrente de la Central de Abastos detuvo las actividades de karate, baile y fiestas infantiles que impartía para convertirse en un albergue, relata su directora Alma.

Al espacio cultural convertido en albergue acudieron 10 personas de las colonias Aculco y Lomas Estrella, ambas entre las principales afectadas en Iztapalapa. Los registros de Protección Civil de esta delegación declararon en pérdida total mil 92 viviendas: 5 mil 214 tenían afectaciones de mediana magnitud y otras 11 mil las calificaron con daños menores.

Las y los vecinos hicieron posible el mantenimiento y sostén del albergue: se encargaron de preparar los alimentos, conseguir medicamentos, inclusive de calentar el agua para que las personas se bañaran, relata su directora Alma. La empatía por la pérdida del patrimonio hizo que Sandra, vecina de la colonia, realizara guardias nocturnas por la seguridad de las familias.

“Si me hubiera tocado dices ¿dónde voy? ¿Con quién me acerco? ¿Ya voy a vivir aquí en el albergue? ¿Qué va pasar con mis cosas?”, se imagina Sandra, porque aunque el sismo sacudió toda la Ciudad los estragos fueron diferentes para las colonias marcadas por la desigualdad social y económica. “Un albergue para una familia aquí significa la única posibilidad de vivienda”, dice la mujer de más de 30 años de edad.

En los años que la directora del Centro Social lleva viviendo en Iztapalapa, ha visto el crecimiento de la población acompañado de la desenfrenada construcción de “castillos”, llama así a los departamentos de hasta siete pisos de altura. “Se desbordó la construcción”, coincide su compañera Sandra. Actualmente Iztapalapa concentra la mayor población de la urbe, más de un millón 800 mil personas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Ambas piensan que una de las razones por las que se edificaron estos departamentos “sin planeación” es porque se desconoce la forma de construir correctamente.

Conmemoración a 32 años de las costureras fallecidas en el predio de San Antonio Abad en el sismo de 1985. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

CONSTRUCCIÓN INCONTROLADA

El movimiento de la tierra del pasado 19 de septiembre recordó el terremoto de 32 años atrás. Por coincidencia, tembló el mismo día que la Ciudad de México recordaba la sacudida de 8.1 grados de 1985. Hace más de tres décadas, se consideró el desastre natural más grave que había azotado a la urbe y orilló al gobierno local a crear la Comisión Evaluadora del Sismo.

La Comisión de 1985 fue responsable de la revisión de inmuebles dañados y de establecer nuevas normas en materia de construcciones a “fin de prevenir riesgos y propiciar una mayor seguridad de los habitantes”, como refiere el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de aquel año.

Sin embargo, 32 años después se puede verificar que estas reglas no se respetaron y a pesar de reconocer que el Valle de la Ciudad de México es una zona sísmica, el gobierno local no se abocó en crear política pública de planificación urbana, dice contundente la investigadora urbanista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carla Filipe Narciso.

Rápidamente, el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció el “Plan de Reconstrucción de la CDMX” con tres ejes de acción: la creación de una plataforma digital que reporta la información de viviendas, negocios e inmuebles públicos afectados por el sismo; los apoyos económicos temporales para las personas damnificadas y la conformación de la “Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación”, encargada de atender la situación de emergencia.

Más de un mes después del movimiento telúrico, en la Asamblea Legislativa sigue en análisis la iniciativa de Mancera de expedir la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.

A un mes del sismo, cientos de damnificados marcharon para exigir a las autoridades atiendan sus viviendas. CIMACFoto: César Martínez López

Filipe Narciso indica que esta política de reconstrucción no atiende cuestiones sociales, se concentra únicamente en la reparación de edificios. La experta recuerda que “todos estamos en vulnerabilidad por el sismo, pero no todos tienen la misma respuesta ante ella”, y ejemplifica: “en la colonias como Condesa, las personas damnificadas buscaron amigos o familiares para refugiarse”, en contraste, en Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa permanecen abiertos refugios por las necesidades de la población.

La última actualización informativa del portal oficial de la reconstrucción del sismo, del 9 de noviembre de 2017, precisa que ocho albergues permanecen en operaciones con un total de 137 personas, se estima que en total más de 34 mil se refugiaron en estos recintos.

“No tienen otra posibilidad”, sentencia la académica que dirige el área de Planificación y política urbana y regional del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la UNAM  y señala que una verdadera política de Estado implica establecerlos en zonas seguras, garantizándoles en todo momento el derecho a la vivienda. De no ser así, es seguro que busquen vivir en regiones más alejadas de la Ciudad, con mayor vulnerabilidad ambiental y social, señala.

Albergue en Colonia Centinela, en la delegación Coyoacán. CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada

PREGUNTAS EN EL AIRE

Luego de que la sociedad civil se desbordó a las calles para tratar de apoyar a las personas afectadas surgieron varias preguntas que hoy permanecen en el aire, dos son recurrentes: ¿por qué se cayeron edificios prácticamente nuevos y con ello el alto número de pérdida de vidas humanas? y ¿cómo reconstruir para evitar que vuelva a suceder algo similar?

Expertas en ingeniería y arquitectura coinciden en que el principal problema fue que tras 1985 las autoridades capitalinas se enfocaron únicamente en crear normatividad sobre cómo debería construirse y en emitir recomendaciones al respecto, mas no en fomentar el trabajo interdisciplinario en las construcciones.

Es decir, en todo este tiempo las autoridades capitalinas no enfatizaron la importancia que tiene cada área involucrada en la construcción de un inmueble: dueños, arquitectos, directores responsables de obra y constructores. “Si alguien no hace su trabajo apegado a la ley, las probabilidades de que una casa colapse son mayores”, explica en entrevista la Directora Responsable de Obra (DRO) con 30 años de experiencia, María Martha Zavala Galina.

La ingeniera afirma que urge revisar el reglamento de construcciones vigente para comenzar a responsabilizar a todas las personas involucradas en una construcción. Pues los dueños deben consultar a profesionistas ingenieros o arquitectos y asumir que si sus opiniones no avalan el proyecto no pueden continuar, las y los DRO tampoco deben ceder si los documentos no están en norma, además de ser necesario capacitar a los constructores para garantizar que los materiales y las técnicas usadas sean de la mejor calidad.

El Deportivo de Xochimilco fungió como albergue para personas damnificadas. CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada

Sin esta combinación todo apunta a que los inmuebles seguirán colapsando, particularmente en zonas donde las familias no tienen los recursos económicos para pagar los honorarios de personas expertas, razón que las orilla a la autoconstrucción, afirma la ingeniera civil especialista en estructuras de la UNAM, Mabel Mendoza Pérez y menciona como ejemplo las casas de Xochimilco e Iztapalapa construidas con años de esfuerzo por personas sin los conocimientos necesarios.

Además, conforme los años pasaron aumentó el desinterés por prevenir los estragos de un temblor, esto se vio reflejado en la falta de capacitación al personal DRO sobre cómo actuar ante emergencias sísmicas.

En 1987 Zavala Galina comenzó a ejercer como DRO y cuenta que desde hace 20 años, en 1997, la Secretaría de Obras dejó de capacitar a estos profesionistas como lo hacía anualmente para decirles cómo actuar ante desastres naturales, a cada uno les designaban las zonas específicas de la Ciudad que debían revisar, además de indicarles qué formatos usar y el lugar donde debían reportar los daños.

Sin esas capacitaciones, el pasado 19 de septiembre los DRO tuvieron que organizarse por su cuenta  para actuar, a días de cumplirse un mes del sismo las autoridades seguían sin reunirse con ellos, afirma Martha Zavala.

Actualmente de los 2 mil 54 DRO reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) sólo 690 siguen activos. Zavala Galina explica que la mayoría no renovó sus licencias por la falta de confianza al Instituto para la Seguridad de las Construcciones -encargado de organizar, autorizar y evaluar a los DRO- que los culpa sólo a ellos en caso de derrumbes, “nos sanciona e ignora que en una construcción influyen también otros profesionistas”.

La ingeniera Mabel Mendoza también enfatizó la necesidad de continuar con una fase de estudios, pues, dijo, tras el sismo es necesario revisar los inmuebles y analizar qué tan funcionales son las recomendaciones y técnicas de construcción vigentes.

Las especialistas coinciden en que repartir responsabilidades y considerar los contextos que se viven en cada zona de la ciudad son dos elementos prioritarios en el proceso de reconstrucción. Recalcan la necesidad de no sólo crear grupos interdisciplinarios que permitan identificar las zonas en la que no conviene construir sino también en planear los lugares a donde se trasladará a las personas damnificadas y que los proyectos “no queden en papel”.

Damnificada por el Sismo en la CDMX es apoyada por una brigadista para sacar las pocas pertenencias que quedaron en su departamento. CIMACFoto: César Martínez López

APOYOS A PERSONAS DAMNIFICADAS

Como parte de las acciones para apoyar a las familias, el Gobierno de la Ciudad de México ofreció 3 mil pesos durante tres meses para que las personas damnificadas puedan pagar una renta, pero mujeres como Laura no tienen esa opción.

Laura, vendedora ambulante de oficio, no tiene contrato de arrendamiento ni recibos por el pago de renta. Tampoco ningún comprobante de su situación. Sabe que no puede acceder a los 3 mil pesos ni a otro apoyo, sólo le queda agradecer a todos los voluntarios que apoyaron para que su familia estuviera segura durante los días difíciles.

Albergue en calle Izazaga 11 donde vivió Laura. Montserrat Antúnez Estrada

Laura, su esposo y sus hijas de 2, 3 y 9 años de edad se quedaron sin casa. La familia pasó casi un mes viviendo en el albergue que se instaló en la calle de Izazaga 11 de la colonia Centro. Laura contó su historia desde la litera número 11, esa donde le tocó dormir junto con mujeres que no conocía y que también quedaron damnificadas.  

Antes del 19 de septiembre ella pagaba dos mil 700 pesos al mes por vivir en un cuarto de azotea en un edificio de tres pisos ubicado en Ciudad Azteca, en el Estado de México. Su casa no se derrumbó pero terminó con cuarteaduras por todas partes. “Cuando protección civil entró dijo que ya no era habitable”, recordó.

Después del 19 de septiembre pasó cuatro días como exiliada, primero viviendo en casa de su madre, que también renta, luego pagó una noche en un hotel, después en otro y en busca de un lugar donde dormir llegó a la Casa del Peregrino, albergue habilitado en la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde no hubo lugar para ella.

Buscando información en internet llegó al albergue de la calle Izazaga, número 11, donde permaneció mientras buscaba un lugar para rentar.

Hasta el 9 de noviembre el gobierno entregó 8 mil 508 cheques de apoyo de renta por medio del Instituto de Vivienda (Invi) y la Secretaría de Finanzas mil 622 “créditos rojos”, es decir, prestaciones de hasta 2 millones de pesos para las familias que perdieron por completo sus patrimonios. De acuerdo con el plan de Mancera, el financiamiento de este último crédito inmobiliario será de recursos del Fondo de Contingencias de la Ciudad de México.

De acuerdo al análisis de Carla Filipe, generar créditos inmobiliarios responde a la necesidad del jefe de gobierno por legitimarse al actuar rápidamente y es la forma de escudarse de la responsabilidad que tiene de generar políticas públicas de habitación que piensen en los sectores más afectados.

La doctora en urbanismo y arquitecta de profesión, menciona que con las facilidades a las inmobiliarias éstas adecuarán sus construcciones para los sectores populares que se vieron afectados, a precios que seguirán siendo inalcanzables para muchas personas.

Y denuncia: “los créditos no significan facilidades para las personas damnificadas, además, estos van a los bancos, a las agencias hipotecarias, realmente no hay un retorno al Estado, el único beneficiado será el sector privado”.

SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

Hace diez meses Miriam y su esposo llegaron a vivir a un edificio de once pisos ubicado en la calle de San Antonio Abad, número 66. Después de una vida de trabajo la pareja dejó su casa en Tláhuac, vendió su carro e invirtió todo su patrimonio para comprar su departamento. Con él también adquirió una deuda de medio millón de pesos con un banco.

Hoy su casa, valuada en un millón 270 mil pesos, es inhabitable. Después de un mes del sismo algunas unas familias regresaron al lugar pero ella no quiere arriesgarse. “Estamos a la deriva, ¿qué va a pasar? No sabemos”, comenta.

Miriam muestra fotos de su departamento. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

Desde el día del sismo Miriam y otras personas que vivían en el edificio han estado en contacto con una empresa administradora que sirve de enlace entre los vecinos y la empresa constructora Vertical Homes. La constructora les dijo que el edificio es habitable y sólo necesita unos arreglos.

Miriam tiene muchas dudas, primero porque la constructora pidió que las personas cobraran los seguros de sus viviendas y dieran el dinero para comenzar los trabajos de remodelación. La inconformidad ha crecido, pero los vecinos han hecho un pacto de silencio para no entorpecer las negociaciones con Vertical Homes.

“Estoy arrepentidísima de haber comprado, de haber invertido mi patrimonio”, dice al recordar que desde antes del sismo había filtraciones de agua, quejas porque los dos sótanos que no estaban terminados y peleas por el uso de los estacionamientos, algo que aceptaron pero que hoy atribuye a una irregularidad en la planeación y construcción del edificio.

Miriam no acudió a un albergue, tiene dos hijos y su plan es vivir una temporada con uno y después rentar. Ella fue una de las primeras en acudir por los tres mil pesos que ofreció el Gobierno de la Ciudad de México. Para acceder a este beneficio llevó las fotos de su departamento y sus documentos en orden, pero opina que la cantidad no es suficiente a cambio de la inversión que hizo.

San Antonio Abad 66 es uno de los ocho expedientes de investigación por probables irregularidades administrativas en el proceso de construcción en el periodo 2013-2017. Los otros inmuebles son los de Emiliano Zapata 56, Bretaña 90, Nuevo León 238, Eje Central 418, Insurgentes Norte 1260 y Rancho Tamboreo 11 y 19, así como Calzada de las Brujas 34 y 40, según la Contraloría General de la Ciudad de México.

INCERTIDUMBRE A MÁS DE UN MES

Hace más de 40 años Andrés Jiménez Páez construyó su casa en la calle de Lázaro Cárdenas, número 7 en San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, una delegación caracterizada por sus paisajes rurales y la zona de embarcaderos y chinampas. Conforme la familia fue creciendo con la llegada de los nietos y los yernos, la casa también se amplió para albergarlos a todos.

Con el sismo la casa terminó con fracturas y cuarteaduras en los muros de carga, la losa se fracturó, el cuarto del primer piso se derrumbó, en general la casa se está hundiendo y ya no es habitable. Aun así el DRO que hizo la inspección dijo que la casa -que en su opinión estaba en construcción- tiene daños moderados.    

A pesar del dictamen del experto ya nadie vive allí, pero siempre hay alguien cuidando el inmueble, integrantes de la familia permanecen durante todo el día en medio de lo que quedó de su hogar vacío, sin muebles y algunos escombros. Allí están las mujeres, los varones e incluso los niños que aún no acuden a la escuela. Todos en espera de respuestas.

La familia Jiménez no se aleja de su hogar porque necesitan estar allí cuando llegue una autoridad. La vez que llegó el DRO sólo estaba el señor Andrés, un adulto mayor que no sabe leer ni entiende de programas sociales, a él le pidieron que firmara la hoja donde se leía que la casa tenía daños moderados.

Casa de la Familia Jiménez Pérez en San Gregorio Atlapulco. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

A la casa ya pasó gente del  Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de Prospera. Hay dos etiquetas que lo comprueban como en casi todas las viviendas del pueblo y aunque el personal que acudió les prometió apoyos no les dijeron cuándo ni cómo, creen que tal vez en unos dos o tres meses tengan claridad.

Las hermanas Gloria Beatriz y Rosa Mireya Jiménez López cuentan que empresas particulares y voluntarios los han apoyado, ellas recibieron unos polines para su casa, también recibieron comida de quienes llegaron a apoyar y aclaran que esa es la única ayuda que han tenido.

Gloria y Rosa, amas de casa, creen que la casa debe derrumbarse. Aunque el dictamen que tienen dice que la casa tiene daños moderados sus ojos ven otra cosa, no saben qué hacer, con quién acudir, quién debe asumir los gastos ni cómo hacerlo de manera segura sin dañar las casas aledañas.

Casa y muebles en ruinas tras el sismo que sacudió Xochimilco. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

La familia, en su mayoría de agricultores de flores, cuenta con tres opiniones: una persona de Protección Civil les dijo que la casa no era habitable, unos ingenieros de Jalisco confirmaron dicha versión, después otros arquitectos dijeron lo mismo, pero el DRO les afirmó que sí es habitable.  No saben a quién creer.  

“Nos van a dar una tarjeta, pero es un apoyo, no es regalado”, se trata de un crédito de 120 mil pesos para reconstruir una casa que a tres familias les costó cuatro décadas.

El 4 de octubre Enrique Peña Nieto anunció que el gobierno federal y de la capital crearía un fondo para otorgar créditos de hasta dos millones de pesos, a 20 años con 9 por ciento de interés, el gobierno asume el pago del capital y el damnificado los intereses.

Guadalupe es una adulta mayor que vivió el movimiento estudiantil de 1968 y después de septiembre dice que lo que más le ha dado tristeza en su vida es el desastre del sismo. El movimiento de la tierra acabó con su casa y dice que en este momento de su vida no tiene fuerza para empezar desde cero.

Guadalupe sigue visitando las ruinas de su casa en Xochimilco. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

De acuerdo con la Comisión de Gestión Integral del Agua en la zona ejidal de cultivo de San Gregorio Atlapulco, el suelo se hunde 25 centímetros al año y la región tiene grietas que datan desde la década de los 80 en canales, edificios, casas y calles, producto de la sobreexplotación de mantos acuíferos.

El sábado 4 de octubre, en recorrido por San Gregorio, diputados locales y funcionarios de gobierno aseguraron que la suma de esfuerzos haría posible sacar adelante esta zona. Ese día dijeron que había mil 250 casas afectadas, de las cuales se tendrán que reconstruir 250. La demolición ya comenzó pero el proceso aún es muy lento.

Guadalupe es jubilada de intendencia y su esposo es chinampero. Ambos rentan un cuarto porque no pueden regresar a su casa, una estructura que se está hundiendo. Regresan todos los días a las ruinas de su hogar. Ella está enferma y ni siquiera puede recoger las cosas que quedaron esparcidas por doquier, aun así prefiere estar allí, contemplando lo que quedó de su patrimonio.

En algunas colonias las casas se marcaron para identificarlas como inhabitables. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

Ahora que los gobernantes están concentrados en los cargos que podrían obtener en las elecciones de 2018, Guadalupe y otras mujeres de Xochimilco y las demás delegaciones no creen poder iniciar una reconstrucción solas, sin el apoyo del Estado, por eso protestan desde los lugares donde se refugian, sin salir a las calles, porque no pueden y no quieren alejarse de la casas derruidas donde permanecen sus recuerdos.  

17/AGM/MMAE/HZM

 

 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Estudiantes son víctimas de acoso, tocamientos y hostigamiento
   
Violencia sexual, la más cometida en UNAM
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/11/2017

A un año de la implementación del “Protocolo para la atención de casos de violencia de Género” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de las 234 denuncias presentadas, solamente prosperaron 150, porque en algunos casos los agresores no pertenecían a la Universidad y en otros se desistió de la denuncia.

Así lo informó la UNAM en su plataforma de igualdad de género, donde señala que a un año de entrar en vigor este Protocolo, el cual se implementó como parte de la adhesión de la máxima Casa de estudios a la Campaña “He for She”, de ONU Mujeres.

De acuerdo con esta plataforma, consultada por Cimacnoticias, de las 234 personas que denunciaron, 96 por ciento fueron mujeres quienes interpusieron una queja por ser víctimas de violencia sexual, psicológica y física por razón de género.

Las mujeres en la UNAM fueron agredidas principalmente de forma sexual (50 por ciento). Dentro de las 234 quejas se identificaron 328 tipos de violencias, de esta cifra, 21 por ciento se atribuyó a tocamientos no consensuados, también fueron obligadas a observar actos sexuales, es decir quejas que corresponden a acoso sexual.

El acoso y hostigamiento sexual representaron 23.5 por ciento de las quejas, pero la Universidad no mencionó a qué tipo de agresiones sexuales integraron el porcentaje restante. Lo mismo sucedió con la violencia psicológica, prevalecieron los insultos (16.2 por ciento) y devaluaciones (15 por ciento) en contra de las y los denunciantes y se desconocen las agresiones restantes.

RESOLUCIÓN POR MEDIACIÓN

De los 150 procedimientos iniciados, 21 por ciento (14) aún espera recibir una sanción, en 5 por ciento no se pudo concluir el procedimiento porque los trabajadores denunciados se dieron de baja o pidieron su jubilación, mientras que un caso no procedió por decisión del Tribunal Universitario (TU).

En cuanto a la forma de resolver los casos resalta que un mayor porcentaje de ellos (67 por ciento, equivalente 44 de las denuncias) encontraron solución mediante mediación, un proceso que consiste en que la víctima y el agresor conversen para llegar a un acuerdo que alcance a reparar el daño, medida que ha sido cuestionada arduamente por estudiantes y académicas.

El proceso para dar respuesta a las quejas suele ser lento, reconoció la UNAM en su informe, por lo que una de sus propuestas fue implementar una estrategia para combatir el rezago en el TU, donde estudiantes que lo conforman han denunciado que las autoridades no envían la mayor parte de los casos, pues para diciembre de 2016, cuando la oficina de la abogada general de la universidad contabilizó 81 casos, solo tres habían llegado al Tribunal.

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA Y AGRESORES

En la UNAM las estudiantes de educación media y licenciatura son las principales víctimas de la violencia de género, principalmente las de tipo sexual y psicológica; en 37 por ciento de los casos los agresores fue personal docente y administrativo. De las 234 denunciantes, 81 por ciento era estudiante (189), de éstas, 62.5 por ciento tenía entre 15 y 25 años de edad.

Las trabajadoras de la UNAM no estuvieron exentas de dichas agresiones, pues 9 por ciento de las quejas correspondió a esta población. En 49 de estos casos las personas agresoras laboraban en la Universidad, en mayor medida (42.9 por ciento) lo hacía dentro de las facultades y escuelas de Ciudad Universitaria (CU) y 34.7 por ciento en Facultades de Estudios Superiores (FES). Destaca que la mayor relación entre las víctimas y agresores fueron las de profesor-alumna o alumno (145 casos).

Pese a que las quejas adheridas permiten conocer la actuación de las autoridades ante ciertos casos de violencia de género, no dimensionan la magnitud del problema, pues incluso las estudiantes han denunciado que cuando intentan presentar una queja y adherirse al Protocolo de la Universidad, son revictimizadas y las autoridades minimizan la violencia en su contra.

Además, durante los últimos meses la UNAM ha sido cuestionada por su respuesta ante los casos de violencia contra las mujeres, particularmente por el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, perpetuado en CU el 3 de mayo y donde se acusa a su pareja y extrabajador universitario como culpable del feminicidio, pese a ello el rector Enrique Graue sigue sin asumir públicamente que la estudiante fue víctima de violencia de género.

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NACIONAL
VIOLENCIA
   Esta semana será audiencia para extender investigación
Niegan amparo a pareja de Lesvy, será investigado por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/11/2017

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó el amparo presentado por Jorge Luis González Hernández, con el que buscaba obtener su libertad por el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por lo que será investigado como autor material del feminicidio.

El 25 de octubre el Juzgado 14 de Distrito de Amparo en materia penal del CJF rechazó el recurso de amparo que Jorge González presentó el pasado 31 de julio y donde argumentó que el juez de control a cargo del caso, Christian Franco Reyes, violó sus derechos al vincularlo a proceso por el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio “sin pruebas suficientes”.

En entrevista con Cimacnoticias la abogada de la familia Rivera Osorio, Sayuri Herrera Román, afirmó que la instancia negó el amparo gracias “al fallo favorable” de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF) en el que ordenó a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) y al TSJDF investigar como feminicidio y no como homicidio simple culposo, como primero se acusó a Jorge González por no impedir el “suicidio” de Lesvy cometido el 3 de mayo.

Esta semana la familia Rivera Osorio y su defensa legal tendrán una audiencia en la Sexta Unidad de Gestión Judicial donde solicitarán al poder judicial ampliar hasta enero el plazo que tienen para recabar pruebas que demuestren que el ex trabajador de intendencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), González Hernández, asesinó a Lesvy.

En la audiencia, anunció la abogada Herrera Román, argumentarán que la familia de Lesvy “ha estado en desventaja” pues la PGJDF les negó por más de dos meses el acceso completo a la carpeta de investigación. Y aseguró que el plazo debe ampliarse para “privilegiar el derecho fundamental de las víctimas a acceder a la verdad”.

Desde el 10 de julio, durante la audiencia en la que se vinculó a Jorge González por homicidio, los abogados de la familia de Lesvy solicitaron al juez Franco Reyes los seis meses que el nuevo sistema de justicia penal otorga a las víctimas y a los inculpados como periodo máximo para recabar pruebas, sin embargo, el juez les concedió únicamente cuatro meses, los cuales concluirán el próximo 10 de noviembre.

La familia de Lesvy busca que el periodo de investigación se amplié pues, apoyadas por colectivas feministas y organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, han buscado a peritos reconocidos internacionalmente para que abonen a desmontar la teoría del suicidio, pero a las y los expertos les tomará tiempo dar su análisis.

La justicia para Lesvy aún tardará más de un año en llegar. La abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización que representa a la familia Rivera Osorio, explicó que una vez concluido el periodo de investigación, el caso pasará a la etapa intermedia donde un juez estudiará si admite las pruebas presentadas por la familia Rivera Osorio, las aportadas por su agresor, Jorge González; y las que hasta ese momento recabe la PGJDF.

Posteriormente, en la etapa de juicio oral, el acusado y las víctimas serán escuchadas y expondrán nuevamente sus pruebas con las que se dictará o no una sentencia.

Mientras tanto cientos de estudiantes y organizaciones siguen solidarizándose con la familia Rivera Osorio y se suman a la exigencia de justicia pues, según ha expuesto en actos públicos la mamá de la joven, Araceli Osorio Martínez, el feminicidio representó la violencia y revictimización que viven las mujeres de la Ciudad de México.

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REPORTAJE
VIOLENCIA
   Ordenan investigarlo como feminicidio agravado
Magistrados dan revés a PGJ en caso Lesvy: no fue suicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada y Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/10/2017

Desde que la Procuraduría General de Justicia de la capital (PGJ) conoció e inició la investigación del caso de la estudiante Lesvy Berlín Rivera Osorio, encontrada asesinada en la UNAM el pasado 3 de mayo, se empeñó en demostrar que fue un suicido.

Sin embargo, las protestas en redes sociales y en las calles por el tratamiento misógino que se le dio; y la presión de la familia y sus abogados, hicieron que este 18 de octubre se reclasificara el delito de homicidio simple culposo, a feminicidio agravado.

A 5 meses del hecho, este logro representa no solamente un primer paso para garantizar justicia, como lo declaró el padre de Lesvy, sino que demás es un revés a la actuación de la Procuraduría que ha cometido una serie de pifias con tal de no tratar el caso como feminicidio.

ACTUACIONES DEFICIENTES

El 3 de mayo, personal de vigilancia de la UNAM localizó el cuerpo de Lesvy. Su cuello estaba atado al cable de una cabina telefónica ubicada en el Instituto de Ingeniería. Al día siguiente, Comunicación Social de la PGJ, publicó en su cuenta de Twitter que al momento de su muerte estaba alcoholizada, drogada y además que no estudiaba.

Los comentarios en redes sociales causaron tal indignación que la etiqueta #SiMeMatan se convirtió en tendencia. Lesvy fue ejemplo de cómo las autoridades culpan a las víctimas en lugar de investigar a los agresores, en este caso al novio de Lesvy, Jorge Luis González Hernández, última persona en verla con vida.

Una vez iniciada la investigación, la Fiscalía Desconcentrada COY-1 inició la carpeta por el delito de “homicidio culposo” pese a que el cuerpo fue expuesto en un lugar público y tenía signos de violencia, dos características que definen el feminicidio como tipo penal. Ése fue el inicio de una demanda de la familia en contra de las autoridades para conocer la verdad de lo sucedido.

En total secrecía y contrario a la actitud de los primeros días, la dependencia encabezada entonces por Rodolfo Ríos Garza, negó a la familia y al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que representa a las víctimas, el acceso a toda la carpeta de investigación.

La PGJ dejó que los abogados Sayuri Herrera Román y Alejandro de Jesús Martínez Martínez, que representan el caso, accedieran al expediente completo hasta el pasado 5 de julio, un día antes del anuncio del “suicidio”, delito por el cual González Hernández está en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.

Durante las indagatorias, la autoridad diseñó una hipótesis enfocada en el suicidio, por lo que insistió en un peritaje antropológico con preguntas enfocadas a estudiar la vida sexual de Lesvy así como sus relaciones familiares, mismo que no se realizó por oposición de la familia.

Lo que sí logró hacer fue una necropsia psicológica basada en los videos que la UNAM proporcionó. Las primeras entrevistas que hizo a Jorge y sus amigos, y un supuesto análisis de las imágenes y los testimonios, le bastaron para concluir que “Lesvy era dependiente” y que su consumo de alcohol mostraba señales de un “suicidio crónico”, como consta en la carpeta de investigación.

El 6 de julio la PGJ informó públicamente que Lesvy “se suicidó” y que Jorge Luis, ex auxiliar de intendencia de la UNAM y novio de la joven, sería acusado de “homicidio simple por omisión”, por no impedir que ella se quitara la vida.

El 10 de julio, el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Cristian Ricardo Franco Reyes, siguió la determinación de la Procuraduría y aunque desechó la necropsia, avaló el auto de vinculación por homicidio.

REVÉS A PGJ

Los abogados del Centro de DH  y la madre de Lesvy no aceptaron el supuesto suicidio. La defensa legal sostuvo que la necropsia y los peritajes no se hicieron con perspectiva de género y no siguieron el Protocolo de Investigación de Feminicidio, así que apelaron la decisión del juez de control para reclasificar el delito a feminicidio agravado porque Lesvy y Jorge mantenían una relación de pareja.

El resultado fue que este 18 de octubre la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por la y los magistrados Celia Marín Sasaki, Arturo Eduardo García y Salvador Ávalos Sandoval (este último votó en contra) resolvió la apelación a favor de la familia de Lesvy.

Con esta decisión la PGJ está obligada a investigar el crimen como feminicidio y el juez Reyes Franco, a vincular a proceso al sospechoso por este delito y a juzgar con perspectiva de género.

También llamó al juez y a la PGJ a investigar las lesiones que Lesvy presentó en rostro y otras partes del cuerpo como antecedentes de violencia previa que pudo vivir por parte de su pareja.

Un día después del fallo, la PGJ “aclaró” que actuó apegada a derecho, y señaló que antes de  vincular a proceso al agresor, la familia de Lesvy pudo aportar pruebas para “fortalecer la investigación” o señalar al posible culpable pero esto no fue así.

Durante los primeros meses después del crimen, el entonces fiscal central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, instancia que atrajo el caso, Marco Enrique Reyes Peña, no explicó a los abogados ni a los familiares las líneas de investigación que se seguían, ni si tenía a algún sospechoso.

Tampoco tomó en cuenta los resultados de las primeras entrevistas que se hicieron a Jorge y a sus amigos, quienes evidenciaron que él ejercía violencia contra ella; ni dieron importancia a los videos del campus del día del crimen donde se observa cómo Jorge golpea a Lesvy con la cadena de su perro y cómo trata de asfixiarla.

La autoridad prefirió validar la conclusión del perito de la PGJ, Gilberto Saldaña Prieto, quien determinó que Lesvy “decidió enredarse el cuello con el cable de teléfono, deslizarse y dejarse caer, lo que provocó su asfixia, y lesiones en el rostro por su caída”; acción que hizo frente a Jorge. Sin embargo, esta teoría fue descartada por un peritaje independiente aportado por la familia.

Con todo el trabajo que la Procuraduría capitalina hizo para acreditar un suicidio, ahora la familia de la víctima permanece a la expectativa de justicia y de que en noviembre próximo haya una sentencia en contra de Jorge, quien interpuso un amparo en el que argumenta que no hubo pruebas para dictarle prisión preventiva, recurso que está por resolverse.

17/MAE/LGL

 

 

 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Familia en espera del Tribunal Superior de Justicia
   
Apelan fallo del juez por caso Lesvy
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/07/2017

La familia de Lesvy está en espera de que el Tribunal Superior de Justicia capitalino responda el recurso de apelación que interpusieron la semana pasada para reclasificar como feminicidio el delito por el que se acusa a la expareja de Lesvy y fije una fecha para la audiencia.
 
Esto aseguró en entrevista el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que trabaja en el caso junto con la defensa legal de la familia de Lesvy, Rodolfo Domínguez Márquez. Y explicó que está en el proceso de “investigación formalizada”, en la cual ambas partes pueden presentar datos de prueba.

A raíz del recurso de apelación tendrán una audiencia la próxima semana en la que tres magistrados “resolverán en colegiado” el fallo del juez Cristian Franco Reyes, quien acusó el pasado 10 de junio a Jorge Luis González Hernández, pareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por homicidio doloso por omisión, al no impedir el “supuesto suicidio” de la joven hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo.
 
“En la audiencia se mostrarán los datos de prueba donde los magistrados determinarán cuales serán admitidas durante la etapa oral, esta última es la parte que sigue”, explicó Rodolfo Domínguez.
 
El abogado aseguró que los diferentes peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), como la necropsia, evidenciaron “muchas lesiones que no son compatibles con una mecánica de suicidio, al contrario, nos hablan de que hubo lucha y forcejeo, defensa y que la causa de muerte fue más bien un estrangulamiento”.
 
Además, dijo, en las uñas de Lesvy se encontró piel de Jorge y eso, sumado a las agresiones previas del trabajador de la UNAM hacia Lesvy que se observan en los videos del día del suceso,  “abonan  a la hipótesis de feminicidio”. Aun cuando el juez vio esas pruebas en la audiencia pasada “no quiso hacer la reclasificación a feminicidio, no quiso mirar los datos de prueba que hay con esa perspectiva de género, esto en un problema crónico dentro del poder judicial de la Ciudad de México”, mencionó el abogado.
 
RESPUESTA DE LA CDHDF
 
Actualmente la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) revisa la carpeta de investigación para identificar “qué elementos se cualifican como alguna probable violación a los Derechos Humanos” y así poder dar a conocer su opinión, esto informó ayer la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo a medios de comunicación al término de una conferencia.
 
Gómez Gallardo también recordó que desde finales de mayo hizo pública su preocupación por la tardanza de la PGJDF para entregar a la familia de Lesvy la carpeta de investigación completa.
 
La CDHDF, dijo Perla Gómez, envío a la instancia de justicia tres recordatorios para que les entregaran a ellos y a la familia de Lesvy la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes realizados, pero el organismo de Derechos Humanos obtuvo la misma respuesta que la PGJDF dio a la familia por más de dos meses: “nos informaron que (la primera parte de la carpeta de investigación) la tenía la Procuraduría General  de la República para efectos de uno de los dictámenes”, mencionó.
 
Los recordatorios corresponden a la queja de oficio que la CDHDF interpuso a la PGJDF en la Cuarta Visitaduría donde solicitó que la instancia de justicia informara qué tipo de peritajes realizaron y que corroborara si se estaba aplicando o no el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en la investigación.
 
Además de la queja ante la Cuarta Visitaduría, la CDHDF inició otra de oficio en la Primera Visitaduría por la filtración de información que la PGJDF hizo en su cuenta de Twitter, con la que, dijo, estigmatizó a la víctima, se violó la presunción de inocencia y la confidencialidad de la investigación.
 
Por dicha filtración en días pasados la familia de Lesvy y su defensa legal, encabezada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, exigieron la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, porque ahí comenzó la investigación.  También demandaron la renuncia del fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña, por no investigar el asesinato de Lesvy como feminicidio y por negarles el acceso completo a la carpeta de investigación.
 
DEFICIENTES INVESTIGACIONES Y JUZGADORES
 
Rodolfo Domínguez expuso que si bien el OCNF no ha acompañado otros casos juzgados por Franco Reyes sí conocen varios en los que la Fiscalía de Homicidios, que coordina la unidad de feminicidio, reclasifica como homicidios delitos que en un  principio se investigaron como feminicidio. Con esto, aseguró, “siguen invisibilizando la violencia de género, la violencia feminicida”.
 
El abogado mencionó que el problema “está en la procuración de justicia, es decir, como la PGJDF investiga la muerte violenta de las mujeres y en cómo están resolviendo los jueces”.
 
Dijo que la PGJDF no investiga con perspectiva de género, no resguardan correctamente las pruebas ni el lugar de los hechos “todas esas acciones y omisiones tienen un impacto negativo porque impide el acceso a la justicia”. Y concluyó: “una mala investigación con un mal juzgador nos lleva a la impunidad”.
 
17/MMAE
 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Buscarán peritajes independientes que reafirmen esa línea
   
Apelarán fallo del caso Lesvy, fue feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/07/2017

La defensa legal de Lesvy, la estudiante de la UNAM hallada asesinada en Ciudad Universitaria el 3 de mayo, presentará mañana un recurso de apelación para que se reclasifique como feminicidio el delito de homicidio simple culposo por el que se investiga a Jorge Luis González Hernández, pareja de la estudiante.
 
Luego de que el pasado 10 de julio el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la capital, Cristian Ricardo Franco Reyes, determinó en una primera audiencia que Jorge Luis González Hernández será juzgado por el delito de homicidio simple culposo y no por feminicidio, la representación legal de la familia de Lesvy dijo que presentarán este recurso pues insistió, existen todos los elementos para que sea por feminicidio.
 
El también abogado del caso e integrante del Centro Fray Vitoria, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, explicó en entrevista con Cimacnoticias que en la apelación argumentarán que en la audiencia del 10 de julio el juez, que la necropsia y los peritajes están mal hechos porque no tienen perspectiva de género, y no siguieron el Protocolo de Investigación de Feminicidio.
 
“Si el mismo juez aceptó que esa necropsia está mal hecha es porque la mayoría de los peritajes también lo están”, insistió el abogado.
 
La familia de Lesvy también está en espera de que el TSJDF les informe en dónde continuará el proceso legal, ya que actualmente el inculpado cumple prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.
 
CONTINÚA INVESTIGACIÓN
 
El juez Franco Reyes determinó que el plazo de la investigación se ampliaría hasta noviembre, por  lo que en este tiempo, explicó el abogado Martínez, presentarán elementos para comprobar “que Jorge fue el feminicida. “Para ello solicitaremos que expertos independientes de la PGJDF realicen otros peritajes y vamos a presionar para que corrija algunos de los dictámenes o haga algunos que no se han hecho y a partir de ello aportar otras pruebas, como testimoniales”.
 
El abogado recordó que en los videos entregados por la PGJDF sobre el día del crimen no se observa que Lesvy se quitó la vida, lo que sí se aprecia es a Jorge agrediéndola previo al suceso.
 
“Nosotros presumimos que los videos están editados porque en la hora que corresponde con la muerte de Lesvy la imagen está pasmada, por eso pediremos ayuda a algún experto que analice los videos”, dijo.
 
Y recalcó que las lesiones que presentaba el cuerpo de Lesvy no corresponden a las de un suicidio y que la carpeta de investigación incluye el testimonial de Carlos, un amigo en común de Jorge y Lesvy, quien afirma que días previos al suceso Jorge le dio tres cabezazos a Lesvy.
 
A Jorge se le asignó un abogado de oficio, y no hay otro detenido o imputado por el hecho, solo se sabe de dos amigos en común de Lesvy y Jorge que están en calidad de testigos, informó el abogado Martínez Martínez.
 
Hasta el momento la PGJDF no ha hablado con la familia de Lesvy, esto pese a que, de acuerdo al abogado, la instancia de justicia tiene la capacidad de cambiar su fallo y determinar que el delito debe investigarse como feminicidio.
 
En días pasados el Centro Fray Vitoria exigió a través de un comunicado la renuncia del titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña por "las violaciones a Derechos Humanos de las víctimas cometidas desde el inicio de las investigaciones, y hasta ahora en la imputación de la hipótesis de suicidio".
 
También pidió la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, por la filtración de información de Lesvy que la instancia realizó durante el día del hallazgo del cuerpo.
 
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NACIONAL
VIOLENCIA
   Rector debe exigir que se juzgue como feminicidio
Condenan silencio de autoridades de la UNAM por caso Lesvy
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/08/2017

A tres meses del asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, que se cumplen hoy, las organizaciones feministas y colectivas que acompañan el caso se pronunciaron en contra del silencio que han mantenido las autoridades universitarias, y pidieron al Rector, Enrique Graue Wiechers, que exija a la Procuraduría de Justicia capitalina que el agresor de Lesvy sea juzgado por feminicidio.
 
En un mitin realizado afuera de la Rectoría, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para conmemorar los 3 meses del feminicidio de la estudiante universitaria, las activistas ahí reunidas exigieron a Graue Wiechers y al director del Instituto de Ingeniería, Luis Agustín Álvarez Icaza, que garanticen la seguridad, la vida y la libertad de las estudiantes, docentes y trabajadoras de esta casa de estudios y que coordinen un sistema de seguridad con perspectiva de género en el cual participen expertas en el tema.
 
El sistema, precisaron, implica analizar a profundidad las violencias que viven las mujeres en Ciudad Universitaria y qué factores las propician; requiere ser implementado con el apoyo de expertas en género, deben monitorearse contantemente los objetivos por alcanzar; así como integrar la perspectiva de género en todas las actividades y trabajar en coordinación con las organizaciones que se ocupan del tema.
 
Exigieron que el procurador capitalino Edmundo Porfirio Garrido Osorio ordene una investigación complementaria con perspectiva de género y formule la acusación como feminicidio contra Jorge Luis González Hernández, pareja de Lesvy, toda vez que señalaron, hay evidencias suficientes para que así sea.
 
A la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, le pidieron emitir una recomendación dirigida a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) y a todas las autoridades responsables de haber cometido las violaciones a los Derechos Humanos de Lesvy.
 
Cabe recordar que la  CDHDF ya abrió dos quejas de oficio por el caso, una está en la Primera Visitaduría y la otra en la Cuarta.

A tres meses del asesinato de Lesvy Berlín Rivera condenan silencio de autoridades de la UNAM

La exigencia también incluyó al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, a quien le pidieron que reconozca el mal tratamiento del caso por parte de la instancia encargada de la procuración de justicia de la capital y por la inoperancia de las autoridades que han puesto en riesgo a la familia de Lesvy, en particular a su madre, Araceli Osorio Martínez.
 
Asimismo pidieron la destitución del juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la capital Cristian Ricardo Franco Reyes, quien juzgó el caso por homicidio culposo por omisión y quien carece de perspectiva de género para juzgar, por lo que revictimiza y pone en riesgo a las mujeres.
 
También exigieron las renuncias del titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña por las violaciones a Derechos Humanos de las víctimas cometidas desde el inicio de las investigaciones, y hasta ahora en la imputación de la hipótesis de suicidio; y la de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, por la filtración de información de Lesvy que la instancia realizó, mientras estaba a su resguardo el cuerpo el día del hallazgo.
 
Al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, le exigieron que entregue a la defensa de Lesvy las fotografías completas y los vídeos que se encuentran en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y a la Sala Penal que conocerá del recurso de apelación interpuesto por la defensa, para que corrija la deficiente intervención del juez de control Cristian Ricardo Franco Reyes y determinar la vinculación a proceso de Jorge Luis González Hernández por el delito de feminicidio agravado.
 
Lesvy tenía 22 años cuando fue hallada asesinada en Ciudad Universitaria el 3 de mayo, su cuerpo estaba colgado con el cable de una cadena telefónica y presentó lesiones en su cuerpo que acreditan un feminicidio, sin embargo, la Procuraduría capitalina determinó que ella se suicidó y acusa a su novio y ex trabajador de la UNAM, Jorge Luis González Hernández, por homicidio culposo por omisión al no impedir el “suicidio”, aun cuando hay evidencia de la violencia que él ejercía contra ella.
 
Entre las denunciantes está la organización que acompaña legalmente a la familia Rivera Osorio, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Colectivo de Mujeres Fuerza Alternativa del Sindicato de Trabajadores de la universidad (STUNAM) y Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC).
 
Señalaron las irregularidades y falta de trasparencia que ha caracterizado la investigación y recordaron que no es el primer caso de violencia hacia las mujeres en el que la UNAM ha sido omisa. Como ejemplo mencionaron la desaparición de la estudiante de arquitectura Adriana Mortlett en septiembre de 2010, afuera de la Biblioteca Central, quien fue hallada asesinada un año después en Tlalpan, sin que a la fecha se conozca al asesino.
 
Pese a ello y aunque el feminicidio se tipificó en la Ciudad de México en 2011 “las autoridades se niegan a reconocer los casos”, expusieron.
 
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tan solo de 2012 a 2015 se registraron en la Ciudad 555 homicidios violentos de mujeres, de ellos la PGJDF estimó que solo 217 fueron casos de femincidio.
 
 
17/MMAE








NACIONAL
   Que acepten coadyuvancia de OCNF e informen de evidencias
   
Red TDT exige a PGR y PGJDF que familia de Lesvy acceda a expediente
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/06/2017

Más de 80 organizaciones civiles en todo el país demandaron a la Procuraduría General de Justicia capitalina que permita a la familia de Lesvy, encontrada asesinada en mayo pasado en la UNAM, el acceso completo a la carpeta de investigación y a la Procuraduría General de la República (PGR) responder y justificar si cuenta con los originales de la primera parte de la carpeta.
 
Las organizaciones que conforman la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) suscribieron un comunicado donde solicitan a la PGR responder de “forma inmediata” si cuentan con los originales de la primera parte o con copias autenticadas de la investigación y, de ser así, que expliquen por qué las posee.
 
Además, exigieron a la PGR que responda si tiene evidencias resguardadas y en cadena de custodia y, si es el caso, que explique cuáles y qué trabajos realiza con ellas.
 
Esto porque a casi dos meses de que el cuerpo de Lesvy Berlín Rivera Osorio fue hallado en Ciudad Universitaria, la PGJDF continúa negando a la familia y defensa legal las primeras hojas de la carpeta de investigación donde están las primeras diligencias realizadas, con el argumento de que la PGR no las ha devuelto a la instancia de justicia capitalina
 
Pese a que el feminicidio, línea de investigación que la familia y el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCNF) han pedido que se siga, es un delito del fuero común, la PGR tiene competencia para colaborar con la PGJDF en materia pericial y técnica cuando esta última no cuenta con peritos o tecnología necesaria.
 
Las firmantes aseguraron que “la omisión constituye una violación directa al derecho de las víctimas de acceder a la justicia” y con ello se obstaculiza su derecho de acceso de las víctimas a la justicia y a la verdad.
 
El comunicado también está firmado por las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir,  Justicia, Derechos Humanos y Género A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quienes representan legalmente a la familia de Lesvy.
 
El Centro Vitoria ha solicitado a la PGJDF las copias y acceso a la primera parte de la carpeta de investigación en 6 comparecencias, pero al no obtener respuestas solicitaron la “expedición inmediata de copias autenticadas” de la primera hasta la hoja 324 de la carpeta CI-FCY/COY-1/UI-1 C/D/01099/05-2017, que incluye también el acceso a los videos incluidos en un disco compacto (CD).
 
Las organizaciones recalcaron la falta de “transparencia” y “lealtad” en la actuación de la Procuraduría capitalina, y reiteraron la demanda de las víctimas para que el órgano de justicia acepte la coadyuvancia institucional del OCNF y así garantizar que el caso se investigue con perspectiva de género.
 
17/MMAE/GG
 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Exige investigación por feminicidio y acceso a carpeta
   
Grupo de Expertas se pronuncia por vez primera sobre caso Lesvy
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/06/2017

El Grupo de académicas expertas en perspectiva de género propuesto por la UNAM para investigar el caso de Lesvy, encontrada asesinada en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo, se pronunció por primera vez desde su conformación para exigir a la Procuraduría capitalina que investigue el hecho como feminicidio y que permita a la familia de la joven y a su representante legal el acceso completo a la carpeta de investigación.
 
A más de un mes y medio de creación, a través de un comunicado, las académicas expresaron su “indignación” por el trato que las autoridades de la Procuraduría local (PGJDF) ha tenido con la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio, “estudiante y parte de la comunidad universitaria”,  y su representación legal al proporcionarles “a cuentagotas” información sobre las primeras diligencias realizadas.
 
Esto, aseguraron, “obstaculiza que se realice de manera oportuna y eficaz su coadyuvancia en las investigaciones, derecho que como víctimas, por mandato de la Constitución, debe ser respetado y garantizado por parte del Ministerio Público”.
 
El Grupo interdisciplinario está integrado por la directora del Centro de Investigaciones en Estudios de Género (CIEG), Ana Buquet Corleto; la coordinadora de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos de la UNAM y reconocida por el Senado de la República con el premio “Elvia Carrillo Puerto 2017”, Gloria Ramírez Hernández; así como por la abogada penalista e investigadora del CIEG, Lucía Núñez Rebolledo.
 
También forman parte del Grupo la coordinadora de la investigación diagnóstica para la elaboración de un “modelo de UNAM segura”, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), Martha Patricia Castañeda Salgado; la  investigadora del CIEG, Lourdes Enríquez Rosas; la integrante de la Federación Mexicana de Universitarias, Ydalia Pérez Fernández Ceja, y por la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Consejo Universitario y directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Leticia Cano Soriano.
 
El grupo interdisciplinario fue convocado por la Oficina de la Abogada General de la UNAM, Mónica González Contró, el pasado 11 de mayo para “brindar mayor transparencia y certidumbre a las averiguaciones de los hechos”. 
 
La integración del Grupo fue anunciada por la autoridad universitaria días después de que la joven fue encontrada asesinada en el campus, pero  sin tener certeza de cuáles serían específicamente sus funciones. Y  el contacto con la familia de Lesvy, señaló la madre de la joven, Araceli Osorio Martínez, y con su abogada, Sayuri Herrera Román, ocurrió apenas este mes.
 
La abogada señaló como esencial para favorecer un proceso justo y para el esclarecimiento del caso que el Grupo de expertas, a través de su palabra “colectiva y constante”, se vinculara inmediatamente con la familia de la joven, además de “reivindicar la memoria de Lesvy por medio actos dentro de la UNAM”.
 
CUATRO ACCIONES DEL GRUPO
 
El Grupo de expertas proponen cuatro acciones, con incidencia a mediano y largo plazo en el caso y para “enfrentar las problemáticas relacionadas con las violencias de género”, señala el comunicado.
 
En conjunto con las autoridades universitarias, darán seguimiento a las mesas de discusión del Protocolo para la Atención de casos de violencia de género en la UNAM para que se mejoren “los mecanismos ya establecidos para la prevención y sanción” de este tipo de violencia.
 
Buscarán también la elaboración de protocolos con perspectiva de género para el personal de seguridad universitario.
 
También promoverán que en la licenciatura en Ciencia Forense se imparta una materia de elaboración de periciales con perspectiva de género y se realicen foros para reflexionar sobre estos peritajes en casos de feminicidio y delitos sexuales.
 
Además, las académicas organizarán foros, seminarios, cursos y campañas de información para prevenir la violencia de género.
 
17/MMAE/GG








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